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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Paulino y Román, contra el interés social

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

ROMÁN Rodríguez, expresidente del Gobierno de Canarias, le dijo al actual presidente, Paulino Rivero, cuando este anunció la expropiación de viviendas a la banca, que «no se amedrente si le llaman comunista», y además le animó a hacerlo con las palabras mágicas que usan los políticos cuando quieren justificar un expolio: el «interés social».

El señor Rodríguez no debe de saber que ser comunista no es ni malo ni reprobable. Las personas que deciden vivir en una comuna merecen nuestro respeto. Sin embargo, quien es condenable es aquel que intenta imponer el comunismo a toda una sociedad, como lo han hecho muchos tiranos justificándose con palabras como interés social o general para ir contra los derechos individuales. Por lo que tanto el presidente como el expresidente de Canarias no deben de saber que el interés individual jamás debe ir contra el interés general, de la misma forma que el interés general no debe ser usado contra los derechos individuales, pues es de interés general o social que estos se respeten.

Cuando estos derechos no se respetan, las consecuencias son terribles para la sociedad. Tal es el caso, que los balances de la banca española, que ya hoy se encuentran falseados con una sobrevaloración de sus activos inmobiliarios, sufrirán un batacazo importante tarde o temprano, porque unos activos que han sido expropiados durante tres años para ser usados valdrán muchísimo menos cuando sean devueltos.

Alguno podría decir «que se fastidie la banca». Sin embargo, los que sufriremos las consecuencias somos todos. Por una parte, disminuirá todavía más el crédito, tan necesario para que los empresarios puedan invertir y crear nuevos puestos de trabajo, y por otra, las entidades bancarias que decidan prestarnos dinero lo harán con mayores tipos de interés, al existir la posibilidad de que algún gobernante iluminado pueda expropiarles lo que en derecho se conoce como derecho de garantía.

Además, lo que aún es peor, dado que el agujero bancario será aún mayor, estos mismos políticos, que atentan contra los derechos de los ciudadanos alegremente y la seguridad jurídica, volverán a recapitalizar a la banca con cargo a los contribuyentes para evitar el corralito al más puro estilo argentino.

Esta claro que todo esto, que sí es de interés general, poco les importa al presidente y expresidente de Canarias, pues lo que parece que a ellos les interesa es seguir cobrando grandes sueldos a costa del contribuyente y poder seguir haciendo y deshaciendo en las Islas. Es decir, usan sus intereses individuales para ir contra los intereses generales, mientras nos dicen que lo hacen por nosotros.

Repartir el trabajo

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El consenso socialdemócrata nos aboca a seguir manteniendo el peso del bienestar del Estado sobre los hombros de los contribuyentes. No hay nadie en el arco parlamentario que proponga un recorte real de los gastos estatales para aliviar la carga impositiva de los exhaustos trabajadores.

Más allá del consenso, lo que sí existen son demandas para aumentar las subvenciones a sectores improductivos de la sociedad sin importar por cuántas generaciones nos tengamos que endeudar. Las soluciones son ingeniosas y hay quienes ya promueven el "reparto del trabajo". Para los planificadores, el problema no es la falta de trabajo sino que está mal distribuido. Ellos, claro, han recibido la iluminación de San Karl Marx para convertir lo ineficiente en eficiente y terminar con todos los males que padecemos.

El trabajo no es un bien dado preexistente que se pueda repartir. La visión estática de los colectivistas les lleva a entender la riqueza como un gran pastel que se puede repartir; de esta forma, si alguien acumula más de una porción, se la está quitando a otro. Lo mismo piensan que ocurre con el trabajo y muchos socialistas se lanzan a culpar a los trabajadores por acaparar el trabajo. Los políticos de izquierdas ya proponen reducir la jornada laboral para repartir el trabajo existente. No se trata de una exageración liberal, es una de las propuestasdeIzquierdaUnidaparacrearempleo. Las otras medidas incluyen varios planes de empleo, la creación de empleos públicos y verdes (sic) o el aumento del salario mínimo hasta los 1.100 euros mensuales. Todo pagado con el dinero ajeno que hoy no se recauda.

El pensamiento mágico de la Izquierda se resume en crear el trabajo de forma artificial de la nada (empleo público) o en redistribuir a la fuerza el que demanda el mercado laboral. Si el trabajo se pudiera crear de espaldas a las necesidades del mercado la solución política ideal sería la creación de 6.202.700 empleos, ni uno más ni uno menos. Problema resuelto.

La otra solución, la de repartir el trabajo existente, no es otra que aumentar la rigidez del sistema laboral español, que es lo que expulsa del mismo a mucha gente que se ve abocada a llenar las listas del Inem, pero que podría estar trabajando por salarios que los políticos creen dignos si se reciben en forma de subvención, pero indignos como contrapartida por desarrollar un trabajo. Aumentarían todavía más los costes laborales incrementando, por tanto, el coste de la contratación.

La riqueza no es un bien dado, el ser humano superó una situación de supervivencia gracias a su ingenio y su capacidad para ahorrar e invertir a largo plazo. Del horizonte vital de morir de frío en una cueva o servir como tentempié para un dientes de sable, hemos conseguido avanzar hacia una sociedad capitalista capaz de crear riqueza que en otras épocas eran inimaginables. Hoy en día podemos dedicar sólo una parte de nuestra vida a trabajar para procurarnos lo necesario e invertir de cara al futuro para vivir mejor y satisfacer necesidades. Necesidades que nuestros ancestros no tenían, pero a las que hoy nadie quiere renunciar. A estas se sumarán beneficios futuros que ni siquiera podemos imaginar. Esta riqueza colectiva creada de forma individual y distribuida por el mercado entronca con los trabajos necesarios para llevarla a cabo. Algunos ya no son necesarios y otros surgirán pero en ningún caso se trata de un juego de suma cero que se pueda redistribuir. De hecho, si hubiésemos metido hace cien años a uno de esos planificadores en una habitación con todos los componentes y herramientas necesarias para crear un Smartphone, habría sido incapaz de conseguir construirlo porque ni siquiera existía la idea de smarphone. El empresario Henry Ford revolucionó el transporte mundial haciendo posible que cualquiera pudiera tener su propio coche, suya es la frase de que "si hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían dicho que un caballo más rápido". La creación de riqueza y trabajo es mucho más compleja que la que se pueda planificar desde un despacho.

