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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Ladrillos de verano

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cada verano en la Liga española de fútbol se produce un culebrón en torno al fichaje de alguna estrella del balompié. Este año lo tenemos con Gareth Bale, jugador del Tottenham, deseado por el Real Madrid de Florentino Pérez y de cuyo inminente fichaje nos llevan informando varias semanas. Forma ya parte del estío, por mucho hastío que nos causen a algunos estos ejercicios de marketing y publicidad. Pero el del fútbol no es el único ladrillo que nos encontramos en los calurosos veranos españoles. Los ladrillos de Greenpeace también son interesantes.

Al igual que en Navidad, cuando los ecologistas nos recuerdan lo malos que somos por consumir camarones salvajes, salvajemente explotados por personas sin piedad y con ánimo de lucro, en verano nuestros alegres y verdes activistas de Greenpeace nos fastidian las vacaciones con sus informes sobre el lamentable estado de las costas españolas. El de 2013, recién salido del horno, nos pone los pelos de punta y el cuerpo de perfil. Por lo visto y medido:

“Entre los años 1987 y 2005 se destruyeron 2 hectáreas al día sólo en los primeros 500 metros de costa”.

¡Alucinante! Quién se iba a imaginar, en un país que vive del turismo de playa básicamente, que la costa iba a estar tan trabajada por inmobiliarias y constructoras.Y cómo no, la burbuja inmobiliaria, la culpable de todo:

En este periodo de burbuja inmobiliaria, se construyó en nuestra costa una cuarta parte de todo lo construido hasta ahora. Algunos municipios han vendido gran parte de su patrimonio natural para dar paso a una imagen de destrucción y urbanización.

Obsérvese la “sutil” identificación que se hace al final del párrafo entre destrucción y urbanización, hasta tal punto que suenan a sinónimos. Hay que reconocerles cierta habilidad en la manipulación de conceptos, habilidad que suele ser extensible a toda la izquierda.

Pero ironías aparte, en una cosa estoy de acuerdo con Greenpeace: la costa española tiene un problema, pero no es su sobreexplotación, ni su aspecto lamentable, sino el excesivo peso de las Administraciones Públicas sobre los usos (y abusos) del suelo. Ése ha sido, es y posiblemente será el problema denuestras costas.

Greenpeace propone seis medidas para regenerar la costa española:rehacer la nueva Ley de Costas; limitar o impedir las construcciones en los primeros 500 metros de terreno costero; gestionar los espacios naturales protegidos del Estado con planes de ordenación y de uso que impidan más suelo urbano; participación pública en el control y seguimiento de los planes urbanísticos, evitando así, siempre según ellos, la corrupción; ayudar a los municipios que hayan decidido conservar sus costas con compensaciones económicas, como los pagos por servicios ambientales, y la creación de una “ecotasa” turística en los municipios más degradados, que fuera finalistay que serviría para revertir el modelo de turismo masivo de sol y playa; y por último, explicar los peligros a los que se enfrentan los propietarios de las construcciones en zonas de riesgo como los lechos fluviales, torrenteras, desembocaduras, etc., siendo el Estado el responsable de los futuros riesgos y costes.

Es evidente que estas medidas, aunque se llevaran a cabo, no iban a solucionar nada. Yes que lo que Greenpeace propone se puede resumir en dos líneas de acción: más intervención y más fiscalidad. En resumen, más de lo mismo de lo que nos ha traído a la actual situación.

Limitar el uso del suelo, o cambiar el que se hace de él de manera arbitraria o según intereses particulares de lobbies o de políticos, es lo que ha permitido a los municipios y otras entidades locales y regionales financiarse durante la burbuja, extendiendo sus atribucionescon promesas a corto plazo e inviables a largo, endeudándose y llevando unos años después en muchos casos a la entidad pública a la ruina. Cambiar unos intereses por otros no tiene por qué solucionar nada.

Durante todo ese tiempo y ese proceso, los ciudadanos no han dicho nada o casi nada ante los excesos. Es más, en algunos casos han animado a las Administraciones a establecer estas políticas económicas suicidas. ¿Qué hace pensar a Greenpeace que los ciudadanos van a retomar una obligación como la eterna vigilancia, que diría el clásico? En todo este tiempo se ha enseñado al ciudadano que para vigilar ya estaba el Estado. Pero el Estado no sabe ni quiere vigilar al Estado y creo que la gran mayoría de los ciudadanos se ha “vuelto” un poco vaga.

Guste o no, muchos de estos municipios viven del turismo y de los impuestos que recaudan de dicha actividad, incluso de los que se originan en estos supuestos o reales desatinos urbanísticos. Limitar la actividad económica, según una idealización, o simplemente prohibirla para cambiar a un “modelo económico más sostenible” no sólo no solucionaría nada, sino que puede dar al traste con la economía local, reduciendo el valor de los inmuebles y de las tierras, afectando de golpe a los negocios que surgieron, reduciendo lógicamente la recaudación fiscal, lo que a la larga impediría que las entidades públicas,y qué decir de los ciudadanos empobrecidos, cuiden de su entorno, de su medio ambiente.

Durante los últimos años, el gobierno central, los autonómicos y los locales han ido incrementando los impuestos para mantener un Estado cada vez mayor. Crear ecotasas es echar más leña al fuego. Greenpeace identifica la prosperidad económica con la destrucción del medio ambiente y, lógicamente, su respuesta es simplemente limitar la creación de riqueza, en este caso a través de más cargas fiscales que no sólo no tendrían necesariamente que incrementar la recaudación, puede que incluso todo lo contrario, yademás podrían terminar con los negocios que están en el límite de la rentabilidad, haciendo que desaparezcan, con lo que espantarían inversiones futuras y terminarían invitando a los ciudadanos afectados a buscar fortuna en otros lugares menos problemáticos, empobreciendo el entorno.

Además, al transferir riqueza de municipios que la generan (los que Greenpeace identifica con negocios de sol y playa) a otros que lo hacen menos o no lo hacen,se incentiva a los que no necesitan nada más que tumbarse a esperar las rentas ajenas y se castiga a los que con su duro trabajo generan la riqueza de la que se nutre la sociedad.

No es raro que Greenpeace proponga este tipo de medidas. Al fin y al cabo, piensan como cualquier socialista de alta cuna y moral orgullosa. Lo raro habría sido que el grupo ecologista hubiera realizado propuestas basadas en los derechos de propiedad y en su salvaguarda. Si todo es de todos, que es básicamente lo que nos proponen ellos, caemos en la tragedia de los comunes y nadie se encarga de nada porque nadie tiene razones poderosas para hacerlo, salvo si por medio de la coacción se le obliga y, en ese caso, no será con buen rendimiento y eficacia.

Partiendo de que no hay un modelo perfecto de protección medioambiental (todos tenemos ideas diferentes de cómo debe ser un medio ambiente adecuado), las propiedades privadas suelen estar mejor cuidadas que las públicas, precisamente porque ese cuidado es lo que las hace rentables o paisajísticamente bellas, o medioambientalmente equilibradas o simplemente, hace que el dueño se sienta mucho mejor.

