Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

"No hay suficientes canales legales abiertos para aquellos que quieren migrar y cuyo trabajo puede ser requerido". Brunson McKinley.

"El verdadero debate es entre aceptar y negar la realidad. La raíz del problema es que demasiados extranjeros han estado persiguiendo demasiadas pocas visas". Álvaro Vargas Llosa.

"Permitir más inmigrantes legales, curiosamente, podría reducir el número de inmigrantes totales". Steve Chapman.

 "Los procesos migratorios son de naturaleza a largo plazo, mientras que el ciclo de la política es esencialmente a corto plazo y, a menudo, determinado por la duración de los periodos electorales". Stephen Castles.

"Cargar una tarifa (de entrada) sería una manera mucho más eficiente de controlar la migración que el uso de cuotas y otros sistemas de control burocrático". Gary Becker.

El actual régimen migratorio impide que la mayoría de las personas honestas y trabajadoras de otros países que quieran mejorar su situación puedan hacerlo legalmente. El fenómeno de la migración por el mundo es pertinaz porque existen detrás poderosas motivaciones. Los trabajadores no especializados tienden a ser menos en las naciones desarrolladas, mientras hay abundancia de ellos en los países no desarrollados. Por desgracia, la inmigración clandestina es actualmente mucho más eficiente que la legal porque esta última no responde a las verdaderas necesidades de la economía y, con sus numerosos y prolongados trámites, tiende a la escasez. Ésta es consecuencia de la planificación burocrática.

Una alternativa para mitigar los flujos migratorios sería intensificar los intercambios comerciales y suprimir todo tipo de barreras de entrada a los productos provenientes de los países exportadores de mano de obra. Permitir decididamente la especialización de los países en vías de desarrollo es una buena opción, pero es insuficiente. La inmigración sigue siendo necesaria.

Ésta hace posible que la mano de obra se acerque al capital. Reduce, por tanto, la miseria de los más pobres. El proceso inverso –el trasladar el capital hacia donde se encuentra la mano de obra abundante- no es fácil ni inmediato en nuestra presente semi-globalización. La seguridad jurídica e institucional necesarias para ello es difícil de lograr y sostener en buena parte de los países en vías de desarrollo.

Como ha dejado escrito el analista del Cato Institute, Alex Nowrasteh, toda la seguridad del mundo no podrá separar a los trabajadores migrantes con determinación de llegar adonde están las oportunidades económicas. Es necesario, por tanto, realizar un acercamiento más realista y flexible al fenómeno de la movilidad internacional de trabajadores por parte de los gobiernos de los países de acogida.

Los políticos deberían dejar de centrar los debates en si "amnistiar", encarcelar o deportar a los "ilegales" y enfocarse en tomar medidas razonables e inmediatas para dejar de engordar su número. La historia, además de la economía, sugiere que la mejor manera de hacerlo es facilitando más canales legales para acoger a los trabajadores extranjeros. Por increíble que parezca, los inmigrantes prefieren vivir de forma legal antes que en la economía sumergida, donde apenas pueden mejorar sus condiciones de trabajo, donde no tienen acceso al crédito, no pueden aumentar su productividad y donde se enriquecen injustamente a su costa los traficantes humanos y los falsificadores de documentos.

Consecuentemente, se debería regularizar (no amnistiar) la situación de millones de inmigrantes en situación irregular (mal llamados "ilegales") que estén ya trabajando de facto y viviendo entre nosotros a cambio de que abonen una tasa razonable y pasen los necesarios filtros por motivos de seguridad. También, para evitar tener que regularizar la aparición de nuevos "ilegales" en el futuro, lo más sensato sería tumbar las regulaciones contraproducentes así como flexibilizar los costes burocráticos y, por tanto, facilitar considerablemente en los países prósperos la concesión de visados o permisos de trabajo. Hoy día son desesperantemente escasos los otorgados por las autoridades. De esta forma, se ampliarían los canales legales para entrar en un país y se canalizarían a los inmigrantes hacia el mercado legal, mejorando su situación jurídica y reduciendo su explotación por mafias o empresarios sin escrúpulos. Se impulsaría asimismo la inmigración circular o de retorno ya referida en otro comentario anterior.

Los políticos y burócratas han de entender que para combatir la existencia de cualquier mercado negro se ha de reducir irremediablemente los costes de la legalidad. No integrar a los inmigrantes en el mercado legal cuesta a la sociedad en su conjunto mucho más que mantenerlos en la clandestinidad.

Esto no excluye, por supuesto, el hacer el debido y necesario control por parte de las autoridades por motivos de seguridad y de prevención de entrada de criminales en el país de acogida. Dichas medidas no solo serían políticamente correctas sino moral y económicamente acertadas.

Pero reducir los costes de entrada no quiere decir en absoluto convertir la legalidad de inmigrar en gratuita ni en automática. Debiera establecerse un mercado de derechos de inmigración y desmantelar buena parte de las disposiciones restrictivas a la inmigración que existen en la actualidad decretadas desde los diferentes gobiernos centrales. La solución radical propuesta por Gary Backer me parece la mejor alternativa al embrollo de reglas de racionamiento que tenemos en la actualidad. Es decir, debemos pensar en la inmigración como un mercado y, por tanto, ante el exceso actual de demanda por entrar en los países ricos debería subir el precio del acceso a las ventajas que éstos ofrecen.

