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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El escándalo de los oligopolios legales: un ejemplo práctico

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Es bien conocido por los economistas de todas las escuelas que los monopolios/oligopolios son nocivos para el bienestar social, esto es, para la gente. La cuestión en que se distancian austriacos y mainstream es que aquellos solo consideran como nocivos los oligopolios que obedecen a barreras legales, mientras que estos se fijan en la estructura del mercado en un momento dado. En otras palabras, para los austriacos basta que haya libertad para competir en el mercado, y entonces no hay monopolios dañinos, mientras que los mainstream exigen que haya derecho a competir, esto es, que los rivales puedan entrar al mercado aunque sea con respiración asistida por el regulador.

Con independencia de estas reflexiones económicas, lo cierto es que los oligopolios legales SÍ perjudican a la gente, y de qué forma. Pero lo triste es que la mayor parte de los perjudicados no son conscientes de ello. En este comentario voy a contar un ejemplo real que todos los madrileños hemos sufrido. Antes de ello procede, no obstante, revisar la teoría que nos explica porque las barreras legales perjudican a la gente.

En el proceso competitivo, los emprendedores que tienen éxito obtienen una rentabilidad muy alta por sus inversiones, más alta de la normal en el mercado. Estos beneficios actúan como llamada de atención para otros emprendedores, que ven así una oportunidad de negocio imitando al empresario pionero. Como es lógico, estos emprendedores imitadores (aunque la imitación nunca es exacta) entran a competir al mercado y hacen que la rentabilidad del pionero se reduzca. Y ello sigue ocurriendo mientras la rentabilidad obtenida en esa actividad sea superior a la normal.

De esta forma, el propio proceso competitivo del mercado hace que, en algún momento, los consumidores encuentren un precio que refleje adecuadamente los recursos invertidos en el bien y no haya ganancias excesivas para nadie.

Pero, ¿qué ocurre si el proceso de imitación se bloquea? Es evidente que tal imitación solo se puede bloquear prohibiendo la entrada al mercado por métodos violentos, pues, en otro caso y por muy difícil que sea la entrada, tarde o temprano a alguien se le ocurrirá cómo hacerlo si la recompensa son sustanciosos beneficios. Es más, si a nadie se le ocurriera, lo único que significaría es que el emprendedor pionero sigue haciéndolo mejor que todos los demás, por lo que parece lógico que mantenga sus beneficios extraordinarios.

Volviendo sobre la explicación, si se prohíbe la entrada, lo que ocurrirá es que el emprendedor pionero podrá mantener de forma indefinida sus beneficios extraordinarios, pues nadie será capaz de quitárselos por imitación. Así, en el fondo, se le concede un privilegio a determinados sujetos afortunados, cual es la obtención de una rentabilidad vedada a los demás individuos.

Obsérvese que el número de agentes privilegiados es irrelevante. Lo relevante es si existen o no barreras legales a la entrada: un sector con 1000 agentes en que la entrada está prohibida resulta dañino para la sociedad (por lo explicado), mientras que un sector en monopolio no legal (esto es, porque el agente en cuestión ha demostrado hasta el momento ser el más eficiente en el suministro de un bien), no representa tal daño, porque el proceso de imitación-superación está abierto a los emprendedores con ideas y ganas, y los beneficios supranormales no son sostenibles en el tiempo.

Vista las razones teóricas del daño que nos causan las barreras legales a la entrada, vamos con el ejemplo práctico, que no es otro que el del taxi en Madrid.

Se trata de un sector que hasta hace bien poco ha disfrutado del privilegio de ser el único al que se permitía el transporte privado de personas entre puntos de la capital. Dicho privilegio se ha roto con la recienta adaptación de la Directiva europea de la liberalización de servicios. Pues bien, como cualquier persona que haya cogido un taxi a la T4 del aeropuerto de Barajas sabe, este es un servicio que venía a costar 30-35 Euros desde el centro de Madrid, casi como el precio de un vuelo low-cost, por cierto. Además, por alguna regulación (esto es, acuerdo colusorio entre los taxistas bendecido por ordenanza municipal), un taxista no puede llevar más de cuatro personas en su coche. En consecuencia, una familia numerosa que quiera usar el taxi para trasladarse a la T4 de Madrid, habría de hacer frente a dos carreras del precio antedicho.

Pues bien, tras el final del monopolio legal, nos encontramos con empresas que prestan el mismo servicio por 15-20 Euros y para siete pasajeros. El fin del monopolio supone un ahorro para una familia numerosa que se haya de trasladar a la T4 de madrugada de unos ¡50 Euros!, más del 70% del precio original.

Esto es lo que significa la existencia de barreras legales libre de polvo y paja: unos cuantos individuos forrándose a costa del resto de la sociedad. Unos cuantos individuos cobrando durante años un extra-precio de 15 Euros a cada conciudadano que haya precisado sus servicios para ir al aeropuerto de Madrid. Año tras año, robando a los demás individuos de forma insospechada, incluso para los propios beneficiarios.

Individuos robados que, además y para más escarnio, somos los encargados de pagar con nuestros impuestos a la policía que debe/debía perseguir a aquellos otros empresarios que quisieran suministrar el servicio de taxi sin contar con la oportuna licencia. No solo tenemos que pagar el servicio a un precio excesivo, si no también financiar los medios para que tal precio excesivo se pueda mantener.

Si el lector no está lo suficientemente escandalizado tras este ejemplo, busque a su alrededor, que no tardará en encontrar otros similares, que le han de causar igual o mayor escándalo si tal cabe. Parafraseando a Indiana Jones, una cruz (verde) marca el lugar.

