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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

¿Y si liberalizamos el taxi?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en ¿Y si liberalizamos el taxi?

El taxi es un oligopolio cuyo funcionamiento perjudica tanto al conjunto de los consumidores como a los potenciales trabajadores y empresarios de este sector. Su actual modelo, propio de la primera mitad del siglo XX, es absurdo y contraproducente de inicio, pero el sinsentido de su mantenimiento es cada vez más evidente para una parte creciente de la población, muy especialmente los jóvenes, conforme avanza la revolución tecnológica que está experimentando el mundo. A diferencia de lo que suelen aducir los intervencionistas de todos los colores, en el mercado libre no caben prácticas monopolísticas de ningún tipo, ya que, por definición, no existen barreras de entrada. Por el contrario, el Estado mantiene determinadas actividades al margen de la libre competencia, beneficiando con ello a privilegiados lobbies, como es el caso de los taxis, las farmacias, los estancos o los colegios profesionales. En el fondo, esta especie de proteccionismo estatal no es más que un vestigio del arcaico sistema gremial que regía en el Antiguo Régimen.

La actividad del taxi es un claro ejemplo. No en vano, la Administración Pública limita la entrada de nuevos operadores en el negocio mediante la concesión de licencias, decidiendo así la oferta de forma unilateral y arbitraria, al tiempo que impone una serie de condiciones a los taxistas (formación, tipo de vehículo, horarios, etc.), llegando incluso a regular o fijar directamente el precio del servicio. Este tipo de trabas genera incentivos perversos. En primer lugar, los dueños de las licencias, constituidos en lobby, presionarán a la Administración para congelar o reducir al máximo posible la concesión de nuevos permisos con el fin de limitar la competencia en beneficio propio. Y es que, conforme la oferta crezca menos que la demanda, el valor de las licencias activas aumentará, con el consiguiente beneficio extra en caso de venta -las licencias se pueden transferir-, y el precio del servicio subirá por encima del valor de mercado, dañando a los consumidores y restando eficiencia, ya que los tiempos de espera tenderán a dilatarse y existirán grandes dificultades para encontrar taxi en las horas punta.

La OCDE analizó el impacto de estas trabas en un amplio informe elaborado en 2007 y encontró una serie de factores comunes en los países que imponían grandes barreras de entrada para trabajar como taxista. Entre otras cosas, constató, efectivamente, que el número de licencias tendía a permanecer relativamente estático a lo largo de los años, con lo que la ratio de taxis per cápita bajaba conforme la población iba en aumento, el valor de las licencias subía de forma sustancial y la oferta no cubría satisfactoriamente la demanda existente, con mayores tiempos de espera, una menor calidad en el servicio y precios más altos.

Por el contrario, los países que han apostado por liberalizar este sector presentan claras ventajas respecto al sistema vigente. Aunque la desregulación no ha sido completa, ya que sigue existiendo una fuerte intervención estatal en materia de precios y prestación del servicio, la apertura de las licencias se ha traducido en un sustancial aumento de operadores, una mayor cobertura geográfica, más eficiencia y precios más bajos para el consumidor. Desde que Nueva Zelanda liberalizó el servicio en 1989, por ejemplo, el número de taxis se ha triplicado en las principales ciudades del país, la oferta es mucho más amplia y especializada (dividida en segmentos, zonas geográficas y perfil de cliente) y las tarifas han descendido en términos reales (descontando la inflación).

Irlanda hizo lo propio en el año 2000. El Tribunal Supremo de Irlanda sentenció en 1999 que el Gobierno había restringido las licencias de taxi de forma abusiva, impidiendo la entrada a nuevos operadores y limitando el libre desarrollo de este sector, dificultando con ello el acceso de la población a este servicio. Efectivamente, en 1978, el Gobierno aprobó un decreto para frenar la concesión de licencias. Como consecuencia, en Dublín, su número se mantuvo intacto en 1.800 unidades desde 1978 a 1991, mientras que a finales del año 2000, justo antes de su desregulación, las licencias apenas se situaban en 2.720, lo cual supone un crecimiento medio de poco más del 2% anual durante este período. Sin embargo, fue en esta etapa cuando se fraguó el milagro económico irlandés: la población ocupada aumentó un 63%, la tasa de paro bajó al 4% y el volumen de turistas se multiplicó por tres.

Todo ello se materializó, por tanto, en un peor servicio para los clientes, pero en un negocio redondo para los taxistas. El 75% de los irlandeses afirmaba, antes de la liberalización, tener grandes dificultades para encontrar una taxi libre en las horas punta y los tiempos de espera superaban de media los 90 minutos en determinadas partes del día. Asimismo, el precio de las licencias en Dublín se disparó desde los 7.400 dólares en 1980 a casi 110.000 en el año 2000, superando a muchas capitales europeas.

La reforma del año 2000 flexibilizó el sistema, permitiendo acceder al taxi a todo aquél que cumpliera los requisitos legales establecidos y, como consecuencia, la oferta se disparó. El número de taxis en Dublín ya rozaba las 9.000 unidades apenas dos años después, y hoy se estima que operan de forma regular cerca de 14.000 taxistas. Mientras, en el conjunto del país, su número ha pasado de menos de 5.000 a más de 20.000 durante la pasada década, con todo lo que ello supone en cuanto a la creación de empleo y riqueza.

También existe una oferta más variada, como, por ejemplo, los taxistas a tiempo parcial, que prestan servicios sólo durante unas horas o días concretos de la semana, compaginando esta profesión con otras actividades, embolsándose así un sueldo extra. Y, como es lógico, a mayor oferta, menor precio. Muchas compañías de taxis cuentan con tarifas planas y una amplia gama de descuentos, sobre todo fuera del área de Dublín, con el consiguiente ahorro para el consumidor. Además, esta apertura se ha traducido en una mayor profesionalización de la industria, mejorando con ello su calidad e imagen pública. La demanda de taxis, por su parte, aumentó más de un 80% en Dubín entre 1997 y 2008, mientras que el tiempo medio de espera se redujo a apenas 5 minutos, sin que repercutiera un ápice en la calidad del servicio. Otros países como Suecia, reino Unido, Holanda y algunas ciudades de EEUU también han apostado por la liberalización, mayor o menor, del servicio.

Pese a ello, el mercado del taxi no es completamente libre, ya que el Estado sigue interviniendo en la fijación de las tarifas e impone ciertos límites y condiciones que acaban distorsionando de forma grave la libre competencia. Aún así, la simple eliminación de topes en la concesión de licencias administrativas ha tenido claros beneficios para los clientes del taxi, que ahora disfrutan de precios más bajos y una mayor oferta, pero también para los propios trabajadores y empresarios del sector, cuyo número ha aumentando de forma exponencial.

Lo ideal, sin duda, sería erradicar el perverso sistema de licencias de raíz, permitiendo que el mercado (todos nosotros) y no el Estado (políticos) determine libremente la prestación y los precios del taxi sin ningún tipo de cortapisas para que, de este modo, se amolden a nuestras necesidades y preferencias concretas. En España, sin embargo, al igual que en otros muchos países, sucede justamente lo contrario, puesto que el consumidor debe tragar, sí o sí, con las condiciones que marca arbitrariamente el poder público en beneficio del privilegiado lobby del taxi. No es casualidad, por tanto, que el número de licencias se haya estancado en Madrid, pasando de 15.500 en 1994 a tan sólo 15.700 en 2012, al igual que en el resto de España, cuyo volumen se mantiene congelado en unas 70.000, encareciendo las licencias y disparando de forma artificial el uso lucrativo de las mismas a costa del consumidor y otros potenciales taxistas.

Pero la irrupción de nuevas aplicaciones está revolucionando el sector del transporte de particulares en vehículos privados, ya que plataformas como Blablacar, Cabify o Uber están dando una solución muy satisfactoria al problema subyacente de poner en contacto cliente y conductor sin necesidad de intermediario alguno, fijando de antemano y con plenas garantías las condiciones y tarifas del viaje. La tecnología está evidenciando ahora, mejor que nunca, el verdadero rostro de la intervención estatal, consistente en entorpecer o impedir el acuerdo libre y voluntario entre las partes (en este caso, particulares) para beneficiar a unos pocos (taxistas con licencia administrativa), bajo el manido argumento de la "competencia desleal" y el falaz "intrusismo".

Este fenómeno no es nuevo. Los gremios siempre han intentado impedir la entrada de nuevos operadores para elevar de forma maniquea sus beneficios mediante la restricción de la competencia, solo que ahora se valen del poder monopolístico que ejerce el Estado para lograr sus objetivos. Y, curiosamente, la tecnología siempre ha sido uno de los grandes enemigos de este tipo de lobbies. Los luditas, por ejemplo, se dedicaban a atacar fábricas y destrozar máquinas porque, según argumentaban, su introducción suponía el despido de muchos obreros. Esta filosofía, por tanto, abogaba por el mantenimiento de los arados en el campo y los durísimos y sacrificados trabajos manuales en la industria. Es decir, tirar de los bueyes en lugar de emplear tractores, y pico y pala en vez de excavadoras. Imagínense por un momento qué hubiera pasado si los antiguos escribas, dedicados a laboriosa copia de textos manuscritos, amenazasen con huelgas y sabotajes a las autoridades de la época para prohibir el uso de la imprenta a partir del siglo XV. Es posible que hubieran conservado su tedioso empleo, pero a costa de frenar el avance de toda la humanidad.

