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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Su lado más hayekiano

Escrito por David de Bedoya en . Publicado en Análisis diario.

Acaso pudiera pensar el lector más despistado que la última publicación de Juan Ramón Rallo, Una Revolución Liberal para España, alejaba al Director del Instituto Juan de Mariana de las tesis que dieron a Hayek el Premio Nobel de Economía. Esto es, del título de la obra así como de gran parte de la misma, se desprende un espíritu libertador de ruptura con la opresión ejercida por el Estado a los ciudadanos.

Empero, Juan Ramón ha logrado sacar a relucir (y el lector se percatará según vaya avanzando en la lectura de la obra) su lado más hayekiano para demostrar, una vez más, que atesora no sólo una enorme capacidad de esfuerzo plasmado en cada capítulo con la investigación en profundidad de los diferentes sectores explicados, sino la enorme ambición intelectual de proponer una revolución evolutiva. Esto es, si me permiten el símil, Juan Ramón plantea, probablemente por primera vez en la historia del liberalismo, una transformación radical del modelo social en el que nos desenvolvemos sin que dicha transformación suponga una ruptura caótica, desordenada y funesta para la sociedad que participe de ella.

Esta es la mayor aportación intelectual que realiza a lo largo de la obra. Porque Juan Ramón Rallo sabe, y así lo demuestra, que aun cuando la ruptura radical con el modelo social actual pudiera ser pacífica y ordenada, sólo por el hecho de ser radical y forzada por elementos exógenos a la misma estaría abocado al fracaso. Porque es plenamente consciente de que las instituciones sociales necesarias para que el establecimiento de este Estado reducido no existen en su plenitud hoy en día. Pero que con una pausada y sosegada transición se pueden ir desarrollando y sedimentando para, una vez lograr un abultado Estado del 5% del PIB continuar su reducción hasta aquellas tareas cuyo orden centralizado y no comunitario (piénsese en la Defensa, por ejemplo) pudiera resultar más lógico que la devolución absoluta de los sectores a la sociedad.

Sin embargo, esta evolución social hayekiana de manera descentralizada y ordenada espontáneamente por el proceso de mercado (así como por la función empresarial individual) era rara vez sostenida sector por sector con el estudio del mercado, su comprensión y el análisis detallado de tendencias subyacentes que explotarían de realizarse la transición.

Piénsese en otros revolucionarios que a lo largo de la historia del pensamiento han aportado sus ideales sobre la utopía ansiada y han construido la manera de alcanzar la misma. Si cogemos el caso de los pensadores utópicos clásicos del siglo XIX (Bakunin, el primer Marx, Kropotkin, etc.) confiaban plenamente en que una vez removidas las incongruencias inherentes al sistema social dominante su utopía ordenaría de manera natural la sociedad. El problema que se encontraron estas ideas al ser llevadas a la práctica, en un curioso devenir de la historia, no fue de buenos incentivos existentes para lograr esa utopía. Fue un problema de malos incentivos que la transformaron en una distopía y que acabó mutilando el único experimento realizado a gran escala hasta la fecha: la Unión Soviética.

Juan Ramón, plenamente consciente del error tremendo que cometieron los pensadores utópicos al proponer la ruptura del modelo anterior, destrozando las instituciones sociales y coartando la libertad de las personas al transformar la esencia de las mismas, apela la mayor. No busca una verdadera revolución, el Juan Ramón que escribe la obra es plenamente evolucionista y consecuente con el orden de mercado. Veámoslo a través de tres capítulos de su magnífica obra donde tal confianza, exposición y desarrollo de las instituciones sociales queda totalmente reflejada y demostrada.

Educación

Hay dos factores que, en el tema educativo, Juan Ramón desarrolla con rigor y profundidad. En primer lugar, los problemas de accesibilidad al sistema educativo universal por el conjunto de los ciudadanos pertenecientes a la sociedad y, el segundo, los problemas de eficiencia existentes hoy en día en el sistema educativo y cómo una sociedad con instituciones sanas podría afrontarlos y superarlos.

En el análisis de la relación coste-precio del sistema educativo es donde se puede admirar el enorme esfuerzo intelectual que ha llevado a cabo Juan Ramón en esta obra. Además, denominador común de todos los capítulos.

Juan Ramón no deja al azar o a las meras conjeturas la estructura de costes de un centro educativo. No plantea cómo debería ser el margen bruto de un colegio, cuánto su beneficio operativo sobre las ventas o cuánto su resultado financiero. No. Juan Ramón baja a los datos, a la realidad actual del sistema educativo, y analiza partida de coste por partida de coste hasta averiguar: (i) cuál es la que ponderadamente tiene mayor importancia dentro de los gastos variables; (ii) qué parte de los gastos fijos es directizable, cuál minorable y cuál susceptible de ser eliminada; y (iii) cómo la estructura de costes se volvería mucho más flexible ante un cambio como el planteado en el libro.

De esta manera, y no quiero avanzar ni los estudios que menciona Juan Ramón ni sus conclusiones, observa que el coste productivo variable de un centro educativo muestra una correlación fuerte con el gasto en personal del centro. Así, junto a otras partidas bastante sencillas de eliminar y que en una estructura de demanda mucho más sensible al coste no tendrían sentido en el mercado (¿demandaría un padre que el colegio de su hijo amortizase el mobiliario a 2 años con el correspondiente incremento en precio o acudiría presto a un colegio con costes menores – precios menores – arbitrando por tanto cadenas de costes?). Por ello, no sólo propone por qué se abarataría el coste (al convertir al demandante precio-aceptante en consumidor soberano) si no que extiende la correlación al salario del profesorado en función de las rentas medias de la población (y, como éstas, flexible ante movimientos bruscos de los precios a nivel agregado). Con esto, Juan Ramón le da la vuelta de una manera magistral al debate demostrando con los datos que el acceso universal a la educación no sería impedido por precio.

Pero es que, para más inri, demuestra a través de los más especializados estudios en educación cómo el mantener un sistema educativo (y esto ya es a nivel de cultura occidental) propio de la Alemania del siglo XIX lastra la eficiencia del sistema, su adaptación al alumno y su porcentaje de éxito. Sistema educativo que sólo se mantiene en aquellas sociedades donde el Estado acapara un elevado porcentaje de la provisión de oferta educativa y regula el monto restante.

Sanidad y Seguridad Social

No quiero extender mi análisis de este apartado porque considero que la lectura del mismo – sobre todo ante un gasto presupuestario en sanidad que sólo puede ser creciente en el medio y largo plazo en España ante el envejecimiento y la extensión de servicios sanitarios a servicios de geriatría – es de vital importancia para los retos sociales que nos plantea el devenir de Europa. Puesto que no son meros retos presupuestarios que pudieran ser solventados por el más atroz de los recaudadores, el problema social subyacente al desequilibrio en esta partida de gasto no debe ser obviado.

Y Juan Ramón lo afronta con el mismo espíritu que afronta su tesis sobre el crecimiento económico y sobre la expansión crediticia: ahorro, ahorro, ahorro. Ahorro para la provisión de estos servicios, ahorro preventivo, ahorro comunal. A través de las páginas – y el análisis de las propiedades mancomunadas es brillante desde un punto de vista jurídico con toda la exposición de la institución de comunidad de bienes romana y su funcionamiento, así como desde un punto de vista histórico, detallando cómo así se preveían estos avatares vitales antes de que el Estado corrompiera esta institución –.

Pero el trabajo que vuelve a realizar Juan Ramón al respecto de la inflación de costes ante la falta de sensibilidad de la demanda (apoyado en diversos estudios de mercado sanitario en Estados Unidos) es colosal para llegar a la misma conclusión que la que previamente pergeñamos en el apartado educativo: el consumidor debe volver a ser soberano con su sanidad y el presupuesto que gestiona para la misma.

Justicia

Esta es quizás una de las propuestas sorprendentes de Juan Ramón. No sólo sorprende porque no pretenda privatizar la función estatal de justicia por entero (algo que entiendo se solaparía con su sistema asistencial en el Estado del 5% por lo que, bajo su modelo teórico-práctico, vuelve a la justicia pública inútil a mi entender), si no que sorprende porque la propuesta de Juan Ramón no es que sea novedosa. No es que sea un reciclaje de propuestas de los mejores pensadores austríacos o de Adam Smith. No.

