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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La moneda del trillón de dólares

En Estados Unidos es recurrente el debate sobre el techo de la deuda. El gobierno americano, desde hace muchos años, gasta a tal velocidad y tan por encima de sus posibilidades que cada pocos meses se alcanza un nuevo techo de deuda pública que debe ser redefinido por el Congreso. El límite constitucional al endeudamiento del Estado, que una vez pretendió ser un mecanismo para contener el poder político, se ha convertido en una farsa. Cada vez que se llega al tope previamente fijado, se organiza un paripé, un intercambio de trapos sucios en el que los dos partidos mayoritarios se acusan mutuamente de mala gestión y de haber llevado al país al borde de la quiebra, para, a continuación, sin excepción, dar una patada hacia adelante al límite de la deuda sin solucionar el problema de fondo. Los políticos americanos deben de creer que los ciudadanos no tienen bastante con que cada gobierno sea más manirroto que el anterior y que las finanzas públicas sean una ruina, sino que encima les someten a este lamentable espectáculo partidista.

No hace falta seguir muy de cerca la política americana para ir descubriendo señales que van indicando el declive económico y político de Estados Unidos. En los últimos días los medios de todo el mundo se han hecho eco de una absurda propuesta del Congresista por Nueva York Jerrold Nadler para solucionar el problema del techo de deuda. Ha encontrado que una ley permite al Departamento del Tesoro acuñar un tipo de monedas conmemorativas de platino para coleccionistas. Para sacarlas a subasta, el gobierno puede asignar a la moneda un precio de salida provisional. La absurda propuesta es la siguiente: el Tesoro acuña una de esas monedas de platino y le asigna un valor de un trillón de dólares. Acto seguido la deposita en la Reserva Federal y ésta emite el dinero correspondiente al valor teórico de ese activo. Con esa chequera en el bolsillo, el gobierno ya puede seguir pagando todas las facturas que hagan falta sin preocuparse por el dichoso techo de deuda.

Cuando un disparate económico recorre los medios, y más cuando está encaminado a facilitar el aumento del déficit y la deuda, hay un economista americano que nunca pierde la oportunidad de subirse al carro. En este caso tampoco ha decepcionado. Paul Krugman, el mismo que afirmó que una posible solución para salir de la crisis era prepararse para un ataque alienígena, ha respaldado públicamente desde su púlpito de The New York Times la acuñación de la moneda del trillón de dólares como remedio al problema del techo de deuda: "La ley es la ley, y ofrece una simple aunque extraña salida de la crisis. […] La tarea del Presidente es hacer lo que sea necesario, no importa lo excéntrico o estúpido que pueda sonar, para calmar esta crisis de rehenes. ¡Acuñad esa moneda!"

George Selgin, Profesor de Economía en la Universidad de Georgia, ha sugerido cambiar para dicha moneda la clásica inscripción "In God We Trust" por una leyenda más acorde con la situación, como por ejemplo "In Idiots We Trust". Matthew O’Brien, editor asociado del diario The Atlantic, también tentado a entrar en el debate de los pormenores de acuñación de dicha moneda, propone sustituir la correspondiente efigie por la imagen de una banana.

Aunque la idea de la moneda del trillón de dólares no es nueva, mi apuesta personal es que el Congresista Nadler encontró la inspiración en una fuente intelectual acorde con la categoría de la propuesta: Los Simpsons. En un capítulo de la popular serie, Homer ayuda al FBI a recuperar un billete de un trillón de dólares que emitió el gobierno en tiempos de Truman para pagar sin esfuerzo los gastos de la posguerra a sus aliados europeos. Por lo visto, el cómico guión de una serie basada en el humor absurdo, en manos de ciertos políticos y economistas puede pasar por política económica seria. Lo cierto es que cada vez es más difícil distinguir entre una medida keynesiana y una estupidez sacada del guión de Los Simpsons.

Si, como defienden conocidos economistas, políticos y periodistas, esta solución es válida, ¿por qué acuñar solamente una de esas monedas de un trillón? ¿Por qué no acuñar 17 y olvidarnos de toda la deuda pública? ¿Y por qué no acuñar 100 y gastarlas a manos llenas en solucionar todos los problemas del mundo? Pues, sencillamente, porque esta medida carece de cualquier tipo de sentido económico. La solución es equivalente a imprimir dinero, es decir, lo que hace es quitarle valor a los dólares que sufridamente se han ganado los ciudadanos y meterlo en el bolsillo del gobierno, distorsionando, en el proceso, la estructura productiva. Sólo Krugman considera que la acuñación de dicha moneda no es inflacionaria. De lo que se deduce, digo yo, que mediante esta estúpida propuesta se crea riqueza real de la nada. ¿En qué estarían pensando los que le dieron el Premio Nobel?

Al final, para disgusto de Krugman y sus seguidores, los portavoces del Tesoro y de la Reserva Federal han salido a la palestra para decir, no muy convencidos, que no están barajando esta solución. Anthony Coley, portavoz del Tesoro, explicó el motivo: "No creemos que la ley de monedas conmemorativas deba usarse para evitar tener que incrementar el límite de la deuda". Es decir, que no aplican la propuesta de la moneda de platino, no porque sea económicamente absurda, sino porque va contra el espíritu de la norma en cuestión.

