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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Contra la imposición de la jornada de 35 horas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las propuestas estrella del nuevo documento económico de Podemos es la jornada de 35 horas semanales. La idea es aparentemente intuitiva: si en España tenemos más de cinco millones de parados, lo que necesitamos es reducir la jornada laboral para que las horas no cubiertas por los trabajadores actuales sean ocupadas por parte de los parados. Además, se nos dice, el mayor número de trabajadores permitiría ampliar la demanda agregada dentro de la economía, dando lugar a un círculo virtuoso de empleo, gasto, crecimiento, más empleo, más gasto y más crecimiento.

Siendo la reducción impuesta de la jornada laboral tan beneficiosa, uno se sorprende de que no se quiera llevar más allá: por ejemplo, hasta una jornada laboral de 30 o de 25 horas semanales. Total, si, según nos prometen sus proponentes, la reducción de la jornada laboral no acarrea coste ni perjuicio algunos, ¿por qué oponerse a una minoración de la jornada algo superior a la planteada? ¿Por qué quedarse en las medias tintas de 35 horas semanales? Pues porque, en efecto, la reducción de la jornada no está libre de gravosos costes.

Tomemos el caso del salario medio de España, 1.869 euros mensuales, y asumamos que se percibe a cambio de trabajar 160 horas mensuales. Eso significa que el salario medio por hora trabajada es de 11,6 euros. Si la jornada laboral se reduce a 35 horas semanales, que equivalen a 140 horas mensuales (sin que haya una proporcional rebaja de los salarios), el coste por hora trabajada aumentará a 13,3 euros… un incremento salarial del 15%. Como es obvio, de entrada no parece que un incremento del coste de la contratación de un 15% vaya a disparar las contrataciones: encarecer la mano de obra no es la forma más inteligente de promover su demanda por parte de los empresarios nacionales y extranjeros.

Desde Podemos se argumenta, sin embargo, que este incremento del coste de la contratación no es preocupante, ya que el principal problema que tienen hoy en día las empresas es la falta de demanda: y si la masa salarial total aumenta (más gente ocupada a un mayor coste medio por hora trabajada), la demanda de las empresas también aumentará, esto es, más salarios traerán mayores ingresos, que compensarán los superiores costes. Siendo tan sencillo, sorprende que no sean los propios empresarios quienes, en su propio avaricioso interés, no incrementen los salarios para lucrarse sin cesar: si más salarios son más ventas, ¿qué mejor estrategia comercial que aumentar los sueldos continuamente?

La realidad, sin embargo, es más tozuda. Incluso manteniéndonos por un momento dentro del paradigma económico de la demanda agregada, ¿por qué se asume que un encarecimiento de la mano de obra dará lugar a una mayor contratación de trabajadores y, por tanto, a un mayor gasto total? El efecto bien podría ser el contrario: costes más altos, mayores despidos y, por consiguiente, hundimiento de la demanda agregada… un círculo vicioso opuesto al que se nos narra desde Podemos.

Sin ir más lejos, los gastos de personal de las empresas encuestadas en la Central de Balances del Banco de España fueron en 2013 de 100.412 millones de euros, mientras que su resultado neto del ejercicio apenas alcanzó los 7.129 millones. Un incremento de los costes laborales del 7% (recordemos que la jornada de 35 horas supone un aumento del 15% para los trabajadores a jornada completa) habría implicado que la empresa media española entrara en pérdidas: ¿y qué sucede cuando las empresas entran en pérdidas? Pues básicamente que despiden. Y si despiden, ¿de dónde viene el aumento de la demanda?

Ello por no hablar de que, aun cuando no hubiera despidos sino nuevas contrataciones, buena parte del gasto de los nuevos trabajadores bien podría filtrarse hacia al exterior de España: a saber, canalizarse en forma de importaciones. Esto es justo lo que ha sucedido hasta la fecha: siempre que el gasto interior de España ha aumentado en lo más mínimo, las importaciones se han disparado. Más importaciones no es más gasto interior, sino más gasto exterior: a saber, más costes para las empresas y mismos ingresos.

Pero ¿por qué hemos de asumir que más gasto interior equivale a más importaciones? Básicamente porque el problema de España no deriva de la falta de demanda, sino de su inadecuada oferta. España sigue arrastrando un modelo productivo caduco y mortecino, incapaz de proporcionar los bienes que desean los españoles. Sin cambio de modelo productivo no hay cambio de patrones de producción; y para facilitar ese cambio de modelo productivo necesitamos flexibilidad en los mercados y ahorro, esto es, no necesitamos más rigideces regulatorias ni más consumo interno artificialmente alimentado. La imposición centralizada de una jornada de 35 horas, pues, sería un fracaso: elevaría todavía más los costes de las compañías, minaría las bases de la reinversión empresarial (tanto nacional como extranjera), incrementaría el paro forzoso y, en definitiva, retrasaría el cambio de modelo productivo de España.

No en vano, la medida ya fue un fracaso en Francia, pese a haber sido implementada durante un período de bonanza económica global, pese a haber sido adoptada junto con otras medidas de flexibilización interna (como permitir la concentración de horas en una misma semana, llegando a producirse intensificadas jornadas semanales de 48 horas a cambio de otras semanas laboralmente más descargadas) y pese a haber sido cofinanciada por el Estado mediante una lluvia de subsidios y de recortes de impuestos a las empresas (con el ánimo de paliar su coste); algo que no parece que vaya a darse en el caso de España. Y los resultados, pese a ello, fueron bastante pobres: estancamiento a medio plazo de los salarios (cuando no reducción de los mismos) reconocido incluso por quienes defienden la medida e insatisfacción por parte de los trabajadores, al carecer de libertad para escoger sus condiciones laborales. Acaso por ello, Sarkozy abolió de facto la jornada de 35 horas en 2008, cuando incrementó el número máximo de días laborables de 218 a 235.

Pero, como digo, en el caso de España la medida sería muchísimo peor que en Francia, pues se materializaría en un entorno de desempleo masivo y de estancamiento estructural, combinándose con un estrangulamiento empresarial sin precedentes: subida del impuesto de sociedades, incremento muy sustancial del salario mínimo, concesión de privilegios adicionales para los sindicatos y subida extraordinaria de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Una devastación de nuestro escaso tejido empresarial que se nos vende como inocua por cuanto, nos dicen, la demanda agregada aumentará. Pero no: destruyendo la oferta no hay demanda. Por desgracia, Podemos sigue sin comprender las causas de nuestra crisis: únicamente aspira a regresar a la burbuja. Tal vez por ello disfrute de un creciente apoyo entre todos aquellos que también sueñan con regresar a 2007.

¿Internet neutral? Ni sí ni no, sino todo lo contrario

Escrito por Víctor Solsona en . Publicado en Análisis diario.

Obama, en su pulsión reguladora, ha lanzado a la Federal Communications Comission (FCC) a que regule Internet. La ley de las consecuencias inesperadas predice el desastre. Con la excusa de forzar su neutralidad, Internet podría quedar regulada con la misma legislación que en los años 30 la telefonía.