Como todos los primero de mayo, los sindicatos saldrán a la calle para exigir al gobierno que blinde los empleos actuales a cambio de hipotecar la creación de riqueza y puestos de trabajo en el futuro. Defienden sus privilegios y pretenden subvencionar a todos los que no tuvieron tiempo de acceder a esta clase privilegiada durante los años de bonanza. El problema es que el parásito estatal está sobrepasando los límites de lo admisible que puede soportar la economía privada y, de tanto repartir sin permitir que se siga creando riqueza, lo único que se podrá redistribuir será la miseria.

Por un pacto nacional con Toxo, Méndez y Rubalcaba

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Con las últimas medidas adoptadas por su gobierno, Rajoy ha demostrado una gran capacidad para socavar las esperanzas de los españoles en una pronta recuperación de la economía. Pero Rubalcaba quiere poner también su grano de arena para que la destrucción sea completa. Los socialistas han acreditado una pericia insuperable en arruinar al país cada vez que han gobernado, y no quieren que la derecha les arrebate ese honor, por eso insisten en que el gobierno les convoque para alcanzar un pacto nacional y acabar con cualquier esperanza.

La participación del PSOE en las directrices de política económica es la mayor amenaza que se cierne ahora mismo sobre los españoles, porque su recetario consiste únicamente en profundizar en los errores y traiciones de Rajoy multiplicándolos por varios factores. Para los socialistas, Mariano ha subido muy poco los impuestos y recortado el gasto público en exceso. Nadie con dos dedos de frente puede sostener semejante disparate, pero en la cosmovisión socialista cualquier dislate sirve para apuntalar un dogma si suena bien a los ignorantes. Mentes poderosas del tipo Soraya Rodríguez, Elena Valenciano o Eduardo Madina ya han sentenciado que el gobierno debe gastar mucho más de lo que lo hace en "políticas sociales", para lo cual tiene que subir los impuestos "a los ricos" y luchar contra el fraude fiscal suprimiendo los billetes de quinientos euros, dos majaderías estas últimas impropias de una personalidad adulta y cuya efectividad para el equilibrio de las cuentas públicas es aproximadamente cero patatero. Con esos argumentos como principios irrenunciables es fácil suponer cuáles serían las consecuencias para el país de un acuerdo político entre el PP y el PSOE, cuya principal dirigente parlamentaria ponderaba ayer mismo con entusiasmo los tremendos beneficios que los Planes E de Zapatero tuvieron para nuestra economía.

Pero con el fin de no dejar ningún cabo suelto en esta empresa de demoliciones, el PSOE quiere que el gobierno convoque también a IU y a los sindicatos de izquierdas y así tener la seguridad de que no quedan ni los cimientos. Aterra pensar en que el gobierno nos aplique unas medidas económicas aplaudidas por Toxo, Méndez y Cayo Lara, pero esa es la operación política en que está embarcado actualmente el PSOE, seguramente con el beneplácito real por su ejemplar papel moderador (cuando interesa). Y encima quieren ir todos con Rajoy a meterle un rapapolvo a Merkel de mil pares de narices. Para salir corriendo a la embajada más cercana. 

La tragedia paralizante del desempleo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Es difícil hallar calificativos para el desastre económico que suponen las cifras de desempleo. No ya sólo por el drama vital de (cada vez más) millones de personas en paro, sino por cómo va a terminar hipotecando el futuro de nuestro país en forma de trabajadores escasamente productivos debido a su nula experiencia laboral previa o a su progresiva pérdida de aptitudes por verse incapacitados a desplegarlas en su campo profesional. No es, desde luego, algo novedoso, pues el país lleva desde 2010 con una tasa de paro por encima del 20%, pero sí es una lacra que no ha dejado de empeorar desde entonces y, sobre todo, que se está convirtiendo en una plaga endémica.

Incertidumbre y Estado

Pero las altísimas cifras de paro que estamos padeciendo conllevan un problema añadido que termina por complicar definitivamente la cuestión y por arrastrarnos a un círculo vicioso de difícil salida. El elevado desempleo estructural es una de las fuentes de mayor incertidumbre personal que puede padecer un individuo y la incertidumbre (sobre todo en sociedades hiperestatalizadas como la nuestra, donde los ciudadanos apenas gozan de medianos patrimonios que les permitan resistir tan aciagos momentos) suele ir asociada a intensas peticiones de una mayor intervención estatal dirigida a aplacarla.

En una depresión deflacionaria como la actual, esa intervención tiende a ir dirigida o a impulsar planes expansivos del gasto que permitan colocar a los desempleados “en lo que sea” o a imponer todo tipo de rigidices y restricciones en los mercados para impedir cambios en las condiciones laborales de aquellos “privilegiados” que mantienen su empleo. Y si nada de lo anterior puede incrementarse de manera masiva, la presión social suele ir orientada a, al menos, conservar las intervenciones existentes.

España se encuentra precisamente en este último caso. El país se halla cerca de la bancarrota financiera y social, pero las reformas y los ajustes imprescindibles para salir adelante todavía están pendientes de aprobación: el déficit sigue superando los 70.000 millones de euros, el empleo público aún requiere de un ajuste adicional de unas 400.000 personas, la dualidad del mercado de trabajo permanece casi intacta, no se ha roto ni uno solo de los múltiples oligopolios sectoriales de los que viven muchísimos profesionales, las fraudulentas pensiones públicas que han devenido la única fuente de ingresos en muchas familias son absolutamente insostenibles, etc.