Y lo mismo sucede con las quejas y presiones que ejercen hoy en día los dueños de periódicos de papel contra Google, los autores y productores de música contra Spotify y las plataformas P2P, o las editoriales de libros contra Amazon, entre otros muchos casos. La dinámica de fondo es idéntica: privilegiar a algunos para perjudicar al resto, negarse a aceptar la realidad y amoldarse a los cambios exigiendo al Estado que les proteja de la competencia. Por suerte, perderán esta batalla, al igual que en su día perdieron los ludistas y los gremios profesionales con la llegada de la Revolución Industrial. El mundo vive hoy una nueva revolución, esta vez tecnológica, y el que no se suba al carro perderá el nuevo tren del desarrollo. De nosotros depende que nos quedemos o no en tierra. La guerra del taxi contra Uber es, simplemente, el penúltimo ejemplo de la eterna confrontación entre defensores y opresores de la libertad del individuo. Si es taxista, no lo dude, y empiece a utilizar Uber.

La sentencia del ‘caso Coca-Cola’ reabre el debate sobre la interpretación judicial de la reforma laboral

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Este viernes, la Audiencia Nacional declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) había presentado para 1.190 de sus empleados. A pesar de que la mayoría de los trabajadores afectados habían aceptado las condiciones de la empresa ("muy generosas" según la compañía y que incluían la recolocación en otras plantas de todos los despedidos), el tribunal ha decretado que ha habido problemas formales, mala fe y falta de información a lo largo de todo el proceso, por lo que habrá que readmitir a los afectados, incluso a aquellos que se habían acogido voluntariamente a la oferta.

La sentencia no es la primera de este tipo que se ha publicado en los dos últimos años, aunque sí estará entre las que hagan más ruido, dada la relevancia mediática del caso. De hecho, en realidad se trata de uno más entre los numerosos fallos judiciales que han revocado una decisión empresarial cubierta, al menos en teoría, por la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se une así, como explica Carmen Llorente en este artículo de Diario Jurídico, a los casos de Air Europa, Roca, Tragsa, Liberbank, Telemadrid o la Radio Televisión Valenciana.

En todas estas situaciones, las empresas u organismos públicos presentaron un ERE respaldado, según creían ellos, por la nueva regulación, que permite a las empresas realizar despidos objetivos por causas económicas (colectivos o individuales) si tiene "pérdidas actuales o previstas" o una "disminución persistente de ingresos o ventas" durante tres trimestres consecutivos, comparados con el mismo período del año anterior. 

Hay que recordar que el despido objetivo lleva aparejada una indemnización de 20 días por año, con 12 meses de límite. Por lo tanto, uno de los objetivos de la reforma era reducir el coste del despido, que se entendía que era una de las grandes barreras a las que se enfrentaban los empresarios para formalizar más contratos indefinidos. Hasta la aprobación de la reforma, la gran mayoría de los despidos en España se declaraban "improcedentes" (45 ó 33 días por año, en función del contrato y hasta 42 mensualidades de límite).

¿Seguridad jurídica?

En este punto, la clave no reside sólo en el coste total, sino también en la seguridad sobre las decisiones empresariales. La gran mayoría de los despidos era improcedente, en gran parte porque era una manera de quitarse problemas por parte del empresario. Ante la perspectiva de enfrentarse a un largo juicio, con los costes que esto tiene, y a una sentencia desfavorable, prefería despedir, pagar a 45 días y olvidarse del tema. Eso sí, luego a la hora de contratar a un nuevo empleado esta restricción estaría muy presente en su decisión.

Con los cambios aprobados en 2012, se suponía que estas dudas quedaban superadas. En teoría, estaba muy claro cuándo se podía despedir por causas objetivas (lo de los tres trimestres). Sin embargo, como puede verse, los tribunales no han admitido muchos de los ERE presentados. Y se plantea la cuestión de si están en riesgo algunos de los efectos buscados con la reforma. En este sentido, la sentencia del caso de Coca-Cola Iberian Partners es muy significativa porque contiene los dos reproches más habituales que los jueces han hecho a la reforma Báñez.

En primer lugar, la Audiencia Nacional apunta a la falta de ciertos requisitos formales. Ésta ha sido una reclamación constante desde 2012. En los ERE, la reforma eliminó la necesidad de una autorización administrativa previa y, a cambio, estableció innumerables requisitos formales que, además, serían causa de nulidad en caso de incumplirse. Los expertos advirtieron desde el principio de que sería muy difícil que un ERE cumpliera con todas y cada una de estas exigencias.

En el caso que nos ocupa, la Audiencia considera que no se informó a los representantes de los trabajadores de la constitución de un nuevo grupo de empresas: "Se ha producido, por tanto, un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa".

Pero no es sólo una cuestión formal, los tribunales han decidido, en muchos casos, que el despido objetivo esté fundamentado. Sí, incluso aunque se suponía que la reforma iba a eliminar esta exigencia, estableciendo sólo un criterio objetivo ("descenso de ingresos o ventas durante tres trimestres"), los jueces están interpretando la ley con un particular criterio. De esta forma, se acepta que la empresa puede estar en la situación requerida, pero incluso así piden que justifique que los despidos son necesarios. Como explica Carmen Llorente, el Tribunal Supremo ya estableció en el caso de Cortefiel que "tras la reforma laboral, a los tribunales corresponde emitir un juicio no solo sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida propuesta".

En la misma línea, la Audiencia considera, en el caso de CCIP, que "no se ha proporcionado la información reclamada por los representantes de los trabajadores durante la negociación (…) sobre cuál era la forma de distribuir la producción entre plantas y líneas antes de la reestructuración y cómo se prevé hacerlo después. Y esa información sí era relevante para valorar las causas y negociar sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos y sus efectos, por lo que esa omisión informativa sí se anuda a la consecuencia de la nulidad del despido". No es exactamente una petición de causalidad entre despidos y situación económica, pero sí apunta en esa dirección. En este caso, obliga a la empresa a que justifique ante los sindicatos por qué tomas unas determinadas decisiones organizativas, para que se pueda estudiar si éstas son susceptibles de un cambio.

¿Jueces o empresarios?

Los empresarios siempre se han quejado de que no es normal que los jueces se metan a dilucidar si una decisión puramente organizativa, como es un despido, está o no justificada. Ésta era la realidad con la anterior ley, pero se suponía que iba a cambiar con la reforma.

Sin embargo, entre las exigencias formales y los requisitos de justificación, aquellos deseos podrían estar quedando en nada. De esta forma, vuelve una pregunta clásica en el mercado laboral española, ¿quién toma las decisiones en las compañías: los jueces o los dueños?

Desde diversos ámbitos se ha apuntado a que exige un fuerte sesgo en los tribunales en favor de las interpretaciones más estrictas de la ley. O por decirlo de otra manera, que los jueces podrían estar poniendo su ideología por encima de todo lo demás a la hora de redactar sus sentencias.

El desempleo en España: costes y responsabilidades

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Aunque los datos del paro y las afiliaciones a la Seguridad Social del mes de mayo han sido bastante buenos, siempre en comparación con otros meses, el desempleo sigue siendo uno de los caballos de batalla de nuestra economía. Las recomendaciones de la Comisión Europea publicadas el mismo día de la abdicación real, así lo atestiguan.

Por eso no está de más ahondar un poco en el ineficiente entramado de incentivos que nuestro mercado de trabajo ofrece y las consecuencias que tiene en la evolución del desempleo en nuestro país. A nadie se le escapa que si una persona puede salir adelante cobrando el seguro de desempleo y trabajando bajo cuerda en mejores condiciones que aceptando un trabajo "oficial", va a mantenerse en la economía sumergida. El coste de esa actitud consiste, por un lado, en el importe del subsidio por desempleo cobrado y, por otro lado, la recaudación que no se cobra por la actividad ilegal. Para eliminar ese comportamiento que financiamos todos los españoles habría que eliminar los incentivos, evitar que saliera rentable, acabando con la economía sumergida y eliminando o reduciendo el subsidio de desempleo. De ambas alternativas, la segunda es mucho más sencilla pero también más impopular. La combinación del cobro por estar parado y el pésimo funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo (organismo financiado por todos para buscar empleo a los parados) cierran el círculo.