El problema de fondo de todo este sainete es que han montado una guerra partidista por parte de ambos partidos que tiene como rehén a las finanzas públicas de los americanos. Los Demócratas consideran que los Republicanos están haciendo chantaje amenazando con no aprobar un nuevo techo de deuda para cumplir que se le concedan sus exigencias. Y en parte tienen razón. Algunas de esas exigencias son razonables, como recortar partidas de un gasto público desbocado, pero casi siempre trufadas de clientelismo político y electoral. Los Republicanos afirman querer recortar el gasto, pero siempre se refieren al gasto político de los Demócratas, porque el suyo propio no quieren ni que se toque. Por otro lado, el gobierno de Obama y los Demócratas también están haciendo chantaje a los americanos. Han incurrido en gastos por encima de lo que pueden pagar con el actual techo de deuda, con lo que amenazan con la suspensión de pagos si los Republicanos no aumentan el techo de deuda sin rechistar. Lo que no mencionan es que la quiebra, de producirse, sería por los irresponsables gastos en los que ha incurrido el gobierno actual.

Bajo el ridículo de la idea de la moneda del trillón de dólares, subyace una crisis fiscal igualmente absurda. La solución no son ideas traídas de Los Simpsons ni chantajes electoralistas. Tampoco es, como afirma Krugman o el gobierno, que siempre que se alcance el techo de deuda se aumente sin pensar en lo que se está haciendo, ni la abolición de dicho límite constitucional. La solución es mucho más sencilla: hay que equilibrar las cuentas públicas. Hasta el propio Homer Simpson lo haría mejor que los políticos actuales.

Sindicatos progresistas y sindicatos reaccionarios

Las cinco semanas de paro sanitario madrileño, las reiteradas huelgas en el sector del transporte y tantas otras que se vienen sucediendo ininterrumpidamente son manifestaciones del uso abusivo del derecho a huelga que hacen los sindicatos españoles, especialmente aquellos que agrupan a los funcionarios.

Se apropian del espacio y las instituciones públicas porque creen que les pertenecen, y utilizan a los ciudadanos como rehenes para defender los privilegios de que goza. Buscan con la fuerza impedir todo cambio, cueste lo que cueste. Así son los sindicatos: reaccionarios y con gran capacidad de hacer daño a los españoles y a España.

Desde una perspectiva europea, los sindicatos españoles se han quedado atrás y siguen en la lucha egoísta por la defensa de los privilegios de la minoría de trabajadores a la que representan. A diferencia de ellos, hace ya varios años que sus colegas en diversos países europeos han venido mostrando una actitud progresista y no reaccionaria: en vez de tratar de obstaculizarlo, se han sumado al cambio.

En Alemania el Gobierno federal y los länder acordaron en 2005 junto con los sindicatos una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el despido de funcionarios absentistas.

En España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir, trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas labores necesarias. No, el problema es que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores y les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por las mismas leyes laborales que los demás trabajadores: ni médicos, ni enfermeras ni profesores son funcionarios con empleos vitalicios y otras prebendas.

Las grandes reformas del sector público sueco durante la crisis de los años 90 se caracterizaron por el paso del monopolio estatal en el ámbito de la sanidad, la educación y los cuidados a la gestión de colaboración público-privada. Estos cambios se lograron sin huelgas ni encierros, sino con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y un gran acuerdo político. La reacción de los sindicatos suecos no fue la de atrincherarse en defensa del statu quo, como hacen los sindicatos españoles. No. Fue ejemplar. En los años más criticos de la crisis sueca (de 1991 a 1994), el promedio anual de huelgas fue de 22, mientras que en los cuatro años anteriores fue de 119.

Veamos qué se puede leer hoy por hoy en las páginas web de las asociaciones sindicales suecas en relación a la gestión pública-privada (con o sin ánimo de lucro) en áreas como la educación y la sanidad.

Para el Sindicato de Maestros (Lärarförbundet), lo importante es que tanto los maestros como los estudiantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar su trabajo, independientemente de si la escuela está gestionada de forma privada o pública.

El Sindicato de Maestros acoge con satisfacción el hecho de que haya escuelas con enfoques pedagógicos y perfiles diferentes, porque lo que determina si una escuela es buena o mala no es quién ostenta la gestión, sino las condiciones que profesores y alumnos tienen para desarrollar su labor.

También consideran clave que estas condiciones se apliquen

a todas las escuelas, independientemente de su ubicación geográfica.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Salud (Vårdförbundet) opina que la libertad de elección es "buena":

El sistema de libertad de elección debe ofrecer una pluralidad de alternativas sanitarias, entre las cuales se pueda elegir. Debe ser posible comparar los proveedores de una manera objetiva, y debe ser posible elegir distintos tipos de sanidad.

Finalmente, la Asociación de Médicos (Läkarförbundet) sostiene:

La competencia y la pluralidad de proveedores son buenas no solo para los ciudadanos y los pacientes, sino para la profesión médica.

El acuerdo político respecto de las profundas reformas que dieron paso a la competencia y la libertad de elección en una gran parte de los servicios de responsabilidad pública fue tan amplio que el entonces primer ministro socialdemócrata sueco, Göran Persson, llegó a decir: "No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". A años luz de los socialistas españoles y su retórica oportunista y reaccionaria.