El envilecimiento fiscal internacional

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La crisis económica no sólo ha servido a Montoro para subirnos los impuestos en España. En el ámbito internacional hay una enorme cantidad de técnicos y burócratas en las estructuras paraestatales (OCDE, etc.) al servicio de los Gobiernos (especialmente del G20) para que estos aseguren sus recaudaciones fiscales en los niveles más elevados posibles.

Estas organizaciones, al mandato de sus gobiernos, han estado ideando un plan (todavía no concluido) con tres pilares fundamentales: cambiar las reglas de la tributación fiscal internacional (proyecto BEPS), implementar mecanismos para el intercambio automático de información financiera entre Estados, y la realización de una revisión del cumplimiento de estas medidas por parte de un gran número de países (no sólo ellos).

Poner en marcha estos planes a nivel internacional no es tarea fácil, y está siendo posible por el interés y necesidad de los manirrotos y anquilosados Gobiernos de los países más ricos (especialmente los europeos), que buscan nuevas maneras para recaudar urgentemente más dinero de la población. Es decir, que lo que ocurre “a nivel” Montoro está ocurriendo en los países e instituciones más socialistas del mundo desarrollado.

En cuanto a los cambios en la fiscalidad, destaca el modo en que los Estados van a tratar de gravar la economía digital. Internet está permitiendo una increíble y radical modificación de los modelos de negocio. Y esto tiene sus consecuencias para los Estados, que ven cómo la actividad de las empresas llega a sus territorios pero sin necesariamente haber una presencia (física) de la empresa, algo que permitiría un claro mordisco fiscal. También pretenden fiscalizar y auditar a las empresas para que no separen y deslocalicen los ingresos, del valor que los genera, ideando para ello métodos administrativos costosos e invasivos que podrían llegar a dictar dónde se crea el valor para así gravarlo.

Precisamente, la fiscalización y el control de la información es lo que todo Estado fuerte necesita. Y este otro pilar es lo que están impulsando (en parte ya se ha aprobado), de modo que se establezcan mecanismos de intercambio de información que en lugar de realizarse a petición de las administraciones y de sus burócratas (como hasta ahora), se haga de manera automática. Para ello colonizarán en mayor medida a las entidades financieras, que estarán obligadas a “colaborar“, e incluso están pensando en obligar a las empresas a declarar al Fisco la estrategia fiscal que diseñen. (Por cierto que este tema también se relaciona con el big data y el espionaje del Estado).

Y, ¿cuáles son las razones, si quiera de cara a la galería, para justificar estos cambios? Según los últimos informes de la OCDE, el organismo que está diseñando estas políticas, existe “una creciente percepción” (sic) de que los Gobiernos están perdiendo ingresos fiscales por la panificación fiscal de las empresas. Y es una “percepción” porque al mismo tiempo admiten su incapacidad para cuantificar esta menor recaudación. De ahí la necesidad de fiscalizar y controlar toda la información para poder monitorizarnos y cuantificarnos. Por otra parte, la propia OCDE recoge en otros trabajos que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades ha ido creciendo desde 1965, salvo el descalabro producido durante la actual crisis. Es decir, que quitando el efecto de la crisis, la recaudación media de los países de la OCDE se ha ido incrementando.

En cualquier caso, con esta “percepción” han aireado y ayudado a propagar acusaciones interesadas contra empresas como Google, Amazon, Starbucks, Adobe, etc. (sobre todo en EEUU y Reino Unido), con el fin de manipular a la población y mostrar que estas empresas han poco menos que evadido impuestos, lo que explicaría su poco nivel de tributación. No hay más que ver el vergonzoso interrogatorio que soportó Tim Cook, el CEO de Apple, en el Senado de EEUU (por cierto, únicamente defendido por Rand Paul), que no se cansó de reiterar que pagaban lo que debían legalmente, y que el sistema fiscal yanqui crea muchas desventajas a Apple.

Y es que es así. En primer lugar, las empresas multinacionales suelen pagar lo que dicta la ley. Hecho que han reiterado todas las empresas acusadas, Google, Starbucks, Adobe, etc., aunque luego hayan tenido, motu proprio, que pagar más (Starbucks) para evitar el descrédito que están creando los burócratas y periodistas socialistas. Es decir, que no hace falta incumplir la ley (la ley de los gobiernos) para rebajar la mordida fiscal.

Lo que ocurre es que la propia operativa de las empresas conduce o facilita este hecho. Aquí en España, las mayores deducciones fiscales las encontramos en las deducciones por doble imposición internacional. Es decir, las empresas grandes se deducen grandes cantidades para no pagar dos veces (!). Y esto es posible porque son las multinacionales las que tienen diversificados los mercados y operan en más de una jurisdicción. Es decir, la mayor eficiencia operativa de una gran empresa también se refleja en el tema fiscal. Sobre todo en el coste fiscal, que es el peor de todos, pues no es un input que cree valor a la operativa, sino un peaje, un chantaje, para poder relacionarse con los consumidores de un territorio. De ahí que las empresas, ciertamente, modifiquen sus modelos de negocio para rebajar su factura fiscal y poder llegar a todos sus destinatarios de la mejor manera posible, rendir las mejores cuentas a sus propietarios, y ser más eficientes en un entorno de presión competitiva global.