Bajo esta nueva legislación la FCC haría de policía de tráfico. Interferiría con los proveedores de internet controlándoles la infraestructura, las tarifas, los niveles de acceso, etc. Cambiamos competencia comercial por discrecionalidad del regulador, que es lo que en el fondo el dictadorzuelo burocrático necesita para justificar su propia existencia.

Esto implicaría que terminarían entorpeciendo nuevas tecnologías, productos y servicios, paralizando uno de los sectores más vibrantes del Siglo XXl hasta ponerlo a velocidad de burocracia. Un futuro daño irreparable. Aunque las regulaciones inicialmente parezcan nimias, sabemos cuándo se empieza a regular pero no cuando se acaba. Y lo que ignoramos son las consecuencias imprevisibles.

La Red cambió el mundo y lo hizo sin intervención. Ha dado un fantástico servicio. Que no la toquen. No violemos la primera “ley” de la informática. “Si no está roto, no lo arregles”.

Si pagamos distinto por la velocidad de descarga. ¿No debería suceder lo mismo con la velocidad de subida? Si necesito enviar una carta rápidamente, ¿nos negarían por ley el derecho a pagar un servicio de mensajería urgente? Sería como declarar ilegales a Fedex, UPS, Seur.

Si el ejemplo cunde a nivel internacional, tendrán la excusa para crear todo un enjambre de normativas en cada país las cuales además entrarán en conflicto.

Primero empezarán regulando el tráfico, luego el precio y después el contenido. Imaginemos que estamos viendo un vídeo de un servidor americano. Por diseño, internet envía la información troceada en paquetes y cada uno puede tomar distinta ruta. ¿Cada país le aplicaría distintas restricciones y velocidades a cada trozo de información según por donde pase ese paquete? Guerra arancelaria versión Internet.

La pretensión de neutralidad implica que todos tengan los mismos derechos, sea un pequeño blog o un gigante como YouTube. En principio esto suena bien. Pero es como decir que todos paguemos el mismo recibo de la luz, gastemos lo que gastemos. Todos igual, un pequeño taller o una gran fábrica.

Estas disquisiciones de neutralidad, de ancho de banda y prioridades las debe resolver el mercado. Y lo hará por el lado de la oferta. Los actores mejorarán sus servicios con nuevas fibras ópticas y nuevas tecnologías. Si el cliente no está satisfecho con la estrategia de tráfico que tiene su proveedor simplemente cambiará a otro. Y será el mercado el que decida. El usuario votando con su cartera.

De hecho esto ya ocurre, muchos hogares tienen varios proveedores simultáneos de internet. Uno por cable y tres o cuatro distintos en el teléfono móvil de cada miembro de la familia. Cada cual con distintos precios y servicios.

¿Se acuerda alguien de MINITEL? MINITEL fue una difunta iniciativa de France Telecom. Era una especie de precaria protointernet (solo texto) de los años 80. La idea no era mala. Pero estaba regulada hasta las cejas y subvencionada por el gobierno francés, que casi regalaba los terminales. Era necesario obtener una licencia para subir contenidos. ¿Te imaginas una licencia para ser blogger?

La Internet que conocemos está viva de milagro. Los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 sirvieron para justificar operaciones masivas de control de Internet y de correos electrónicos por diversas agencias de seguridad americanas. Pero para entonces Internet ya era robusta, tenía masa crítica. ¿Qué hubiese ocurrido con la Red si el atentado se hubiese adelantado una década? Justo cuando estaba saltando de ser una intranet del mundo científico-militar al mundo comercial.

Internet nació porque se le escapó al regulador de entre los dedos. El mercado fue más rápido. Al menos en su expresión comercial, abierta al público y libre que hoy nos es habitual. La Red tenía todas las papeletas para ser maniatada o censurada: narcotráfico, violaciones de copyright, blanqueo de capitales, pornografía infantil, pederastia, terrorismo, fabricación de explosivos, tráfico de armas, etc. Podría existir otra red. Sería Orwelliana. Todo se habría diseñado para evitar el anonimato, direcciones IP estáticas y nominativas, obtención de licencia para introducir contenidos, identificación de la CPU, otro muy distinto protocolo TCP/IP. Y un largo etcétera.

No regulemos. Es el mercado -el usuario- el que debe decidir la política de tráfico de su proveedor. Y si no le gusta, cambiar a otro. Los proveedores competirán por los clientes, por los contenidos y por satisfacer velozmente a todos.

Y lo siento. No, no somos iguales. Esta página web del Instituto Juan de Mariana no puede tener el mismo trato que YouTube. Esta página carga en segundos y los grandes necesitan un “cañón” de ancho de banda.

Pero en un mercado libre esto es bueno para grandes y pequeños. Si por ley tuviésemos “café para todos”, YouTube (y muchos otros) se verían fatal, a saltos (como hace años). No se disfrutaría de la experiencia, menos red (más tele) y por tanto menos visitas al IJM. Luego ¡qué curioso! Con discriminación, ¡ganamos todos!

En definitiva, Internet libre de leyes. Ni neutral ni parcial, sino todo lo contrario. 

Trucos Monti

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

El caso de la beca de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga es ciertamente anecdótico en comparación con las toneladas de macrocorrupción presentes en el resto de formaciones políticas dominantes. Resultaría casi sonrojante asimilar un contrato universitario para la ejecución de un proyecto de investigación –por muy cuestionables que hayan sido las circunstancias que han rodeado su concesión– con las tramas de expolio organizado reveladas en los casos Gürtel, ERE y Púnica.

Ahora bien, que la gravedad de los casos sea incomparable no significa que no puedan extraerse ciertas lecciones del asunto. A la postre, la contratación de Errejón ha estado rodeada de un indudable tufillo nepotista: el director del proyecto al que se incorporó Errejón era su amigo, y ahora también dirigente de Podemos, Alberto Montero; y si Montero pudo contratar dedocráticamente a Errejón, así como agraciarle con unas condiciones laborales harto generosas (elevado sueldo y posibilidad de prestar sus servicios desde Madrid), fue debido a que gozaba de un muy elevado margen de discrecionalidad a la hora de gestionar el dinero público asignado al proyecto. Por tanto, como decía, sí es posible sacar ciertas conclusiones.

1) La casta no está únicamente integrada por la alta dirección de la Administración Pública, esto es, por el Gobierno y sus subalternos más inmediatos. Al contrario, la casta impregna todos los niveles de la Administración en los que el empleado público de turno disfruta de ciertas potestades discrecionales: en la medida en que un empleado público pueda arrimar el ascua a su sardina en el ejercicio de su discrecionalidad, tendrá en todo momento la tentación de aprovecharse personalmente de ese poder. El caso de las universidades españolas probablemente sea de los más conocidos, en especial por todos aquellos que hemos caminado por dentro de las tripas del monstruo, pero no es ni mucho menos único: junten poder y naturaleza humana y obtendrán casos reiterados de abuso de poder, esto es, de corrupción (de corrupción no necesariamente ilegal).