La burbuja inmobiliaria ha destruido parte del ecosistema, pues los políticos han incentivado este comportamiento con sus precios bajos del dinero y su necesidad de recursos, mientras las empresas que habitualmente trabajan con y para el Estado han aprovechado esa oportunidad, cuando no la han buscado. Es esa corrupción la que no ataja Greenpeace con sus medidas, pues lo único que promueve es el cambio de lobby o de la actividad de un lobby ya establecido.

Bienvenidos al Mundo Feliz

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Ella sólo quiere poder dar de comer a sus dos hijas. No pide subvenciones ni ayudas de ningún tipo. No quiere que nadie le arregle la vida a cambio de nada. Inmaculada Michinina se erigió en portavoz de los vendedores ambulantes sin licencia e irrumpió en el pleno municipal de Cádiz para decirles cuatro verdades a sus "representantes". Inmaculada hace manualidades y las vende en el mercadillo. Es lo que sabe hacer y lo que quiere hacer, es lo que le permite poner un plato caliente en la mesa para su familia. Todo muy digno hasta que llegan los políticos y deciden que no tiene derecho a hacerlo. Al parecer hay una lista de espera para conseguir licencia que lleva tres años sin moverse. Inmaculada trabaja de todas formas porque no puede ni quiere permitirse el lujo de no hacerlo. Se va al mercadillo con sus manualidades y piensa "a ver si hay suerte y no llega la policía y me echa".

"Cojan el punto" les dice a los concejales en el pleno "porque para ustedes no es más que un punto del día, y voten mayoría". No les costaría nada pero supongo que la sensación de poder les supera. "Tengo valor y educación" continúa "porque pienso que perdiendo las formas se pierde la razón, y yo no voy a perder la razón porque sé que la tengo. Déjennos tener dignidad". Pero lo que Inmaculada no sabe es que la dignidad la perdimos hace tiempo, cuando comenzamos a ceder, siempre por nuestro propio bien. Cuando empezamos a pensar que sí, que ciertas cosas había que regularlas, y que sí, que necesitábamos un estado que nos protegiera y que nos castigara cuando no cumpliéramos con nuestras obligaciones. Nos mueve el miedo y eso lo saben bien los que están en la cúspide del poder. Dominan la escena, el lenguaje y la psicología humana. Provocan el miedo en la gente y luego les convencen de que tienen la solución. Más estado, más control, más normas, más prohibiciones.

Las declaraciones de la alcaldesa de Cádiz evidencian la tesis: "Esta señora sabe cuáles son las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas municipales. Lo que no podemos hacer es que unas personas, por razón de sus necesidades -que hay muchas necesidades- tengan privilegios… Porque no. Esta ciudad no se puede convertir en un zoco. Tiene que haber un orden. Esa persona sabe que tiene los servicios sociales del Ayuntamiento." No puede haber más maldad en estas palabras.

Siento profundo asco ante las declaraciones de la señora Teófila Martínez, digna representante del PP que ha puesto en marcha un sistema de denuncia anónima contra el fraude laboral. Fraude que, por otra parte, no existiría si no tuviéramos una legislación tan intrincada y excesiva como tenemos. Siento empatía por todas esas personas que sólo quieren trabajar honradamente, que no quieren acudir a los servicios sociales porque tienen una profesión digna y que no necesitarían acudir a los servicios sociales si el gobierno no les pusiera palos en las ruedas. Siento lástima por la gente que cree que trabajar para dar de comer a tus hijos es un privilegio y que es más digno parasitar a los que sí tienen bula para trabajar. Y siento miedo al comprobar que tantas profecías se están cumpliendo con nuestra callada connivencia: la de Orwell, la de Huxley y la de Rand. Ya las tenemos aquí. Bienvenidos al mundo feliz. Parece que John Galt se nos perdió por el camino.

Gobierno y sindicatos, y no el libre mercado, destruyeron Detroit

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

"La actual democracia es un sistema de, por y para el Gobierno".

Detroit hoy parece poco menos que un campo de ruinas. La que en su día fue la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, hoy cuenta con bastante menos de la mitad de habitantes que hace no muchas décadas (de superar los 2 millones a quedarse por debajo de 800.000 habitantes). Antaño ejemplo de la fortaleza económica de empresas automovilísticas como General Motors o Ford ubicadas allí, hoy Detroit es una ciudad fantasmal y rota, jungla de casas vacías que se venden hasta por un dólar, calles desérticas y espectrales sólo acompañadas por grafitis que maquillan la ciudad con historias de irremediables dramas.

En la actualidad, un desempleo del casi el 20% junto a unas tasas récord dentro del país en analfabetismo, pobreza y criminalidad suman un cuadro social de fracaso estrepitoso. Pero ¿cómo Detroit ha llegado hasta aquí? Aparte de muy abruptos cambios que solicitan explicaciones sociológicas como el paso de 84% de población blanca en los años 50, al 83% de población negra hoy, ¿qué podemos rastrear desde un punto de vista económico?

Si preguntamos a la ortodoxia políticamente correcta, como Paul Krugman, el fracaso de Detroit es culpa, ¡cómo no!, del capitalismo liberal. No debemos extrañarnos el día, si es que no ha llegado ya, que Krugman afirme que la caída del Muro de Berlín evidenció el fracaso del libre mercado. Y es que asegurar tal cosa de Detroit difícilmente puede ser tomada en serio desde un punto de vista científico a no ser que se trate del de lo paranormal. Veamos por qué.

Decir, como suele hacerse, que Detroit entró en crisis en tanto lo hizo la industria automovilística estadounidense es un cómodo recurso de autonegación de la realidad: muchas otras ciudades norteamericanas que prosperaron al albur del automóvil no están sufriendo semejante desgarro económico. Y para poder explicar por qué Detroit resultó tan afectada mientras otras ciudades "automovilísticas" están saliendo bastante airosas tras los cambios en el sector, debemos señalar con el dedo un primer y fundamental culpable: los sindicatos y una legislación hecha a su medida. Debido a las rigideces laborables que forzaron los sindicatos, las compañías americanas como Ford o Chrysler estaban pagando salarios casi un 80% más altos a sus empleados en Detroit que en otros estados norteamericanos donde fueron instalándose competidores y empresas extranjeras de automóviles. Así, en 2008 se calculaba que por cada empleo creado en una compañía extranjera, Ford, General Motors y Chrysler destruían 6, la mayoría en Detroit. El aumento de los salarios de modo artificial y forzoso, las trabas a despedir trabajadores…fueron esenciales para hacer de Detroit una trampa económica. Pensemos en el estancamiento social si los fabricantes de coches de caballos nunca hubieran podido despedir a sus trabajadores aun cuando la competencia de los coches a motor les convirtiera en fabricantes de productos que nadie quisiera ni deseara. Y quien dice carruajes dice gremios medievales o máquinas de escribir. Supondría congelarnos socialmente durante cada generación –al no poder una persona dejar su trabajo poco menos que sólo con su muerte. No hay nada más aterradoramente conservador y retrógrado que el intervencionismo sindical que desprecia el mercado y la libertad.