Y esa eficiencia fiscal no sólo la buscan las grandes multinacionales, también cualquier persona que en su IRPF opta por un beneficio fiscal. Y si no lo hace por miedo, es por evitarse “líos” (es decir, el miedo a pagar finalmente más). Por tanto, la denominada economía de opción se ejerce en todas partes y es natural al obligado tributario (pues es obligado). No debería ser perseguida y no es algo que las malvadas compañías grandes busquen por su ruin naturaleza. Que, por cierto, se habla de grandes corporaciones, pero estas suelen tener propietarios pequeños, sus accionistas. Aun así, se aplican medidas progresivas (es decir, más agresivas) hacia estas cuando sus propietarios pueden ser más bien pequeños ahorradores. Son estos ahorradores y, en general, toda la población, la que debería desacreditar y señalar a los burócratas y gobiernos cuando se embarcan en ofensivas fiscales que no ayudan a la economía, y mucho menos a su recuperación, en lugar de competir sanamente por rebajar esas barreras a empresas y personas.

Intermediarios, malos o no según convenga

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Una de las cosas que más indigna a un socialista es ver cómo un pobre agricultor tiene que vender su cosecha a un precio tres o cuatro veces inferior al precio final de venta al público.

La incapacidad de entender que el valor de una mercancía depende de dónde y cuándo se vende les lleva a pensar que existe una mano negra que se enriquece con el sudor de los pobres agricultores.

Pero a mí lo que de verdad me llama la atención es otra cosa, ya que una persona puede obcecarse en una postura equivocada por falta de información o un conocimiento erróneo del funcionamiento de las cosas. Lo que sí que es verdaderamente preocupante es que haya gente, mucha gente, que mida dos situaciones idénticas con raseros totalmente distintos por conveniencia ideológica.

Esto ocurre con los agricultores y los profesores de escuela.

Los primeros deciden ser autónomos y cultivar sus propias tierras; una vez recogida la cosecha deciden libremente vendérsela al por mayor a un intermediario con los recursos logísticos y comerciales que le permitan colocar la mercancía en el lugar y momento idóneo para garantizar el mayor beneficio posible. A esto se le llama dictadura de los intermediarios y al parecer es injusto.

Por otra lado tenemos a los profesores, que si quieren ejercer su profesión tienen que escoger entre ser empleados de un colegio privado que cumpla la amplia y cara regulación fijada por burócratas, o presentarse a una oposición donde se les va a medir por parámetros fijados por los mismos burócratas, para trabajar en centros planificados por esos burócratas, dando las horas de clases fijados por los burócratas, con temarios fijados por burócratas y normas de relación con los alumnos fijadas por burócratas. A esto se le llama educación pública u obligatoria y es el no va más del progreso y la libertad.

Por supuesto comparar el cultivo de patatas con la educación de nuestros hijos es algo que solo un demagogo como yo podría hacer. Pero lo cierto es que mientras que cultivar patatas es un noble arte ya explorado y cuyas posibilidades de innovación son limitadas, la educación es un campo abierto que, con tecnologías como internet, tiene infinitas formas de llevarse a cabo que deberían ser exploradas por medio de la práctica, en vez de estar limitadas por funcionarios y expertos de salón.

Así que habría que preguntarse dónde es más necesario eliminar a los intermediarios; en una distribución que permite al agricultor dedicarse a cultivar y poder colocar su mercancía sin preocuparse de que no haya nadie en cien kilómetros a la redonda que quiera comprársela al por menor, o en un sistema educativo donde los intermediarios solo sirven para frustrar a profesores y alumnos y anular cualquier intento de innovación en un proceso educativo de cuyo éxito depende el futuro de todos nosotros.

Inmigración (I): Escenario teórico

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

"Los proponentes de las restricciones a la inmigración deben mostrar… por qué están moralmente justificadas", Bryan Caplan.

"Lo que incita a la gente a ponerse en movimiento y atravesar las fronteras no es la identificación con nación alguna sino el más prosaico, pero más intenso, deseo de ganarse la vida", Jesús Mosterín.

El profesor de filosofía de la Universidad de Colorado, Michael Huemer, se pregunta si existe un derecho a inmigrar; para ello, narra la historia hipotética del joven hambriento Starvin’ Marvin que está en una situación de precariedad. Tal vez alguien le ha robado la comida o tal vez un desastre natural le ha arruinado su cosecha. El caso es que su situación es muy delicada. Afortunadamente ha trazado un plan: se dispone a viajar hacia un mercado famoso para conseguir algo de comida a cambio de sus servicios. En un concreto lugar del camino elegido por Marvin aparece en escena otra persona armada llamada Sam (debido a que tiene unos cuantos sobrinos le apodaremos Tío Sam)que le observa y que es vagamente consciente de todo lo anterior. Por algún motivo y sin que Marvin haya agredido a nadie, Sam le interpela y le impide el paso hacia su destino mediante el uso de la fuerza. A resultas de ello, Starvin’ Marvin no puede mercadear por la comida y muere por inanición.

Si el Tío Sam no hubiese interferido coactivamente el acceso de Marvin al mercado y sus múltiples posibilidades que allí se dan éste probablemente habría conseguido su propósito y tal vez incluso habría acabado trabajando para alguno de los sobrinos o sobrinas de Sam. Este escenario plantea diversas cuestiones. ¿Qué pasaría si Marvin fuese un terrorista? ¿Y si, por el contrario, se hubiese integrado en su lugar de destino elegido sin demasiados problemas para él y para los demás que vivían allí antes que él? ¿Podría tal vez el mercado mantener a más personas necesitadas del exterior a cambio de sus servicios?

Pero la pregunta más incómoda que se hace (nos hace) el filósofo norteamericano es si Sam violó tal vez los derechos de Marvin. La respuesta es que sí. Es más, se podría incluso afirmar que lo mató. No se trata de que Sam se negara a prestarle ayuda o a que le dejara simplemente morir sin socorrerle; es mucho más grave que eso: parece evidente que Sam participó activamente en el fatal desenlace. La analogía de este escenario con lo que sucede en realidad con las políticas de inmigración del gobierno de los EE UU y, por extensión, de los demás gobiernos de los países desarrollados es clara.