Los líderes sindicales españoles están anclados en el pasado. Tratan de aterrorizar a la ciudadanía con el espectro de la privatización y se arrogan el derecho de privar a la gente de ejercer plenamente su pleno a la educación o la sanidad. Si de verdad les interesasen España y los españoles, deberían aprender de sus colegas del norte, que por algo viven en países realmente solidarios, dinámicos y con sistemas de bienestar modernos y sostenibles.

ideasyanalisis.wordpress.com

Qué alegría que sube la Bolsa

En estos días de alegría y felicidad, cuando los cristianos celebramos el nacimiento del Señor, me parece adecuado referirme a otras alegrías, de mucho menor fundamento.

Como bien sabemos todos, las subidas de la Bolsa son generalmente recibidas con alborozo por analistas, ciudadanos y medios de comunicación. Parece que si la Bolsa sube es bueno para la sociedad, lo contrario que si la Bolsa baja. Se ve, por tanto, ético y moral comprar acciones en Bolsa pensando que van a subir, y no se acaba de entender y se sospecha de quien se pone "corto" porque cree que la Bolsa va a bajar. La Bolsa crece "en positivo", mientras que cuando pierde se pone "en números rojos".

La cuestión que hoy se plantea es muy sencilla: ¿tiene fundamento tal alegría?, ¿es realmente bueno para la sociedad que la Bolsa suba?

Ya se ha explicado en otra ocasión qué es una Bolsa y sobre todo el importante papel que desempeñan los mercados bursátiles en la sociedad actual. Baste aquí recordar que la Bolsa, si funciona sin interferencias gubernamentales, es un mecanismo extremadamente eficiente para canalizar recursos hacia aquellos sectores económicos y empresas que mejor satisfacen las necesidades de los individuos. En suma, para que los recursos escasos lleguen allá donde la sociedad quiere que estén.

A la vista de esto, es relativamente fácil interpretar lo que significa una subida o una bajada de la Bolsa. Si sube, significa que hay que canalizar más recursos a las actividades de las empresas que cotizan en Bolsa; si baja, lo contrario. ¿Es esto bueno para la sociedad?

En mi opinión, a la sociedad le da igual. Obviamente, es bueno para los tenedores de acciones de las empresas que suben, así como para sus trabajadores o para los propietarios de recursos utilizados en el sector. Pero puede ser malo para todas aquellas actividades que ven amenazados sus recursos como consecuencia de que las empresas cotizadas van a tener mejor acceso a ellos.

Alguien se puede plantear que si la Bolsa sube es que todas las empresas suben, y entonces no hay aparentes perjudicados.

Pero lo cierto es que no todas las empresas del mundo cotizan en Bolsa, ni todos los sectores están representados en ella. Por tanto, que la Bolsa suba significa que las actividades que están cotizadas en ella, de todas las actividades económicas, han pasado a ser más valoradas por la sociedad que antes. Sin embargo, no nos dice nada de las restantes empresas y actividades.

Adicionalmente, cuando los periodistas se alborozan por tales ascensos, ni siquiera están mirando al índice agregado global. Normalmente, se refieren a indicadores de resumen, como en España lo constituye el IBEX 35. Pues bien, estos índices suelen conformarse con las empresas mayores de entre las que cotizan en la Bolsa. En el caso de España, por ejemplo, el IBEX 35 está formado por empresas como Telefónica, Santander, Endesa, Inditex o FCC. Así que cuando nos alegramos de que la Bolsa sube, en realidad nos estamos alegrando de que las empresas más grandes de España se hagan aún más grandes.

Curiosamente, algo que en otro contexto nos parece fatal, pues supuestamente les dará más poder de mercado. O sea, si estas empresas capturan cuota de mercado, nos parece mal porque pueden tener poder de mercado, pero si suben en Bolsa, nos parece fantástico. 

En resumen, que no hay nada intrínsecamente positivo para la sociedad en que la Bolsa suba, ni nada malo si baja. Es como el semáforo: un mecanismo de coordinación. ¿Se imaginan que un grupo de gente se pusiera en un cruce, y festejara con aspavientos cuando el semáforo se pusiera en verde, y le abucheara sin miramientos cuando pasara al rojo?

Pues eso. A la sociedad ni le beneficia ni le perjudica que suba o baje la Bolsa, como no le beneficia ni perjudica que se ponga en verde o en rojo el semáforo. Lo único que beneficia a la sociedad es que la Bolsa, como el semáforo, funcione, no el color que tenga.

Desgraciadamente, esos políticos que no se ven técnicamente preparados para jugar con los relés del semáforo, sí se creen en condiciones de alterar el funcionamiento de la Bolsa (por ejemplo, con las prohibiciones de los "cortos"), con las nefastas consecuencias que ello puede acarrear.

¿O quizá debería ver el vaso medio lleno? Quizá lo afortunado es que los políticos no se ven técnicamente preparados para tocar los relés del semáforo como sí hacen con el funcionamiento de la Bolsa, y así nos ahorramos cruces perpetuamente accidentados.

Que pasen unas felices Navidades.

El mal empresario

Dicen que el capitalismo está terminando con el Estado del Bienestar, que los bancos han arruinado a la gente y que los empresarios explotan a sus trabajadores. Afirmaciones que no se sostienen si examinamos el paraíso socialdemócrata en el que vivimos donde no hay actividad económica que no esté regulada por el Estado ni un solo banco que haya actuado al margen del sistema de bancos centrales. Los empresarios no son ajenos al sistema, y cuando no hacen negocios gracias a una concesión administrativa reciben una hermosa subvención para atender este o aquel bien público. Todo sea por garantizar los "derechos" o el "interés general". Vivimos en un país en el que los políticos han decidido hasta los partidos de fútbol que deben verse en abierto entrometiéndose en la explotación legítima de este entretenimiento televisado.

