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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Una propuesta de liberalización televisiva y radiofónica

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Con la excusa, cada vez menos creíble, de las limitaciones técnicas, y la de un supuesto máximo de emisoras asimilables por el mercado publicitario, los Gobiernos de prácticamente todos los países establecen sistemas de licencias televisivas y radiofónicas que les permiten limitar el número de emisoras presentes en su territorio.

Esto permite a los Ejecutivos, tanto nacionales como de administraciones territoriales (como los ayuntamientos y estados federados, comunidades autónomas o similares), crear sistemas donde se favorece a empresas de comunicación afines y se recorta la libertad de expresión, al impedir la entrada en acción de nuevas cadenas o emisoras contrarias al gobernante de turno.

A esto se suma que el sistema de licencias permite que quien gobierna en un territorio, con independencia de que sea un país, una región, estado, municipio u otro, disponga de un útil instrumento de coacción sobre los críticos. Se trata de la amenaza de no renovar o incluso revocar el permiso para emitir. Es necesario, por tanto, un modelo de reparto del espacio radioeléctrico (para transmitir por cable no debería ser necesario ningún tipo de reparto más allá del acuerdo entre empresas privadas) que lo liberalice de verdad y permita una verdadera libertad de medios audiovisuales sin interferencias políticas.

A continuación presentamos una propuesta para España pero que, con ligeros cambios relativos a la división administrativa, podría ser igualmente aplicable a cualquier otro país.

1. Cierre o privatización de las radios y televisiones de titularidad pública.

2. Eliminación de participaciones máximas permitidas en una o varias emisoras de radio o televisión.

3. Suspensión absoluta y definitiva de cuotas de emisión por nacionalidad de la producción u otros factores (como idiomas, por ejemplo).

4. Definición de "ámbitos" de espectro radiofónico para su uso por tipos de emisiones: radio digital, radio analógica, televisión digital, televisión analógica, telecomunicaciones (telefonía móvil, internet por radio y otras posibles futuras tecnologías).

5. Fragmentación de cada uno de esos "ámbitos" de espectro en "zonas" de frecuencia reservadas a las distintas áreas geográficas de emisión: nacional, autonómica, provincial, comarcal (o insular para los archipiélagos) y municipal (este último se puede a su vez dividir por barrios en caso de ciudades de cierto tamaño). En las comunidades uniprovinciales, las "zonas" de emisión autonómica y provincial se sumarían, mientras que en Ceuta y Melilla estas dos se unirían a la comarcal y municipal.

6. Dividir cada una de estas "zonas" en la mayor cantidad posible de franjas de emisión técnicamente viables (en la actualidad casi no existe límite).

7. Eliminación del sistema de licencias. Se sustituye estas por una mera "comunicación" administrativa por parte de la empresa u organización (el sistema estaría abierto a su uso por parte de todo tipo de asociaciones que estuvieran dispuestas a participar en él usando fondos privados para ello) interesada en usar una franja de emisión disponible hasta ese momento. El nuevo actor tan sólo tendría que informar de su intención de comenzar a emitir, en qué frecuencia lo haría y para que ámbito territorial.

8. Establecimiento de un periodo máximo para comenzar a emitir, a fin de evitar que alguna compañía comunique que va a usar una gran cantidad de frecuencias y no lo haga, para evitar que éstas sean usadas por otras empresas u organizaciones.

9. Instauración de un sistema de inspección. Podría ser privado pero (dado que los Estados no estarían dispuestos a ceder hasta este punto) también sería factible un organismo mixto. Tendría como función supervisar que se producen las emisiones y dispondría de capacidad de establecer que una frecuencia ha vuelto a quedar libre, pero sólo tras un periodo sin emisiones lo suficientemente largo como para que no se deba a problemas técnicos o empresariales que se puedan resolver a corto o medio plazo. Este organismo podría no instaurarse y sustituirse mediante el recurso a los tribunales o a un sistema privado de arbitraje.

Este modelo sería, sin duda alguna, mejorable. Sin embargo, podría ser un buen punto de partida para establecer un sistema de medios audiovisuales realmente libre y sin interferencias políticas.

Mercados de trabajo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La enfermedad crónica de la economía española es el mercado de trabajo. Aquí hay paro hasta cuando las cosas van bien. En los años de la burbuja, aquel tiempo feliz en el que atábamos a los perros con longaniza, la tasa de desempleo bailaba con el 10%. Decíamos que había pleno empleo y que quien no trabajaba era porque no quería. Algo de razón había en eso, pero las listas del INEM estaban a rebosar.

Ahora, ya no nos queda ni perro ni longaniza y, claro, el paro se ha duplicado situándose en una tasa tan alta que en cualquier otro país originaría una revuelta social. Pero aquí no pasa nada. Los parados que cobran subsidio –cada vez menos– y los que no lo cobran –cada vez más– muestran una paciencia digna de un cartujo. ¿Por qué sucede esto? ¿Somos los españoles unos Quijotes que viven del aire y jamás se quejan? Evidentemente no.

En España conviven cuatro mercados de trabajo. De arriba a abajo creciente en riesgo y decreciente en productividad. El primero es de los funcionarios, más de 3 millones, que viven al margen del mercado y, por lo general, no dan golpe. El segundo el de los contratos indefinidos, ilusorio blindaje contra el despido por el que todo el mundo anhela. El tercero es el de los contratos temporales y los autónomos, que viven y se la juegan al día. Por último, el cuarto, el más libre y arriesgado, es el mercado sumergido.