Las restricciones migratorias son violaciones de un derecho prima facie; esto es, solo se justificaría su violación en determinadas circunstancias muy especiales. Por ejemplo, serían completamente apropiadas para situaciones de guerra o prebélicas, tanto si son formalmente declaradas como si no.

El gobierno que prohíbe o limita más allá de lo razonable la inmigración inicia la fuerza contra personas extranjeras pacíficas que quieren trabajar y contra nacionales que quieren voluntariamente asociarse con ellos. Por tanto, viola los derechos de ambas partes. El principio de los derechos individuales prohíbe este tipo de restricciones y tiende hacia una inmigración más abierta o flexible que la actual.

El economista de la Universidad de George Mason, Bryan Caplan, intenta por su parte aproximarse al fenómeno de la inmigración con otra mirada diferente de la acostumbrada. Según él, las actuales restricciones a la inmigración son, con mucho, la peor solución de todas las posibles. El último cartucho al que habría que recurrir dadas sus inicuas consecuencias. Sus propuestas son interesantes alternativas al deprimente statu quo de las draconianas políticas restrictivas a la inmigración llevadas a cabo por los representantes de los Estados modernos, es decir, por los gobiernos y sus agencias administrativas competentes en la materia.

Según el mencionado economista, si se piensa errónea y prejuiciosamente que la llegada de inmigrantes va a perjudicar seriamente a los trabajadores nacionales, en vez de cerrarles la puerta de entrada sin más, se les podría exigir el pago de una tasa de admisión y luego usar ese ingreso extraordinario para compensar a los trabajadores nacionales menos cualificados. Si se cree que los inmigrantes imponen una carga excesiva a los contribuyentes nacionales, se les podría excluir de cualquier beneficio social costeado por aquéllos hasta que fueran contribuyentes netos. Si se está convencido de que representan una amenaza cierta a la cultura patria, se les podría incluso exigir aprobar tests culturales e idiomáticos al respecto (eso sí, como nos recuerda Caplan, habría que estar seguros que esas mismas pruebas las pudiese pasar sin problema cualquier nacional del promedio). Si se teme que los inmigrantes pueden acarrear serias externalidades políticas, se les podría permitir vivir y trabajar entre nosotros pero sin otorgarles el derecho al voto durante un periodo más o menos prolongado en la sociedad de acogida.

Cualquier cosa, incluso medidas más o menos intervencionistas como las descritas arriba, antes que impedir preventiva y masivamente la entrada de personas honradas que no agreden a nadie y sin antecedentes criminales que quieren esforzarse y trabajar pacíficamente en sociedades prósperas.

Si se toma verdaderamente en serio la presunción moral a favor de la libertad de migración, debemos acabar reconociendo que toda restricción a migrar que no esté suficientemente justificada (tanto si es a emigrar como a inmigrar) supone poner en peligro a millones de vidas humanas de forma injusta, bien al prohibir que huyan de escenarios amenazantes para su integridad o proyecto de vida o bien al negar la facultad de ayudarse a sí mismos mediante acuerdos posibles con terceros nacionales del país anfitrión deseosos de contratar voluntariamente con ellos.

Debemos recordar que, desde el punto de vista liberal, las fronteras de los países no deberían establecerse con el propósito de mantener fuera a los extranjeros como sucede en la actualidad sino con el fin de fijar los límites del área en que el gobierno debe proteger los derechos individuales.

En próximos comentarios trataré de la pendiente liberación de los flujos migratorios en el mundo (más concretamente del derecho a la movilidad laboral internacional), de las fuerzas que los impulsan, de los temores infundados de los nativistas de todo pelaje, de los fracasos cosechados de las políticas de inmigración en general por ser conservadoramente restrictivas, no querer reconocer la realidad, militarizar las fronteras y crear un estado policial dentro de las mismas. Asimismo desde otras posiciones progresistas veremos cómo se defienden políticas erróneas en nombre del multiculturalismo perjudicando al propio inmigrante y socavando los valores de la sociedad de acogida. Todo ello, sin aprovecharse adecuadamente de la bendición que supondría desde el punto de vista económico la flexibilización de las barreras de entrada con la consiguiente llegada de numerosos inmigrantes a un país dispuestos a trabajar y extender la necesaria división del trabajo.

Contrato libre, por favor

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El revuelo que ha armado Báñez con la simplificación de los contratos laborales era tan de prever que lo raro es que nadie hubiese dicho nada a favor o en contra. Y ya es caprichoso el tema porque, a pesar de la escandalera, lo cierto es que no ha cambiado nada o, por ser más exactos, casi nada. La izquierda ha arrimado el ascua a su sardina y se han puesto como morgollones a lloriquear con que esto es, en realidad, una nueva reforma laboral o el siguiente paso de la anterior. Ojalá fuese así. La reforma de febrero de 2012 era demasiado modesta, de ahí que sigamos coleccionando parados como el que colecciona sellos.

Pero no, lo de Báñez no es una reforma laboral, ni siquiera una reformilla al uso de esas que gustan tanto a Rajoy. Es, ni más ni menos que un cambio puramente administrativo que no debió trascender de un mísero breve en la prensa salmón. El Gobierno no ha cambiado nada de lo esencial, simplemente se ha limitado a juntar en cinco formularios los trámites para que una empresa contrate a un empleado. Sinceramente, no era necesario semejante revuelo para tan poca cosa. Contratar en España sigue siendo dificilísimo, sigue habiendo cuarenta y pico contratos para una misma cosa y el mercado laboral sigue exhibiendo una vergonzante dualidad, impropia, por lo demás, de un país que se dice libre.