La otra parte corresponsable igualmente esencial para entender la tragedia de Detroit tiene nombre propio, y se llama Gobierno. Para empezar, resulta de nuevo pintoresco leer en la prensa más correcta que Detroit es un fracaso del capitalismo. Resultará ahora que el Gobierno demócrata e izquierdista que ha dirigido Detroit durante las últimas décadas es el epítome del libre mercado –las dioptrías de la miopía socialista crecen por momentos. Pero hay más. Como comenta el economista Michael Rozeff, el Código Municipal de Detroit parece más bien el código de Satán por la gigantesca burocracia que requiere para comenzar cualquier tipo de actividad económica o intento de reconstrucción de la ciudad por particulares o empresas. Referente a los asfixiantes impuestos que anulan toda libertad económica posible, un estudio del Lincoln Institute de este año corroboró que Detroit sufre los impuestos a la propiedad más elevados de entre las 50 principales ciudades de Estados Unidos, lo cual se traduce en el doble de la media nacional. Ello por no hablar de los impuestos que el estado de Michigan, donde está Detroit, impone a la maquinaria. Es decir, si usted quiere montar una fábrica con maquinaria, el mensaje de la política económica de la ciudad es claro: váyase, por su bien, mejor a otra parte.

Y luego está la parte gubernamental que, permítaseme decir, de no ser cierta resultaría cómica. Adicto a las políticas keynesianas de alegría irrestricta en el gasto público, el Gobierno de Detroit llevó a cabo – cortesía del contribuyente usurpado, por supuesto- voluminosos programas de gasto cuyo destino y objetivo es ‘lo mejor de todo’ este asunto. ¿Adivinan dónde se les ocurrió a estos preclaros políticos dirigir el dinero que arrebataban en impuestos a los ciudadanos? Pues a obras públicas, puentes, carreteras, transporte público… Imagínense la situación: un Gobierno que no tiene otra ocurrencia más que invertir masivamente en viviendas y transporte público a la par que sus ciudadanos huyen y emigran a marchas forzadas a otras ciudades y estados. Por supuesto, semejante absurda decisión jamás habría podido ser tomada dentro de un marco de mercado libre, que rápidamente habría castigado con onerosas pérdidas tan ridículos proyectos. Y lo cierto es que es difícil superar en idiotez a los manirrotos políticos de Detroit; sería algo así como desarrollar una amplia red de piscinas públicas al aire libre en Siberia. Quizás más que ninguna otra ciudad, Detroit emerge en el mapa estadounidense como arquetipo irremediable de las palabras de Ronald Reagan cuando decía que las peores palabras en inglés eran "I am fromGovernment and I am heretohelp" ("Soy del Gobierno y estoy aquí para ayudar"). Mientras el proceso de mercado atiende las necesidades del consumidor, el proceso político atiende las caprichosas necesidades de los políticos. Así, en tanto la democracia ha acabado convirtiéndose en una justificación para que el Gobierno invada todas las esferas sociales imaginables, la actual democracia no es –enmendando a Lincoln-sino un sistema de, por y para el Gobierno.

En el socialista universo de Detroit atrapado en las garras de un Gobierno omnímodo, la corrupción política ha llegado a contagiarse a todas las propiedades de los políticos, como por ejemplo la escuela pública. En suma, Detroit se ha convertido en un pequeña Cuba dentro de Estados Unidos de donde huye la gente que desea realmente trabajar, un pequeño gran experimento de lo que puede hacer el socialismo hace mucho inoculado en aquel país y escondido bajo diversos disfraces y banderas (pues por suerte, el término "socialismo" sigue siendo en EEUU justamente –y tal como es- un sinónimo de "fascismo"). Ver en suma en Detroit algo parecido al capitalismo liberal –la NBC describió la ciudad como ¿¡ejemplo libertario!?- supone un ejercicio tal de enajenación mental de la realidad que Sigmund Freud se deleitaría con su análisis.

Si uno acude a quizás a la más popular y prestigiosa literatura libertaria en forma de novela, no otra cosa sino proféticas resultan las palabras de la libertaria Ayn Rand hace medio siglo retratando los destrozos de las utopías socialistas en su novela cumbre "La Rebelión de Atlas". Hoy, como nos recuerda el periodista británico Danniel Hannan, sus palabras de advertencia parecen un lienzo a medida de lo que hoy es Detroit.

Unas pocas causas aún permanecen levantadas en el esqueleto de lo que una vez fue una ciudad industrial. Todo lo que podía moverse, se fue; pero algunos humanos permanecen. Las estructuras vacías eran escombros verticales; habían sido comidos, no por el tiempo, sino por los hombres: tablas arrancadas al azar, parches desgarrados en los tejados, agujeros en garajes destripados. Parecía como si unas manos ciegas hubieran cogido todo lo que precisaban para el momento sin preocuparse de lo que quedara para el día siguiente. Las casas deshabitadas aparecían al azar entre las ruinas; el humo de las chimeneas parecía el único movimiento visible en la ciudad. Un caparazón de hormigón, que en un tiempo fue una escuela, aún se otea en las afueras; parecía una calavera con las órbitas vacías de ventanas sin cristales, con unos pocos cabellos encima cual hilos rotos.

Más allá de la ciudad, en una distante colina, permanecía la factoría de la Compañía de Automóviles Twentieth Century. Sus pareces, las líneas de sus tejadosy sus chimeneas parecían recortados parecían inexpugnables como una fortaleza. […]

¿Puedes llevarme a esa fábrica?, preguntó Rearden.

La mujer no habló; parecía como si fuera incapaz de pronunciar palabras. ¿Qué factoría?, dijo ella.

Rearden señaló, "Aquélla".

"Está cerrada".

Sartre decía que el hombre, cada hombre, nace libre y sin excusas. No hay excusas, cada vez hay menos si es que alguna vez las hubo, para divulgar las ideas de la libertad. Entre nuestros amigos, familiares… con quienes hemos adquirido el compromiso vital de dejarles como testigos y fideicomisos de nuestros valores e ideas aquí donde vivimos, en la Tierra. No hay excusas para dejar que esa llama se encienda dentro de nosotros, y que prenda, orgullosa y valerosa cada vez más brillante, cada vez más alta. Ésa es la llama que ilumina la Tierra, que ilumina al hombre, a cada hombre dándole un rostro y dignidad individuales y únicos. Y la que ha abandonado casi por completo a Detroit hundida en la negra oscuridad que dejan los últimos rescoldos chispeantes apagados casi ya por el implacable gélido vendaval del colectivismo.Una ciudad ya sin alma, una ciudad sin esperanza, perdida, yerma y sangrante; una ciudad sin libertad. Como el faro que guía al barco, sin la antorcha de la libertad nos quedaríamos como humanos sin más ruta y guía que la muerte a la deriva. Porque la libertad nos hace mucho más que mejores. Nos hace simplemente humanos.

