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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Venezuela: la tragedia de los recursos naturales

Los problemas que está atravesando Venezuela son notorios. Las cifras de su economía son más difíciles de refinar que su crudo (de baja calidad por su alto contenido de azufre): problemas extremos de liquidez, acumulación de vencimientos, desabastecimiento galopante del 55%, PIB per cápita cayendo, pobreza del 27,3% y aumentando, inflación que ya supera el 63%, importaciones notables y crecientes, devaluaciones de moneda (el mercado ya la está repudiando), escasez de divisas y expropiaciones. Es actualmente uno de los países con menos libertad económica del mundo y el segundo país más violento del mundo con casi 70 homicidios por día en 2014.

Ciertamente, Venezuela sufre la "maldición de los recursos naturales". Hay países que en un momento dado descubren un recurso natural que resulta ser muy valorado por los seres humanos, en este caso fuentes de recursos no renovables como el petróleo.

[Recordemos que el valor de los bienes económicos es subjetivo y no intrínseco, en el sentido de que depende de la abundancia de ese determinado bien y principalmente de la valoración que los seres humanos tengan del mismo. El petróleo era denominado "la maldición de Texas" hasta descubrirse su importante utilidad para satisfacer necesidades humanas].

Estos recursos se suelen presentar y considerar como una increíble oportunidad a nivel económico. Y, sin embargo, en infinidad de casos esto ha significado el empobrecimiento y deterioro de las condiciones materiales y sociales de los países.

Sin ir más lejos, en el caso de Venezuela ha llevado a la descomposición institucional y a la descomposición social.

Descomposición institucional porque el gobierno ha utilizado el recurso para subvencionar y comprar a la población y, de esta manera, perpetuarse en el poder sine die. De forma oportunista, los gobiernos han sometido al país al petróleo, haciendo de éste la principal actividad económica del país y concentrándolo en sus manos.

El privilegio a este sector ha supuesto la progresiva destrucción del resto de sectores productivos de la economía venezolana, hasta el punto de ser prácticamente inexistentes. Los ingresos del gobierno venezolano provienen en un 96% del petróleo, por lo que podemos decir que el país es un petro-estado.

No hay tejido ni vida empresarial por lo que el destino del país está ligado exclusivamente al petróleo. Esta tragedia se aplaza parcialmente en el tiempo si el precio del barril se sitúa a precios muy elevados que permitan gastar de forma desmesurada para llevar a cabo sus políticas populistas. Venezuela ha disfrutado de precios de hasta 140-150$ barril, lo que ha permitido enmascarar sus políticas bolivarianas empobrecedoras y derrochadoras.

¿Pero qué sucede cuando el barril disminuye hasta 50$ barril o menos? Pues básicamente que es imposible cubrir ese gigantesco déficit y descomunal desequilibrio de las cuentas nacionales. Se estima que Venezuela necesita que el barril se sitúe en más 120$ para cubrir sus gastos. Lo que significa que el país está en la más absoluta bancarrota.

Ligada a la descomposición institucional está la descomposición social. Deriva de que el gobierno bolivariano es dueño absoluto de facto de la economía del país. Sin tejido productivo y actividad económica los ciudadanos sólo tienen incentivos de aproximarse al poder y ganarse su favor. Es la única forma posible de prosperar y sobrevivir. Aumenta la corrupción, el clientelismo, los favores, las subvenciones y la compra de votos.

La política ha sustituido a la economía. El rent-seeking es lo único viable y rentable. Lo que hace que el gobierno sea cada vez más totalitario y represor, alcanzando cotas inasumibles.

Qué duda cabe que existen países que han convertido los recursos naturales en oportunidad para incrementar su crecimiento y bienestar, véase Estados Unidos, Australia o Canadá entre otros. Estados Unidos ha desarrollado la técnica del fracking y ya es independiente energéticamente, lo que ha hecho que combata la crisis mejor y más rápido que el resto de zonas de mundo. Asimismo, hay países muy prósperos que no poseen recursos naturales, véase Suiza.

Y es que la riqueza de las naciones no depende de sus recursos naturales, sino de establecer marcos institucionales que permitan el crecimiento y progreso económico. Pero Venezuela escogió otro camino: el de dilapidar toda la riqueza proveniente del oro negro. Ha destruido las instituciones y la actividad productiva del país. Una vez los ingresos del petróleo se han mostrado insuficientes, Venezuela tiene un serio problema. Venezuela lo tiene crudo.

@jmorillobentue

¿Las máquinas destruyen el empleo?

Cada vez que leemos la noticia de que ésta o aquella compañía introduce máquinas para hacer esto o lo otro, siempre surgen las típicas quejas que afirman que esto creará desempleo. Por ejemplo, es el caso en el momento que escribo esta líneas de las máquinas de cobro en el gigante textil Zara.

Puede que resulte sorprendente que diga esto, pero sí, una máquina comienza por regla general y en lógica creando desempleo. Esa máquina nos hace prescindir de una persona para una o varias tareas. Sin embargo, hemos de hacer hincapié en que como mucho podemos afirmar que Pedro ya no es necesario para cobrar al cliente si una máquina lo hace. Pero no podemos deducir de modo automático que Pedro ya no es necesario para nada, o dicho de otro modo, que el empresario prescindirá inevitable y totalmente de él. Pedro no será empleado para cobrar, esto es todo cuanto puede asegurarse.

A primera vista, pueden suceder muchas cosas lógicas. El empresario puede emplear a Pedro en otras tareas que considera que deben o pueden estar mejor atendidas (por lógica el coste de la máquina es inferior al coste que se ahorra teniéndola pues si no, no la tendría). En esto es fundamental la fuerza de la competencia. Los empresarios viven de servir a los clientes, y de hacerlo mejor que sus competidores. Si realmente ‘disfrutaran’ echando a empleados para ganar más dinero, no tendrían ninguno y, es más, acabarían sin beneficios porque los competidores les sobrepasarían con empleados buenos y eficientes. 

También puede que despida a Pedro pero necesite contratar los servicios de otras personas para el mantenimiento de sus máquinas. No olvidemos, además, que las máquinas son diseñadas por personas.

Pero pensemos que finalmente Pedro acaba siendo despedido cuando llega la máquina. Éste es el efecto inmediato. Pero los efectos de la máquina no acaban en que Pedro sea despedido. Al reducirse los costes con la máquina, los precios tienden a bajar para los consumidores. Así, los consumidores tienen más dinero disponible sin tener que modificar su consumo y favorecerá la creación de más empleo quizás en otros sectores. Al reducirse (por la reducción de costes con la máquina y la fuerza de la competencia) el precio de lo que vendía Pedro, con el dinero ahorrado sus clientes Juan y Lucas pueden comprar un libro, Joaquín una silla o Marta un cosmético. Cuantos más medios tengamos a nuestro alcance (máquinas) podremos obtener más fines (bienes y servicios).