De hecho, existe desde hace tiempo la práctica asentada en muchos Estados de vender derechos de residencia a los ricos extranjeros. Tenemos en España experiencia reciente en aprobar el otorgamiento de permisos de residencia a extranjeros condicionados a que compren inmuebles por un importe determinado. Esto no significa ni mucho menos que se deba de desembolsar siempre semejantes cantidades. Bastaría con poner un precio suficientemente elevado, pero asequible, para poder tener derecho a la entrada legal en el país de acogida; una cantidad suficiente para poner en valor el derecho a inmigrar pero no excesiva para lograr expulsar a las mafias del mercado. Al fin y al cabo el inmigrante ya paga un precio nada despreciable a mafias y falsificadores de documentos ante la desesperante escasez de medios para entrar legalmente. No se trata del precio sino de a quién ha de pagarse.

El monopolio de entrada legal a cada país lo tiene actualmente en exclusiva su gobierno nacional por lo que puede modular el precio hasta hacer muy poco atractiva la entrada ilegal concurrente. Con ello se lograrían dos objetivos simultáneos: disminuir el volumen de inmigrantes ilegales y dotarse de una fuente de ingresos para el Estado con la que poder reducir la presión fiscal a los nativos contribuyentes.

Si a algunos les pareciera inaceptable establecer tarifas de entrada al inmigrante sin recursos y sin posibilidad de financiarse, para estos casos se podrían retomar los programas de "trabajadores-huéspedes" o de trabajadores temporales que existieron en pasadas décadas pero adaptados a las necesidades actuales para lograr una solución satisfactoria para la seguridad y el control de sus flujos. Estos programas deberían regirse por los siguientes principios: todos los trabajadores extranjeros con intención de residir más de un cierto número de meses en un país debieran ser rápidamente provistos de documentación de identidad, los permisos de residencia debieran ser, al menos inicialmente, de corto plazo y fácilmente renovables, el estatus legal del trabajador temporal debiera ser semejante al del turista que reside temporalmente en el país de acogida (es decir, no debiera ser un camino automático para la ciudadanía ni para la obtención de derechos sociales), debiera evitarse una onerosa burocracia y no permitir la gestión gubernamental del mercado de trabajo migrante sino la participación al sector privado en las labores de colocación. El trabajador temporal debiera depositar al inicio una fianza a la entrada que fuese reembolsable a la salida (una vez comprobado que ha cumplido con todos los requisitos del programa de "trabajadores-huéspedes" y demás leyes del estado de acogida), los trabajadores temporales debieran buscarse un empleador/patrocinador (o, en su caso, su sustituto cuando terminen su anterior empleo) en un periodo de tiempo razonablemente corto (caso de no encontrarlo debiera dejar el país y recuperar su fianza) y, por último, debieran aplicarse penalizaciones (económicas y/o prohibición de entrada futura) para aquellos que no cumplan con el programa de trabajo temporal pues no habría justificación para trabajar fuera del sistema, especialmente el que tiende o favorece la libre entrada.

Además, si los sindicatos están de verdad preocupados acerca de los abusos que sufren ciertos trabajadores inmigrantes temporales, la solución sería defender que los visados sean portables y no estén ligados a un empleador concreto para que así el trabajador extranjero tenga poder de negociación ante el empleador y no se vea atado a él.

Sea cual sea el mecanismo elegido para flexibilizar las fronteras y liberalizar las leyes de inmigración, sería absolutamente necesario adoptar otra serie de medidas complementarias, como se tratarán en comentarios posteriores, para evitar que se exacerben los conflictos con los nuevos llegados o que el temor de los nativistas a una "avalancha" se vea alimentado. Se tendría, pues, que: restringir en todos los casos a los recién llegados el derecho a los beneficios de cualquier ayuda social hasta que no se haya contribuido, al menos, un número suficiente de años; se deberían abandonar las políticas de multiculturalismo y de discriminación positiva, también se debería limitar mucho más el derecho de voto a elecciones generales –no así a las locales- hasta cumplir una serie de requisitos. Se deberían enfocar finalmente los recursos existentes, tanto de los agentes de frontera como de los encargados del orden público, en evitar actuaciones realmente delictivas (y no desperdiciarlos como ocurre en la actualidad en perseguir y detener a "ilegales" como si fueran delincuentes). Todo ello sería imperfecto pero mucho mejor que, tal y como denuncia Bryan Caplan, tratar a los inmigrantes peor que a los extranjeros.

Asimismo se debería dar participación en la decisión de entrada de trabajadores extranjeros a las entidades administrativas locales y municipales, más cercanas al ciudadano, que son las que más directamente se ven afectadas con la llegada de foráneos, aunque sólo sea para acordar con ellas la dotación de recursos necesarios para el mantenimiento de infraestructuras básicas o para garantizar el orden público. Hoy en día la competencia sobre asuntos migratorios está atribuida con muy pocas excepciones y en exclusiva a los gobiernos centrales. Esto debería cambiar: las administraciones locales deben participar también en dicha gestión como ocurre ya en la actualidad con Canadá.