@AdolfoDLozano/David_europa@hotmail.com.

Aranceles y salario mínimo

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Stop productos extranjeros

Las barreras arancelarias son antiquísimas. El arancel es un impuesto aplicado generalmente a los bienes importados para dificultar su entrada en un territorio dado. Nacieron de la mano del comercio internacional hace miles de años. Sirven para aumentar los precios de los productos importados y, por tanto, permiten a los productores domésticos de bienes similares cobrar precios más elevados. Los grupos de presión internos logran de esta manera blindarse frente a una competencia extranjera más barata.

La biografía económica solvente desde, al menos, David Ricardo establece que el libre comercio mundial genera ganancias para todos los participantes en el mismo gracias a las ventajas relativas o comparativas. Sin embargo, a pesar de sus beneficios contrastados, los gobiernos nacionales siguen aún hoy obstaculizando el comercio exterior de muy diversas maneras. Recurrir al argumento de la protección de la industria nacional para imponer aranceles o tarifas está peor considerado que hace unas pocas décadas. Los gobiernos y sus cabilderos buscan ya otras barreras no arancelarias (cuotas, reglamentos sanitarios, de protección del medio ambiente, de calidad técnica, controles de embalaje, etc.) acordes con las sensibilidades actuales con el fin de mantener sus trabas al comercio. Esto es, puro mercantilismo camuflado inyectado por las venas de cada economía doméstica.

Qué duda cabe que los aranceles tienen sus ventajas: mejoran la posición de la balanza comercial, generan ingresos para el Estado y protegen la producción y los puestos de trabajo nacionales al blindarlos de la competencia extranjera. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: se perjudica a los productores exteriores al dificultarles el acceso a los mercados con potencial demanda de sus bienes (siendo los países en desarrollo los más perjudicados), se daña el poder adquisitivo de los consumidores nacionales en su conjunto pues acaban comprando productos más caros y/o de menor calidad y no se permite que surjan nuevos trabajos a resultas de un incremento en la productividad de la economía al verse enfrentada a una mayor competencia de fuera. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (lobbies empresariales) están mucho mejor organizados.

Desde hace mucho tiempo los liberales venimos echando pestes de las barreras al comercio internacional por mermar la productividad e innovación en general, por ser empobrecedoras e injustas para los consumidores y especialmente dañinas para los países más vulnerables.  

Stop mujeres, negros, jóvenes e inmigrantes

El salario mínimo (SM) se estableció por primera vez a finales del siglo XIX en Australia y en Nueva Zelanda con la loable meta de preservar un mínimo estándar de vida para los trabajadores menos cualificados. Luego se fue extendiendo a buena parte de las naciones occidentales. El Estado de Massachussets fue la primera jurisdicción que lo adoptó en los EE UU en 1912. Esta legislación primitiva fue, no obstante, muy sincera en sus motivos: prohibió a las empresas de algunos sectores contratar a mujeres y jóvenes por debajo de cierto nivel salarial ya que lo logrado sindicalmente no debía ponerse en tela de juicio. En aquella época no se estilaba lo políticamente correcto, por lo que se proclamó sin tapujos que las mujeres e imberbes debían permanecer en el lugar que les correspondía, es decir, en sus hogares y sin amenazar los ingresos de los padres de familia sindicados. Eran otros tiempos y se podía argüir de forma tan cafre y paternalista según cánones al uso de entonces para defender lo propio. Era lo mínimo que se esperaba del pater sindicalis.

Hasta la década de los cincuenta, en los EE UU la tasa de desempleo de los trabajadores negros iba pareja a la media nacional. Las empresas constructoras del norte contrataban preferentemente a los negros no sindicados provenientes del sur para disgusto de los trabajadores blancos que veían con impotencia mermados sus empleos. Esto cambió cuando el SM federal hizo su aparición con la Davis-Bacon Act de 1931 y se fue actualizando mediante las sucesivas leyes denominadas FLSA (vigentes hasta el día de hoy). Al principio, los niveles salariales mínimos estuvieron por debajo del mercado debido a la inflación, por lo que sus nocivos efectos sobre negros y otras minorías desfavorecidas no se dejaron sentir. Sin embargo, a partir de mediados de los años 50, al subirse el SM de la hora laboral abruptamente por encima del nivel de precios del mercado, el desempleo entre la población negra fue aumentando consistente y proporcionalmente mucho más que la blanca.

El economista norteamericano Walter E. Williams, al hacerse consciente de ésta y muchas otras trabas que afronta el negro estadounidense por culpa de las iniciativas “humanitarias” de los congresistas de su país, escribió State against blacks (1984). Como indica más de una vez en este libro, las intenciones del legislador son irrelevantes para los resultados económicos. Más tarde, en South Africa’s war against capitalism dicho economista analizó las leyes laborales racialmente discriminatorias contra los negros en aquel país africano. Descubrió que las leyes de SM fueron la herramienta más sutil y eficaz de los sindicados blancos para protegerse y evitar que los trabajadores negros les desplazaran por precio de sus puestos de trabajo al dificultar a éstos -por su menor productividad- el alcanzar la rentabilidad mínima esperada para ocuparlos a esos salarios marginales.

Hoy el SM tiene efectos semejantes pero son otros los argumentos utilizados. A esto se suman los efectos inhibidores a la contratación de otras barreras y rigideces laborales.

Se sabe que las leyes de SM dejan en paro también a jóvenes que no tienen la capacidad ni la formación suficientes para lograr ser contratados a los niveles que decreta la ley. Un joven, en los inicios de su andadura laboral, no trabaja esencialmente por dinero sino para adquirir experiencia y aprender del mundo real pues tiene solo inexperiencia y, a veces, mero conocimiento académico (no real). El simple hecho de adquirir experiencia laboral es muy valioso. Un comienzo modesto no es ninguna indignidad, especialmente cuando se están adquiriendo conocimientos y habilidades profesionales que servirán para mejorar sus niveles de ingresos futuros. En cualquier caso, un mal trabajo es mejor que estar parado.

Es una verdadera pena ver innumerables jóvenes desempleados y con la autoestima por los suelos. Los más avispados emigran, los que poseen menos escrúpulos se echan al monte y acceden al trabajo informal o, mucho peor, acaban delinquiendo para malvivir. Otros vegetan impropiamente con subsidios a sus edades, incubando frustración e indolencia.

La mayor parte de la gente que gana por encima del SM no es gente pobre. El problema acuciante está en aquellos que no lo alcanzan. La mayoría de los gobiernos, pese a los efectos destructivos no deseados de las leyes de SM, hacen caso omiso a lo que la mayoría de los economistas tienen que decir al respecto. Como a primera vista parece lo correcto, se usa como medio para lograr la reelección, especialmente cuando las consecuencias económicas a largo plazo llegan demasiado tarde como para ser políticamente relevantes.