Juan Ramón concibe la idea de justicia como una idea redentora, como mecanismo de resolución (y evitación) de conflictos con el fin de resarcir al dañado. Y porque la función resarcitoria es vital para el ideal de justicia de Juan Ramón le deja a las partes que deben quedar gratificadas por el resultado jurídico la elección del sistema de justicia. ¡Como hacían los mercaderes de los gremios medievales acudiendo a árbitros o los mediadores de derecho marítimo mercantil de la época fenicia!

Es algo que – y sé que es por falta de espacio en el texto – Juan Ramón no ha podido desarrollar. Pero es plenamente consciente de que la profunda especialización que a pasos agigantados está posibilitando la siguiente fase de división del trabajo (la masiva implantación tecnológica que se avecina y ya vivimos) hace inviable que la justicia siga siendo pública, homologada y homogénea como lo es a día de hoy.

La especialización que los jueces y los demás funcionarios de justicia tienen acabará siendo menor que la de las partes. La asimetría de la información, tan manida por los círculos interventores, se producirá no interpartes si no en desfavor del órgano juzgador. Eventos que ya suceden y provocan que cada vez más contratos sometan a las partes a la jurisdicción arbitral acabará por extenderse de manera paulatina al conjunto social. No es más que esto (así como la transición) lo que Juan Ramón propone.

Este canto a la sociedad, a las instituciones pilares de la misma y al individuo libre, propietario individual y propietario mancomunado es mayúsculo, inédito hasta la fecha y revolucionario a nivel intelectual. Pero evolucionario a nivel social.

Porque Juan Ramón no busca denostar al individuo. No desconfía en él. Confía en la persona, en la sociedad, en los lazos comunales voluntarios y las instituciones que surjan de los mismos. En las herramientas sociales y libres de resolución de conflictos. Una Revolución Liberal para España deja un legado enorme a la sociedad española. Por ello, cómprenlo, difúndanlo, amplíen su contenido. Mejoren las propuestas y reflexionen sobre cómo fortalecer las instituciones que Juan Ramón plantea para que el Estado sea todavía menor y la coacción no sobrepase el 1%.

La tarifa, el “tarifazo” o cómo escurrir el bulto

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A mediados del pasado mes de febrero, el Ministerio de Industria anunció a bombo y platillo un nuevo sistema para determinar la tarifa eléctrica a través del ínclito Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. Esto ya deja muy claro que las quejas de aquéllos que culpan al mercado de las continuas subidas no dejan de ser pura retórica antiliberal, simple desconocimiento o ambas cosas, pues resulta obvio que en un sistema liberalizado nadie debe “fijar” el precio de un bien o servicio como lo hace el Gobierno.

Pero aun admitiendo esto como un mal más mayor que menor, el nuevo sistema parece más bien un artificio pensado durante una mala noche que algo procedente de un sesudo y profundo análisis. Este sistema no pretende en ningún momento solucionar los problemas del sector (financiación de las renovables, fin del déficit de tarifa, liberalización real, etc.), sino que trata de ocultar el ridículo del Gobierno cuando en diciembre suspendió la subasta eléctrica que el propio Estado había creado y que, cuando las cosas le favorecían, como en la bajada del mes de abril de 2013, tan buena le parecía. Y sólo lo oculta ligeramente.

En diciembre, un cúmulo de circunstancias hizo que el resultado fuera el opuesto y el precio se disparara muy por encima de lo previsto. El Gobierno, ante el temor del impacto político de semejante subida, entró en estado de pánico y se lanzó a anular el sistema como buenamente pudo. La idea, como era de esperar en política, fue precipitada y poco meditada en el medio y largo plazo, y se acusó a las empresas eléctricas de manipular el sistema. Suspendida la subasta, el Gobierno, en su inmensa bondad, anunció que fijaría una subida menor para evitar al indefenso ciudadano un daño injustificado. José Manuel Soria, ministro del ramo, no se molestó en explicar cómo y quién había manipulado la subasta, pero ahí quedó la afirmación y la anulación.

Unos días después, se fijó la subida arbitrariamente en un 2,3%, pero lo que fue más indignante es que la propia CNMC, órgano “independiente” no sé si a servicio del Gobierno, tras abrir un expediente informativo después de la petición de Soria, afirmó que no había detectado ninguna manipulación y sólo apreciaba alguna circunstancia atípica.

Como era previsible, la polémica se calmó durante las Navidades y el comienzo del año, pero el problema creado por la suspensión de la subasta seguía abierto y exigía una solución relativamente rápida, ya que en abril se debía acometer una nueva revisión. Y aquí entra en juego la capacidad de análisis y resolución del Gobierno. Lo deseable habría sido una solución que encauzara el sector, que acometiera sus problemas y permitiera una mayor liberalización, algo que la propia UE exige. Sin embargo, el Gobierno ha creado un sistema caótico pero que, sin duda, sirve a sus cortoplacistas fines.

El nuevo sistema de tarificación ofrece dos alternativas: la primera es que el precio se fije con la variación de la cotización de la energía en el mercado mayorista, que cambia cada hora, y la segunda opción es una tarifa plana que será más cara que la media del precio en el ‘pool’ antes mencionado.

De entrada, conlleva numerosos problemas técnicos, ya que requiere contadores inteligentes, de los cuales hay apenas cinco millones instalados y de ellos, sólo uno mide por horas, y además supone la creación de nuevos sistemas informáticos por parte de las eléctricas. Tampoco permite a los consumidores saber el precio que van a pagar por la energía, ni cuando ésta es más o menos cara, ya que deberían estar atentos cada hora a la fluctuación del mercado. Y éstos son sólo algunos de los problemas más inmediatos para el usuario, pero incluso se ha llegado a afirmar que sería incompatible con la Ley del Consumidor, que impide que se fije el precio de un servicio o bien en el momento de la entrega, que es lo que sucedería.

Entonces, se preguntará el lector: ¿qué pretende el Gobierno con este caótico sistema? La respuesta es sencilla si nos fijamos en el verdadero problema del Ejecutivo. Ni a Soria ni a Nadal les importa el precio que pagamos por la electricidad, o no cargarían cada vez más impuestos y primas en el recibo. La verdadera preocupación del Gobierno es que, cada tres meses, se enfrenta al papelón de ver en los medios de comunicación que la tarifa vuelve a subir por su mala gestión, su ineficacia, su desidia y su afán de incluir cada vez más impuestos en el recibo eléctrico.

Con este nuevo sistema, lo evita. Si optamos por el enrevesado sistema de tarificación horaria, nunca recibiremos la noticia de una subida en el precio, pero éste será distinto cada vez que pulsemos un interruptor sin que nos demos cuenta. En cambio, si nos pasamos a la tarifa plana, entraremos en lo que se llama “mercado liberalizado”, que si bien no lo es, deja en manos de las eléctricas la tarifa que nos cobran y que se renovará, en principio, anualmente. De esta manera, el Gobierno esquiva la polémica que, obviamente, se traslada a las empresas. ¡Objetivo conseguido, no más precio político por un sistema caótico! El Gobierno no está para solucionar problemas, está para que parezca que no los hay. Las encuestas y las elecciones lo mueven y el interés ciudadano les importa un pimiento a todos.

Inmigración (VIII): ni asimilación ni multuculturalismo

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

 "Cerremos la puerta y asimilemos lo que ya tenemos, criemos ciudadanos americanos puros y desarrollemos nuestros propios recursos americanos". Senador DuRant Smith, discurso de 9 Abril 1924.

"El bilingüismo es una gran ventaja para cualquier persona pero tiene consecuencias peligrosas para una nación". Congresista republicano Tom Tancredo, dic. 2007.

"La asimilación no es posible en un contexto de inmigración masiva. Medidas de orden constitucional, legislativo y reglamentario deben adoptarse de forma urgente para detener tanto la inmigración legal como la clandestina". Extracto sobre la inmigración de la Web del Frente Nacional francés. www.frontnational.com.

 "La equivalencia moral de todos los grupos culturales y sociedades es la premisa filosófica que constituye la base del multiculturalismo". Álvaro Vargas Llosa.

"Multiculturalidad: Política activa consistente en poner en valor todas las culturas, a excepción de la occidental, contaminada por siglos de cristianismo, franquismo, fascismo de los mercados y barbarie sionista". Enciklopedia perroflauta. Fernando Díaz Villanueva y Pablo Molina.

 "El ejemplo de los Amish en EEUU sirve para ilustrar las implicaciones de una sociedad abierta, donde no se exige la homogeneización lingüística y cultural que tanta gente reclama en Europa". Albert Esplugas.