Aunque los políticos se empeñen en lo contrario, el trabajo no deja de ser un factor de producción. Cuando la economía se contrae, su precio se ajusta a la baja. Sin embargo, por privilegios legales, en los mercados superiores –el funcionarial y el de los contratos fijos– no se puede o es muy complicado ajustar el precio del factor, es decir, el salario. Por esa razón el empleo está desapareciendo o sumergiéndose en el mercado negro, donde no se firman contratos ni se pagan impuestos.

Si el Gobierno quiere que baje el paro, no tiene más que dejar de pelearse contra la realidad y liberalizar un mercado que, por lo demás y al margen de sus arbitrios, es totalmente libre en, al menos, uno de sus escalones. Para eso tendría que suprimir privilegios convirtiendo los cuatro mercados de trabajo en uno solo, que es como debe de ser por una cuestión de elemental de justicia social auténtica, no el piélago de leyes, privilegios y normativas en el nos ha metido un socialismo eternamente peleado con la libertad. 

Parados, ahí os quedáis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

A saber, a menos que la asignación presupuestaria de 2011 para los sindicatos vaya a sufrir un muy considerable incremento, a mayor enfado sindical, a mayor pataleo y berrinche de Toxo y Méndez, mejor habrá de ser la orientación de esa reforma.

Atendiendo a semejante relación, cabe anticipar que el vacío que Zapatero no se ha dignado a ofrecer tras el Consejo de Ministros para completarlo con algún espacio en blanco más tras la reunión de los agentes sociales, no sirve absolutamente para nada salvo para volver a colocar bajo los focos con una mayor expectación a políticos, sindicatos y patronal.

Todos han mostrado su buena disposición a seguir negociando sobre la nada y a aprobar un decálogo de inútiles buenas intenciones con tal de que los alrededor de cinco millones de trabajadores vuelvan a encontrar ocupación. Tan esenciales se le antojan al Gobierno sus propuestas para volver a crear empleo, que ha preferido mantenerlas en una absoluta incógnita a cuyo lado palidece la Esfinge. Sólo hemos podido contemplar gestos, sonrisas y algún comentario de tapadillo sobre que se rebajará la indemnización de despido para los jóvenes extendiendo el ámbito del contrato de fomento del empleo y a que se implantará el modelo alemán del Kurzarbeit para repartir los escasos puestos de trabajo cuya supervivencia permite el asfixiante marco laboral actual entre un mayor número de trabajadores. Nada, en todo caso, de un despido libre (que no necesariamente barato), de rebajar las cotizaciones sociales, de restar capacidad rectora sobre la vida de los trabajadores a las centrales sindicales y a la patronal, de permitir ajustes a la baja de los salarios o de abrir un poco la mano a la movilidad funcional y geográfica.

Pero precisamente esta nulidad de contenidos unida al feliz compadreo entre pastores, supone la prueba del algodón de que nadie se ha comprometido a nada y de que, en lo esencial, esa legislación laboral franquista que los socialistas y sindicalistas tan bien han asimilado como propia, va a continuar aplastando las expectativas de nuestros parados.

Porque ahí reside el quid del asunto: por qué van a renunciar a sus prejuicios ideológicos, liberalizando los mercados, quienes, como sindicatos y patronal, tienen su puesto de trabajo asegurado merced a los privilegios que les concede el Estado, hasta el punto de que seguirán medrando económicamente aun cuando el país se declare en quiebra y llegáramos a los diez millones de parados. Venden sensibilidad, pero sólo muestran impostura. Sólo es necesario oírles hablar para darse cuenta de que nada entienden, pero que están dispuestos a imponer su ignorancia por ley y a arrastrar al país hacia el abismo. No quieren reformar en lo sustancial el mercado de trabajo porque, alegan, sólo se creará empleo cuando la economía se recupere, si bien no queda claro cómo se recuperará la economía sin una liberalización de los mercados. Colocar la carreta antes de los bueyes, se llama.

Apenas dos centrales sindicales y dos organizaciones empresariales con un espontáneo presidente del Gobierno en medio deciden sobre las condiciones laborales de más de 20 millones de trabajadores. Escandaloso liberalismo salvaje que convendría erradicar de una vez para solucionar todos nuestros problemas económicos. No en vano, ese ruin mecanismo de la contabilidad de doble entrada que arroja pérdidas o ganancias según cada empresa esté creando o destruyendo riqueza, usando adecuadamente los recursos escasos o despilfarrándolos en inutilidades, les sobra por entero a nuestros agentes sociales, siempre dispuestos a colocar un paréntesis a la economía de mercado cuando sea menester. Basta con que dejemos de fijarnos en la rentabilidad, para que todos vuelvan a trabajar en este país; ¿o acaso no disfrutamos de pleno empleo desde el Paleolítico hasta el advenimiento del capitalismo con la Revolución Industrial? ¿Qué mejor remedio, pues, que arrancar cualquier reducto de libertad a las relaciones laborales para erradicar el paro por decreto?