Miren a su alrededor y piensen en un sector en el que la actividad empresarial no dependa directa o indirectamente del Estado. De las escuelas concertadas pasando por los medios de comunicación que reciben campañas publicitarias públicas hasta las fundaciones "liberales" que se financian a través del Presupuesto General del Estado, resulta casi imposible encontrar en España a alguien que se haya hecho a sí mismo sin la ayuda del Estado. El capitalismo es todo lo contrario a lo que hemos padecido, así que deberíamos ser más cuidadosos a la hora de encontrar culpables.

No es posible abrir o mantener una empresa sin verdaderos intérpretes de la burocracia que permitan poner y mantener en orden todos los papeles que en no pocos casos sirven para pagar altos impuestos. Una alta presión fiscal que no solo promueve el fraude sino que directamente desincentiva el trabajo ya que muchas veces se da la paradoja de que con menor esfuerzo los ingresos netos son mayores. Y a nadie le gusta deslomarse para que el ministro recaudador de turno expropie parte de la riqueza que generamos para repartirla a diferentes fines. No es una cuestión de que el Estado gaste mejor sino de que gaste menos, de que permita que la sociedad provea los servicios que en riguroso y quebrado monopolio se ha otorgado lo público. Los mercados regulados son infinidad y si empezamos a recapitular los sectores que funcionan a través de concesiones no terminaríamos nunca, del espacio radioeléctrico a los taxis. No solo en una administración sino en varias, de la local hasta la europea. También dicen que quieren (todavía) más Europa y alguno amenaza con crear instancias mundiales; el protocolo de Kyoto como ejemplo y la factura eléctrica que pagamos, mes a mes más cara, como síntoma.

Los empresarios que han podido sortear todas estas barreras de entrada merecen ser reconocidos como verdaderos héroes. Adelantarse a las necesidades futuras del mercado ya es meritorio, pero hacerlo cuando la seguridad de la concesión o el calor de la subvención acarician la cuenta corriente requiere mayor reconocimiento. Sobre estos emprendedores es sobre quienes debemos volcar nuestras esperanzas, y no en los políticos. El mal empresario es el Estado, que exprime a los contribuyentes antes que recortar los privilegios de aquellos que beben del maná público. Defender el Estado y los llamados "derechos consolidados" equivale a defender el sistema de castas y privilegios con el que hemos cargado hasta ahora. El Estado es el problema, y el capitalismo la solución.

El conocimiento en la estructura productiva

El conocimiento es una dimensión importante y compleja de la estructura productiva o de capital de la economía. La relación fundamental del conocimiento y la producción –de bienes y servicios- es que el primero está plasmado en los bienes de capital. Por ejemplo, una máquina construida para inyectar plástico a un molde y conseguir una pieza de dicho material encierra el conocimiento combinado de aquellos que diseñaron y materializaron esa estructura física –la máquina- con la capacidad de acometer esa función y propósito -inyectar plástico aun molde-.

Puede decirse que los bienes de capital expresan un conocimiento sobre el proceso productivo y cómo este debe ser llevado a cabo; de tal modo que son capaces de multiplicar la productividad de quien use dicha máquina que no necesita poseer el conocimiento requerido para construirla, solamente su funcionamiento básico. Por ejemplo, un operario que haya decidido no dedicar su vida a la ingeniería industrial o al diseño de máquinas que inyectan plástico puede, con pasos relativamente sencillos, ser capaz de crear piezas de plástico a través de la adecuada máquina.

Además, el propio conocimiento encerrado en los bienes de capital vuelve a combinarse gracias al proceso productivo ordenado por el juicio discerniente del empresario, que organiza los recursos productivos conforme a sus planes de producción. En consecuencia, la economía está basada en el conocimiento porque se vale de los bienes de capital (incluyendo las técnicas y modos de usarlos y combinarlos).

Esa combinación de conocimiento y bienes de capital tiene un orden, un sentido, que se conoce como estructura productiva o de capital de una economía. Esta estructura es un aspecto esencial de lo que Hayek denominó el orden extenso de la cooperación humana, pues es el resultado de la tremenda y rica interacción social a través de la cual el conocimiento de muchas personas se combina. Un tipo de esta interacción social es el que se produce en el seno de la institución llamada empresa.

Dentro de esa interacción social del conocimiento encaminada a la producción, hay un tipo de actividad esencial para las economías, y es el esfuerzo creativo por aprender cómo hacer cosas y la plasmación de ese aprendizaje en el diseño de herramientas y productos que puedan ser usados por otros.

Dicho proceso de diseño de las herramientas y productos, que es la plasmación de la especialización del conocimiento, facilita un ahorro de tiempo y costes. Así, los componentes, o módulos, que han de combinarse en el diseño de los bienes de capital son cada vez más especializados y valiosos, de modo que se evitan costosas y prolongadas iteraciones hasta dar con las características apropiadas de los nuevos componentes de los bienes de capital que han de diseñarse –véase la teoría de la modularidad en el diseño de productos-. De hecho, en los procesos de producción modernos no es sencillo separar claramente lo que es producción y lo que es diseño. Los productos evolucionan rápidamente en distintas versiones (los smartphones) conforme los productores van introduciendo continuas mejoras.