Ciertamente, para desactivar los terrores nativistas, sería muy recomendable también establecer inicialmente topes de entrada de trabajadores extranjeros mucho menos estrictos que los actuales; pero topes a fin de cuentas. El propio Hayek desaconsejaba una llegada masiva y repentina de inmigrantes a un país concreto porque daría pie a reacciones nacionalistas descontroladas y peligrosas. Una cosa es ser liberal y proclive a una mayor apertura de fronteras y otra cosa completamente distinta es ser un defensor extremista de una idea sin importar sus consecuencias prácticas. En este sentido, Julian Simon proponía que se estableciera un objetivo para aceptar extranjeros (el 0,5% o el 1% como máximo de la población total en ese momento) para, una vez alcanzado, comprobar si hubieran surgido o no externalidades importantes. Caso de que se verificasen, se frenaría el proceso de apertura de fronteras por un tiempo. Si no las hubiera, se marcarían nuevos objetivos para la aceptación o acogida de nuevos trabajadores foráneos.

Intentar desplazarse para buscar un futuro mejor para sí y para su familia es legítimo y es éticamente irreprochable. Aquellas leyes que establecen cuotas o restricciones excesivas a la inmigración y que, por tanto, convierten en "ilegales" o "criminales" a los trabajadores por el mero hecho de haber nacido en otros lugares son leyes inmorales e injustas. Sólo las acciones pueden llegar a ser ilegales, nunca las personas. Un sistema burocrático que clasifica a las personas como ilegales por su sola procedencia es un sistema fundamentalmente erróneo y precisa ser reformado en su integridad.

Los empecinados defensores del actual statu quo similar a un Apartheid Global de leyes restrictivas de entrada a extranjeros pueden insistir en que éstas siguen siendo ley al fin y al cabo, pero habría que recordarles que a lo largo de la historia del hombre no pocas cosas inmorales o estúpidas fueron leyes como sucedió con la esclavitud, la propia Ley seca o las denominadas leyes de Jim Crow. Recuerdo siempre en estos casos a F. Bastiat que argüía que las leyes, para lograr que sean respetadas, antes que nada han de ser respetables. Cuando hay un desacato generalizado de las mismas (por parte de inmigrantes indocumentados y de nacionales deseosos de contratar con ellos) sin formar parte de un complot es que van en contra la propia naturaleza humana. Los nativistas/restriccionistas a la inmigración pese a ampararse en la ley vigente padecen la misma miopía que tuvieron en su momento los esclavistas, los prohibicionistas del alcohol o los segregacionistas. Ciertamente defendían esas específicas leyes vigentes de su época, pero eran leyes manifiestamente injustas y contraproducentes.

Defender la rule of law no quiere decir defender incondicionalmente cualquier medida que sea aprobada legalmente. Las leyes han de ser, además, legítimas y aquellas que violan derechos básicos de las personas deben ser revocadas como lo fueron en su momento las leyes de esclavitud, las leyes de segregación racial o la 18ª Enmienda de la Constitución de los EEUU.

El profesor de filosofía de la Universidad de Ohio, Mark LeBar, ha expresado el estado actual de cosas de forma meridianamente clara, tal y como hacen siempre los buenos pensadores. La inmigración ilegal es, según este profesor, uno de los pocos asuntos problemáticos de la agenda política actual que realmente se podría solucionar con una varita mágica: legalícese.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V y VI.

“En un mundo en el cual la economía de mercado gana parcelas crecientes de influencia, la importación y exportación de capital humano se rigen por criterios casi soviéticos“. Lorenzo Bernaldo de Quirós

He propuesto militarizar la frontera y que usemos drones, sensores, cámaras, radares y cualquier otra ventaja tecnológica que tengamos en este país para realmente controlar nuestras fronteras”. Tom Tancredo (Congresista republicano por Colorado, de origen italiano)

“Los Estados no saben ni pueden ordenar el comercio o la industria, y tampoco la inmigración: por tanto la política de la UE desembocará en una indeseable combinación de ineficiencia y represión”. Carlos Rodríguez Braun

“Nuestros oficiales de seguridad de frontera dedican, por desgracia, la mayor parte de su tiempo persiguiendo a migrantes que vienen al norte para segar nuestro césped o hacer eructar a nuestros bebés”. Jason L. Riley

“Tratar de detener la migración de personas es moralmente inaceptable y una franca estupidez económica“. Philippe Legrain

“Los ciudadanos domésticos pueden con las barreras a la inmigración perder más como consumidores que lo que ganan como trabajadores“. Murray Rothbard

En cualquier época una parte de la humanidad ha estado siempre en movimiento, unas veces voluntariamente y otras de forma forzada. No existe ninguna nación del mundo con una población fija y homogénea. Con la Ilustración se dio un gran paso en la historia del pensamiento al cristalecer el concepto de “hombre” que englobaba a todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión o cultura. Sin embargo, la aparición del moderno Estado-nación, relativamente reciente desde el punto de vista histórico, encumbró desmesuradamente el sentimiento de identidad nacional haciendo incómodo convivir con minorías y tratando, a partir de entonces, la inmigración con recelo.

Una de las características de las modernas políticas migratorias en los países desarrollados es su naturaleza restrictiva. La inmigración es entendida, en términos de seguridad, generalmente como un problema y los gobiernos respectivos sienten la necesidad de actuar para hacer frente a dicha amenaza.

Precisamente cuando la globalización económica está desnacionalizando la economía mundial, el fenómeno migratorio está impulsando la renacionalización de la agenda política mediante las barreras de acceso de trabajadores extranjeros al territorio estatal y los controles internos de su población.

Por desgracia, los Estados han establecido complicados procedimientos para el control de la inmigración; sus políticas se han convertido en hostiles frente al inmigrante. Son, además, un fracaso esquizofrénico. Fracaso porque se enfocan en la restricción arbitraria de visados, en controles, en las deportaciones y sanciones pero fallan en cubrir la demanda real que hay en cada país de mano de obra extranjera (cualificada o no). Por tanto, fracasan en facilitar una necesaria inmigración legal que responda eficazmente a la demanda de los empleadores por trabajadores extranjeros.