"De ordinario, la gente elige la civilización cuando tiene posibilidades de hacerlo". F.A. Hayek.

Cuando se trata el tema de la inmigración se desencadenan siempre y en todo lugar acalorados debates y se acaba, por desgracia, yendo en última instancia contra la libertad de las personas, sea en un sentido o en otro. Así, los conservadores proponen cerrar las fronteras a cal y canto acompañadas de soluciones policiales y de asimilación forzosa, sin importarles que la libertad de los extranjeros migrantes o la de los nativos que desean contratar con ellos sean conculcadas. Por su parte, los progresistas, aun siendo favorables a una mayor apertura de fronteras y a un reconocimiento de los "ilegales" que trabajan o residen de facto, reclaman mayores gastos públicos para el mantenimiento de culturas ajenas a la propia y, al mismo tiempo y en clara contradicción, para planes de integración de los inmigrantes financiados con presupuesto público, castigando el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Los sindicatos, por su parte, han cambiado de posición con respecto a la inmigración a lo largo del tiempo. Si bien al inicio eran contrarios a la misma por considerarla una fuente de competencia a la baja en los salarios de los trabajadores, posteriormente se han ido mostrando, al igual que los progresistas, más proclives a una mayor apertura de fronteras, acercándose así a las posiciones liberales. No obstante, lo que les separa a los primeros de los liberales es el escepticismo y rechazo de estos últimos hacia las políticas activas de multiculturalismo patrocinadas desde los poderes públicos. Todo izquierdista de pata negra las defiende, a diferencia de los liberales que las critican. Esta posición de los liberales se acercaría a la de los conservadores, pero se distancian de éstos en que los liberales no están en contra de la diversidad ni de la inmigración, como sí declaran los conservadores cada vez que ponen en cuestión las medidas multiculturalistas.

Los liberales son los únicos en tratar el tema de la inmigración sin necesidad de ir contra la libertad de nadie.

Asimilación, impaciente exigencia conservadora

Los conservadores tienen poca tendencia a tolerar aquellas conductas o formas de vida que se apartan de lo que juzgan normal y deseable. Cualquier minoría fuertemente cohesionada por otros valores a los suyos propios la perciben con desagrado cuando no, como una seria amenaza. Es por ello que son proclives a que el número de inmigrantes no crezca y a que los que están ya trabajando en sus sociedades de acogida sean asimilados lo más rápidamente posible, sin tener en cuenta que toda verdadera integración requiere de un tiempo y de unos ciclos generacionales de adaptación cultural.

El deseo de dar nombres autóctonos a los niños de los inmigrantes, las exigencias de aprendizaje del idioma o de tests de cultura o ciudadanía como requisitos para la concesión de visados o para el otorgamiento de la nacionalidad son medidas típicamente conservadoras de asimilación artificial. Se es intolerante frente a cualquier desviación de la cultura hegemónica porque se cree peligrosa para la cohesión grupal. En el fondo dicha actitud refleja falta de seguridad en los valores propios además de un lamentable sesgo beligerante y hostil ante códigos morales diferentes.

La discriminación positiva sería otra medida más de asimilación forzada (compartida en este caso también por los progresistas). Obedece a los deseos del legislador por integrar a machamartillo a los inmigrantes y otras minorías. Obliga a empresas, centros educativos o guarderías a darles preferencia frente a los autóctonos. Esto atenta contra la libertad de contratación y tiene consecuencias inesperadas.

El ritmo del aporte de los diferentes tipos de inmigración, las complejidades de la división del trabajo y la adaptación cultural como proceso dinámico en el tiempo hacen desaconsejable forzar la asimilación de manera artificial.

Una nación no se ve amenazada por la existencia de minorías dentro de sus fronteras que tardan más o menos en asimilarse. Puede verse amenazada, por el contrario, si no se comparten unos principios de convivencia verdaderamente básicos como veremos más adelante.

Multiculturalismo, peligrosa ocurrencia progresista

De todas las alegres políticas progresistas, tal vez sea ésta la que mayor carga de profundidad contenga. Partiendo, con razón, de una crítica contra la asimilación forzosa patrocinada por los conservadores, se afirma que todas las culturas y sus valores implícitos son igualmente defendibles en la sociedad de acogida para, a continuación, dar un paso más y acabar defendiendo (y subvencionando) todo lo imaginable excepto precisamente los propios valores de la sociedad occidental. Ante el fenómeno necesario y deseable de la inmigración, se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para debilitar los lazos verdaderamente cohesionadores de las complejas sociedades anfitrionas.

Las políticas multiculturales son puras medidas colectivizadoras, como todas las socialistas. Encajonan al inmigrante en su colectivo correspondiente y niegan su individualidad, aislándole de la comunidad local en donde vive y privándole a la postre de las oportunidades que la interacción del mercado/sociedad puede ofrecerle. Inspiradas en la tesis del antropólogo Calude Lévi-Stauss (todas las sociedades tienen una misma equivalencia cultural y moral) pretenden injertarla en las sociedades de acogida.

Éstas quedan, por tanto, parceladas en grupos étnicos o culturales, cada uno con sus propios derechos de identidad que implican obligaciones del resto de la sociedad para con ellos. Esto da pie a que desde las instancias administrativas se fomente la educación en la diferencia de las minorías, inculcando un nacionalismo étnico e impermeable. Se recurre al permanente victimismo y se denuncia la discriminación sufrida para, en consecuencia, reclamar más justicia social o compensatoria para remediarla. Es una mala política el poner el foco en el grupo para proveer derechos; puede fomentar también los prejuicios por parte de los nativistas hacia dicho grupo. No es la inmigración, sino la incapacidad y torpeza intervencionista de los políticos gobernantes la que está alimentando la xenofobia y el rechazo a ciudadanos extranjeros. Lo mejor es siempre garantizar derechos individuales bajo un mismo imperio de la ley para todos.

El Reino de Suecia ha sido el campeón del multiculturalismo; ha habido épocas en que se ha impartido enseñanza pública hasta en cien idiomas diferentes. En muchos otros países se han aplicado políticas de vivienda pública (social) que han favorecido la construcción de grandes núcleos de vivienda barata para inmigrantes que resultaron en la creación de guetos periféricos cerca de las grandes urbes. Se han dado subvenciones para transmitir la cultura de colectivos de lo más pintorescos, multiplicando las identidades ad infinitum. Este sistema, pese a su buenismo, ha supuesto un costoso experimento de dudosa efectividad en todos los Estados de bienestar y no ha logrado la integración real del inmigrante.

La ideologización de las minorías es muy perniciosa. Los supuestos marginados invierten las reglas de juego objetivas y, en vez de esforzarse ellos mismos por adaptarse, sus esfuerzos son dirigidos a ser reconocidos institucionalmente en lugar de aportar lo mejor de sí a los procesos de mercado en la sociedad anfitriona. Quedan encasillados en su etnicidad o en su peculiaridad identitaria. Conceptos como la "nación" negra, aborigen o islámica pueden derivar en la pretensión de conformar su propio sistema político dentro de las fronteras de un país. Esto no sólo hace imposible la mínima integración necesaria de los inmigrantes sino que socava los fundamentos más básicos de la sociedad de acogida.

Todas estas políticas de "multiculturalidad" no pueden sino estar abocadas al fracaso. Caso de que triunfaran, el fracaso sería el de la sociedad anfitriona y su incapacidad por integrar mínimamente al inmigrante. Es preciso repensar o reenfocar este tema en las modernas sociedades con el fin de celebrar la diversidad cultural pero oponerse decididamente a las disolventes políticas multiculturales.

Integración, deseable propuesta liberal

Los flujos migratorios amenazan sólo aparentemente los valores de los países receptores. El mercado integra verdaderamente al inmigrante, no así las políticas activas de asimilación o de multiculturalismo. Hay que favorecer la integración y dejar de patrocinar intervencionismos desde el Estado. Más mercado y más reglas generales y menos políticas y menos subvenciones para los inmigrantes y sus culturas.

La forma en que mejor se puede integrar un inmigrante en la sociedad de acogida es mediante el trabajo, sea éste el que sea. Cuando una persona está cubriendo las necesidades de otros mediante la prestación de servicios o el intercambio de bienes en el mercado, tiene sentido su presencia en el mismo. El trabajo dignifica al inmigrante y beneficia a la sociedad en su conjunto. Su participación en el mercado, con sus necesarias interrelaciones diarias, exigirá irremediablemente al inmigrante un mínimo de adaptación a las costumbres y al idioma del entorno. Además, requerirá el aprendizaje del cumplimiento de los contratos, el acatamiento de las normas y el respeto por la propiedad privada; es decir, hará suyos los valores fundamentales de cohesión mínima en el país de acogida. La diversidad cultural o la diferenciación de los individuos no impiden en absoluto su integración en la Gran Sociedad plural, cosmopolita y diversa, ni tampoco su particular contribución a la misma.

