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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La decadencia de Europa

Escrito por mbisbal en . Publicado en Análisis diario.

Les misérables, así se titula un reciente análisis que publica The Economist sobre la decadencia del Viejo Continente. La razón por la que no hay crecimiento, argumentan, se debe al fracaso crónico de fomentar a emprendedores ambiciosos.

En contraste con la estadounidense, la cultura europea es poco favorable a la creación de grandes empresas y sus directivos tienen mucha aversión al riesgo. Cuando sus empresas fracasan, lo tienen muy difícil para empezar de nuevo. Una empresa fallida en Europa significa una mancha duradera, un estigma moral. En Estados Unidos hay bastante tolerancia al fracaso, mas en muchos rincones de Europa no existe una segunda oportunidad.

Algunos países europeos mantienen a emprendedores que han fracasado en el limbo durante años. El Reino Unido se descarga de la quiebra de sus deudas pasados 12 meses, más que en Estados Unidos. En Alemania, donde incluso quienes quiebran pueden afrontar una prohibición de por vida en altos cargos ejecutivos de grandes empresas, la gente tarda 6 años en conseguir un nuevo comienzo, y hasta 9 años en Francia.

Para ilustrar las diferencias con el resto del mundo, datos de 2010 muestran que los emprendedores con poca experiencia representan un 2% en Italia, poco más de un 4% en Alemania y casi un 6% en Francia de la población adulta. En Estados Unidos la cifra es del 7,6%. Otros países más emprendedores todavía son China y Brasil, con un 14% y 17%, respectivamente. También los europeos se muestran más negativos que sus semejantes norteamericanos, canadienses o brasileños cuando se les pregunta sobre su país como lugar para emprender.

Europa está llena de pequeños negocios. El problema real está en su falta de capacidad para producir suficientes empresas innovadoras que crezcan con rapidez y se hagan grandes. Por ejemplo, un estudio de 1990 explicaba que el 19% de las PYMES americanas crecían muy rápidamente, mientras que la media de seis países europeos era del 4%.

Así, mientras en Silicon Valley nacen multitud de empresas exitosas, como Amazon, Ebay o Google, aquí éstas se encuentran en menor medida. España, donde alrededor del 80% de trabajadores los emplean las PYMES, es un buen ejemplo del caso europeo.

Empero, esto no siempre ha sido así. Durante la Revolución Industrial, existían numerosas empresas de gran tamaño por todo el continente. En realidad, la mayoría de las grandes empresas europeas nacieron en el siglo pasado. Después de las guerras, Europa nunca recuperó su fecundidad y la devastación hizo que los ciudadanos fueran más adversos al riesgo que en el pasado. El proteccionismo reemplazó a unos mercados que antiguamente estuvieron fuertemente relacionados.

Según un análisis de las 500 empresas más grandes del mundo, en Europa solamente se creó una docena de 1950 a 2007, cuando Estados Unidos, en el mismo periodo, fue la cuna de 52 nuevas compañías. De las europeas, además, diez de las doce vieron la luz entre 1950 y 1975. La mayoría de las grandes empresas en Europa son anteriores, y en algunos casos mucho, a 1950.

Los start-ups dependen mucho de los inversores nacionales, y la situación de crisis no es favorable en este aspecto. Los inversores ven el capital riesgo europeo como un mal activo y el crédito es mucho menos abundante que en Norteamérica. Por eso, gran parte de las inversiones de las empresas europeas proviene de los gobiernos.

Las asfixiantes regulaciones laborales en muchos de estos países, a la par con unos mercados cada vez menos libres y más hostiles a la competencia, son responsables directos de este fenómeno, que no son más que un impedimento a la creación de empleo, desarrollo y crecimiento económico.

Mientras los gobernantes conviertan la creación de empresas en algo infernal y la mentalidad no cambie, el problema no se solucionará. Reducir costes de personal rápido y de forma barata es más difícil en muchos países de Europa que en cualquier otro lugar del mundo.

Todas estas dificultades frenan la actividad económica y provocan que el capital huya de estos lugares. Las inversiones y los emprendedores se marchan a regiones que son favorables al comercio. Hay que reconocer que algunos gobiernos en Europa han hecho tímidos pasos en la buena dirección, pero no son suficientes.

Es improbable que se dé un auténtico cambio de mentalidad en el corto plazo, principalmente por la deriva intervencionista que se está viviendo actualmente, con la situación financiera como excusa para menoscabar aún más la libertad de empresa. Sin embargo, se podría promover un proceso de liberalización si los gobiernos hicieran las reformas laborales que deben. La verdad es que las oportunidades existen. Por ejemplo, en Europa, los sueldos de los ingenieros de software son un 70% menor que en California. Hay que sobrepasar esta escasez de ideas y reactivar una actitud proemprendedora.

La doble moral de los gobiernos, de castigar duramente a quien emprende mientras van anunciando cambios para "ayudar" a los empresarios, debe terminar. Señores gobernantes, si de verdad quieren acabar con esta crisis y ayudar al emprendedor, ¡simplemente dejen de poner trabas!

El oro, a 94.000 euros

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El deporte es posiblemente una de las pocas actividades humanas capaces de aglutinar las esperanzas y deseos de grandes colectivos y, al tiempo, permitir a los individuos comprender y superar sus límites físicos y psicológicos.

En España, pese a los enfrentamientos políticos, pese a los estereotipos que ligan los colores patrios con el régimen franquista y la derecha más conservadora, la bandera española ha acompañado a la selección española de fútbol en sus últimas y más importantes victorias: las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Innumerables banderas han adornado balcones y ventanas de muchos hogares españoles sin sonrojo ni tapujos, incluso en lugares donde los nacionalismos dominan el panorama político y social.

La expresión colectiva del deporte no ha pasado desapercibida a gobernantes y políticos, que más de una vez la han convertido en política de Estado, creando para su gestión y control ministerios, secretarías y grandes burocracias, regulando cómo y quién puede acceder a lo que se ha venido llamando el deporte de élite.

Para las grandes dictaduras como la nazi o las comunistas, ganar era y es una cuestión mucho más que relevante, era y es el objetivo de todo buen ario o comunista, era y es la manera de demostrar que su proyecto político y totalitario es superior a cualquier otro. No obstante, el deporte tampoco es una cuestión exclusivamente privada en las grandes democracias y, en mayor o menor medida, los deportistas pueden terminar controlados por sus gobiernos, representando a sus países, aunque de manera totalmente voluntaria, en las competiciones deportivas internacionales.