2) Dado que una Administración Pública omnicompetente necesita tomar (muchas) decisiones atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, alguna instancia dentro de ella deberá disfrutar, por definición, de un cierto margen discrecional para decidir. Lo mismo sigue sucediendo si la propia Administración crea supervisores internos que controlen el buen o mal uso de ese poder discrecional por parte de los empleados públicos: estos supervisores dispondrán, a su vez, de poder discrecional para sancionar (o no) a sus supervisados, gestándose así nuevas oportunidades de corrupción. De ahí que no sea posible eliminar la discrecionalidad de la genética de la burocracia administrativa y, por tanto, tampoco el germen de la corrupción.

3) La conocida milonga de Podemos de que para acabar con la corrupción basta con reemplazar a la mala casta actual por la buena neocasta emergente es completamente falaz. El problema de la corrupción no se circunscribe al Gobierno de la nación, sino a todos los niveles administrativos con potestades discrecionales: y ni siquiera Podemos aspira a reemplazar a todos los actuales empleados públicos por nuevos e incorruptibles funcionarios. Es más, aunque lo hiciera no queda claro qué conseguiría con ello: los nuevos funcionarios de Podemos se enfrentarían a idénticos incentivos perversos, pudiendo caer en análogas tentaciones. El caso de Errejón, de hecho, ilustra que personas presuntamente honestas e intachables (ni me interesa ni pretendo prejuzgar a las personas) también incurren en comportamientos como poco cuestionables toda vez que palpan algo de poder.

4) En vista de lo anterior, las dos únicas formas de terminar con la corrupción son, por un lado, incrementar los controles exógenos sobre el ejercicio de la potestad discrecional de los empleados públicos y, por otro, reducir los ámbitos competenciales de los empleados públicos. Podemos apuesta radicalmente por la primera vía: ya sea reclamando la independencia judicial o el control democrático (revocatorio) de la función pública. El problema es que es cognitivamente imposible que los jueces o "el pueblo" controlen las decisiones diarias de millones de empleados públicos; en especial si, como propone Podemos, se incrementa todavía más el ámbito competencial del Estado. Por ejemplo, es absurdo pensar que un tribunal independiente o el pueblo soberano en su conjunto serán capaces de controlar si cada uno de los miles de contratos de investigación de las universidades públicas españolas suponen un abuso del poder discrecional de los directores de proyecto o no. De ahí que ningún país del mundo haya conseguido eliminar la corrupción vinculada a una Administración pública gigantesca: como mucho, ha logrado que la corrupción se sofistique y camufle para evitar que su ciudadanía la detecte y la sancione (sí, también en Dinamarca). ¿O es que acaso pensaban que los burócratas no se adaptan estratégicamente a los controles que se les interpongan?

Así pues, la única solución de verdad contra la corrupción pasa por minorar los ámbitos competenciales del Estado, esto es, por reducir su tamaño y el alcance de sus intervenciones: si el Estado no se ocupa de regular un área determinada de la sociedad, carecerá en esa área de poder discrecional susceptible de ser corrompido (por ejemplo, si no se sufragan con dinero del contribuyente proyectos de investigación sobre las "políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda en Andalucía" no habrá margen de corrupción posible al respecto). Es más, un Estado pequeño –con pocos funcionarios y pocas decisiones discrecionales– sí es un Estado mucho más fácil de fiscalizar por tribunales independientes y por la ciudadanía en su conjunto. Pero Podemos propone justo lo opuesto: no reducir el Estado, sino multiplicarlo.

5) Es verdad que la reducción del tamaño del Estado no garantiza que la corrupción no se traslade del ámbito estatal al ámbito privado. Por ejemplo, la misma cuestionable concesión de un proyecto de investigación a un amigo podría haber tenido lugar –y tiene lugar diariamente– en el marco de las universidades privadas. La diferencia entre un caso y otro, sin embargo, es clave: la corrupción estatal, a diferencia de la privada, deriva del abuso de un poder que no le ha sido otorgado al Estado de manera unánime por todos los que la sufren. Por ejemplo, un ciudadano andaluz puede ser plenamente consciente del nepotismo y de la endogamia de las universidades públicas, pero carece de la libertad para dejar de financiarlas. En cambio, el accionista, el benefactor o el estudiante de una universidad privada corrupta hasta la médula son perfectamente libres de dejar de darle apoyo financiero y de dejar de relacionarse con ella en cuanto lo deseen. En otras palabras, la corrupción estatal es un asunto público porque los ciudadanos no podemos escoger no interactuar con el Estado: éste nos impone por la fuerza la interacción. Por consiguiente, la corrupción del Estado termina convirtiéndose en una extracción de rentas y de libertades de la mayoría que ignora o tolera la corrupción sobre la minoría que la conoce y la reprueba, sin que ésta minoría pueda defenderse por ninguna vía. En cambio, la corrupción privada es un asunto particular que sólo afecta a las partes voluntariamente implicadas, pudiendo cada cual defenderse de la misma finiquitando cualquier relación con el órgano corrupto (lo que no significa, claro, que cuando sea delictiva no deba ser perseguida por los tribunales).

Por eso, en definitiva, si queremos luchar contra la peor de las corrupciones, la impuesta por la fuerza, debemos luchar contra el Estado gigantesco. Es decir, debemos luchar contra el modelo de Estado que propugnan PP, PSOE y Podemos. El caso Errejón es relevante no por su gravedad intrínseca, sino porque pone de manifiesto las debilidades doctrinales y programáticas de su formación política a la hora de defender una vía de combatir la corrupción –el incremento del tamaño y del poder del Estado– que sólo contribuye a alimentarla.

El trienio antiliberal de Rajoy

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Este jueves se han cumplido tres años desde que Rajoy llegó a Moncloa con el mayor respaldo ciudadano desde Felipe González en 1982. No sólo eso, Rajoy llegó a La Moncloa gobernando simultáneamente en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos de España. En absoluto resulta disparatado afirmar que, desde que arrancara la democracia, jamás ningún hombre ha concentrado en sus manos tanto poder como Rajoy. Y como tal, como político omnipotente, ha utilizado ese poder para lo que cabía esperar: no para renunciar a él, no para ampliar las libertades de los españoles a costa de su absoluto imperium estatal, sino para tratar de salvaguardar la burbuja estatal gestada por Zapatero a costa de saquear impositivamente al conjunto de los españoles.

Estos tres años de Rajoy se resumen sintéticamente como un rotundo fracaso del antiliberalismo aplicado. Fracaso porque Rajoy ha sido incapaz de sentar las bases de una recuperación saludable: al contrario, fue Mario Draghi quien en 2012 sacó a España de la situación de pre-quiebra en la que se hallaba prometiendo una intervención ilimitada en los mercados financieros; antiliberalismo porque Rajoy sólo supo edificar su política económica sobre la base de una maximización de las subidas de impuestos y una minimización de los recortes del gasto agregado de las Administraciones Públicas.

Y es que Rajoy, como caballero negro de una tecnocracia grisácea y refractaria a las libertades individuales, jamás tuvo en su horizonte transformar radicalmente el modelo de Estado paternalista y omniabarcante que padecemos desde hace décadas. Su misión nunca fue la de plantear una ordenada transición desde el Estado de Bienestar a la sociedad de bienestar; ni siquiera tuvo el propósito de simplemente aplicar un moderado plan de choque dirigido a reconducir los excesos más insostenibles de ese clientelar bienestar estatal. Al contrario, Rajoy se ha esforzado durante estos tres años por apuntalar nuestrohiperEstado nutriéndolo de un sistema hiperimpositivo que ahoga a nuestras familias y empresas para oxigenar a nuestras burocracias tentaculares.