El comportamiento de los gobiernos ante la inmigración es también esquizofrénico porque, por un lado, se imponen duros requisitos a los legales para obtener el permiso de residencia junto a deportaciones de los “ilegales” y, por otro, se otorgan de tanto en tanto “amnistías” a todos aquellos que han logrado entrar sin los visados o documentos requeridos por su propia burocracia. Esto obedece a que los países industrializados no han conseguido amortiguar las corrientes hostiles anti-inmigración de su población (propias de sociedades cerradas) y al mismo tiempo tienen absoluta necesidad de mano de obra complementaria ante el mayor nivel formativo y el envejecimiento de su propia población.

La consecuencia directa de estas medidas que buscan de manera cortoplacista el interés propio pero que reflejan una profunda ansiedad es una menor productividad y especialización y, por tanto, un menor aumento generalizado de la renta per cápita. En otras palabras, con estas barreras artificiales de los gobiernos lo usual es que haya una población por debajo de su óptimo potencial en los países de rentas altas y un exceso de población sobre su óptimo en los países de rentas bajas.

Pero es que, además, estas políticas restrictivas a la inmigración tienen su indeseable ristra de consecuencias no deseadas. El mayor coste es la crisis humanitaria en términos de muertes ante intentos de alcanzar y atravesar las fronteras, detenciones, aumento descontrolado de la llegada de los “sin papeles”, enriquecimiento de mafias que trafican con seres humanos para introducirlos ilegalmente y expansión de una economía en la sombra en la que los inmigrantes “ilegales” son vulnerables a la explotación (con el consiguiente quebranto de las leyes laborales e impuestos no pagados). Incitan a muchos de los trabajadores extranjeros hacia la economía sumergida, cebando, por tanto, una mentalidad de ilegalidad que sólo puede traer externalidades negativas.

Contrariamente a lo que sucede por lo general en un mercado negro que hace subir siempre el precio de la mercancía prohibida, el mercado negro laboral paradójicamente obedece a una lógica inversa: la inmigración clandestina rebaja el precio de la mano de obra. Hay un soterrado y escalofriante mercado oculto de esclavos modernos del cual apenas se tiene conocimiento. Eso, cuando no empuja a algunos inmigrantes mismos al mundo de la criminalidad por falta de perspectivas legales (así, tendríamos la profecía auto-cumplida para los contrarios a una mayor liberalización de las leyes de inmigración).

Por otro lado, se está incrementando artificialmente el número de peticiones simuladas de asilo político (institución humanitaria de larga y loable tradición) cuando lo que representan en realidad son meros deseos de trabajar en el país de destino, perjudicando la concesión de verdaderas y necesarias peticiones de asilo. Se está propagando una corrosiva e insana actitud de desconfianza de la población nativa hacia los inmigrantes que son percibidos como incumplidores de la ley en vez de trabajadores o emprendedores potenciales. Esto sin contar, como todo servicio dispensado de forma planificada, con la existencia de inevitables ineficiencias y sobornos a burócratas a los que se les da el poder y los instrumentos de decretar ni más ni menos la legalidad o ilegalidad “humana”, amén del surgimiento a sus espaldas de paralelos negocios criminales de falsificación o robo de documentos.

Todas estas consecuencias negativas humanitarias y económicas se achacan injustamente de manera exclusiva a los propios inmigrantes cuando su origen son los draconianos controles migratorios diseñados por políticos y ejecutados por burócratas con la finalidad de adoptar un falso sentido de seguridad. Las políticas actuales en torno a la inmigración nos traen el peor de los mundos posibles: son no solamente medidas crueles y costosas sino que son ineficaces y contraproducentes. Lejos de proteger a la sociedad, éstas socavan la ley y el orden. Todo ello no ha impedido que los gobiernos de los países más prósperos sigan aprobando incrementales controles sobre la inmigración.

El caso paradigmático es el de EE UU. A raíz de la amnistía de unos tres millones de indocumentados llevada a cabo por Reagan en 1986 (que pilló con el paso cambiado a buena parte de los correligionarios conservadores de su partido) se fueron aprobando sucesivas leyes que fueron haciendo cada vez más difícil la entrada de inmigrantes en suelo norteamericano. A esto se unieron medidas de endurecimiento de control fronterizo como la Operación Gatekeeper de la era Clinton. Políticos y burócratas elaboran mitos para promover sus propios intereses. La proposición 187 de Bill Clinton se anunció para lograr el objetivo de frenar el paso de “ilegales” a través de la frontera de San Diego-Tijuana, la más concurrida del mundo. Para ello se levantaron cientos de kilómetros de verja, se contrataron nuevas patrullas fronterizas y se dobló su presupuesto. Esta iniciativa resultó en fracaso porque no se detuvo el flujo migratorio ilegal; tan sólo se desplazó desde San Diego-El Paso hacia el desierto y las montañas.

Posteriores iniciativas similares han dado como resultado la “militarización” de la frontera de EE UU con México, el uso de detectores, de videocámaras, el desproporcionado aumento de los recursos y del número de agentes de patrulla fronteriza, la erección de un muro entre los dos países y la puesta en práctica a nivel nacional del programa de verificación vía red (e-verify) de empleos -introducido inicialmente en el estado de Arizona – con las consiguientes sanciones para aquellos empleadores o empresarios que lo incumplan. Se trata de la serie de medidas más drásticas hasta ahora utilizadas para separar físicamente a dos países que supuestamente son amigos y han firmado un ambicioso acuerdo de libre comercio (NAFTA). Es una actitud contradictoria.