Porque el problema de fondo no es el número de formularios que tiene que rellenar un empresario, sino el hecho mismo de que esos formularios existan. Hay desde hace cosa de un par de años un movimiento popular que ha cogido bastante fuerza en internet. Aboga por la simplificación total de la contratación, que de los cuarenta y pico actuales se pase a uno solo, una suerte de contrato laboral único con las mismas cláusulas para todos. Eso supuestamente serviría para crear empleo como por ensalmo y todos nuestros problemas –especialmente los de Montoro con la recaudación– se resolverían en el acto.

De verdad, si fuese así de simple solucionar el problema del paro digo yo que ya lo habrían hecho. Al fin y al cabo, ¿qué más da tener uno o cuarenta tipos de contrato si de lo que se trata es de que haya contrataciones? Bastaría con universalizar el mejor contrato posible –o inventar uno en el que sea, por ejemplo, imposible despedir… bueno, ese ya está inventado, es el que tienen los funcionarios a costa de los trabajadores del sector privado– para pasar de seis millones de desempleados a cero. En ciertas capas de la población esta idea bien intencionada pero peregrina ha tenido una excepcional acogida. Contrato único claman por las redes sociales y los foros de internet como si sólo eso fuera suficiente.

Lamentablemente la realidad es algo más compleja. Porque el quid de la cuestión no es el número de contratos, sino la libertad que gozan las partes al suscribirlos. En España la contratación laboral es un lecho de Procusto o, mejor dicho, cuarenta lechos de Procusto en los que todos tenemos que caber por narices. Es el clásico marco típicamente socialista, Al final como no todos cabemos muchos se quedan fuera, se quedan, en definitiva, en el paro. La política premia un tipo de contrataciones y castiga otras. Decide, por ejemplo, que ciertas edades o ciertos sexos tengan bonificaciones, es decir, privilegios. Los privilegios no son neutros, se ejercen siempre a costa de otros, en el caso que nos ocupa a costa de los que no pertenecen al sexo o al rango de edad bonificado. En ningún otro ámbito de nuestra vida admitiríamos un nivel de intervención y coacción semejante, en nombre del trabajo, sin embargo, estamos dispuestos a cualquier desafuero y hasta pedimos a gritos que así sea.

Desmitificada la idea de que el célebre contrato único sirviese realmente para algo, habría que plantearse cuál es el contrato ideal, es que cumple con la ética más elemental y que de verdad ayuda a que efectúen contrataciones. No se me ocurre otro que el contrato sin más añadidos que suscriben dos partes libre y voluntariamente. Un contrato que tenga como única referencia la legislación vigente y que, a partir de ahí, incluya las cláusulas que ambas partes crean pertinentes. Habría que dar un repaso, eso sí, a la “legislación vigente”, que en temas laborales en España, dicho sea de paso, está más cerca de la Unión Soviética que de Suiza.

Con un contrato genuinamente libre nos encontraríamos no con uno sino con millones de contratos, estaríamos ante una diversidad casi infinita de contratos, cada trabajador tendría el suyo. ¿Y sabe lo que pasaría? Nada, absolutamente nada. Podría darse el caso que los trabajadores de una empresa o los miembros de una profesión concreta deciden negociar de un modo colectivo para obtener mejores condiciones del empresario. No habría problema siempre y cuando pertenecer a ese “colectivo” no fuese obligatorio. ¿Ve como la libertad es siempre más sencilla?

¿Y por qué no 23 millones de modalidades de contrato?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El gobierno español ha empezado el curso político anunciando la reducción del número de modalidades de contrato que pasarán de 41 a 5. Sin duda, un paso más para consolidar el sistema socialdemócrata que nos ha llevado a los 6 millones de parados.

Muchos aplauden esta "simplificación" y hay quienes defienden el contrato único pero uno de los problemas del mercado laboral es su rigidez, por lo que aumentar la rigidez no parece que pueda ser la solución de nada. Los formularios actúan como un corsé en que el trabajador debe encajar independientemente de sus necesidades y de las del empresario. Se trata de un mal acuerdo para ambas partes en el que los salarios, condiciones de despido, duración, etc., vienen marcados por un burócrata que tiene su puesto de trabajo asegurado de por vida. La realidad es compleja y las necesidades de la gente en cada momento pueden variar, y los contratos deberían adaptarse a esas condiciones particulares.

Si ya hay seis millones de personas que no cabían en las 41 tallas que estipula el gobierno es difícil de entender cómo reducirlas a 5 hará que alguna de ellas les siente mejor. ¿Por qué no permitir el contrato libre y que haya tantas formas de contrato como las partes -trabajador y empresario- pacten? Quienes desconfían de lo diferente no deberían alarmarse, seguramente no llegaríamos a ver 23 millones de modalidades de contrato sino una cifra mucho más modesta, regulada por el propio mercado. Tal vez serían uno, cinco, cuarenta y uno o ciento veinte, pero serían libres y muchos españoles que hoy no encuentran un resquicio por el que poder reincorporarse al mercado laboral lo conseguirían. De lo contrario, no les quedarán demasiadas opciones: esperar a la llegada de los unicornios que traerán el pleno empleo, ser parados de larga duración o sumergir su empleo allí donde el Estado no es capaz de vigilar o imaginar que puede haber actividad económica.

Nos encontramos ante el enésimo parche que lo cambia todo para que todo siga igual. La negociación colectiva continúa imponiéndose a la voluntad del trabajador individual y los trabajadores privilegiados defienden sus conquistas sin importarles aquellos que se quedan al margen del mercado laboral. La solución no puede ser más socialismo, es una mayor libertad.