Hay un fenómeno dentro del problema del desempleo español que lo hace especialmente preocupante: el paro juvenil. Seguimos entorno al 50% de jóvenes que quieren trabajar y no encuentran dónde. Las causas son varias: por ejemplo, un horrible sistema de enseñanza, con un abandono escolar bastante alto, y un nivel de preparación insuficiente. Y también, un elevado número de jóvenes que abandonaron la escuela atraídos por los altos sueldos en la construcción en plena burbuja inmobiliaria. Una vez pinchada la burbuja, contraído el sector, cerradas las constructoras y muchas empresas de bienes y servicios relacionados, esos jóvenes que dejaron el colegio siendo adolescentes, se encuentran sin cualificación y sin posibilidades. Para ellos se van a dedicar muchos millones de euros españoles y europeos, en forma de Planes de Empleo Juvenil, y van a obtener reducciones, subvenciones y atenciones para evitar que su situación se prolongue. Al fin y al cabo, son la savia de nuestra economía, el futuro de nuestro país ¿cómo no cuidarles y ayudarles?

Pero ¿de quién es la responsabilidad de ese paro? ¿Un contrato de trabajo es como los votos matrimoniales en los que te aseguran ese puesto de trabajo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte separe a la empresa y al trabajador? ¿Es responsable un joven de 16 años? ¿Lo suficiente como para decidir si sigue estudiando o se pone a trabajar? El abandono de la educación secundaria superior en la época de la burbuja inmobiliaria explica que la tasa de paro de los jóvenes menos educados creciera casi 30 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2010 y se situara en el 49,6%, mientras que aquellos jóvenes con el Instituto terminado sufrieron un paro bastante menor y aquellos con educación universitaria vieron aumentar el desempleo en 20 puntos porcentuales menos. En términos de coste financiero para los españoles que pagamos impuestos, la decisión individual de abandonar sus estudios para ganar dinero, dado que los datos nos llevan a pensar que ese sueldo no fue invertido sino gastado, ya que ahora reclaman una subvención para poder vivir, ha traído consecuencias en términos, no solamente del subsidio que ahora les pagamos, también en planes de formación, planes de empleo juvenil, ayudas a empresas que contraten a estos jóvenes, etc. Alguien debería hacer esos números y calcular el coste de las decisiones en el bolsillo de todos. Porque ser mayor para decidir implica asumir el coste de tus decisiones.

Precisamente, el efecto más negativo de todos es el mensaje de que cualquier decisión equivocada, tomada a la ligera, aunque repercuta en el bolsillo de todos los españoles, a ti no te va a costar un euro, simplemente porque eres joven. Nadie te va a reclamar, más bien al contrario, te ayudarán desde los púlpitos políticos a victimizarte para pasar a ser un dependiente más de ayudas y privilegios estatales, las modernas cadenas de la nueva esclavitud.

Liberalicemos el mercado de órganos

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

De todas las áreas de las relaciones humanas intervenidas y reguladas, probablemente aquélla que atañe a los órganos humanos es una de las más insuficientemente advertidas y aun comprendidas. El comercio con órganos es algo fuera de la ley. Como tantas veces, y ésta no es en absoluto excepción, tendemos a pensar que la regulación e incluso la prohibición no son sólo buenas sino totalmente necesarias.

En efecto, no hablamos de “intercambio” o “venta” de órganos más que cuando nos referimos a mercados negros o fuera de la ley. Pues cuando nos referimos a este tipo de intercambios de modo legal, hablamos exclusivamente de “donación”, “donante”, etc. En suma, es sólo legal dar un órgano si a cambio no se recibe nada; o, dicho de otro modo, sólo es posible darlo de manera gratuita. Tanto se cuida el Gobierno de prohibir que el receptor dé algo al donante que prohíbe que cada parte conozca la identidad de la otra.

Pongamos atención a este hecho de la “gratuidad”. En el fondo, lo que hace realmente el Gobierno con la prohibición del intercambio de un órgano a cambio de algo es intervenir y controlar los precios: Prohíbe que el precio de los órganos sea otro distinto de cero. Ya el Nobel Milton Friedman, en su célebre obra “Libertad de Elegir”, nos advirtió hace décadas de las nefastas consecuencias del control de precios. Y este caso, obviamente, no es distinto.

Todos convendremos que cero es por necesidad lógica un precio máximo inferior al precio de mercado (aquel punto en que oferta y demanda coinciden). Cuando esto sucede (cuando el precio máximo está por debajo del precio de mercado), la gran consecuencia inevitable es una creciente demanda para una menguante oferta: escasez. Si bajáramos a cero el precio de cualquier cosa (sean coches, fregonas o servilletas), la oferta se derrumbaría al mínimo imaginable. Y esto es lo que vemos actualmente.

Múltiples estudios y análisis médicos y sociales sobre la cuestión convienen en el problema real de esta escasez, y algunos de ellos lúcidamente se replantean la idoneidad de la actual prohibición.

Otro problema es que, debido a esta escasez, el órgano político o Gobierno se inviste de un poder enorme para decidir quién tiene prioridad sobre quién: decide quién vive y quién no.

Por desgracia, como en otros aspectos de la vida y la sociedad, tendemos a confundir el mercado negro o fuera de la ley con lo que sucedería si el mercado fuera legal. Es innegable que actualmente el mercado de órganos está copado por mafias, caracterizado por precios exorbitados, homicidios y delincuencia. La mayoría no se para a pensar que esto es así, y precisamente así, como consecuencia de nuevo inevitable de la prohibición del Gobierno. Al sacarse de la legalidad el mercado de órganos, los encargados de éste son por necesidad los expertos en saltarse la ley: los delincuentes, las mafias. Operar sorteando constantemente la ley tiene un coste insoportable: en lógica los precios de los órganos en los mercados negros son desorbitados. Nadie se juega acabar el resto de su vida en la cárcel por unos cuantos euros. Y una vez situados fuera de la ley, matar o robar órganos sólo es una extensión de la ilegalidad.

Así pues, dos consecuencias directas de la prohibición del Gobierno son la escasez de órganos y el precio artificialmente alto de los órganos en un mercado mafioso. Y esto, se suponía, era por nuestro bien.

Es harto curioso cómo todos los llamados movimientos liberadores, feministas, etc., que tanto han bregado por la propiedad de nuestros propios cuerpos no vean que ésta es parte de su causa. A día de hoy, nadie ha demostrado que tus pulmones o riñones sean menos tuyos que tu vagina. Y tan moral o inmoral puede ser vender tu riñón, como tu cuerpo como objeto sexual o tus manos como obrero industrial. Al final, lo que es moral hacer con lo de uno mismo lo debe decidir ése uno mismo. Lo coactivamente moralizante es decidirlo uno por y para los demás.

La liberalización del mercado de órganos traería precios mucho más bajos (que los del mercado negro), no sólo por el levantamiento de la prohibición y la eliminación de los costes de operar al margen de la ley y el aumento consecuente también de la oferta. La posibilidad legal de lucro, como en cualquier otra área, capitalizaría enormemente el sistema sanitario, en este caso, en cuanto a operaciones de trasplantes. Aunque hay quienes creen que la prohibición ayuda a evitar robo de órganos, precisamente es su estímulo. El descenso de precios de la liberalización sería el más fuerte desincentivo. Por lo demás, todo tipo de agresión o intercambio forzoso debe estar perseguido y castigado en una sociedad libre.

Así, no sólo habría más oferta y precios en descenso por múltiples motivos. Es de esperar que se redujeran las enormes listas de espera, reduciendo además los costes de tratamiento durante esa larga espera.

Incluso en el más liberal escenario, es esperable que haya una muy reducida población que aún no tendría medios para costearse un trasplante. En este caso, hay mucho que contraponer a esa presunta objeción. En primer lugar, es más que cuestionable que esas personas muy pobres hubieran sido o son mejor atendidas en el actual escenario de prohibición; cabe pensar más bien lo contrario ante la elevada escasez y reducida oferta. En segundo lugar, un escenario de mayor libertad siempre redunda en mayor solidaridad de los ciudadanos. Sería esperable ver asociaciones, fundaciones, etc., que costeen esos trasplantes para personas con elevada necesidad tanto médica como económica. El abaratamiento de los procedimientos clínicos que mencioné anteriormente actuaría como estimulante para la ayuda mutua. La actual mayoritaria oposición a la liberalización del mercado de órganos por esos motivos actúa como auto-refutación: se presume que, como mínimo, esa mayoritaria población ayudaría a esos necesitados de trasplantes en una sociedad libre.

En cualquier caso, un mercado y sociedad libres es exactamente eso: libre. A nadie se le debe prohibir solicitar algo a cambio de lo que ofrece (sea dinero, cualesquiera bienes o la realización de acciones por la otra parte), como a nadie se le debe prohibir regalarlo o donarlo.

Levantemos ya la absurda, insostenible e injustificable prohibición sobre el mercado de órganos. Liberalicémoslo. Para salvar nuestros derechos y libertades. Y nuestras vidas.

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com

Inmigración (XI): ¿importando o descendiendo el crimen?

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“La guerra aquí en casa… es incluso más mortífera que la guerra en Irak y en Afganistán”. Newt Gingrich. 

“Menos inmigrantes significa menos criminalidad“. Silvio Berlusconi. 

“El problema del crimen en los EE UU no está causado (ni siquiera agravado) por los inmigrantes, cualquiera que sea su status legal”. Rubén Rumbaut & Walter Ewing. 