Pero Rajoy no sólo ha despedazado una oportunidad histórica para regenerar nuestras estatalmente corruptas instituciones sociales —liberalizando la economía, recortando intensamente el gasto, bajando impuestos, trasladando las pérdidas de la banca a sus acreedores mediante un bail-in, acometiendo una auténtica y profunda descentralización tributaria, separando drásticamente la función jurisdiccional del arbitrio político, renunciando a ejercer el matonismo gubernamental contra la prensa díscola, erradicando la estructural connivencia entre ciertas grandes empresas oligopolísticas y el BOE o arrebatándole la competencia educativa a las burocracias funcionariales para devolvérsela a los propios individuos—, sino que, al hacerlo, ha terminado legitimando una opción política que aspira a un degenerador control de tales instituciones sociales por parte de un Estado incorruptamente corruptor. 

El éxito de Podemos es inseparable del vaciamiento ideológico, del conformismo estatista, del latrocinio montoril, de estos tres años de Rajoy. Rajoy, al fusionarse en discurso y en prácticas con el PSOE, ha dado alas a una opción política que reivindica volver a dar lustre a un Estado de Bienestar que él fue tan incapaz de combatir intelectualmente como de engordar económicamente. Rajoy es por necesidad un fracasado tanto para quienes aspiran a ver incrementado el peso de la sociedad civil a costa del Estado como para aquellos que ambicionan a convertir a la sociedad civil en un campamento militar regentado por el Estado. Aquellos que dentro del primer grupo confiaran su voto a Rajoy allá por 2011 —haciendo gala de altas dosis de ingenuidad política— han engrosado militantemente hoy las filas de la abstención; aquellos que dentro del segundo grupo apostaran por Rajoy como un eficaz gestor capaz de poner orden al desaguisado zapateril han terminado refugiándose en los brazos de Podemos.

Bloqueada dentro del sistema la regeneración liberal de un régimen insalvable y fasciocomunista como fue la Transición, se ha acabado por buscar fuera del sistema una ruptura populista con el mismo para, paradójicamente, reivindicar un idéntico misticismo vanamente esperanzador como fue el encarnado por el “espíritu” de la Transición. Rajoy renunció a ser el gran reformador que necesitaba este país —acaso jamás aspiró a hacerlo, dados sus liberticidas antecedentes ideológicos— para convertirse en su trajeado sepulturero. El inmovilismo de Rajoy ha alimentado la movilización de Podemos; su mediocridad intelectual ha cebado el desnortado intelectualismo de Podemos; su impenitente y frustrante expolio contra las clases medias ha espoleado el discurso aristocida de Podemos. En suma, su fanático enroque dentro de la casta estatal ha contribuido a preservar el mito de que otro Estado más benevolente, más decente y más justo es posible: el mito de un Estado idílico que los Dioses de la oligarquía patria jamás entregarán a la castigada ciudadanía a menos que aparezca un prometeico salvador como Podemos.

Un trienio antiliberal, el de Rajoy, que, por desgracia, todo apunta a que irá seguido por una (como poco) década al menos tan ominosamente antiliberal. Como con Zapatero, lo peor de Rajoy no serán sus nefastos años de gobierno, sino su envenenado legado.

Privatización y dinero

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

La presidenta de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, la chilena Doris Grinspun, es una gran luchadora contra la privatización de la sanidad y, naturalmente, muy celebrada por el pensamiento único. Declaró:

Si desaparece la universalidad, no hay dinero que alcance para cubrir tu salud de forma individual. Si se privatiza el sistema, perdemos todos, los que no pueden acceder y los que sí. El problema es que no siempre se cuenta la verdad.

Una verdad fundamental que no se cuenta es que no hay manera de brindar ningún servicio gratis, y mucho menos universal. De tal manera que la verdad que no se cuenta es que la sanidad pública traslada la decisión de cuánto y cómo hay que gastar en sanidad desde los ciudadanos hasta los políticos, los burócratas y los grupos de presión. Tampoco se cuenta la paradójica verdad de que, una vez perpetrada la usurpación, en nombre los "derechos sociales", no sólo se usurpan los bienes de los ciudadanos, sino que a menudo el poder se enfrenta a contradicciones inmanentes a su propio ejercicio, prometiendo un derecho tras otro hasta que al final los impuestos suben considerablemente, pero tampoco "hay dinero que alcance".

Tampoco se dice la verdad cuando se dice que con la privatización "perdemos todos". Es obvio que no sería así, porque la privatización comportaría una gran reducción del gasto público y, por consiguiente, una gran subida de los ingresos de los ciudadanos, con lo que la sanidad sería accesible, como cualquier servicio.

Al mismo tiempo, como la sanidad sería provista por empresas en competencia, ello castigaría con dureza a los ineficientes y los despilfarradores, y no habría ya lugar para los abusos de políticos, burócratas, sindicalistas, etc., porque habría sólo una gran marea blanca, la marea de los ciudadanos libres disponiendo libremente de su propio dinero.

No dice la verdad doña Doris cuando asegura que con la privatización no habría dinero. Al contrario, cuando no hay dinero es ahora, porque el Estado lo arrebata a los ciudadanos por la fuerza. Curiosamente, esto no le parece mal a la señora Grinspun, que declara que se hizo enfermera para construir "un mundo más justo". Curiosamente, su prioridad no fue construir un mundo más sano.

‘Mochila austriaca’: las ventajas para el trabajador de una propuesta polémica

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Tasa de paro: Austria (5,1%) y España (24%). Porcentaje de trabajadores con contrato temporal: Austria (9,2%) – España (23,1%).

Desde hace años, Austria es un referente en materia de empleo. Prácticamente todas las cifras del mercado laboral del país centroeuropeo son positivas. Y sus datos sobre productividad, salarios o carrera profesional apuntan a una clase trabajadora eficiente, con una vida laboral exitosa, pocos períodos de tiempo en el paro y sueldos por encima de la media europea.

Sin embargo, cada vez que alguien en España plantea una reforma laboral para acercarnos al modelo austriaco (y a su referente más conocido, la famosa mochila) caen sobre él críticas de todos los colores. Este miércoles, era el Servicio de Estudios del BBVA el que presentaba su Observatorio Económico con una propuesta "para fomentar la indemnización indefinida". Desde que terminó la rueda de prensa que ofreció Rafael Domenech, economista jefe de Economías Desarrolladas de la institución, las reacciones no se han hecho esperar: que si la propuesta implica que el trabajador pague la indemnización con su sueldo, que si es un abaratamiento del despido, que si reduce las garantías de los empleados,… ¿Por qué nadie quiere parecerse a Austria?

La clave quizás esté en un dato que no hemos dado. En el país centroeuropeo, la indemnización por despido directa es igual a cero. Vamos, que hay un despido prácticamente libre. En España, las cifras son de 20 días por año en caso de despido improcedente y 33 días en caso de despido procedente. Claro, ahora la pregunta es si una cosa (el esquema para el despido) y la otra (las cifras de paro) tienen alguna relación.