Los trabajadores inmigrantes no tienen por qué asimilarse de forma inmediata o completa en la sociedad anfitriona (aunque la experiencia nos dice que la mayoría lo hace a partir de la tercera generación). Tampoco los gobiernos deberían gastar dinero en políticas de multiculturalismo que convierten en derechos públicos cuestiones que debieran permanecer en la esfera estrictamente privada como son la religión, la cultura, las costumbres o el idioma de los inmigrantes. Éstos han de limitarse a cumplir la ley del Estado anfitrión.

En el fondo, el sentimiento anti-inmigratorio y el multiculturalismo son dos caras de la misma moneda. Por un lado, están los nativistas que desean restringir la inmigración sobre la base de que es imposible mantener un conjunto de valores compartidos sin contar con una nación étnica y culturalmente homogénea. Por otro, están los multiculturalistas que afirman que debido a que tenemos sociedades étnica y culturalmente diversas, es imposible mantener un conjunto de valores compartidos. Ambas posturas son erróneas. Tanto los "halcones" convencidos del inevitable choque de civilizaciones como las "palomas-multiculti" tienen una pobre visión de las personas que migran y de su capacidad para la integración por sí mismas. Ambos desdeñan los principios liberales e ilustrados de las sociedades desarrolladas.

El hecho de convivir personas de diferentes lugares del planeta dentro de un mismo país no significa un problema en sí mismo desde el punto de vista de las relaciones sociales, ideologías o valores. Tal vez una de las hipótesis más geniales lanzadas por Hayek fue el haber sugerido que son las reglas de conducta las que sobreviven, no necesariamente los grupos biológicos que se formen en torno a ellas. La sociedad por la que juzgamos el éxito de su orden extenso y sus normas no tiene por qué ser una población homogénea a lo largo del tiempo. Quienes adoptan las prácticas del orden extenso beneficiándose del mismo, lo hacen a menudo sin percatarse de los sacrificios que tales cambios puedan entrañar.

Por tanto, la propuesta liberal no es ni asimilación forzada ni el reconocimiento público de derechos a diversos grupos culturales, sino defensa del cumplimiento de las normas e integración en sociedad mediante el trabajo por parte de los inmigrantes con el fin de que se conviertan en miembros productivos de su nueva comunidad.

Por otro lado, es también deseable que exista cierta tolerancia a la diferencia por parte de los autóctonos, propia de sociedades abiertas y civilizadas. La única cultura por la que debiéramos preocuparnos es por la del respeto y protección de los derechos individuales (vida y su derecho a desplazarse, defensa de la propiedad y cumplimiento de los contratos voluntarios).

Los memes, pautas de comportamiento y hábitos de vida civilizados, pese a confrontar o desafiar los modos de vida de sociedades tradicionalistas o cerradas, son mucho más persuasivos y potentes de lo que generalmente suponemos. No los forcemos ni los diluyamos con absurdas intervenciones públicas.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI y VII.

El Gobierno se sirve a la mesa

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

"Cuando el Gobierno asume la responsabilidad por la gente, la gente ya no toma responsabilidades por sí misma".

George Pataki, político estadounidense.

A pesar de la inmensa leyenda que hay tras el presidente Abraham Lincoln, de un tiempo a esta parte se nutre la oposición a esa leyenda desenmascarando a Lincoln como un presidente fuertemente estatista y antiliberal. Buscando los orígenes del intervencionismo dietético y nutricional en EEUU, parece quizás no casualidad que Abraham Lincoln fue el comienzo de todo. Al fin y al cabo a él y básicamente él se debe el surgimiento del Departamento de Agricultura (USDA) que hasta nuestros días ha estado detrás de todas las guías dietéticas oficiales del Gobierno estadounidense.

Si pedir al Gobierno una postura científica como requería la nutrición era como esperar de Jhonny Walker la promoción de una conducta responsable con el alcohol, la borrachera parecía asegurada. En concreto, fue en 1862 cuando el presidente Lincoln creó dicho organismo con el objetivo central de "diseminar información útil en asuntos relacionados con la agricultura". Atiborrar a los estadounidenses, y a medio mundo por imitación, con cereales desde luego ha sido muy útil para la salud financiera de los agricultores, pero no para la física de los consumidores. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1916 para la primera guía nutricional del Gobierno. Se trataba de "Food for Young Children", que se resumía en comer siempre más en una época donde la desnutrición era elevada –aquello de la obesidad era entonces una rara, por no decir inexistente, enfermedad-.

En la Gran Depresión de los años 30, el papá Gobierno cuidó de sus ciudadanos publicando guías de compra de alimentos en función del nivel de ingresos de la familia. En los años 40, en plena guerra, llegó la "National Wartime Nutrition Guide", un gráfico en forma de rueda que distinguía siete grupos de alimentos y en una época donde aún la moda era ganar peso para no estar delgado como las personas de clase baja. Aquella guía era bastante confusa, pero es que el propio Gobierno era el primero confuso sobre qué recomendar. Y el descubrimiento de la importancia por aquel entonces de ya bastantes vitaminas y minerales no facilitaba la cuestión. El propio Gobierno pronto empezaría a ir modificando sus propuestas dietéticas a golpe casi de ocurrencias e ir desdiciéndose en ocasiones a sí mismo.

Lo que en los años 40 fueron los siete grupos alimentarios del Gobierno, en 1956 se convirtieron por arte de la magia gubernamental en sólo cuatro. Aquella guía duró básicamente hasta los años 70. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar como cambia el cielo soleado ante una súbita e inesperada tormenta de verano. Pero ¿por qué en los años 70?

Era una noche de la primavera de 1968 cuando, casi en medio de las revueltas estudiantiles que harían célebre para la posteridad aquellas fechas, cientos de miles de estadounidenses confrontaron a través de la CBS una cruda imagen en sus televisores: la muerte de un niño pequeño, bastante pequeño, soltando sus últimos alientos ante una cámara que enfocaba impertérrita. "Este niño está muriéndose de hambre". Con la voz firme, tras un hilo emotivo, el narrador enfrentaba abruptamente al espectador norteamericano con la verdad que menos podría haber imaginado: "Era un americano. Ahora está muerto".

El trending topic en una era sin internet no se hizo esperar. Aquel documental sería la chispa que habría de encender la mecha del Gobierno. Empezaban los años 70 y con ellos la cuenta atrás para un Gobierno tan grande como para engullir a todos sus ciudadanos.

@AdolfoDLozano/www. juventudybelleza.com.

Vida y milagros de Méndez y Toxo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Las visitas frecuentes a los restaurantes más acreditados y los viajes en los cruceros más exclusivos ya no son patrimonio de los potentados. Los principales defensores de la clase obrera son también rostros habituales en estos ambientes de lujo, con la salvedad de que ellos lo hacen con cargo al bolsillo del contribuyente, para orgullo de todos los que financiamos el espléndido tren de vida de tanto benefactor. Y es que los dos sindicatos mayoritarios en España, autotitulados "de clase" (alta), sólo conservan de sus principios fundadores la verborrea marxistoide que interpreta las interacciones sociales bajo el esquema decimonónico de la lucha de clases. Hoy en día, la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras son emporios empresariales cobijados al abrigo del presupuesto público, dedicados fundamentalmente a mantener el tinglado que permite a sus dirigentes disfrutar de todos los vicios pequeñoburgueses que las organizaciones de izquierdas siempre han condenado.

Horcajo y Algarra, Xavier y Javier respectivamente, son periodistas bien conocidos por su participación en los programas más exitosos de la cadena Intereconomía. Ambos han dado a la imprenta el libro Sindicatos, S. A., subtitulado "Toxo y Méndez, los mandarines del capitalismo obrero", que esmalta precisamente el éxito de los dos dirigentes sindicales en su empeño de convertir a unas organizaciones creadas para defender los derechos del trabajador en dos auténticos imperios financieros.