Ese conocimiento especializado en el diseño de bienes de capital que serán usados por otras personas va extendiéndose a lo largo de la economía, de la estructura de capital, haciéndola más y más compleja. Una complejidad que ha de entenderse en su sentido intuitivo, es decir, un sistema (la estructura) en el que se incrementan el número de componentes y el número de interconexiones entre ellos. Esta complejidad hace cada vez más difícil aprehender o concebir –o imaginar- la economía, pero guarda un sentido, un patrón, un orden, una estructura.

La reciente literatura especializada en diseños de producto (Baldwin y Clark, 2000) ha desarrollado lo que la teoría austriaca del capital destaca, de un modo más abstracto, como las conexiones inseparables entre la acumulación del capital y el conocimiento tecnológico (Lachmann, 1956 y Lewin, 1999) o el incremento de la productividad de los métodos indirectos de producción (Böhm-Bawerk, 1888) o, como se ha dicho, el incremento de la complejidad de la estructura del capital (Lachmann, 1956). 

En resumen, detrás de los medios físicos y humanos de la producción, encontramos toda una intrincada estructura de conocimiento plasmada en los bienes de capital y complementada por el conocimiento en cómo éstos deben usarse. Cuanta más especialización del conocimiento a través de la combinación de dichos bienes así como el desarrollo de nuevos productos –su diseño-, más complejidad alcanza una estructura productiva (o como dice Peter Lewin: “the complexification of production”). Y cuanto más compleja es una economía, mayor es su desarrollo y crecimiento, y más intensamente se plasmará el conocimiento en la estructura productiva o de capital.


Este comentario está basado en el excelente y muy recomendable trabajo de Peter Lewin “The capital-based view of the firm”.

Adiós a los vuelos económicos a Canarias

PAULINO Rivero, según publica la prensa local, ha dicho con relación a los vuelos a nuestras Islas que «cuando no funciona la competencia, cuando la competencia no cumple los objetivos de mejora de la calidad del servicio y de abaratamiento de los precios, que es lo que está sucediendo en este momento, en el que asistimos a un peor servicio y a un encarecimiento de los precios, tiene que actuar el regulador, los poderes públicos». Por esta razón quiere que Fomento fije a las aerolíneas que vuelan a Canarias obligaciones en varios ámbitos: «trayectos, frecuencias, tipos de aviones y, especialmente y muy importante, los precios máximos que se pueden cobrar».

El precio de los bienes y servicios, que es la unidad de valor a la que se produce un intercambio voluntario, es determinado en una sociedad libre por la valoración subjetiva máxima del comprador y la valoración subjetiva mínima del vendedor. De esta forma ni el vendedor puede subir los precios cuanto quisiera ni el comprador puede pagar tan poco como le gustaría. La explicación es fácil, nadie compraría algo que estuviera por encima de su valoración máxima y nadie vendería nada por debajo de su valoración mínima.

Por esta razón, cuando el Gobierno hace uso del poder para establecer un precio máximo pueden darse dos situaciones: si el precio de mercado es inferior al máximo fijado no tendría consecuencia alguna. Ahora bien, si el precio determinado libremente por los distintos vendedores y compradores es superior al precio máximo regulado la consecuencia va a ser bien distinta: escasez, bajada de calidad y mercado negro de los bienes y servicios regulados. Así, de entrar en práctica la medida, tendríamos menos vuelos, menor calidad en los mismos e incluso mayor inseguridad. Todo lo contrario que entiendo que desea Paulino Rivero.

Por todo ello, el presidente del Gobierno de Canarias, en vez de hacer peticiones al Gobierno de España que podrían haber sido hechas por el mismísimo Karl Marx, debería preocuparse más de por qué las aerolíneas han decidido no volar tanto a Canarias y, si lo hacen, hacerlo a precios más altos. Yo le puedo dar algunas pistas y ninguna tiene que ver con la falta de competencia, como el señor Rivero asegura, sino más bien con que la menor competencia se debe a las mismas. Aeropuertos controlados por el Estado con tasas aeroportuarias altísimas, regulaciones en todas las esquinas, impuestos exorbitados y una población que por culpa del nacionalismo socialista que defiende el señor Rivero se ha visto empobrecida hasta límites inimaginables, encabezando el paro de toda España.

Por último, deseo que estas palabras de Paulino Rivero no hayan sido oídas por empresas que estén estudiando empezar a volar a Canarias, pues abandonarían la idea de inmediato; no hayan sido leídas por empresas que actualmente operan en Canarias, pues podrían empezar a planificar su salida; y que jamás se pongan en práctica dichas propuestas, pues sin lugar a dudas habría que decir adiós a los vuelos económicos a Canarias.

Los miserables (I)

Proletario es aquel que carece de otros medios para subsistir que no sea su trabajo, y que, por tanto, es sólo dueño de su prole. Se trata del trabajador extroversivo puro. Aquel cuya vida depende de prestar su trabajo a quienes sí poseen otros medios de producción. El proletario queda expuesto al infortunio, la enfermedad y la vejez. Condena a sus hijos a tener una existencia idéntica a la suya, lo que origina una clase social, distinta de la que forman los dueños del capital, o capitalistas, constituidos en una minoría de individuos que detenta la propiedad y la dirección de los medios de producción.

