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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Inmigración (X): por la libertad de movilidad laboral

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“Durante mucho tiempo en Europa preocuparon mucho más las consecuencias de la emigración que las de la inmigración”. Hans Magnus Enzensberger.

“El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 marcó el final del periodo de la globalización contemporánea. Por primera vez en un par de generaciones, se introdujo el proteccionismo y se empezó a exigir el pasaporte para traspasar las fronteras”. Johan Norberg.

“Si la libertad humana debe completarse, el laissez-faire (la libertad de comercio) debe finalmente estar acompañada por el laissez-passer (la libertad de desplazarse)”. Richard M. Ebeling.

“Dadme vuestras cansadas, pobres y apiñadas masas, anhelantes por respirar libertad…”. Fragmento del soneto escrito por Emma Lazarus y grabado en el pedestal de la Estatua de la Libertad.

“Jamás podremos decir que una sociedad es libre, que el proceso de globalización se encuentra operando en su máximo esplendor, mientras no se abran las fronteras, mientras se limiten políticamente las interrelaciones sociales y comerciales, mientras se impidan los movimientos migratorios”. Adrián Ravier.

En sus orígenes, el liberalismo se opuso a todo tipo de barreras mercantiles (movilidad de bienes), estamentales (movilidad social) o gremiales (movilidad profesional) de la época. También contra los impedimentos migratorios. Por entonces, las ordenanzas reales prohibían al campesino establecerse en las ciudades. Existían asimismo fuertes sanciones para el que abandonaba el país sin contar con el beneplácito de la autoridad correspondiente. La emigración libre era inconcebible y, por tanto, estaba sometida a autorización. Buena parte de los Estados aplicaban castigos corporales e incluso en algunos casos la pena capital a los emigrantes clandestinos. Luis XIV mandó vigilar las fronteras para retener a sus súbditos dentro de su territorio. La época de los descubrimientos geográficos trajo el traslado controlado a las nuevas colonias ultramarinas -bien bajo la dirección efectiva de los gobiernos, bien bajo la intermediación de las compañías mercantiles- pero en cualquier caso como algo dependiente directamente del control del monarca respectivo.

El reconocimiento de la libertad de emigrar fue una conquista gradual frente al inmovilismo de los fuertes vínculos que ataban a los súbditos al territorio bajo el antiguo régimen o frente al concepto patrimonial de la soberanía regia. La emigración no estaba bien vista. Sólo unos pocos librepensadores se opusieron a esa opinión mayoritaria y opresiva acerca de la movilidad migratoria. Hasta el siglo XIX las emigraciones internacionales estuvieron indefectiblemente acompañadas de prohibiciones, limitaciones e impedimentos legales o licencias administrativas otorgadas desde el poder.

Eran frecuentes las confiscaciones de bienes, el pago de impuestos o la pérdida de derechos de los individuos emigrados. En Alemania existió hasta 1817 el llamado permiso de partida que gravaba los bienes de los emigrantes, en Inglaterra hasta mediados del siglo XIX existía una ley que prohibía emigrar a la mano de obra cualificada. No fue hasta 1853 que se suprimió en España la prohibición de emigrar a América a canarios y peninsulares sin la autorización correspondiente, subsistiendo en la segunda mitad de aquel siglo no pocas restricciones que sirvieron a los intereses de las compañías de transporte y de los agentes de emigración, además de fomentar la corrupción administrativa. Como se ve, en asuntos relacionados con los desplazamientos humanos, la libertad ha sido a lo largo de la historia la excepción más que la regla.

La presión demográfica sufrida en Europa desde mediados del siglo XIX y las oportunidades que ofrecía el Nuevo Mundo fueron un acicate demasiado potente para que, pese a las prohibiciones, las personas permanecieran inmóviles. Se estima que unos 50 millones de europeos (en su mayoría británicos, italianos, irlandeses, alemanes, austro-húngaros, españoles, portugueses, rusos y suecos) se desplazaron a ultramar de forma ininterrumpida hasta el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Es la emigración internacional de trabajadores más importante de todos los flujos conocidos hasta el presente, pese a que un 40% aproximado de la misma tuviera movimiento de retorno. Es importante recordar que esa formidable corriente migratoria pasó por encima de cualquier limitación o restricción legal que existiera en origen (no existían, por el contra, cortapisas legales para la entrada en los lugares de destino).

La cristalización de la libertad para abandonar el país de uno se asentó de forma gradual en las mentes de los hombres. Afortunadamente ya casi nadie discute hoy que la posibilidad de abandonar un país peligroso, caótico o desestructurado es una de las libertades humanas más profundas.

Hoy la represión es diferente. Ya no se impide la salida, es el acceso el que está severamente limitado. Este cambio de tendencia comenzó a manifestarse tímidamente a fines del siglo XIX con la prohibición de entrada de los coolies chinos a los EE UU y Australia o la de los originarios de la India hacia otros países desarrollados. Los controles de inmigración son un fenómeno relativamente nuevo; en Europa el primer control a la misma fue introducido en Gran Bretaña en 1905.

Las leyes racistas de inmigración de los años veinte empezaron a introducir cupos y prohibiciones a cierta inmigración y a distorsionar sus flujos. Tras la Segunda Guerra Mundial se abre un paréntesis en el que fue usual desde muchos gobiernos el facilitar los movimientos de inmigración circular de “trabajadores invitados” (o huéspedes) con fomento simultáneo del retorno a sus países de procedencia. La crisis de 1973 marca el final de este ciclo e inaugura el periodo contemporáneo de fuertes restricciones a la inmigración, cerrando incluso cualquier programa de los llamados “trabajadores-huéspedes” (guest worker, Gastarbeiter) que habían existido hasta entonces.

Como ya vimos, las restricciones y cuotas a la inmigración que se adoptaron en los países desarrollados no supusieron en realidad un freno a la misma, sino un mero cambio en la composición de los nuevos flujos: desapareció la emigración circular o transitoria, aumentaron los inmigrantes “ilegales” y se afianzó el fenómeno de la reagrupación familiar de los ya instalados (cambiando una población inmigrante formada por varones menos costosa por otra compuesta por familias reagrupadas).

La emigración es hoy reconocida como un derecho humano fundamental pero la inmigración no lo es aún. Es comúnmente aceptado el hecho de que los Estados deben permitir a sus ciudadanos dejar su territorio natal si así lo desean. Caso de que no se permita se considera un régimen tiránico. Sin embargo, no se pone en tela de juicio el que, al mismo tiempo, los modernos Estados impidan la libre entrada de terceros (especialmente a trabajadores) o lo hagan pero con grandes limitaciones. A efectos prácticos, un individuo que tenga derecho teórico a abandonar su país pero que no sea aceptado por ningún otro país ve violado de facto su derecho a emigrar. Por tanto, emigración e inmigración son dos caras de la misma moneda y se complementan inextricablemente.

Hoy día, dado el actual estado de cosas, desde planteamientos liberales es necesario el reconocimiento de una deseable libertad de movilidad laboral internacional para lograr un acercamiento más ético y lógico al fenómeno de la inmigración y a sus controles fronterizos.

Las restricciones a la movilidad laboral, tanto si es intranacional como si es internacional, son difíciles de reconciliar con la perspectiva liberal de igualdad ante la ley y de libertad (que no igualdad) de oportunidades. Cosa completamente diferente es si selecciona a los pacíficos y laboriosos sin antecedentes penales en detrimento de los migrantes que sí tengan ya un registro criminal o pertenezcan a organizaciones terroristas o criminales. Eso es una actitud justificable y ética.

Para precisar un poco más la libertad de movilidad laboral, conviene distinguirla de la libertad de la inmigración propiamente dicha. Aunque son semejantes no son iguales ya que el concepto de inmigración va generalmente ligado a la residencia permanente, a las prestaciones sociales, a la obtención de la nacionalidad y a los derechos políticos que van asociados a esta última por lo que acaba confundiéndose lo que es un derecho prima facie de lo que no lo es. Por lo tanto hay que delimitarla. Dicha libertad de movilidad laboral internacional la entiendo como un derecho fundamental que se refiere exclusivamente a la libertad de desplazarse para trabajar en un territorio diferente al país de origen de uno en un marco de cooperación voluntaria entre empleador y trabajador. Sin ningún otro derecho más asociado que no sean los derechos fundamentales básicos de la persona y con la consiguiente obligación de respetar las normas básicas del país de acogida.