Y las máquinas no sólo reducen los costes, sino que aumentan la productividad. Podemos obtener y satisfacer más fines realizando menor trabajo.

Las máquinas además típicamente suelen hacer trabajo gravoso para el hombre (ya no tenemos que cavar manualmente enormes hectáreas), hacer mejores o más fáciles otras actividades humanas (movernos de un lado a otro en coche, metro o avión) o incluso realizar tareas antes no posibles sin ciertas máquinas que crean así nuevos sectores de empleo (obtener petróleo). Es harto difícil defender que es más "digno" trabajar de sol a sol que en una oficina con aire acondicionado.

En resumen, al valorar los efectos de una máquina debemos considerar no sólo los efectos instantáneos sino a largo plazo y no sólo los efectos sobre Pedro sino sobre la sociedad en conjunto. Es en el fondo sobre lo que advertía Frederic Bastiat: centramos nuestra atención en lo inmediato que vemos, pero olvidamos los efectos a largo plazo que no advertimos en el momento.

Si realmente pensamos que las máquinas son malas porque crean desempleo, acabaremos en lógica defendiendo ideas tan peregrinas y absurdas como que deberíamos usar cucharas en lugar de palas para hacer zanjas y así crear empleo, o que las calculadoras son malas porque crean desempleo entre las personas que saben calcular. Nadie puede negar que la invención de la imprenta por Gutemberg en el siglo XV desempleó en su original trabajo a incontables copistas.

Todo esto, el pensar que las máquinas son malas para el empleo y la humanidad, es una falacia económica con nombres y apellidos. Dicha ocurrencia fue popularizada de Ned Ludd (creador del ludismo) a comienzos del siglo XIX, y como tantos otros sofismas y falsas creencias, sigue siendo creído por innumerables víctimas de cualquier genialidad anticapitalista de última hora.

Una de las consecuencias del capitalismo de libre mercado es que tendemos a tener cada vez más tiempo libre y a la vez más capital y bienes disponibles. Gracias en gran medida a que las máquinas trabajan para nosotros.

@AdolfoDLozano

Interstellar: Interés general y egoísmo

En noviembre se estrenó en nuestro país la última película de Christopher Nolan. Sin estar a la altura, en mi opinión, de las de Batman, es en todo caso una película imprescindible. Y, como suele ser el caso con el director, da para muchas reflexiones de todo tipo.

La mía ya se puede imaginar que tendrá algo que ver con la economía. Pero antes de seguir es obligatorio avisar que al avezado lector que se interne en las siguientes líneas le esperan algunos "spoilers" sobre la película. No creo que sean "spoilers" decisivos, pero no está de más avisar para que nadie se enfade.

La historia se sitúa en la Tierra, en un futuro más o menos cercano, en que las inclemencias atmosféricas hacen que solo algunas especies vegetales puedan sobrevivir. Ello, a su vez, pone en riesgo a la especie humana, cuya alimentación ha pasado a sostenerse en el maíz.

En tan hostil entorno transcurre la vida del protagonista (el magnífico True Detective Matthew McConaughey), quien vive en una granja con sus dos hijos y su padre, dedicado, por supuesto, al cultivo del maíz.

A no mucho tardar, nos traza Nolan el carácter de la sociedad en que vive la Tierra. En efecto, el protagonista, que es ingeniero astronáutico devenido en granjero, tiene ilusiones de que su hijo pueda dedicarse también a la ingeniería. Sin embargo, la burocracia dirigente ha decidido que lo que se necesita en el mundo ahora son granjeros y no ingenieros, y que a tal tarea deberá dedicarse también el hijo.

Este suceso es complementado por una conversación con el padre del protagonista, en que aquel recuerda los gloriosos días pasados en que prácticamente todos los días había algún producto nuevo que comprar. Así pues, nos movemos en una sociedad en que, al menos en algunos aspectos, se utiliza la planificación central como sistema económico. Y, en consecuencia, la innovación tiende a desaparecer.

En una lectura más concreta, al considerar los planificadores sociales que la única alternativa para sobrevivir es el cultivo del maíz (y asumir que tienen información perfecta para tomar la decisión), es lógico que todos los recursos disponibles se dediquen a tal tarea. Desdeñan completamente la innovación porque no entra en sus paradigmas; precisamente esa innovación que podría salvar al maíz si se dejara a la gente investigar (ser ingenieros) en lugar de obligarles a cultivarlo. Esta relación entre supervivencia e innovación es uno de los temas que también presiden el desenlace final, al que ahora nos vamos a dedicar.

Y así transcurre la vida hasta que por razones que no voy a explicar, nuestro héroe entra en contacto con el núcleo científico dedicado a salvar a la humanidad. Aquí se entera de que el maíz también está llamado a extinguirse y con él la especie humana, a menos que se busquen alternativas fuera de la Tierra.

Tienen bastante avanzado el programa de rescate: han identificado tres posibles planetas en que se podría sobrevivir, y solo queda ir a chequearlos, misión de la que se encargará el protagonista, que para eso fue astronauta. Cuando hallen uno que sea viable, deberán avisar a la base en la Tierra, activándose uno de dos planes: o bien se manda a la población de la Tierra al nuevo planeta (para lo que tienen en marcha un programa de investigación que seguramente pronto dé resultados), o bien, si va mal el primer programa, se mandan unos embriones para que una nueva humanidad colonice el planeta. En ambos casos, la humanidad se salvará.

Por supuesto, nuestro héroe marcha al espacio con todas las garantías por parte del núcleo científico de que el primer programa terminará con éxito, y de que podrá volver a ver a sus hijos en el nuevo planeta. Pues es esto precisamente lo que motiva al granjero a arriesgar su vida en una aventura sin retorno: la supervivencia de sus hijos, sobre todo de su queridísima hija a la que, en una amarga despedida, ha prometido formalmente que volvería a ver.

Desgraciadamente, y ahora viene el spoiler más gordo, el programa de viaje para los terrícolas es mentira. Ya hace mucho que los planificadores centrales han decidido que sería imposible el traslado al nuevo planeta y han elegido la solución de una nueva humanidad, actuando, eso sí, guiados por el interés general, y no por los intereses egoístas de cada ser humano.

De ello se enterarán los viajeros cuando ya esté superado el punto de no retorno. Es comprensible su desesperación y desconfianza, incluso mutua, a partir de ese momento. Sin embargo, hay algo que permanece: la determinación del protagonista por volver a ver a su hija, por mantener su promesa contra toda posibilidad. Lo que permanece es el egoísmo individual del héroe por reunirse con sus seres queridos: el protagonista no quiera salvar a la humanidad, simplemente quiere ver a su niña. Así de sencillo, así de grande.