Paradójicamente, se está atrapando además a menos gente “sin papeles” en la frontera porque las rutas de ingreso cambian de las zonas urbanas al desierto, más difícil de controlar y más peligrosas, por lo que el número de muertes han aumentado con respecto a años pasados y se ha fomentado el surgimiento de mafias más poderosas que trafican impunemente con personas indefensas. Parecidas desgracias se producen recurrentemente en torno al Sahara y en las costas mediterráneas o australianas. Un caso especialmente indignante es la ley italiana Bossi-Fini, aprobada en tiempos de Berlusconi, que prohíbe de tapadillo a los pesqueros prestar ayuda en el mar a los inmigrantes (i.e. rescatarles de la muerte), pudiendo ser incluso acusados si lo hacen del delito de favorecer la inmigración clandestina.

Las políticas restrictivas de entrada al espacio Schengen tienden hacia el mismo camino emprendido por los políticos estadounidenses al crear una frontera común exterior. Ha logrado, además, que los países limítrofes no europeos se hayan comprometido, a cambio de ciertos acuerdos y compensaciones económicos, a hacer de gendarmes frente a los que quieren acceder a Schengenlandia. Se subcontrata a países terceros, donde los estándares de respeto a los derechos humanos son bastante menores que los de la UE, con lo cual los abusos y violaciones que soportan los migrantes son mayores. Se intenta impermeabilizar la frontera de manera menos descarada que en los EE UU pero el grado de sufrimiento y coste en vidas humanas es también muy alto. El caso más próximo y lacerante a nosotros es el de subsaharianos en Marruecos en tránsito hacia España.

Asimismo se han ido extendiendo tanto en los EE UU como a lo largo de la periferia de las fronteras de Europa los conocidos aquí como Centros de Internamiento de Extranjeros, de más que dudosa justificación ética, por ser lugares de encierro preventivo de indocumentados en condiciones bastante precarias. Lugares donde quedan detenidos sin juicio previo y sin que se sepa cuándo se les va a soltar. Este modo abusivo de proceder llevado a cabo contra personas foráneas, cuyo único “delito” es haber intentado pasar la frontera sin visado es aberrante. Los gobiernos suelen ocultar la existencia de estos penosísimos centros de internamiento de hombres y mujeres extranjeros. Cuando no hay más remedio que referirse a ellos, intentan justificarlos “criminalizando” a todos los reclusos allí encerrados cuando la verdad es que sólo una minoría de ellos estaría relacionada con comportamientos realmente delictivos.

Por si esto fuera poco, las barreras externas de las fronteras vienen acompañadas siempre de controles internos para intentar “cazar” a los inmigrantes indocumentados que están ya dentro del país. Los controles no sólo se llevan a cabo en calles, plazas, mercados y otros sitios públicos sino que alcanzan también a los lugares de trabajo, sancionando a aquellas empresas que contraten a inmigrantes “sin papeles”. Una vez es detectado al inmigrante indocumentado, se le detiene para, posteriormente, proceder a su expulsión… para volver a intentar de nuevo el paso a través de la frontera ilegalmente en un ciclo sin fin. Hoy en día se calcula que 16 millones de mexicanos, 2 millones de salvadoreños, 1,5 millones de inmigrantes guatemaltecos y otro millón de hondureños trabajan en Estados Unidos; más de un tercio largo de los cuales aproximadamente carecen de documentos.

A pesar de que en los últimos cinco años han crecido las deportaciones de forma masiva en el mundo, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), no se han detenido de forma significativa los flujos migratorios ni las remesas enviadas a sus familiares por los inmigrantes. Vimos en un comentario anterior cómo la existencia de cinco fuerzas irresistibles hará que se produzcan en el futuro mayores flujos migratorios a los actuales. Es, pues, extremadamente difícil pararlos. La tozuda persistencia de una inmigración irregular es la expresión más elocuente del desajuste de lo planificado por los burócratas de los ministerios o agencias de trabajo e inmigración con la propia realidad y dinámica de los procesos de mercado.

Todos los países desarrollados de América, Europa, Oceanía y parte de Asia necesitan a millones de inmigrantes de baja, media o alta cualificación. Pero, en vez de atender dicha necesidad perentoria, se persigue una quimera: que vengan sólo aquellos que determinen los burócratas, tanto en el número como en la capacidad o formación que ellos estimen pertinente pese a mostrar desde sus despachos un completo desconocimiento de la lógica interna de las migraciones. Es sencillamente imposible saber el número de inmigrantes que necesita un país y sus empresas en un determinado momento de forma centralizada al igual que es imposible planificar correctamente cuánta leche hay que producir o cuántos coches hay que fabricar desde un órgano central. Pese a ello los gobiernos de países como Canadá, Australia, Reino Unido o EE UU siguen insistiendo en dicho error y aprobando programas para favorecer únicamente la entrada de inmigrantes de alta cualificación o de estudios superiores (mediante los llamados skilled worker programs). El resultado no puede ser sino disfuncional.