Intentar ir más allá de la libertad de mera movilidad laboral internacional, desencadena reacciones hostiles hacia el inmigrante y, a la postre, le perjudica. El Estado del bienestar no ha sido nunca ni será un imán poderoso para la inmigración. Las fuerzas para emigrar son otras. A pesar de que en un primer momento la derrochadora distribución estatal de las socialdemocracias modernas y su forma de cooperación coactiva parezcan favorecer al inmigrante, en el fondo le dañan. Son como el abrazo del oso; le acaban ahogando.

Efectivamente, el efecto excluyente de regulaciones laborales proteccionistas y de las ayudas sociales distorsionan los incentivos a trabajar no sólo de los nacionales sino también de los inmigrantes o la de sus hijos, creando apatía y frustración. Los efectos destructivos de los subsidios del Estado del bienestar sobre los inmigrantes se pueden comprobar al convertirles en no pocas ocasiones en permanentes clientes de un aparato social que, tal y como describe acertadamente Mauricio Rojas, los mantienen en lo que de hecho es una exclusión subsidiada, que inexorablemente va destruyendo su potencial creador y su dignidad. A veces los inmigrantes acaban rebelándose contra esa situación asfixiante.

Ver, si no, lo ocurrido en los suburbios de las ciudades de Francia en 2006 o, más recientemente, en los de Suecia del pasado año. Esto puede dar pie a reacciones de carácter también violento por parte de los autóctonos. No es la inmigración, sino las consecuencias del intervencionismo político lo que está alimentando la xenofobia. Si existiera una libertad de movilidad laboral internacional bien asentada –y delimitada- que fomentara la responsabilidad del migrante y el aprovechamiento de sus ventajas, esos episodios probablemente no se darían con tal virulencia.

No olvidemos que buena parte de las poblaciones de las democracias modernas está en contra del libre comercio y de las importaciones de productos procedentes de otros países, pese a sus innegables beneficios. Afortunadamente han acabado por imponerse parcialmente. Confío que, con el tiempo, suceda algo similar con respecto a la libre movilidad laboral de los habitantes de otras naciones para que se les abran las múltiples oportunidades que ofrecen los mercados de los países prósperos. Para beneficio de ellos mismos pero también de las sociedades de acogida.

Para ello es importante que dicho derecho se separe de los derechos sociales de segunda y de tercera generación, de la adquisición de nacionalidad y de todo lo que ello traiga consigo. Es un derecho demasiado fundamental como para que quede de facto saboteado por culpa de querer adosarle, aun con toda la buena intención, otros derechos no tan fundamentales.

Álvaro Vargas Llosa nos explica en su imprescindible libro Global Crossings que la inmigración es simplemente el derecho a trasladarse, vivir, trabajar y morir en un lugar diferente a aquél en que uno nació; es decir, la victoria de la elección sobre el azar. Facilitar o, más bien, dejar de obstaculizar todo lo posible la libertad de movilidad laboral a través de las fronteras sería un paso muy significativo hacia una humanidad más próspera, libre y responsable.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Los orígenes racistas del salario mínimo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Los orígenes racistas del salario mínimo

Que el salario mínimo destruye empleo es evidente para cualquiera que quiera entenderlo. El salario se fija, en el mercado, en función del valor de la aportación del trabajador. Cuando se impone un salario mínimo, todos los trabajadores cuya contribución quede por debajo quedarán fuera. Haití cayó bajo la ocupación de los Estados Unidos en julio de 1915. Cuando se aplicó la primera ley de salario mínimo allí, en 1931, se ilegalizó al 98 por ciento de los trabajadores del país. Las leyes de salario mínimo ilegalizan los posibles acuerdos laborales por debajo del suelo que fijen, con lo que no se ponen en marcha ciertos proyectos empresariales: pierden entonces las dos partes y perdemos todos.

También está claro que hay muchas personas (ciertamente, no en el caso de Haití) a las que no les afectan estas regulaciones, y que los grupos o sectores perjudicados no están diseminados por igual en toda la sociedad. Grosso modo, afectan sobre todo a los jóvenes que no cuentan aún con la formación adecuada, a los inmigrantes y a los grupos que, por las circunstancias que sean, tienen un menor capital humano.

Progreso, raza y salario mínimo

Pioneros en la implantación del salario mínimo son los Estados Unidos. Su impulsora fue la izquierda de entonces, el movimiento progresista, que inspiró a algunos de los presidentes más significativos de comienzos del siglo XX, como Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt. El progresismo define la ideología y la actitud vital de quienes se maravillaron ante la notable mejora de la sociedad en las décadas finales del XIX y las primeras del XX, tan capitalista, e intentaron sujetarla para conseguir nuevos objetivos. Creyeron que la técnica y las ciencias, aplicadas convenientemente, les permitirían ser agentes del progreso. Una fe que les convertiría en semidioses. Sólo había que desechar lo antiguo o tradicional y otorgarles poderes de demiurgo.

Encajen el progresismo con la constatación, o la fe, en que hay razas distintas, y el resultado es la eugenesia. Si podemos mejorar la sociedad por medio de la ciencia, si ya la naturaleza selecciona naturalmente a los mejores, ¿cómo vamos a dejar de lado la genética para mejorar la raza? Que los progresistas eran racistas y partidarios de la eugenesia no es ningún misterio. Ya he citado a Woodrow Wilson. John Maynard Keynes y los fabianos (H. G. Wells, George Bernard Shaw…) están entre los más conocidos.

El salario mínimo era un instrumento ideal para la eugenesia. Y los economistas progresistas se dieron cuenta muy pronto. Lo explicaThomas C. Leonard en Journal of Economic Perspectives. Estos progresistas consideraban que había una parte de la sociedad (los "parásitos", las "razas de bajos salarios", los "residuos industriales", los "inempleables") a la que había que expulsar del mercado de trabajo. Esa era la función social del salario mínimo. No sólo con las razas. El matrimonio Webb, creador del movimiento fabiano en Gran Bretaña, mostró su preocupación por depurar la sociedad de “los criminales y los incorregiblemente vagos (…) los moralmente deficientes (…) y los que son incapaces de producir su mantenimiento por ningún medio”.

Entre los economistas estadounidenses progresistas partidarios de la eugenesia se cuentan nombres como los de Irving Fisher, Frank Fetter o Frank Taussing. También los de Edward A. Ross, que acuñó el concepto suicidio racial para hablar de la inmigración, Simon Patten o Arnold White.

Según explica Leonard, "los economistas progresistas, como sus críticos neoclásicos, creían que imponer salarios mínimos incrementaría la pérdida de empleos". "No obstante", añade, "los economistas progresistas creían asimismo que esa pérdida de empleo inducida por el salario mínimo era un bien social, pues rendía un servicio eugenésico sobre la fuerza laboral". Los Webb veían en ese paro "no una marca de mal social, sino de hecho de salud social". No puede haber "nada más ruinoso para la comunidad que permitirles competir, sin restricciones, como empleados”, sostenían. Una ley de salario mínimo disuadiría a los inmigrantes y expulsaría a los “inempleables”.

Royal Meeker, que trabajó como comisario de Empleo con Wilson, defendía un salario mínimo que privase a "los desafortunados" de un "empleo" en lugar de favorecerles, pues en este caso se correría el riesgo de que se reprodujesen, de que criasen "más de su tipo", seres a los que A. B. Wolfe llamaba "una carga para la sociedad" y contra quienes también pedía un salario mínimo. John R. Commons reconocía: "La competencia no tiene respeto por las razas superiores". Así es el mercado.

También lo reconocían otros enemigos del libre mercado, no necesariamente economistas. Samuel Gompers, el histórico líder de la Federación Americana del Trabajo, advirtió de que "los caucasianos", los blancos, no iban a permitir que su nivel de vida fuera "destruido por los negros, los chinos, los japoneses o por cualesquiera otros"; por eso había que impedir cualquier acuerdo laboral por debajo de determinado límite.

Leonard explica en otro artículo cómo la regulación laboral buscaba igualmente restringir el acceso al trabajo de las mujeres, "madres de la raza" en el mundo de la eugenesia. Los ejemplos se pueden multiplicar, que es lo que Harry G. Hutchinson ha hecho más recientemente.