Al final, por supuesto, es esta determinación la que salva el día y a la humanidad. Pues solo por amor a su hija el protagonista asumirá un riesgo brutal para su vida, algo que ninguno de los planificadores centrales hubieran hecho por la humanidad. Y la apuesta le sale bien… pero eso ya lo imaginabais.

La lección de la película es clara: es la iniciativa individual la que hace avanzar al mundo, son los egoísmos de cada uno de nosotros los que hacen que la humanidad progrese y sobreviva. Ningún bienintencionado planificador central (léase político) puede en nombre del interés general llevarnos a otro sitio que al desastre.

Los expertos dicen que Interstellar es bastante coherente con las leyes físicas, dentro de lo que es una película de ficción[1]. Yo me atrevería a decir que también respeta las leyes praxeológicas. ¡Disfrutadla!



[1] Por ejemplo: http://www.businessinsider.com/crazy-physics-to-understand-interstellar-2014-11.

Alquileres de renta antigua: el privilegio antisocial de los negocios inviables

Ha desaparecido el régimen de la renta antigua de los locales comerciales desde el 1 de enero de 2015 y, con ello, el inmoral y antisocial privilegio de muchos comercios. Se habla de unos 70.000 comercios (TINSA) que tendrán que renegociar el alquiler. 

Los arrendatarios no podrán seguir disfrutando de los "contratos" impuestos hace más de 30 años y los inmuebles comerciales volverán al mercado libre. 

Esto significa que los arrendadores podrán volver a negociar el alquiler de sus inmuebles a precios de mercado, cosa que hasta ahora les era imposible por impedimento legal. Podrán volver a cobrar rentas a precios de mercado. 

Hasta ahora los afortunados inquilinos estaban pagando de 5 a 10 veces menos de lo que hubieran tenido que pagar (sobre todo en zonas céntricas de grandes ciudades). No es de extrañar que hayan puesto el grito en el cielo tratando de salvaguardar sus privilegios.

Ciertamente regresar al mercado libre les puede doler. Tener que pagar precios de mercado puede ser odioso. Pero más odioso debe ser para el propietario, que es consciente de estar perdiendo una importante cantidad de dinero (miles de euros cada mes en muchos casos) por leyes inmorales y liberticidas impuestas coactivamente por el Estado.

Pero el libre mercado es inseparable de la justicia y el derecho, es decir, es inseparable de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. El inmueble es propiedad privada del arrendador, y resulta totalmente inmoral e injusto que éste no puede negociar libremente a qué precio alquila sus propiedades.

Muchos de los privilegiados comerciantes se han hecho las víctimas argumentando que deberán cerrar su negocio por la subida de los alquileres.

Sin embargo, esta actitud sólo puede ser tildada de caradura y antisocial. Por un lado hay que dejar meridianamente claro que el propietario también tiene un negocio: el alquiler de su inmueble. Un inmueble que, como hemos dicho, es de su propiedad y que por tanto debe poder controlar sin interferencias de terceros. Ya es hora que los propietarios dejen de subvencionar a los arrendatarios.

Cuando los comerciantes afectados se reúnen en lobby y piden al Estado que prorrogue la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, lo que están pidiendo es que se beneficie su negocio a costa del negocio del propietario. Piden que se privilegie a unos negocios frente a otros. Piden que se pisotee la propiedad privada de los demás. Piden una sociedad más injusta e inmoral. Piden la ley de la selva. Piden una sociedad regida por comportamientos mafiosos y no por un estado de derecho. Piden una sociedad desigual y parasitaria.

Todo sin olvidar que han tenido más de 30 años para ir actualizando progresivamente la renta que pagaban a lo que deberían pagar realmente en un mercado sin intervenir. Muchos de ellos se han negado por mucho que el propietario lógicamente insistiese. Una muestra más de su comportamiento injusto e antisocial.

Pero el beneficio no sólo es para los arrendatarios. La sociedad en su conjunto es la gran beneficiada del fin de las rentas antiguas.

Por un lado, al subir los alquileres a precios de mercado se pondrán de manifiesto qué negocios eran viables y cuáles no lo eran. Se eliminarán los negocios que no crean suficiente valor para los ciudadanos. Serán sustituidos por otros que sí sean capaces de ofrecer productos y servicios que los ciudadanos deseen, y por tanto crear más riqueza y más empleo.

De perdurar las rentas antiguas se estaría haciendo sobrevivir artificialmente a unos negocios ineficientes a expensas de otros que sí son eficientes. Las rentas antiguas significan discriminación y trato desigual entre negocios. Significan injusticia, asimetría y desigualdad. Son, por definición, antisociales. Todos los negocios y personas tienen derecho a existir y ser tratados de forma justa e igual.

Por otro lado, se reactivará el mercado de alquiler de locales comerciales. El fin de las rentas antiguas introducirá en el mercado todos estos locales que hasta ahora estaban fuera de mercado. Incluso es posible que el incremento de la oferta de alquiler haga que los precios de los locales bajen en según qué zonas más afectadas por las rentas antiguas. Algo realmente necesario para salir y sobrevivir a la crisis económica que sufrimos. Quizás si esto se hubiera solucionado hace tres décadas posiblemente existiría más equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario.

Por todo ello, y por mucho que los lobistas insistan, su causa no es la del interés general. No es la causa de todos. Mentira. Su causa es estrictamente personal, individual y discriminatoria. Los grandes afectados de esta historia han sido los propietarios, que no han podido ejercer su legítimo derecho a la propiedad privada del inmueble teniendo unas pérdidas de rentas inaceptables en una sociedad que aspira a ser próspera, justa y libre.

Primera regla económica: no empujen, por favor

Una de las razones que la mayoría de los economistas bienintencionados aceptan para justificar la intervención estatal es el impulso de una actividad "adecuada". Por ejemplo, tras los buenos datos de empleo de la economía española, son varios los profesionales que aconsejan que el Estado apoye, no a las actividades responsables de estos resultados positivos (consumo y turismo), ya que están demostrando su fortalecimiento, sino, dicen, actividades industriales creadoras de empleo, pero de un empleo más sólido, no tan dependiente de la coyuntura como el turismo o el consumo navideño.

Tiene su lógica. Pero una vuelta de tuerca mental más basta para desvelar la perversión de este razonamiento tan bienintencionado que, como muchos de los errores que acarrean las buenas intenciones, mezcla verdades con falsedades.