La gestión del deporte responde a dos modelos puros. Por una parte, surgen organizaciones privadas (clubes deportivos, grandes instituciones educativas, mecenas, etc.) que apoyan, financian y gestionan entrenamientos, pruebas y competiciones deportivas a las que acuden aficionados, que pagan por ver a sus equipos e ídolos, así como patrocinadores, que quieren mostrar a los espectadores sus marcas comerciales.

El otro modelo es esencialmente político. El Gobierno, a través de sus instituciones deportivas, elige a ciertas personas con características físicas que, a priori, destacarían sobre sus compañeros, o que ya lo están haciendo, y les financia su formación y entrenamientos. Es decir, elige una minoría que satisface sus deseos y objetivos (y quiero suponer que no les obligan en la mayoría de los casos) con dinero del contribuyente, utilizando además las instalaciones construidas para ello.

En la práctica, pocos sistemas son puros, sino una mezcla de ambos; en los países más libres, debería tenderse al primero, y en los menos, al segundo. En España, desde 1988, con el objetivo de hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en posteriores citas olímpicas, se adoptó un sistema mixto: el llamado Programa o Plan ADO. En él, Gobierno e instituciones públicas y privadas aportan dinero para la formación de deportistas, a la vez que gestionan la ayuda y eligen a quienes pueden obtenerla. Dadas las medallas ganadas antes y después de su implantación, (27, seis de ellas de oro, frente a 88, veintinueve de ellas de oro), este modelo es claramente exitoso. Sin embargo, pese al éxito objetivo del Programa, ¿estamos ante una medida moralmente aceptable?

Cuando en 2009, el entonces Secretario de Estado del Deporte, Jaime Lissavetzky, presentaba el Plan ADO que prepararía los Juegos Olímpicos de Londres 2012, anunció un presupuesto inicial de 51,3 millones de euros, de los cuales se pretendía que al menos 35,3 millones procedieran de patrocinadores, no todos privados, como RTVE, que ya había anunciado que reduciría su aportación de 7 a 3,5 millones. El Plan ADO de 2012 reparte casi 9 millones de euros, que se distribuyen de la siguiente manera: 5.397.000 euros se destinan a deportistas, repartidos en 263 becas, lo que representa un 54,73% del total, 1.245.000 van dirigidos a 69 entrenadores y otros 2.210.000 a planes especiales. Las becas se dividen en varias categorías y las cuantías van desde los 9.000 hasta los 60.000 euros. A Londres han acudido 279 deportistas y el Comité Olímpico Español ha anunciado que, para estos Juegos, se destinará un premio de 94.000 euros por cada medalla de oro, 48.000 por la plata y 30.000 por el bronce.

Puede que nos parezca poco dinero en términos relativos, si lo comparamos con las cifras que se mueven en la alta política o las que nos muestran los innumerables casos de corrupción. Puede que a muchos, la gran mayoría, les parezca incluso correcto que parte del dinero público se destine a apoyar a esos atletas que, con sus medallas, satisfacen sus propios objetivos y, cómo llamarlo, ¿el ego o el honor del aficionado? Cabría preguntarse si es éste el modelo deportivo que queremos.

El deporte, como casi todo en este país, depende en gran medida del Estado. Muchos equipos de fútbol, aun de primera división, tienen una fuerte relación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas que les favorecen de mil maneras. Qué podemos decir cuando la disciplina no es el deporte rey y las instalaciones municipales, a través de convenios ventajosos, se ponen al servicio de clubes de baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey sobre patines, voleibol, rugby, etc. Cabe preguntarse si esas competiciones serían viables si no recibieran dinero público y sólo se mantuvieran con el dinero del aficionado o del patrocinador. Incluso el fútbol, que tantas pasiones arrastra, cuenta ya con muchos equipos en quiebra técnica, aunque bien es cierto que las administraciones públicas han terminado fagocitando durante muchas décadas las iniciativas privadas que podrían haber dado pie a un modelo privado de competición. El modelo de las sociedades anónimas deportivas no ha servido para que el peso estatal disminuya, y eso da qué pensar.

De cualquier manera, cada vez que el ganador de una medalla de oro, plata, o bronce de éstos o de cualquier otros Juegos Olímpicos exhiba con orgullo su éxito, debería recordar que buena parte de él se ha pagado con los impuestos de ciudadanos que no tienen su suerte, que no han sido seleccionados por el Estado y cuyo trabajo posiblemente no sea digno de un oro, o de 94.000 euros, pero a quienes no les habrá gustado ser despojados de ese dinero para pagar un salto, una carrera o un tiro tan magníficos. En todo caso, deseo suerte a los atletas españoles en Londres, que para algo han recibido dinero público.

A resguardo en el mercado negro

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el último comentario se explicó por qué el Estado no puede acabar con la economía sumergida. O, mejor dicho, por qué tal esfuerzo en realidad destruiría al propio Estado.

Uno de los supuestos del análisis entonces presentado era que la mayoría de la gente percibe eso del mercado negro como indeseable y precario, y que por tanto prefieren estar "regularizados", aunque ello suponga pagar impuestos y otras tasas a los políticos. Ello no es óbice para que siempre haya habido individuos más cómodos en el mercado negro, a los que se podría tildar, desde una perspectiva estatista, correctamente como insolidarios.

Pero ¿qué ocurriría si esa percepción cambiara? Si, de repente la gente no viera tan mal eso del mercado negro. Y no solo no lo evitara, sino que lo buscara activamente. Siguiendo el razonamiento del anterior comentario, no hay duda de que se aceleraría la descomposición del Estado.

La cuestión es ahora en qué condiciones podría empezar a cambiar la actitud hacia la economía sumergida. Podemos obtener una respuesta a partir del análisis económico. En este caso, la decisión está entre permanecer regularizado o pasarse al mercado negro. Cada opción tiene costes y beneficios, de hecho, los beneficios de una son los costes de la otra; el individuo se decidirá por la opción que mayor beneficio le reporte.