Total, el destino de cinco millones de personas ya depende de los caprichos de unos pocos estómagos agradecidos y no parece que les preocupe demasiado: "el Gobierno plantea reformas para los ciudadanos, no para los mercados". Prohíban ya el despido, aprueben cinco nuevos Planes E, cierren los mercados financieros y córtenle el pescuezo a algún osado especulador. Así seguro que no se les escapa nada. Mercado, ¿para qué?

Esperemos que todo sea una representación populista teledirigida desde Bruselas. Si no, la llevamos clara. Y luego algunos se extrañan de que los inversores huyan de la deuda española. Con un presidente y unos agentes sociales más interesados en seguir mareando la perdiz que en permitir que cada empresario y trabajador generen riqueza, la incertidumbre total es lo mínimo que puede planear sobre nuestra solvencia.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

La miseria de la estadística

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

…que, en su Traité d’Économie Politique, publicado en 1803, desconfiaba de la pretendida respetabilidad que aporta la cuantificación en economía.

La reticencia de Say frente a las estadísticas no era nueva. También Adam Smith había expresado su desconfianza hacia las investigaciones estadísticas. Después de seguir los estudios de población que su amigo Alexander Webster había desarrollado a lo largo de toda su vida, éste le confesaba que el censo poblacional tenía un error de unas 250.000 personas. Desolador, después de años y años de trabajo exhaustivo y riguroso.

Hoy en día, recién inaugurada la segunda década del siglo XXI, las cautelas de los economistas del pasado parecen no tener cabida. Hemos desarrollado nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos procedimientos, contamos con apoyo informático, nada que ver con los rudimentos de otros siglos. Y sin embargo, día sí, día también, ministros del mismo gobierno, o representantes del gobierno y de la oposición, se enfrentan públicamente por culpa de los datos.

El último round, en concreto, ha sido por el diferente peso que Corbacho y Salgado le dan a la economía sumergida. Y cuando no, es por la interpretación de los datos del paro. O por la determinación de la tasa de crecimiento necesaria para que haya creación de empleo.

El caso es que los ciudadanos, a quienes supuestamente nos informan en las ruedas de prensa, estamos mucho más confusos tras la exposición de datos que antes. La reacción del común de los mortales, similar a la de Adam Smith, es un poco injusta porque tira por la borda el trabajo de los buenos estadísticos, que tratan con respeto los datos y matizan todo lo necesario a la hora de interpretarlos.

La estadística aplicada a la economía tiene serios problemas. Las normas que guían a la ciencia no son independientes del tipo de preguntas a las que responde. Además, la complejidad de los datos observados plantea problemas a la hora de decidir qué variable es relevante, qué suceso es destacable, qué correlación es significativa. A esto hay que sumar que no existen laboratorios en economía. Y la tendencia del observador a poner de su propia cosecha a la hora de estudiar las causas profundas de las transformaciones sociales. Demasiadas trabas como para confiar a ciegas en los datos como parecen hacerlo nuestros gobernantes.

La Nobel de Economía 2009, Elinor Ostrom, cuenta en el artículo que estudia la acción colectiva, Colective Action and the Evolution of Social Norms (2000), la importancia que tiene a la hora de asegurar la cooperación voluntaria de los ciudadanos, la posibilidad de mirarnos a la cara.

Es importante que sepamos quiénes son los gorrones y los cooperantes en la gestión de recursos de una comunidad. Pero más aún es echarles un vistazo: tirar un papel al suelo cuando todos te miran te avergüenza. El lenguaje no verbal importa. Lo cierto es que Corbacho no mira a la cara al parado que saca a su familia adelante haciendo chapuzas, si lo hiciera vería simplemente necesidad, en vez de impuestos perdidos y economía sumergida.

Es curioso que el autónomo que te ofrece un servicio «¿con o sin factura?» no se avergüenza, el cliente sabe que le puede tocar a él. Los parados tampoco tienen la oportunidad de señalar con el dedo al responsable de su drama: la crisis no tiene un culpable más allá de las cifras. En último caso, no pasa nada, se cocinan los datos que haga falta y en paz.

Como sucede en otros ámbitos de la vida del hombre, la clave está más en lo que no se puede aprehender que en lo evidente. La confianza, la empatía, el sentido común, el olfato empresarial no están representados en las estadísticas. Es cierto que por sus hechos les conoceréis y el resultado de las acciones sí se puede medir. Ahora bien, ¿cuál es el peso de la intuición a la hora de interpretar los datos? ¿Cómo aportar credibilidad a la frialdad de la estadística? Son respuestas difíciles de responder.

Como las demás disciplinas, la estadística también es limitada. Utilizarla como arma política, en muchas ocasiones, como decía Say, lleva a emprender tareas detestables y, tal vez, lleve a la ruina al Gobierno socialista.

María Blanco es miembro del Instituto Juan de Mariana y profesora de Economía en la Universidad CEU-San Pablo.
Este artículo fue publicado en Mercados, suplemento económico de El Mundo, el 31 de enero de 2010.

Una maravillosa coincidencia

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

"Cuanto más planifica el Estado, más complicada se le hace al individuo su propia planificación". Las palabras del maestro Hayek siguen siendo hoy tan certeras como cuando las escribió en Camino de servidumbre (cap.6), allá por 1944.

Pensaba en ellas el otro día, mientras leía en la prensa dos noticias habituales en estas fechas: la publicación del Índice de Libertad Económica (ILE) que elabora la Fundación Heritage junto con el Wall Street Journal; y la nueva edición del Doing Business (DB), la clasificación que el Banco Mundial realiza desde 2004.