En Europa lleva vigente el SM desde hace tiempo en muchos países, menos en la curiosa franja vertical que va de Noruega a Italia. Qué duda cabe que implantar el SM tiene sus ventajas: mejora la posición económica de los trabajadores experimentados más productivos. También sirve para que los sindicatos lo exhiban como un triunfo cada vez que logran subirlo. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: reduce la contratación u horas de trabajo, se aumentan los precios finales de venta al público y se daña a los marginalmente hoy más débiles, es decir, a los jóvenes en general y a aquellos inmigrantes que estén menos cualificados al quedar fatalmente segregados del mercado laboral.

Solo los liberales desde inicios del siglo XX han criticando las leyes de SM y demás barreras al mercado laboral por destruir oportunidades de trabajo, por ser injustas para la inmensa mayoría de los consumidores y, sobre todo, muy perjudiciales para las personas más vulnerables de la sociedad. Impedirles el que puedan aceptar ofertas iniciales por debajo de un supuesto “umbral de dignidad” es mandarles directamente al ostracismo o apartheid laboral en forma de paro o de trabajo informal. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (sindicatos) están mucho mejor organizados.

Es ciertamente muy deseable que los salarios aumenten para todos. Solo un mayor crecimiento, un mejor aprovechamiento del capital y una mayor productividad general de la economía lo permite. Por el contrario, si se fuerza dicho aumento por vía de decretos oficiales aparecerán fatalmente siempre y en todo lugar indeseables consecuencias en los comportamientos discriminatorios de los agentes económicos. Lo que importa no son las buenas intenciones del legislador sino las consecuencias de su intervención en el conjunto del cuerpo social.

Vacaciones pagadas, o no

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Agosto, España paralizada un año más salvo en las zonas costeras donde los hoteles acogen a turistas, los chiringuitos sirven paellas sin parar y los aviones no dejan de aterrizar y despegar. La Europa productiva busca el sol que no tiene en sus tierras para pasar las vacaciones mientras la Europa no tan productiva también descansa.

Se puso de moda aquello del mileurismo (hoy muchos ni llegan a eso) para remarcar lo mal pagados que estábamos los españolitos. Pero lo que no se tienen en cuenta son las 14 pagas, el mes de vacaciones pagadas y el medio mes de festivos. También tendríamos que añadir un sinfín de permisos que ya le costó muchas críticas y trending topics a José de la Cavada, responsable de Relaciones Laborales de la de la CEOE, cuando osó poner en duda la necesidad de los permisos definidos por ley como el que se le da a un trabajador cuando fallece un familiar.

La ilusión del bienestar nos hace creer que las vacaciones que disfrutamos cuando trabajamos las paga la empresa. La realidad es bien distinta, ese mes que no trabajamos en realidad se descuenta de lo que podría ser nuestro hipotético salario, al igual que los festivos y permisos. De lo contrario cobraríamos más y cada cual se cogería los días según sus preferencias, unos pueden tener más interés en ganar dinero en un momento de su vida y otros disfrutar de tres meses junto a sus hijos mientras no tienen colegio. El salario debería ligarse a la productividad y no al marco rígido de una ley o convenio que trata por igual a una multiplicidad de gente que puede tener intereses no solo diferentes sino que además pueden ser opuestos.

No es una cuestión de restaurar la esclavitud sino de libertad, libertad entre el empleado y el empleador que deben pactar libremente las condiciones del trabajo. En nuestra sociedad de empresarios que viven a la sombra del poder y se aprovechan de los trabajadores esto tal vez no sea posible pero en un mercado laboral libre en el que ni patronales ni sindicatos secuestren a los individuos sí sería posible. No se trata de disfrutar de tener unas vacaciones que nos descuentan obligatoriamente del salario sino de nuestra capacidad para renunciar en un momento dado a esa parte de salario y disfrutar de las vacaciones, en agosto o en enero, un mes o tres días. Se llama libertad, debe ser para todos y no deberíamos tenerle miedo.

Estocolmo

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Se nos está atrofiando la voluntad por falta de uso. Por eso permitimos que venga gente como Gallardón a decirnos cómo hemos de vivir nuestras vidas. Su última amenaza legislativa es la imposición de la custodia compartida a discreción del juez, a quien permite hacer caso omiso de la preferencia de los padres, sea ésta cual sea. No vengo a discutir si la custodia compartida es una buena o mala solución. Pienso que es una solución ideal para algunas familias y un trastorno para otras y eso no hay juez que lo pueda determinar.

Por desgracia la custodia compartida se ha usado durante años como arma arrojadiza en la guerra del género, probablemente a consecuencia de la persistente discriminación a la que los tribunales han venido sometiendo a los padres (hombres), imponiéndoles regímenes de visitas estandarizados, impidiéndoles tomar parte en la gestión del dinero destinado a sus hijos y negándoles la custodia por principio. Si a esta ecuación le sumamos la legal atribución del uso de la vivienda al progenitor custodio, aún cuando la nuda propiedad correspondiera al no custodio, el perjuicio causado resulta bastante evidente. De ahí que, sin llegar a justificarlo, uno pueda comprender que surgiera un movimiento de padres pro custodia compartida.

Probablemente terminará, igual que sucedió con las pensiones alimenticias y los regímenes de visitas, en una estandarización de la custodia compartida impuesta. Esto es, ignorando las peculiares características y situaciones de cada familia y de cada uno de sus miembros. Ignorando lo que de verdad es mejor para una familia determinada y los posibles acuerdos a que pudieran llegar. Ignorando que hay cuestiones que pertenecen al ámbito estrictamente privado y que ninguna ley ni ninguna resolución judicial debieran tratar de atajar. Parece ser que el ministro de justicia y sus compinches se quedaron con la anécdota del juicio de Salomón pero no captaron la moraleja. 

Lo peor, sin duda, es la utilización maquiavélica de ese reciente principio del “interés del menor” que inventaron hace algunas décadas, la rendija por la que se cuela la imposición arbitraria de las más absurdas medidas, sustituyendo a la voluntad de los padres (y del propio menor) por las decisiones rutinarias del juez de turno. Principios como éste justifican situaciones de inseguridad jurídica simplemente cambiando la denominación del hecho. La inseguridad jurídica es la falta de claridad en la ley, la existencia de cajones de sastre donde quepa todo o casi todo, permitiendo que entren en la legalidad hechos que a priori habrían estado fuera de ella. Cada vez que eso sucede nos alejamos un poquito más de lo que debería ser un Estado de Derecho. El riesgo de rendirse ante la evidencia es alto y las consecuencias, graves. Asumimos que nuestra voluntad es una tara, agachamos la cabeza y acatamos las órdenes. El sistema funciona a la perfección. La infantilización de la población es necesaria e imprescindible para el control y sometimiento de la población. Cuando la población se convence de que los abusos cometidos contra ella se deben a un interés superior que revierte en “su propio bien”, el proceso de sometimiento está completo. El verdugo ha ganado gracias a la inestimable colaboración de sus víctimas. Sucede a diario y cada vez en un espectro más amplio. El peso de la bota es tan grande que nos hemos insensibilizado a su dolor. Lo disfrutamos, incluso, porque es por nuestro propio bien.

