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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El empleo deja a la izquierda sin argumentos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Hay días en que la actualidad se conjura para dar una sonora bofetada a los líderes de izquierdas. Como el pasado miércoles, sin ir más lejos, cuando la EPA ratificó la tendencia al alza de las cifras de empleo, dejándolos sin capacidad de reacción al cumplirse el peor de sus presagios, porque la gente empieza a encontrar trabajo y hasta es capaz de volver a votar al PP. Los chavales de Pablemos, que no saben nada de la realidad pero de manipulación de las conciencias lo saben todo, ya habían advertido en uno de sus documentos internos de que si España comienza a crear puestos de trabajo y la gente percibe una mejora en las condiciones económicas, el invento se les puede ir al carajo. El de ganar las elecciones generales, me refiero, que es a lo que han venido para devolvernos la democracia secuestrada por "la casta".

En ocasiones como esta, cuando la realidad contraviene sus deseos, los socialistas envían un propio a comparecer ante la prensa para balbucear las clásicas consignas de estirpe sindical y evitar el sofoco a los verdaderos líderes del partido. Para eso está, por ejemplo, el gran Valeriano Gómez, liquidador de la estafa de la promotora de viviendas sociales de la UGT en los noventa y ministro del paro de ZP con el nuevo siglo ya entrado como principales jalones de su biografía política. Otro tanto hacen las centrales sindicales de progreso, muy molestas también por que haya gente que encuentre trabajo en la empresa privada en lugar de estar en casa tocándose los sindicatos, trincando subsidios o haciendo cursos de formación.

Unos y otros denuncian que la mayoría de los contratos de trabajo que se realizan son temporales, lo cual demuestra la existencia de una intolerable precariedad. La izquierda quiere que te quedes en casa parado hasta que aparezca un empresario con un contrato indefinido; si no es así, te pide que le des con la puerta en las narices y sigas esperando. Sin embargo, la verdadera precariedad es provocar las monstruosas cifras de paro que ha creado el socialismo en España cada vez que ha gobernado, una situación de la que estamos saliendo con cuentagotas pero a ritmo cada vez mayor.

Incluso con Rajoy en el Gobierno, España puede salir de la crisis antes de las próximas elecciones generales, para desgracia de una izquierda lamentable que jamás ha vacilado en poner su interés electoral por encima del de todos los españoles. Así nos va.

El misterio del caso Gowex

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Llevamos unas semanas machacados por el escándalo Gowex, desde aire, mar y tierra, esto es, desde todos los medios de comunicación relevantes del país. A ojos de un tercero desinformado, parecería que ha quebrado algún banco, o, por no salir del sector afectado, un Vodafone o un Jazztel.

Pero no, la empresa afectada responde al nombre Let’s Gowex y prácticamente era desconocida para el común de los españoles. Y posiblemente lo siga siendo. Unas cifras pueden dar una idea de la "magnitud" del suceso. La empresa tiene 170 trabajadores, decía que facturaba unos 180 Millones de Euros anuales (aunque parece que no llegaban a 10) y se estima que tiene unos 5.000 inversores minoritarios, con una inversión media entre 10.000 y 15.000 Euros. La mayor parte de las acciones están en manos del equipo gestor (62%) y otro 15% en gestoras de fondos.

Así que la caída de Gowex afecta a la friolera de 5.200 personas, que es menos de lo que cabe en una esquina del estadio Santiago Bernabéu. Y, sin embargo, hete aquí a toda la selva mediática del país hablándonos durante varios días del tema, y lo que te rondaré.

Para mí, ese es el gran misterio que rodea al caso Gowex. ¿Por qué el impacto mediático?

Algún dato más. Gowex se dedicaba, principalmente, a la instalación y explotación de redes WiFi en lugares públicos, típicamente la plaza mayor del pueblo, incluyendo transportes colectivos.

Gowex cotizaba en un mercado bursátil de empresas de alto riesgo (el llamado Mercado Alternativo Bursátil), pensado precisamente con el objetivo de facilitar financiación a este tipo de empresas que no podrían cumplir los más exigentes requisitos del mercado continuo. Cualquier inversor que se meta en el MAB sabe que está jugando con fuego, y de ahí las (relativamente) bajas cantidades invertidas en promedio.

Es más, cabe esperar del inversor medio del MAB que sea un inversor más preparado que el normal. Dicho esto, estoy seguro de que los analistas de prestigio, y desde luego aquellos que usan Value Investing, saben de la importancia del equipo directivo de cara a una decisión de inversión. Es más, algunos expertos dicen que es lo único importante.

Pues bien, una somera investigación sobre el perfil del CEO, un tal Jenaro García, hubiera puesto a cualquier potencial inversor en guardia. Al menos, eso es lo que parece de los datos que revela el informe de Gotham, el grupo de analistas que ha desvelado el escándalo. De hecho, parecería que estuviéramos ante el mismísimo Lobo de Wall Street en versión española.

Vaya por delante que esto siempre es muy fácil decirlo después de descubierto el escándalo, y si no que se lo digan a los de Ernst & Young, que ni cortos ni perezosos le dieron el premio al Emprendedor del año 2011.

Lo cierto es que el señor García debe de ser un vendeburras de cuidado, y tenía engañados a un montón de inversores y a un montón de empleados. Y ya está. Eso es lo que hacen los timadores, si es que lo era, que a lo mejor todo el montaje lo hizo con la mejor intención (y no estoy siendo irónico).