Me gusta revisar cada año estos dos rankings por lo que tienen de demostración empírica de algo que los liberales defendemos desde el punto de vista teórico cada día: que la libertad no sólo es un derecho inalienable a todo ser humano, sino que, además, crea prosperidad y riqueza allá donde es protegida y promovida. Así, los primeros puestos de ambas clasificaciones están ocupados por las economías que más han crecido en las últimas décadas, mientras que los experimentos intervencionistas que tanto aplauden los progresistas de salón europeos (como Venezuela o Bolivia) se hunden bajo el asfixiante peso del entrometimiento estatal.

Aunque los dos estudios se ocupan de la libertad económica en su conjunto y comparten, incluso, algunos de sus datos, el ángulo desde el que se acercan a los países objeto de estudio es ligeramente diferente. Así, el informe de la Fundación Heritage analiza la política económica y la legislación de cada país desde un punto de vista general (nivel de impuestos, libertad para comerciar, protección de los derechos de propiedad, corrupción,…); mientras que el trabajo del Banco Mundial pone el acento en las facilidades que da cada Estado para que los empresarios hagan negocios dentro de sus fronteras (número de días necesarios para abrir una empresa, tiempo gastado al año por una compañía en calcular y pagar sus impuestos o documentos necesarios para importar o exportar una mercancía desde su territorio).

Tengo que reconocer que, aunque los dos me parecen tremendamente interesantes, siento una especial predilección por Doing Business y la manera en la que resalta esas pequeñas trabas que los gobiernos de todos los países ponen para que los ciudadanos hagan algo tan sospechoso como contratar libremente y crear riqueza (un amigo mío, especialmente fajado en los laberínticos vericuetos de la burocracia española, lo denomina, con algo de mala leche, "el mundo del papelito").

En cualquier caso, las dos clasificaciones nos dan infinitos ejemplos de cómo la libertad y el crecimiento van de la mano allí donde aquélla es cuidada. Los siguientes son algunos de esos datos que han llamado particularmente mi atención (ambos estudios utilizan datos de 2008 y 2009, por lo que no reflejan todas las consecuencias de la crisis y de la fiebre reguladora que ha afectado a los gobiernos de medio mundo):

  • Los cinco primeros clasificados en el ILE son Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda. En DB encabezan la lista Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, Estados Unidos y Reino Unido. Incluso con los efectos del crack financiero que ha asolado la economía mundial en los últimos dos años, todos ellos son buenos ejemplos de sociedades prósperas.
  • España pierde posiciones en los dos índices. En el ILE, pasa del puesto 29 al 36 en un año (una pérdida de 0,5 puntos en la puntuación); mientras que en DB cae del puesto 51 al 62.
  • Los dos países de la eurozona peor clasificados en ambas listas son Grecia e Italia. Evidentemente, su crítica situación económica no es una casualidad.
  • En la evolución histórica del ILE, puede verse cómo España experimentó una subida sustancial desde 1996 hasta el año 2001 (de 59,6 puntos a 68,1; una mejora de 7,5 puntos en cinco años) coincidiendo con el primer Gobierno del PP. Luego, tanto con la mayoría absoluta de los populares como con Zapatero, la situación ha sido prácticamente estable (hemos crecido 1,5 puntos en ocho años). Tampoco parece fruto del azar que los últimos años del pasado siglo hayan sido los de mayor crecimiento de la historia reciente de nuestro país.
  • El segundo país europeo mejor clasificado en la suma de ambas listas es Dinamarca (9º en el ILE y 6º en DB). El país nórdico, incluso, podría subir aún más si no fuera por su alto nivel de impuestos y de gasto gubernamental. En mi opinión, es un claro ejemplo de algo que los liberales olvidamos con cierta facilidad: que no todo se acaba con el cobro de más o menos tasas por parte de la administración de turno. No es que quiera defender el altísimo nivel impositivo danés; pero, sinceramente, prefiero un gobierno que me cobra el 55% de mis ingresos y luego me deja tranquilo para que organice mi vida como me plazca, a uno que me cobra el 47% y luego está permanentemente entrometiéndose en mis asuntos.
  • Si la foto de España sale especialmente borrosa en algo, es en la parte dedicada al mercado laboral. En el ILE, los 47,3 puntos del apartado Labor Freedom no sólo son nuestra peor nota, sino que nos sitúan muy por debajo de la media global y a kilómetros de distancia de los países de nuestro entorno. No hay noticias de que los sindicatos o el Gobierno o el 20% de parados hayan tomado nota (ni lo vayan a hacer) de este dato.
  • Peor aún es nuestra situación en el epígrafe Starting a business de DB. Ocupamos el puesto ¡¡146!! de los 183 países analizados (vamos, que tenemos detrás a Cuba, Venezuela, Corea del Norte y algún otro despistado). La comparación con los demás países de la OCDE provoca ganas de llorar: en España, son necesarios 10 procedimientos, 47 días y un coste del 15% del PIB per cápita para algo tan peligroso como poner en marcha un negocio (en Francia, que tampoco es que sea un ejemplo de liberalismo los datos son 5 procedimientos, 7 días y un 0,9% de coste; en Nueva Zelanda, uno de los mayores éxitos de las últimas décadas, para crear una empresa sólo es necesario un requisito, que se cumplimenta en un solo día y no tiene ningún coste).