“Cuanto más tiempo se vive en un grupo, más probable es que se llegue a ser como dicho grupo”. Ronit Dinovitzer.

Desgraciadamente, cualquier noticia delictiva en la que participe algún inmigrante recibe una atención desmesurada por parte de los medios de comunicación, dejando la impresión, no respaldada por los datos o las frías estadísticas, de que hay una ola de criminalidad originada por los inmigrantes.

Repetidas encuestas llevadas a cabo en los EE UU confirman un dato bastante deprimente: alrededor del 70% de los encuestados percibe un nexo causal entre mayor inmigración y mayor tasa de criminalidad (aquí tampoco nos libramos de ese prejuicio: los análisis llevados a cabo en España por parte del CIS sitúan dicho porcentaje en torno al 65%). Los hechos, sin embrago, dicen otra cosa.

Estudios solventes en los EE UU

El sociólogo de la Universidad de Harvard, Robert J. Sampson, es uno de los estudiosos actuales más reconocidos en los EE UU en tratar de comprobar si la creencia popular de vincular inmigración con el crimen tiene correspondencia o no con la realidad. Los resultados de sus investigaciones desmienten tajantemente dicha percepción.

Por su parte, un informe del FBI de septiembre de 2009 constató que los índices de delitos violentos se habían desplomado por todo el país desde inicio de los años 90. Desde entonces estos ratios se han mantenido. Criminólogos y otros expertos han ido confirmando esta sorprendente tendencia. Por irónico que parezca, ésta se ha dado conjuntamente con un aumento de la inmigración, tanto legal como ilegal.

Más recientemente, dos analistas de los EE UU, Kristin Butcher y Anne Morrison Piehl, han demostrado que las tasas de encarcelación por delitos de inmigrantes (incluidos los nacionales nacidos en el extranjero) con respecto a los nativos llevan bajando consistentemente desde hace décadas: en 1980 estaba en un 1% por debajo de la tasa de encarcelación de los nativos, en 1990 estaba un poco más del 1% por debajo y en 2000 estaba casi en un 3% por debajo. La ola de criminalidad extranjera de la que ya se hablaba hace 30 años no tenía fundamento alguno y mucho menos lo tiene ahora. Estos datos tienen aún más relevancia cuando se considera que la inmigración, tanto legal como ilegal, se ha disparado en las últimas décadas en los EE UU. Estos datos son corroborados por el propio censo del Departamento de Justicia americano.

Según otro estudio de Rubén Rumbaut y Walter Ewing de 2007, a pesar de que la población de indocumentados inmigrantes se ha doblado desde 1994 (fecha de la firma del acuerdo de libre comercio NAFTA), el índice general de crímenes violentos contra las personas ha bajado desde entonces en un 34,2% y los delitos contra la propiedad han bajado en un 26,4%. Ciudades con importante población de inmigrantes como Los Ángeles, Nueva York, Miami o Chicago muestran para el mismo periodo de tiempo parecidos índices a la baja.

Ejemplo de activismo anti-inmigración

A pesar de estos reveladores datos, los activitas anti-inmigración les encanta sacar datos aislados o sesgados para activar temores entre la población y los legisladores. Tomemos el caso del informe del Government Accountability Office (es decir, el brazo observador y/o investigador del Congreso) en el que se afirma que casi un cuarto de los encarcelados en prisiones federales son extranjeros. Lo que no aclaran los restriccionistas al utilizar ese dato es la proporción y peculiaridad de los reclusos del sistema de prisiones federales en relación con el resto de las cárceles de los EE UU.

De acuerdo con el Departamento de Justicia americano, a finales de 2005 solo el 8% de los 2,2 millones de personas confinadas entre rejas correspondía a reclusos de las prisiones federales. El 92% de los reclusos, por tanto, se encontraban en las cárceles estatales (el 57%) o en las locales (34%) en las que un alto porcentaje eran nativos. Pero, lo más importante aún es saber que la gran proporción de los reclusos extranjeros en las referidas prisiones federales se debía (y se debe) a violaciones de las leyes de inmigración que son ofensas civiles –no penales- tal y como pueden ser las infracciones de tráfico, pero con la particularidad de que son tratadas como ofensas federales. Como vemos, en este asunto los nativistas muestran a modo de espantajo parte de las estadísticas oficiales sin contar toda la verdad.

El “milagro” de El Paso

La ciudad fronteriza de El Paso en Texas tiene una abrumadora población de inmigrantes; El 80% de la misma es hispana y un cuarto de los residentes paseños son nacidos en el extranjero. Una buena proporción de la población inmigrante vive ilegalmente. El índice de pobreza allí es más del doble que la media estadounidense. Asimismo las políticas de control de armas son bastante laxas debido a que se halla en un Estado que cuenta con una de las legislaciones más pro-armas de los EE UU. Si a esto se suma que El Paso se sitúa en la ribera del río Grande justo enfrente de la mexicana Ciudad Juárez, una de las más violentas del hemisferio occidental debido a la desquiciada guerra desatada contra las drogas, deberíamos tener -según la lógica nativista- todas las papeletas para encontrarnos con una ciudad regida por el crimen. Pues no es así, ni mucho menos.

El Paso desde hace tiempo es una de las ciudades más seguras de los EE UU, su ratio de crímenes violentos contra personas y propiedades es francamente bajo. Numerosos criminólogos estadounidenses afirman que ciudades fronterizas como El Paso, San Diego o Laredo (donde el 90% de su población es hispana), así como otras ciudades con gran población inmigrante como Nueva York, Los Ángeles o Miami no son seguras a pesar de la gran proporción de inmigrantes viviendo en ellas, sino que lo son precisamente debido a ella.

El inmigrante generalmente es una persona que ha dejado a su familia en su país de origen y lo que persigue es trabajar para mandar ayuda a sus seres queridos o traerlos junto a sí. Lo último que desea es tener problemas con la justicia o verse involucrado en comportamientos arriesgados que puedan impedirle llevar a cabo esas metas. Esta actitud cautelosa es especialmente acusada en aquellos que se encuentran indocumentados porque podrían ser objeto de deportación. Tal y como mantiene Jack Levin, criminólogo de la Northeastern University, “si quieres vivir en una ciudad segura, busca una con una gran población de inmigrantes.”

Menos propensos a cometer crímenes

Dado que la inmigración trae a los países receptores un número desproporcionado de jóvenes varones y dado que viven muchas veces en zonas o barrios desorganizados, se podría esperar que los inmigrantes exhibiesen “lógicamente” tasas de delincuencia mayores que las de la población nativa. Sin embargo, tal y como argumentó Gary Becker, el delito no se explica por el entorno social o por la irracionalidad del autor sino por los incentivos racionales, por cálculos económicos de los beneficios y los riesgos y por los reducidos horizontes temporales de la persona que delinque. Ninguna de las razones anteriores empuja más al emigrante que al nativo hacia el delito. Más bien al revés.

Los datos resultantes de casi un siglo de investigaciones en diversos países sobre la relación entre crimen e inmigración concluyen que, por lo general, la población inmigrada exhibe tasas de delincuencia inferiores en grados diversos (según el lugar y el periodo que se considere) a la de la población autóctona.

Hay, como es natural, excepciones parciales a esta evidencia mayoritaria pero se deben a incentivos concretos de momentos o lugares determinados más que a la propia propensión delictiva intrínseca de dichos grupos inmigrantes.

Para quitar telarañas imaginarias es muy recomendable leer al respecto los trabajos de investigación de referencia de Johan Thorsten Sellin (1938), Charles Kindelberg (1967), Franco Ferracuti (1968), Stephen Steinberg (1981), Michael Tonry, (1997), Hagan y Palloni (1998), Ramiro Martínez y Matthew T. Lee (2000) o Robert J. Sampson (1987, 2008).

Bandas de criminales transnacionales

La globalización de la criminalidad organizada es muy distinta a la inmigración. Los casos minoritarios de extranjeros que forman parte de bandas de criminales transfronterizas nada tienen que ver con la lógica de los flujos migratorios y, en la mayoría de los casos, sus integrantes se trasladan de un país a otro como meros turistas o visitantes ocasionales.

Las noticias reales y graves de delincuencia llevada a cabo por medio de estas bandas sirven de coartada a los nativistas para endurecer, aún más si cabe, las leyes de inmigración. El problema aquí no es que el gobierno esté dejando entrar a demasiados extranjeros sino que no está consiguiendo excluir a aquellos que son más peligrosos.

Puede resultarnos de ayuda una analogía de este asunto que Daniel Griswold, analista del Cato Institute, hace con el comercio: se puede llevar a cabo perfectamente una política de comercio abierto, con todas sus consecuencias beneficiosas para el conjunto de la economía, al tiempo que se lleva un control por parte de las autoridades para excluir la entrada de aquellos bienes que puedan suponer una amenaza para la seguridad o salud públicas (alimentos tóxicos o contaminados, explosivos, materiales radiactivos, etc.). De la misma manera, podemos ser partidarios de una política más abierta a la inmigración pero no dejar de hacer por ello los pertinentes controles para tratar de excluir a las personas indeseables en la medida de lo posible.