Es cierto que el nuevo empleo creado se centra en actividades que dependen demasiado de la coyuntura económica del momento y, en el caso del turismo, de la situación económica de otros países. Es cierto que sería ideal que España desarrollara un sector productivo basado en actividades más sólidas, como las industriales. Es cierto que el apoyo del gobierno debería mirar a los empresarios más que a lobbies que aseguren la victoria electoral. Es cierto que el apoyo a los empresarios y la creación de empleo es la mejor política social, porque permite que los trabajadores recuperen su renta, su modo de vida y sus expectativas frente a la vida.

Pero ¿de qué apoyo hablamos? ¿Se trata de subvencionar actividades?

El error del razonamiento de partida consiste en la idea del empujoncito amistoso por parte del gobierno a los empresarios de esas actividades industriales que, supuestamente van a crear empleos más sólidos. Ese "pellizco" con el dinero de todos, permitirá supuestamente, atraer a inversores que verán una oportunidad de beneficio. Y luego ya se eliminarán las ayudas cuando la cosa marche.

Pero ¿quién decide de antemano qué actividades son esas? ¿quiénes sino los propios inversores pueden olfatear las expectativas de beneficio? Si el Estado pervierte las señales los inversores pueden equivocar sus decisiones de manera que, como en la profecía autocumplida, la propia intervención facilitará el resultado previamente sugerido y que sirvió de base para esa intervención. La historia reciente nos proporciona muchos ejemplos, como el supuesto éxito de algunas energías alternativas, o del sector agrícola, que son rentables con subvención, pero un desastre sin ella.

Con todo y con eso, aún hay un panorama peor. Y es el caso en el que incluso con subvención, la actividad sigue sufriendo pérdidas. El ejemplo perfecto es la minería del carbón en España que, tras muchos años de dinero de todos los españoles invertido en ella, ha resultado un pozo sin fondo y sus defensores, se han visto obligados a dejar de considerarlo un problema económico para apelar a la solidaridad. No deja de ser curioso dada la ingente cantidad de dinero malgastado en ello que no muestren los mineros la misma solidaridad que reclaman.

¿Cómo puede, pues, el Estado ayudar a la creación de empleos más consolidados? Pues simplemente retirando las piedras del camino de inversores y empresarios. Retirando las cargas que pesan sobre sus hombros. No más. Es, por descontado, un camino que reporta menos votos, más lentos, pero también sin duda, más seguro porque no pervierte la percepción del estado de las cosas de quienes tienen como misión descubrir las oportunidades de éxito empresarial y apostar por ellas.

Y luego está la otra solución. La más intuitiva. ¿Y por qué no afianzar esos sectores en los que ya sabemos que somos buenos? ¿Por qué no fortalecer el turismo y las empresas productoras de bienes tanto de consumo interno como para exportación? Y, de nuevo, no se trata de subvenciones sino de permitir la innovación, la diversidad y facilitar la inversión.

Todos los argumentos que me encuentro de frente se refieren al horror en el que nos vamos a convertir si resultamos ser la California europea, y suelen ser defendidos por personas que nunca han estado en California.

Si el Estado se limitara simplemente a no empujar a los empresarios y a eliminar trabas para que las inversiones fluyan allá donde hay rentabilidad, tal vez nuestros gobernantes no serían aclamados a corto plazo, pero sí se aliviaría el problema del desempleo, y esa sería la medida más social de todas las medidas económicas.

Calidad y decencia

Gracias al distinguido periodista canario Antonio Salazar tuve conocimiento de unas declaraciones de la socióloga y politóloga venezolana Elizabeth Tinoco, directora regional de la OIT para América Latina y Caribe, que recogió ABC.

Abogó por "políticas activas del mercado de trabajo, las políticas salariales que incrementan la capacidad de consumo, y eso repercute en la recuperación y los incentivos para promover el emprendedurismo juvenil". Rechazó los minijobs y la precariedad laboral: "No vale generar cualquier trabajo", sino "crear empleo decente para todos (…) empleo de calidad (…) empleo que garantiza la protección social, que tiene un salario adecuado". Y apostó por la intervención pública también en los servicios de empleo "que sirvan de enlace a los jóvenes para conseguir un empleo que se ajuste a ellos”.

Dirá usted: ¿y qué? ¿Quién se opondrá a un empleo decente y de calidad? ¿No es eso lo que desea cualquiera? El problema, claro está, es que la señora Tinoco no está a favor de la libre contratación entre trabajadores y empresarios, en cuyo caso habría abogado por ella, sino por una contratación intervenida por el poder. De ahí que, en realidad, sus declaraciones susciten dudas. 

Empezando por el principio, es más que dudoso que el consumo promueva la recuperación económica, porque si así fuera la economía no habría entrado en crisis nunca, puesto que el consumo era muy elevado antes de la crisis. Los emprendedores jóvenes, y de cualquier edad, asimismo, no son promovidos por la intervención pública sino por su ausencia, en la medida en que reduce los costes de su actividad.

Dicha intervención, del mismo modo, tiende a producir paro, lo que resulta contradictorio con el empleo protegido, decente y de calidad. Otro tanto sucede cuando el salario adecuado no es establecido voluntariamente entre las partes sino forzado por el poder y las burocracias políticas, empresariales y sindicales.

Por último, que la señora Elizabeth Tinoco confíe en la intervención para lograr más empleo para los jóvenes, cuando es esa misma intervención la que provoca un paro juvenil superior al 50%, representa, como diría Oscar Wilde sobre el matrimonio, el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.

La revolución Uber

El taxi es un servicio que tradicionalmente se ha pensado que no podía ser provisto por un mercado libre y desregulado. Los argumentos que a este respecto se han ofrecido han sido muy variados, pero se resumen en: asimetría de información (el usuario no puede saber de ninguna manera si un conductor es fiable y le va a prestar un servicio de adecuada calidad), excesivo poder de negociación por parte del conductor (si en cada viaje se renegocian los precios, el conductor tendrá una elevada capacidad para imponerle una alta tarifa al cliente, sobre todo durante los picos de demanda de taxis), aglomeración en algunos tramos del mercado (por ejemplo, en los aeropuertos no hay espacio físico para que los taxis se ubiquen libremente como deseen, sino que han de ser ordenados en colas específicas para optimizar el espacio y la utilización del servicio) y tendencia al colapso del mercado (si todo el mundo puede ser taxista, los ingresos per cápita serán tan reducidos que nadie podrá dedicarse profesionalmente a ello, de modo que todos los taxistas serán amateurs).

Estos “fallos del mercado” han servido hasta ahora para justificar la intervención estatal en el mercado de taxis a través de la expedición de un limitado número de licencias que, además, iban asociadas a una estricta regulación pública de los precios y de las condiciones de transporte y de competencia entre taxistas. El Estado, pues, ha terminado erradicando cualquier rasgo de mercado libre y competitivo en el sector del taxi con la aquiescencia generalizada del público, quien verdaderamente se ha creído la narrativa de que no existían alternativas a semejante regulación cartelizadora.