‘Apartheid’ y más acá

Los orígenes del apartheid están en la regulación laboral impulsada por los trabajadores blancos pobres, en su mayoría afrikáners. Sus primeros éxitos fueron la Ley del Statu Quo (1911), que imponía cuotas de negros por sectores y empresas, y en las leyes que imponían licencias de trabajo, que limitaban la libertad de contratación. Ninguna regulación laboral parecía suficiente, hasta que dieron con un instrumento muy a propósito. Los sindicatos blancos señalaron:

En ausencia de un salario mínimo regulado, los empleadores encontraban beneficioso suplantar a los europeos con alta cualificación, y generalmente más caros, por los no blancos menos eficientes, pero más baratos.

La Comisión de Economía y Salarios de Suráfrica (1925) se planteaba el ya viejo problema de expulsar a los negros del mercado de trabajo para reservar las oportunidades de progreso a los blancos. "El método", señaló, "sería fijar una tasa [salarial] mínima por ocupación u oficio tan alta que sea improbable que se contrate a ningún nativo". Lo recuerda el economista Walter E. Williams en Race and Economics, donde también trae a colación una información del diario The New York Times de 1972:

Los sindicatos blancos derechistas de la construcción se han quejado ante el Gobierno de Suráfrica de que las leyes que reservan empleos cualificados para los blancos se han roto, y deberían abandonarse en favor de leyes de igual salario por igual trabajo. (…) Los sindicatos conservadores de la construcción dejaron claro que su motivación no era la preocupación por los trabajadores negros, sino su inquietud por que la reserva legal de empleo se ha deteriorado tanto por las excepciones gubernamentales que han dejado de ser una protección para los trabajadores blancos.

Esas ideas se resisten a morir. La vieja eficacia eugenésica del salario mínimo calienta los corazones de los progresistas de hoy. En el año 2006 el New York Times publicó un artículo escrito por Michael Dukakis y Daniel J. B. Mitchell. Dukakis protagonizó una de las derrotas más sonadas de las elecciones presidenciales norteamericanas. Fue en 1988, frente a George H. W. Bush. Dukakis es uno de los miembros más izquierdistas del Partido Demócrata, Mitchell es profesor emérito de UCLA, y en su artículo inciden en que "millones de inmigrantes ilegales trabajan por salarios mínimos e incluso submínimos en puestos de trabajo que no están cerca de cumplir los estándares de salud y seguridad". Hay que expulsarlos, y el instrumento ideal es el salario mínimo. Los lectores, los naturales del país,

trabajarán en empleos que sean arriesgados, sucios o penosos en la medida en que se paguen con salarios y condiciones de trabajo decentes.

Más recientemente, en 2013, un empresario de California de nombre Ron Unz propuso una iniciativa legislativa popular que elevaría el salario mínimo de los 8 dólares la hora hasta los 12 en 2016. El objetivo de esta medida es frenar la inmigración. Y la lógica, expuesta dos años antes en un artículo de The American Conservative, es implacable:

La réplica habitual contra las subidas de los salarios mínimos es que "se perderán empleos". Pero en la América de hoy una parte enorme de los empleos que están en los salarios mínimos, o cerca de ellos, los tienen los inmigrantes, en gran parte ilegales. Eliminar esos empleos es un objetivo central del plan; una característica, no un error.

Lo que sí es un error es deslindar el salario mínimo de sus orígenes racistas.

Impotentes sí, incompetentes no

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como teatralizando una lucha de clases verbal en este 1 de mayo, el líder de UGT, Cándido Méndez, ha reaccionado a la acusación de que varios cientos de miles de parados españoles ni estudian ni trabajan (ni-ni), tildando a los empresarios españoles de in-in, es decir, de incompetentes e impotentes. Y ciertamente, lo de “impotentes” no lo pongo en duda: los empresarios (y también los trabajadores) son absolutamente impotentes frente al saqueo fiscal y la asfixia regulatoria que les impone el Estado merced al calor populista y liberticida de grupos de presión organizados como el que encabeza Méndez. Lo de “incompetentes”, en cambio, sí me genera mayores recelos.

Es obvio que muchos empresarios son incompetentes; muchos de ellos, de hecho, comienzan siendo tremendamente competentes y con el tiempo se vuelven incompetentes. Por fortuna, los mercados libres cuentan con un mecanismo muy sencillo para discriminar a los empresarios competentes de los incompetentes: la libre competencia. Los mercados no manoseados por el Estado se caracterizan por la libertad de entrada: cualquiera que sepa satisfacer las necesidades de los consumidores de un mejor modo que el resto de empresarios ya asentados, sólo tiene que lanzar su propuesta de valor al mercado… y competir. De este modo, justo, se logrará separar el grano de la paja: a los relativamente más competentes de los relativamente menos competentes.

Así pues, en un mercado libre, la incompetencia ajena se demuestra compitiendo y desplazando a los rivales, ya que, en caso contrario, uno corre el riesgo de que se le vaya toda la bravucona fuerza por la boca. Por supuesto, España dista de ser un mercado verdaderamente libre: en muchísimos casos no nos encontramos con libertad, sino con un sistema regulatoriamente oligopolizado y privilegiado; lo cual, claro, sólo constituye un muy fundado motivo para defender una amplia liberalización de nuestra economía, en contra de lo que, por cierto, vienen reclamando desde hace tiempo las centrales sindicales.

De ahí que si Méndez cree que el empresariado nacional es incompetente, lo tiene bastante sencillo: primero, reclamar una supresión de todas las barreras regulatorias a la competencia y, acto seguido, demostrar la incompetencia del empresariado nacional compitiendo con él. Si es capaz de hacerlo, si es capaz de pasar de gratuitas descalificaciones y de castigar a sus odiados empresarios patrios comiéndoles la tostada en su terreno, los consumidores y los parados se lo agradecerán: estará generando riqueza por mecanismos voluntarios y pacíficos, creando empleo y prosperidad.

Sucede, empero, que hasta la fecha Méndez no acumula demasiados galones como para acreditar una superior competencia empresarial frente a autónomos, pequeños o grandes empresarios de nuestro país. No ya porque su vida la haya pasado abrevando de la política y del sindicato, sino porque incluso la burocrática corporación sindical que lidera ha tenido que recurrir a la fuerza del Estado —en lugar de a la persuasión de los trabajadores— para medrar. Pese a las gigantescas barreras de entrada y de ejercicio que bloquean la libre competencia sindical en España (tan perjudiciales para el crecimiento de otros sindicatos menores como USO), la UGT necesita recurrir a los impuestos de todos los españoles para operar. Es decir, ni siquiera después de que el Estado la haya prebendado con un cortijo oligopolístico, la empresa sindical de Cándido Méndez ha sido capaz de captar suficientes clientes (afiliados) como para prosperar sin el maná presupuestario del Gobierno. ¿Es verosímil que, habiendo fracasado en su sector, pueda dar un salto exitoso a otros y desplazar a los “incompetentes” empresarios allí asentados?

En el fondo, Cándido Méndez no es más que el modelo de empresario-político que no compite en el mercado para generar valor a los consumidores, sino en la arena estatal para arrebatárselo a los consumidores; el modelo de empresario-político blindado de la competencia que, como en otros sectores regulados como el eléctrico o el financiero, construye su negocio sobre la base de los favores estatales y no del bienestar de sus clientes; el modelo de empresario-político que busca proteger su hacienda cortándoles legislativamente las alas a sus más competentes rivales; el modelo de empresario-político al que más le valdría callar en lugar de criticar sin base a los empresarios honestos que bregan diariamente por mantener a flote sus compañías a pesar del muy hostil clima institucional que empresarios-políticos como Méndez promueven desde sus lobbies.

Mónica de Oriol tiene razón

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha levantado una gran polvareda con sus polémicas, aunque muy certeras, recomendaciones sobre la política laboral y fiscal que está desarrollando el Gobierno. España, que desde hace tiempo vive sumida en la demagogia de lo políticamente correcto, no está acostumbrada a afrontar la cruda realidad, tal y como es, sin ambages ni medias tintas.

De hecho, la izquierda, en una nueva muestra de represión y violencia, se ha apresurado a condenar sus declaraciones, llegando incluso a solicitar la "guillotina" y el "gulag" para la empresaria en las redes sociales. Así se las han gastado siempre los comunistas, a golpe de hoz y martillo para someter y esclavizar a sus súbditos. Por desgracia, a este país le sobran palabras huecas, cargadas de buenas intenciones pero vacías de contenido, y le faltan líderes políticos y empresariales capaces de describir la cruda realidad al conjunto de españoles, sin ningún tipo de complejos.