Se mire por donde se mire, el país no es viable en su forma actual, pero el drama del desempleo es de tal magnitud que pocos son los dispuestos a beber el amargo trago de las reformas y de los ajustes necesarios para volver a crear riqueza saneando los destrozos de la triple burbuja que padecimos. Y el primero que no quiere y que lleva resistiéndose a hacerlo desde el primer día es nuestro socialdemócrata Gobierno rajoyesco: las salvajes subidas de impuestos que hemos padecido y que han laminado a millares de empresas fueron una forma de minimizar “el impacto social” de los recortes, redistribuyendo sus costes; y las reformas aprobadas han tenido un carácter meramente cosmético (con la muy parcial, y en sí misma insuficiente, excepción de la reforma laboral), pensadas más para satisfacer a la burocracia bruselense que a las empresas españolas.

Asistencia en lugar de creación de riqueza

Lejos de tratar de alcanzar una economía que genere riqueza de un modo autosuficiente, el Gobierno y una parte muy importante de la sociedad están intentando conservar un insostenible Estado asistencial que reduzca los rigores de la crisis. El objetivo ambicionado, por consiguiente, no es sacar adelante toda una batería de reformas que permitan corregir los desequilibrios que, seis años después de estallar la crisis, todavía seguimos arrastrando, sino contentar a nuestros acreedores dándonos una capa de maquillaje para que así nos sigan prestando fondos y podamos seguir tirando unos cuantos meses más.

Pero, ¿hasta cuándo? Porque eso es justamente lo que no queda muy claro. El Gobierno parece confiar en una recuperación a lo largo de la segunda mitad de legislatura, de modo que no habría motivo para enemistarse más con los ciudadanos promoviendo medidas impopulares. Y muchos de esos ciudadanos sólo se preocupan –como es lógico– de su suerte individual: hay que postergar cualquier reforma y ajuste que pueda afectarles de lleno hasta, como mínimo, que encuentren un trabajo. El problema es que ni unos ni otros parecen darse cuenta de que las reformas y los ajustes en profundidad son precondición para que ambas cosas puedan suceder, lo cual nos lleva a que los razonables miedos y el menos razonable apego al Estado que suscita el desempleo tiende a dificultar las reformas necesarias y, por tanto, a autoperpetuarse.

En cualquier otro ámbito de nuestras vidas somos conscientes de que los giros copernicanos suelen resultar más necesarios y apropiados a la hora de enfrentar situaciones personales o profesionales desesperadas. Y es de sentido común: cuando algo te va muy mal es porque algo estás haciendo muy mal y, por tanto, cuando has de afrontar cambios más radicales. En política, sin embargo, nuestros gobernantes y gobernados toman la crisis no como el síntoma inequívoco de que no podemos perseverar en las equivocaciones que nos han conducido hasta el desastre (sobreendeudamiento, economía anticompetitiva, hipertrofia financiera, Estado niñera…) sino como justificación de que hemos de evitar corregirlos o, incluso, de que conviene catalizarlos para minimizar las dañinas consecuencias de la crisis. Pero, por ese camino, los daños no sólo no se minimizan, sino que se convierten en estructurales hasta que el sistema revienta y, entonces, los cambios se imponen por la fuerza de los hechos.   

Por desgracia para España, hace tiempo que renunciamos a volvernos una economía generadora de riqueza y nos obsesionamos con conservar un Estado asistencial que nos permita resistir la crisis sin fracturas sociales. He ahí el resultado de preferir un estancamiento cohesionado a una recuperación dolorosa: al final, nos hemos quedado con un estancamiento doloroso del que cada vez cuesta más salir. Cerramos marzo con 6,2 millones de parados: 6,2 millones de parados que nadie tomará como la mejor razón para liberalizar verdaderamente el país y achicar su infinanciable Estado, sino para todo lo contrario. Esa es nuestra paralizante tragedia.

Piñera, Beyer y Bachelet

Escrito por Mónica Mullor en . Publicado en Artículos en prensa.

"Un presidente que le dio trabajo a todos los que querían trabajar". Es así como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que le gustaría ser recordado en los libros de historia. Y lo está logrando.

Hace unos días un taxista que me llevaba por Santiago me hizo el siguiente comentario respecto de Piñera: "No me importa que sea simpático, sino que cree empleo". Ello resume muy bien lo que ha sido el actual Gobierno de Chile y la opinión de una creciente parte de la población sobre su desempeño.

Para muchos se hace cada vez más evidente que el centroderecha chileno es capaz de llevar a cabo políticas de crecimiento, empleo, educación, lucha contra la pobreza, mujer e integración social mucho más eficaces que las de la izquierda. Pero no solo esto. La conciencia del éxito real del presente del Gobierno y su impacto, ya visible, en la opinión pública (no la vociferante sino la verdadera) han forzado a la candidata socialista, Michelle Bachelet, a impulsar una agenda de ribetes francamente populistas y confrontativos. De esta manera pretende ocultar la mediocridad de su propio Gobierno, que se hace cada vez más notoria ante los innegables éxitos del de Piñera.

Por ello, la coincidencia del regreso de Bachelet a Chile y la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer, por la mayoría centroizquierdista del Senado no fue ninguna casualidad. Bachelet quiere crear un ambiente político crispado (aunque diga lo contrario) y convocar lo que ella denomina una "nueva mayoría política y social", formada por la antigua Concertación, su nuevo aliado estratégico, el Partido Comunista, los movimientos sociales radicalizados (movimiento estudiantil) y el sindicalismo más militante. Esa fue la verdadera razón de la destitución de Beyer, que poco o nada tuvo que ver con la educación en sí misma y menos aún con el desempeño de un ministro ciertamente ejemplar.

Beyer, en sus 14 meses en el cargo, hizo más por la educación chilena que la Concertación en veinte años: envió cinco proyectos de ley al Congreso, de los cuales tres se han convertido ya en leyes, que han generado una nueva institucionalidad en la educación, creada para supervisar eficientemente la calidad y el uso de los recursos. Y no sólo eso, Beyer había impulsado un fuerte control sobre las universidades, que incluso lo llevó a cerrar una de ellas.