Competencia desleal y monopolio

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Según una noticia publicada en ABC, «los representantes de las asociaciones de libreros de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife tachan de competencia desleal la venta de libros de texto por parte de las Ampas (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) que está siendo permitida por la Administración Pública». Además, quieren «que se prohíba la venta de libros en los colegios» pues entienden, según el presidente de la Asociación, Antonio Ribero, que se «tiene que tener en cuenta que quienes les dan de comer a las editoriales son las librerías, no los colegios».

La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿las Ampas en los colegios reciben ayudas públicas que les permiten vender los libros con precios más baratos que el resto de competidores con cargo al contribuyente? Si la respuesta es afirmativa, estaríamos hablando de una competencia desleal como acusan los libreros.

Sin embargo, si es negativa, entonces estamos ante unas asociaciones que han sido capaces de vencer a sus competidores en el mercado bajando precios y satisfaciendo mejor a los consumidores, lo cual no solo no tiene nada de desleal sino que es la competencia más sana que existe.

Vamos a ponernos en el peor de los casos, las Ampas hacen competencia desleal porque reciben ayudas públicas que no llegan a los libreros. Si fuera así, los libreros, adscritos a estas asociaciones, deberían pedir el cese inmediato de este tipo de subvenciones por tratarse de una competencia desleal y ser una fuente de corruptelas donde algunos podrían llevarse algún que otro euro al bolsillo.

Algún lector podría pensar que los libreros deberían pedir que las ayudas públicas también lleguen a ellos, pero en ese caso los consumidores y contribuyentes saldríamos perjudicados.

Sin embargo, los libreros no solicitan el cese de las ayudas públicas que eliminaría la competencia desleal, sino la prohibición de la venta de libros en los colegios. Es decir, lo que piden es que el Estado les otorgue un privilegio.

Dicho en términos económicos, lo que quieren es tener el monopolio del suministro de libros de enseñanza a los usuarios y así poder ver garantizado sus beneficios sin necesidad de competir en el mercado satisfaciendo de la mejor manera posible a los consumidores, y si a todo esto le suman alguna ayuda pública que garantice aun más sus beneficios mejor que mejor.

La realidad es que el mundo de las librerías ha cambiado totalmente con la venta de libros por Internet. Hoy en día, gracias al ingenio empresarial e Internet, podemos conseguir cualquier libro a muy buen precio sin salir de casa.

Por ello, los libreros, en vez de solicitar privilegios monopolísticos, deberían pedir el cese de las ayudas públicas y buscar nuevas fórmulas de negocio para satisfacer a los consumidores y no seguir pensando que «quienes les dan de comer a las editoriales son las librerías» y no los compradores de libros, como dice el presidente de su asociación. Es muy probable que si no lo hacen tengan que cerrar sus negocios por haberse olvidado de una máxima del éxito empresarial, lo importante son los consumidores.

Ahorro de los costes de protección: dos ejemplos reales

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el comentario del pasado mes, me refería indirectamente a lo maravilloso que podría ser nuestro mundo si los negocios no precisaran de protección. Esto es, si realmente fuera posible que el protagonista de aquella historia, Eduardo el frutero, expusiera la fruta en la calle y la gente dejara el dinero y se llevara el género, con la tranquilidad de que nadie vaya a arrebatar uno u otro, o que si se hace, no ocurrirá en una cantidad tal que ponga en riesgo el modelo de negocio.

Es evidente que la protección, como toda actividad económica, conlleva un consumo de recursos que es necesario recuperar para que el negocio sea sostenible. La mayor parte de los empresarios lo tratan de hacer en el precio a sus clientes, mientras que otros, más astutos, quieren que seamos todos los ciudadanos los que lo paguemos, de una u otra forma, como ocurría en la historia de Eduardo.

De aquí es fácil deducir que si no fuera necesaria la protección, los precios de los bienes bajarían, en algún caso de forma considerable. Lo que ocurre es que, contrariamente a otras etapas del proceso productivo que resultan difícilmente evitables, los costes de protección sí parecen poder evitarse en caso de que todos actuáramos honradamente. Esto es, en el caso de que no hicieran falta recursos para proteger la propiedad privada, porque todos tuviéramos claro que es hay que respetarla[1].

A continuación me propongo describir dos ejemplos de modelo de negocio con que me he topado recientemente, en los que se eliminan dichos costes de protección, con evidentes ventajas para todas las partes involucradas.

El primer ejemplo lo observé en una aldea gala (aunque no la Asterix y Obelix). En una de las calles del pueblo hay una mesita y sobre ella frascos de confitura, quiero creer que de elaboración artesanal. Junto a los frascos, un cartel anuncia el precio (3 euros), y que tal ha de ser depositado a través de la ranura del buzón de la puerta. Nadie vigila, cualquiera puede llevarse el tarro de su elección sin pagar el precio, y sin riesgo de persecución policíaca. Y, sin embargo, ahí están los frascos, entiendo que no por primera vez.

El modelo parece funcionar por el bajo valor relativo de la mercancía expuesta. En el peor caso, el comerciante puede perder 10 o 12 frascos, no más. Si esta situación se reprodujera, obviamente dejaría de tratar de vender su mermelada por esta vía. Por otro lado, es un pueblecito pequeño en que solo cabe esperar la visita de turistas, que normalmente no son gente de mal vivir. Si a ello añadimos que normalmente el visitante será francés, que quizá apunte menos ademanes picarescos que los que provenimos de otras latitudes, parece que el riesgo de robo disminuye.