Pero volvamos al misterio del caso Gowex. ¿Cuánto dinero habrá estafado el señor García con este montaje? No encuentro cifras. ¿Serán comparables a las de los ERE de Andalucía? ¿O a las de la familia Pujol en Cataluña? ¿O a las de Urdangarín? ¿Quizá son del orden de las del caso Bárcenas? No sé.

Solo sé que los supuestos estafados sabían que se metían en un negocio muy arriesgado y que, con independencia de las mentiras, sabían que podían perder toda su inversión. Así que el escándalo no pasa de ser el de una PYME quebrada, como tantas otras, solo que adornado por un tipo con mucha cara dura.

¿Y esto justifica el impacto mediático? En mi opinión, esta situación tan amplificada tiene víctimas colaterales:

  1. El emprendedor, que queda demonizado, como ese sujeto que quiere hacer pasta a toda costa
  2. El MAB, que aparece ante la opinión pública como un campo de minas incluso para el inversor experto
  3. Las pequeñas empresas en busca de financiación, que ven cómo se les cierra una vía atractiva de obtención
  4. La libertad, pues no tardará el gobierno en utilizar el escándalo como disculpa para imponer regulación en beneficio del ciudadano (pese a que, irónicamente, es el regulador quien vela para evitar que estos engaños ocurran, con la diligencia habitual del sector público, claro)

Así que sí hay ganadores de la amplificación de la noticia: la gran empresa, que verá debilitada la posible competencia proveniente de nuevos emprendedores. Anda… pero si los mass media son grandes empresas que ven amenazados sus negocios por los emprendedores en Internet. ¿Será esta la solución al misterio del caso Gowex?

Los taxistas no podrán conseguir que se elimine el Sol

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Contaba el genial economista francés, Frédéric Bastiat, en su sátira Petición de los fabricantes de velas como éstos y demás integrantes del sector de la iluminación solicitan a la Cámara de Diputados de la Monarquía que proteja su negocio de una terrible potencia extranjera que ejerce una competencia desleal y feroz sobre ellos. Éste no era otro que el Sol.

Sátiras aparte, similitudes no faltan con el caso de Uber y los taxistas. El gremio de taxistas ha arremetido contra el servicio norteamericano y ha exigido su prohibición con argumentos falaces, como que supone competencia desleal o que es inseguro para los usuarios.

Empecemos por la primera falacia, que supone pensar que el servicio de transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica solamente puede/debe ser ofrecido por taxis tradicionales. El sector lleva décadas monopolizado por los taxis tradicionales, todo ello gracias al favor de los gobiernos, que lo han blindado frente a la competencia.

Esto representa un perjuicio para los usuarios porque en un mercado sin libre competencia la soberanía del consumidor queda mermada debido a que los oferentes de ese servicio no tienen el imprescindible incentivo de servirles cada vez mejor, es decir, de adaptarse a las necesidades del consumidor de forma más eficiente y a menores precios. No tienen la imperiosa necesidad de mejorar su modelo de negocio para aumentar continuamente la calidad de su servicio con el objetivo de diferenciarse de la competencia.

Esto, que pudiera parecer una situación ideal para los monopolistas, en este caso los taxistas, es la semilla de su propia destrucción. ¿Qué ha pasado cuando ha aparecido Uber? Que los taxistas se han encontrado encorsetados, adormecidos y sin ninguna capacidad de reacción y readaptación debido a décadas de privilegios y monopolio. Se han olvidado de que la sociedad no está para adaptarse al taxi, sino que son los taxistas los que deben adaptarse a los cambios en la sociedad.

Un mercado libre es un proceso dinámico en el que difícilmente existe el estancamiento en la oferta y en el servicio, ya que no hay barreras de entrada a nuevos competidores. Y esto es precisamente lo que pretende evitar el sector tradicional del taxi: la existencia de proveedores alternativos. Pero su impotencia no ha hecho más que aumentar las descargas de la aplicación de Uber.

Y es que, aunque parezca lo contrario, hay otras maneras de proveer el servicio de transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica. Una de ellas es Uber, que permite gestionar el servicio de forma completa (reserva, recogida y pago) e incluso en mejores condiciones que el servicio tradicional.

Esgrimir que el servicio de Uber es inseguro para el ciudadano es otra falacia sin sentido en un mercado desregulado y libre. Para empezar, hay que decir que a nadie se le obliga a utilizar Uber. Quien lo hace puede estar perfectamente dispuesto a correr el riesgo de contratar los servicios de un conductor no acreditado y homologado a cambio de un mejor precio y facilidades de gestión y pago. Pero el sistema permite calificar los conductores y los servicios prestados de forma continua, y de esa manera sólo acabarán persistiendo los conductores que tienen el apoyo de los usuarios. Lo más previsible es que los principales conductores de Uber acaben siendo taxistas no dueños de licencia (como ya está pasando), lo cual implicará un aumento de licencias de facto. De la misma manera, hay que decir que la existencia de Uber no va a hacer que todo usuario lo elija como opción, ya que habrá multitud de consumidores que escogerán el taxi tradicional.

Como siempre, la mejor solución es dejar a los procesos de mercado actuar para que progresiva y espontáneamente se vayan seleccionando de forma no intencionada las mejores formas de ofrecer un servicio. Siempre es más beneficioso y realizable que pedir, como en la sátira de Bastiat, que se elimine el Sol.

@jmorillobentue

Libertad de prensa no es control de la prensa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Si las grandes corporaciones controlan los medios españoles, ¿es que esas grandes corporaciones desean ver a Podemos en toda tertulia política? Si el control público de los medios de comunicación garantiza su imparcialidad, ¿por qué RTVE no cuenta con Podemos en sus tertulias políticas? Esas deberían ser las primeras preguntas que habría de formularse cualquier persona que apoye la propuesta de Pablo Iglesias de establecer un "control democrático" sobre los medios de comunicación.