Analizando estos resultados, me acordé de otra anécdota de Friedrich Hayek que le he oído narrar en alguna ocasión al profesor Rodríguez Braun. En una conferencia, el gran pensador vienés aseguraba que la libertad es un fin en sí mismo que hay que defender siempre, y que los liberales debemos tener cuidado con los argumentos utilitaristas (tipo ‘a más libertad, más riqueza’) porque podrían volverse puntualmente en contra nuestra. En esas estaba, cuando uno de los asistentes le recordó que, casi sin excepción, en aquellos lugares donde se ha promovido la libertad ha crecido la riqueza. Hayek sonrío y le dijo: "Efectivamente, ésa es una maravillosa coincidencia".
 

*Rectificación del autor: La anécdota referida en el último párrafo no fue protagonizada por Hayek, sino por otro ilustre liberal vienés, Karl Popper. El profesor Rodríguez Braun ha tenido la amabilidad de llamarme y comentármelo. Se lo agradezco sinceramente y quiero hacer constar que el equívoco es atribuible sólo a mi mala memoria.

Inmigración y “derechos sociales”

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Expectantes ante la llegada del acontecimiento histórico planetario que recordará a la humanidad entera la insignificancia de los políticos que comparten el "Desayuno de la Oración", las legiones mediáticas del caudillito posmoderno nacido a orillas del Pisuerga presenciaron una de sus representaciones más histriónicas.

En la rueda de prensa que ofreció después de su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Rodríguez Zapatero, que ocupa asimismo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, se despachaba con singular afectación contra la momentánea negativa del consistorio de Vic de empadronar inmigrantes irregulares: "el Gobierno de España no consentirá que, por el truco de un Ayuntamiento, los hijos de un inmigrante, sea cual sea su situación, se queden sin sanidad o escuela".

Aunque parezca increíble, ese sofisma se lanzó por el máximo responsable de hacer cumplir la ley que impone a los extranjeros que quieran residir en España (excepto a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo) el deber de obtener un permiso de trabajo en sus países de origen o contar con recursos suficientes para mantenerse sin ayudas del Estado. Es cierto, no obstante, por limitarnos a los dos servicios aludidos, que una de las primeras reformas de esa Ley de derechos de los extranjeros aprobada en el año 2000 introdujo el sinsentido de otorgar a esos residentes irregulares el "derecho" a la asistencia sanitaria (no sólo de urgencia) y a la educación, por el mero hecho de empadronarse en el ayuntamiento del lugar donde vivieran. A este respecto, la regulación del empadronamiento se ha desbordado por las previsiones que lo convierten en un requisito para que los extranjeros con residencia irregular consigan prestaciones sociales.

Si fuera congruente, no obstante, el presidente del Gobierno debería promover cambios legislativos que suprimieran el deber de la policía de detener a los mismos inmigrantes que carecen de esos permisos y encerrarlos en centros de internamiento mientras se decide su expulsión. Pero no es el caso. Incluso para los elásticos parámetros europeos, la hipocresía de la regulación española resulta excesiva. Ningún gobernante europeo se atreve a insinuar que los inmigrantes irregulares deban recibir las mismas prestaciones públicas que los regulares. Entre otras razones porque, aunque cunda la tendencia de denominar como derechos a determinados servicios cuya prestación se han reservado muchos Estados, subyace la idea en todos los sistemas de bienestar que los usuarios acceden a esos servicios "gratuitamente" porque contribuyen a su financiación vía impuestos o cotizaciones a sistemas de seguridad social obligatoria, según criterios previamente establecidos. Desde esa perspectiva, la nacionalidad del contribuyente/usuario resulta absolutamente irrelevante para dejar paso al concepto de residente legal en un determinado país.

Aun discrepando de la virtualidad de esos sistemas, la recesión económica va a triturar la recaudación fiscal que permitió dar cobertura al llamado "gasto social" sin que las administraciones públicas incurrieran en abultados déficit. De esta manera, realidades largamente ocultadas por la insensatez de la casta política española van a precipitarse con singular crudeza. Los estrechos límites para la financiación de los impropiamente llamados "derechos sociales", como la sanidad y la educación, traerán consecuencias en el futuro inmediato. La degradación de esos servicios públicos cada vez más demandados se hará más perceptible. Dicho de otra manera, en una época de vacas flacas las tensiones comunes a todo plan redistributivo se van a agudizar tremendamente.

Quienes atizan las reclamaciones de "derechos" asistenciales saben que, tarde o temprano, tendrán que poner coto al universo de los beneficiarios que no contribuyen en nada, si quieren mantener la viabilidad financiera del sistema. En su huída hacia delante, los socialistas y los defensores del status quo, intentarán soslayar los vicios inherentes al sistema para asentar su poder sobre el temor a la adversidad. Sin embargo, debe abrirse la discusión sobre la conveniencia y viabilidad de los esquemas del Estado del bienestar por si mismos considerados, con independencia de que los usen los españoles o los extranjeros.