Y aunque no parece el ahorro de costes de protección visible en el precio (3 euros me parece caro para una confitura, por muy artesana que sea), lo cierto es que son otras ventajas las que se ofrecen al posible comprador. Una de ellas es la ausencia de horarios: este sistema permite la apertura 24x7x365 sin aumento de coste. Y otra la indudable comodidad de la transacción. En suma, se producen una serie de circunstancias que muestran la viabilidad del negocio sin necesidad de proteger la mercancía, basándose en la honradez del viandante.

El otro ejemplo que traigo es más jugoso, aunque, en lugar de referirse a frutas, lo haga al alquiler de coches. Se trata de una agencia presente en las islas Canarias, y que ofrece unos precios sorprendentemente baratos en comparación con el resto de sus competidoras. ¿Cómo puede ser? La transacción con la agencia no puede ser más sencilla: te dan las llaves, te dicen dónde está aparcado, y que lo aparques al devolverlo por la misma zona, dejando el coche abierto y con las llaves bajo el felpudo del conductor. No hay control de devolución; eso sí, insisten encarecidamente en que dejes el depósito con el nivel de gasolina al que lo encontraste.

En la confianza de que el arrendatario va a devolver el coche en las mismas condiciones que lo encontró, la agencia se ahorra el coste del personal necesario para controlar la devolución. El vehículo quedará en la zona de la nueva entrega, de forma que únicamente es necesario que acuda allí un empleado cuando haya que atender al siguiente alquiler. Todo ello al final se traduce en precios más baratos para el cliente, basados en la mutua confianza.

Es obvio que las condiciones en una isla (y más si es Canaria) facilitan enormemente la creación de confianza en el alquiler de un coche, por la sencilla razón de que normalmente será difícil sacarlo de allí una vez denunciada su posible sustracción. Y su localización dentro de un territorio tan limitado, tampoco habría de ser problemática. Por ello, se puede dejar el coche abierto y con las llaves dentro, algo impensable en otro sitio.

En cuanto al estado del coche, tampoco resulta problemático, pues el precio del alquiler incorpora un seguro a todo riesgo. El único punto por el que puede fallar el negocio es el de la gasolina, algo en que, como dije, insisten. Al final, este es el aspecto que realmente queda al arbitrio del conductor y en el que se ha de manifestar la mutua confianza que permite un precio tan barato.

En resumen: la reducción o eliminación de los costes de protección sería una bendición para la sociedad, pues se traduciría en precios menores para los productos que consumimos. Dicha eliminación no es imposible: determinadas circunstancias la facilitan, aunque siempre se va a requerir un cierto grado de mutua confianza para que el negocio sea viable.

Extrapolando, una lección que podemos extraer de las anteriores descripciones es que el respeto a la propiedad privada es en general beneficioso. Aunque individualmente nos convenga en un momento dado no respetarlo (llevarnos el frasco de confitura sin pagar, o devolver el coche sin gasolina), ello repercutiría en la desaparición de modelos de negocio muy satisfactorios para el individuo. Pensemos que si otros hicieran eso mismo que tan beneficioso nos puede resultar en un momento puntual, no podríamos haber comprado la confitura artesana francesa ni haber alquilado en Canarias a precio tan ventajoso.

[1] Ello no implica que no haya conflictos interpretativos, aunque fueran de buena fe, por lo que la justicia seguiría siendo necesaria incluso en tal escenario. No olvidemos que nos movemos en un mundo ambiguo sometido a interpretación subjetiva en que en muchas ocasiones los derechos de propiedad son interpretables.

De expertos, titulitis e intervencionismo

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando inventen el Nobel de Creatividad se lo van a dar a algunos políticos españoles, no me cabe la menor duda. En Madrid, por ejemplo, tenemos a auténticos lumbreras ordenando nuestras vidas. Bendita sea la democracia representativa. Hace un par de años tuvieron la brillante idea de poner multas de hasta 750 euros a quienes hurgaran la basura. No tengo muy claro si la estrategia pretendía ser disuasoria o recaudatoria pero dudo que en cualquiera de los dos casos tuviera mucho éxito. Cuando uno se ve en la necesidad de hurgar en la basura es muy poco probable que disponga de esa cantidad de dinero para hacer frente a la multa. Probablemente le importe muy poco que le multen. También hay quien no hurga por necesidad sino por afición. Conozco a muchas personas que han restaurado y reutilizado muebles y objetos de lo más variado que otras personas habían decidido desechar.

La última ocurrencia de que tengo noticia se ha conocido esta misma semana y se prevé que entre en vigor el próximo mes de octubre. (Por favor, no siga leyendo si está usted en la oficina o en una biblioteca, pues es muy probable que lo que viene a continuación le arranque una carcajada). Leo en La Vanguardia: “El Ayuntamiento de Madrid convocará el próximo mes de octubre las “pruebas de idoneidad” que deberán superar los músicos para tocar en las calles y plazas del distrito Centro (…) A falta de cerrar el texto, la prueba de idoneidad, que incluirá una audición y la presentación de un currículum, pretende fundamentalmente conocer qué tipo de espectáculo desarrolla el aspirante a la autorización. (…) La Junta quiere comprobar que se trata de una actividad musical "real" y no de una forma cualquiera de obtener unas monedas.”

Esta gente no sabe que uno difícilmente sobrevive tocando en la calle si no tiene un mínimo talento. Y aunque no lo tuvieran, si hay gente dispuesta a darles dinero, están en su derecho de hacerlo, que para eso es suyo (al menos el 40% que les queda después de pasar por la caja estatal). Incluso si quieren darle dinero a alguien que no está tocando ningún instrumento, también pueden hacerlo. Se llama altruismo, caridad, compasión. Y egoísmo, claro, porque el altruista en el fondo lo que busca es sentirse bien consigo mismo y lo consigue cuando sabe que ha hecho algo por alguien.