Sobre este esquema simple descansa el socialismo. La causa jurídica es la propiedad, y la económica, la apropiación de la plusvalía generada durante la producción por parte de quienes dominan los bienes de capital. La consecuencia política es un orden donde una minoría somete a la inmensa mayoría, que, pese a ser el instrumento fundamental para la producción, y con ella, la creación de riqueza, termina siendo desposeída de todos los frutos de su trabajo salvo aquellos que les resulten estrictamente necesarios para subsistir. Se infiere además que la principal consecuencia jurídico-económica es que la riqueza y, con ella, el control de los medios de producción tienden a concentrarse en un número cada vez menor de personas, que fuerzan a su vez la extensión de salarios de miseria entre los trabajadores.

Políticamente, estaríamos ante un régimen de opresores contra una mayoría social de oprimidos, que tendría en el Estado su instrumento fundamental. Frente a este orden violento, donde muchos son pobres para que muy pocos disfruten de las riquezas que aquellos generan, sólo es posible la subversión de las instituciones sociales que lo sostienen. El Estado debe convertirse, según esta visión, en un instrumento de cambio social, tomando el monopolio del uso de la violencia para imponer las reformas necesarias. Los bienes de capital no desaparecen, sino que se colectivizan. El proletario permanece en su posición, pero con la diferencia de que sus necesidades quedan cubiertas por la comunidad a través de mecanismos distributivos directos y originales.

El socialismo real se contrapone a una versión realista. La socialdemocracia comprende que el capitalismo (la descentralización en la toma de decisiones sobre la producción y la propiedad plural de los bienes de capital) no genera por sí mismo las terribles consecuencias que la visión económica socialista infiere en su pobre y defectuoso estudio del proceso social. El realismo opta por una versión que limita la intervención y garantiza islas de exigua libertad, buscando aprovechar la superior capacidad productiva del sistema capitalista, que generará una mayor riqueza a disposición del poder redistributivo del Estado. La teoría socialdemócrata cree que sólo así se logra que los salarios crezcan por encima del nivel de subsistencia. Al mismo tiempo, se entiende innecesario que los individuos ahorren, dado queel Estado confisca a quienes mejores resultados obtienen en el mercado toda la riqueza que haga falta para eliminar los otros males que se le presuponen al sistema capitalista: la desprotección frente al infortunio, la enfermedad o la vejez de los más débiles, socialmente excluidos o menos capacitados.

En definitiva, en cualquiera de las versiones adoptadas por el socialismo (real o realista), como consecuencia del gravísimo error teórico e intelectual del que parte, el Estado se convertirá en el instrumento principal de su esquema social.

Con la excusa de liberar a los míseros trabajadores de su condena, el socialismo crea un régimen en que la mayoría de los individuos nunca dejan de ser trabajadores extroversivos puros (proletarios funcionales). Sólo una minoría copará los puestos políticos y administrativos indispensables para que el engranaje del Estado funcione. En la cúpula de la jerarquía del Estado, surgirá una reducida minoría cuyos miembros tendrán a su disposición comodidades y ventajas que serán inaccesibles para el resto de la población.

Lo anterior sucede tanto en el socialismo real como en el realista. En este último se reproducen, curiosamente, las mismas causas que en su momento dieron lugar a uno de los más grandes errores teóricos cometidos por el socialismo: querer hacer ciencia económica estudiando la coyuntura política. El sistema capitalista no equivale necesariamente a un libre mercado. Es posible que los propietarios de los medios de producción lo sean gracias a una vía legítima, por ser acorde con el orden jurídico privado existente, pero puede suceder que su permanencia y ascenso en dicho estatus no dependa estrictamente de las reglas del mercado, sino del juego político de poder e influencia. La teoría económica socialista cree que la explotación es uno de los fundamentos del capitalismo, cuando lo único cierto es que, de existir, ésta sería un efecto más de un determinado orden político.

El segundo gran error es de tipo político, ya que el socialismo ha optado siempre por hacerse con el control del Estado. Poco importa que se trate de su forma real o realista, porque el socialismo será siempre un régimen de Estado, y nunca un régimen de libertad individual.

El tercer gran error es de tipo económico. El socialismo maneja una deficiente teoría económica, lo que le hace creer que la producción logra su máxima eficiencia y capacidad gracias a la centralización en la toma decisiones sobre bienes de capital colectivizados, o en su versión realista, regulados en virtud de su función social, que es la forma intervencionista de la socialdemocracia: mantiene la propiedad plural y cierta autonomía individual en la toma de decisiones, pero conduce la producción hacia el objetivo impuesto desde un órgano central de planificación.

El proletario no desaparece con el socialismo, sino que, convertido en la base del engranaje social diseñado, queda aparentemente dignificado mediante una asistencia que procede, exclusivamente, de su trabajo. El Estado se convierte en una terrible maquinaria de dominación, que forma una pequeña élite dirigente a la que sólo se accede mediante gravosos y generalmente violentos procesos de ascenso político dentro de la propia administración, o de la sección ideológica que gobierne el Estado. En términos económicos, los resultados no pueden ser más desalentadores. La producción cae y se simplifica. Hay racionamiento de bienes, incluso de primera necesidad. La novedad en el consumo prácticamente desaparece. La inmensa mayoría de los ciudadanos queda desprovista de las ventajas que sólo una élite gobernante acapara. Los miserables no sólo no dejan de serlo, sino que lo son con más intensidad y sin ninguna posibilidad de medrar que no pase por introducirse en el cauce político diseñado para tal efecto.