Y esto ocurre mientras la candidata por la Concertación recorre Chile repartiendo besos y abrazos, lanzando eslóganes tales como que va a poner fin al lucro en la educación, es decir, que va a destruir gran parte de la educación básica y media y crear una escuela estatizada, todo un ataque a las clases medias, que tanto han luchado por lo que tienen. También habla de una nueva Constitución, pero el camino hacia ella queda en la penumbra y le sirve al Partido Comunista para agitar la bandera chavista-bolivariana de la Asamblea Constituyente.

En fin, Michelle Bachelet ha apostado por sumarse al discurso encendido de la calle y de algunos políticos populistas latinoamericanos, así como por coquetear sin reparos con los comunistas, que aún son marxistas-leninistas y ajenos a toda autocrítica sobre los genocidios del comunismo. Claramente, no es esto lo que Chile necesita.

ideasyanalisis.wordpress.com

La lotería del petróleo

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

A los canarios nos puede haber tocado la lotería si finalmente existe petróleo a pocos kilómetros de las islas. Sin embargo, los políticos quieren tomar una resolución por nosotros, o lo que es peor, por lo que es nuestro.

Los de CC y algunos del PSOE pretenden que no podamos decidir si queremos comprobar si nuestro boleto está premiado al tratar de impedir las prospecciones con argumentos sorprendentes. El presidente del gobierno canario habla de un modelo económico y energético “sostenible”, basado en el turismo y las renovables.

La verdad es que no se entiende lo de “sostenible”. Supongo que no se referirá al sistema actual, donde se vive a base del crédito y se puede gastar sin producir. Donde a los pocos que ahorran y producen se les cruje a impuestos para que los políticos puedan gastar alegremente. Donde se apuesta por unas energías, al día de hoy, insostenibles como las renovables, que han llevado a nuestro país a una deuda de 25.000 millones de euros y al incremento de la factura de la luz de todos los españoles.

También es incomprensible que por el turismo se deban prohibir las prospecciones y apostar por las renovables. Es decir, se está en contra de un modelo energético que convive con muchos destinos turísticos importantes a lo largo del continente americano y a cambio se quiere apostar por dañar la visión de nuestros campos y playas llenándolos de molinillos y placas solares que, además de ser económicamente insostenibles, sí tendrán efectos negativos sobre el paisaje de las islas y, por lo tanto, sobre nuestro turismo.

Resulta curioso que los unos, CC y PSOE, no quieran dejarnos decidir, y que los otros, PP, según apuntó el ministro de Industria en una reciente entrevista, pretendan que los recursos vayan a parar a las cuentas de las instituciones que manejan los políticos. Es una pena que a ninguno se le haya ocurrido que quizás parte del beneficio debería ir al bolsillo de los canarios.

Sorprende que ningún político canario proponga lo que sugirió el economista Gabriel Calzada hace unos meses: que se podría ir a un sistema combinado entre el de Noruega y el de Alaska, en el que los canarios serían dueños de una sociedad con derecho a veto sobre la explotación y, a su vez, cobrara un royalty sobre la misma.

Así, podríamos decidir jugar a la lotería o no y, de hacerlo, cobrar la parte del décimo correspondiente. Pero parece que a nuestros políticos no les agrada la idea. Prefieren no dejarnos jugar o, si jugamos y ganamos, ser ellos quienes manejen el premio.

Sí a los desahucios

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagínese por un momento que usted es propietario de una vivienda. Tras largos años de duro trabajo, en los que se privó de lujos y excesos con el objetivo de ahorrar lo suficiente para afrontar religiosamente el pago de su hipoteca, decide ponerla en alquiler para obtener una renta mensual con la que completar su salario. Finalmente alquila su piso… con tal mala suerte que su inquilino pierde su empleo y deja de pagar. La cuestión es que usted no podrá expulsarlo y, por tanto, recuperar su propiedad de forma legítima, porque se trata de un "deudor de buena fe" con dificultades económicas "sobrevenidas", según los argumentos que emplean los defensores de la paralización de los desahucios y la aplicación de la dación en pago retroactiva.

Ahora imagínese que en lugar de haberse hipotecado para comprar un piso decidió ahorrar durante muchos años hasta hacerse con un depósito de 250.000 euros en una entidad financiera de dudosa solvencia. El Gobierno aprueba la paralización de todos los desahucios y la dación en pago retroactiva, causando un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas, en contra de los dictados de la UE. Puesto que su entidad no es muy sólida, las pérdidas hipotecarias que le causa dicha medida acaban provocando su insolvencia y posterior quiebra al estilo chipriota (aplicando quitas en los depósitos no garantizados), tras el rechazo de Bruselas a salvar nuevamente a las entidades españolas. Usted, ahorrador, acaba perdiendo 100.000 euros para que algunos hipotecados puedan seguir viviendo en sus pisos sin necesidad de pagar, o bien le entreguen la llave al banco para saldar toda su deuda.

Por último, imagínese que es un simple contribuyente, ni propietario ni ahorrador, y que el Gobierno opta por inyectar más dinero público en las entidades financieras –con un nuevo préstamo de la UE o con más deuda pública– para evitar que los depositantes pierdan su dinero –y el PP más votos–. Usted, contribuyente, y sus hijos pagarán la factura con más impuestos presentes y futuros (deuda). Ésta y no otra es la verdad de la dación en pago y la paralización de desalojos que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo de buena parte del arco parlamentario.

La famosa Iniciativa Legislativa Popular que está tramitando el Congreso perjudica de forma directa a la inmensa mayoría de los españoles, ya que tendría efectos desastrosos, en términos hipotecarios, financieros y económicos, sobre el conjunto del país. Lo trágico es que su contenido –la última muestra del triste qué hay de lo mío– ha cosechado el apoyo de la inmensa mayoría de la población y de la clase política, pese a que se sustenta en una retahíla de falacias y mentiras, como que los desahucios son un "drama social" o que la Ley Hipotecaria es "abusiva" e ilegal".