Juan Roig, presidente de Mercadona, es, junto a De Oriol, un buen ejemplo de ello. No en vano, sus escasas apariciones en público no suelen dejar indiferente a nadie: "Nos hemos pasado como país treinta pueblos", "si tomamos medidas nos sobrará dinero, si no, nos vamos al carajo", afirmaba en 2012; "los empresarios son los que nos pueden sacar de la crisis", añadía el pasado año.

En este sentido, el único pecado que ha cometido De Oriol consiste, simplemente, en hablar claro, ofreciendo, además, algunas de las recetas que necesita España de forma urgente para combatir eficazmente la vergonzosa lacra del paro, cuyo origen radica, precisamente, en el recetario estatista que tanto aplauden los amantes de lo políticamente correcto. Pero, ¿qué ha dicho De Oriol para causar tanta escandalera? Verdades como puños, ni más ni menos.

En primer lugar, pide eliminar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados, especialmente los denominados ni-nis, jóvenes que ni estudian ni trabajan y cuyo nivel de formación es inexistente. Su cabida en el actual mercado laboral es casi nula. No por casualidad, España es, junto con Grecia, líder en desempleo juvenil de la OCDE, con casi un 54%, más que duplicando la media de la UE (22,7%) y multiplicando por siete la de Alemania (7,7%). Además, casi el 19% de la población entre 15 y 29 años son ni-nis.

Las causas de este problema radican en las graves rigideces que sigue presentando la regulación laboral y un mediocre nivel de formación(sólo el 26% de los jóvenes españoles tiene estudios medios, mientras que en Alemania y Austria, con un paro juvenil inferior al 10%, dicho nivel asciende al 63% y 70%, respectivamente), lo cual dificulta en exceso la contratación juvenil debido al elevado coste que impone el Estado. Y es que, efectivamente, por mucho que duela, el valor añadido que pueden aportan muchos de estos jóvenes sin estudios es muy inferior al sueldo que estarían obligados a pagar por ley los empresarios. ¿Resultado? Paro.

El salario mínimo en España está fijado en 753 euros al mes (en doce pagas), pero muchos olvidan que el coste real para la empresa ronda, en realidad, los 1.200 euros mensuales, casi el doble, una vez sumados los impuestos, las cotizaciones y el resto de cargas que fija arbitrariamente el Gobierno. Los trabajadores menos cualificados, cuya productividad es inferior a dicho umbral, quedan, automáticamente, excluidos del mercado de trabajo. Es decir, el intervencionismo público les condena al paro.

En este sentido, el salario mínimo es una muestra más de los nefastos efectos que causa la injerencia estatal en los precios. El sueldo no es más que un precio -en este caso, de la fuerza laboral-, y si éste es superior al valor de mercado (el precio que están dispuestos a pagar los empresarios en función de lo que demandan sus clientes y, por tanto, todos nosotros), lo que se genera, de forma inevitable, es desempleo. Es la ineludible ley de la oferta y la demanda. Así pues, la eliminación del SMI beneficiaría a los parados menos capacitados y más vulnerables, justo lo contrario de lo que afirman políticos y sindicatos.

La izquierda y los defensores de lo políticamente correcto, sin embargo, prefieren que esos desempleados sigan marginados, sin posibilidad alguna de encontrar trabajo, al menos en el mercado legal. De ahí que muchos no tengan más remedio que acudir a la economía sumergida para subsistir. Asimismo, resulta paradójico que los comunistas y los sindicalistas hayan crucificado a De Oriol, escudándose en ofrecer "sueldos de miseria" a estos parados, cuando ellos son el paradigma de la esclavitud y la pobreza más extrema del mundo, como bien ejemplifican sus particulares paraísos estatistas, desde Argentina y Venezuela hasta el modélico régimen cubano, cuya población recibe un sueldo oficial de 15 dólares al mes y una cartilla de racionamiento. Que estos genios de la ingeniería social se atrevan a dar lecciones de dignidad laboral es, cuanto menos, surrealista, y que sus soflamas tengan eco entre la opinión pública es, sin duda, un síntoma de ignorancia muy grave.

Es más. De Oriol, lejos de equivocarse, se queda corta. España no sólo debería eliminar el salario mínimo para los ni-nis o los parados menos formados, sino borrar de una vez por todas esa ignominiosa traba estatista. Muchos países europeos carecen de ese umbral y, curiosamente, sus trabajadores gozan de un salario medio muy superior al español –unos 1.000 euros extra de media– y una tasa de paro mucho más baja -de apenas el 7%-. De hecho, hasta el Banco de España defiende la eliminación del SMI, solo que con la boca mucho más pequeña para no molestar demasiado ni alejarse en exceso del muy políticamente correcto pensamiento dominante.

En cuanto al resto de propuestas, la empresaria también apuesta por reducir el coste del despido improcedente a 18 días por año, frente a los 33 actuales, para acabar con la perversa dualidad -diferencia entre fijos y temporales- que sigue gobernando el mercado laboral español, así como aplicar la denominada "negociación colectiva" tan sólo a nivel de empresa. Se trata, igualmente, de medidas bien encaminadas, si bien lo ideal sería implantar la libre fijación de condiciones entre empresario y trabajador, sin más cortapisas que la firma de un contrato privado acordado voluntariamente entre las partes.

Asimismo, De Oriol critica la actual prestación de paro por no incentivar la búsqueda de trabajo, lo cual no es nuevo, ya que la inmensa mayoría de organismos insiste en la urgencia de reformar las políticas activas de empleo, incluyendo el FMI o el Banco Mundial, cuya socialdemocracia, por cierto, está fuera de toda duda. De igual modo, propone una sustancial rebaja de impuestos y reducir las cotizaciones sociales para impulsar el crecimiento, al tiempo que se recorta el empleo público, cuyo ajuste ha sido mínimo pese al enorme déficit presupuestario que sufre España. Menos trabas burocráticas y un menor intervencionismo económico son otras de las recetas que ha lanzado la presidenta del Círculo de Empresarios para facilitar la actividad económica.

Recomendaciones, todas ellas, razonables y bien encaminadas, ya que, sin duda, permitirían acelerar la salida de la crisis y bajar el paro de forma drástica. Sin embargo, frente a la sensatez de tales políticas, parece que en este país prima la necedad de lo políticamente correcto. Muchos prefieren que España mantenga el statu quo, el mismo que ha propiciado un paro superior al 25%, propio de un país Tercer Mundista, antes que reconocer el rotundo fracaso del socialismo imperante a la hora de generar riqueza y bienestar para el conjunto de la población.

De Oriol podrá caer mejor o peor, pero su diagnóstico no puede ser más certero. Todos esos que se han indignado con sus palabras, por el contrario, proponen como única alternativa agravar hasta el extremo la nefasta receta intervencionista que nos ha traído hasta aquí y, por tanto, lo único que merecen sus mensajes es el desdén y el desprecio más absoluto.

El problema de agencia y el mercado de take-overs (II)

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En la primera parte de este artículo, se describió el problema de agencia, específicamente en el ámbito de las sociedades anónimas. En este caso, la relación principal-agente se establece entre los accionistas y los ejecutivos de la empresa, más en concreto el Consejo de Administración.

Dijimos entonces que la forma más directa para que el accionista discipline a su agente es mediante la venta de la acción. De esta forma, el precio de la empresa baja y puede haber emprendedores que se hagan con el control de la misma y eliminar las prácticas negligentes o simplemente ineficientes del anterior equipo ejecutivo, consiguiendo así poner en valor la empresa.

Quedan así alineados los intereses del accionista (que la empresa suba de valor) con los del agente (que mantiene su retribución mientras genere valor). Y este debería de ser el fin de la historia.

Pero, obviamente, no lo es. Alternativamente a mejorar su gestión para evitar ser despedidos, los consejeros pueden acudir a otro tipo de mecanismos que les permitan mantenerse en el puesto con independencia de los resultados de su gestión, o que al menos dificulten el cambio tanto que se impida la rentabilidad de la toma de control de la empresa hasta el punto de que los posibles interesados renuncien a ello.

Un ejemplo de cómo obstaculizar el cambio es hacer que el Consejo se renueve por turnos (staggered board). Así, si cada año se renueva solo un tercio del Consejo, es claro que un inversor que quiera hacerse con el control de la compañía va a tener que esperar al menos dos años para poder implementar sus decisiones, plazo que puede ser excesivamente largo para la rentabilidad que se pretende obtener, aparte de permitir a los miembros del Consejo reaccionar contra la adquisición si la perciben como hostil.