Favorable evolución del crimen en España

En nuestro país, un estudio al respecto de varios autores muestra que existe también una evolución favorable en el descenso de la criminalidad en España y que la llegada de inmigrantes explicaría –sólo parcialmente- esos buenos datos.

La inmigración en España es un fenómeno extremadamente heterogéneo (como sucede en casi todos los países) pero un nativista recalcitrante podría argüir que la española en particular está condicionada por la presencia de grandes grupos de jubilados provenientes fundamentalmente de Europa. Estos son menos propensos a delinquir y, por tanto, la favorable conexión entre descenso acusado de la delincuencia y la llegada de inmigrantes podría estar afectada. No se puede negar esa posibilidad.

En cualquier caso, lo que a todas luces no hay es una correlación entre mayor inmigración y aumento de los ratios delincuenciales en el país de acogida, por mucho que algunos irresponsables (o ignorantes) se empeñen en establecer dicha conexión.

También buenas noticias y estudios en Canadá

En los últimos 40 años la incidencia del crimen ha bajado significativamente en Canadá. Parece que la inmigración también juega un papel no desdeñable en ello.

Uno de los primeros investigadores en dicho país del fenómeno de la delincuencia relacionada con la inmigración fue John Hagan. Sus descubrimientos fueron concluyentes: cuanto mayor proporción de inmigrantes había en una población dada, menor eran sus índices de criminalidad.

Por otra parte, el sociólogo Ron Levi de la Universidad de Toronto afirma que los datos de su reciente estudio contradicen, una vez más, la creencia popular de “a más inmigrantes, más crímenes”. Según dicho autor, los nuevos inmigrantes apenas cometen crímenes aunque reconoce que sus descendientes son más propensos a perpetrarlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, una vez los inmigrantes se han establecido en Canadá, el promedio delincuencial es, con todo y con ello, menor que el promedio de la sociedad canadiense en general.

La socióloga de la misma universidad, Ronit Dinovitzer constata que a medida que se prologan las generaciones de inmigrantes en suelo canadiense y se apartan de sus orígenes extranjeros, sus miembros se van asemejando cada vez más a los nativos. Con el transcurso del tiempo tienden a igualarse todas sus pautas de comportamiento, tanto si son referidas al consumo, al número de hijos concebidos, a los hábitos de vida, a la propensión a endeudarse, al uso de tarjetas de crédito… o a la comisión de delitos.

Los inmigrantes nos hacen más seguros

Parece que los análisis estadísticos –no sólo de los EE UU- nos conducen a esta sorprendente conclusión: la llegada de inmigrantes nos hace más seguros. Por desgracia, buena parte de las políticas de inmigración del siglo XX han estado guiadas por estudios cuestionables y por prejuicios o creencias erróneas antes que por investigaciones solventes o estudios científicos sobre la materia.

Es decir, los datos nos muestran que los inmigrantes en su conjunto son menos propensos a cometer delitos a no ser que se trate de descendientes de la primera o segunda generación, en cuyo caso su ratio delincuencial tiende a converger con el de los autóctonos.

No nos dejemos engañar por nuestros prejuicios o impulsos intuitivos; cuando un nativista declara que con la llegada de inmigrantes se aumenta la criminalidad blandiendo cualquier noticia de un delito cometido por un extranjero, está haciendo una mala inducción o cometiendo una falacia de generalización apresurada.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Los suizos no necesitan un salario mínimo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Suiza acaba de rechazar por referéndum el establecimiento de un salario mínimo legal de 4.000 francos suizos mensuales, el equivalente a unos 3.270 euros. Algunos sacralizarán el rito electoral del referéndum al margen del resultado obtenido; otros apreciamos ese resultado (o aquel otro en el que rechazaron el establecimiento de un salario máximo) como una clara exteriorización de la madurez institucional de una sociedad que ha alcanzado elevadas cotas de prosperidad precisamente porque esa madurez ha impedido una involución populista de sus instituciones.

Pues, en efecto, la legislación que busca imponer un salario mínimo interprofesional es una forma de populismo normativo. Tal como explico en Una revolución liberal para España, la imposición legal de un salario mínimo no contribuye a aumentar las remuneraciones salariales percibidas por los trabajadores de un país: al contrario, sus efectos tienden a ser destrucción neta de empleo (o al menos una desaceleración en el ritmo de nuevas contrataciones), reducción de los ingresos de los trabajadores menos cualificados e incremento del número de familias bajo el umbral de la pobreza.

En contra de la propaganda dominante, la legislación del salario mínimo no es necesaria para lograr un salario creciente para el conjunto de la población. El EEUU del siglo XIX nos proporciona un ilustrativo ejemplo: el salario real de los estadounidenses se multiplicó por cuatro entre 1820 y 1914 sin necesidad de que los políticos lo decretaran. Otro ejemplo más actual nos lo proporciona, justamente, Suiza: la Confederación Helvética carece de un salario mínimo normativo, a escala confederal y cantonal (si bien a partir de 2015 el cantón de Neuchâtel dispondrá de uno); por su parte, los convenios colectivos sí imponen remuneraciones mínimas para las distintas profesiones, pero la mitad de la población suiza no se halla protegida por alguno de ellos. ¿Resultado? El salario mediano (que no medio) de Suiza en 2012 fue de 6.118 francos suizos, esto es, unos 5.000 euros mensuales; asimismo, el primer cuantil salarial (el salario más alto del 25% de los trabajadores suizos que menos cobra) fue de 4.771 francos suizos, esto es, unos 3.900 euros mensuales. Desde 1990, los salarios reales se han incrementado en casi un 50%. 

¿Cómo es que los empresarios suizos no se han dedicado a explotar impunemente a los trabajadores suizos no sindicados pagándoles salarios de miseria? Pues porque no es la legislación estatal lo que hace crecer sostenidamente los salarios, sino el respeto a la propiedad privada, la acumulación de capital y la competencia empresarial. En contra de lo que suele pensarse, Suiza no es rica por ser un centro financiero internacional, sino que es un centro financiero (y no financiero) internacional por las mismas razones por la que es rica: estabilidad institucional, ortodoxia monetaria, apertura comercial, tributación relativamente baja y mercados más libres que en su entorno.

Si los españoles deseamos llegar a cobrar en algún momento futuro salarios tan elevados como los suizos deberemos emularlos en los factores que explican las bases de su prosperidad y no pensar ingenuamente que un decreto suscrito por Fátima Báñez, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Juan Rosell para fijar un salario mínimo de 3.270 euros mensuales puede abrirnos las puertas del Edén. No, en todo caso nos abriría, aún más, las compuertas del infierno. El salario mínimo legal es una prohibición regulatoria a trabajar y España no puede permitirse, especialmente en momentos como los actuales, prohibir trabajar. El objetivo de incrementar sostenidamente las remuneraciones de los trabajadores es muy loable y harto deseable: pero para aumentar todos los salarios de una sociedad, incluyendo los más bajos, se necesita más libertad, más ahorro, más inversión y menos impuestos, no más regulaciones.

Una ‘condena’ sin sentido

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Se imaginan ustedes que mañana España entrara en guerra con Francia? Sí, es difícil plantearse la cuestión, pero piensen por un momento que los galos nos invaden y, como represalia, deciden llevarse al 5 o al 10% de nuestros jóvenes más preparados y encerrarlos en una fortaleza, en una isla, durante 5 años. Su régimen penitenciario sería el siguiente: estarían encerrados en sus celdas durante 10 ó 12 horas al día (más las 8 que dedicarían a dormir y las 2 en las que estarían en la cantina de la prisión apenas tendrían 2-3 de tiempo libre); y este horario se repetiría todos los días de la semana, excepto el domingo, en el que les permitirían salir a dar un paseo por los alrededores.

Bien, dejen de imaginárselo. Probablemente no habrá una guerra con Francia en los próximos años. Y para lo demás, no hace falta demasiada fantasía. Porque el resto del relato está bastante cerca de la realidad diaria de decenas de miles de veinteañeros españoles. No es culpa de un malvado general sediento de venganza. Es la Administración española la que ha decidido condenar así a aquellos que tienen el atrevimiento de querer trabajar para el sector público, especialmente si quieren entrar en los niveles más elevados… y lo llama oposición.

Desde un punto de vista económico, el análisis de este sistema de selección no tiene ningún sentido. Tenemos a un grupo de jóvenes de entre 22 y 25 años con vocación de servicio público y con un grado de madurez, inusual para su edad, que les permite plantearse su futuro laboral a medio plazo. La mayoría están bien formados y están dispuestos a ciertos sacrificios mientras sus amigos comienzan a ganar sus primeros sueldos. 