Ante lo cual, probablemente muchos respondan que los grandes medios lo llevan a sus tertulias porque es rentable hacerlo, no por ninguna elevada obligación democrática. Pero ¿qué significa que "es rentable" llevar a Pablo Iglesias a una tertulia política? Que da audiencia: es decir, que una parte significativa de la población quiere verlo y escucharlo. Así funcionan los muy despreciados mercados, incluido el de los medios de comunicación: los proveedores ganan dinero ofreciendo aquello que la gente demanda (es decir, el interés de los consumidores se asimila con el interés de los empresarios). En cambio, los no-mercados como RTVE no funcionan adaptándose a las preferencias de los espectadores (pues viven de los impuestos, no de la audiencia), sino al diktat de las élites extractivas gobernantes.

Dicho esto, la siguiente cuestión que deberíamos plantearnos es: si la audiencia no quisiera ver a Pablo Iglesias (esto es, si no fuera rentable llevar a Pablo Iglesias a las tertulias), ¿habría que imponer su presencia en aras de la pluralidad y de la transparencia democrática? O, formulado de otra manera, ¿habría que imponer a la población lo que ha de querer ver en televisión? Nótese que el hecho de que una televisión o un periódico no cuenten con una determinada persona no cercena la libertad de expresión de esa persona (Antena 3 no me está censurando a mí, verbigracia): mientras exista libertad para emitir opiniones en sociedad, no hay censura ni merma de pluralidad informativa alguna. Pablo Iglesias, por ejemplo, cuenta con su propio programa, La Tuerka (al que muy amablemente me han invitado en varias ocasiones); programa que cualquier interesado puede sintonizar por internet en el momento en que desee. Nadie me obliga a ver La Sexta Noche ni me impide ver La Tuerka. 

La libertad y la diversidad informativas no se garantizan creando un órgano burocrático dedicado a imponer a todo periodista o grupo de comunicación la obligatoriedad de una línea editorial objetiva, plural o sometida a "los intereses de los ciudadanos": la libertad y la diversidad informativas se garantizan permitiendo que cada cual cree plataformas desde las que pueda transmitir las ideas que considere oportuno sin que el Estado se lo impida. Gracias a ello contamos con periódicos digitales de todo el espectro ideológico (comunistas, fascistas, bolivarianos, socialdemócratas o liberales) y contaríamos con idéntica intensidad y variedad competitiva en la televisión o en la radio si el Estado no hubiese nacionalizado y contingentado artificialmente el espectro radioeléctrico mediante la concesión de licencias.

El establecimiento de controles estatales sobre los medios de comunicación sólo sirve, en última instancia, para que los políticos o los burócratas al mando del Estado impongan su agenda informativa. La idea de que sólo los medios de comunicación privados tienen intereses es completamente falaz: los políticos también tienen intereses; los burócratas también tienen intereses; los propios periodistas también tienen intereses. Otorgar a algún político, burócrata o periodista el poder de controlar y regular el conjunto de la prensa equivale a otorgarle el poder para imponer sus intereses y su agenda sobre todas las personas que emiten opiniones: es decir, equivale a subyugar todas las opiniones para garantizar coactivamente la prevalencia de los intereses de quienes controlen el Estado (o los órganos creados por el Estado para someter a la prensa).

Acaso se diga que la clave del asunto es que el Estado sea controlado democráticamente por el pueblo soberano y que, por tanto, sean los intereses del pueblo soberano los que determinen los contenidos de todos los medios de comunicación. Mas no olvidemos que el pueblo soberano no habla por la boca de la unanimidad, sino por el de las mayorías electorales, en cuyo caso la pregunta es clara: ¿la mayoría de ciudadanos ha de tener derecho a controlar la información y la opinión que desea recibir la minoría de ciudadanos? ¿Deben las mayorías aplastar a las minorías? ¿Una mayoría electoral de votantes socialistas legitimaría a éstos para imponer los intereses ideológicos del socialismo a los medios de comunicación no socialistas? ¿Una mayoría de fascistas legitimaría la censura en nombre del fascismo?

Acaso alternativamente se sugiera que el Estado otorgue el control de los medios de comunicación a aquellos periodistas que lo integran: una suerte de colectivización de la prensa en beneficio de la profesión periodística. Pero, de nuevo, los periodistas tampoco hablan con la voz de la unanimidad: cada periodista posee sus ideas, sus ideologías y sus sesgos. Lo esperable, pues, es que los periodistas con ideas afines mayoritarias se coaliguen en los consejos de redacción para imponer su criterio al resto de sus colegas. Por tanto, la cuestión sigue en pie: ¿acaso toda la prensa debería transmitir la ideología que profese la mayoría de la profesión periodística? ¿Un país donde el 95% de los periodistas fueran antiliberales debería tener vedada la apertura de medios de comunicación deliberadamente liberales? ¿Las opiniones minoritarias y disidentes entre periodistas no deberían tener cabida en la prensa?

Querría pensar que hoy casi nadie compraría este mensaje liberticida, por cuanto todos entendemos que una persona o un grupo de personas –por minoritario que sea– tienen todo el derecho del mundo a crear su medio de comunicación (grande, pequeño o diminuto), a poder emitir sus opiniones sin que la mayoría los acalle. Es decir, querría pensar que todos entendemos que la información libre y descentralizada es muy superior a la información controlada y centralizada.