Por otro lado, se pueden argumentar las ventajas de tener un staggered board, básicamente en la necesidad de mantener cierta continuidad en la gestión ante planes de acción plurianuales. Es claro que si todos los años cambian los gestores, tenderán a buscar siempre la ganancia al corto plazo.

¿Cuál es la solución correcta? La teoría económica no puede predecirla, dependerá de cada caso. Lo único que hay que hacer es asegurar que los accionistas puedan decidir en cada momento cómo quieren que funcione su Consejo.

Ello, lógicamente, nos llevaría a ver cómo son los procesos de decisión interna de la compañía, que a su vez pueden ser manipulados por los miembros del Consejo para dificultar los cambios contra sus intereses. Ahondando por este camino no tardaríamos en llegar al estatuto de funcionamiento de la compañía, y, por fin, a la regulación, sí, que en nuestro país comienza (pero no termina) con la Ley de Sociedades Anónimas.

Como se ha visto en el ejemplo ilustrativo, los intentos del Consejo por blindarse ante adquisiciones hostiles (al Consejo, no a la empresa) por vía estatutaria están en principio sujetos a la tensión del mercado, pues son los accionistas los que pueden o no autorizar los blindajes que éstos se quieran proporcionar, en función del coste-beneficio que observen. Para ello, los accionistas se pueden organizar en torno a activistas, como ocurre en los EEUU.

De hecho, en este país y gracias a la presión de determinados grupos (destancado entre ellos ISS – Institutional Shareholder Services), se están eliminando los staggered boards de la mayor parte de las empresas cotizadas. Así, cambia el balance de poder desde los miembros del Consejo, que ahora están sujetos a renovación anual, en favor de… empresas como ISS que tienen la confianza de muchos accionistas, entre ellos de los fondos de pensiones, para cambiar o mantener a los consejeros. En todo caso, esto tampoco debería ser preocupante, pues no es más que la dinámica de mercado en movimiento, en continuo proceso de prueba y error, y con los mecanismos de retroalimentación adecuada para ir corrigiendo los excesos que constantemente se producen.

El uso de estatutos sociales no es la única forma en que el Consejo se puede blindar: también se puede acudir, cómo no, a la intervención gubernamental. Por ejemplo, promocionando leyes en que se precise autorización de los políticos para una toma de control. O incluyendo umbrales sutiles en las leyes de organización que impidan en la práctica el control por parte de los accionistas.

Ejemplos no faltan en España, en que cada cambio en el control de una empresa cotizada está sujeto al escrutinio de la opinión pública, en lugar de simplemente al arbitrio de sus accionistas. Endesa o el más recientemente Deoleo son nombres que rápidamente saltan a la memoria. También cabría incluir aquí las preceptivas autorizaciones de las autoridades de competencia en caso de adquisición de empresas en un mismo mercado.

Recapitulando: la solución del problema de agencia en el caso de las sociedades anónimas pasa básicamente por la posibilidad de que terceros se puedan hacer con el control de las empresas mal gestionadas con las menores trabas burocráticas y regulatorias. Solo así la venta de la acción por el accionista minoritario podrá llegar a suponer disciplina efectiva sobre el agente. Y solo así el accionista podrá obtener el valor adecuado a la inversión realizada.

Las reflexiones realizadas se generaron en una de las Sesiones del X HARVARD COURSE IN LAW AND ECONOMICS, organizado por la Fundación Rafael del Pino y el Harvard Law School, por lo que es de justicia expresar agradecimientos a sus organizadores y especialmente al profesor Guhan Subramanian, quien dirigió la citada sesión. 

La defensa liberal de los trabajadores

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Justo este pasado 11 de abril, el Viernes de Dolores, este diario digital destapaba la punta de un iceberg que, por desgracia, tiene pinta de crecer en los próximos meses. Se trata del fraude en los cursos para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, e impartidos en concreto en la provincia de Málaga.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sigue investigando, pero las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora son de vergüenza.

Dame pan y dime tonto

Lo que es seguro es que de las veinte empresas adjudicatarias de la ayuda solamente tres cumplían con los requisitos. Las otras diecisiete cometían irregularidades. Bien no colocaban al 66% de los alumnos, como estaba estipulado en las condiciones para recibir el dinero, llegando a obligar a los parados a firmar la renuncia al puesto de trabajo. Bien la lista de alumnos que enviaban era fraudulenta. O bien, una vez recibido el 75% del dinero de la Junta, la empresa desaparecía como por arte de magia.

Los cerca de 200 testigos que ya han declarado han explicado que no había vigilancia alguna por parte de la Junta de Andalucía. Hablamos de una cantidad de 1,5 millones de euros solamente en una provincia en la comunidad autónoma con más paro de la Unión Europea, que además es la región con un índice de pobreza más alto de España. El pasado diciembre, el informe Pobreza 3.0 apuntaba que el 40% de la población andaluza rondaba el círculo de la pobreza. En esas circunstancias, ¿no deberían ser las autoridades especialmente cuidadosas con cada euro gastado?

Y con ello me refiero a la medida del impacto que los cursos van a tener en la población desempleada, el uso eficiente de la ayuda, la estricta observancia de los requisitos por parte de las empresas que ofrecen los cursillos seleccionados, encuestas de satisfacción a los estudiantes (estos cursos datan de hace cuatro años). En fin, toda una serie de medidas que asegurara que el euro pagado por el contribuyente, ese que se ha empobrecido y que sigue manteniendo a pensionistas, parados y a todos los demás, es un euro bien gastado. Es una cuestión de respeto. En primer lugar, al desempleado al que se le vende algo que no es. En segundo, al sufrido paganini. Y, no se nos olvide, en tercer lugar, al votante que cae embaucado ante la defensa del trabajador por los socialistas, en concreto por un partido político que tiene la desvergüenza de llevar la palabra Obrero en su nombre. Yo imagino a los líderes socialistas andaluces, de los de pura cepa, de los que argumentan "si eres obrero, ¿qué vas a votar si no es al partido que te representa y lleva tu nombre?", como he tenido que oír alguna vez. ¿Dónde están los escraches a los que no vigilaron? ¿Dónde está la exigencia al negligente, la rendición de cuentas? ¿Dónde están los parados andaluces reclamando lo que les prometieron? ¿De qué color va a ser esta "marea" de gente reclamando honestidad? Porque hoy es Málaga, pero se anticipa una ola de denuncias en el resto de la geografía de Andalucía.

La liberación de los trabajadores

Por esas casualidades que tiene la vida, ayer estaba escribiendo sobre la revolución liberal chilena y, cotilleando en la página de José Piñera, uno de los actores principales de la misma. Y encontré este párrafo que extraigo de su discurso como ministro de Trabajo en la celebración del 1 de mayo del año 1980, en el que anunciaba la reforma del sistema de pensiones tan exitoso para los trabajadores chilenos:

"Toda forma de trabajo es un ejercicio constante de la libertad humana. Mediante su trabajo creador, el hombre no sólo expresa y manifiesta su condición libre, sino que también acrecienta día a día la magnitud de su libertad. El hombre, trabajando más y mejor, se libera de la servidumbre de las ciegas fuerzas de la naturaleza, de la esclavitud geográfica, de las imposiciones del clima y del medio ambiente. El hombre, trabajando más y mejor, se libera también de las coacciones sociales y de las presiones políticas. En efecto, su capacidad creativa le permite erguirse con firmeza frente al posible atropello de un Estado totalitario, que para imponerse requiere una masa anónima de siervos tan dóciles como carentes de educación laboral. Y con el producto de su mayor y mejor trabajo, el hombre conquista ese tanto de propiedad privada, de libertad económica, que es la base de su libertad social y política, pues le impide ser arrasado por un poder central absoluto: sólo el que nada tiene puede caer bajo el yugo de esas fuerzas impersonales e irrestrictas".

Y la historia acaba bien. Cosa que la izquierda liberticida, que profana vergonzosamente el término "obrero", jamás perdonará al liberalismo. Trabajadores españoles, no nos dejemos engañar más, nuestra lucha es la de la libertad.