En condiciones normales, el principal coste de permanecer regularizado consiste en las obligaciones fiscales y sociales, esto es, los impuestos y las cargas de seguridad social. A cambio de eso, el individuo, ¿qué obtiene? La respuesta no es tan obvia como podría parecer. Servicios como carreteras, justicia, seguridad, educación o sanidad realmente no dependen en la actualidad de que el individuo esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Por tanto, en general, la persona que paga impuestos no lo hace para poder acceder a estos servicios, cosa que ya tiene sin (aparentemente) pagarlos.

En realidad, parece que el individuo que paga impuestos lo hace más bien por temor a posibles complicaciones con el gobierno que terminen en sanciones de algún tipo. Así, para mucha gente, el beneficio del pago de impuestos proviene más bien de la tranquilidad de no tener que enfrentarse al gobierno que de los servicios públicos que éste le va a suministrar, pues estos los tiene por dados. Mientras el beneficio por tranquilidad supere al coste de situarse fuera de la ley, se mantendrán en el mercado regulado.

Obsérvese además que a muchos individuos (por ejemplo, los asalariados) se les retiene gran parte de sus impuestos en el pago de la nómina. Para ellos, la declaración del IRPF representa simplemente un pequeño esfuerzo incremental, incluso ni siquiera tal en algunos casos, cuando la declaración sale "a devolver". Para esta gente, la comparación en la decisión no es con el total de los impuestos, sino solo con el pago que han de hacer en la regulación con Hacienda, muy inferior al global de impuestos, lo que inclina con más probabilidad la balanza del análisis hacia el lado de no complicarse la vida.

Sobre el análisis estático, procede ahora incluir elementos dinámicos. En primer lugar, es obvio que una subida de impuestos llevará a un mayor número de gente a optar por el mercado negro, cosa que sabemos que ocurre. Esto es así porque aumentan los costes, pero no lo hace el beneficio (evitar conflictos con el gobierno).

Asimismo, si se empieza a cobrar por los servicios públicos hasta ahora gratuitos, vuelve a incrementarse la posibilidad de optar por el mercado negro. En este caso, porque la renta disponible para servicios no públicos disminuye. Eso hace que aumenten los beneficios subjetivos de no pagar impuestos, ya que la renta disponible incrementa su valor.

Análisis similares aplican a muchas de las medidas que están tomando los gobiernos europeos y en particular el español. Por ejemplo, las variaciones en las condiciones para el acceso a pensiones en el sistema público incrementan la propensión a optar por el mercado negro.

En general, se puede observar que el gobierno español, con sus subidas de impuestos y mermas de servicio público, está empujando a más y más gente al mercado negro. Poco a poco, la gente se irá dando cuenta de que en el mercado negro se puede vivir, y que quizá se puede vivir incluso mejor que en el regular. Para esta gente, los problemas del gobierno serán exclusivamente del gobierno, no de España, pues ellos no van a afrontar los incrementos de interés que exige el mercado de deuda pública.

Este efecto se verá además realimentado por una disminución en los beneficios de evitar problemas con el gobierno. En la medida en que la gente vaya escapando a la economía sumergida, el gobierno irá debilitándose, y cada vez le será más difícil perseguir estas actividades. En consecuencia, más individuos percibirán una disminución del riesgo de estar en el mercado negro y, de nuevo, aumentará la posibilidad de prefieran estar en él.

Así pues, cada vez más individuos se van a resguardar de la crisis en el mercado negro. Cada nueva subida de impuestos o nueva tasa o recorte de prestaciones, impulsará a otras cuantas personas al mercado negro, mientras los "regulares" les miran con creciente envidia. Y llegará un momento en que la presión será tan insoportable que incluso las empresas más grandes, reducto del mercado regularizado por ser fácil blanco del gobierno, tendrán que capitular, pues la alternativa será no poder operar. Si los trabajadores empiezan a pedirles que les paguen en "negro" o que si no se marchan, ¿qué harán?

En fin: parece que, ante los crecientes abusos del gobierno, se va a producir una creciente huida a refugiarse en la economía sumergida. Inicialmente, será por mera supervivencia, pero terminará siendo por conveniencia, conforme vaya cayendo el mito del Estado del Bienestar, conforme avance en su inevitable autodestrucción con cada uno de los llamados "recortes".

Pero, si cae el Estado, ¿quién suministrará los servicios públicos? Es la pieza que falta en el puzzle, que dejamos al próximo comentario.

El valor de los factores productivos y la empresa

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica nos dice que la remuneración de un factor productivo depende del valor presente de su productividad marginal. Cuando el precio del factor productivo esté por debajo del valor con el que contribuye a la producción –es decir, cuando esté infravalorado- se demandará más, de modo que su precio se elevará y tenderá a alcanzar el valor que aporte. Y al contrario, si el precio es superior, no compensará económicamente pagar ese precio por lo que este tenderá a reducirse debido a su menor demanda.

Sin embargo, siendo esta una ley económica de plena vigencia, en la realidad calcular el valor presente de la producción marginal de un factor productivo no es algo tan sencillo. Se da entonces lo que se conoce como el problema de la imputación del valor de los factores productivos.

Esto es debido en parte a la idea desarrollada por Menger, Hayek o Lachmann según la cual la economía, la estructura productiva y los procesos de producción se caracterizan por ser actividades conjuntas, en las que varios bienes de capital se combinan de modo que se convierten en bienes productivos. Dicho de otro modo, estos bienes por separado no serían productivos y es su combinación, la producción conjunta, lo que los hace productivos individualmente considerados. Es entonces, como hemos dicho, cuando deviene la dificultad de calcular esa productividad, la contribución de manera individual de cada input al valor del producto que ayudan a producir.

Es ante este problema de imputación donde la teoría económica ve una de las razones de existir de esa institución espontánea surgida solamente en la economía de mercado que es la empresa. Pero no toda teoría económica recoge esta idea, puesto que si acudimos a las versiones más naive de la teoría neoclásica de la competencia, la empresa como organización no tendría sentido ni se explicaría su existencia.

De acuerdo con ese modelo neoclásico, los factores productivos son combinados indistintamente en lo que se conoce como la función de producción. Esta teoría se basa en considerar los inputs como bienes perfectamente divisibles, homogéneos y en los que su distinta combinación no afectaría al valor del producto final obtenido. En tal mundo, se conocería perfectamente el valor de la productividad marginal de cada bien de capital, de manera que se combinarían siempre eficientemente a través de procesos productivos estandarizados, en donde todo estaría previsto y conocido. Es este mundo en el que no habría lugar para la empresa porque no habría razón para su existencia. La cooperación de cada factor productivo podría realizarse a través de contratos en los que se estableciera perfectamente la remuneración de cada uno de los activos contratados.