La historia del frutero maravilloso

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Eduardo se dedicaba a vender fruta. Como todos los fruteros, tenía su local, sus mostradores, su ordenador y algunas personas para cobrar a los clientes. Todo ello le parecía necesario para vender su género, aunque era consciente de que le suponía muchos costes, seguramente más que la propia fruta que era lo que a sus clientes le interesaba.

Así que un buen día se le ocurrió una brillante idea. En vez de mantener toda esa costosa estructura para vender la fruta, colocaría las cajas de fruta en la calle y pondría un cestillo para el dinero: la gente cogería la cantidad de fruta que quisiera comprar y depositaría el dinero del pago en la cestilla. Ello le permitiría bajar mucho el precio de la fruta, muy por debajo de sus competidores que seguirían utilizando toda la estructura convencional, y al mismo tiempo incrementar sus beneficios. Y, evidentemente, si alguien cogía la fruta sin pagarla, si alguien le robaba, para eso estaba la policía.

Los primeros días la cosa fue bien. Mucha gente pasaba al lado de las cajas y veía los precios tan bajos y no dudaba en adquirir la fruta así dispuesta. Alguno dejaba sin pagar algún centimillo, pero en general la gente respondía. Eduardo ganaba mucho dinero, y los demás fruteros tuvieron que dedicarse a otras cosas. En los planes de Eduardo entraba extrapolar este modelo de negocio a cualquier tipo de mercadería.

Sin embargo, algún viandante se dio cuenta de que, si cogía la fruta y no pagaba, nada ocurría. Aun siendo bajos los precios, más barato salía no pagar.

Cuando Eduardo descubrió la situación, hizo su denuncia a la policía, y les conminó a que vigilaran sus cajas de fruta para evitar que los robos se reprodujeran. Pese a la buena voluntad mostrada por los agentes del orden, era imposible mantener la vigilancia de las cajas todo el día, puesto que había otros delitos que prevenir e investigar, y el número de efectivos era limitado. Así que tanto la policía como Eduardo se dieron cuenta de que así sería difícil mantener a flote el negocio.

Entonces Eduardo, a fuerza de cavilar, se dio cuenta de que los ladrones de fruta seguramente colocaban el resultado de sus latrocinios en recipientes específicos, los fruteros. Así que, en vez de perseguir a los ladrones, lo que haría es asumir que cualquier persona que poseyera un frutero era un potencial ladrón, y por tanto debía pagar una tasa asociada al frutero, por lo que pudiera robar. Esto no le pareció mal al jefe de la policía, que así ahorraba sus efectivos para otras lides.

A la gente del barrio esto no le pareció bien: seguían encantados con el precio bajo de la fruta con el nuevo sistema de negocio, pero no les parecía razonable tener que pagar más por un recipiente para su cocina. Con lo que Eduardo vio que tampoco con el canon sobre fruteros podría ganar suficiente dinero. Y era lógico, porque la gente podía también almacenar y robar fruta utilizando otros dispositivos de propósito general, como bolsas, cajas, maletas… Podía haber gente a la que se le ocurriera llevarse la fruta licuada, por lo que sería necesario extender el canon a botellas, vasos, y también a las máquinas que permiten la licuación.

A ello se opusieron todos los comerciantes del barrio, que veían peligrar sus ventas de todo tipo de dispositivos de almacenaje y cosas similares, que Eduardo interpretara que se pudieran usar para consumir o transportar la fruta que colocaba por las mañanas en las cajas de la acera.

Eduardo terminó millonario gracias al cobro de sus cánones compensatorios por los robos de su fruta, y poco a poco se dio cuenta de que estos ingresos se mantendrían incluso si ya no traía fruta al barrio. En consecuencia, los vecinos también se quedaron sin la fruta barata que Eduardo al principio les había proporcionado.

En la actualidad, el jefe de policía se está planteando que Eduardo cobre de los impuestos pagados por los vecinos del barrio, en vez de tanto canon que tiene de uñas a vecinos y comerciantes.

Moraleja: Un modelo de negocio solo puede ser viable en el libre mercado si permite recuperar, junto con los restantes, los costes de protección y cumplimiento contractual. De la misma forma que Kirzner[1] nos enseña que no tiene sentido la distinción entre coste de producción y coste de distribución que tanto atrae al economista neoclásico, tampoco se puede permitir la separación de los costes de protección de los restantes costes del producto. Si se permite al productor que "socialice" los costes de protección, como si se le dan subvenciones a la producción, el productor termina forrado y el consumidor sin bienes.

La mayor parte de los productores, y entre ellos los fruteros, saben positivamente que el modelo de negocio planteado en esta historia es inviable, al menos en España y en la actualidad. Y que la única forma de sostenerlo sería conseguir una atención especial de la policía (que, no se olvide, pagamos entre todos) o mediante ingresos de otra procedencia; en suma, con el soporte del Estado.

Dejo al ingenio del lector descubrir qué productores están empeñados en la viabilidad del fantástico modelo aquí descrito. Seguro que alguna pista encuentran en el texto de la historia.


[1] Kirzner I.M. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago, IL: Chicago University Press.

Sacrificios de animales

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 12 de julio el parlamento polaco rechazaba un proyecto de ley remitido por el gobierno del primer ministro Donald Tusk para permitir el sacrificio de animales para consumo humano sin aturdimiento, por motivos religiosos y siempre que se realice en un matadero, acogiéndose a la excepción prevista en el Reglamento (CE) 1099/2009 del Consejo (Art. 4.4) que entró en vigor en enero de 2013. La propuesta resultó derrotada debido a que algunos diputados de la coalición que sostiene al gobierno, entre los cuales se encontraban 28 miembros de su Plataforma Ciudadana (Plataforma Obywatelska, PO), votaron en contra. El gabinete polaco pretendía mediante la aprobación de una norma con rango de ley salvar la anulación de una órden del Ministro de Agricultura de 2004 que amparó ese sacrificio ritual hasta que la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 2012 declaró su inconstitucionalidad por regular una materia reservada a la ley.

Curiosamente, el país se había convertido durante ese intervalo en un gran proveedor para Israel y los países musulmanes (Turquía, principalmente) de pollo (10 por ciento de las exportaciones de ese producto) y carne de vacuno (un tercio de las mismas) procedente de animales sacrificados ritualmente.

Como se sabe, los complicados códigos alimenticios que siguen los musulmanes (Halal) y los judíos (Kashrut) resultan incompatibles con el aturdimiento previo del animal e imponen unos procedimientos específicos de sacrificio.

Las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Asuntos Exteriores israelí calificó el resultado de la votación como "inaceptable" y el mufti de Polonia como una "bofetada" para los musulmanes. Asimismo, las empresas cárnicas advirtieron que podrían perderse hasta 6000 puestos de trabajo si se mantiene la prohibición.