Medios públicos contra la libertad de expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En las diferentes protestas de sindicatos y otras organizaciones a favor “de lo público” en el ámbito de los medios de comunicación se observan diversas constantes. Una de ellas, que es la que nos interesa en este caso, es que se vincula la existencia de radios y televisiones de titularidad estatal (o autonómica, en el caso de España) con la libertad de expresión, como si una y otra tuvieran algún tipo de relación positiva directa. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Los medios de comunicación públicos son órganos de propaganda al servicio del poder político, con independencia de que sea el Ejecutivo (caso más frecuente en España) o el Legislativo. En cualquier caso, son instrumentos de adoctrinamiento de los ciudadanos pagados por estos mismos. En el caso de que existiera la muy elogiada “independencia” política de los medios, tampoco sería muy distinto.

En estos casos seguirían siendo un órgano de propaganda al servicio de los supuestos representantes de los trabajadores de los medios (el poder sindical, directamente conectado con determinados partidos) o de cualesquieras que fueran las organizaciones encargadas de nombrar a los directivos de las radios y televisiones públicas. Además, se trataría de vender, y seguramente se lograría, la idea de que la supuesta “independencia” garantiza la “objetividad”, con lo que el espectador estaría con la guardia baja ante las posibles manipulaciones o incluso la mera existencia de una línea editorial.

Pero los medios públicos tienen una característica que les hace todavía más nocivos para la libertad de expresión: distorsionan el mercado de los medios debilitando al resto de empresas del sector, hasta el punto de poder poner en peligro la continuidad de algunas de ellas.

Si como ocurría antiguamente en España con TVE (y sigue ocurriendo con las radios y televisiones autonómicas) los medios públicos tienen publicidad, esto significa una merma en los ingresos del resto de radios y televisiones al quedarse con una parte nada despreciable del mercado.

Si se sigue el actual modelo de financiación de Radio Televisión Española, se impone un coste añadido al resto de cadenas, que deben entregar al Estado una parte de sus ingresos para sufragar RTVE. Esto afecta no sólo a las grandes cadenas de ámbito nacional (que al menos se han visto beneficiadas con un aumento de sus ingresos publicitarios al desaparecer la competencia de las cadenas estatales). También han de hacer frente a esos pagos televisiones pequeñas, de ámbito autonómico o local, con cuentas muy ajustadas y para las que el fin de la publicidad en TVE no ha supuesto la llegada de nuevos anunciantes.

Esto último, un incremento artificial de los costes destinado a mantener la televisión pública sin que aumenten los ingresos, se puede traducir en la pérdida de empleos en estas cadenas o incluso en el cierre de alguna de ellas que estuviera ya en una situación especialmente difícil. De esta manera, al querer dar oxígeno a un medio público se reduce la pluralidad en el ámbito audiovisual.

El modelo de la BBC, mediante el canon por la propiedad de un aparato de televisión, es simplemente un robo. Se obliga a los ciudadanos a estar suscritos a un canal que tal vez no quieran ver nunca. En cualquier caso, los medios públicos al final siempre reciben financiación pública que sale de los impuestos de los ciudanos, incluyendo algunos que no quieren verlas jamás.

En el caso de España, ocurre algo similar en otros países, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver la relación entre medios de comunicación públicos y libertad de expresión y de prensa es la existencia de la agencia EFE. No se suele hablar de este caso, pero su efecto es especialmente nocivo. Creada en los inicios de la dictadura franquista, es la principal proveedora de teletipos para una gran cantidad de medios, al tiempo que está bajo control político al ser estatal. Eso significa que gran parte de la información que llega a los medios corre el riesgo de estar manipulada al servicio del Gobierno de turno (o por los sindicatos, o una confluencia de ambos).

Para la libertad de prensa, y por el respeto a los ciudadanos, lo mejor es la inexistencia de medios públicos. Sería necesario privatizarlos y para eso se puede optar por varias fórmulas. Además de la venta a una o varias empresas, existen otras opciones.

Lo ideal sería dividir el capital de estas empresas en acciones que se repartieran entre los ciudadanos (que a la postre son quienes han pagado con sus impuestos la creación y el mantenimiento de esas empresas) y después cada accionista-ciudadano podría hacer con sus participaciones lo que quisiera, mantenerlas sin más, mantenerlas sindicadas con otros accionistas, o venderlas. Otra opción viable sería convertir esos medios en cooperativas, y que los trabajadores empleados fueran los propietarios cooperativistas y tuvieran que hacer frente a la gestión y los gastos sin ayuda pública.

Si no es posible ninguna de las opciones anteriores, hay que cerrar esos órganos de propaganda y distorsionadores del sector de los medios que son las radios, las televisones y las agencias públicas. Si se admite que no es lógico que el Estado sea propietario de medios impresos (como sí lo era durante el franquismo o en cualquier régimen comunista de Europa central y oriental, o lo es en Cuba), debería resultar insostenible aceptar que sí posea medios audiovisuales o una agencia de noticias.

Inspectores de hacienda, esos héroes

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Entre los puestos de trabajo que menos respeto me produce siempre ha destacado el de inspector de impuestos. Reconozco que la Guardia Civil y la policía municipal hacen méritos suficientes para ocupar este puesto, pero, entre multa y multa, hacen algún servicio de provecho a la sociedad: asisten accidentes, regulan el tráfico y hasta detienen a algún criminal real, cuando la persecución al ciudadano respetable, pero con el billetero lleno, se lo permite.

No es el caso del inspector de impuestos, cuyo único objetivo es escudriñar la vida privada (sí, nuestros ingresos y gastos son parte de nuestra vida privada, no deberían ser visibles por nadie sin nuestro consentimiento) de los ciudadanos para averiguar si ha entregado parte de su riqueza al Estado voluntariamente o si es necesario quitárselo por la fuerza, más la correspondiente multa o recargo por su poca concienciación social.

Sólo el lavado de cerebro masivo que recibe la sociedad desde hace décadas puede explicar que haya muchos de estos inspectores que frecuenten medios de comunicación, la mayoría de las veces en funciones descaradas de lobbies, sin el menor reparo. En cualquier otra época estos sujetos, de existir, guardarían celosamente su condición (algo que el contribuyente no puede hacer con su dinero) e intentarían pasar desapercibidos, justificando su profesión en la pura necesidad de tener un trabajo en tiempos difíciles.

Por desgracia vivimos en una época donde está mal visto que alguien hable en contra del alarmismo del cambio climático si hace 20 años el departamento donde trabajó recibió una subvención de mil euros de una petrolera, pero si eres miembro de una asociación de inspectores de hacienda y te da por pedir, oh, qué sorpresa, que se duplique o triplique el número de inspectores para acabar con el fraude fiscal, te sacan en todos los medios de comunicación como la quintaesencia del sacrifico por el bien común.

Pero si hay algo que me hace despreciar ese trabajo por encima de todo es porque simboliza el sistema fiscal que sufrimos actualmente. Nadie necesita un inspector fiscal para saber si un vecino no ha pagado su cuota de la comunidad de propietarios. Nadie necesita un inspector fiscal para descubrir si un socio está escatimando sus aportaciones. Nadie necesita un inspector fiscal para saber que un suscriptor no está pagando por recibir su revista favorita. No hay ninguna transacción financiera honrada que requiera de un inspector fiscal para saber si el cliente está al corriente de pago de un producto o servicio. Solo el Estado necesita inspectores fiscales para conocer qué riqueza genera una persona, y así poder quitarle la parte que arbitrariamente considera suya.

Por eso es especialmente perversa la petición de más inspectores de hacienda. Estos no van a mejorar el sistema de recaudación, no van a repartir más equitativamente el peso del Estado entre los ciudadanos. Lo único que van a hacer es llevar la auditoría sobre la vida de los españoles a nuevos niveles, expandiendo el control total que ya tiene sobre los asalariados de nómina y tarjeta de débito al resto de la sociedad. Los autónomos, las PYMES y todo aquel que no está totalmente controlado por los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria tendrían que aguantar un control más exhaustivo de personas de carne y hueso cuyo mayor deseo, al parecer, es conseguir pruebas para expropiar las pocas riquezas que van generando después de 6 años de crisis, para más orgullo de la casta política que hace pésimo uso de ellas.

Pero no carguemos las tintas sólo contra los inspectores. Sus anhelos no serían posibles sin esos millones y millones de personas que, siguiendo el instinto español básico de sacarle el ojo al vecino aunque ellos pierdan los dos en el proceso, piensan que la solución a muchos de los males que sufre éste país proviene del fraude de las grandes empresas, de los autónomos que no hacen facturas y de los paraísos fiscales.