Por otro lado, los embargos hipotecarios no sólo no son condenables, sino que, muy al contrario, resultan imprescindibles para garantizar la propiedad privada y el estricto cumplimiento de la seguridad jurídica. No en vano el desalojo de una vivienda supone, simple y llanamente, la restitución de la propiedad a su legítimo dueño por incumplimiento de contrato. Y es que un hipotecado no es propietario pleno de su vivienda hasta que salda el crédito, ya que éste se concede sobre una garantía real, de modo que el impago supone en todo caso su ejecución (embargo). Por ello, precisamente, la dación en pago es una excepción, no la norma, en la mayoría de los países europeos, mientras que en Alemania, por ejemplo, donde la crisis se ve desde la barrera, se producen hasta 200 desahucios diarios.

La profunda irresponsabilidad y escasez de miras que ha mostrado el Gobierno del PP alineándose con la PAH, en mayor o menor grado, mediante la paralización temporal de desahucios, la creación de un fondo de alquiler social y la reforma de la Ley Hipotecaria está dando alas a los comunistas para ir mucho más allá: ahí están decretando incluso la "expropiación temporal" de inmuebles inmersos en un procedimiento de desahucio. El populismo hipotecario ya está aquí.

La presunción de un financiero. La arrogancia intelectual de Nassim Taleb

Escrito por Sergio Alberich en . Publicado en Análisis diario.

Todos los años, la revista mainstream The Economist publica una interesante edición analizando el año que entra. Cubre temas de la actualidad de muchos rincones del mundo, desde las economías más grandes a las más pequeñas, pasando por la política y la cultura, tocando la ciencia y tecnología. Asimismo, se efectúan análisis de empresas y sectores y abordan cuestiones financieras. Este número especial se mantiene a la venta durante varios meses, por lo que puede entenderse como un gran logro empresarial.

Desde una perspectiva de negocio, la revista es un éxito, introduciéndose en los nuevos medios de comunicación y cosechando beneficios como ninguna otra editorial tradicional. Desafortunadamente, el conocimiento de mercado que tan bien domina en sus prácticas empresariales es ignorado completamente en la gran mayoría de sus escritos. La edición actual, titulada The World in 2013, no es diferente. Las palabras del financiero Nassim N. Taleb que encontramos en sus páginas no deben pasar desapercibidas.

En libros y artículos anteriores, los ataques del Sr. Taleb a la Economía Matemática han sido duros y muy atinados (1), y así es como comienza su artículo en The Economist. Por desgracia, este buen arranque rápidamente se desvanece al venir seguido de soluciones normativas que entiende que deberían imponerse en el mercado financiero y en sus participantes. No afirma de manera tajante que el Gobierno deba imponer dichas normas, pero, una vez que opta por el empleo de términos como “to oblige (obligar)”, “Let’s ban (prohibamos)” o “should force (debería obligar)”, la mano coercitiva del Estado se convierte en la única alternativa.

Antes de dar cuenta de sus propuestas normativas, argumenta que éstas son prácticas y sólidas, y que las está seleccionando porque son a la vez sencillas y muy eficaces. Parece que el Sr. Taleb ahí se dejó llevar por la misma Pretensión del Conocimiento (2) que afecta a los financieros matemáticos que con tanta frecuencia son el foco de sus críticas.

En su propuesta inicial, escribe: “A una empresa que sea candidata a un rescate financiero por parte del gobierno no debería permitírsele pagar a sus empleados más de lo que gana un empleado público equivalente”. Está claro que esto no es algo práctico, sin complicaciones ni tampoco eficaz. ¿Quién haría la clasificación de las empresas que sean candidatas a los rescates? ¿Los Bancos Centrales? ¿Las agencias antimonopolio? ¿Cómo sería esta calificación? ¿Cómo se elegiría a los funcionarios públicos equivalentes?

En primer lugar, una solución simple, práctica, sencilla y muy eficaz sería no rescatar a nadie y a ninguna empresa. Esa es la única manera de que el dinero de los contribuyentes no sea utilizado en beneficio de burócratas y altos ejecutivos receptores de bonus, pero esa no parece ser una alternativa para el Sr. Taleb.

La expectativa de los rescates crea riesgos morales (moral hazards) que ningún conjunto de regulaciones futuras puede deshacer. No importa cuán estrictas y restrictivas sean las nuevas normas coactivas, al final, jamás serán tan eficientes como los controles naturales del mercado en una sociedad libre. Proveedores, acreedores, clientes, empleados y cualquier otra parte con intereses en la empresa realizarán sus evaluaciones de riesgo, condicionados por la ilusoria vía de escape que les ofrece la garantía de un rescate. Estructuras de incentivos que normalmente conducirían a que las partes interesadas no percibieran seguridad suficiente darán una falsa sensación de certeza que en realidad no existe.

Los empleados que buscan estabilidad laboral a largo plazo no se preocuparán por los riesgos asumidos por la empresa; al final, si la empresa quiebra, saben que siempre podrán contar con el Estado para que salve la compañía y sus puestos de trabajo. Los proveedores, al igual que los empleados, no van a tener la diligencia debida y se embarcarán con demasiada calma en arriesgados acuerdos comerciales que normalmente no establecerían. Los clientes, acreedores y cualquier otra parte involucrada en la firma también verán cómo sus elecciones se distorsionan por una visión turbia de la realidad y por las falsas garantías que surgen por la posible llegada de rescates. Por lo tanto, si los incentivos son ya terribles y desastrosos en una realidad sin listas oficiales de candidatos potenciales a ningún rescate, podemos esperar un aumento exponencial del riesgo moral habiendo una lista oficial pululando por ahí.

Le doy la razón al Sr. Taleb en que es escandaloso, ridículo y simplemente un error que los ejecutivos de las empresas que actualmente son propiedad del Estado ganen cuantiosas bonificaciones a costa de los contribuyentes norteamericanos. Pero sería aún peor ir tan lejos como pretende: tomar la decisión de crear de una lista de empresas candidatas a rescates y privarles de pagar a sus empleados de la forma que quieran.