El rosario de escándalos del sindicalismo español, en el que la UGT ostenta un merecido protagonismo, distrae la atención del ciudadano de la causa principal que permite tanto latrocinio, que no es otra que la liberalidad con que estas organizaciones utilizan el dinero público. Tras dos capítulos en los que se relata la llegada al poder de Méndez y Fernández Toxo, imprescindibles para fijar el perfil biográfico de ambos mandarines, Horcajo y Algarra explican con detalle la manera en que las dos organizaciones han llevado a cabo todo un programa expansivo para rentabilizar el intenso caudal de fondos públicos que reciben cada año, sin que se sepa, hasta el momento, cuál es el beneficio tangible que los trabajadores españoles reciben a cambio. Los grandes escándalos de la UGT, desde la estafa de la cooperativa de viviendas PSV hasta el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, ocupan por derecho propio un lugar de deshonor en este libro, imprescindible para hacerse una idea cabal de los verdaderos intereses de estas organizaciones.

El anexo que se incluye como propina, con el nutrido listado de empresas vinculadas a UGT y CCOO, justifica sobradamente el título que Horcajo y Algarra han elegido para esta obra. Pocas empresas del IBEX 35 pueden exhibir un ramaje corporativo tan frondoso como el que ofrecen estas dos corporaciones sindicales gestionadas por Méndez y Toxo. Dos empresarios de postín, cuyo ventajismo la clase política en pleno se negará siempre a suprimir.

La solución al drama del paro juvenil está en manos del Estado

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

Afirma María Fanjul en este artículo en el Huffinton Post que la solución al problema del paro juvenil está en manos de los propios jóvenes. María Fanjul es, a sus treinta años, la consejera delegada de entradas.com -empresa con una facturación cercana a los 110 millones de euros- y este pasado enero ha asistido al World Economic Forum celebrado en Davos, participando en un panel sobre paro juvenil en calidad de "Global Shaper", figura con la que el WEF señala a líderes del futuro menores de 30 años. María había sido previamente, con apenas veintiséis años, la directora ejecutiva de StepOne, una empresa que facilita a startups españolas triunfar en Sillicon Valley. Estamos por tanto ante una mujer con un precoz e innegable éxito profesional designada por el influyente foro de Davos como una voz digna de ser escuchada para aportar posibles soluciones al drama del paro juvenil. El problema estriba en que su diagnóstico del problema es erróneo y por tanto las soluciones que propone no acabarían con el 57% de paro juvenil que padece España.

A modo de resumen, María Fanjul define varios problemas que, según ella, son responsables del paro juvenil y propone soluciones para los mismos. Insiste en que, si bien no exclusivamente, gran parte de la solución a este problema está en manos de los propios jóvenes. El Estado y el sector privado pueden y deben ayudar también, argumenta. Según su opinión, la causa fundamental del paro juvenil en España es fruto de la ausencia de una cultura emprendedora. Como solución a ese problema, Fanjul plantea dos soluciones: fomentar el emprendimiento y cambiar el modelo educativo. Para fomentar el emprendimiento, propone dos medidas: incrementar la financiación disponible para startups a través de una cooperación público-privada y comenzar a despertar el espíritu emprendedor en las aulas a una edad temprana. Los cambios en el modelo educativo que sugiere Fanjul son principalmente metodológicos. En su opinión, la metodología tradicional del profesor explicando la lección se ha quedado caduca. Lo que el mercado laboral demanda es el desarrollo de habilidades que permitan el análisis de la ingente cantidad de información a nuestro alcance y su utilización para crear e implementar ideas.

No hay duda de que el paro juvenil es un auténtico drama social. El desempleo es siempre una situación indeseable para alguien con ganas de trabajar. Pero en el caso de los jóvenes, el paro es aún más dañino por ser sus primeros años incorporados al mundo del trabajo y por el impacto tan negativo que puede llegar a tener en el futuro salarial de un profesional. No es lo mismo estar desempleado durante dos años cuando se tienen cuarenta años y se llevan cerca de veinte en el mercado laboral que hacerlo nada más acabar la carrera.

Analizando el diagnóstico que Fanjul plantea, discrepo con ella. ¿Es la ausencia de una cultura del emprendimiento en España un grave problema? Sin duda. ¿Explica este déficit el alto índice de desempleo juvenil? En mi opinión, no, e intentaré explicarlo. El paro (tanto el juvenil como el que padecen el resto de trabajadores activos en una sociedad) puede ser de dos clases: el friccional y el estructural. El paro friccional no es más que una desconexión entre trabajadores y empresarios, que no logran ponerse de acuerdo a corto plazo, fruto de cambios en las plantillas por parte de las empresas. Este paro no es problemático y si una economía sólo padece este tipo de paro se considera que existe pleno empleo técnico. El problema de la economía española es el paro estructural. El paro juvenil es un caso particular del paro estructural, que contabiliza el impacto del paro en un tramo concreto de la población activa (menores de 25 años). Fruto de la incapacidad por parte de los empresarios existentes de encontrar proyectos empresariales lo suficientemente rentables como para ofrecer a los trabajadores una remuneración que consideren adecuada y sea legal (igual o superior al salario mínimo). Solucionar este tipo de desempleo es complejo y exige dos medidas fundamentales. A corto plazo eliminar todo tipo de regulaciones salariales que puedan mermar la muy saludable flexibilidad salarial. A largo plazo, lo único que puede solucionar este tipo de desempleo es modificar la estructura productiva. Para que eso suceda, es condición necesaria que exista un entorno que propicie la inversión a largo plazo con medidas como una fiscalidad moderada y una gran seguridad jurídica, además de un buen sistema educativo.

Como pueden ustedes intuir, en España carecemos de ambos mecanismos: ni nuestro mercado laboral facilita la necesaria flexibilidad laboral (aunque la reforma laboral sí ha contribuido a mejorarla) ni se dan los ingredientes necesarios para el ajuste de una estructura productiva a todas luces inadecuada. De tal forma que, cuando una crisis económica azota nuestro país, los tradicionales mecanismos para reducir el paro brillan por su ausencia. Como colofón, acabamos siempre en la lista de los países con mayores tasas de desempleo de toda la Unión Europea. ¿Tiene algo que ver el paro juvenil con la cultura de emprendimiento? Atendiendo a la teoría económica y a los datos oficiales, parece difícil creer que si España tiene un paro juvenil del 56% y Alemania del 7,7% sea porque los alemanes sean siete veces más emprendedores que los españoles. Los españoles somos menos emprendedores en general que la media de la UE, tenemos, como bien señala Fanjul, un miedo al fracaso muy perjudicial, pero no somos siete veces menos emprendedores que nadie. Este factor por sí solo no explica el altísimo paro juvenil de nuestro país. Lo que lo explica es sencillamente el enorme intervencionismo estatal en la economía. El Estado interviene y distorsiona al no permitir la flexibilidad salarial, al fijar salarios mínimos por encima del nivel de equilibrio (lo que genera paro) y al no fomentar todos los mecanismos necesarios para impulsar la inversión a largo plazo. Según el Banco Mundial, montar un negocio en España es más difícil que en Zambia. La seguridad jurídica en España es escasa en comparación con otros países infinitamente más "business friendly". Que se lo pregunten a los inversores en renovables, que al calor de la garantía del Estado invirtieron cantidades ingentes de ahorro y han visto cambiada la Ley con carácter retroactivo sin salir de su asombro.

La cultura emprendedora es vital para el desarrollo de una sociedad próspera. Al cabo, son las empresas las que satisfacen las necesidades humanas más básicas y las generadoras de riqueza en una economía. Desarrollar y potenciar el espíritu emprendedor de los jóvenes es, coincidiendo plenamente con Fanjul, algo imprescindible, no ya por tener un paro juvenil desorbitado sino en cualquier circunstancia. Esta misma semana, en un taller sobre educación financiera que impartí a niños desescolarizados entre 6 y 14 años, la tarea principal era montar un puesto de helados, decidiendo cómo administrar el presupuesto inicial y atender a los gastos habituales como el alquiler, los suministros o la materia prima y elegir la carta a ofrecer y unos precios que cubriesen los costes. Cualquier medida que logre fomentar este espíritu será garantía de éxito. Cualquiera, salvo una que propone Fanjul y que pasa por la cooperación público-privada en materia de financiación de startups. Si algo debe aprender el ciudadano medio sobre economía es que el Estado es un terrible planificador y decisor. Miren si no la ruina de inversiones que tenemos en infraestructuras en España y que los políticos levantaron con nuestro dinero. España necesita muchas cosas, pero no al Estado financiando ni un sólo proyecto empresarial más. Si la mejor de las startups no logra financiación privada, o la startup no merece la financiación, o España no debe ser el mercado en el que la lancen.