Pero, por desgracia, la oposición frontal a este genuino mensaje liberal es lo que subyace a la propuesta de Podemos de implantar un control estatal sobre la prensa: una propuesta que tantísimos de sus votantes están hoy aplaudiendo. Probablemente la intención de muchos de ellos no sea la de censurar a nadie, sino que tan sólo se suman a la defensa de conceptos tan bellos –y vacuos– como los de objetividad, pluralidad o independencia informativa. Sin embargo, la implantación práctica del control de los medios, por mucho que se articule en torno a esos bellos y vacuos conceptos, conduce a subordinar la libertad informativa al criterio arbitrario de un órgano burocrático o de una coalición electoral (o profesional) mayoritaria. Un inquietante ejemplo de cómo un programa electoral que pretende multiplicar el poder del Estado, por mucho que se lo vista de regeneración democrática, simplemente termina conduciendo a la creación de nuevas castas omnipotentes y, sobre todo, a un mayor estrangulamiento de nuestras libertades. La regeneración que necesitamos es otra: más derechos de propiedad, mayor independencia judicial y menores tejemanejes políticos a través del BOE y del reparto gubernamental de licencias. Más libertad y menos burocracia estatal, en suma.

Juventud, valor y salario

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Durísimos calificativos recibió hace algunas semanas la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que resumió el problema del paro juvenil diciendo que no era posible contratar a jóvenes sin cualificación que "no valen para nada".

La izquierda y los sindicatos salieron en tromba y la acusaron de "falta de sensibilidad", "brutalidad", “falta de empatía”. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, la instó a pedir disculpas y añadió:

Está anclada en una vieja doctrina, que no tiene correspondencia con la realidad (…) Sólo tiene una base ideológica, y por eso hace esas afirmaciones.

La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, dijo que era una "barbaridad", y que en ningún caso se podía pagar a los jóvenes en paro menos que el salario mínimo: 

Es una falta de respeto hacia los jóvenes y una falta de realismo. Si un país prospera es porque es capaz de aprovechar el talento de sus personas, obtener lo mejor de ellas y ofrecerles las mejores condiciones, y todo eso debe ir acompañado de una retribución adecuada.

La catarata de insultos en los medios y las redes sociales fue interminable.

Caben dos respuestas. La primera es subrayar la gigantesca caradura del pensamiento único a la hora de organizar campañas contra los que desobedecen sus dictados, campañas solemnes que eclipsan cualquier dimensión no plausible de sus propios emisores. Es evidente que resulta un escarnio que los sindicatos, cuyos trapos sucios resultan cada vez más gigantescos, tengan la osadía de exigir a los demás que pidan disculpas. Y es imposible que cuando los líderes socialistas hablan de "barbaridad" se refieran a algo que ellos mismos hayan dicho o hecho, cuando es bien sabido que no les faltan ejemplos de barbaridades variopintas.

La otra respuesta es a mi juicio más interesante, y estriba en los errores económicos del intervencionismo. Asombrosamente, políticos y sindicatos siguen tratando el paro juvenil como si fuera algo independiente de las medidas antiliberales que ellos mismos adoptan y recomiendan. Pero una tasa de paro juvenil superior al 50% no es un terremoto, no es una tragedia natural, es provocada precisamente por el intervencionismo en el llamado mercado laboral, cuyo desenlace es exactamente lo que Mónica Oriol denunció, porque al hablar de que los jóvenes no valen para nada resultaba patente que se refería a un fenómeno que cualquiera con un conocimiento siquiera somero de nuestra realidad está harto de saber: dados los costes salariales y no salariales que impone la legislación en nuestro país, a menudo sucede que la retribución de los jóvenes sin formación se sitúa por encima de su productividad marginal. La consecuencia inevitable es el paro.

En vez de analizar este problema, la izquierda y los sindicatos siguen recomendando más intervencionismo. Y Cándido Méndez acusa a los demás de estar anclados en viejas doctrinas, cuando ninguna doctrina es más vieja, y más dañina para los trabajadores, que su rancio intervencionismo. La agraviada solemnidad de la señora Rodríguez-Piñero también es ridícula, porque son las intervenciones que ella misma propicia las que han logrado que la "retribución adecuada" de los jóvenes sin formación haya quedado por debajo del salario mínimo.

Inmigración (XII): ¿amenaza terrorista?

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“Hay entre 9 y 11 millones de extranjeros ilegales viviendo entre nosotros a los que nunca se les ha comprobado su historial criminal y a los que nunca se les ha filtrado contra bases de datos de terroristas”. Tom Tancredo.

“Vivir en libertad, en cierta medida, significa vivir peligrosamente”. Chandran Kukathas.

“No veo cómo se puede tener una buena política de seguridad sin un buen programa de trabajadores-huéspedes”. Tom Ridge, ex secretario del DHS.

Los atentados del 11-S han intensificado los sentimientos nativistas. Desde entonces, la mezcla de la inmigración ilegal con el terrorismo ha sido frecuente en muchas personas, especialmente en los EE UU. Dicha lógica es difícil de entender.

Ha habido un cambio de percepción de la inmigración en los EE UU. El hecho de que ésta fuese inicialmente competencia del Departamento de Trabajo para luego pasar al de Justicia y, finalmente, al de Seguridad Nacional es todo un síntoma.