@JCHerran

Paulino Rivero contra el empleo en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha publicado en su blog un artículo donde asegura que “el empleo debe ser para la gente de aquí, priorizando la contratación de residentes, para quienes viven en nuestras Islas. Hay fórmulas. Hay camino. Y vamos a hacerlo”.

Estas ideas proteccionistas para el empleo son tan antiguas como dañinas, provocando siempre más desempleo y, por ende, pobreza. Los seres humanos cuando se organizan en libertad intentan cooperar los unos con los otros de la forma más eficiente posible sin entrar en distinción alguna de raza, residencia o lugar de nacimiento.

Los ciudadanos que residen en Canarias no son diferentes a los de otras regiones o países. Es decir, a la hora de buscar a alguien que coopere con ellos, buscarán a quienes les presten el mejor servicio y de la forma más barata posible independientemente de que sea residente en Canarias o no.

De esta forma, si estamos en nuestras casas y se nos rompe una lavadora buscaremos al mejor y más barato fontanero que encontremos importándonos poco que resida o haya nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Madrid. Este comportamiento económico no sólo no es malo para el empleo en Canarias, sino que además es el adecuado para poder conseguir una sociedad más rica y, por lo tanto, un mayor bienestar social.

Si el Gobierno de Canarias aprobara mañana una ley que dijera que las empresas canarias (públicas o privadas) tuvieran que emplear únicamente a residentes en las Islas las consecuencias serían las ya expuestas: más paro y más pobreza.

Imaginemos por un momento que a una oferta de empleo se presentan dos personas, una residente en Arrecife y otra en Cuenca. El de Arrecife resulta ser peor que el de Cuenca, pero por la ley aprobada es el que resulta empleado. Si la empresa fuera privada, esto la llevaría a ser menos productiva y, a la larga, a tener que despedir a sus trabajadores y, si fuera pública, a una mayor ineficacia, si se puede, de los servicios públicos en Canarias.

Sin lugar a dudas, en Canarias residen un montón de magníficos profesionales, pero eso no significa que los canarios debamos perder nuestra libertad a la hora de contratar o ser contratados como mejor nos convenga.

El que escribe es residente en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja como profesional liberal en Canarias y el resto de España; imparte clases en distintas universidades de la Península y el extranjero. Si los gobernantes de todos estos lugares aprobaran leyes como las que pretende Paulino Rivero el resultado sería sencillo: habría un nuevo parado en Canarias.

Mitos sobre la regulación para la competencia

La regulación de los mercados está generalizada en nuestros días. La economía de libre mercado en la que presumiblemente se desenvuelve la actividad económica en los países occidentales conoce considerables límites, de los que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes.

Junto con la regulación propiamente política, cobra creciente importancia la llamada regulación de la competencia, en la que el objetivo político consiste, no en limitar el funcionamiento de los mercados para asegurar determinados objetivos, sino en conseguir que el mercado funcione adecuadamente, en el entendimiento de que el correcto funcionamiento de los mercados es lo óptimo para el bienestar social. El objetivo político de la regulación de la competencia se puede formular en términos de conseguir que el mercado funcione en competencia.

La regulación de la competencia abre un campo más extenso para la aplicación de la teoría económica que la regulación política. En efecto, si el objetivo es la obtención de un funcionamiento adecuado de los mercados, el debate entre las distintas opciones de regulación se debe plantear en términos económicos. Las alternativas que confronta un regulador se han de estudiar científicamente, a fin de obrar adecuadamente en pos del objetivo planteado. Y es la teoría económica la ciencia que trata de explicar los distintos fenómenos de que es objeto la regulación de la competencia.

El ejemplo paradigmático de la regulación de la competencia lo constituye el llamado derecho de la competencia. Mediante esta normativa, se persiguen determinadas conductas de aquellas empresas que detentan una posición especial o dominante en el mercado, así como las conductas colusivas por las que varias empresas pretenden evitar competir entre ellas para explotar a sus clientes. Se trata, en esencia, de asegurar que el mercado funciona correctamente, sancionando a las empresas que traten de distorsionar lo que debería constituir el funcionamiento del mismo.

Sin embargo, en los últimos 30 años, como consecuencia de la eliminación de los monopolios legales asociados a servicios como el transporte, las comunicaciones o la energía, ha cobrado especial importancia la que llamaremos regulación sectorial para la competencia. En todos estos casos, la preexistencia de un monopolio legal situó a determinadas empresas con unas ventajas aparentemente decisivas a la hora de competir en el mercado abierto a la competencia. Por ello, se tomaron decisiones reguladoras tendentes a compensar esta situación ventajosa inicial y así evitar distorsiones indeseadas en el funcionamiento de los mercados recién liberalizados.

La regulación sectorial tiene como principal característica diferencial respecto al derecho de la competencia, en que actúa a priori, mediante remedios estructurales que pretenden prevenir daños irreparables al mercado. Son remedios estructurales, por ejemplo, la separación vertical del antiguo monopolista, o los controles de precios minoristas para evitar la exclusión de posibles competidores.