La ‘mochila’

En realidad, cuando decimos que la indemnización es igual a cero podemos llevar a un equívoco. Porque mucha gente pensará que el trabajador despedido se queda sin nada. Y no es así. El modelo austriaco consiste en que los trabajadores van acumulando una bolsa de dinero cada mes. El empresario paga una parte del salario a estamochila, al igual que hace con las cotizaciones sociales.

Eso sí, con una diferencia: esa mochila no sirve para pagar las pensiones, ni los subsidios del paro. No es un sistema de reparto, sino de capitalización. Estamos ante una cuenta de ahorro individual, invertida en algún activo y que da rendimientos cada mes. Cada austriaco puede saber en todo momento a cuánto asciende su ahorro. Y cuando es despedido, su indemnización es su mochila.

Hay que aclarar que la propuesta del BBVA no van tan lejos. Su idea es un modelo mixto: la mochila sería equivalente a ocho días al año de salario. El resto, hasta los 20 días por año por despido procedente y los 33 días por despido improcedente (las mismas cifras que hay ahora mismo), lo pagaría el empresario como hasta ahora.

La segunda diferencia es que la indemnización sería creciente. En los dos primeros años de contrato, sería más barato despedir a un indefinido que a un temporal. La consecuencia parece clara: el número de contratos temporales caerá a mínimos. Sólo aquellas tareas que cubran necesidades muy puntuales se cubrirán con este formato.

Además, hay que tener en cuenta que la mochila austriaca va de la mano del contrato único. En este sentido, la propuesta del BBVA pide un contrato fijo que sea el que se use por defecto, con el complemento de uno temporal (con causalidad, es decir, para tareas de verdad temporales) y uno de aprendizaje para los recién llegados al mercado.

De esta forma, lo que se consigue es que todos los empleados sean fijos no a base de encarecer el empleo temporal (lo que se está haciendo en España), sino de hacer más atractivo el empleo fijo. Y a esto se añade que con este modelo se hundirían los costes de contratación y administración (ya no hay 80 modalidades diferentes para escoger), con los efectos positivos que eso podría tener, especialmente en el caso de las pequeñas empresas.

Las ventajas

Sea cuál sea el modelo (mixto o puro), a primera vista parece que las ventajas para el empresario de la mochila austriaca son claras. Cuando las cosas van mal en su compañía o cuando no está contento con el rendimiento de uno de sus empleados, no tiene que pensar en cuánto le costará despedirlo, porque el dinero de la indemnización está guardado en la bolsa de cada trabajador. Su decisión se basará sólo en la productividad. Lo principal en este sistema es que reduce la incertidumbre sobre los costes futuros, una cuestión clave en cualquier decisión empresarial como contratar a un nuevo empleado.

Pero para el empleado también hay aspectos muy positivos. En España, acostumbrados a un modelo de relaciones laborales muy diferente, puede sonar extraño, pero ese 5% de paro que tienen los austriacos deberían ser una pista de que ni mucho menos los efectos benéficos afectan sólo a las empresas:

– Todos fijos: puede que haya quien piense que no hay tanta diferencia entre empezar con un contrato fijo con una indemnización baja (o incluida entera en la mochila) y uno temporal. Al final, si el empresario te quiere echar a los dos meses, puede hacerlo y no le costará mucho.

Sin embargo, la relación laboral cambia por completo en uno y otro caso. Por ejemplo, según los datos del BBVA, la diferencia salarial entre temporales e indefinidos, a igualdad en el resto de circunstancias (edad, puesto, antigüedad), es del 15%. En parte es lógico que así sea, porque la productividad de unos y otros también suele ser muy diferente. Las empresas no se gastan dinero en formar a un empleado temporal y éste tiene un interés muy limitado en aprender tareas más allá de las que le ocupan el día a día o crecer en una empresa en la que sabe que estará apenas unos meses.

– Sin tope de indemnización: la mochila tiene una segunda ventaja muy clara para el trabajador. Ya no hay topes en el dinero del que dispondrá si es despedido. Actualmente, la ley fija dos límites (12 meses en el caso de despido procedente y 24 en caso de improcedente). Con la mochila, cuantos más años trabaje más crecerá su bolsa. Y además tendrá rendimientos de su inversión. Un trabajador despedido con 30 ó 35 años de antigüedad tendría un colchón mucho más grande que en la actualidad.

– ‘Tu’ mochila: quizás el elemento más importante del modelo. Cada fondo tiene el nombre y apellidos del trabajador. Es suyo. Si no es despedido y llega a los 65 años con la mochila intacta, tendrá un complemento muy interesante para su jubilación. Y si decide irse de la empresa para hacerse autónomo o reorientar su carrera, también podrá utilizar este dinero para mantenerse unos meses (ahora, en caso de baja voluntaria, lo pierde todo). Y si se cambia de empleo, se lleva sumochila con él.

De esta forma, se eliminan los efectos perversos que la indemnización por despido tiene en España. ¿Cuántos trabajadores hay que no cambian de trabajo por miedo a perder los derechos adquiridos? ¿Cuántas personas están en un puesto que no les gusta sólo para conservar la indemnización? ¿Cuántos no se lanzan a la aventura de poner un negocio propio por no tener ahorros para sostenerse unos meses? La movilidad del mercado de trabajo y la productividad de toda la economía saldrían muy benefiadas de un cambio de modelo en este sentido.

– Ganan los más productivos: con el sistema actual en España, las decisiones laborales muchas veces no se toman en función de los méritos, sino del coste del despido. Así, cuando un empresario necesita reducir su plantilla (por ejemplo por una caída de las ventas), lo lógico sería que prescindiera de su peor trabajador, aquel que menos aporta al conjunto. Pero en nuestro país, hay otro factor a tener en cuenta: el coste del despido. Así, se puede dar la injusta situación de que el despedido sea el miembro más productivo de la plantilla, pero también el último en llegar (es el más barato de echar). Eso es malo para los empleados más productivos, pero también para la empresa.

¿Y esto quién lo paga?

El gran tema de discusión a lo largo del día ha sido el del coste del nuevo sistema y la discusión sobre quién paga la mochila. Los que se oponen al modelo razonan del siguiente modo: si ahora un empresario te paga 1.000 euros y le obligan a dar un 2,19% para la mochila (según la propuesta del BBVA), a partir de ahora reducirá el sueldo en ese porcentaje. Esto tiene una cierta lógica. El empresario lo que mide son los costes laborales. Por lo tanto, si cree que el trabajador vale 1.000 euros, podría parecer que le reduce el sueldo en esta cantidad. Pero hay que hacer unas cuantas puntualizaciones:

  • La mochila la paga el trabajador igual que paga las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empresario. O por decirlo de otra manera: todo lo paga la empresa y luego es artificial diferenciar entre unas cosas y otras. Son costes laborales y punto. Si alguien sostiene que imponer la mochila austriaca reducirá los salarios; debería también defender que rebajar las cotizaciones sociales los subiría. Pero esto último nunca se dice.
  • Habría que preguntarse si en la actualidad las empresas pagan esos 1.000 euros teóricos. Es muy dudoso que sea así. El empresario sabe que si despide a alguien tendrá que pagar una cantidad, que será muy importante en el caso de los fijos. Por lo tanto, es muy probable que reduzca su sueldo potencial para cubrirse las espaldas ante esta eventualidad (en vez de 1.000, le paga 950 y los otros 50 los guarda por si los necesita para despidos). En ese caso, no habría ninguna diferencia para el empresario en lo que respecta al modelo con mochila (o una diferencia menor); mientras, el empleado saldría ganando, porque ese dinero que ahora la empresa guarda por si acaso iría destinado a su bolsa.
  • No hay que olvidar las ganancias de productividad y cómo se traducen en los sueldos. Como apuntamos anteriormente, los fijos cobran más que los temporales incluso a igualdad en el resto de condiciones. Y este salario más elevado puede compensar de sobra la supuesta pérdida por el 2,19% de la mochila.
  • No sólo es que los fijos cobren más. Es que tienen muchas ventajas: no pierden días entre un contrato y otro, reciben formación, pueden subir de puesto en la empresa con más facilidad, etc… ¿Compensaría esto a ese famoso 2,19%?
  • Por último, hay que recordar que la mochila también es salario. Sí, es cierto, no se cobra mes a mes, pero se acumula para el trabajador. Es decir, incluso aceptando que el empresario reduzca el sueldo en ese 2,19% (y hay que poner todos los peros apuntados anteriormente), eso no implica que se quede ese dinero. Cuando el trabajador sea despedido, se vaya a otra empresa o se jubile recuperará sus fondos. Por lo tanto, incluso en el peor de los casos, a medio plazo no pierde nada.
  • Por ejemplo, el caso del trabajador en la situación más débil: un empleado temporal en una actividad cíclica, que sabe que prescindirán de sus servicios en unas semanas. En la situación actual piensa que recibe el máximo que el empresario está dispuesto a pagar por él. Y puede temer que con la mochila austriaca su próximo contrato, aunque indefinido, se reduzca un 2,19% en el sueldo neto. Pero si es despedido a los dos meses (como le pasa ahora cuando se termina su contrato) recibirá ese porcentaje, que estará acumulado en su bolsa. No habrá perdido nada.

Austriacas mochilas; españoles grilletes sociales

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta misma semana, la Fundación BBVA Research ha publicado un informe donde propone adoptar parcialmente el modelo austriaco de capitalización de la indemnización por despido (popularmente conocido como "mochila austriaca". Por resumirlo con brevedad: se trata de que, para los nuevos contratos de trabajo, el empresario constituya un fondo de capitalización en favor del trabajador mediante una aportación anual equivalente a ocho días de su salario; a cambio, la indemnización que tendrá que sufragar el empresario en caso de despido se reducirá simultáneamente (por ejemplo, en el caso del despido improcedente, bajaría desde los 33 días por año trabajado hasta un máximo de 25 días por año).

¿Bajaría el salario?

No han sido pocos quienes han visto en esta propuesta un velado intento de la oligarquía financiera para recortar el coste del despido a costa del trabajador: si el empresario ha de abonar anualmente un monto equivalente a ocho días del salario de su empleado (esto es, alrededor del 2,2% de su sueldo bruto), lo que hará será reducir la remuneración de este trabajador en esa misma proporción. De hecho, los propios autores del informe del BBVA Research, reconocen que eso es justamente lo que tendería a suceder: “Si bien el salario negociado por ambas partes se vería afectado, el coste laboral que soporta la empresa no tendría por qué aumentar”. Es decir, pese a la implantación de un recargo del 2,2% en el coste laboral, éste no aumenta porque… es el salario bruto el que se ajusta a la baja.

En realidad, los efectos netos son mucho más ambiguos de lo que los propios autores afirman: las indemnizaciones laborales actuales también las pagan los trabajadores a través de menores salarios negociados, dado que el empresario intenta cubrirse del eventual coste del despido futuro mediante salarios más bajos (dicho de otro modo: si aumentáramos la indemnización por despido hasta 150 días por año trabajado, que nadie espere que los salarios actuales se mantendrían).

Por tanto, el modelo propuesto por BBVA Research se basa en sustituir un coste esperado futuro (expectativa empresarial sometida a diversos grados de probabilidad) por un coste cierto presente: y dado que es más caro pagar con total certidumbre ocho días por año trabajado que pagarlos en el futuro sólo si se materializara el despido, el modelo austriaco sí que encarecería en cierta medida los costes laborales totales repercutiéndose en salarios presentes algo menores (en realidad, dado que el fondo dotado por el empresario es propiedad del trabajador, lo único que sucedería es que el cobro de una fracción del salario se diferiría en el tiempo, no que se volatilizaría sin más; justo lo contrario de lo que sucede en el sistema actual, donde el trabajador no despedido jamás recupera la parte del salario que le ha sido rebajada para costear su eventual indemnización).

La verdadera mordida: la Seguridad Social

Pero no me interesa tanto reflexionar sobre este interesante pero socialdemócrata esquema (la verdadera solución para el mercado laboral pasa por su completa liberalización) cuanto resaltar la incoherente crítica que ha desatado entre muchos. A la postre, quien se exclama de que con este nuevo sistema el trabajador se verá forzado a cotizar por su propio despido (dado que el empresario le rebajará el salario en proporción al recargo de cotización que se le imponga) no sólo olvida que eso mismo —aunque de manera mucho menos transparente— ya está sucediendo en la actualidad, sino algo mucho más importante: que en eso mismo se basa toda la filosofía de la tan venerada Seguridad Social.

En la Seguridad Social, es el trabajador quien se ve obligado a cotizar mes a mes por su propia pensión, por su propio seguro de desempleo o por sus propios cursos de formación. ¿Qué tendría de excepcional o de rara avis el que ahora se le obligara a cotizar también por su propia indemnización por despido? Nada, sería una nueva muestra de ese tan exasperante paternalismo estatal que, asumiendo la existencia de una sociedad infantilizada e idiotizada (la misma sociedad que se encarga de escoger democráticamente a los guardianes de ese paternalismo estatal), obliga a cada ciudadano a destinar un determinado porcentaje de su salario a preparar su jubilación, a asegurarse contra su paro o a sufragar sus cursos de formación. Si nada de lo anterior había despertado entre muchos la más mínima suspicacia —incluso tiende a considerarse la quintaesencia del Estado de Bienestar—, ¿a qué viene tanta escandalera por el hecho de que nos obliguen, también, a cotizar transparentemente para nuestra indemnización por despido?

Acaso sea porque algunos todavía siguen creyendo en que la cotización a la Seguridad Social abonada por el empresario a cuenta del trabajador es un gasto que soporta la empresa y no el capitidisminuido salario del trabajador. Mas, ¿por qué mágica lógica se concluye que el empresario sí será capaz de repercutir a su empleado el coste de la “mochila austriaca” y, en cambio, se asume que no podrá lograr lo propio con el coste de su cotización a la Seguridad Social?