Por favor, no rescaten al ladrillo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La compañía de Page y Brin cargaba contra la empresa de Gates por su supuesta práctica monopolística consistente en regalar el navegador Internet Explorer junto con las distintas versiones del sistema operativo Windows. Según Google, el elevado porcentaje de usuarios que seguían empleando Explorer no se debía a su superioridad técnica, sino simplemente al hecho de que Microsoft lo empaquetaba con Windows. El éxito de este último arrastraba al primero, otorgándole una cuota de mercado muy superior a la que habría alcanzado en caso de que ambos productos se hubiesen ofertado por separado.

No seré yo quien niegue la más que probable hipótesis de Google. De la misma manera, tampoco tengo dudas de que se venden más automóviles con motor incorporado que sin él. Lo que no entiendo es de dónde se colige que una estrategia empresarial, por ser exitosa, pasa a convertirse en una práctica restrictiva de la competencia.

Uno creía que las compañías rivalizaban en el mercado por satisfacer del mejor modo posible las necesidades de los consumidores, y que para ello no sólo resultaba necesario fabricar los bienes, sino distribuirlos, comercializarlos y facilitar su uso.

Es evidente que la integración de Windows e Internet Explorer proporcionó a muchos consumidores el pack que requerían para empezar a navegar por la Red desde el momento en que adquirían un ordenador, sin necesidad de acudir a una tienda de informática para elegir qué navegador comprar. Con un producto suficientemente funcional, Microsoft ahorraba numerosos costes –monetarios y no monetarios– a los usuarios de internet.

Muchos no valorarán en absoluto las ventajas de este ahorro de costes, incluso puede que lo consideren un obstáculo para su bienestar (por ejemplo, aquellos que nunca habrían instalado Internet Explorer en su ordenador). Es posible, pero parece claro que los perjudicados por la integración de ambos productos eran una minoría absolutamente minoritaria al lado de los beneficiados. Al fin y al cabo, Microsoft sólo facilitaba el acceso a un navegador, pero no impedía la descarga y utilización de cualquier otro.

En este sentido, recordemos otra genial iniciativa contra Microsoft, esta vez por cuenta de la Comisión Europea. Allá por 2003, las autoridades comunitarias de defensa de la (in)competencia llegaron a la conclusión de que resultaba inadmisible que la compañía de Bill Gates vendiera Windows junto con el reproductor de audio y video de Microsoft (el famoso Windows Media Player). Por razones simétricas a las expuestas por Google, alegaban que Microsoft se estaba aprovechando del efecto arrastre de Windows para colocar a los consumidores un producto que debería competir independientemente en el mercado. Al final, obligaron a Microsoft a pagar la mayor multa de la historia de Europa: 497 millones de euros (monto que acabó siendo superior por supuestos incumplimientos), y a ofrecer dos versiones de Windows XP, una con el Windows Media Player y la otra sin él. Esta última, que también existe para Windows 7, lleva por nombre Windows XP N. ¿Les suena? Imagino que no mucho, porque su fracaso de ventas fue mayúsculo: en abril de 2006, varios años después de salir al mercado, apenas representaba el 0,005% de las ventas de Windows XP: ni fabricantes, ni minoristas ni consumidores estaban interesados en comprar un producto defectuoso e insuficiente.

¿Era necesario que la Comisión Europea multara y obligara a Microsoft a comercializar un Windows con menos prestaciones que otro –con todos los costes adicionales que ello conlleva– para descubrir que los consumidores tienden a preferir el Windows con más prestaciones gratuitas? Parece ser que para una panda de burócratas que sólo visitan los mercados para pisotearlos, sí. Qué sorpresa más grande se debieron de llevar al comprobar que los consumidores hacían lo que todo el mundo preveía que iban a hacer.

Mutatis mutandis, lo mismo sucede con Internet Explorer, lo cual no ha impedido ni que la Comisión persevere en sus meteduras de pata ni que Google, poco después de desarrollar Google Chrome, tratara de arrebatar cuota de mercado a Microsoft desde los despachos de los políticos.

En realidad, sin embargo, los consumidores parecen ser bastante menos tontos de lo que suponen los burócratas europeos y los empresarios aprovechateguis, pues la posición del navegador de Bill Gates dista mucho de ser hegemónica. Si en 2004 el Explorer alcanzaba una cuota de mercado del 95%, en 2009 ya había caído por debajo del 70% (sobre todo por culpa de Firefox). Basta con que Microsoft desarrolle un par de versiones de su navegador notablemente inferiores a las de la competencia para que millones y millones de internautas abandonen su software.

Pero parece que a muchas compañías les resulta más barato y sencillo vencer a sus rivales fuera del mercado (donde no necesitan satisfacer a los consumidores) que dentro del mismo. El caso de Google es, si cabe, más escandaloso, porque su buscador ostenta una cuota de mercado de entre el 75 y el 100%, según el país, y gracias a esa posición preeminente puede publicitar otros servicios, como el correo (Gmail) o su propio navegador (Google Chrome). ¿Habría tenido tanto éxito Gmail sin la ayuda prestada por el navegador de Google? Sinceramente, y pese a que Gmail me parezca un excelente servicio de correo para amateurs como yo, lo dudo. ¿Significa que, en línea con lo que Google reclama para Microsoft, se debería prohibir a Page y Brin cualquier publicidad y conexión entre Google, Gmail y Chrome? Espero que no, pues al final quienes saldríamos perdiendo, en nombre de una sacrosanta defensa de la competencia que no se sabe muy bien a quién defiende, seríamos los propios usuarios.