Es dentro de este contexto teórico neoclásico en el que Coase trató de explicar la existencia de la empresa, fijándose en los problemas a la hora de establecer estos contratos, es decir, en los costes de contratación e intercambio o, en su terminología, en los costes de transacción.

Y es que para explicar la existencia de la empresa debemos abandonar el rígido mundo neoclásico de información completa, y así poder apreciar la empresa como la respuesta a los procesos productivos (con sus combinaciones de bienes de capital) que tiene un irreductible grado de indeterminación o arbitrariedad en la imputación del valor. De hecho, la respuesta de Coase estuvo orientada a tratar de solventar los problemas que surgen por no disponer de una información completa o perfecta.

Después del trabajo de Coase surgió toda una literatura que ha enriquecido la teoría de la empresa y que ha tratado de explicar su existencia dando entrada al problema de valorar los factores productivos en la producción conjunta, así como con la manera en que efectivamente en dicha producción se combinan conjuntamente los bienes de capital.

Así, una parte se ha centrado en explicar la existencia de la empresa por la variedad de problemas organizativos que plantea el no poder aislar a la perfección el valor de cada uno de los inputs, enfatizando conceptos como los costes de administración, la dirección, la negociación o la monitorización –valga la expresión- de las actividades productivas.

Otra línea de investigación se ha enfocado en analizar la empresa teniendo en cuenta la especificidad de los activos. Este punto de vista se centra en los problemas de información asociados al hecho de que la producción conjunta descansa en gran medida en activos que son específicos en su empleo actual. Específicos en el sentido de que el coste de oportunidad de los activos utilizados es muy inferior al valor con el que contribuyen a la producción.

Ambos enfoques sugieren que la empresa es, por tanto, una organización cuyo propósito es hacer frente a los inevitables problemas de información de la producción conjunta.

¿Democratización de los medios? Liberticidio de la expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Tras participar el pasado 10 de julio en el programa ‘Agenda’ de Deutsche Welle para analizar la petición de asilo político en Ecuador por parte de Julian Assange, recibí un curioso y significativo mensaje de correo electrónico enviado por alguien que daba un supuesto nombre, Martina Solis, pero no identificaba desde qué país escribía ni dónde trabajaba. Tras reprocharme mi supuesto desconocimiento de “las realidades” de América Latina, finalizaba con una frase esclarecedora:

“Con sus palabras creo menos en la libertad de expresión que usted pregona y creo más en la libertad que trabajamos desde nuestra región, claro está, nosotros no trabajamos en los medios privados”.

Esa era la clave de su molestia. Yo había defendido el valor de hacer públicas las informaciones que los gobiernos quieren ocultar a los ciudadanos, por insulsas o insignificantes que puedan ser, y había denunciado los reiterados ataques de Rafael Correa a la libertad de expresión en su país. Había recordado que, con un discurso de “democratización” de la información, el Ejecutivo ecuatoriano ha clausurado desde inicios de este año veinte medios de comunicación. La excusa es el impago de licencias, pero hay más. De otro modo no se entendería que para cerrar las emisiones la policía haya irrumpido en algunos casos en las instalaciones de una emisora lanzando gases lacrimógenos y se hayan requisado los equipos técnicos.

Esta es sólo una de las técnicas utilizadas por Correa, Chávez y otros presidentes aliados suyos para cercenar la libertad de expresión. Por no salir de Ecuador, aunque en otros países vemos casos parecidos, podemos citar algunas de dichas técnicas: fuertes condenas impuestas por un poder judicial cada vez menos independiente a medios y periodistas críticos, como la sentencia contra El Universo y varios de sus responsables; imposición de límites legales a los temas que se pueden tratar en los medios durante la campaña electoral (censura que ha obtenido el visto bueno de la Corte Constitucional) o la proscripción de entrevistas a medios privados ofrecidas por miembros del Gobierno. Por supuesto, todo eso combinado, al más puro estilo chavista, con largas conexiones televisivas en las que el presidente insulta y amenaza a todos aquellos que le critican, incluyendo los medios de comunicación. En una de sus intervenciones por televisión, Correa llegó a romper en directo un ejemplar del diario La Hora con el argumento de que “ahora sí tendrán motivo para quejarse”.

Todo eso se disfraza, se aliña, con el discurso de la democratización de los medios, muy repetido desde hace años por personajes como Correa, Chávez, Evo Morales y otros. Por supuesto, aquí se tergiversa el sentido originario de la palabra “democratización” para hacerle significar algo diferente de lo que quiere decir.

Para los gobernantes bolivarianos, esta supuesta “democratización” implica un ataque desde el poder político contra los medios privados y toda iniciativa surgida de ciudadanos que no esté controlada por el poder privado. Se quiere hacer creer (y en esa idea se fundamenta parte de los artículos de la nueva ley de medios que se debate en Ecuador) que las radios, televisiones y periódicos en poder del Estado o de organizaciones supuestamente ciudadanas controladas por el partido gobernante son democráticas, mientras que aquellos que son propiedad de empresas o inversores privados están al servicio de espurios intereses oligárquicos (como si no hubiera una oligarquía más tiránica que la del PSUV de Chávez, el MAS de Morales o la Alianza PAIS de Correa y su control del Estado). Pero la realidad es muy diferente. Pretende atacarse uno de los fundamentos de la democracia, que no es otra que la libertad de expresión, y a aquellos que están dispuestos a replicar un discurso oficialista destinado a afianzar a unos gobiernos cada vez más autoritarios e, incluso, totalitarios. La supuesta ‘Martina Solis’ cuyo correo electrónico citaba al principio de este artículo expresaba de forma muy clara el pensamiento de los Gobernantes bolivarianos. Frente a la auténtica libertad de expresión ellos creen en una supuesta “libertad” en la que trabajan. El problema es que esta última no es tal, sino tiránico liberticidio.

Después de las medidas, la confusión

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba las medidas que Rajoy había anunciado unos días antes. Desde el anuncio se han sucedido agrias declaraciones, protestas, manifestaciones, concentraciones y agitación.