Por fortuna, si alguna vez hubo algún motivo para regular el sector del taxi, ese tiempo ya pasó: la aparición de Uber —una sencilla App que permite conectar al conductor con el pasajero en tiempo real— supone una auténtica revolución que hace del todo innecesaria cualquier tipo de normativa estatal al respecto. Todos los presuntos fallos del mercado que asolaban al sector del taxi son perfectamente solventados gracias a esta innovación tecnológica y empresarial.

Fallo 1: asimetría de información

¿Cómo saber si un conductor es confiable y no un potencial delincuente? ¿O cómo saber que el taxista no estafará al cliente maximizando el trayecto y el tiempo del viaje? Son problemas típicos que afectan a cualquier usuario, pero especialmente a los turistas que desconocen por entero una ciudad y sus costumbres. En muchos otros mercados, la calidad del servicio se regula a través de amenazas de represalia: si un vendedor nos presta un mal servicio, no volvemos a comprar en él, por lo que necesita mantenernos permanentemente satisfechos. En el taxi, sin embargo, ni siquiera disponemos de esta opción, ya que se trata de un servicio de trato no recurrente: lo habitual es que jamás repitamos viaje con un mismo taxista, por lo que como consumidores no podemos sancionar al mal conductor, quien por tanto posee fuertes incentivos a estafarnos.

Ciertamente, las compañías de taxis tienden a solventar parcialmente este problema: con tal de proteger su imagen de marca y su reputación, implementan procesos de selección de personal y aprueban regulaciones internas para garantizar la calidad del servicio. Pero suele argüirse que la solución es insuficiente: algunas compañías podrían imitar la marca o el nombre comercial de sus rivales para “parasitar” su prestigio, ofreciendo un mal servicio; asimismo, los turistas normalmente desconocerán por entero las compañías locales, por lo que no podrán seleccionar las más prestigiosas.

Uber, sin embargo, solventa totalmente el problema de asimetría de información. Por un lado, cada conductor es evaluado por cada usuario al terminar el trayecto mediante un sencillo sistema de cinco estrellas. De este modo, cada cliente puede conocer antes de contratar un servicio de taxi la calidad media de todos los conductores disponibles en la zona. A los conductores con ratings bajos (y, atención, se considera una nota “baja” toda aquella que no llegue a 4,7 sobre 5) se les notifica que pasan a estar bajo vigilancia y si, pasadas unas pocas semanas, no logra mejorar su rating, son desactivados de la aplicación (es decir, ya no pueden prestar sus servicios a través del sistema de Uber). Por tanto, los incentivos de los conductores para ofrecer un servicio de calidad son extremadamente altos.

Por otro lado, antes de contactar con un conductor los usuarios han de introducir la ruta que desean efectuar (punto de recogida y de destino), gracias a lo cual la App de Uber le proporciona al usuario el trayecto óptimo que el taxista deberá seguir (trayecto que además puede ser monitorizado por el usuario durante el viaje), así como un fiable horquilla del coste final del trayecto. Por tanto, el pasajero puede controlar en todo momento qué ruta está siguiendo el conductor: algo que hasta muy recientemente no podía hacer, por cierto, con los taxis convencionales.

En suma, la asimetría de información deja de ser un problema con Uber: incluso el turista que desconozca absolutamente una ciudad —incluso el idioma de esa ciudad— puede contratar un servicio de transporte de viajeros a través de Uber con las garantías de que no será estafado.

A este respecto, sólo un comentario adicional: con Uber, la asimetría de información no sólo se reduce para el viajero, sino también para el conductor. Conocidos son los casos de taxistas que han sido agredidos por pasajeros violentos, lo que convierte el oficio de taxi en uno relativamente peligroso. Uber, empero, también permite que los conductores evalúen a los usuarios, de manera que los taxistas saben cuán confiable es el pasajero antes de aceptar recogerlo (es decir, Uber contribuye a reducir la “prima de riesgo” de ser taxista).

Fallo 2: poder de mercado del conductor

Imagine que se ha terminado de comer las uvas con la familia en Nochevieja y desea coger un taxi para irse a una sala de fiestas. La demanda de taxis en ese momento es tan superior a la oferta que si los precios no estuvieran regulados y fijados de antemano —esto es, tuvieran que negociarse cada vez y en cada caso entre conductor y usuario— el taxista podría exigir tarifas absolutamente desproporcionadas que muchos pasajeros, ante el riesgo de no encontrar otro taxi disponible en toda la noche, aceptarían pagar. Tal vez este caso pueda parecerle altamente atípico, pero lo cierto es que en ciertos contextos un taxi puede convertirse en una especie de monopolio local: si no hay demasiados taxis alrededor, cuando encontramos uno que necesitamos coger, el conductor pasa a poseer un elevado poder de mercado para imponernos sus condiciones. De nuevo, las compañías tradicionales de taxis suponen una solución imperfecta, ya que no tienen por qué copar todos los tramos del mercado (dejando espacio para desaprensivos conductores autónomos a la caza de usuarios en dificultades).

Pero Uber solventa de nuevo el problema. Primero porque desde la App de Uber el usuario puede consultar cuántos vehículos disponibles hay alrededor de su zona, con lo que la incertidumbre de hallarse en medio de la calle sin saber si existen otros taxis disponibles desaparece en gran medida. Segundo porque quien fija los precios no es el conductor, sino la propia Uber, por tanto el taxista carece de cualquier poder de negociación (de hecho, el conductor cobra electrónicamente a través de Uber, quien efectúa un cargo en la tarjeta de crédito del usuario). Y tercero, porque el sistema de precios de Uber es dinámico: un aspecto que acaso convenga desarrollar por cuanto es una de las mayores innovaciones de Uber y uno de los motivos por los que es más frecuentemente atacado.

Aunque Uber tiene unas tarifas base que operan en el 90% de los viajes, cuando se producen picos de demanda Uber incrementa temporalmente los precios lo suficiente como para que oferta y demanda casen: unos precios más elevados estimulan que los potenciales conductores que están descansando en sus casas salgan a ofrecer sus servicios y desincentiva a los usuarios que no necesitan intensamente un taxi a que lo soliciten. Uber, por tanto, es una App que internamente crea un mercado extremadamente competitivo: si hay conductores alrededor, el usuario siempre encuentra un taxi en tanto esté dispuesto a pagar el correspondiente múltiplo de tarifas base.