Seamos claros: ambos costes son repercutidos al trabajador. O dicho de otra forma, nuestra paternalista e intervencionista legislación estatal le impone a los trabajadores cómo deben cobrar sus salarios: si en dinero, si en vacaciones “pagadas”, si en contribuciones a la Seguridad Social, si en cursos de formación, si en seguros contra el paro, si en representación sindical, etc. Nada de todo esto sale del bolsillo del empresario, sino de un menor salario líquido del trabajador: del mismo modo que todos entendemos que cobrar dos pagas extras al año no aumenta nuestro salario total (ya que en caso contrario, serían periodificadas mes a mes), cobrar en forma de vacaciones, de pensiones futuras o de cursos de formación tampoco lo hace. Sólo nos imponen desde un comienzo en qué debemos gastar la remuneración total que nos entrega el empresario

Así, si algunos se han rasgado las vestiduras por ese exiguo sobrecoste del 2,2% anual de la mochila austriaca, ¿qué no deberían estar haciendo contra la cotización por contingencias comunes “a cargo de la empresa” (23,6% del salario), contra la cotización por desempleo “a cargo de la empresa” (5,5% del salario), contra la cotización por el FOGASA “a cargo de la empresa” (0,2% del salario) o contra la cotización por formación profesional “a cargo de la empresa” (0,6% del salario). Estamos hablando de una mordida total del 29,9% del salario de cada trabajador que ni siquiera aparecía reflejada en su nómina (un escandaloso caso de manipulación tributaria que, por fortuna, irá corrigiéndose en los próximos seis meses). ¿Qué sentido tiene exclamarse por el 2,2% de la mochila austriaca y guardar un silencio cómplice ante el 29,9% de expolio mensual que padece cada trabajador “a cargo del empresario” (29,9%, aclamémoslo, sin computar la propia cotización del empleado a la Seguridad Social: otros 6,35 puntos que sí venían figurando en la nómina como deducciones del salario bruto)?

Sí, ya sé que a cambio de las cotizaciones a la Seguridad Social recibimos “cosas”: pensiones futuras, cursos o un seguro contra el desempleo. Pero, aparte de que tal vez esas “cosas” no coincidan con las que cada trabajador quiera (¿no hay nadie que prefiera evitar participar en el fraude piramidal de las pensiones públicas y dedicar sus ahorros a otras inversiones más rentables?), a cambio de la nueva cotización para constituir la mochila austriaca… ¡también recibiremos “cosas” (una indemnización futura)!

Se mire por donde se mire, la contradicción es flagrante e insalvable: si la cotización empresarial a la mochila austriaca reduce injustificadamente los salarios de los trabajadores, también lo hacen —y en mucha mayor medida— las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social; y si no lo reducen, muchos que se oponen a la mochila deberían estar venerándola como un instrumento de lucha de clases en favor de los trabajadores (de hecho, no deberían desear un tipo del 2,2% para el empresario, sino uno del 50%).

La realidad, claro, es que la implantación de la mochila austriaca sí implicaría, muy probablemente, una ligera reducción salarial (inferior, en todo caso, al 2,2%) y que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social también implican una enorme merma del salario ingresado por el trabajador: un sueldo de 15.500 euros anuales está dejando de percibir más de 5.000 euros al año por obra y gracia de su sometimiento a la Seguridad Social. Si desean liberar y dejar de explotar a los trabajadores, luchen contra ese engendro paternalista a fuer de bismarckiano que es la Seguridad Social: el debate sobre la mochila austriaca está bien para distraer con algún cebo al personal, pero el epicentro del expolio es otro… la Seguridad Social.

¿Quién se ha beneficiado más de la reforma laboral?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La retórica ha sido siempre un arma de los poderosos para someter a sus súbditos. Cuando el poder alcanza cotas de intrusión inéditas, y encima lo hace bajo el sistema político que más presume de respetar los deseos de los ciudadanos, el bien decir de la mentira política se vuelve imprescindible.

Eso explica la brillantez de los giros y oropeles lingüísticos, en especial en lo que se refiere a la expresión más clara de la coacción política y legislativa: la Hacienda. Que, para empezar mintiendo bien, siempre se llama "pública", como si fuera de todos, como si todos realmente tuviéramos la llave de ese Tesoro y la capacidad de decidir sobre sus ingresos y erogaciones.

Pondré dos ejemplos sugestivos relacionados con la deuda y la recaudación. Es habitual que autoridades y medios celebren que el Estado haya "colocado con éxito" más deuda, y que la recaudación impositiva mejore. 

El verbo colocar es de entrada equívoco, porque la acepción que teóricamente más se ajustaría al fenómeno en cuestión sería la de "encontrar mercado para algún producto". Sin embargo, lo que está sucediendo no tiene que ver con el mercado en aspectos muy fundamentales: el Estado no es una empresa, el Estado puede obligar y de hecho obliga a los ciudadanos a que paguen esa deuda que él emite y, en caso de impago, puede darse el lujo que acometer esa práctica, letal para cualquier empresa, y no desaparecer ipso facto.

Además, y dejando de lado los matices de la colocación, ¿en qué estriba el famoso "éxito"? Generalmente en dos criterios: la cantidad y el precio. Así, cuando el Estado coloca todo que pretendía, y a un precio bajo, o menor al de la colocación anterior, todo son plácemes. Muy rara vez, o nunca, sin embargo, los relatos sobre estas colocaciones tan exitosas subrayan una incuestionable realidad: el éxito radica en que las autoridades logran que los ciudadanos les presten ahora dinero a cambio de unos papelitos cuya rentabilidad exigirá que aumente en el futuro la coerción de esas mismas autoridades o (más frecuentemente) sus sucesoras sobre los ciudadanos. Este uso de la fuerza no debería ser motivo de aplauso.

Como tampoco debería serlo el hecho de que las autoridades se apropien de una suma mayor de los bienes de sus súbditos. ¿Por qué va serlo? Más bien lo plausible sería lo contrario, es decir, que el pueblo conservara lo que es suyo, sus bienes, sus propiedades, y por supuesto sus salarios. Pues parece que no, parece que lo bueno es que la gente tenga menos dinero y que el poder le quite aún más. Por eso se dice que la recaudación "mejora", en vez de decir que "aumenta".

Recortes de las aspiraciones en la UE

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Desde el pasado 1 de septiembre se encuentra en vigor en todos los países de la Unión Europea el Reglamento 666/2013 de la Comisión, de 8 de julio de 2013, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para aspiradoras (sic).

No obstante, es muy probable, querido lector, que si usted no trabaja para alguno de los múltiples grupos de presión que acampan en los pasillos de las instituciones europeas, desconociera la existencia de esta reglamentación para un electrodoméstico tan práctico o que, aun siéndole familiar por alguna referencia de prensa, piense que este asunto le afecta más bien poco.

Y, sin embargo, como otros tantos miles de reglamentos y directivas, así como las leyes, decretos y órdenes ministeriales nacionales que promulgan los estados miembros de la UE siguiendo el marco regulatorio común, está dirigido directamente a cercenar la libertad de comercio de sus ciudadanos y entrometerse en la vida privada de las personas de una forma incompatible con un régimen de libertades. No se parte de una admisión general del libre intercambio de bienes y servicios, siempre que no sean de origen ilícito o sean peligrosos, sino que, por el contrario, se condiciona la posibilidad de fabricación y comercialización de numerosos productos al cumplimiento de unas condiciones técnicas prefijadas por el regulador para contribuir a la consecución de objetivos políticos.