En todo caso, estas decisiones regulatorias han de tener una base científica, proporcionada por la teoría económica. Sin dicha base, constituirían únicamente límites sobre el uso de los medios de producción, que pueden responder a un objetivo político ajeno a la teoría económica, pero que no darán lugar a un mejor funcionamiento de los mercados, o incluso podrían obstaculizar su operativa.

De ahí la gran importancia que tiene un análisis riguroso de la teoría económica en que se soportan estas decisiones. En la actualidad, la corriente principal (el mainstream) de esta ciencia la constituye la Escuela Neoclásica de Economía, y consecuentemente es con base en la comprensión de la realidad económica que aporta esta Escuela que se toman las decisiones de regulación para la competencia.

Pues bien, para la Escuela Neoclásica, la competencia es un estado de equilibrio en que se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas en el mercado, y como consecuencia del cual el precio de cada bien coincide con el coste marginal de producirlo; como dicho equilibrio resulta óptimo desde el punto de vista del bienestar, grosso modo, el objetivo de la regulación ha de ser llevar al mercado a este punto ideal de equilibrio en que se maximiza el bienestar obtenido del uso de los recursos. Esta comprensión del fenómeno de competencia guía el proceso regulatorio.

Sin embargo, esta Escuela, aun siendo la dominante, no aporta teorías satisfactorias para explicar las causas de la innovación ni, en general, de la inversión. Para estos economistas, el estado de la tecnología es siempre una variable exógena al modelo, y las inversiones están dadas. En cambio, otras corrientes heterodoxas, como la Escuela Austriaca de Economía, sí parecen dar una visión más completa de los fenómenos económicos.

Es paradigmática, en este sentido, la oposición frontal entre las formas de entender la competencia que ofrecen la Escuela Austriaca y la Neoclásica, y que tendría importantes repercusiones desde un punto de vista normativo. Ya se ha dicho que para los economistas neoclásicos la competencia es un estado de equilibrio en el que se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas; sin embargo, para la Escuela Austriaca, la competencia no es un estado, sino un proceso dinámico que se desarrolla en un entorno de incertidumbre y en el que precisamente lo importante es el descubrimiento de información que permitirá servir mejor a sus clientes por parte de los agentes.

En suma, se trata en esta obra de constatar cómo la visión de los fenómenos económicos que tenga el regulador se traslada a la regulación y al funcionamiento de los mercados, y de proponer una visión económica alternativa a la Neoclásica y que sea más acorde con la realidad para evitar las distorsiones que dicha Escuela parece generar.
 


Extracto del sumario del reciente libro de Fernando Herrera: MITOS SOBRE LA REGULACIÓN PARA LA COMPETENCIA: Aplicación de la teoría económica austriaca al mercado de telecomunicaciones en España, editado por el Instituto de Estudios Económicos y que se presentará el próximo 27 de noviembre en el Club Financiero Génova.

Una huelga para exigir que todo siga igual

Pocas cosas más conservadoras pueden verse por las calles que una manifestación de sindicalistas defendiendo sus privilegios. El 14-N vivimos -o padecimos- otra jornada de huelga en la que las diferentes organizaciones sindicales exigían que el gobierno no recortara los gastos por los que nos hemos endeudado y no somos capaces de devolver.

La visión estática que tiene la Izquierda de la economía es propia de épocas prehistóricas de tribus que se dedicaban a la recolección; la riqueza es un bien dado como un gran pastel que no se crea pero que hay que repartir. En este juego de suma cero necesariamente tiene que haber ganadores y perdedores, pues si uno es rico, lo es a costa del pobre y en ningún momento se plantea por qué ha llegado cada cual a esa situación. Dentro de esta lógica los recortes implican que esas partidas se destinan a otros menesteres y la única forma de aumentar los ingresos del Estado es subiendo los impuestos.

En los momentos de bonanza en los que el Estado de Bienestar repartía prebendas a diestra y siniestra no había motivos aparentes para la queja, pero en realidad, en esa mala asignación de recursos que alimentó las tres burbujas (financiera, productiva y estatal, siguiendo a Juan Ramón Rallo), se encontraba la propia inviabilidad del sistema. Quienes salen a la calle defienden sus derechos consolidados por esas tres burbujas y se niegan a iniciar el duro pero necesario regreso al mundo real.

Manifestarse para que todo siga igual cuando el nivel de gasto no puede mantenerse es una postura infantil e irresponsable de corto recorrido. Durante casi dos décadas se han acostumbrado a incrementar sus privilegios y la frustración de las expectativas irreales pueden convertir sus sueños en nuestras pesadillas. Nos acercamos al punto de inflexión en el que los socialistas de todos los partidos y en particular quienes controlan los sindicatos deben optar por la responsabilidad o echarse al monte. Tanto el discurso de los socialistas de izquierdas como el de los de derechas está agotado y la alternativa a ambos no es otra que el liberalismo.

La gente parece dispuesta a trabajar duro para salir adelante tal y como parecen indicar los datos que apuntan a un escaso seguimiento de una huelga general que solo conseguía parar la actividad laboral al paso de sus piquetes "informadores". Y ese esfuerzo tan solo necesita que los políticos no les pongan trabas, instigados por los reaccionarios que quieren conservar sus privilegios a cualquier precio.