Como mencionaba previamente, eliminar el miedo al fracaso de la mente de los individuos es otro objetivo muy beneficioso para desarrollar el emprendimiento. Por otra parte, mejorar el sistema educativo también tendría un impacto positivo en el sistema económico de un país pero, de nuevo, es el Estado el mayor responsable del fracaso del sistema y el que tiene la llave para revolucionarlo. Basta con privatizar la enseñanza y que el mercado empiece a ofrecer infinidad de ofertas educativas novedosas y a precios de asequibles. Pero todas esas medidas son insuficientes sin los dos mecanismos de ajuste mencionados con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, no podemos exigir a los jóvenes que aporten soluciones para arreglar este problema. Ni ellos no son los responsables de esta situación ni la solución está a su alcance, por muy buena voluntad que tengan. La solución está en manos del socialdemócrata Gobierno de Rajoy y ni tan siquiera es necesario gastar un solo euro de dinero público: basta con eliminar leyes dañinas para los ciudadanos como el salario mínimo o la negociación colectiva y redactar de cero aquellas otras que despierten el interés por invertir en España a largo plazo con seguridad jurídica plena. ¿A qué esperas, Mariano?

La ‘anti-fórmula’ de la felicidad laboral

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

 "Those who believe in Abenomics are suffering from Amnesia. This is nothing new" Yasunari Ueno (Mitzuho)

Hace unos meses comentaba en esta columna que la política que ha implementado Japón para combatir la deflación no es ninguna novedad, y como tal no iba a cumplir las expectativas milagrosas que el consenso de la amnesia histórica otorga a las supuestas soluciones mágicas. Y así ha sido. En mi post “Japón y el manga monetario” explicaba que el país nipón ha llevado a cabo enormes estímulos desde mediados de los 90 y políticas expansivas desde 2001 sin salir del estancamiento.

Es curioso que se defienda la política monetarista como social y redistributiva, hasta el punto de inventar cifras de creación de empleo, en Estados Unidos por ejemplo, que ni la oficina de relaciones públicas del partido demócrata se atrevería a pronunciar. Sin embargo, de social no tiene nada. Marc Faber lo explicaba claramente: “Imprimir dinero no beneficia más que a los que tienen acceso a esos fondos, es decir, al sector financiero, al gobierno endeudado y a las clases altas, nunca a los trabajadores”.

Ahora tras un año de Abenomics -la política del gobierno japonés de multiplicar la masa monetaria y volver a estimular la economía-,  se pueden comprobar las falacias que se usan para justificar estas medidas:

  • Genera crecimiento mágico

“Japón va a crecer al 4%” decían los economistas de consenso. Pues no. Alguien debería pedir perdón por equivocarse sólo en un 70% en sus estimaciones. El gráfico superior, cortesía de Juan Rallo, muestra el impacto casi nulo de la política expansiva.

Y conviene resaltar los decepcionantes datos publicados. La economía japonesa crecía un 1% anualizado en el cuarto trimestre, frente al 2,8% esperado, y no alcanzaba a compensar la desaceleración del tercer trimestre. Japón crece al mismo ritmo que… España.

En 2014 el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento de la economía nipona del 1,7%, mientras que espera un 1,1% para la Eurozona. Es decir, con el Banco de Japón aumentando la masa monetaria a máximos –lo que vulgarmente se llama imprimiendo dinero, vean el gráfico inferior –, se espera un crecimiento muy modesto, mientras que en Europa se genera un crecimiento similar a la vez que el Banco Central Europeo (BCE) reduce su balance un 20%.

  • Imprimir moneda reduce la deuda

Aumentando la masa monetaria más que Estados Unidos, la deuda pública de Japón alcanzó el volumen récord histórico de 1.018 billones (trillones americanos) de yenes a finales de diciembre de 2013. Quince ceros de deuda. Unos 7,3 billones de euros, más de siete veces el Producto Interior Bruto (PIB) de España, después de seis planes de estímulo desde los 90.

La cantidad supera los 1.011 billones de yenes de septiembre y es más del doble que su PIB nominal. No sólo crece la deuda en términos absolutos, sino también en relación a dicho PIB. Y ustedes me podrán decir que “hay que darle tiempo”, total solo son 25 años de experimento keynesiano de “no se hizo suficiente”. Pues bien, el Ministerio de Finanzas estima que el volumen de deuda alcanzará 1.039 billones de yenes en marzo.

La deuda japonesa la compran… los japoneses. Un 85%. Diligentemente, y probablemente no conscientemente, metida en sus planes de pensiones. A pesar de pagar un 0,6% de interés por sus bonos a diez años, Japón gasta un 22% de su presupuesto anual en pagar intereses de deuda. Un dato a recordarles a los economistas como Stiglitz, que dicen que no importa el volumen, sino que el coste sea bajo. Krugman tiene la desfachatez de decir en su columna que “ese 22% incluye repago de principal”…. ¡Cuando solo aumentan las necesidades netas de financiación! Es decir, no se repaga, se refinancia y emite más.

No sólo aumenta la deuda, sino que el déficit comercial –la diferencia entre lo que exportan e importan- se ha disparado hasta alcanzar un nivel inaceptable.

Algunos intentan justificarlo por el efecto del accidente de Fukushima y el coste de reconstruir Tohoku tras el terremoto. Pero es la típica excusa keynesiana cuando algo no funciona. Tohoku es un coste anual de 1 billón de yenes (2013) y el déficit comercial supera los 11,4 billones de yenes, el  agujero más grande desde 1979. Fukushima y el cierre de las plantas nucleares es un evento de marzo de 2011, y hasta que se implementó Abenomics el déficit comercial era asumible. Desde entonces, se ha triplicado. Devaluar hace que el coste de las importaciones se dispare más que el efecto placebo de exportar más.


Imprimir moneda combate la deflación

Aquí viene el truco de agregar. Los que defienden crear inflación se ponen muy contentos porque ha llegado al 1,6% y va camino del objetivo del gobierno del 2%. Ya saben ustedes que “inflation is taxation without legislation” (“la inflación es un impuesto sin pasar una ley”, Milton Friedman). El impuesto silencioso. Sólo que tiene un truco.

La inflación en Japón sube por los costes energéticos y de los bienes importados, no porque crezcan los salarios o mejoren de manera relevante los otros conceptos. De hecho, la inflación, excluyendo alimentación y energía, es muy baja, casi nula.  El mantra “si se genera inflación, los japoneses consumirán más” no ocurre. No se incentiva al consumo ni acelera la actividad económica… Porque se cercena la renta disponible y los salarios. Sólo se saca dinero del ahorrador. 

Ante un impuesto sobre las ventas esperado en 2014, lo que ocurre es que la renta disponible y el poder de compra de los ciudadanos se resiente enormemente. Los salarios reales en Japón han caído al nivel más bajo de los últimos veinte años.

El dinero se va, como en los QE americano y británico, a los activos financieros de riesgo. Y encima, que suba la bolsa es irrelevante para la riqueza de los japoneses, que tienen menos de un 8,5% de sus activos financieros en renta variable, comparado con un 32,7% en Estados Unidos.

  • Imprimir moneda crea empleo

Japón siempre ha tenido un desempleo bajísimo, y ese efecto placebo del índice de desempleo maquillado de Estados Unidos que comentábamos en el post “Empleo Zombi” es relativamente similar en Japón. 

El desempleo del 3,7%, una cifra envidiable para nosotros, no es por las políticas monetarias, es por un tejido empresarial espectacular, activos en todo el mundo y una cultura del trabajo y sacrificio mundialmente reconocida. Y un efecto demográfico importante. Desde máximos de 2007, con 128 millones de habitantes, la población ha caído a razón de casi un millón anual. En 2013, otras 244.000 personas. Esto ha creado un déficit de trabajo… Y un superávit brutal de pensionistas (el 23% de la población tiene más de 65 años) con un coste para el estado que hasta el gobierno japonés considera “inasumible”.

Imprimir moneda no crea empleo. Si no, los países que lo hacen tendrían pleno empleo desde hace años. Pero aun así merece la pena resaltar que el índice de participación laboral en Japón también se ha desplomado, repuntando ligeramente cuando han bajado los salarios reales –en especial los de las mujeres- a niveles de 1994.

Japón, al contrario que Estados Unidos, tiene un déficit de trabajadores por el efecto de la baja natalidad (1,4 hijos por cada mujer) y el envejecimiento de la población. Y a pesar de todo, quitado el efecto pensionistas, casi 17 millones de personas en edad de trabajar están “fuera de las listas” del paro.