Al parecer si las facultades de un ladrón le permiten robar a cualquiera, tenga el sistema de seguridad que tenga, pasa a ser un buen recaudador de impuestos. Y según dicen en España todavía hacen falta más y mejores ladrones… ¡Quién lo diría leyendo los periódicos!

Inmigración (IX): poner el muro en el lugar adecuado

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

"Cuanto más intensamente se defiende y cuanto más se amuralla una civilización frente a una amenaza exterior, menor será lo que finalmente quede por defender". Hans Magnus Enzensberger.

"Construyamos un muro alrededor de nuestro Estado del bienestar, no alrededor del país". Will Niskanen.

"Una de las razones por las que la inmigración abierta no es posible es porque no es compatible con el Estado del bienestar moderno". Chandran Kukathas.

"En vez de tratar en vano de parar la inmigración, deberíamos dedicar nuestras energías hacia la reforma del Estado del bienestar". Alex Nowrasteh & Sophie Cole.

"El hecho de que una ley del Congreso trate a los foráneos de forma diferenciada a los ciudadanos no implica por sí mismo que dicha disparidad de tratamiento sea odiosa". Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo de los EE UU en el caso Matthews v. Diaz.

Antes de la 1ª Guerra Mundial pocos veían la inmigración como un problema. El posterior surgimiento del Estado del bienestar moderno en Occidente lo cambiaría todo. Los inmigrantes dejaron de ser un activo como habían sido siempre a lo largo de la historia para volverse una "carga". Tal vez la frase que mejor resumió esta visión fue la del escritor suizo-alemán Max Frisch a propósito de la llegada de mano de obra extranjera que iba acomodándose en Alemania mediante los programas Gastarbeiter: pedimos trabajadores pero obtuvimos personas. A medida que fue aumentando el peso del Estado providencia, se fueron simultáneamente incrementando en las democracias modernas las barreras a la inmigración.

El afilado análisis del profesor Chandran Kukathas nos señala que si el precio de la justicia social de las sociedades socialdemócratas es la exclusión de los más desfavorecidos de los países que ofrecen las mejores oportunidades, esto no habla muy bien de su justicia social y puede ser un indicio en contra de la idea de la misma. Va siendo hora de replantearse el Estado del bienestar actual porque es incompatible no sólo con la inmigración moderna sino con la globalización en general.

Para que la libertad de movilidad laboral internacional se asiente verdaderamente y no sea fuente de conflictos, es imprescindible que deje de existir una obligación moral hacia el trabajador extranjero por el mero hecho de su proximidad física, es decir, por vivir en una misma jurisdicción política.

Que un haitiano sufra lo indecible dentro de las fronteras de su propio país y desencadene poca o nula reacción entre la población de otro país parece algo normal. Pero que ese mismo haitiano logre tocar suelo extranjero e inmediatamente surja una obligación moral colectiva hacia el mismo por parte de los nativos del país de acogida parece que es una reacción desproporcionada con respecto a la primera. Sin embargo, es precisamente lo que sucede en la mayoría de los países occidentales (a diferencia de otros).

Conviene, por tanto, separar claramente la libertad de movilidad laboral internacional de la inmigración tal y como se la entiende hoy. El concepto de inmigración va generalmente ligado a la residencia permanente, a disfrutar de las prestaciones sociales, a la nacionalidad y a los derechos políticos que van asociados a esta última. Bien es verdad que el acceso a todo ello es bajo condicionantes más o menos estrictos (según cada Estado) pero, al final, todo ello se puede lograr sin grandes dificultades, una vez se haya pasado la arbitraria y muy restrictiva criba inicial de los Estados.

Pese a que, aparentemente, parezca generoso otorgar todos estos privilegios a los trabajadores inmigrantes cuando hayan residido de forma continuada una serie de años y cumplan ciertos requisitos según cada país de acogida, en realidad perjudica gravemente a los futuros inmigrantes que quieran posteriormente acceder al mismo ya que cada vez se irá subiendo más el listón bien a través de trámites engorrosos e interminables (muchas veces excluyentes) o bien se terminará por establecer un muro físico para impedir el acceso de más trabajadores al país (literalmente es lo que están levantando los políticos estadounidenses frente a México, supuesto país vecino y amigo). Esto es un error de enfoque.

El muro no habría que levantarlo en la frontera propiamente dicha sino en el acceso de los trabajadores extranjeros al sistema de transferencias masivas que implica la existencia del dispendioso Estado del bienestar, del que supuestamente son beneficiarios los nativos, sean autóctonos o ya naturalizados. Con ello, los inmigrantes serían mucho mejor tolerados.

Es lo que está sucediendo sólo parcialmente en algunos Estados benefactores que restringen a los recién llegados las prestaciones sociales un número determinado de años (p.ej., la Welfare Reform Act en los EE UU desde 1996). Es justo lo contrario de lo que hoy sucede en España que basta aquí al inmigrante con empadronarse para tener derecho, entre otros, a la asistencia sanitaria gratuita y a la educación pública.

Llegados a este punto, es llamativo comprobar cómo los recelos nativistas saltan inmediatamente para denunciar una situación injusta al percibir que los recién llegados de fuera pueden abusar de los servicios sociales ofrecidos por el actual Estado del bienestar sin haber contribuido suficientemente a ellos, pero esos mismos nativistas parecen indolentes ante abusos mucho mayores realizados por sus propios compatriotas. Los estudios realizados hasta la fecha confirman una y otra vez que los fraudes y mayores abusos en relación con las ayudas o prestaciones sociales de asistencia pública se dan en mayor cantidad y proporción entre los nacionales, no entre los inmigrantes.

En cualquier caso, si se quiere terminar con el caótico sistema actual y abrir más las fronteras a los trabajadores extranjeros debido a sus benéficas consecuencias que suponen para la economía en su conjunto, dado el estado actual de cosas en el mundo real en que los Estado-naciones son fuertemente intervencionistas en las sociedades de acogida, habría que tomar una serie de medidas inmediatas para que los problemas actuales percibidos en el ámbito de la inmigración se atenuasen. El profesor de economía Jesús Huerta de Soto propone, de manera acertada, una serie de reglas estrictas pero respetuosas con los principios liberales que deberían exigirse a los inmigrantes. Serían las siguientes:

a) Los inmigrantes no deberían ser subsidiados por el Estado del bienestar, por tanto debería permitirse abiertamente que se desengancharan de los sistemas públicos de seguridad social y que contratasen sus servicios de asistencia sanitaria, seguros de vida y fondos de pensiones a través de compañías privadas.

b) Los inmigrantes deberían demostrar que en todo momento poseen medios independientes de vida.

c) En ninguna circunstancia debería proporcionarse de entrada el voto político a los inmigrantes para que no interfieran en los mecanismos de coacción política de los países de acogida.

d) Los inmigrantes deberían cumplir en todo momento las leyes materiales del país de acogida, muy especialmente las del código penal.

La exclusión de los derechos políticos y, sobre todo, de las asistencias públicas puede implicar falta de preocupación moral hacia los recién llegados, pero a largo plazo haría correr a los trabajadores extranjeros mejor suerte. Tal y como nos advierte Lant Pritchett, Los Estados del Golfo Pérsico tienen uno de los ratios mayores del mundo de trabajadores extranjeros viviendo dentro de sus fronteras. Mientras estén viviendo allí, los trabajadores invitados no tienen ningún derecho asociado a la nacionalidad del país anfitrión. El hecho de que el ciudadano típico de cualquier Estado del Golfo petrolero no sienta ninguna obligación por el bangladesí que viva en Bangladesh ni tampoco ninguna obligación moral por el bangladesí que viva y trabaje en su Estado petrolero beneficia enormemente a los bangladesíes pobres en general. Esto les permite tener acceso a los mercados laborales de los Estados del Golfo en cantidades inimaginables caso de que tuvieran que ser tratados como iguales políticos por parte de los ciudadanos de esos mismos Estados. Lo miso sucede en Singapur, paradigma de esta exclusión política y público-asistencial con la aceptación al mismo tiempo de numerosos extranjeros trabajadores huéspedes dentro de las fronteras de su pequeño territorio. Los inmigrantes acuden allí a trabajar, no a votar o conseguir subvenciones.