Una subida del IVA, el aumento de los impuestos especiales al tabaco y alcohol, la reducción de salario de los funcionarios, la delegación de las funciones de algunos ayuntamientos pequeños en las diputaciones, y anuncios de reformas que aún no se han concretado pero suenan fuertes, son la explicación de tanto revuelo. Y de nuevo, los españoles nos hemos apresurado a buscar culpables y héroes a un tiempo.

La necesidad de un culpable

En lugar de reconocer que esta sangría se debe a la fiesta previa, y que como sociedad, durante años hemos votado a quienes prometían el paraíso en la tierra, a quienes más gastaban, a esos políticos que ofrecían cheques bebé, rentas a jóvenes para que se independizaran de sus padres, y casi, casi un unicornio por ciudadano. Se nos ha olvidado que todos pedíamos más, que reclamábamos esas instituciones duplicadas, que cuando se hablaba de equilibrio presupuestario no hacíamos ni caso.

Así que buscamos inmediatamente un culpable propicio: el gobierno de Rajoy, el gobierno de Zapatero, los políticos, sindicatos y, últimamente, los funcionarios. De manera que el gobierno de Rajoy es el peor del mundo y nos va a llevar a la tumba; el gobierno de Zapatero es el verdadero responsable de todo y nadie más; los políticos son todos unos ladrones y deberían estar en la cárcel, los sindicatos llevan años politizados e incumpliendo con su verdadera función y, ahora, los funcionarios son la razón de todos los males de España.

Con esa actitud nos libramos del auto examen, del reconocimiento de nuestra participación, complicidad, responsabilidad individual. Y tan contentos.

¿Quién le puso mala cara a Zapatero? ¿quién se preocupó de la transparencia cuando la bolsa estaba llena? ¿quién no se puso a la cola para recoger su unicornio?

Todos pagamos impuestos, decíamos. Pero no nos aseguramos de que esos impuestos se emplearan de manera "sostenible", de forma que se generara riqueza, o de si eran innecesarios. Permitimos subvenciones absurdas, sueldos de escándalo, tal vez pensando que mientras uno tenga cada vez más, los principios se pueden guardar en un cajón.

La reacción inmediata: la mitificación

Pero como este país es así, tras la crítica vino la obsesión, y después la reacción. No es para tanto, Rajoy hace lo que puede. No es verdad que Zapatero no hiciera nada, el pobre. No es cierto que los políticos no hagan nada por el país, su labor es básica en la democracia y meterse con ellos es atacar la democracia; los sindicatos son el gran logro del siglo XX y los funcionarios son quienes desempeñan las labores más importantes de nuestra sociedad.

De repente, cada cual, en función de sus filias, sus intereses, sus presentimientos o sus simpatías, se pone al lado de algún "damnificado" por la crítica ajena y defiende a capa y espada a un sector, un personaje político o una política determinada. La izquierda más radical atacaba esta semana la subida de impuestos. La derecha con algún o alguna liberal declarada entre ellos, justificaba una subida de IVA que nos va a machacar. Antiguos políticos han defendido en televisión la eliminación de subvenciones a partidos políticos. Un economista llama pirómano a otro por decir simplemente la verdad en un medio internacional. Y así todo.

Mientras tanto, lógicamente, la gente de la calle está atónita sin saber muy bien a quién creer, qué hacer o de quién fiarse. Como explicaba la dulce Clarisse al doctor Anibal Lecter en El Silencio de los Corderos, aunque abras la valla para liberarles, los corderos no se mueven, se quedan ahí gritando, esperando ser degollados. Los ciudadanos gritan, protestan porque les tocan la cartera, porque el paro no baja, pero no saben salir de este círculo vicioso en el que estamos. Todos hablan de "menos Estado" pero ¿cómo les afecta a ellos? Porque también dicen que eso significa que no habrá colegios, ni médicos, ni carreteras.

Más claridad y menos manipulación

Es necesario que los economistas y los medios de comunicación hagan un esfuerzo de claridad, sin encerrarse en la oscuridad del lenguaje técnico, pero no pierdan veracidad ni rigor, facilitando que la gente, el que pagará ese IVA, el que cobija en su casa a los hijos parados que han vuelto, que llega muy mal, o no llega a fin de mes, sepa a qué atenerse, sepa a quién reclamar y cuáles son las opciones.

¿Seremos capaces?

La “contra-enmienda del ladrillo” del PP

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Hace un año comenté la iniciativa legislativa del PSOE por la que se puso fin en nuestro ordenamiento jurídico a los arraigados blindajes estatutarios de empresas cotizadas por los que se impedía a legítimos accionistas ejercer sus derechos de voto en justa proporción a su número de acciones cuando éstas superaban cierto límite. Fue una verdadera sorpresa que una medida contraria al proteccionismo anti opas, respetuosa con los derechos de propiedad y alineada con los mecanismos del mercado proviniera precisamente del grupo socialista, generalmente propenso a aprobar normas en sentido contrario.

La forma en que se llevó a cabo dicho cambio legislativo en el ámbito mercantil fue una auténtica chapuza jurídica en la que se coló de tapadillo una enmienda en una ley que trataba de otra cosa (ley de auditoría de cuentas). Durante la burbuja crediticia de la década del 2000 ACS y Sacyr adquirieron con gran apalancamiento numerosas acciones de empresas del sector energético (Iberdrola y Repsol respectivamente) y necesitaron derribar aquellos blindajes existentes para poder introducirse en sus consejos de administración. Aquella "Enmienda del ladrillo" -también conocida por "Enmienda Florentino"- no la presentó el PSOE por convicción ni principios propios sino por maniobras de presión del lobby constructor. Pero, a fin de cuentas, sus efectos iban a ser positivos al vislumbrarse un mayor control de los accionistas sobre las empresas del Ibex en detrimento de sus equipos directivos y una mejor formación de precios de las acciones en nuestra bolsa de valores. Esta convulsión en el panorama del gobierno corporativo de buena parte de las empresas de nuestro país entró en vigor el pasado 1 de julio de 2011.

Pues bien, para algo que había hecho bien sin querer ZP, el Partido Popular se ha propuesto recientemente desactivarlo. Con la misma falta de rigor legislativo que demostró en este mismo asunto la formación política socialista, acaba de aprobar el PP, con el apoyo del PNV, un proyecto de ley en el que por la puerta de atrás –en la Disposición Adicional de una norma que regula obligaciones de información en fusiones o escisiones de sociedades de capital- se anula la prohibición de las restricciones del derecho de voto introducida por el PSOE y sus amigos del ladrillo (hoy ya no tan poderosos) y se recuperan los blindajes estatutarios que permiten limitar al 10% los derechos de voto de un accionista independientemente de su porcentaje de participación como propietario.