En fin, aunque nos lo quieran vender como un triunfo, no sé de qué, un año de Abenomics no puede haber arrojado un resultado peor y, sobre todo, más lejos de sus promesas. Atroz.

Eso sí, no lo duden ustedes: cuando Abenomics o su equivalente número 35 siga generando crecimiento pedestre, deuda y más agujeros en los bolsillos de los ciudadanos, nos dirán aquello de “hubiera sido peor”, “no se hizo suficiente” y “hay que repetir”. Y los errores se justificarán con un velo social que ni usted ni los ciudadanos japoneses verán. Pero les repetirán “hay que tener paciencia, el año que viene mejora”, mientras sienten una mano en su bolsillo escarbando un poco más. 

PD: Descanse en paz David Taguas. Un buen amigo y un gran economista.

Por la libertad de los venezolanos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La escalada represiva desatada por el gobierno venezolano contra las protestas extendidas por el país para reclamar la dimisión del presidente Nicolás Maduro ha puesto de manifiesto de forma cruenta la degradación en la que se halla sumida Venezuela, después del experimento del “socialismo del siglo XXI”, iniciado por el difunto Hugo Chávez y su movimiento en las postrimerías del siglo pasado.

Hordas parapoliciales motorizadas al servicio del gobierno dispararon el pasado 12 de febrero contra los manifestantes reunidos a las puertas de la Fiscalía general en Caracas para entregar a su titular una petición de liberación de los detenidos en distintas protestas a lo largo del occidente del país. Según las cifras oficiales, el balance de los incidentes ascendió a tres muertos, sesenta heridos graves y sesenta y nueve detenidos. Además, otras fuentes citadas por El Universal de Caracas apuntan a 125 jóvenes detenidos e incomunicados en todo el país y dan cuenta del sufrimiento de torturas de aquéllos que se han puesto a disposición judicial. Entre los fallecidos se cuenta al estudiante opositor Bassil Dacosta –asesinado de un disparo en la cabeza- así como Juan Montoya, al parecer un miembro importante de los comités revolucionarios que apoyan al gobierno.

En contra de toda evidencia, los portavoces del régimen bolivariano se apresuraron a culpabilizar de estas muertes a los opositores, lanzando una orden de búsqueda y captura contra el líder de Voluntad Popular, Leocadio López, quien se ha entregado ya a la Guardia Nacional en un gesto valiente que le convierte en el símbolo de la resistencia a la dictadura. La televisión oficial no ofrece información sobre estos incidentes, y al mismo tiempo se ha cortado la señal del canal de televisión colombiano NTN24 que había apostado a sus corresponsales para informar in situ, bajo la insólita acusación de instigar la violencia. Asimismo, el régimen intenta bloquear la difusión de Twitter en Venezuela. No resulta tampoco casual que desde hace semanas los diarios de ese país anunciaran su cierre por la negativa del Estado a facilitarles las divisas para poder adquirir papel de prensa.

Mas allá de las últimas noticias, sin embargo, nos quedaríamos en la superficie si no recordáramos las enseñanzas de quienes auguraron hace dieciséis años lo que depararía la victoria de un teniente coronel golpista llamado Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. En efecto, ya en esas fechas Carlos Alberto Montaner –ganador del premio Juan de Mariana 2010– advertía del cúmulo de desgracias que aguardaba a los venezolanos debido a la elección de un caudillo que había proclamado su intención de acabar con la democracia que le permitía alcanzar el poder político, del mismo modo que Hitler y Mussolini hicieron en sus respectivos países a principios del siglo XX. La muerte del primer caudillo relativamente joven y la imposibilidad de predecir un calendario de acontecimientos no empecen en absoluto el acierto de su pronóstico general sobre las alternativas que se abrían ante ese abismo.

“En un país que se muere de estatismo, Chávez aumentará el perímetro del Estado. En una sociedad agredida durante décadas por absurdos controles económicos, Chávez multiplicará los cerrojos y limitará aún más las libertades políticas. En una nación en la que el Estado de Derecho es casi una ficción, este presidente carapintada sustituirá cualquier vestigio de constitucionalismo que quede en pie por su omnímoda voluntad”(…) A propósito de la estremecedora experiencia de un amigo venezolano, amenazado telefónicamente por difundir artículos donde se denunciaba el carácter totalitario del golpista, Montaner reflexiona sobre los mecanismos que permiten el triunfo del totalitarismo: “No es el triunfo de una ideología sobre otra, sino el avasallamiento total de un sector de la sociedad por otro que tiene el monopolio de la fuerza y lo utiliza sin ningún freno. El objetivo es sembrar el miedo y el instrumento para ello es la intimidación física más burda. Todo está previsto en un crescendo cruel: amenazas veladas, turbas organizadas, insultos, golpes, prisiones, torturas y -por último- la muerte”.

Su conocimiento de la historia y de las tragedias de los países latinoamericanos le permitió diagnosticar que no vencía un solo hombre, sino la superstición de que la riqueza está en los bolsillos de unos pocos, y que basta que un Caudillo se apodere de ella para repartirla entre las masas hambrientas. Ilusiones que habían sembrado Acción Democrática (miembro de la Internacional Socialista) y COPEI (demócrata cristiano), los partidos mayoritarios del anterior sistema que el movimiento de Chávez venía a sustituir.

Pues bien, ejecutado gran parte el programa revolucionario socialista para alcanzar progresivamente el poder total, utilizando los ingresos derivados del petróleo para financiar la compra de voluntades de sectores de la sociedad venezolana (y de otros turiferarios en el exterior) se confirman gran parte de las previsiones del escritor cubano, aunque, tal vez, el régimen ha llegado al fin de su recorrido por la profundización de los problemas creados. La imposición de rígidos controles de cambio y la fijación de precios por ley han provocado hiperinflación y el desabastecimiento de productos básicos. Los índices de criminalidad desbordan la imaginación más calenturienta. Cuando los comercios subían los precios de sus mercancías para adaptarlos a la depreciación del bolívar frente a las demás divisas, el régimen comenzó a perseguirlos acusándolos de “usura” y de “robo al pueblo”. Quienes no se atenían a los precios dictados por el gobierno sufrían la incautación de sus productos para distribuirlos “a precios justos” -y por poco tiempo- entre sectores de la población alentados a participar en el pillaje. El pasado mes de noviembre se confiscaron los artículos de una conocida cadena de electrodomésticos para satisfacer la voracidad de infelices a quienes previamente se había privado de un bien remotamente parecido al dinero. En un entorno de inseguridad jurídica tan absoluto, como vaticinaba Montaner en 1998, la huida de personas y capitales ha sido constante.

Como hemos visto, ya desde el ascenso al poder de Chávez y la estrepitosa caída de los partidos tradicionales se institucionalizó la intimidación y la coacción de los opositores, motejados de fascistas por los impulsores de un régimen que guarda tantas semejanzas con los totalitarismos de entreguerras. El régimen chavista ha tenido tiempo de sobra para reformar la constitución venezolana sometiendo a los que han permanecido en Venezuela a un estado de tensión permanente y haciendo irreversibles formalmente los golpes a toda noción de Estado de Derecho. Pocas veces se ha retransmitido en directo a un jefe de estado pisotear los derechos de los ciudadanos de una forma tan descarada como en aquellas tristemente célebres imágenes en las que el fantoche ordenaba la confiscación de empresas. Aquella máxima de los teóricos del derecho nazi que proclamaba que “nuestra constitución es la voluntad del Führer”alcanzaba plena vigencia, tal como, asimismo, nos había anticipado Montaner.

A pesar de todas las derrotas infringidas por el régimen -obviamente respaldado por una parte muy importante de la población- a quienes se resisten a emigrar y a someterese a una dictadura, el caos en el que se halla inmerso el país ha propiciado las protestas contra el actual presidente, que protagonizan los líderes de la oposición y multitud de estudiantes. El curso de los acontecimientos resulta díficilmente predecible, pues el caso de Venezuela presenta diferencias sustanciales con respecto a su modelo de la isla cárcel. No resulta menor el hecho de que, para desgracia de los cubanos, el régimen de los Castro, aparte de la resuelta determinación de unos revolucionarios sanguinarios y sin escrúpulos, se consolidó merced a la ayuda económica y militar que le prestó la Unión Soviética. En el momento en que ésta se derrumbó, la dictadura castrista ya había eliminado o forzado el exilio de millones de cubanos molestos. Dieciseis años después de su ascenso al poder de Hugo Chávez, la relación de fuerzas entre gobierno y oposición, a pesar de las coacciones, dista mucho de ser equiparable a la que se produjo en Cuba. La oposición mantiene como baluartes de contrapoder la alcaldía de Caracas, dirigida por Antonio Ledezma, y al gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, candidato de la oposición que perdió las elecciones frente a Nicolás Maduro por tan solo 200.000 votos, según los recuentos oficiales.