La sociedad española, egoístamente, debería estar deseosa de exprimirles, de sacarles el jugo en sus cinco-seis primeros años de vida activa y aprovechar sus energías. Cuanto antes se pongan manos a la obra, mejor. Tenemos un problema de productividad, que es aún más acuciante en el sector público. Nadie mejor que un tipo con 25 años responsable y con muchas ganas para elevarla un poquito. ¿Pero qué hacemos? Encerrarles cinco años en una habitación. Y ni siquiera podemos apelar a la Convención de Ginebra.

¿Premio al esfuerzo?

Paradójicamente, éste es un tema del que casi no se habla en el discurso público. Ni siquiera entre los afectados. Los opositores parecen resignados a su suerte. Este columnista no recuerda encuestas sobre la cuestión, pero tiene la sensación de que, si le preguntasen, la mayoría de la población española estaría de acuerdo con el actual formato. Sus defensores hablan de premiar a los mejores, objetividad en la selección, incentivar el trabajo duro o formar bien a los futuros cuadros de la administración. Es sorprendente que tantos errores estén tan extendidos.

Por eso, nada apunta a que esta cuestión esté en la agenda del Gobierno. Hay en marcha una anunciadísima Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) pero no parece que vaya a llegar a las pruebas de acceso del funcionariado. Ni siquiera en la abundante literatura regeneracionista que ha surgido en España con la crisis ocupa este tema un lugar destacado. Hay excepciones, como los interesantes artículos que Jesús Fernández Villaverde y Pablo Ibáñez Colomo publicaron hace un par de años en Nada es gratis, pero casi nadie parece preocupado en exceso. Es un derroche de recursos evidente, pero ocupa muchas menos páginas en los medios que las estaciones del AVE vacías o los chiringuitos autonómicos. Al fin y al cabo, no es ladrillo, sólo capital humano.

El primer equívoco está en equiparar la exigencia del proceso selectivo a su dureza o su duración. El segundo reside en pensar que el estudio de la oposición debe servir para preparar al candidato para el puesto que tiene que ocupar. Ninguno de estos dos presupuestos tiene por qué ser cierto.

Las mejores instituciones académicas del mundo seleccionan a sus candidatos por sus aptitudes, con pruebas tremendamente exigentes, que sólo una exigua minoría logra aprobar. Fernández Villaverde e Ibáñez Colomo proponen "test estandarizados que miden la capacidad de razonamiento verbal y numérico" y para los que una preparación de tres semanas es más que suficiente. Es una opción muy buena, más aún si se complementa con pruebas en las que los aspirantes tengan que enfrentarse a situaciones similares a las que se encontrarán en su puesto de trabajo.

En realidad, en el diseño de las pruebas hay muchas alternativas, pero el objetivo debe ser reclutar a los mejores, no sólo a los que dispongan de la paciencia o la capacidad económica para aguantar cinco años y pagarse una academia.

Luego, una vez se haya filtrado a los candidatos, será el momento de prepararles con algún curso similar a un máster, en el que habría que mantener un elevado nivel de exigencia. En la actualidad, ya se hace y para numerosos puestos de la administración hay que realizar un curso post-oposición. Nada impide que se siga haciendo. Además, estos estudios pueden servir para fijar los destinos y premiar a aquellos que más se esfuercen.

Pero para llegar hasta ahí no hace falta un artificial filtro que mantenga a miles de jóvenes inactivos durante un lustro. Por no hablar de que aquellos que no pasen la prueba no perderán el tiempo en una labor que luego nadie les reconocerá (un tema que nunca se toca es qué pasa con los opositores fracasados).

También cabría preguntarse si son la memoria y la paciencia las cualidades principales que deben valorarse para los trabajadores públicos de primer nivel. Para ser un buen juez, un inspector de Hacienda o un abogado del Estado no hay por qué saberse de pé a pa cientos de temas que en muchos casos nunca tendrá que aplicar. Y eso por no recordar algo tan evidente como que las leyes no son inmutables. De qué sirve que un candidato cante de forma perfecta las claves de una norma que puede cambiar en cualquier momento. De hecho, no hay más que escuchar las lógicas quejas de los opositores cuando a mitad del proceso les cambian la legislación. Buena parte del trabajo hecho, tirado a la papelera.

Como apuntan Fernández Villaverde e Ibáñez Colomo: "La preparación de oposiciones en España tiene poco que ver con la realidad del trabajo de un funcionario en la medida en la que evalúa otras destrezas. (…) El mejor proceso de selección es el que es capaz de identificar a los candidatos que mejor vayan a desempeñar su trabajo. Que un proceso de selección proporcione más o menos conocimientos es del todo irrelevante".

Al final, las oposiciones para los altos niveles administrativos son procesos muy largos y con una tasa de éxito relativamente pequeña. Hace un par de años, Libre Mercado publicaba un artículo sobre la situación de los funcionarios y la lógica que hay detrás de su proceso de selección. En lo que respecta a los exámenes de acceso, las cifras eran desalentadoras: "Por ejemplo, una persona que comience abogado del Estado, a los cinco años sólo tiene un 20% de posibilidades de haber aprobado; por el contrario, un 16% aún sigue presentándose y un 64% ha abandonado. Los que aprueban no son sólo los más preparados, sino también los más constantes". Cuántos talentos con vocación habrán desistido (o ni siquiera habrán comenzado el proceso) ante esta perspectiva. O, por decirlo de otra manera, ¿es ésta la mejor manera de atraer a los jóvenes más ambiciosos o inquietos?

Ni siquiera existe la excusa de la igualación con los países de nuestro entorno. El método español es la excepción, no la norma, como puede verse en el documento realizado por el Gobierno español durante nuestro último semestre de Presidencia de la UE en 2010. En este informe, se describe el estatus y el proceso de selección del funcionariado en los 27.

Sí, la contratación del sector público debe ir ligada a controles y debe impulsar la meritocracia. Son los mejores los que deben acceder a los puestos en disputa, no los que tengan menos conexiones. En este sentido, es evidente que el modelo español limita el favoritismo. Lo que no está nada claro es que para conseguir este resultado haya que imponer a nuestros mejores jóvenes una condena tan injusta como absurda.

** Para la realización de esta columna, pedimos ayuda a algunos españoles que han opositado en los últimos años a puestos de la Comisión Europea. Estas pruebas son extraordinariamente exigentes y muy disputadas. Miles de candidatos de los Veintisiete se presentan cada año y el número de plazas en juego es bastante reducido. Por su interés, reproducimos a continuación la experiencia de una de estas opositoras (que aprobó las pruebas con una de las mejores notas de su promoción):

"En la Comisión reformaron el sistema de oposiciones en 2010. Antes evaluaban mayoritariamente conocimientos teóricos, al estilo español. Consistía en el aprendizaje de un temario que ni siquiera estaba específicamente definido (como al menos suele ser en España). Con el nuevo sistema introducido, la evaluación se centra en diferentes competencias. En mi caso la oposición se desarrolló en dos etapas:

1. Test de razonamiento verbal, numérico y abstracto (generalmente se realiza en la lengua materna del candidato): es un test informatizado, en el que en cada pregunta te dan 4 opciones a elegir una. Es tipo psicotécnico. Miden agilidad en lógica verbal, lógica, cálculo matemático y razonamiento abstracto. En esta etapa aprovechan para hacer la mayor criba, ya que se presentan miles de candidatos y sólo pre-seleccionan, como máximo, a un número tres veces mayor que el de plazas disponibles.

2. Lo que llaman el Assessment Center. Es en la segunda lengua elegida por el candidato (en mi caso fue el inglés). Fueron varios ejercicios que se realizaron en dos fechas diferentes y en los que se evalúan específicamente las competencias definidas como relevantes para las plazas:

  • Ejercicio escrito (en mi caso en ordenador): te presentan un caso similar a uno real. Te dan un dossier con documentos con una situación de trabajo similar a la que podrías encontrar en el puesto al que aspiras. Te piden que hagas un análisis de la situación y propongas propuestas concretas como ya si estuvieras representando a la Comisión. Todo en un plazo de tiempo bastante corto (entre hora y media y dos horas).
  • Un ejercicio de grupo oral: había cuatro examinadores observando. El ejercicio incluía a siete candidatos, a los que nos presentaron un dossier en papel, con información de otra situación muy similar a una real de trabajo. A cada uno le asignan un rol de representación e información adicional diferente de la de los otros. El objetivo del ejercicio es discutir y llegar a una propuesta conjunta en representación de la Comisión.

  • Dos entrevistas orales (con dos examinadores en cada una de ellas): en estos encuentros hay preguntas más particulares sobre las competencias que se evalúan, la experiencia y los conocimientos teóricos y prácticos específicos de la oposición a la que te presentas.

En mi caso, las capacidades que se evaluaban eran análisis y resolución de problemas, comunicación (oral y escrita), capacidad de obtener resultados de calidad, aprendizaje y desarrollo, priorización y organización, resistencia y recuperación, trabajo en equipo, liderazgo. Además de estas competencias generales, hay una serie de competencias específicas. Por ejemplo, para mi puesto eran conocimientos y experiencia en cooperación al desarrollo y en la política exterior común de la UE. En general, todas las oposiciones siguen la misma estructura, aunque algunos ejercicios cambian. He de reconocer que quedé positivamente sorprendida con el proceso. No fue nada fácil, aunque lo había preparado, pero me agradó ver que con los ejercicios se fomentaba el análisis y se replicaban situaciones de trabajo muy creíbles y reales".