Los diseñadores de políticas migratorias que pretenden que entren sólo en el país de acogida los trabajadores de altas capacidades y no los de baja o media cualificación aduciendo que así beneficiaría la economía nacional, demuestran tener una mentalidad arrogante y anti-económica. Es cierto que América, Europa y Oceanía tienden cada vez más a ser economías basadas en el conocimiento, pero eso no quiere decir que puedan prescindir totalmente de trabajos poco cualificados. Cada hotel requiere no sólo ejecutivos sino también recepcionistas, personal de limpieza y camareros. Cada hospital necesita de médicos y enfermeras cada vez más especializados pero también de celadores, cocineros, personal de lavandería o de seguridad. La realidad social es muy compleja y es vano planificarla en exceso.

A pesar de las constantes deportaciones masivas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad norteamericanas todos los años y -en menor medida- europeas, se ha demostrado año tras año que el pretendido control del flujo migratorio es un completo fracaso. En la actualidad se estima que hay en EE UU unos doce millones de indocumentados. En Europa pueden llegar a ser cincomillones.

Los conservadores nativistas de los EE UU que alegan que ya se intentó una amnistía con la IRCA en 1986 y que no sólo no acabó con el problema de la inmigración ilegal sino que la multiplicó desde entonces por cuatro, desenfocan totalmente el asunto. Los tres millones de personas que fueron legalizadas allá por 1986 habían sido ya absorbidas por el mercado. El problema con la IRCA y las sucesivas leyes de inmigración que fueron luego aprobadas es que sus diseñadores ignoraron las necesidades futuras de mano de obra por parte de los empleadores de los EE UU. Esto se confirma cada año pues se estima que entran de media unas 400.000 personas al año de forma ilegal en EE UU lo que quiere decir que, pese los cientos de miles de deportaciones anuales, los visados de trabajo que se otorgan cada año por el gobierno federal son muy insuficientes.

Recordemos ejemplos históricos de políticas extraviadas de los EEUU en relación con la inmigración. La discriminación de los inmigrantes por país de origen que supusieron las leyes excluyentes de los chinos en 1882 o las leyes racistas de inmigración de 1924 fueron completamente arbitrarias y, además de causar sufrimiento, no hubo evidencia alguna para establecer que un tipo de inmigración por razones étnicas o religiosas fuese mejor que otra. Tales prejuicios xenófobos han mostrado ser falsos a lo largo de la historia, además de que son injustificables en sociedades abiertas.

Por el contrario, la experiencia del Programa “Bracero” de los EE UU que tuvo lugar de 1942 a 1964 es aleccionadora. Debido a la escasez de agricultores nacionales que trajo consigo la implicación de los EE UU en la Segunda Guerra Mundial, la administración de Roosevelt (él mismo de ancestros inmigrantes) estableció un ambicioso programa de liberalización de la movilidad laboral por el que se dieron muchas facilidades para que inmigrantes, mayormente mexicanos, fueran contratados para las labores estacionales en el agro de los EE UU todos los años. Mientras estuvo en vigor dicho plan, cientos de miles de mexicanos cruzaron la frontera de manera legal en ambos sentidos. La entrada masiva de ilegales, que era ya un problema serio, se desplomó. Fue todo un éxito. Sólo la oposición, años después, de los sindicatos por su competencia de salarios a la baja hizo que dicho plan se cancelara en 1964. A consecuencia de ello, el fenómeno de entrada de “ilegales” reapareció una vez más como el Guadiana.

Las barreras y los controles no paran realmente al migrante sino más bien le incitan a pasarse a la clandestinidad. Hacen que los flujos se vuelvan invisibles. Los malos no son los “ilegales” que quieren trabajar y buscar un mejor futuro para sí y sus familias en otros países sino las restrictivas leyes y cuotas migratorias de los países de acogida que no atienden a las necesidades de su economía y obligan a muchos a cruzar fronteras por canales paralelos al legalmente establecido. Este antecedente del Programa “Bracero” ofrece evidencia de qué es lo que, en parte, se debe hacer frente a la inmigración.

No obstante, es como si los republicanos hubieran tirado la toalla en la batalla de las ideas en torno al fenómeno de la inmigración. Solo saben cerrarse en banda y proponer más barreras, mayores controles fronterizos, endurecer las sanciones al empleador que contrate con “ilegales” y promover más deportaciones. Dificultan la entrada legal a los inmigrantes, y con ello creen resolver el problema.

Solo dos presidentes republicanos, Reagan y Bush, ambos ex gobernadores de Estados fronterizos con México, se atrevieron a mirar de frente a la realidad de la inmigración y a la necesidad que tiene de ella los EE UU. Lucharon cada uno a su manera frente a la corriente mayoritaria de su GOP contraria hasta el día de hoy a tratar este tema con ciertas dosis de sensatez. Parece como si dieran por perdidos a los inmigrantes. Craso error: se sorprenderían comprobar hasta qué punto el espíritu de emprendimiento y la tenacidad de muchos de ellos y sus familiares les situaría ideológicamente cercanos a ellos. Por su parte, los demócratas tienen buena prensa entre los inmigrantes; Obama prometió una ambiciosa reforma en torno a la inmigración en 2008 que avanza con paso de tortuga y la realidad es que ningún presidente anterior alcanzó nunca el número de deportaciones bajo su administración (para finales de 2013 se espera que se llegue a la cifra de dos millones de deportados que vivían o trabajaban en suelo americano durante su mandato y que bien podían haberse beneficiado de la tan cacareada reforma si la hubiera aprobado). Va a tener el dudoso honor de ser el presidente con más deportaciones absolutas de inmigrantes a sus espaldas; y se le suponía un presidente amigo de los mismos…

Las barreras políticas a la inmigración son una fuente de problemas y distorsionan los procesos de mercado laboral internacional. Deben liberalizarse las leyes sobre la inmigración. En EE UU el político republicano con las ideas más claras al respecto sea tal vez Grover Norquist, el mismo que lleva defendiendo desde hace casi tres décadas el bajar y simplificar los impuestos.