La excusa alegada por el PP para dicha marcha atrás ha sido el deseo de proteger a la debilitada petrolera Repsol tras el expolio de YPF y a los accionistas minoritarios, señuelo este último al que se suele recurrir para desviar la atención; pero la verdadera intención de fondo es proteger a equipos gerenciales -esos sí que son minoritarios- de Iberdrola, la misma Repsol, el B. Popular o Telefónica, por ejemplo, acorralados por una ley demasiado liberal de la Administración anterior. Su lobby ha hecho valer su posición y ha logrado que el PP mediante el BOE permita un bodrio jurídico y retome esos blindajes apolillados en nuestras cotizadas, pese a que se establezca una excepción cuando se produzca una opa por el 70% del capital que confiera derechos de voto. Con ello se regulariza la situación de varias empresas que –a modo numantino- no habían aún eliminado esos blindajes de sus respectivos estatutos sociales contraviniendo lo decretado por la reforma zapateril.

Ante la deteriorada cotización bursátil de la mayoría de las acciones debido a la actual crisis, quedan nuevamente protegidos los gestores (insiders) y los grupos familiares de control de las compañías de nuestro Ibex frente a ofertas hostiles, frente a grupos de accionistas no mayoritarios o frente a "ataques especulativos" –léase nuevos propietarios- que pudieran ser incómodos. Como se ve, todo va a quedar en casa.

Además de esta intromisión en las empresas cotizadas que supone un rebrote del nacionalismo económico, lo que más grima da es comprobar que sigue siendo usual entre nuestros legisladores el vaivén o bandazo normativo, el desprecio por la buena técnica legislativa y el atropello de pilares básicos del Estado de Derecho como son la certeza jurídica o la existencia de normas generales no concebidas para destinatarios concretos. Todo ello perpetrado sin ningún complejo y sin que sus conculcadores públicos pasen, al menos, un poco de vergüenza. Todavía habrá representantes electos del grupo popular que piensen que han actuado correcta y patrióticamente.

Esta contrarreforma ha sido aprobada hace poco en el Congreso, lo que supone certificar el sabotaje a la promoción de la eficiencia en la gestión de empresas cotizadas con sede en España. Algunas personas próximas al actual gobierno han cobrado ya por adelantado por sus servicios prestados (1 y 2) que no hace sino engordar la abultada lista de antiguos cargos públicos (y sus familiares) que han acabado en puestos bien remunerados del sector privado. Es descorazonador ver que se vuelve de esta forma a la situación de antes para que nada cambie en nuestro corralito corporativo patrio.

Queda claro que una menor defensa de los intereses de los inversores externos por parte de nuestro parcheado sistema legal no va a animar a que acuda mucho capital foráneo dentro de nuestras fronteras. Aparte de la apresurada e infeliz subida de impuestos del pasado mes de diciembre que se nos vendió como medida temporal y que se llevó a cabo sin antes ajustar el gasto del elefantiásico sector público, me temo que lo de liberalizar con determinación y rigor nuestra estructura productiva para disfrutar de una economía dinámica, abierta a la competencia y a los cambios no va a ser para esta legislatura, por muchos hombres de negro que vengan desde Bruselas.

Subvenciones, un gotero para los medios

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Entre los medios de comunicación la crisis ha hecho estragos, hasta el punto de que se puede decir que vive su propia crisis dentro de la crisis. Así, vemos constantemente cómo grupos de medios no hace tanto aparentemente invulnerables ponen en marcha Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a cientos de periodistas o, incluso, cierran de forma definitiva. El resultado no puede ser más desolador para los profesionales del ramo: el desempleo se ha disparado en muchos miles de personas.

Existen razones sobradas para esta dura situación: en época de dificultades económicas, tanto empresas como particulares tratan de recortar gastos que consideran más o menos prescindibles. Esto se traduce, por ejemplo, en que muchas personas dejan de comprar diarios o que las partidas destinadas a publicidad por parte de las compañías de todos los sectores se reduzcan de forma drástica, cuando no se eliminen de forma absoluta. Pero no sólo es eso. Al igual que en el sector inmobiliario, en España existió una burbuja de los medios de comunicación en la cual los empresarios actuaron de forma totalmente irresponsable. Se sobredimensionaron plantillas, en algunos casos con sueldos muy elevados, se crearon medios de comunicación imposibles de mantener de forma continuada y se afrontaron gastos totalmente irresponsables de todo tipo.

Pero los responsables de esta burbuja no son sólo los empresarios que se dejaron guiar por la apariencia de fáciles y rápidas ganancias (lo cual en algunos casos fue cierto al calor del poder político). Tampoco aquellos periodistas, que también los hubo, que engatusaron a empresarios presentándoles proyectos que se mostraban como la reinvención del periodismo a través de la cual ganarían influencia además de dinero. De todo eso hubo, pero también se vio mucho dinero público destinado a mantener con vida artificialmente viejos o nuevos medios a cambio de la complicidad con el poder.

En estos tiempos duros para el sector, ya desde hace un tiempo, aparecen de forma periódica voces que piden subvenciones para el periodismo. A veces se hace a título personal, y en otras de forma colectiva, se reclaman ayudas públicas con la excusa de que la democracia requiere de medios de comunicación con unas cuentas sanas. Esto último puede ser cierto, pero para lograrlo la vía no es esa. En determinadas zonas de España esas ayudas han fluido de forma constante.

El idioma es una de las excusas favoritas de determinados Gobiernos autonómicos para regar con los impuestos de los ciudadanos a periódicos, radios o televisiones. Recientemente, la Generalitat de Cataluña –siguiendo una política ya practicada por el ‘tripartito’ y por el previo ejecutivo ‘convergente’ de Pujol– repartió cuatro millones de euros para la prensa en catalán y aranés. No es el único caso, en el País Vasco se subvenciona a la prensa en euskera, incluyendo al diario Berria; en Galicia a aquella que se edita en gallego y en Asturias a la que se publica en asturiano y gallego-asturiano. No se trata tan sólo de favorecer desde el poder el uso de una lengua sobre otra, algo en lo que las autoridades no deberían entrar. También es una forma de comprar voluntades: la de los directores y los propietarios de los medios.