Por último, si bien las potencias regionales con más capacidad de influir se han mostrado muy tibias hasta el momento, resultan llamativas las recomendaciones norteamericanas a Maduro de dialogar con la oposición y suelta de los detenidos, así como la advertencia de que el arresto de Leopoldo López podría causar consecuencias negativas con ramificaciones internacionales. La reacción del régimen ha consistido en la fulminante expulsión de tres funcionarios consulares, acusados de “conspirar en las universidades”. Si se hojean los diarios peruanos y colombianos, por ejemplo, además de una amplia información sobre los acontecimientos, se palpa una corriente de simpatía hacia los manifestantes contra Maduro.

La salida ideal ante tanto desastre no está escrita. Probablemente, la resistencia interior desplegada por los partidos de la oposición, los cuales parecen tener ideas claras al respecto pese a sus disensiones, combinada con las presiones de los países democráticos latinoamericanos sobre el régimen chavista en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) al amparo de la Carta democrática Interamericana -suscrita también por Venezuela el 11 de septiembre de 2001-, puedan reconducir el dilema ante el que se enfrentan los venezolanos que anhelan la libertad: Tanto la guerra civil como el sometimiento a la dictadura no son opciones plausibles.

¿Quién es el corrupto?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Además de la corrupción que persiguen las leyes, hay otra corrupción, institucionalizada, que vertebra y hace viable el sistema estatal.

Más allá de los robos y trapicheos, el Estado promueve una corrupción de todos con todos. Bajo la ilusión de que lo público es gratis, la gente espera recibir servicios públicos pagados por otros, “los ricos”. Y siempre hay otros que son considerados más ricos, que son los que se espera que paguen esos servicios.

Gracias al entramado de subvenciones y ayudas que riegan todos los sectores y llegan hasta el último rincón, los individuos pasan a ser estatodependientes. No importa la cuantía o el motivo, pero no podemos encontrar actividad económica o profesional que dentro del Estado no dependa de una concesión, publicidad institucional, concurso público o, directamente, subvención. Los grupos organizados más poderosos son quienes obtienen más beneficios estatales mientras que los más miserables deben conformarse con las migajas, y aun así agradecerlas.

Durante la crisis algunas de estas subvenciones y ayudas se han visto recortadas, limadas en porcentajes irrisorios teniendo en cuenta el montante total, pero rápidamente estos sectores subvencionados han clamado contra un austericidio inexistente. Semejante indignación siempre ha ido encaminada a exigir más Estado, más sistema. Suelen autodenominarse antisistema pero si se examinan sus propuestas se verá que son conservadores en su peor acepción, en el mejor de los casos pretenden mantener sus privilegios y subvenciones y en el peor, aumentarlos.

La compra de favores no es algo nuevo en la humanidad y una democracia sin controles puede degenerar fácilmente en la compra de votos a través de rentas aseguradas por los presupuestos generales del Estado. Un sistema así generalizado garantiza la estabilidad y perpetuación del sistema de rapiña del emprendedor. Nada cambiará pese a que lleguen al poder partidos de otros colores mientras su alternativa siga hacer viable el Bienestar del Estado o aquellos que quieran aumentar el establo de unicornios de los “derechos sociales” sin tener en cuenta cómo alimentarlos. Nada cambiará porque en el fondo todo el mundo sabe que de una forma u otra depende del Estado. Así que sólo cabe preguntarse quién es el corrupto.

La decisión de los suizos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Suiza es un país extraño. Con el tamaño que tiene, en medio de varias naciones grandes, siempre ha destacado por ir a lo suyo sin sentir esa imperiosa necesidad que tenemos los españoles de reivindicar lo que somos, por puro complejo. Mientras nosotros habríamos hecho lo que fuera para obtener el ‘carnet’ de Europeos de Pura Cepa, a ellos no les quita el sueño. Mientras que nuestros gobiernos están dispuestos a vender nuestras libertades a cambio de un sitio en el G20, el Gobierno suizo se piensa mucho todo aquello que afecte a los suyos. Y, así, a pesar de las presiones, y de momento, tienen una política particular respecto al secreto bancario (que no defiende a los bancos sino a los usuarios de los bancos) y también mantienen una costumbre que les ha hecho famosos, de decidir muchas más cosas que nosotros mediante referéndum.

El país de las consultas

En realidad deciden casi todo. Porque cada año se realizan unos diez referendos agrupados en tres o cuatro ocasiones al año en las que se realizan varias preguntas. La participación es bastante modesta, supongo que en función del interés que despierte el tema. Porque, no solamente son las autoridades las que pueden decidir someter al juicio de la población las cuestiones que consideren. Los ciudadanos también pueden reunir firmas para proponer lo que estimen oportuno. Dependiendo de la relevancia de la consulta, se exige un tipo de mayoría u otra, tanto en número de habitantes como en número de cantones que aprueban la consulta.

Este fin de semana pasado los suizos decidieron que no quieren recibir inmigrantes en masa. Y esa decisión ha levantado ampollas en las autoridades europeas y ha reabierto el eterno debate acerca de la inmigración.

Pero no solamente votaron sobre ese particular. Debían responder a tres preguntas: la primera se refería a si el aborto es una cuestión privada y no debe financiarse con cargo al Estado, la segunda preguntaba si se debía crear un fondo de financiación de la red ferroviaria y la tercera, la que ha causado tanto revuelo, era la referente a la aceptación de entrada de nuevas oleadas de inmigrantes.

En el primer caso, la participación fue de un 55% y ganó el no por un 69,8% frente a un 30,2%, por lo que el aborto seguirá siendo financiado con dinero público.

En el segundo caso, la participación fue del 55% y ganó el sí por un 62% frente a un 38%. Debe crearse un fondo indefinido para financiar el aumento y mantenimiento de la red ferroviaria.

Y en el caso de la inmigración, la participación fue del 55,8% y ganó el sí al freno a la inmigración por un 50,3% frente al 49,7% que defendían la libre entrada de inmigrantes.

El debate sobre la inmigración

Quienes creemos en la apertura general de fronteras solemos coincidir en abogar, además, por un sistema de justicia sano, de manera que las leyes se apliquen a todos, las penas se cumplan íntegras y se deporte a quien no sabe comportarse de acuerdo con las normas del país al que se llega. Yo no tengo problemas en que un puesto de trabajo que va a redundar en productos nacionales mejores y más competitivos sea ocupado por una persona de otro país. Por lo mismo que me gustaría que los españoles fuéramos contratados sin problema allí donde nuestro esfuerzo se vea mejor reconocido y remunerado.

Los suizos han decidido que el Gobierno debe ser capaz de gestionar la inmigración porque, con el sistema legal de migraciones actual, cada año llega a Suiza una cantidad equivalente a la ciudad de Lucerna y cada dos años una población equivalente al cantón de Neuchâtel. Miles de personas que necesitan casa, servicios, etc. y que pagan impuestos mientras que conserven un trabajo oficial. Y ahí es donde hacen hincapié los defensores de la iniciativa: debe recibirse el número de inmigrantes que la administración pueda controlar. Y el que no tenga trabajo, que se vaya. Además, todos los supuestos que anteriormente tenían un trato especial (como el asilo político) pasarán a ser gestionados por Inmigración también.

Terrible, ¿no? Pero así lo han decidido quienes se han preocupado por votar. Y que lo diga yo, abstencionista convencida y militante, tiene todo el sentido. Porque yo me abstengo de jugar a qué decidimos. En el caso de los suizos, el sistema es diferente: si tu idea es buena, convence a tus vecinos, debate, aporta argumentos. Si entusiasmas a la gente, se acercarán a votar y tal vez te apoyen, y si no, o si no les convences, tu iniciativa se vendrá abajo.

Dicen que cada cual en su casa hace lo que quiera. Pues los suizos también. Veremos hasta qué punto los mismos que han presionado para que los bancos suizos traicionen a sus clientes intentarán de nuevo inmiscuirse en las decisiones de un país soberano.