Se alega que los incesantes aumentos de los recursos para el control de la inmigración en los EE UU están justificados por motivos de seguridad nacional (siendo el terrorismo una de sus prioridades, supuestamente). No obstante, la mayor parte de dichos recursos en infraestructuras y personal de patrulla va dirigido hacia la frontera con México, cuando se sabe que en ese país no existe terrorismo organizado (islamista o de otro tipo como sucede en Colombia). En todo caso, puede haber alguna mayor probabilidad de haberlo en Canadá, frontera muchísimo menos vigilada. Por tanto, los motivos aducidos para gastar más en controlar la llegada de la inmigración nada tienen que ver con la lucha anti-terrorista.

¿Limitar el turismo y la llegada de estudiantes tras el 11-S? 

Todos los integrantes terroristas de los atentados del 11-S entraron con sus visados legales correspondientes por la frontera de los aeropuertos de los EE UU en calidad de turistas, estudiantes u hombres de negocio; ninguno lo hizo como inmigrante. Los padres de los dos hermanos terroristas del atentado del maratón de Boston entraron también como turistas y luego pidieron asilo para ellos y sus hijos. Sin embargo, casi nadie propone por ello restringir severamente el turismo, las visitas de hombres de negocio, las concesiones de asilo o la estancia de estudiantes tal y como sucede con la inmigración en nuestros días.

Debemos recordar que el número de inmigrantes es una exigua fracción de extranjeros que acceden cada año a un país cualquiera. Por ejemplo, anualmente se estima que entran en los EE UU unos 800.000 inmigrantes –entre legales e ilegales- pero son más de 65 millones de foráneos los que traspasan sus fronteras cada año. La mayoría de ellos entran con visados de turismo o por motivos de negocios. Por su parte, entran al año en Norteamérica unos 750.000 extranjeros jóvenes en calidad de estudiantes o por intercambios de visitas según el ICE.

Para que nos hagamos una idea del tamaño de lo que entra en juego, dicho país cuenta con 216 aeropuertos internacionales, 143 puertos (con la recepción de casi 9 millones de contenedores al año) y 115 instalaciones terrestres adicionales que pueden servir de puertos de entrada o paso de camiones.

Son desproporcionadamente muchos más los que se mueven de un país a otro como turistas o visitantes ocasionales que como inmigrantes. Los visados de turismo o por motivos de negocio se conceden generalmente con suma facilidad y con mínimas restricciones. No tiene mucho sentido venir de fuera a trabajar –con toda la dificultad o gestiones burocráticas que ello entraña- para servir de coartada a la comisión de atentados posteriores.

Si desde el punto de vista de la seguridad nacional una persona es considerada segura para concederle un visado de turismo, de negocios o de estudiante, no se entiende muy bien por qué razón puede denegárselo a un inmigrante sobre la misma premisa. Esto es inconsecuente.

Lo que va a impedir que los cónsules nacionales emitan visas a los terroristas procedentes del exterior no es una política inmigratoria restrictiva y severa sino una adecuada política antiterrorista complementada con una labor de inteligencia (tanto en el interior como en el exterior del país).

Incrementar la vigilancia en casos excepcionales 

Pueden darse ocasionalmente situaciones de mayor peligro de lo normal para un país, por lo que sería justificable tomar medidas excepcionales de incremento de control fronterizo para todos los que pretendan traspasarlo (la amenaza de guerra o actos de terrorismo continuados como sucede en Israel serían razones más que suficientes).

Estas medidas de mayor vigilancia debieran, no obstante, aplicarse de forma temporal. Es bueno que exista siempre entre la población una sana desconfianza ante las mismas o manifestar rechazo abierto en caso de que persistan cuando el peligro se haya extinguido. En este sentido Chandran Kukathas nos previene sobre el riesgo a que tales medidas atípicas del gobierno se prolonguen más de lo necesario tal y como sucedió en Malasia con la Ley de Seguridad Interior que permitía arrestar y detener sin juicio a sospechosos de insurgencia comunista en los años 60. Dicha ley permaneció en vigor unos 25 años, muchos años después de que dicha amenaza se desvaneciera.

Pretender erradicar por completo los actos terroristas es algo imposible. Por tanto, los miembros de las democracias liberales debieran estar siempre vigilantes a los controles estatales excepcionales en nombre de la seguridad nacional porque implican necesariamente merma para la libertad de todos (incluidos los propios nacionales). Otorgar demasiado poder a los representantes del Estado en nombre de la seguridad nacional a fin de cuentas acaba dañando y socavando los principios conformadores de la propia sociedad libre y abierta (el objetivo que persiguen todos los terroristas). Así de compleja y de delicada es la denominada lucha anti-terrorista.

Opinión de los que saben en los EE UU 

Dado que los recursos son limitados, proteger todas las entradas posibles con la misma intensidad es completamente inviable. Se debe cribar. En el caso de los EE UU hay que priorizar. Consumir enormes recursos en la frontera mexicana con la excusa de la seguridad nacional es derrochar dinero público. Janson Riley escribe en su libro Let Them In que militarizar la frontera sur con la excusa de parar al próximo Mohamed Atta es como tomar un laxante para tratar la psoriasis. Un sinsentido, además, costoso.

El problema no es la escasez de patrullas sino cómo están siendo utilizadas las mismas. Michael Chertoff, ex secretario también del Departamento del Homeland Security (DHS), lo tiene muy claro; cuando se tiene a buena parte del personal de seguridad dedicado todo el día a vigilar, transportar, registrar o deportar a inmigrantes por motivos económicos es una distracción de lo que debería ser la prioridad número uno de su organismo: vigilar y perseguir a los miembros de los narcos o de cuadrillas de criminales. Lo mismo sucede con la policía estatal y local que tienen cosas mucho más importantes que llevar a cabo que vigilar a inmigrantes que carecen de documentos.