Como resultado de dicha norma, todo se complica: el riesgo moral ya infligido al mercado por la existencia de los rescates aumenta considerablemente, se les da un enorme poder a los burócratas a cargo de las listas y se pone en jaque la libertad sin contemplaciones. En lugar de presentar una solución altamente eficaz, Nassim Nicholas Taleb propone algo muy destructivo.

La segunda de sus recomendaciones es la que más daño hace a la libertad individual. Quiere “obligar a quienes empiezan a ejercer como cargos públicos a comprometerse a no ganar nunca posteriormente en el sector privado más de una cuantía determinada; la diferencia debería ir a los contribuyentes”, y dice que esto “asegurará sinceridad en el servicio público, donde los empleados están supuestamente mal pagados porque existe una recompensa emocional por servir a la sociedad”. Leyendo estas líneas, uno podría tener la impresión de estar leyendo el manifiesto de un déspota. Para alguien que reconoce los límites de la econometría, no imponerse límites en su propia capacidad de decir cómo debe vivir la gente parece contradictorio.

¿No puede ver que con esa medida está básicamente dificultando que la gente abandone sus puestos de trabajo, o al menos a sus empleadores? ¿No puede ver que está yendo contra la libertad de los individuos de manera fuerte y voraz? ¿Cómo puede pensar que él tiene algún derecho a fijar un tope a los ingresos provenientes de los esfuerzos de otra persona?

Esta atroz recomendación no sólo destruye la libertad personal, sino que también es muy complicada de aplicar y resulta extremadamente ineficiente. ¿Quién estaría a cargo de vigilar e imponer esa regulación? ¿Cuánta gente tendría que estar trabajando para el gobierno en esta función? ¿Qué sectores e industrias serían vetados? ¿Qué pasa si un ex funcionario decide poner en marcha una empresa; esto sería legal? ¿Cualquier cargo público estaría sujeto a tales normas?

Con una regla práctica, sólida, sencilla y muy eficaz (según sus propias palabras), el Sr. Taleb aniquila la libertad, decide (por todos nosotros) que trabajar para el gobierno es moralmente superior a trabajar en el mercado libre, establece rígidas clases sociales y sienta las bases de un gobierno aún más grande y creciente.

Comparto las preocupaciones del Sr. Taleb con respecto a la estrecha relación entre las grandes empresas de los sectores altamente regulados y las agencias reguladoras en sí. Los ejecutivos están siempre cambiando de bando, ya sea en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector energético o en cualquier otro mercado que soporte una gran carga regulatoria. Esto sucede mucho: pasan de las agencias a las industrias o de las industrias a las agencias. Sí, es triste, y crea un buen número de problemas para la economía, pero el problema no es que algunos individuos jueguen de esa manera. El problema es que las agencias reguladoras existen y obligan a la gente a actuar de esa manera. Contrariamente al argumento de que esos organismos están ahí para fomentar la competencia y evitar el abuso contra los consumidores, las agencias reguladoras existen para ayudar a las grandes empresas a mantener su posición en el mercado, a luchar contra la futura competencia y a dificultar la aparición de nuevos participantes en el mercado (3).

Por lo tanto, la única solución aquí no es la propuesta por el Sr. Taleb, quien básicamente pretende hacer frente a los problemas de la regulación con más regulación, sino reducir y, en última instancia, poner fin a las agencias reguladoras.

El Sr. Taleb sigue atentando contra las libertades individuales con su tercera sugerencia. Pretende decir a los agentes cómo deben regir su negocio, y una vez más se equivoca. “Deberíamos obligar a los gestores de empresas a comerse parte de las pérdidas”, es su obvia solución para poner fin en el Problema del agente-principal.

Resumiendo, su punto de vista es que los gestores que tienen su patrimonio en juego son menos propensos a emprender estrategias arriesgadas, puesto que sus beneficios y pérdidas están en sintonía con los de los inversores. Sí, esto tiene sentido a primera vista y, hasta cierto punto, esto sucede también en el mercado (los gestores tienen su capital en juego en la compañía). Aunque parezca increíble, nos encontramos con muchos más gestores de fondos de inversiones libres (industria menos regulada) que hacen de esto una parte integral de su estrategia de venta a inversores potenciales que con bancos llevándolo a cabo (industria más regulada). Una vez más, el Sr. Taleb toma el camino equivocado, no al identificar el problema, sino en su intento de imponer regulaciones ridículas que no son ni prácticas ni sencillas.

Mientras ignora las diferencias fundamentales entre inversores y gestores (4), cierra los ojos ante muchos de los posibles resultados de su perversa recomendación. Dicha imposición puede excluir la posibilidad de que alguien tenga activos y gestione patrimonio algún día o, en el mejor de los casos, hacer que sea mucho más difícil. A muchos individuos capaces simplemente se les desplazaría del mercado, sin posibilidad de trabajar en determinadas funciones, condenados a operar al margen de la ley o en campos que no se ajustan a sus capacidades. ¿Y el impacto en el número de fondos de inversión, en la calidad de los productos y en la diversidad de estrategias que existen en el mercado? ¿En algún momento se le pasó esto por la cabeza? Me pregunto cómo el Sr. Taleb se ocupará de las consecuencias no deseadas que se derivan de sus recomendaciones. ¿Más regulación?

Sin duda, el problema del agente-principal existe, pero, en lugar de intentar poner fin a éste a través de la reglamentación que propone, sería mucho más fácil tratar de entender por qué surge generalmente en grupos de empresas de sectores demasiado regulados. Tal vez sería más inteligente, menos complicado y más eficaz eliminar las regulaciones (5) que se llevan por delante aquellos controles naturales del mercado que deberían actuar para atenuar estos conflictos de intereses.