Google nunca debió avalar con sus maniobras la legitimidad de los tribunales antitrust, pues resultaba evidente que ellos iba a ser su próxima víctima. Y así ha sido: el pasado 11 de enero la ministra alemana de Justicia –del partido liberal– declaró que Google se estaba convirtiendo en un monopolio y que podría ser perseguido como lo está siendo Microsoft.

Dicho y hecho: a los pocos días supimos que la compañía se enfrentaba a tres demandas por prácticas monopolísticas, a cuál más absurda: una procede de los editores alemanes, otra de Microsoft y la última de la empresa Euro-cities. Los editores se quejan de que Google gana 1,2 billones de euros en publicidad mientras que todos los periódicos y revistas de Alemania sólo alcanzan los 100 millones, aun cuando parte del éxito de Google, dicen, se debe a que ofrece acceso a sus contenidos. Microsoft no reveló los detalles de la demanda, pero básicamente pretendía romper el contrato privado que una de sus filiales de publicidad, Ciao, mantenía con Google por considerarlo, ahora, demasiado restrictivo para sus intereses. Y Euro-cities, un servicio de mapas por internet, protestaba por que la gratuidad de Google Maps hacía imposible competir contra él (ya saben, competencia desleal por proporcionar un servicio gratuito que tanto perjudica a los usuarios).

Huelga señalar que ninguno de estos contenciosos debería haberse dirimido en un tribunal de defensa de la competencia, pues se refieren o bien a conflictos contractuales privados, o bien a modelos de negocio que han dejado de ser útiles para los consumidores al existir alternativas mejores y más baratas.

Sin embargo, desde que se aprobaran las primeras legislaciones antitrust, allá por finales del s. XIX, las grandes empresas privadas han ido recurriendo cada vez más a las instituciones políticas para competir entre sí o, mejor dicho, para evitarse competir. La lucha se traslada desde el mercado a los despachos de los políticos y a los juzgados; todo, supuestamente, con el objetivo de proteger a un consumidor que al final es el máximo perjudicado cuando desaparecen, por motivos no económicos, las empresas más punteras, innovadoras y capacitadas del mercado.

Las políticas de defensa de la competencia ya han conseguido que la gran Microsoft de los años 90 haya desaparecido, en medio de sanciones, costas procesales y restricciones a su actividad. Ahora, nuestros burócratas y su corte de empresarios incompetentes quieren hacer lo mismo con Google. Parece que ni siquiera los verdugos se libran de convertirse en víctimas una vez alcanzan la excelencia. Es la dictadura de la mediocridad.

Este artículo fue publicado en el suplemento IDEAS de LIBERTAD DIGITAL.

La ceguera de RTVE

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Por el momento, el Gobierno no considera necesario que el ente público emita publicidad para su financiación, y ha encargado tan importante tarea a las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones, que se unen en la misma a los ya acostumbrados contribuyentes.

Hombre, decir, como proclama una y otra vez RTVE, que la publicidad en la TV pública ha pasado a la historia es mucho decir. De la misma forma que este Gobierno ha tomado esta decisión ahora, la puede revocar con idéntica facilidad dentro de seis meses. Así pues, que nadie desdeñe volver a disfrutar de publicidad en RTVE. Es lo bueno que tiene vivir en sociedades democráticas avanzadas como la nuestra, que siempre el omnipotente Gobierno te puede dar una sorpresilla.

Pero asumamos que fuera así durante una temporadita. ¿Cuál será el efecto sobre RTVE? Para empezar, sus ingresos ya no dependen de ella misma y de la audiencia que pueda conseguir. Aunque este último indicador, la audiencia, le puede seguir guiando en sus decisiones "empresariales", lo cierto es que dicha audiencia no va a tener su reflejo monetario. Para las restantes teles, sí: a mayor audiencia presumiblemente consiguen más ingresos, y esto justifica la búsqueda de programas aceptables para su público.

Es más: como los ingresos de RTVE dependen de los de sus competidoras en audiencia, y los ingresos de éstas serán tanto mayores cuanta más audiencia consigan, parece que a RTVE le podría interesar minimizar el número de sus telespectadores.

Entonces, ¿cómo va a saber RTVE qué clase de programas incluir en su parrilla? El criterio seguido hasta ahora ya no le vale. En el fondo, al impedirse el acceso de RTVE al mercado publicitario, el efecto es que se la deja ciega. Ya no podrá ni sabrá adaptarse a lo que demande el mercado. Es un futuro ciertamente negro, como corresponde a la minusvalía que la decisión gubernamental le ha infligido.

En ausencia de criterios económicos, los criterios políticos son los únicos. Y no es que estos estuvieran ausentes hasta ahora de la gestión de RTVE, ni mucho menos. Pero en todo caso había una cierta disciplina impuesta por el objetivo de audiencia. Eliminado este objetivo, los criterios políticos son los únicos apoyos que le quedan a RTVE para su deambular futuro.

Me da la impresión de que la próxima Nochevieja, las campanadas ya no las veremos en RTVE. Al tiempo.

El empresario y su hermano menor

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La acción del empresario y la del directivo a menudo se entremezclan y confunden pero la función de cada uno de ellos es muy distinta, siendo lo óptimo que ambas se complementen mutuamente. A pesar de que hay excepciones verdaderamente geniales, un buen empresario no tiene por qué ser un buen directivo, ni viceversa.