Por su parte, el gobierno intentó maniobrar en dos sentidos: por un lado, rebatiendo las acusaciones israelíes y de los líderes religiosos al calificarlas de inapropiadas, y, simultaneamente, anunciado que solicitaría un dictamen jurídico al Centro de Legislación del Gobierno para saber si las comunidades judía y musulmana pueden realizar sacrificios rituales para sus necesidades locales, al amparo de los acuerdos vigentes entre la República polaca y los representantes de la primera confesión religiosa.

Subyace en este incidente, inacabado en medio de la batalla política polaca, otro ejemplo del conflicto entre los defensores estáticos de los animales y la naturaleza – quiénes proporcionan abundantes justificaciones para la expansión del ordenancismo de nuestra época- y otras visiones o creencias sobre las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Desde posiciones que niegan la sustancial diferencia de los animales y los seres humanos para ser sujetos de derechos se viene presionando desde hace mucho tiempo para conferir a los primeros una suerte de "derechos". La inconsistencia de esas ideas no impide, empero, que posturas más tibias, que implícitamente reconocen la propiedad humana formal sobre los animales, hayan conseguido convertir en normas jurídicamente vinculantes, detallados procedimientos que imponen un tratamiento que se considera humanitario de los mismos. Desde su crianza, pasando por su estabulación y su transporte hasta su muerte; todas las fases de la vida de los animales domésticos son objeto de detallada regulación. Tampoco debe escapar al observador atento el hecho de que, como ocurre con toda regulación imperativa, los intereses proteccionistas y de los grandes productores europeos se hallan especialmente cómodos con estas disposiciones. Así, el artículo 12 del reglamento comentado exige el cumplimiento de sus requisitos u otros equivalentes a los exportadores de carnes de terceros países que que quieran acceder al mercado comunitario.

Sin embargo, el reglamento 1099/2009, sobre protección de los animales que van a sacrificarse para consumo humano –parecido a la Directiva del Consejo europeo 93/119 a la que sustituye- refleja las contradicciones y los compromisos con grupos de presión sobre los que se erige, de manera que descarrila en dobles raseros evidentes. Para empezar, en cuanto al distinto trato ante el sacrificio que se ofrece a las distintas especies animales: Los peces de piscifactoria pasan a ser los parias (¿de momento?) en el momento de la muerte para estas regulaciones comunitarias.

La tauromáquia, como manifestación cultural o deportiva, algunos experimentos científicos y la caza de animales salvajes deberían prohibirse si no fuera por que el artículo 1.2 excluyera estas prácticas de su ámbito de aplicación. Obviamente, abierta la posibilidad de regular en una norma jurídica los procedimientos de matanza de los animales, el establecimiento de excepciones constituye parte fundamental del "juego político".

Blandiendo la prohibición de matar a los animales sin aturdimiento previo, los políticos europeos eliminaron prácticamente, por ejemplo, las tradicionales "matanzas"del cerdo que las personas de tantos pueblos españoles organizaban. Al mismo tiempo forzaron el cierre de pequeños mataderos locales para favorecer la concentración de la actividad en grandes centros que asumieran los costes de las reglamentaciones. Otro tanto sucedía en Polonia antes de su adhesión a la UE, pero en la actualidad sus mayorías políticas parecen más interesadas en mantener las normas más estrictas al respecto, tal como permite el Reglamento comunitario (Art. 26). Desde la aprobación de la primera directiva sobre la materia se eliminó también la posibilidad de comercializar la carne de las reses matadas en espectáculos taurinos.

Nunca me deja de sorprender la obsesión de los políticos europeos por subvencionar productos agropecuarios o forestales para que se lucren unos cuantos a costa de los contribuyentes, mientras que, con la ayuda de ecologistas y animalistas, coartan y asfixían los medios de vida potenciales que tienen las personas que viven en los pueblos y en el campo.

En cambio, si bien se empeñaban en eliminar una muestra del multiculturalismo tradicional en sus países, se percataron de que la prohibición de los sacrificios rituales chocaba con la libertad religiosa proclamada en sus constituciones e incluso avizoraron los créditos electorales que podría generarles el patrocinio del sacrificio ritual de animales entre el creciente número de musulmanes que habitaban sus países y, en menor medida, de judíos. Así se contempló la excepción religiosa a la exigencia de aturdir al animal antes de su sacrificio, aunque, en el caso de Polonia, haya decaido de momento en favor de las tesis animalistas imperativas.

Gobierno y autonomías: la amenaza fantasma

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El ministerio de Montoro explicó la semana pasada que las autonomías podrán ser intervenidas también si incumplen el pago a proveedores. Hacienda suma esta advertencia a otras en las que se autoriza a la intervención del Gobierno si las CCAA no cumplen el objetivo de déficit. Pero se trata de un gesto sin contenido, como tantos, que pretende transmitir una sensación de control que la realidad se empeña en contradecir.

El orgullo de mamá

Cantaba David Summers en una canción de los 90: "aquí viene ya, el orgullo de mamá, con la paga en el bolsillo, quiere colarse para entrar…". Esa es la imagen que año tras año, déficit a déficit, exigencia a exigencia ofrecen al mundo las autonomías españolas. Tratar de explicar cómo funcionan, cuál es su presupuesto y para qué lo utilizan a una persona sensata de fuera de España es una ardua tarea: todo suena a ciencia ficción.

Instituciones repetidas que dan un aire solemne pero son, en realidad, un agujero negro presupuestario y una fuente de ineficiencia más para el ciudadano; aeropuertos, universidades, obras públicas que hinchan el pecho de políticos locales y vacían los bolsillos de la gente… Todo huele a las películas de los geniales Martínez Soria o Alfredo Landa, en las que si un pueblo construía una fuente, el pueblo vecino construía dos y con luces de colores. Es decir, la manifestación de un complejo no asumido.

Y en estos tiempos que corren, algunos de estos 17 "orgullos de mamá" están ofreciendo un panorama particularmente penoso. Se trata de los escándalos de corrupción. Los principales partidos políticos autonómicos han hecho lo que les ha venido en gana sin que  la dirección nacional se enterara. Para el ciudadano de la calle no versado en temas jurídicos, como yo, que lee la prensa sin pretender más que informarse, la trama Gürtel, los EREs andaluces, las corruptelas regionales suponen tal laberinto que resulta muy complicado seguirles la pista en condiciones.

En una situación así, debería ser un motivo de esperanza y regocijo que el gobierno central haga frente a los caciques regionales.

El partido del gobierno, el gobierno del partido

Sin embargo, el director de orquesta de las autonomías no está por la labor y cada una de ellas va a lo suyo.

No es solamente que en materia educativa la situación sea caótica. No es cuestión nada más de que las incompatibilidades sanitarias te obliguen a mirar en qué comunidad autónoma te pones enfermo. Ciñámonos a los dineros. Por simplificar, no porque todo lo demás no sea importante.