Como digo, esta fijación dinámica de los precios según el desequilibrio existente entre oferta y demanda suele constituir un recurrente blanco de críticas contra la compañía (especialmente cuando los picos de demanda son verdaderamente dramáticos). Sin embargo, fijémonos en que la alternativa a pagar precios mayores es el racionamiento de la oferta, esto es, hacer cola: si, para un precio dado, hay más demanda que oferta y los precios no pueden subir, no habrá oferta para todos. Tal vez a usted le desagraden instintivamente las subidas temporales de precios (da la impresión de que el oferente se “aprovecha” del demandante), pero pensándolo fríamente las ventajas de las alzas de precios frente a las colas son obvias en dos sentidos: primero, quien verdaderamente necesita un taxi, lo termina obteniendo (pagando precios más altos que le compensan esa urgente necesidad); segundo, la oferta de taxis aumenta con los mayores precios (no lo hace cuando se opta por racionar mediante las colas). Gracias al sistema dinámico de precios, la insuficiencia de taxis con respecto a la demanda suele desaparecer rápido (regresando automáticamente las tarifas a la normalidad) a diferencia de lo que sucede en muchas ciudades donde la administración ha contingentado artificialmente el número de licencias y, por tanto, esa insuficiencia se convierte en un mal endémico.

Fantástico: Uber se comporta internamente como un mercado cuasi-perfectamente competitivo, pero ¿y externamente? ¿Acaso Uber no podría aprovechar su posición de mercado para ir subiendo las tarifas base que cobra a sus clientes? Muy improbable: el modelo de negocio de Uber es fácilmente reproducible en un mercado de taxis liberalizado (sólo es necesaria una App que coordine en tiempo real a conductores y usuarios). La única barrera de entrada verdaderamente existente es la imagen de marca y la reputación de Uber: ¿sería sensato que Uber dilapidara esa imagen de marca encareciendo la prestación de sus servicios? No lo espere.

Fallo 3: aglomeraciones en algunos tramos

Existen ciertas zonas neurálgicas dentro de una ciudad —aeropuertos o estaciones de tren, por ejemplo— donde el taxista solo tiene que aparcar y esperar a que vayan llegando clientes en masa: justamente por ello, esos espacios son muy cotizados por casi todos los conductores y tienen a ser un foco caótico. ¿Cómo asignar los escasos huecos disponibles alrededor de esos centros neurálgicos? Una opción sería que el que llega primero, se lo queda: es decir, aquellos taxistas que ocupen antes una plaza delante del aeropuerto se quedan con la misma hasta que sean contratados por el usuario. La solución, empero, no es ideal: parece claro que el espacio ante un aeropuerto puede optimizarse mediante una planificación central (por ejemplo, una fila de taxis), evitando así el desorden propio de toda aglomeración y garantizando un mejor servicio para el usuario. Por tanto, parece haber un cierto margen para la regulación de esos espacios.

Es cierto que Uber no proporciona una solución definitiva al problema de la falta de espacio en ciertos tramos del mercado (de momento, no ha sido capaz de vencer a las leyes físicas), pero fijémonos en que la solución a ese problema no ha de venir de Uber, sino de la autoridad encargada de gestionar el aeropuerto o la estación de ferrocarril: es esa autoridad (que no necesariamente tiene por qué ser el ayuntamiento o el Ministerio de Fomento: podría ser una entidad pública independiente o, también, una entidad privada propietaria de la infraestructura) la que tiene que regular internamente cómo ordenar el uso de su espacio. Sostener que esto constituye un fallo del mercado de taxi que hace indispensable la expedición de licencias sería tanto como decir que para evitar que el parking de un centro comercial privado se convierta en un circuito de autos de choque se hace necesario regular el número de vehículos que pueden venderse o que tienen derecho a acudir a los centros comerciales (es cada centro comercial quien proporciona tales normativas necesarias sobre el uso de sus parkings). Es decir, el problema de las aglomeraciones espaciales no es un problema del mercado de taxis, sino de la regulación (pública o privada) de ciertos espacios con alta densidad de vehículos.

Aun así, Uber sí proporciona buena parte de la solución a este problema, dado que el usuario y el conductor pueden pactar el punto de recogida desde la propia App. De este modo, incluso cuando Uber carezca de licencia para circular por dentro de un aeropuerto (aunque, evidentemente, sí puede recoger y dejar pasajeros en aquellas zonas habilitadas para particulares), el cliente dispuesto a caminar unos metros puede pactar su recogida en cualquier punto alejado de la zona congestionada. Uber no puede vencer las leyes físicas, pero sí las económicas al multiplicar el espacio útil para recogidas alrededor de un punto neurálgico.

Fallo 4: saturación y colapso del mercado

El último tradicional fallo del mercado atribuido al sector del taxi es que se hace necesario controlar cuánta gente se dedica a ofrecer servicios: dado que en el sector del taxi apenas existen barreras de entrada (casi todo el mundo posee coche propio), dedicarse ocasionalmente al oficio de taxista es muy sencillo, lo que implica que el mercado podría terminar fragmentándose en exceso, cayendo en manos de chóferes amateurs y no comprometidos con su profesión. Sólo garantizando unas rentas mínimas a los taxistas (cerrándoles el libre acceso a este mercado a los potenciales competidores), conseguiríamos un servicio no intermitente y de calidad.

Afortunadamente, existe una alternativa que es justo la que Uber proporciona: contar con un ejército de conductores profesionales a tiempo parcial que, además, sean muy sensibles a las variaciones de precios ante picos de demanda. No hay ninguna necesidad de que todos los taxistas se dediquen a ello en exclusiva y a tiempo completo: la oferta de taxis puede estar igualmente garantizada con un mayor número de conductores trabajando a tiempo parcial que flexiblemente acceden al mercado cuando hay carestía de taxis y que además están muy incentivados (y disciplinados) a prestar un buen servicio.

Pero no se preocupe: si cree que sólo los taxistas especializados y a tiempo completo son capaces de proporcionar a largo plazo un buen servicio, Uber también ofrece un remedio para ello. En la medida en que cada conductor puede diferenciarse de sus rivales a través de la valoración de los usuarios, si usted predice que sólo los taxistas a tiempo completo son capaces de ofrecer un servicio óptimo, el propio mercado terminará barriendo a los conductores amateurs a tiempo parcial merced al rating de Uber.

Conclusión

Tras la revolucionaria aparición de Uber, las licencias de taxis se han convertido en un injustificado privilegio oligopolístico dirigido, sí, a garantizarles unas rentas mínimas a los propietarios de las licencias (en muchas ocasiones ni siquiera al propio conductor del taxi) sin que exista ningún buen motivo para ello.