Por último, el Sr. Taleb critica con dureza el Value-at-Risk (VaR). En cuanto a sus argumentos técnicos, tengo que estar de acuerdo con lo inadecuado de esta herramienta de gestión de riesgos (6). Sin embargo, de ahí a suscribir su idea de prohibirla, hay una brecha enorme. Una vez más, dejemos que las empresas, sus directivos y sus emprendedores decidan qué métodos desean emplear en sus negocios. Si optan por adoptar una gran herramienta, el mercado libre les recompensará. Si eligen las malas (como el VaR, en nuestra compartida opinión), las fuerzas del mercado les harán fracasar y caer en el olvido.

El culpable de la utilización generalizada y sin frenos del VaR no es el mercado libre, sino las regulaciones y agencias gubernamentales que obligan a su empleo. Los Acuerdos de Basilea, los Bancos Centrales y otras agencias reguladoras exigen o hacen campaña para fomentar su uso. Deshagámonos de esas reglas draconianas, y nos desharemos de muchas herramientas malas. Deshagámonos de las regulaciones, y los incentivos perversos del riesgo moral pronto se desvanecerán. Deshagámonos de imposiciones gubernamentales, y los controles naturales del mercado serán restaurados. ¡Es así de simple!

El Sr. Taleb ha identificado correctamente algunos problemas que nos podemos encontrar ahí afuera, pero no ha podido darse cuenta de que son consecuencia de una excesiva regulación, y no deficiencias del mercado libre. Él falla al interpretar qué causó estos problemas, y yerra otra vez cuando no ve las ramificaciones de sus muy peligrosas sugerencias. Estas cuatro reglas prácticas, sólidas, sencillas y muy eficaces que, según dice, deben ser impuestas sobre todos nosotros coercitivamente no tendrían la capacidad de resolver ningún problema, pero sí tendrían el poder de hacer al gobierno más grande y más poderoso, restringir la acción humana, privar a los individuos de libertad y anular la función empresarial.

Si al menos uno de los problemas señalados por el Sr. Taleb se dejara en manos del libre mercado para que éste lo solucione, entonces 2013 será un gran año. Si alguna de sus ideas es impuesta de arriba hacia abajo, como él sugiere, entonces 2013 será un año pésimo. 

Notas:

1) Sheehan, James, “Fools Put Faith in Data Alone” http://mises.org/daily/2056;

2) “The Pretense of Knowledge” es el discurso dado por F.A. Hayek en la aceptación de su Premio Nobel de Economía http://mises.org/daily/3229;

3) Sugerencia de lecturas acerca de los efectos de las regulaciones y de las agencias reguladoras: Rockwell, Llewllyn, “Regulatory-Industrial Complex” http://mises.org/daily/5930/RegulatoryIndustrial-Complex; and Armentano, Dominck, Antitrust. The Case for Repeal:http://mises.org/document/6061/;

4) Inversores son los que asumen el riesgo y la incertidumbre del proceso de producción utilizando sus ahorros para avanzar el pago de salarios a los trabajadores -gestores incluidos – por servicios que no producen resultados hasta el futuro. En cierto sentido, los inversores, cambian bienes presentes (los salarios en este caso) por bienes futuros (el producto marginal del trabajador añadido al proceso de producción. Lecturas recomendadas que ofrecen una explicación más profunda sobre el tema son: Mises, Ludwig, La Acción Humana (capítulos 21 y 22) http://mises.org/Books/humanaction.pdf; y Rothbard, Murray, Man, Economy and State (capítulos 6 y 7) http://mises.org/Books/mespm.PDF.

5) Tanto el FDIC como la posibilidad de Rescates son buenos ejemplos de intervenciones gubernamentales dañando los controles naturales del mercado;

6- El debate de 1997 entre Philippe Jorion y Nassim Taleb es un buen resumen de los argumentos del Sr. Taleb contra la VaR: www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/1997/0497fea2.asp. Las críticas de Murray Rothbard contra la economía matemática también se pueden aplicar al VaR: http://mises.org/daily/3638.  

No a los vuelos subvencionados

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace unas semanas, según publicó ABC, Michael O’Leary, presidente de Ryanair, solicitó al Gobierno de España que eliminara las subvenciones para los vuelos a Canarias. Palabras que podrían ser tachadas como «boberías económicas» pero que, sin embargo, son muy sensatas.

Muchos piensan que los beneficiarios de estas ayudas públicas son los canarios, pero se equivocan. Los únicos beneficiados son las empresas aéreas que operan en las Islas, como Binter o Iberia, y los políticos que implementan este tipo de políticas populistas y dañinas a cambio de votos.

El precio en un mercado libre viene determinado por las valoraciones subjetivas de los distintos agentes que intervienen intercambiando bienes y servicios. Sin embargo, cuando se introducen las subvenciones se distorsionan los precios y los beneficiados no son los consumidores, sino las empresas, que ven garantizados sus ingresos sin necesidad de satisfacer a sus usuarios.

La explicación es simple. Imaginemos que el precio de mercado de un vuelo Gran Canaria-Madrid está en 80 € y que la mayoría de usuarios son residentes en las Islas. Esto significaría que los canarios estarían dispuestos a viajar por ese precio y que existirían compañías aéreas dispuestas a realizar el servicio.

Sin embargo, el panorama cambia cuando introducimos una ayuda del 50%. El precio va a seguir siendo 80€ para los residentes en las Islas, pues era el de mercado, pero lo que cobrarán las empresas será 160€. De esta forma, las compañías aéreas que operan con residentes se olvidarán de satisfacer a sus consumidores con buenos precios y servicios, dado que pueden incrementar sus ganancias a costa de los contribuyentes.

Esto fue lo que ocurrió hace unos años cuando se pasó del 33% al 50% de subvención. Los precios no sólo no bajaron, sino que subieron en un 15% aproximadamente. Esto supuso un beneficio importante para la empresas aéreas, pero no para los usuarios.

Tenemos que preguntarnos cómo es posible que Binter vuele entre Gran Canaria y Tenerife por 70€ para residentes y 140€ para turistas cuando Ryanair consigue volar de Londres a Dublín, con una distancia casi cinco veces mayor, por menos de 50€.