Suecia y el capitalismo del bienestar

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada vez que la Reserva Federal se encierra para debatir el devenir de la economía americana, Wall Street contiene la respiración.

Cada seis semanas, los miembros del Federal Open Market Committee, capitaneados por Janet Yellen, se reúnen en el Eccles Building, en Washington DC, y durante dos días deliberan sobre el rumbo de la política monetaria en una atmósfera de máxima confidencialidad.

A su conclusión se emite una nota, apenas un folio, que en el mercado se analiza a fondo. Se interpreta cada palabra, cada coma. Se busca entre líneas anticipar futuras decisiones del banco central. En la actualidad es tal la obsesión, que se llegan a buscar pronósticos bursátiles hasta en el número de palabras del comunicado.

No es de extrañar que hoy en día las decisiones de la Fed acaparen la atención de los agentes en el mercado. La razón es sencilla: en la actualidad existe una extraordinaria dependencia de las políticas de la Reserva Federal. Esto de por sí, sin entrar a analizar los motivos, ya es un síntoma que debería preocuparnos. Una economía capitalista jamás debería depender demasiado de un solo agente, sea quien sea. 

Este hecho vuelve a la economía esencialmente frágil, muy vulnerable a decisiones, problemas o errores que pueda cometer ese agente. Lo ideal, siguiendo teorías como la de Nassim Taleb, sería justo lo contrario: que sea antifrágil. Que los shocks no la debiliten, sino que la refuercen. Pero hoy por hoy la Fed tiene ese gran poder sobre qué rumbo debe tomar la política monetaria. Al mercado no le queda otra que, a lo sumo, tratar de anticiparse a las decisiones que la Fed vaya a tomar.

La pasada semana hubo reunión del Federal Open Market Committee, y tras la ya clásica inquietud previa a la resolución, se decidió proseguir con el tapering al ritmo esperado. Se reducen en 10.000 millones de dólares las compras mensuales de activos. Los miembros de la Fed decidieron ignorar el muy preocupante dato de crecimiento económico trimestral publicado ese mismo día, que pese a esperarse en el entorno del 1,2% fue de tan sólo un 0,1%. 

El tercer programa de flexibilización cuantitativa, o QE3, ha caído ya desde los 85.000 millones mensuales iniciales hasta los actuales 45.000 millones. Del total, 25.000 millones seguirán siendo empleados en monetizar deuda pública americana y los restantes 20.000 millones para adquirir titulizaciones hipotecarias (Mortgage-Backed Securities). En total, un decreciente pero aún importante chorro monetario mensual que se espera que llegue a su fin en octubre de este año.

Desde que estalló definitivamente la crisis financiera, a mediados de 2008, la Fed lleva casi seis años aumentando la masa monetaria con la idea de que esa es la solución a los problemas de la economía americana. El balance de la Reserva Federal se ha disparado en estos seis años desde un trillón de dólares a más de cuatro trillones, nada más y nada menos. 

Esta política busca “estimular” artificialmente la actividad mediante el aumento de la masa monetaria y el crédito. Lo cierto es que cuando muchos agentes están hiperendeudados y no pueden asumir más crédito para consumo y nuevas inversiones, lo normal es que dicho efecto positivo a corto plazo siempre sea menor de lo esperado. Como suele decir el economista Juan Ramón Rallo, se puede llevar el caballo al río, pero no se le puede obligar a beber.

De lo que no cabe duda es que a corto plazo esta política puede provocar una cierta sensación de alivio entre muchos agentes que de lo contrario deberían reestructurarse. Esto es lo que persigue la Fed cuando procura que sus inyecciones monetarias terminen en los balances de los bancos. Pretende, por un lado, que se sigan refinanciando los proyectos que sin asistencia serían inviables. Y por otro lado, trata de reinflar mediante el crédito el gasto de familias y empresas para que sigan manteniendo viva la antigua estructura productiva. 

En mi opinión esto es un error. La recesión es precisamente la fase de saneamiento de los excesos y las distorsiones causadas durante la fase de la burbuja. Cuando la burbuja estalla se hace evidente que una parte de la estructura productiva no correspondía a las verdaderas demandas de los consumidores y es necesario que se reajusten. La crisis termina cuando la estructura productiva se ha saneado, los factores productivos se han reorganizado y se puede volver a crecer sin estímulos. Inyectar dinero, reinflar el crédito y reducir los tipos de interés sólo tiende a alargar la agonía. Pospone y ralentiza el momento de la recuperación.

La Fed no lo puede todo, y pese a la política monetaria muchas empresas y familias sí que se están reestructurando. Esa es la buena noticia. La mala es que otros muchos siguen viviendo del oxígeno crediticio del banco central. Son como drogadictos que, en lugar de desintoxicarse del exceso de crédito, siguen enganchados a la droga de la Fed. No es de extrañar, por tanto, que las decisiones de la Reserva Federal paralicen Wall Street, que cobre una enorme relevancia anticipar adecuadamente el rumbo de sus políticas. 

Esa ansiedad, esa inquietud entre empresarios e inversores en cada anuncio de la Fed, no es otra cosa que una manifestación del síndrome de abstinencia que provoca la progresiva reducción de la dosis, y que subirá de nivel tarde o temprano en forma de subida de tipos. Entonces, quienes siguiendo la política de la Fed aún dependan del crédito artificialmente barato, volverán a la casilla de salida. Como decía Warren Buffett, cuando baja la marea es cuando se descubre quién nadaba desnudo. Y es que un problema inicial de distorsiones por exceso de crédito no se resuelve con adicionales manguerazos masivos de crédito.

@ignaciomoncada para Estrategias de inversión

La privatización con cupones en la República Checa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La privatización con cupones en la República Checa

En un reciente debate entre Juan Ramón Rallo y José Carlos Díez, éste le lanzó al presidente del Instituto Juan de Mariana como una piedra dialéctica la privatización que se operó bajo el gobierno de Margaret Thatcher. Rallo respondió diciendo que le parecía mucho mejor el sistema elegido por la República Checa para privatizar el conjunto de empresas públicas que tenía la república ex soviética. ¿Qué tiene de especial este caso?

En 1990, cuando se desintegró el bloque soviético, la economía de Checoslovaquia era la más estatalizada: El 97 por ciento de los activos productivos estaba en manos del Estado. En 1995, el 66,5 por ciento de los activos productivos estaba ya en manos privadas, y el proceso continuó avanzando. El porcentaje de población trabajando en el sector privado pasó del 16 por ciento en 1989 al 75,5 por ciento en 1995. En ambos casos, se compara favorablemente con otros países de su entorno, como Eslovaquia, Hungría o Polonia. En este sentido, el proceso de privatización en aquel país ha resultado todo un éxito.

Además, el proceso de privatización tuvo en este país, además de un ritmo acelerado, un método que le distinguió de la mayoría de los países que se han deshecho de las empresas públicas. En lugar de venderlas para que el Estado ingrese el valor que le otorga el mercado, se las cedió a los ciudadanos.

El proceso de privatización en la República Checa pasó por varias partes. En una primera, el nuevo Estado checo reconoció algunas propiedades expropiadas por el régimen comunista. No fue tanto una privatización cuanto una devolución de la propiedad. La mayor parte de estas propiedades eran locales, casas y terrenos. En una segunda, en 1991, hubo una “privatización a pequeña escala”, de pequeñas empresas vendidas en subasta.

La tercera parte, dividida a su vez en varias fases, es la más importante. La primera fase se desarrolló entre mayo y diciembre de 1992, cuando la República Checa y Eslovaquia estaban aún unidas.

La privatización a gran escala se realizó por medio del reparto a bajo precio de cupones, que se podían canjear por acciones. A cada ciudadano se le entregaba un libro con 1.000 “puntos” de inversión, que se correspondían con 1.000 coronas (el salario mensual rondaba las 4.000 coronas). Los ciudadanos participaban en la compra de acciones de las empresas públicas, que se realizaba por medio de subastas.

Dado que no había un mercado que permitiese hacerse una idea del valor de las acciones y prevalecía la ignorancia del público sobre la situación de las empresas, en gran parte se solucionó por medio de fondos de inversión en las privatizaciones. En la primera fase estos fondos gestionaron el 72,2 por ciento de los cupones.

Es una buena solución, aunque en el caso de la República Checa se topó con el problema de que muchos de estos fondos estaban en manos de bancos y empresas de seguros propiedad del Estado, que seguían estrategias en ocasiones contrarias a la estructuración de las empresas privatizadas. La participación del Estado en la banca era del 84 por ciento en 1997, y su privatización no se completó hasta 2001.