Pero no sólo entran en juego las subvenciones, la forma más evidente de mantenimiento económico de los medios desde el poder. También existen millonarias campañas de publicidad institucional o suscripciones masivas a medios de comunicación por parte de las Administraciones. Ejemplos de esto último abundan, por ejemplo, en diversas comunidades autónomas.

Ninguna de estas prácticas consiguen mantener un periodismo sano y en forma. Ni tan siquiera es lo que se pretende con ellas desde el poder. La inyección de dinero público a través de subvenciones y otras actuaciones tan sólo consigue mantener a los medios como un enfermo atado a un gotero. Su vida depende del suero que entra por esa vía. Y no se trata de algo seguro. Antes o después hay que afrontar recortes en las arcas públicas, y estos afectarán a estas partidas. De hecho, en algunos casos esto ya ha ocurrido y ha supuesto el fin de determinados medios de comunicación que se mantenían en pie prácticamente tan sólo por el dinero entregado por las autoridades.

Los medios de comunicación necesitan estar sanos, por su propia pervivencia y por el papel que juegan en una sociedad que es o quiere ser libre. Pero para ello no pueden depender del dinero que le den los políticos tras sustraérselo a los ciudadanos a través de los impuestos. De esta manera, serán marionetas que procurarán no molestar demasiado para no ver recortar el maná de lo mal llamado "público". El sector ha de reformarse en profundidad y saber atraerse el favor de las audiencias y los anunciantes. Tan sólo así podrán jugar el papel de contrapoder del que tanto les gusta alardear.

Metro de Madrid, o morir de éxito

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El Metro ha sido el proyecto estrella de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Desde 1995 con Alberto Ruiz-Gallardón, que gobernó durante dos legislaturas, y a partir de 2003 con Esperanza Aguirre, aún en el cargo, las líneas se han ido expandiendo año tras año, para alegría de los vecinos, de las empresas adjudicatarias de las obras y de consejeros, presidentes y otros políticos que no han desaprovechado la oportunidad de hacerse las fotos que, curiosamente, solían coincidir con el final de la legislatura o con algún evento relevante.

El Metro de Madrid, que fue nacionalizado en 1978 y puesto bajo gestión conjunta de la Comunidad y el Ayuntamiento a partir de 1986 (ahora sólo depende de la Comunidad), ha crecido y mucho. Entre 1995 y 1999, la red alcanzó 170 kilómetros. A partir del Plan de Infraestructuras de 1999-2003, el Metro salía del municipio de Madrid y se extendía por la Comunidad, conectando primero los municipios del sur y, más tarde, los del norte y el este de la Comunidad, a la vez que mediante los llamados Metros Ligeros (un híbrido entre el tranvía y el metro propiamente dicho), se conectaban otras zonas con geografías más complicadas. En la actualidad, las infraestructuras constan de doce líneas, un ramal y tres líneas de Metro Ligero, que contienen 300 estaciones y 293 kilómetros de vías, con una demanda anual de algo menos de 635 millones de viajes.

Para que nos hagamos una idea del tamaño y la importancia del Metro madrileño, el de París, cuya área metropolitana tiene algo más de 16 millones de habitantes, tiene 214 kilómetros y 302 estaciones; el Metro de Londres, cuya área metropolitana supera los 11 millones de habitantes, tiene 400 kilómetros de vías y 270 estaciones; el Metro de Moscú, con 10,5 millones de habitantes, tiene 305,5 kilómetros de líneas y 182 estaciones. En la Comunidad de Madrid habitan algo menos de 6,5 millones de personas.

Y el caso es que el Metro de Madrid es, comparado con el de otras ciudades, bastante bueno. Las nuevas líneas que se han construido tienen amplias zonas de espera y estaciones de gran tamaño, el Metro se ha interconectado con otros transportes públicos como el tren, los autobuses e, incluso, el aeropuerto de Barajas. Los tiempos de espera no son excesivos si los comparamos con otros metros españoles y la colocación de sistemas de balizas y de conducción automática ha permitido tener una frecuencia de paso que, en algunos casos, no llega ni a los dos minutos. Y, desde mi punto de vista, también con unos precios no excesivamente elevados, aunque algunos no estén de acuerdo. El Metro de Madrid parece ser un éxito del keynesianismo, un éxito de los que apuestan por la obra pública y, si hacemos caso a los mensajes institucionales, un ejemplo de cómo políticas públicas responsables son capaces de generar riqueza y prosperidad. Nada más lejos de la realidad.

El Metro de Madrid ha crecido y este crecimiento no sólo coincidió con el de la economía española durante la segunda mitad de la década de los 90, sino también con el proceso que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y a la expansión de la deuda soberana. Así pues, cabe preguntarse si esa sensación de riqueza que no era tal, contagió las ansias políticas de los responsables de la Comunidad y han diseñado y construido un monstruo bello, pero inviable.

La Consejería de Infraestructuras tiene un serio problema. Gestiona un negocio que ingresa anualmente 400 millones de euros y tiene unos costes de 1.200 millones. ¿Qué le pasaría a una empresa privada que tuviera un déficit operativo de 800 millones de euros? ¿Qué le pasaría a una familia que gastara tres euros mensuales por cada uno que ingresa? ¿Qué entidad financiera iba a prestar dinero a una u otra? En ambos casos, les pedirían, como poco, moderación y un plan de viabilidad.

Metro de Madrid tiene un serio problema al que se está intentando poner solución. Si fuera una empresa privada, podría venderse por partes o cerrarse, o incluso tantearse ideas, entre brillantes y estúpidas, que saquen del apuro a clientes, gestores y accionistas. Sin embargo, a las empresas públicas sólo les queda esta última posibilidad, alguna idea que solucione el desaguisado, por estúpida que parezca.