La revolución de Uber está aquí para quedarse. Los distintos gobiernos y tribunales podrán tratar de reprimirla para proteger los intereses gremiales del lobby del taxi —intereses que actualmente no coinciden en absoluto con los intereses de los consumidores—, pero a medio plazo no podrán continuar justificando lo injustificable. En este sentido, más les valdría a los actuales taxistas, protegidos tras el frágil espejismo de las licencias, ir adaptándose a los inexorables cambios en lugar de seguir cabildeando en defensa de un sistema de castas obsoleto e insostenible. A diferencia de en muchos otros campos, en éste no tengo ninguna duda de que la libertad prevalecerá. 

¿Acabará Google España en la Quebrada de Galt?

“¿Quién es John Galt?”. Quizás esa sea algún día la pregunta que se hagan Cebrián, Lara, el conde de Godó, Enríquez (presidente de AEDE y consejero delegado de Vocento) o Fernández-Galiano (presidente de Unidad Editorial).

La reacción de los editores de periódicos de papel españoles ante el anuncio del cierre de Google News en España (además de la desaparición de cualquier medio de este país en el mismo servicio del gigante de Internet en el resto del mundo) parece sacada de La Rebelión de Atlas. De hecho, ha sido así desde el momento mismo en el que pusieron sus ojos en el agregador de noticias más utilizado. Las compañías del viejo periodismo se han comportado ante la empresa norteamericana como esos malos empresarios que en la novela de Rand buscan en todo momento apoyo del poder político ante el nuevo y magnífico metal producido por Readen Steel.

Es cierto que en la novela lo primero que hacen los representantes de las empresas anticuadas protegidas desde el poder es intentar prohibir que el producto salga al mercado. En el caso de Google News es diferente. En este caso, los editores de prensa lo recibieron con actitudes que oscilaban entre la indiferencia y el interés por algo que les podría proporcionar visitas. Pero ya la segunda y la tercera etapa sí parecen sacadas del libro protagonizado por Dagny Taggart, ‘Hank’ Readen y John Galt.

Pero de repente las cosas cambiaron. La dura crisis general se unió a los propios errores de gestión y un modelo de negocio anticuado por parte de las empresas periodísticas tradicionales. Pusieron entonces sus ojos en una compañía que estaba revolucionando el sector de la información ofreciendo al público lo que quería. Y reclamaron al Estado que les entregara una parte del pastel. Y si en La Rebelión de Atlas los empresarios anticuados del acero logran que el Gobierno obligue por ley a Readen Steel entregarles parte de su magnífico y revolucionario metal, en España lograron que impusiera la denominada ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’.

Quisieron ir, eso sí, más allá que en otros países. En Alemania la normativa permitió que las publicaciones digitales que quisieran pudieran renunciar a cobrarlo, y Google movió pieza. Sacó de su servicio de noticias a aquellos periódicos que querían pasar por caja y mantuvo a las que renunciaron a hacerlo. El descalabro fue tal para los primeros, debido a la gran cantidad de visitas perdidas, que la mayor parte de ellos terminó sumándose al segundo grupo. Para evitar que esto ocurriera, la Asociación de Editores de Periódicos Españoles (AEDE) logró que el Ejecutivo no permitiera que se renunciara al cobro (puesto que muchos digitales y algunos de papel con edición en Internet tenían muy claro que lo iban a hacer).

El precio fue alto, tanto como entregar a Rajoy y Sáenz de Santamaría la cabeza de tres directores de periódico incómodos para el Gobierno (el más importante de ellos era Pedro J. Ramírez). Sin embargo, esos viejos empresarios que recurrían a los favores políticos consideraron que merecía la pena. Fuimos muchos los que advertimos de que existía el riesgo evidente de matar la gallina de los huevos de oro, que Google News cerrara en España. Y finalmente, la compañía de Internet lo ha hecho.

Es en este momento en el que AEDE y sus asociados se han asustado, viendo el descalabro que puede suponer para ellos perder los lectores que llegaban a sus páginas a través del agregador de Google (el daño que esto hace al resto de medios presentes en Internet, nativos digitales o no, no les importa). Y han reaccionado. Pero no lo han hecho dando marcha atrás y proponiendo el fin de la ‘tasa Google’. En absoluto. Han vuelto a actuar como los malos empresarios acereros de La rebelión de Atlas. Si estos presionaron, y lograron, que el Gobierno prohibiera a Readen cerrar su compañía, para poder seguir saqueándole, los editores de prensa españoles reclaman al Ejecutivo y a la Unión Europea que intervengan para impedir el cierre de Google News. No quieren renunciar ni a las visitas ni al dinero que les tendría que entregar el gigante de Internet. Y para ello no les importa exigir que el poder político impida a una empresa privada ejercer su autonomía y dejar de ofrecer un servicio que ya no le compensa.

Como sigan por este camino, pueden terminar logrando que Google desaparezca del mercado de Internet español. Cabe preguntarse si la filial de esa empresa en nuestro país terminará en una Quebrada de Galt digital.

La madre de todas las quiebras

En la semana que se presenta el libro sobre energía de Daniel Lacalle La madre de todas las Batallas (Deusto, 2014), se cierne sobre nuestras cabezas la representación de la “madre de todas las quiebras”: la de la confianza en el regulador. Si la crisis financiera fue dura, si las quiebras empresariales son dolorosas y dejan penosos rastros de desempleo y dramas familiares, si la quiebra del presupuesto equilibrado, proclamada por Keynes como solución (por algo le llamaron el enterrador del presupuesto equilibrado), es un lastre para el crecimiento de las economías, nada de eso es comparable con los efectos perversos a corto, medio y largo plazo que tiene sobre la economía y sobre toda la sociedad la quiebra de la confianza.

¿Confianza en qué?

No se trata de confiar en que Dios te ama. Allá cada cual con su sentido de la trascendencia. Se trata de no minar la confianza en las instituciones que aseguran que nuestro sistema, supuestamente el menos malo de los sistemas conocidos, es efectivamente eso: el menos malo. Y para ello existen órganos de control como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Superior del Poder  Judicial, el Tribunal Supremo, y desde hace un tiempo, las instituciones encargadas de “regular” los mercados estratégicos: el financiero, el energético o el de telecomunicaciones, por ejemplo.

Ese verbo, “regular”, se nos ha explicado como diferente a “controlar” o “monopolizar” a quienes creemos en el orden espontaneo que emerge del juego del mercado, y en la mayor capacidad para distribuir justamente del mercado, en tanto que conjunción de neuronas de las mentes de todos los participantes en el mismo (lo que se llama el orden extenso) frente a la estrechez de miras de un grupito de planificadores, sean estos bienintencionados o malignos. Ya no estamos en un régimen dictatorial con un INI que maneja la nave nodriza de la industria, ese INI tan buenista que eliminó la competitividad de nuestro horizonte. Ese INI que solamente Pablo Iglesias podría defender. (Lo que debe estar riendo el General en su tumba con el programa de Podemos).