Por otra parte, se sabe que los departamentos policiales de las grandes ciudades de los EE UU muestran reservas, cuando no enojo, al tener que aplicar las leyes federales de inmigración porque ello les hace ser menos efectivos en su trabajo diario. Además de desviar personal y tiempo hacia donde no ven peligros graves para la sociedad, alegan que si los inmigrantes perciben a la policía local como un cuerpo de control inmigratorio y, por tanto, como agentes de deportación, acaban siendo más reacios a colaborar con la misma en la denuncia de delitos o en las investigaciones que llevan a cabo, lo que hace a fin de cuentas menos segura la ciudad.

Tratar a los inmigrantes como amenaza terrorista es errar el tiro y un verdadero despilfarro al dejar de emplear recursos en donde más falta hace: en combatir y prevenir en la medida de lo posible crímenes y verdaderos actos terroristas.

Su predecesor en el cargo de la DHS, Tom Ridge, después de muchos años empleados en vigilar las fronteras de los EE UU, ha llegado a una reveladora conclusión: con la globalización y las mayores interrelaciones entre países lo mejor es combinar una postura defensiva en las fronteras, una labor de inteligencia y unos mecanismos de coordinación entre policías y justicia de países vecinos que detecten las amenazas reales junto con un ambicioso programa de trabajadores-huéspedes para poder legalizar fácilmente a todos aquellos que quieren venir a trabajar. Con ello se estaría trabajando eficientemente a favor de la seguridad del país.

La inmigración no es un delito. Debería incluirse en la agenda de los representantes del Estado como política de trabajo y de desarrollo, no como política de seguridad. Son deducciones sensatas de un hombre cargado de experiencia que quiere lo mejor para su país. Tal y como apunta, esas medidas conjuntas son “en nuestro interés económico, en nuestro interés por la seguridad y por nuestros intereses globales”.

Los políticos y legisladores harían bien en escuchar a los que saben y no se guían por meros temores irracionales o falsas intuiciones cognitivas.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.

La pena de no caber en Granada

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Leí en El Ideal de Granada que el presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje, Gerardo Castilla, pidió a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento una "clara moratoria" en la construcción de plazas hoteleras ante la falta de rentabilidad a la que se enfrentan gran parte de los establecimientos ya existentes. "En Granada no cabe ni un hotel más, sobran hoteles", sentenció.

La prueba irrefutable que presentó el señor Castilla fue la ocupación media de los hoteles granadinos: el 55 %. Es decir: "Casi sobran la mitad de los hoteles"; con lo cual "lo que tenemos que hacer es rentabilizar las que tenemos, no abrir más plazas hoteleras".

Vemos aquí un diagnóstico disparatado y una receta inquietante. Un poco de reflexión basta para comprender que nadie puede decidir cuántos hoteles caben en Granada, porque esa es una decisión que toman los visitantes que acuden a esa bellísima ciudad. Pero lo que es un completo despropósito es afirmar que los que caben son ¡los que ya están! 

En efecto, esa decisión también compete a los clientes. En caso contrario los empresarios existentes podrían hacer lo que les viniese en gana en términos de oferta, calidad y precio. Esa situación de falta de competencia promovería la explotación de los turistas. En cambio, la competencia es lo que permite garantizarles una oferta múltiple y accesible. Esa competencia tendría como resultado que los hoteles malos y caros desaparecerían o serían adquiridos por nuevos empresarios menos dispuestos a maltratar a los visitantes.

El diagnóstico, por tanto, es un dislate: no puede seriamente afirmarse que los hoteles de Granada tienen que ser los que ya están, ni uno más, ni uno menos.

Pero la receta de don Gerardo Castillo, además, es inquietante: reclama que el poder político y legislativo impida la apertura de más establecimientos hoteleros. Obviamente, tampoco las autoridades pueden saber cuántos hoteles caben en Granada. Ahora bien, lo que sí tienen los políticos, por desgracia, es la capacidad de impedir que se abran otros, y lo malo es que, presionados por los que ya están, vayan y, en contra del interés general, lo hagan.

Esa bendición para el taxi llamada Uber

Escrito por Francisco Muñoz en . Publicado en Análisis diario.

La semana pasada un buen puñado de ciudades europeas amaneció sin taxis, y no pasó nada. El taxi es simplemente un modo de transporte más en una ciudad moderna, el más caro y exclusivo, dicho sea de paso, ya que los otros modos están fuertemente subsidiados por la administración, lo que encarece los servicios discrecionales. Los taxistas sacaron sus automóviles de la calle para protestar por la irrupción de un nuevo servicio de transporte en forma de aplicación para teléfonos móviles llamado Uber. No es la primera app de este estilo aunque sí es la más disruptiva. Uber permite que cualquiera con un teléfono móvil pueda emplear su coche privado como transporte discrecional de viajeros. El mecanismo es simple. Por un lado los demandantes de transporte, por otro los ofertantes y entre medias la dichosa aplicación distribuyendo tráfico. En principio no tiene nada de malo. En un lugar como Madrid hay siempre miles de personas que necesitan ir de un lado a otro. Pueden hacerlo en Metro, en tren o en autobús, pero muchas veces, por cuestiones de horario o de preferencia personal, el medio elegido es el automóvil, que imprime a la movilidad urbana comodidad, intimidad y rapidez. Pero, ay, Uber no se limita a coordinar la oferta y la demanda, sino que establece un sistema de precios que permite la remuneración de los transportistas. Con la tutela y el apoyo logístico de Google, valiéndose de la geolocalización, cobra una tarifa sensiblemente inferior a la de los taxis convencionales. Inferior, he ahí la clave de todo.