Como veremos en un comentario posterior, en tanto en cuanto la competencia en materia de inmigración sea un asunto de Estado-naciones y no se pueda confiar mejor en otras administraciones locales más cercanas al ciudadano o en mecanismos más pro-mercado para regular los flujos migratorios, la mejor opción por el momento sería facilitar por parte de los gobiernos de los países desarrollados muchos más visados de trabajo temporal a los inmigrantes que lo soliciten y no sean desmerecedores de ellos y, al mismo tiempo, fomentar programas de “trabajadores-huéspedes” o trabajadores temporales que tan buenos resultados dieron históricamente. Todos saldríamos ganando.

Sin embargo, hay una manifiesta falta de voluntad política para integrar en serio a los inmigrantes indocumentados. La actual política migratoria de los países desarrollados es un sistema roto e inestable.

Caso de mantenerse la severidad de las restricciones actuales a la inmigración, estaríamos insistiendo en un esfuerzo inútil al modo de Sísifo o, más certeramente en palabras de Bryan Caplan, en una solución en busca de un problema.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV y V.

  "El mayor acto de misericordia que puede practicar una familia numerosa hacia un recién nacido es matarlo" Margaret Sanger

 "La sociedad debe considerar el plasma genético como perteneciente a la sociedad y no únicamente al individuo que lo porta" Harry H. Laughlin

"Ha llegado la hora de que cada país requiera una política nacional que determine qué tamaño poblacional es el más idóneo… Más adelante llegará el tiempo en que la comunidad en su conjunto deba prestar atención a la cualidad innata y no al mero número de sus miembros futuros." John M. Keynes

"Debe haber una relativamente indolora erradicación antes de nacer o bien una más dolorosa eliminación de individuos tras el nacimiento" Garrett Hardin

"La batalla para alimentar la humanidad se ha perdido" Paul Ehrlich

"Algunas de las ideas en que se basan tales políticas tendentes a limitar la población son realmente indignantes" Friedrich Hayek

"Si la población no hubiera crecido más allá de los cuatro millones de personas que poblaban la tierra hace diez mil años, probablemente no tendríamos ni luz eléctrica, ni calefacción de gas, ni automóviles, ni penicilina, ni habríamos viajado a la luna. Los seres humanos se convierten entonces en el último recurso" Julian L. Simon

El historiador norteamericano John Higham define el nativismo en su obra seminal, Stangers in the Land, como un estado mental cargado de emociones que se manifiesta en una oposición intensa contra una minoría étnica, religiosa o cultural bajo la premisa de sus conexiones extranjeras. Las antipatías culturales y los juicios etnocéntricos constituyen las características más evidentes de los nativistas.

Los nativistas y sus temores, pese a no ser generalmente conscientes de ello, se dan la mano con un nutrido elenco de primos hermanos ideológicos de muy diversa procedencia: los contrarios al aumento poblacional, los defensores del límite al crecimiento, los eugenistas, los supremacistas, xenófobos, los proteccionistas y antiglobalizadores, los nacionalistas exacerbados y los ecologistas o ambientalistas.

Los que se sienten amenazados por el "excesivo" crecimiento económico son legión. Suelen ser partidarios del llamado crecimiento cero y de la conservación del planeta tal cual lo conocemos. Entienden la economía como un proceso estático de suma cero y bastante destructivo para los recursos del planeta. Ven a los seres humanos como meros o exclusivos consumidores y no como proveedores también de bienes y servicios. Son favorables a la intervención de los gobiernos para ordenar mejor la sociedad.

Hayek denunció en su obra final, Fatal Arrogancia, el ideal constructivista de control de la sociedad en general atacando los fundamentos epistemológicos de la posibilidad de tal control, demostrando la imposibilidad de predecir las respuestas a los cambios en los sistemas económicos y sociales. Los órdenes complejos de tipo evolutivo (i.e. el social) no pueden ser mejorados mediante la intervención humana o decisión premeditada y dirigida a un/os fin/es concreto/s.

Los restriccionistas de la inmigración, al promover de alguna forma el control poblacional, tienen también elementos ideológicos comunes con eugenistas, partidarios de la esterilización forzosa, la planificación familiar, la promoción y subsidio público del aborto y del control de la natalidad. Lo que late en el fondo es un gran temor hacia el "descontrolado" aumento poblacional del planeta y el requerimiento al Estado para ejercer cierto control poblacional sobre los habitantes patrios respectivos.

Tal y como evidenció agudamente el teólogo Romano Guardini, la voluntad de los constructivistas/ humanitaristas de querer eliminar a toda costa el sufrimiento humano mediante mecanismos estatales de ordenación social puede transformarse en la voluntad de eliminar a los hombres que sufren, y cuyo sufrimiento ya no puede vencerse. En nombre del bienestar del pueblo o del provecho de la comunidad se puede llegar (si bien no necesariamente) al terrible lema de que "Es justo lo que es útil a la nación" o, en otras palabras, "Pueden vivir quienes sirven a la nación". Esta aberración no es ni mucho menos coto exclusivo del nazismo; existen evidentes paralelismos con los que históricamente desde el Estado moderno han declarado la guerra al débil o al diferente con respecto al estándar social percibido como deseable (Harry Laughlin, Margaret Sanger y otros planificadores). Afortunadamente buena parte de estas ideologías están hoy bastante desacreditadas.