Si se eliminaran estas mal llamadas ayudas ahorraríamos más de 200 millones de los contribuyentes al año. Además, los canarios podríamos disfrutar de vuelos más baratos y esto favorecería al turismo de las Islas.

Eso sí, las empresas como Binter e Iberia tendrían que rivalizar con compañías más competitivas, que tienen unos costes por pasajeros inferiores, menos trabas administrativas y que pagan menos impuestos en sus países. Y claro, esto a los políticos a lo mejor no les interesa.

¿Es deseable la transparencia en los mercados?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los fallos de mercado que identifican los economistas mainstream con la idea de justificar intervenciones en los mismos es el de falta de transparencia para la información, o existencia de asimetrías informativas. Esto es, que no todos los participantes en el mercado tienen la misma información, o que existen costes para su obtención.

Tal supuesto fallo de mercado es fácilmente trazable a una de las condiciones exigidas por el modelo de competencia perfecta, que es la referencia de buen funcionamiento de mercado utilizando por dichos economistas. En concreto, se exige que exista información perfecta para todos los participantes en el mercado.

La pregunta que se nos plantea es si realmente es deseable para el individuo y para la sociedad que los mercados sean perfectamente transparentes. Cuando se analizan otras de las condiciones exigidas por el modelo de competencia perfecta es relativamente fácil constatar que su cumplimiento sería malo para la gente. Por ejemplo, el supuesto de homogeneidad de bienes implicaría que todos los bienes son exactamente iguales y no habría diferenciación. Y, sin embargo, hay pocas dudas de que la existencia de variedad de bienes aporta riqueza a la sociedad, al satisfacer de forma más precisa las diferentes necesidades de cada individuo.

Idénticamente, el supuesto de empresas atomizadas supondría una merma de bienestar social, puesto que no se podrían explotar las economías de escala que permiten enormes ahorros de recursos, y que incluso han sido vistas como fundamentales para el desarrollo por algunos economistas como Lachmann.

Sin embargo, a primera vista podría parecer que la transparencia perfecta de la información, un mercado perfectamente transparente en que todo el mundo tuviera la misma información a coste cero, sí sería deseable para la sociedad. Si esto fuera así, estaría justificada la regulación del mercado para eliminar este fallo.

Dejemos de lado la evidente imposibilidad de conseguir tal objetivo, y centrémonos simplemente en analizar si ésta sería una situación óptima para un mercado real.

Empecemos por algo que puede parecer anecdótico. En un mundo de información perfecta, no existirían las sorpresas, pues todo lo sabemos a priori. Ello conllevaría de forma inmediata la desaparición de enormes segmentos de la industria del ocio, pues ya conoceríamos el contenido de libros, películas, canciones… según fueran creadas o puestas en el mercado. Incluso conoceríamos ya las sensaciones provocadas por posibles nuevas experiencias.

Todo ello supondría una pérdida de riqueza, pues la gente demanda sorpresas y las valora, lo que da lugar a las industrias citadas. De ello se deduciría que, al menos en determinadas industrias (las de la "sorpresa") la transparencia de información es indeseable para la sociedad. A la vista del análisis, creo que un economista mainstream coincidiría conmigo en que estas industrias no deberían regularse (para mejorar su transparencia).

Pero, ¿qué ocurre con las demás? Soslayando un nuevo inconveniente, el de identificar cuáles industrias son de la "sorpresa" y cuáles no, tratemos de progresar en el análisis. Sea cual sea la industria, estará basada en la utilización de factores de producción que, necesariamente, han de ser escasos. Por ello, cuando una empresa hace una oferta de un producto, el stock del mismo tiene necesariamente un límite.

La imperfección en la transparencia de la información fuerza a los individuos a buscar las ofertas que les convienen. Así, la citada oferta es más probable que sea encontrada por los individuos más interesados en el bien, de los que cabe esperar que más lo valoren. En este sentido, la falta de transparencia ayuda a que los recursos vayan allá donde más se precisan y valoran, por lo que es beneficiosa para la sociedad.

Desde otro punto de vista, la transparencia del mercado impediría la especialización del trabajo, pues todo el mundo sabría lo mismo, con independencia de quien generara el conocimiento. En estas condiciones, ¿quién tendría incentivos para generar conocimiento? Llevado al extremo absurdo, en un mercado transparente no sería necesario generar conocimiento, pues todo es conocido ya en el presente. Pero eso nos llevaría a deducir que si todo lo sabemos ya, es que ya estamos en la mejor situación posible y nada puede cambiar. Lo que nos lleva a la consecuencia de que en un mercado perfectamente transparente es imposible o no tendría sentido la innovación. En un mercado perfectamente transparente, por tanto, se ha creado ya toda la riqueza posible y lo único que cabe es apurar su reparto. En suma, se trata de un mercado que nos satisface perfectamente a todos, ahora y para siempre. ¿Es deseable un mercado así? ¿No podemos cambiar de preferencias?

Con todo, queda aún una objeción más grave a la conveniencia de la información perfecta. Y es que ello supondría que todos los individuos somos iguales. En efecto, aun aceptándose la existencia de información perfecta en el mercado para todos sus participantes, lo cierto es que cada individuo procesa dicha información de forma distinta, generando un conocimiento empresarial variable, en función de su contexto, experiencia, sensibilidad, interés… Así pues, una misma información puede dar lugar a reacciones completamente distintas en diferentes individuos. Por tanto, el supuesto de que todos los participantes tienen la misma información, implica necesariamente que todos generan el mismo conocimiento empresarial (pues es en este en el que se basan las decisiones) y, en definitiva, que todos los individuos son idénticos.

En mi opinión, si todos los individuos fuéramos idénticos, la sociedad sería mucho más pobre. No habría innovación, no habría ofertas, no habría "sorpresas". Pero seguro estoy de que nada de esto será óbice para que los economistas mainstream sigan pensando que un mercado funcionando con transparencia perfecta es el que maximiza el bienestar social.