Hasta la fecha el servicio remunerado de transporte de viajeros en automóvil por la ciudad de Madrid era monopolio del gremio del taxi, que goza de ciertos privilegios otorgados por la administración a cambio de someterse a una draconiana regulación. Una regulación que al común de los mortales nos sorprendería de conocerla en detalle. El ayuntamiento fija los precios, dicta horarios de trabajo, determina el número de plazas, el modelo de coche que pueden comprar los taxistas para efectuar el servicio y hasta el tipo de combustible que utiliza. Todos estos condicionantes –y unos cuantos más– han convertido al taxi en uno de los sectores más intervenidos y rígidos de España.

En un mercado complejo y cambiante como el del transporte, el corsé regulatorio que padecen los taxistas repercute directamente en la demanda, los viajeros, que carecen de alternativas y observan como la diversificación de servicios y precios que se da en otros sectores brilla por su ausencia en el del transporte urbano de viajeros en coche. Y es en este punto donde entra Uber. Los taxistas contemplan con asombro, preocupación, envidia y rabia que cualquiera pueda ofrecer el servicio que ellos prestan en exclusiva sin tener que someterse a la maraña de regulaciones e impuestos con la que se han acostumbrado a vivir. Su enojo tiene fundamento ya que las reglas no son las mismas para unos y para otros. Pero lo curioso es que, en su gran mayoría, no han aprovechado la ocasión para pedir a la administración que afloje el asfixiante dogal regulatorio, sino todo lo contrario. Claman para que el Gobierno cierre a cal y canto cualquier iniciativa que les arrebate un solo viajero con disparatadas penas como las que recientemente anunció el ministerio de Fomento. Un incomprensible “¡Vivan las caenas!” entonado a coro por un grupo de laboriosos y sacrificados autónomos.  

El hecho, constatable en la realidad –esa misma a la que pretenden dar la espalda–, es que su protesta no ha podido obtener peores resultados. Con una huelga tan salvaje como la del miércoles pasado han multiplicado las descargas diarias de Uber hasta convertirla en una de las más populares, y la publicidad gratuita hecha por los mismos taxistas la ha dado a conocer entre gente que desconocía su existencia. Uber, en definitiva, ha recibido el espaldarazo definitivo en nuestro país de la mano de los taxistas. Increíble pero cierto. Los creadores de la aplicación han debido quedarse estupefactos en su oficina de San Francisco tras enterarse de la noticia. Nada sorprendente si partimos de que los taxis en Madrid están representados por dos asociaciones de marcado carácter lobista, lideradas por equipos escasamente preparados, amantes de las algaradas callejeras y la descalificación personal, que no conciben otra forma de obtener mejoras que arrastrándose por los pasillos del ayuntamiento buscando el apoyo de los mismos burócratas que hacen la vida imposible a los taxistas en el día a día.

La solución, por lo tanto, no es matar al mensajero, cometer un ubericidio, porque a estas alturas ya es imposible, habida cuenta de la oposición de la comisaria Neelie Kroes. Los taxistas harían mal en olvidar una importante lección, elemental en los tiempos que corren, si los políticos proscriben Uber, mañana aparecerá otra con un nombre distinto, más difícil de detectar, perfeccionada hasta extremos que hoy no podemos ni imaginar. Los taxistas europeos en general y los madrileños en particular han de adaptarse al nuevo tipo de demanda que pide servicios diferenciados, alejados de los estereotipos clásicos. Es necesario ofrecer lo que la gente solicita y no obligar a utilizar un servicio estandarizado en que miles de ofertantes concurren con el mismo servicio, el mismo precio y hasta el mismo automóvil.

La entrada de estas nuevas aplicaciones puede ser el acicate que empuje al sector a emanciparse del yugo regulatorio que constriñe el servicio y las iniciativas empresariales. Uber es, aunque parezca chocante, una bendición, la excusa perfecta para que la vieja y honorable profesión de taxista se libere y entre de una vez en el mercado. A fin de cuentas, el fin último de este negocio no es servir a una enloquecida ordenanza municipal ni a la rancia ley de transportes terrestres que debe ser modificada urgentemente, sino crear valor para los dueños de un taxi al tiempo que se satisfacen las necesidades de sus usuarios. En esto último los taxistas llevan la delantera. Son cien años mejorando, acumulando conocimiento, puliendo errores, evolucionando a pesar de las mil limitaciones impuestas por el Leviatán burocrático. Quizá no se pueda derrotar a Uber –y a todas las aplicaciones que vengan después porque los bits son libres–, pero si se le puede plantar cara ofreciendo la garantía de profesionales experimentados, la excelencia en el servicio y un trato personalizado para cada cliente. 

Por la privatización real de AENA

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El aspirante a liderar el PSOE canario, Gustavo Matos, declara en su cuenta de Twitter que el PP «privatiza AENA» y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, escribe en su blog que esto «va a salir muy caro» a los canarios.

Según el diccionario de la RAE, privatizar es «transferir una empresa o actividad pública al sector privado», y por privado se entiende «que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares». Sin embargo, cuando oímos que se va a privatizar una empresa, en la mayoría de los casos, no se transfiere la propiedad a los particulares, es decir, a los ciudadanos, sino que el control de dichas empresas sigue siendo público, como por ejemplo las empresas aeronáuticas, de telecomunicaciones o las energéticas entre otras.