Todo ello, a pesar de que el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (así como, originalmente, los fundacionales) garantiza la libre circulación de mercancias (Art. 28) entre los Estados miembros, la cual implica la prohibición de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.

Pues bien, unido ese acervo hiperregulatorio de la insensata burocracia europea a la histeria del calentamiento (o cambio) climático global, topamos con el origen de este penúltimo dislate: la Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2006 titulada “Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial”, que recibió el respaldo del Consejo Europeo de marzo de 2007, y del Parlamento Europeo en su Resolución, de 31 de enero de 2008, mediante el cual los políticos europeos declararon normativamente vinculante la consecución de una mejora del 20 % de la eficiencia energética hasta 2020, al mismo tiempo que impusieron que ese mismo porcentaje fuera la cuota global de energía procedente de fuentes renovables y del 10 % en el transporte. Así se puede rastrear en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

En este caso, a so capa del ahorro energético y el “diseño ecológico“, tal como los percibe la ristra de muñidores , el reglamento prescribe que, a partir de la fecha citada, las aspiradoras comercializadas e importadas dentro de la Unión Europea reunirán los siguientes requisitos:

— Su consumo de energía anual será inferior a 62,0 kWh/año. Este límite no se aplicará a las aspiradoras con filtro de agua.

— Su potencia de entrada nominal será inferior a 1 600 Watios.

— Su capacidad de recogida de polvo en alfombra (dpu c ) será superior o igual a 0,70.

— Su capacidad de recogida de polvo en suelo de madera (dpu hf ) será superior o igual a 0,95. Estos límites no se aplicarán a las aspiradoras de filtro de agua.

Los reglamentadores no quisieron ser acusados de tibios a la hora de exigir eficiencia energética o de adolecer de concienciación ecológica, por lo que fijaron de antemano el endurecimiento de los criterios enumerados anteriormente a partir del 1 de septiembre de 2017. Por ejemplo, se reduce a 900 watios la potencia de entrada nominal de esos aparatos.

Dejemos al lado los evidentes motivos proteccionistas de la promulgación de este tipo de normativas, expresados ya sin pudor por portavoces europeos que subrayan que “la industria europea se adapta rápidamente a los requisitos más exigentes, lo cual es menos frecuente en el caso las empresas ajenas a la UE”: Parece incuestionable que, en conjunto, las prescripciones conducen a la reducción de la capacidad de elección de los consumidores eurpopeos y al encarecimiento de las aspiradoras disponibles.

En este sentido, resulta todavía más significativo que la larga lista de excepciones (Art. 1.2) a la aplicabilidad del reglamento someta a fabricantes y consumidores a la más completa arbitrariedad e inseguridad jurídica, dados los criterios elegidos. Así, quedan excluidas las aspiradoras de materias líquidas, las alimentadas por batería, las robotizadas, las industriales, los sistemas de aspiración centralizada y para exteriores, así como las enceradoras de pisos. En suma, para prohibir o permitir la comercialización de una aspiradora, se sancionan distinciones ridículas o relacionadas con el uso final del aparato e, incluso, con la naturaleza subjetiva del usuario, cuales jirones concedidos por unos legisladores corruptos a los correspondientes grupos de presión organizados.

Resta por ver si en algún momento se producirá una reacción mayoritaria contra esta ceguera liberticida que campa en la Unión Europea. En este caso a cuenta de conseguir unos discutibles “objetivos de eficiencia energética”, impuestos como dogma obligatorio, los cuales pisotean la libertad de los individuos para descubrir ese uso económico de la energía en el mercado libre. Se comenzó prohibiendo las bombillas tradicionales, después se eligió a las populares aspiradoras y parece que otros electrodomésticos están en el punto de mira de los burócratas comunitarios. De no revertirse esta inflación regulatoria continuarán graves perjuicios para el bienestar de los europeos que resultan difíciles de mensurar.

Las empresas son los agentes más sociales de la sociedad

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Cuando un individuo se plantea cómo invertir su ahorro tiene diversas opciones: inmuebles, instrumentos financieros, royalties y también negocios. Una empresa no deja de ser una inversión: invertimos un capital con la intención de obtener una mayor cantidad en el futuro. Por lo tanto, el objetivo principal de las empresas es obtener más rentas, ya sean salariales o de propiedad. Dicho de forma más coloquial: ganar dinero.

Pero ¿qué deberá hacer la empresa para conseguir ese objetivo? La empresa únicamente podrá obtener beneficios si satisface necesidades a los consumidores. Necesitan forzosamente crear valor a los ciudadanos ofreciendo productos y servicios que antes no disponían y que les ayudarán a conseguir sus propósitos y deseos.

Las empresas son, por tanto, netamente sociales, puesto que su supervivencia depende única y exclusivamente de servir a los ciudadanos. La empresa no impone, la empresa sirve. ¿Acaso producir pan, leche, zapatos, camisas, ordenadores, instrumentos de inversión, coches… no es social? ¿Qué puede haber más social?

Lo que debiéramos pedir a las empresas no es que se olviden de "ganar dinero", sino animarlas a que obtengan todos los beneficios posibles, ya que eso significará que estarán aportando mucho valor a la sociedad.

Evidentemente que habrán empresas que roben y/o sean corruptas aliándose con el poder político. Pero para eso está la justicia, para perseguir y condenar delitos. Que haya empresas que cometan delitos no significa que las empresas per se sean delictivas. No hay que confundir.

Y es enteramente justo que quien comanda esas empresas, los socios, reciban unas muy merecidas rentas en función del número de ciudadanos a los que prestan servicio. Por ejemplo, es lógico que personas como Bill Gates o Amancio Ortega sean las personas más ricas del planeta, ya que sus productos y servicios son comprados voluntariamente por millones de personas en prácticamente todos los lugares del planeta. Bill Gates creó además la Bill and Melinda Gates Foundation, que ha destinado 40.000 millones de dólares a obras y proyectos de caridad.

Este mecanismo de creación de valor, bienestar y riqueza sólo puede funcionar en una economía de libre mercado con un marco jurídico que respete de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Únicamente partiendo de este marco se pueden crear las condiciones para que existan precios de mercado, que son el faro de la producción, ya que permite a los empresarios realizar el cálculo económico. Los precios reflejarán la demanda y escasez de un determinado bien económico (escaso por definición), pudiéndose emplear para fines prioritarios. Todo ello de manera libre, espontánea y descentralizada. La manipulación coactiva y artificial de los precios sólo puede conllevar a malas inversiones, descoordinaciones y escasez. Es decir, mala asignación de recursos y pobreza.

Las empresas que no sirvan de ninguna manera al consumidor quebrarán. Y es necesario que así sea porque se trataría de una organización antisocial y antieconómica que destruye riqueza. Esa es la manera que los procesos de mercado hacen a las empresas más eficientes.

Esta es la función social de las quiebras, igual que las ganancias: la organización que sirve a los ciudadanos existe y la que no lo hace desaparece.

Por todo ello repetimos: las empresas son irremediablemente los agentes económicos más sociales que existen.