Está bien presumir del mejor Metro del mundo, pero para que sea el mejor, tiene que ser posible, y su viabilidad está en duda, al menos tal como lo conocemos. Ahora, la Consejería está pensando en cerrar entre semana a las 12 de la noche, una hora y media antes de lo habitual, para ahorrar, aunque no ha precisado cuánto. La polémica está servida y es una polémica que ya lleva con nosotros unas cuantas semanas, desde que se elevaron las tarifas. Esta subida ha generado un movimiento ciudadano, a la sombra del 15-M y de los indignados de Sol, que considera que el precio que ahora soportamos es inaceptable. El movimiento "Paremos el Metro" ha realizado ya dos sabotajes consistentes en parar varios convoyes a una hora determinada en distintas líneas. Paralelamente a estas actuaciones, se anima a los viajeros a colarse y hacer viajes gratis total, e incluso ellos mismos se han colado en grupo y armando bulla. En definitiva, su solución es ahondar en lo que nos ha llevado a la situación que padecemos, hacer más grande este déficit operativo. A esta personas ni se les pasa por la cabeza que lo que no paguen ellos, lo harán los contribuyentes, algunos de los cuales ni lo usan.

El problema del Estado del Bienestar es que los que lo padecen, la gran mayoría, y los que lo disfrutan, unos pocos, no son muy conscientes de qué dan y qué reciben a cambio. Entre otras cosas, porque la política se encarga de minimizar la crítica al sistema y de extender la idea de que no es que no se pueda, sino que solamente falta dinero, o en algunos casos que no se gasta todo lo bien que se podría, o que básicamente es un problema de corrupción. Metro de Madrid es aparentemente un gran metro, pero la crisis le ha hecho sobrepasar ciertas líneas, como otros negocios, y ahora no parece saber cómo encauzarlo y está atrapado en el propio sistema que lo ha hecho posible.

El valor del mérito

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Como es bien sabido, los méritos son la base sobre la que se construyen las Administraciones Públicas. El personal de que se dotan las entidades gubernamentales se suele seleccionar mediante concursos de méritos u oposiciones, que en sí mismas son una especie de concurso de méritos también. Asimismo, lo primero que solemos conocer de un Ministro o de un alto cargo cualquiera es su Curriculum Vitae con los méritos que atesora, que le hacen supuestamente acreedor al cargo concedido. En fin, es mucha gente la que se queja de que nuestra sociedad o tal entidad no sea una meritocracia, esto es, implícitamente esta gente sostiene que deberían llegar más arriba aquellas personas que más méritos tienen.

Y, sin embargo, cuando uno constata el funcionamiento de esa administración, construida a partir de personas seleccionadas por sus méritos, no se puede evitar reconocer que su funcionamiento deja mucho que desear, y que en cualquier tienda de barrio, por muy carente de méritos que sea quien nos atiende, encontramos mejor servicio. Así pues, la realidad confronta la creencia: ¿es realmente el mérito tan importante a la hora de contratar a una persona?

Es obvio que tiene mucho mérito correr 100 kilómetros a través de las cimas del Himalaya, como también lo tiene aprenderse de memoria 100 complejos temas de derecho. La cuestión es si un empresario contrataría a alguien basándose en estos criterios, y la respuesta basada en la evidencia práctica es que no: un empresario, con su dinero, no contrata a nadie por haber hecho la exigente ruta antedicha, pero tampoco por ser capaz de memorizar unos textos, por largos que sean.

Porque, en el mercado, la cuestión no es si la actividad tiene mérito. Lo importante es si esa actividad tiene valor. Para el tipo que se hace los 100 Km, como para el que se aprende los 100 temas, esa actividad sí tiene valor, pues de lo contrario no la hubiera llevado a cabo. Pero se trata de un valor subjetivo suyo, y sobre él ningún empresario va a tomar la decisión de contratarle.

La única forma e "objetivar" ese valor es poner la actividad en el mercado, y que aflore su precio. Ese precio, el valor de intercambio, es la mejor aproximación al valor que la sociedad da al mérito. En el libre mercado, es el emprendedor quien se arriesga: contrata a una persona en base a criterios subjetivos (del emprendedor) y trata de poner en valor sus servicios. Ya sabemos cómo sigue la historia: obtiene beneficios si el precio obtenido es superior al pagado, y pérdidas en caso contrario. En el primer caso la contratación ha sido un acierto, y es sostenible; en el segundo, deberá rectificar en la medida de lo posible. Es, pues, el precio de mercado la forma de valorar los méritos del trabajador, a través de la actuación del emprendedor, que arriesga sus bienes al fijar su escala de méritos (los criterios por los que escoge a una persona u otra).

¿Qué ocurre en la Administración Pública? Como son actividades no sujetas a la disciplina de mercado, no hay forma de obtener el precio que ponga en valor los méritos de los contratados. En ausencia del criterio de precio de mercado para contratar personas, se han de buscar otras formas de selección.

Y estas son las oposiciones y las escalas de méritos que permiten puntuar de forma objetiva los aportados por cada candidato. Sin embargo, no hay que dejarse engañar: bajo la aparente objetividad de estos baremos, se esconde la arbitrariedad de la definición de la ya citada escala de méritos. ¿Quién y por qué la ha fijado?

Así pues, la subjetividad se traslada a la escala de méritos, con la diferencia respecto al libre mercado de que, en el caso de la Administración, nadie juega con su patrimonio a la hora de establecerla. Por ello, la disciplina lógicamente se relaja y nos podemos permitir fijar méritos de dudoso valor para la sociedad, como puede ser la capacidad de memorización de textos.

Si se acepta, por tanto, que la contratación de personal al servicio del Estado es arbitraria, pues lo es la escala de méritos utilizada (aunque pueda estar justificada), se comprende mejor la insistencia por hacernos tragar con la importancia de los méritos para ocupar tal o cual puesto.

Y es que cuando se nombra un alto cargo en la Administración, la asunción general, la ficción, es que está allí porque lo vale. Es fundamental la retórica del curriculum: ha sido nombrado por su experiencia en tal cosa, o viene de la OCDE, o ha estado en la Comisión Europea, es catedrático en tal universidad, o, el súmmum, pertenece a tal cuerpo de funcionarios. Hay que imbuir un sentido de merito que apabulle a la gente en general y, sobre todo, a sus futuros subordinados. Los primeros creen quedar así en buenas manos, mientras que a los segundos se les pretende convencer de que si ese señor pasa a ser su jefe es porque es mejor que ellos en lo que hace.

Pero no hay que engañarse: los méritos no son un criterio de servicio a la sociedad. Solo existe una manera de ver si el mérito tiene valor, y es ponerlo en el libre mercado para que aparezca su precio. De otra forma, lo único que hay es un sistema, aunque sofisticado, para que los políticos coloquen a sus amigos y se mantenga la ficción de que nos rigen los mejores. Por cierto, también los faraones decían ser hijos del Sol.