Aunque no se quiera reconocer tampoco, los partidarios de restringir la inmigración participan también de planteamientos xenófobos, racistas y/o supremacistas, sean éstos blancos o no. La muy lamentable retórica anti-inmigración es una de las últimas y pocas formas de racismo socialmente aceptada. Ciertos políticos y sus voceros mediáticos se permiten con la inmigración ciertas opiniones y prejuicios dirigidos a un grupo despersonalizado bajo el título de "inmigrantes" que jamás se atreverían a dirigirlos a una raza en particular. El abogar por una homogeneización de la población lleva consigo, guste o no, un sentimiento de repudio hacia el foráneo (alien, en inglés) y la "amenazante" diversidad. Implícitamente se está queriendo decir que la convivencia con otras razas o culturas contaminaría la esencia autóctona.

Asimismo al acusar que los inmigrantes ejercen una presión hacia el medioambiente del país de acogida y de sus recursos nacionales comulgan también con los planteamientos de los alarmistas ecologistas, conservacionistas y demás ambientalistas que quieren imponer límites al crecimiento económico y poblacional (y a la entrada de nueva gente al país). Curiosamente defienden una diversidad biológica en la naturaleza a costa de mermar el progreso económico pero suelen rechazar en su fuero interno la diversidad racial y cultural que pueda afectar a su barrio. Lo que pareciera ser beneficioso al orden natural no lo sería para el orden o entramado social del ser humano.

Por último, los restriccionistas de la inmigración utilizan parecidos argumentos a los proteccionistas y su defensa preferencial del comercio nacional amenazado por la invasión de productos más baratos procedentes del exterior y de la maldita globalización.

Todas estas obtusas ideologías se dan de bruces con el liberalismo y con todo lo que representan las sociedades abiertas.

Julian Simon denunció que todo lo anterior son nociones fundamentalmente erradas y, como tal, deben ser combatidas en el terreno de las ideas. El crecimiento de la población no obstaculiza el desarrollo económico, tal y como defiende la teoría malthusiana, sino que aumenta los estándares de vida a largo plazo. Los ingenieros y técnicos agrónomos saben que la población del mundo está mucho mejor alimentada desde los años 50. Los demógrafos tienen registrado que la esperanza de vida casi se ha triplicado en los países ricos en los dos últimos siglos. Los mismos ecologistas reconocen que la calidad del agua y del aire de los países desarrollados ha mejorado en las últimas décadas. Asimismo cualquier especialista en commodities o energía admite que la disponibilidad de los recursos naturales ha aumentado, al tiempo que disminuyen sus precios con respecto a décadas o centurias pasadas.

No existe, pues, una correlación estadística negativa entre el crecimiento económico y el aumento de población. Más bien todo lo contrario: si se tratan de sociedades desarrolladas, no hay ninguna razón que nos haga pensar que no continúe la tendencia positiva de mejora en la calidad de vida, al mismo ritmo que crece la población, tanto si es a través de nuevos nacimientos de autóctonos como si es a través de la (bienvenida) inmigración. Hayek se sorprendía de que aunque la extensión del mercado y el aumento de la población puedan conseguirse enteramente por medios pacíficos, no dejase de haber gentes informadas y sensatas que se negaran a admitir la existencia de vinculación alguna entre el incremento de la población y la favorable evolución del orden civilizado.

Julian Simon lo tuvo meridianamente claro: la inmigración no es ninguna amenaza para los EE UU sino un apoyo para su desarrollo. Según este profesor de administración de empresas en la Universidad de Maryland, el beneficio más importante que se deriva del aumento de la población en sociedades que dispongan de instituciones que permitan la libertad económica y la protección de la propiedad privada y sus contratos es el "incremento del conocimiento útil". Cuanta más gente haya o engrose las poblaciones del mundo desarrollado, mayor será el progreso material y cultural de nuestra civilización.

No importa que el aspecto de la población cambie con motivo de un aumento de la inmigración de personas extranjeras,lo verdaderamente importante es que las instituciones de los países de acogida reconozcan y protejan la libertad, ofrezcan seguridad jurídica y que el sistema político-económico permita a las personas superar las dificultades y la búsqueda de soluciones ante la escasez. Es decir, lo relevante no es la "identidad" nacional sino la subsistencia de instituciones pautadas en el seno de la sociedad anfitriona que permita cierto grado de libertad en el desarrollo económico, independientemente del origen de las personas que vivan en ella en un momento dado. Así ha sucedido en los EE UU, Canadá, Australia y Europa a lo largo de su historia, pese a sus reticentes y angustiados nativistas y demás acompañantes ideólogos en su seno, y no tiene por qué ser diferente en el futuro.

El principal recurso para mejorar las condiciones de vida es sin ningún género de dudas el ser humano libre, creativo, tenaz y emprendedor (sea éste autóctono o venido de otros lugares del planeta). Es obvio, por tanto, afirmar que los inmigrantes forman parte también del inestimable "último recurso" de las naciones prósperas al que hacían referencia Julian Simon y Friedrich Hayek.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III y IV.