No quiero ni pensar en quiénes serán esos “expertos” encargados de hacer las audiciones a los aspirantes a músico callejero. Recuerdo al editor que rechazó el manuscrito de “El Alquimista” de Paulo Coelho. “Fue un baño de humildad”, me dijo. Y espero que a estos les pase lo mismo, que sean capaces de reconocer que ellos no son nadie para juzgar a nadie, porque al músico callejero quien lo juzga es la calle, la gente que pasa por su lado y decide darles o no dinero, sonreírles o mirarles mal o ignorarles.

Muchas personas han sido parte activa y fundamental en el progreso de la humanidad precisamente porque se alejaron de las normas establecidas o porque experimentando en campos ajenos hicieron descubrimientos importantes. Con ordenanzas como éstas no habríamos llegado muy lejos.

John Caldwell Holt decía que quien posee un certificado de capacitación pedagógica no está capacitado para enseñar. Probablemente tenía razón y probablemente su tesis se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. No hay nada más peligroso que colgarse la etiqueta de “experto”, sobre todo si se la adjudica uno mismo.

Sindicatos: generadores de pobreza

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Con la muerte de una de las mejores empresarias de la historia, Rosalia Mera, los sindicatos no han dejado pasar la ocasión para mostrar su odio a los empresarios, su radical mentalidad anticapitalista y su absurda retórica marxista. Autodotados de superioridad moral sobre el resto de los mortales, tratan de hacernos creer que son los protectores de los trabajadores y que son ellos los que propician realmente el crecimiento económico y el bienestar de los países.

Nada más lejos de la realidad. Son los empresarios (y los capitalistas), y no los sindicatos, los creadores de riqueza.

Son los empresarios los que están continuamente alerta para descubrir oportunidades de negocio, es decir, descubrir nuevos productos y servicios con los que satisfacer mejor a los ciudadanos; son ellos los que diseñan planes de negocios rentables y sostenibles que añaden valor a la sociedad; son ellos los que apuestan por procesos productivos largos que acabarán haciendo (¡con el tiempo!) más productiva a la sociedad; son ellos los que anticipan los salarios de los trabajadores antes de que los productos sean producidos y vendidos; son ellos los que se enfrentan a una incertidumbre inerradicable; son ellos los que deben conseguir financiación para llevar a cabo sus proyectos; son ellos los que deben innovar y mejorar día a día para ser competitivos; son ellos los que compran a un precio conocido para vender a un precio desconocido; son ellos los que se juegan su dinero tratando de anticiparse a un futuro incierto; son ellos los que deben dejarse la piel ¡cada día! para seguir manteniendo la confianza de sus clientes; y son ellos los que quiebran si no satisfacen necesidades de la sociedad.

Los sindicatos no tienen todos estos arduos y engorrosos problemas. No tienen que preocuparse de ofrecer una propuesta de valor cada vez más eficiente, eficaz y rentable. Tampoco tienen que preocuparse de su financiación: reciben muchos millones de euros del Estado. Concretamente 15,7 millones de euros en subvenciones en 2011, 11,1 millones en 2012 y 8,8 millones en 2013.

Lo deseable y justo en una sociedad libre sería que se financiasen con las cuotas de sus afiliados. Esta sería la mejor prueba de que los trabajadores valoran a los sindicatos. Ciertamente, si los trabajadores creyesen positivamente que las organizaciones sindicales velan por sus intereses pagarían las cuotas sin dudarlo ni un instante.

Pero no es así: el número de afiliados es cada vez menor, situándose actualmente en torno al 10-12% de los trabajadores. Un apoyo verdaderamente minoritario. Para que se pudiese hablar de ‘representación de los trabajadores’ se necesitaría al menos un 85-90% de afiliación (y aun así no sería justo para el 15-20% restante).

Cualquier otra organización con ese número ínfimo de afiliados no existiría en absoluto o tendría un tamaño e influencia residual en la sociedad.

Pero la alianza entre sindicatos y políticos hace que esto no tenga demasiada relevancia. Es el Estado el que inyecta la financiación a los sindicatos. Y lo hace mediante la extracción de renta de los agentes productivos de la sociedad a través de los impuestos. Coactivamente, de forma obligatoria, parte de nuestra renta se destina a estas organizaciones aunque la inmensa mayoría creamos que no nos benefician en absolutamente nada o que incluso nos perjudican enormemente.

¿Y a cambio de qué perdemos una parte de nuestra renta para regalársela a los sindicatos? A cambio de tener una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado.

Aprovechándose del inmerecido y asombroso poder que otorga la Constitución a estos agentes “sociales”, los sindicatos mayoritarios cuentan con potestad para imponer por ley salarios y todo tipo de condiciones laborales a empresarios y trabajadores en España. No es de extrañar, por tanto, que la tasa de desempleo supere el 26%, la más elevada de la Unión Europea junto con Grecia.

Y es que cuando el rango salarial y las condiciones de trabajo son impuestas desde arriba y no son pactadas libremente entre empresario y trabajador, se desligan los salarios de la productividad, poniendo en serio peligro la supervivencia de toda la empresa y todos sus trabajadores debido a la pérdida de competitividad y márgenes del negocio.

Los sindicatos no crean riqueza, la destruyen. Y lo hacen provocando desempleo masivo, cierre de empresas y consumo de capital. Para aspirar a ser una sociedad próspera y libre es imperativo eliminar los privilegios legislativos que ostentan estos agentes “sociales” generadores de pobreza.

@jmorillobentue