La regulación no era, como algunos sospechábamos, el control del mercado, la manipulación de los precios con el riesgo de sesgo político que eso implica, sino simplemente vigilancia con el objetivo de que se cumplieran las normas y evitaran los abusos. Algunos no nos tragamos esas buenas palabras. Muchos otros sí. Y ahora pasa lo que pasa.

La credibilidad de la justicia ya está cuestionada. La credibilidad de los políticos, mucho más que eso. El Tribunal Constitucional, tocado. Faltaba lesionar la confianza en los “reguladores”. Y el caso Bankia ha logrado que el papel del Banco de España se vea herido profundamente. Porque las declaraciones de Luis María Linde, Luis de Guindos, los técnicos, el juez… están generando tal cantidad de ruido ambiental en los medios de comunicación que el pagador de impuestos, el incauto financiador de todos ellos, se siente exactamente igual que en medio de una bronca entre Belén Esteban, Kiko Matamoros y Raquel Bollo. Y, lo que es peor. No solamente no se entera de qué ha pasado realmente, sino que la conclusión general que saca es la misma que en el programa presentado por Jorge Javier: “Esto es un montaje donde todos cobran y yo pago la barra libre”.

Y ya es lo que nos faltaba.

La alternativa a la regulación

La diferencia entre el espectador de Telecinco y el paganini de turno es que mientras que el primero no tiene más que apretar un botón para que ese espectáculo dantesco desaparezca de su vista, el pagador de impuestos no.

¿Y qué hacemos ahora que ha fallado el “soft-control”? Pues hay dos alternativas. Eliminar la regulación o restaurar la confianza en la regulación. La segunda opción es bien difícil. Recuperar la credibilidad es un proceso lento que requiere de muchas cosas de las que carecemos, como por ejemplo, sociedad civil, conciencia, valores cívicos… nuestra sociedad está preparada para mentir, para asumir que nos mienten y para espiar tras las esquinas. ¿Lo está para entonar un mea culpa, reclamar la rendición de cuentas de cada uno de nosotros y de los políticos, exigir que los políticos no mientan? Porque me da la sensación de que a los españoles nos encanta que nos halaguen los oídos y vivir en la mentira.

Así que, tal vez se trata de eliminar la regulación. ¿Y entonces? Entonces se abre una nueva encrucijada: el mercado o el hipercontrol. El mercado (mi opción) es lo peor de lo peor, nido de víboras, azote de subvencionados, compuesto por gente sin corazón que se nutre de la libación de sangre de niños inocentes por las noches. Y luego está el hipercontrol. ¡Bienvenido Pablo, generalísimo del pueblo!

Rajoy o la persistencia del burócrata

De “todo el poder para los Soviets” que clamaba Lenin hace un siglo hemos pasado al más prosaico “todo el poder para los burócratas” de nuestros rajoyanos días. Hace tres años, cuando el barbas y la metro y medio se presentaban en los mítines, hablaban de regeneración y de devolver a España a la primera división. Decían de bajar los impuestos, quitar trabas a los empresarios, liberar a la justicia del yugo al que los políticos la tienen sometida y promover las reformas necesarias e inaplazables que nuestro país necesita para salir del marasmo actual. Hubo quienes lo creyeron, votaron en consecuencia y gracias ello Rajoy tiene más poder en sus manitas de opositor que cualquier otro gobernante desde que Felipe González perdiese la mayoría absoluta allá por los años ochenta. El estado de excitación del votante pepero era digno de encomio. Como habían idolatrado a Aznar –sin que éste mereciese ni de lejos tan súbito ascenso a los altares– pensaban que el rajoyato iba a ser una segunda edición corregida y aumentada de aquellos años de vino y rosas, de recaudaciones históricas y despilfarro en los que todo trinque fue posible.

Al final la regeneración se ha quedado en un centón de leyes redactadas al milímetro por el equipo soráyico habitual. Leyes cuyo único objetivo era blindar el desastre y, especialmente, a los causantes del desastre. Para muestra dos botones que el Gobierno acaba de coserse en la guerrera del despropósito. Primero vino el ya famoso impuesto de salida o “exit tax”, una aberración fiscal parida en las zahúrdas del draculín de Hacienda. Con ese impuesto en la mano va a ser materialmente imposible montar pequeñas empresas tecnológicas en España… bueno, tecnológicas y de cualquier otra cosa. El invento es de una maldad casi absoluta, implica que alguien que posee un porcentaje de una empresa recién fundada pero que tiene gran potencial de crecimiento deba pagar por adelantado ese potencial sin siquiera haberlo ganado. Es lo más parecido a liquidar a la gallina de los huevos de oro años antes de que haya puesto su primer huevo

Algo como el impuesto de salida solo cabe en la mente enferma de un legislador compulsivo cruzado con un salteador de caminos. Puedo llegar a entender que los burócratas quieran apropiarse por las bravas de lo que los demás producen, pero no que estos mismo burócratas impidan la producción misma. ¿Pero saben lo peor de todo? Nadie ha dicho ni mu de este disparate a excepción de los liberales, esos aguafiestas a los que el Gobierno mira de reojo y trata de mantener calladitos a cualquier coste. Con esa ley debidamente amejorada Podemos y sus socios harán virguerías, y si no al tiempo.

La otra idea que ha salido del recalentado caletre sorayino es la del canon AEDE, gracias al cual los españoles seremos los primeros en privarnos de un servicio tan útil como Google News. La historia pertenece más al género de la picaresca que al de la política. Los dueños de los periódicos de papel pensaron que el mejor modo de aliviar las fatigas de sus ruinosas cuentas de resultados era propinar un zapatillazo a Google. Acudieron a Moncloa con sus cuitas y allí, a metro y medio del suelo, les dieron la solución. Google aflojaría la mosca sí o sí. Una ley obraría el milagro. A cambio de ellos, de los periódicos, se esperaba cierto sentido de Estado, es decir, que no se metiesen con el jefe y, mucho menos, con la jefa en estos meses tan movidos que se avecinan. Sobre el papel funcionaba la idea. Google, esa perversa multinacional que tiene el “monopolio” de las búsquedas en Internet, pagaría sin rechistar. La realidad ha sido muy otra. Los chicos de Mountain View no saben quien es Soraya ni quieren saberlo, por no saber no saben ni donde está Valladolid ni qué diablos es un abogado del Estado. Más allá de la finca de estos señoritos de oposición y tente tieso el mundo funciona de otra manera. Pero ellos no lo saben. Su mundo es el de alargar la mano a fin de mes y esperar a que les pongan dinero encima, dinero arrebatado a la fuerza de otros que sí saben como funciona el mundo, mayormente porque tienen que enfrentarse a él cada mañana. Eso Rajoy y sus rajoyes no lo entienden, no lo entenderán jamás.