Antes de que se iniciase cada subasta, los interesados recibían información financiera sobre la marcha de cada compañía. Luego, la Oficina de privatización fijaba un número de puntos por acción. En la primera oleada de la primera fase esa relación era de tres puntos por acción. Si casaban oferta y demanda o había un exceso de oferta, la operación se realizaba. Si había demanda insatisfecha, se suspendía la subasta y se realizaba una nueva. En un proceso iterativo, que se repetía hasta que se alcanzaba el ajuste.

La asignación del número de puntos por acción la hacía la oficina de privatización según un algoritmo. Aunque no lo dio a conocer, según un informe, “se observaba generalmente que los precios subían para las acciones en con un exceso de demanda, y caída para las acciones con un exceso de oferta”. Por medio de este sistema, se repartieron las empresas públicas a 8,54 millones de personas, el 71 por ciento de la población con derecho a participar en la elección de acciones.

¿Fue un éxito o un fracaso este programa? Según un informe de la Universidad de Pensilvania, que estudia el proceso de asignación de las acciones, “la privatización con bonos de la República Checa fue muy exitosa en la asignación de acciones de las empresas públicas, con rapidez y eficiencia”.

El mismo informe de la Universidad de Pensilvania concluye que “el proceso abiertamente público en el que se transfirieron las acciones del Estado a manos privadas aseguró que ningún individuo o grupo de inversores pudiese ganar unos beneficios extraordinarios a expensas del público en general”.

Una tesis doctoral concluye que la privatización “fue exitosa en a) la rápida transformación de los derechos de propiedad del Estado a los ciudadanos privados, b) ganar un amplio apoyo a la privatización, y c) evitar que los extranjeros dominen el proceso de privatización”, así como en “el desarrollo del sector privado”, el resultado de “una concentración de la propiedad similar a la del Reino Unido”, y “la transformación de una economía dirigida en una economía consolidada de libre mercado”. De hecho, el 80 por ciento del PIB lo produce en la actualidad el sector privado.

Es claro que lo que no ha logrado esta reforma es ampliar al máximo los ingresos públicos. Pero es una característica que más bien debería estar en el lado de los éxitos de esa reforma. Esta transferencia se hizo directamente a la sociedad, y que los ciudadanos sean los principales beneficiarios, y no el Estado.

Pero el desempeño económico del país fue peor que el de otros países. Bien es cierto que la privatización por sí sola no es suficiente, y tiene que acompañarse de una liberalización del mercado, para que su acción económica sea eficaz. En la República Checa por un lado, el sector financiero se privatizó relativamente tarde. Y por otro las reformas económicas también se hicieron tarde, de modo que, según la tesis de Ladislav Svitek, “tuvo un impacto negativo en la eficiencia de las empresas privadas” y en el crecimiento.

Obama, empeñado en subir un 40% el salario mínimo

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

En Estados Unidos éste es año de elecciones. En el mes de Noviembre se celebrarán las Midterm elections, en las que se renueva por completo la Cámara de Representantes y el 33% del Senado. El propio Presidente Barack Obama se ocupó de inaugurar el año, en el debate del Estado de la Unión, dando el pistoletazo de salida de la que será una larga campaña electoral. Es hora de sacar la demagogia de la chistera. Y es que la estrategia del Partido Demócrata apunta a centrar una especial atención en torno al debate sobre el salario mínimo en Estados Unidos.

La propuesta lanzada por Obama al Congreso, y querepite casi a diario en sus continuos discursos, consiste en elevar el salario mínimo a $10,10 la hora. Los Demócratas ya han recibido, hace escasos días, un primer varapalo en el Congreso, pero amenazan con seguir insistiendo hasta que salga adelante. La idea es meter presión de cara a las elecciones. El propio Obama no tardó en mostrar su cara más populista cuando recientemente se dirigió a la Nación argumentando que los Republicanos en el Congreso están rechazando "ayudar a millones de trabajadores a salir de la pobreza".

Actualmente el salario mínimo a nivel federal es de $7,25 la hora, sobre el que algunos estados fijan salarios mínimos superiores. Estados como Hawaii, Connecticut o Maryland se han sumado al carro y han subido el salario mínimo a los $10,10 propuestos por el Presidente. De adoptarse a nivel federal, la propuesta de Obama supone un incremento del salario mínimo nada más y nada menos que del 40%. ¿Es ésta una genial idea que revolucionará, para bien, la sociedad americana? ¿O es un completo disparate?

El salario mínimo es una de esas políticas económicas en las que la opinión de la gran mayoría de la población no coincide con la de los economistas. Según el popular profesor de economía de Harvard Greg Mankiw, alrededor de un 70% de los economistas consideran que el salario mínimo esperjudicial para jóvenes y trabajadores de baja cualificación. ¿Por qué existe esta discrepancia entre expertos y opinión pública? Mi opinión es que la mayoría de la gente piensa en la ley del salario mínimo como si fuera una especie de suelo salarial, que al elevarse provoca el aumento de los salarios de quienes antes obtenían salarios más bajos. No podemos negar que las intenciones son loables. Toda persona con un mínimo de sensibilidad querría que los que menos ganan tuvieran una mayor capacidad adquisitiva y pasaran menos dificultades. ¿Quién estaría en contra de eso? El problema, sin embargo, es que no es así como funciona la ley de salario mínimo.

La teoría económica nos dice que los salarios en el mercado tienden hacia lo que se denomina la productividad marginal descontada. Esto sería algo así como el ingreso adicional que se espera que el trabajador genere para la empresa una vez descontado el tiempo y el riesgo de recibir dicho ingreso. Si el trabajador costara mucho menos que eso, otros empresarios pujarían por él y su salario tendería a subir; si costara más, el empresario estaría perdiendo dinero, así que lo despediría, le rebajaría el sueldo o procuraría no verse en esa situación, y el salario tendería a bajar. En todo caso, hay que tener presente que ésta es una ley de tendencia a largo plazo hacia un equilibrio en continuo movimiento, no un mecanismo automático que se ajuste de manera inmediata.

La ley de salario mínimo lo que dice es que es ilegal contratar a un empleado por debajo de un determinado salario. Esto puede provocar dos situaciones posibles. La primera es que el salario mínimo fijado por el gobierno quede por debajo del salario de mercado para un determinado tipo de trabajadores. En este caso la ley no tendría ningún efecto en absoluto; simplemente seguiría cobrándose el salario de mercado. La segunda posibilidad sería que el salario mínimo quedara por encima del salario de mercado. ¿Qué pasaría entonces? La consecuencia sería que aquellos trabajadores con una productividad descontada menor al salario mínimo no verían su salario incrementarse, sino que tenderían a ser despedidos. Las empresas procuran no mantener en plantilla a un trabajador si estiman que está suponiendo una pérdida de dinero. Subir el salario mínimo tiende a aumentar el desempleo estructural en la medida en la que el salario mínimo sea superior al de mercado, y en particular se ceba con los trabajadores más jóvenes y menos cualificados.

Éste no es el único efecto perjudicial de un aumento del salario mínimo. Además, se produciría un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Mientras en un mercado libre se tiende a igualar la oferta y la demanda vía salarios, el salario mínimo provoca que haya más trabajadores dispuestos a trabajar por ese salario que puestos de trabajo disponibles. Para que el empresario elija entre los trabajadores disponibles para cubrir sus relativamente escasos puestos de trabajo, será necesario que discrimine de alguna otra manera que no sea mediante los salarios. Pasará a ser fundamental tener enchufe, buenos contactos, un currículum extraordinario o el aspecto físico. Este desajuste entre oferta y demanda que provoca el salario mínimo, por tanto, genera el caldo de cultivo para la aparición de discriminación arbitraria y conflictos sociales.

Es muy sugerente pensar que el salario mínimo es un suelo que al elevarse mejora el nivel de vida de los que cobran menos. El propio Obama cometía este mismo error en su discurso en Hawaii: "esta ley supone una subida salarial a más de 28 millones de americanos que trabajan duro". Sin embargo, como dice Walter Block, profesor de la Loyola University de Nueva Orleans, el salario mínimo no es una base que al subir aumenta los sueldos, sino que es una barrera que es preciso saltar para obtener un trabajo. Cuanto más alta sea dicha barrera, más difícil será para los trabajadores más jóvenes y menos cualificados acceder al mercado laboral. En resumen, se generará más desempleo y más conflicto entre aquellas personas a las que precisamente se pretendía ayudar.

Es ingenuo pensar que para ser más ricos no hace falta más que plasmar nuestros deseos en un decreto gubernamental. No es así. ¿Qué impediría si no subirlo a $100 la hora? ¿O a un millón? Pero, como se preguntaba Juan Ramón Rallo, ¿qué salario mínimo le impondría a su peor enemigo? ¿Cero? Al contrario. Probablemente el más alto posible. Por este motivo, propuestas como la de Obama de elevar el salario mínimo en un 40% no sólo es ingenuo; además es muy peligroso. Si termina saliendo adelante, lo que se puede esperar es un hundimiento de la situación de los trabajadores menos cualificados, un aumento general del desempleo y el empeoramiento de la frágil situación económica de Estados Unidos.