Los gobiernos regionales juegan al mismo juego que los países de la Unión Europea en su entorno. La regla máxima es la misma: ingresos centrales (más los impuestos autonómicos), gastos independientes. Es decir, el "orgullo de mamá" con la paga en el bolsillo se gasta el dinero, que es de todos los españoles, en lo que cree oportuno. Y lo que cree oportuno muchas veces es de carácter partidista y sirve para asegurarse la reelección.

Desde un punto de vista exclusivamente político, como estrategia de partido no está mal. Tenemos esta comunidad autónoma, para evitar que el partido de enfrente nos la quite vamos a llenar las panzas locales y a presentar unas cuentas chapuceras pero "vendibles", y que el poder central trague con ello. Y si no, transferimos competencias a ayuntamientos pero no disminuimos nuestro presupuesto y así tenemos más margen de gasto.

En este tipo de situaciones, lo lógico sería cerrar el grifo del dinero (de todos los ciudadanos) a las comunidades ineficientes, gastosas, chapuceras y/o corruptas. Pues no. No se hace. Eso sí, se amaga y no se da. ¿Qué razón puede haber para esa falta de rigor presupuestario y de respeto al sudor de la frente de los españoles? La razón de los votos. De manera que una ya no sabe si el Gobierno pertenece a un partido o es un partido que está en el Gobierno.

La gravedad de amagar y no dar

Pero en esta ocasión, el tema no es presupuestario. Se trata del cumplimiento en el pago a proveedores, esos empresarios que decidieron firmar un contrato con la administración y pensaron que un contrato es un contrato y se cumple siempre. Cuando un gobierno tiene que presentar un anteproyecto de ley de Control de la Deuda Comercial y amenaza con recuperar los tributos transferidos a las CCAA en el caso de que sigan sin cumplir los contratos con sus proveedores es que la cosa es muy grave.

Pero no es que sea grave, es que el tema es peor, va mucho más allá. No solamente se está quitando el pan de la boca a quien firmó un contrato con la administración. Es que la exigencia del cumplimiento es de un timorato insultante. Exactamente igual que las amenazas fantasma de los incumplimientos de déficit. La comunidad autónoma será advertida, dispondrá de 7 meses y entonces si no depone su actitud será sancionada. ¿Qué ha sido del proveedor para entonces? Otra empresa cerrada, familias en el paro, drama social.

Pero recuerden… los culpables son los hedge funds, los mercados, Merkel y el chachachá.

Una “app” para encontrar papel higiénico

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Según parece, alguien ha desarrollado una "app" que, instalada en tu dispositivo móvil o en tu tableta, te facilita localizar supermercados que dispongan de productos de primera necesidad, entre ellos papel higiénico.

La aplicación, que ha sido desarrollada en Venezuela y para los venezolanos, se llama "Abastéceme" y ya ha tenido varios miles de descargas. Consiste en una especie de red social en que la gente identifica los locales comerciales que, en un momento dado, disponen de bienes básicos, como puede ser el papel higiénico ya citado, pero también azúcar, leche, arroz o café.

No es momento aquí de analizar las causas de tan terrible desabastecimiento. El imaginario popular tiende a culpar de estas carencias a las sequías, las guerras u otras catástrofes. Sin embargo, todo buen economista sabe que las causas siempre tienen que ver con los controles de precios que imponen los gobiernos en esas y otras circunstancias. Y seguro que la democrática Venezuela de Chaves y ahora Maduro, algún control de precio tiene. Porque, que se sepa, no ha habido ninguna catástrofe natural o guerra a la que culpar de tan nefasto acontecimiento.

Más interesante, o al menos original, me parece reflexionar sobre la circunstancia que revela la existencia de esa app, que podemos resumir de la siguiente manera: en Venezuela es más fácil tener una tableta o un smartphone que hacerse con leche o papel higiénico. La tecnología más puntera se utiliza para tratar de cubrir las necesidades más básicas. Los dispositivos más caros, al servicio de los productos menos elaborados. Aquí hay algo que no funciona.

La primera conclusión que se podría sacar, y al hilo con lo dicho en el penúltimo párrafo, es que existen controles de precios para los bienes básicos, y no para los teléfonos móviles. Es típico de gobiernos y políticos preocuparse por las necesidades básicas de los individuos, y establecer para su correcta satisfacción todo tipo de controles regulatorios. Ello conlleva siempre mala calidad, listas de espera y continuas amenazas de desabastecimiento. Así que cuanto más importante sea la necesidad, menos debería dejarse al gobierno intervenir en ella. O en otras palabras: con las cosas de comer no se juega.

Además de este primer análisis, cabe otro relacionado con la distorsión de las preferencias de los individuos, en este caso producidas por las políticas de bajos tipos de interés que están llevando a cabo desde hace varios años los distintos bancos centrales, como infructuoso remedio contra la crisis económica.

En efecto, el tipo de interés consiste también en una relación de intercambio, el precio de cambiar bienes presentes por bienes futuros. Como explica Böhm-Bawerk[1], los individuos preferimos un bien presente al mismo bien en el futuro, por al menos tres razones:

  • Los bienes futuros solo pueden satisfacer necesidades futuras, mientras que los bienes presentes pueden satisfacer tanto las necesidades presentes como las futuras, si se opta por posponer su uso.
  • Los seres humanos sistemáticamente infravaloran sus necesidades futuras.
  • Los bienes presentes son técnicamente superiores a los futuros, pues su posesión permite desarrollar procesos productivos más largos y más productivos, por tanto, de mayor utilidad marginal.

Si se interviene sobre el tipo de interés bajándolo artificialmente respecto al que sería su nivel de mercado, el efecto es que se infravaloran los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Dicho de otra forma, a los empresarios y productores se les está dando la señal errónea de que la gente prefiere posponer su consumo. Ello les impulsa a actuar con inversiones a mayor plazo, esto es, en productos más sofisticados y con tecnologías más complejas, que supuestamente tienen tiempo para desarrollar habida cuenta de las preferencias de los individuos por bienes futuros.

Así, las bajadas artificiales de los tipos de interés impulsan a los emprendedores hacia la fabricación de productos como los smartphones, las tabletas o las apps para estos aparatos, atrayendo recursos desde las etapas de fabricación más cercanas al consumo, como puedan ser la de azúcar, leche o papel higiénico.

Comparativamente, ello hace que tienda a ser más fácil o más barato en términos de costes relativos, comprarse un iPad que un kilo de azúcar. Y esta tendencia proseguirá mientras los tipos de interés se mantengan artificialmente bajos. Venezuela ya está allí, como revela la noticia comentada, aunque haya que reconocer el rol desempeñado por los controles de precios implantados[2].

La cuestión es cuánto tiempo nos queda a nosotros. Disfrutemos entretanto de iPads, televisiones planas y consolas de última generación, y esperemos que no llegue el momento en que deseemos que sean comestibles.


[1] Böhm-Bawerk, E. von (1891). The positive theory of capital. Londres: McMillan & Co, p. 250-281.

[2] En caso de no existir controles de precios, no se habría producido desabastecimiento sino un gran encarecimiento de los productos básicos.