El caso de AENA es aún más evidente, porque realmente el 51% de la empresa va a seguir siendo del Estado, por lo que hablar de una privatización como afirma el señor Gustavo Matos no solo es falso, sino que además es tendencioso.

Por otro lado, las tasas aeroportuarias no han hecho más que subir en las últimas décadas y la gran mayoría de los aeropuertos son deficitarios por la mala gestión pública que atiende únicamente a intereses políticos, lo que incluso ha hecho que algunas compañías aéreas se hayan ido de nuestros aeropuertos y nuestros vuelos se han reducido y encarecido.

Sin embargo, si la gestión de los aeropuertos estuviera en manos de los empresarios del sector turístico de las Islas, tendrían el gran incentivo económico de abaratar al máximo las tasas aeroportuarias para así atraer a un mayor número de turistas y, de esta forma, todos los canarios saldríamos beneficiados. Por ello, es rotundamente falso que una supuesta privatización de AENA vaya a salir cara a los canarios como afirma el señor Paulino Rivero y lo que sí sale caro, muy caro, es la actual empresa pública.

Lo ideal sería que fueran los ciudadanos quienes decidieran si privatizar o no AENA, e incluso los aeropuertos, es decir, que se les entregara a los mismos las acciones de la empresa y que ellos decidieran si venderla a otro particular o mantenerla. Pero como esto no va a pasar, porque los políticos que ostentan o han tenido el poder (CC, PSOE o PP) no lo van a permitir y los que lo pretenden (Podemos/IU) quieren incrementarlo aún más, lo ideal sería que se privatizara al 100% AENA y se involucrara a comerciantes y hoteleros, pero no como un todo, sino cada aeropuerto por separado para que de esta forma compitan entre sí y los usuarios, especialmente los canarios, nos viéramos beneficiados.

¿En qué gastan su dinero las familias españolas?

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Aunque muchos informes nos cuentan cómo se distribuye la riqueza, son escasas las publicaciones que detallan cómo se distribuye el consumo. Evidentemente, esto nos lleva a obviar diferentes factores que tienen un impacto directo en el bienestar socioeconómico.

¿Cómo podemos llenar este vacío y estimar cómo evolucionan los componentes del gasto de los hogares? Una posible fuente para hacerlo es el Informe sobre Distribución de la Renta que publica el Consejo Económico y Social con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Dicha publicación apunta, por ejemplo, que el gasto de las familias españolas en alimentos y bebidas sin alcohol ya no supone el 17,8% del ingreso familiar, como ocurría en el año 2000, sino que suma ahora el 14,4%, de acuerdo con los datos para 2010, último año analizado. 

Según estas mismas tablas estadísticas, los españoles destinan un menor porcentaje de sus ingresos a la compra de bebidas alcohólicas y tabaco, cuyo peso sobre la renta familiar total ha caído del 2,4% al 2,1%. Teniendo en cuenta que estos productos tienden a soportar gravámenes elevados, esta noticia es negativa para el fisco, ya que el incremento de los impuestos especiales tiene que ser cada vez mayor para compensar la diferencia observada en cuanto al coste final del producto.

Si atendemos ahora a los artículos de vestido y calzado, comprobamos que las familias españolas también se han enriquecido notablemente entre el año 2000 y el año 2010, ya que su desembolso anual en esta partida ha pasado del 7,5% al 5,6% del gasto total.

Los datos del IPC nos adelantan que, en los últimos años, esta tendencia podría seguir avanzando, ya que el IPC armonizado que mide el precio medio del vestido y el calzado apenas supera el 0% desde el año 2011 hasta el presente ejercicio 2014.

Educación y vivienda

Si nos fijamos en la enseñanza, el coste relativo apenas ha experimentado cambios, pues el desembolso por hogar era del 1,2% en el año 2000 y del 1% en el año 2010.

Otro punto en el que las familias españolas no experimentan grandes cambios es el del gasto en mobiliario y equipamiento del hogar. Dicho capítulo registra en los datos del INE una evolución casi inmutable, siempre en el entorno del 4,9%. De hecho, hasta mediados de la década pasada esta ratio había subido en casi un punto porcentual, si bien el lustro siguiente sirvió para corregir a la baja el crecimiento observado.

También llegamos a un escenario de relativa tranquilidad en el gasto dedicado a vivienda, agua, electricidad y gas. Esta partida sigue suponiendo el 30% de la renta familiar, si bien en el año 2006 su peso había caído por debajo del 25%. Así las cosas, aunque no hay cambios entre 2000 y 2010, el pinchazo de la "burbuja" sí ha desencadenado un mayor gasto por hogar en este capítulo.

¿Qué gastos aumentan?

La cosa cambia en otras partidas que sí han experimentado un aumento de su peso relativo sobre el total del gasto de las familias españolas. Por ejemplo, los costes de la salud suponían en el 2000 el 2,1% del total, mientras que para 2010 este indicador alcanzaba el 3,1%. Eso sí: el grueso de este salto se produjo en los años previos a la crisis, ya que entre 2005 y 2006, esta ratio alcanzó el 3% y, desde entonces, el aumento ha sido mucho menor (0,1 puntos porcentuales más en 2010 que en 2006).

Atendiendo al transporte y las comunicaciones, los hogares españoles también dedican hoy una mayor cuota de su renta anual. En el 2000, estos dos capítulos amasaban el 13,4% del gasto por hogar, mientras que en 2010 sumaban el 15,5%. Por otro lado, también han aumentado la parte de sus ingresos que dedican a ocio, espectáculos y cultura (sube al 6%) y en hoteles, cafés y restaurantes (pasa del 8,8% al 9,1%).