El principio actual vigente en los países occidentales va, empero, en dirección contraria: que no haya trato discriminatorio para ninguna persona que comparta proximidad física en un mismo territorio. Pero precisamente dicho principio empuja a imponer barreras y controles cada vez más severos para evitar la llegada de más trabajadores extranjeros (un sinsentido económico). Por tanto, la discriminación, siendo imperfecta, es la opción menos mala para poder ser menos restrictivo en la entrada de inmigrantes en un territorio dado sin producir excesivos recelos o fricciones entre los nativos o autóctonos.

Actualmente el Estado del bienestar en los países occidentales actúa de freno a mayores flujos de inmigrantes y distorsiona los ya existentes. Si se entiende que la tendencia futura va a ir sin duda hacia un mayor flujo de movimientos migratorios, debería ser reformado de forma urgente el acceso al Estado del bienestar para excluir de sus prestaciones a los recién llegados pero obligarles al mismo tiempo a la contratación de cobertura sanitaria y de ahorro previsional necesario en el existente mercado privado.

Para un socialdemócrata le resulta del todo imposible resolver la disyuntiva entre justicia "social" para los autóctonos y justicia "social" para los potenciales inmigrantes de fuera, a no ser que desde presupuestos ideológicos maximalistas se dé por buena la solución de "papeles para todos", completamente irreal e insostenible. Para un conservador, por su parte, la solución pasa por cerrar las compuertas del corral patrio y asunto concluido (como si fuese tan sencillo). Además de ser también una solución irreal trae consigo, como hemos visto, indeseables consecuencias.

Para un defensor liberal de una política de fronteras más abiertas y sensatas, por el contrario, puede lograrse una solución más realista y sostenible que haga factible la acogida de un número mucho mayor al actual de inmigrantes con, al mismo tiempo, una clara limitación de antemano –nunca de forma retroactiva- en su participación en el Estado del bienestar del país anfitrión.

La crítica que denuncia que los trabajadores "huéspedes" o temporales se convertirían de esta forma en ciudadanos de segunda, creándose una división entre trabajadores "con plenos derechos" y otros que no los tuviesen, no se sostiene porque ello es preferible a condenarlos al inmovilismo y a la miseria en su lugar de nacimiento o bien a la humillante situación de explotación e inseguridad que sufren actualmente los mal llamados inmigrantes "ilegales"; éstos sí que forman una subclase del peor tipo imaginable (ausencia de derechos y expuestos a todo tipo de abusos, entre otros, el de jugarse la vida en el trayecto y el de vivir posteriormente en situación de marginalidad y clandestinidad).

Los lazos de solidaridad, además, tienden a disminuir con poblaciones formadas por grupos cada vez más heterogéneos. En este sentido, es relevante la observación de Bryan Caplan en torno a la combinación explosiva de más inmigración y persistencia del Estado del bienestar: la gente no le importa pagar impuestos elevados para apoyar a personas "como ellos", pero pagar para el mantenimiento de "otras personas diferentes" ya es harina de otro costal. Un control de inmigración que facilite más canales legales y una mayor diversidad cultural mermaría el apoyo a la redistribución masiva. Ambas medidas se retroalimentarían y favorecerían los objetivos de una sociedad más abierta y liberal.

A fin de cuentas, son numerosos los beneficios que acarrearían una liberalización y una legalización de los flujos migratorios tanto en la sociedad exportadora como en la importadora de estos "huéspedes" residentes temporalmente o no en el país de acogida.

Es claro que en cuanto los nuevos trabajadores inmigrantes fuesen llegando legalmente al país anfitrión por la existencia de procedimientos lícitos suficientes y, al mismo tiempo, se viesen obligados a contratar servicios educativos, sistemas de cobertura sanitaria y de previsión privada, por básicos que fueran, la mirada de los nativistas hacia ellos cambiaría radicalmente. Además, con el paso del tiempo podrían también comprobarse que los servicios ofrecidos a dichos inmigrantes por parte de los agentes privados en esos asuntos "sociales" funcionan y que no son tan inhumanos y excluyentes como los socialdemócratas se imaginan. Iría calando poco a poco en la sociedad de acogida que dichos servicios pueden desplegarse de forma normalizada fuera del actual esquema estatalizado.

Muchos de los nacionales, incluso, pedirían desengancharse de lo público al tener enfrente ejemplos vivos de la cobertura ofrecida por el mercado a los trabajadores inmigrantes y a sus familiares al margen de los servicios provistos por el Estado. Intuyo que en ese momento comenzaría el derribo del muro pensado y levantado inicialmente para los trabajadores provenientes del exterior pero que irían erosionándolo desde el interior los propios nativos autóctonos en busca de mayores cotas de libertad de elección también para sí mismos.

Sólo entonces podría empezar a desplegarse espontáneamente una sociedad civil basada no en la falsa "libertad" sin responsabilidad, delegada a los políticos (la que tenemos actualmente en el consenso socialdemócrata), sino asentada en la libertad con responsabilidad (la que proponemos y añoramos los liberales).

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

Hollywood se rinde al libre mercado

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

VIH, años 80, homosexuales… En principio, cualquiera diría que es un telón de fondo perfecto para desplegar un mitin cinematográfico a la medida de la causa progresista. Sin embargo, en Dallas Buyers Club sucede algo semejante a Capitán Phillips, donde una ambientación patriotera-conservadora esconde un mensaje bastante progresista. Esto es, una de las grandezas –de las muchas- de Dallas Buyers Clubes es que, mientras la portada del mensaje parece progresista, en verdad nos introduce subrepticiamente pero de modo altamente efectista un ideario radicalmente liberal y libertario.

Así, poco a poco, la película se va definiendo en torno a una batalla: la de los enfermos de VIH frente al Gobierno y la FDA. Dicho de otro modo: la lucha por una cura que sólo se encuentra con la luz de la valiente antorcha de la libertad que el Gobierno desea apagar. Y en el fondo trata de eso, de la libertad sanitaria y de su poder de salvación de los marginados enfermos de VIH de los años 80, si cabe más destacable en una ciudad tan conservadora como Dallas.

El film presenta, de manera tan sorprendente como hiperrealista, un alegato en múltiples frentes en defensa del libre mercado frente a la intervención del Gobierno en la medicina. Y es que los gays no necesitan el mismo e igualitarista trato de una medicina intervenida y regulada, sino que merecen el mejor trato de una medicina de libre mercado. La opción progresista para resolver los problemas de los homosexuales sólo sirve para una cosa: para ser echada por la borda.

En su contundencia, Dallas Buyers Club avanza en metraje cual apisonadora de lugares comunes. Por ejemplo, presenta la medicina estadounidense como lo que realmente es: una medicina regimentada hasta niveles casi soviéticos. También, por ejemplo, ataca la idea de que el VIH es una enfermedad de homosexuales. Su protagonista, Ron Woodroof, encarnado por Matthew McConaughey, es heterosexual y padece VIH.

Ron no deja de ser una suerte de John Galt que hace avanzar el mundo con su aguerrido espíritu anti-Gobierno y empresarial. En su búsqueda de remedios efectivos frente al VIH, tiene que viajar a lo largo del mundo, dado que los bienes (las medicinas) por desgracia no cruzan libremente las fronteras. El libre mercado no sólo se demuestra lenitivo y atenuante del dolor y la enfermedad sino también de la homofobia: Ron, inicialmente homófobo, aprende la tolerancia hacia los homosexuales en su Buyers Club para ayudar a personas con VIH (el libre mercado como epítome de la apertura y la sociabilidad). Así, los hechos se entrelazan cual cuerdas (la económica, la sexual, la civil-social…) para anudar un fuerte nudo: el de la libertad como una sola e indivisible.

O pensemos por un momento en un acto puro de libre mercado como es la solidaridad: una pareja de homosexuales mayores donan una casa para que los buyers club que ayudan a las personas con VIH puedan sostenerse. Todo mientras el Gobierno persigue estas acciones heroicas.

Que la FDA o las agencias públicas sanitarias existen por nuestro bien es un eslogan que aquí se estrella en la cara de los intervencionistas como un boomerang. ¿Es mejor una muerte legal y aprobada por la FDA que vivir sin la aprobación de la misma? La competencia sí resulta brutal en el film al menos en una cosa: ¿quién de los dos es más asesino, el SIDA o el Gobierno?

Si el Gobierno se supone garante de nuestra seguridad, en Dallas Buyers Club el Gobierno ofrece algo seguro: una muerte lenta por tortura a los enfermos de VIH en su sistema farmocrático.

Ataviada con una falsa apariencia progresista, Dallas Buyers Club en realidad nos vende la mejor medicina posible. La de la libertad.

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com