El empresario, por lo general, es propietario de todas o de un paquete significativo de las acciones del negocio que pone en marcha. Por ello toma decisiones vitales de cómo emplear el capital de su industria y la cuantía de las inversiones a realizar. Su función consiste en recombinar cada escaso factor productivo del modo más eficiente y urgentemente deseado por los consumidores. Es el que toma los riesgos y trata de convertir los desequilibrios subjetivamente percibidos en beneficios. Si lo logra, crea riqueza de la escasez y logra armonizar lo que estaba descoordinado.

El empresario es el que tiene una premonición sobre la futura estructura de una parcela concreta del mercado, inadvertida por el sentir general, y trata de sacar partido de ello llevándola a la realidad. Es un soñador perspicaz y un calculador de rentabilidades pero sin policías ni ejército alguno que impongan por la fuerza su visión. Sólo el mercado confirmará finalmente si es o no un visionario lúcido de su idea precisa. Se beneficiará de sus aciertos con la obtención de beneficios y pagará sus yerros con pérdidas patrimoniales propias.

El directivo está ligado a la compañía por meras razones profesionales y su función consiste en ajustar con pericia la marcha de la misma a la situación cambiante del mercado. Sus atribuciones clásicas son las de saber reclutar y motivar el personal apropiado, organizarlo, darle las herramientas adecuadas y adjudicarle objetivos precisos, planificar el negocio y dirigir los procesos dentro de la empresa con sus correspondientes ajustes y controles. El gerente toma responsabilidades pero nunca debería sustituir al empresario, a menos que esté patrimonialmente vinculado a la sociedad. A veces, los dueños de grandes corporaciones abdican de su función de liderazgo empresarial y otorgan el poder real a su manager retribuyéndole por objetivos o bonus. Esto no hará sino incrementar la temeridad de este último ya que estará a las ganancias pero no a los quebrantos. Se producirá una disfunción. Tampoco se mitigará la carencia de una verdadera dirección empresarial con la entrega al ejecutivo de stocks options en aquellas compañías que cotizan en alguna Bolsa ya que sus decisiones estarán condicionadas a la cotización de la acción a corto plazo y no a la consolidación de su valor en el medio o largo alcance.

El directivo es un mandatario de los accionistas o de sus consejeros delegados. El mal gerente puede perder su puesto de trabajo pero no su patrimonio. Si es un buen profesional desempeñará con destreza sus talentos gerenciales y llevará a buen puerto las complejas tareas que le han sido encomendadas. Creará valor para la compañía y hará ganar dinero a los accionistas. Logrará ser, en palabras de P. Drucker, un ejecutivo eficaz.

El empresario trabaja por su cuenta, actúa por afán de lucro y tiene vocación de empleador. El directivo depende del primero y se mueve por una retribución. El primero lleva una idea a la práctica, es un creador de productos y mercados. El segundo implementa las ideas del primero mediante equipos. El primero crea e innova, el empleado gerencial organiza una plataforma para crecer y estructurar la empresa acorde con el plan económico del primero.

La función directiva se halla subordinada a la empresarial. Su actor viene a ser, como decía Mises, el "hermano menor del empresario". No por ello su función debe minusvalorarse. Es más, el empresario que no sabe contratar o encontrar el momento adecuado para "fichar" a un directivo suele limitar su compañía a unos pocos trabajadores. Puede ser un negocio rentable durante años pero al privarse de talento directivo estará atenuando el estado de alerta debido en su proyecto al dedicarse en exceso a labores directivas que no domina. Se puede producir una disfunción. Pese a lo duro que es delegar en un tercero la gestión del sueño empresarial de uno, a veces es imprescindible. El empresario debe estar consagrado a su función esencial y la ampliación de su empresa no debiera distraerle de la misma.

Los buenos directivos convierten meros negocios en compañías muy rentables que pueden llegar a crecer exponencialmente. Esos directivos son también un recurso escaso. A veces la oportunidad de negocio es tan grande que el empresario sagaz no dudará en contratar a un experimentado ejecutivo sin necesidad de pasar por la etapa de "aprender en el trabajo". Se importa directamente el conocimiento necesario en cada etapa de crecimiento de la sociedad. Si se acierta con la elección habrá compensado con creces su alto coste.

Para aquellos empresarios incapaces de hacerse con un buen ejecutivo o que se encuentren en un impasse generacional o imposibilitados para la gestión adecuada de su negocio en expansión, el propio mercado ha creado soluciones a estos escollos: existen empresas financieras de capital riesgo (private equity) que compran al empresario antiguo sus acciones y ponen al frente un directivo al que, además, se le ofrece un paquete accionarial de la sociedad. Este director puede venir de fuera (MBI, Management Buy In) o puede incluso venir de dentro de la compañía (MBO, Management Buy-Out), o la combinación de ambas fórmulas conocida como BIMBO (Buy In Management Buy-Out). Pese a que la función empresarial en estos casos es capitaneada por la firma financiera, apuestan también por convertir a sus directivos en co-empresarios de su aventura conjunta.

Sea como fuere, el éxito de una empresa –grande, mediana o aún pequeña– depende de la interacción fructífera de ambas figuras en su seno que permita cubrir bien las necesidades de los consumidores. Es entonces cuando una compañía, en un proceso de dinámica rivalidad, logra ser engranaje de mejora social al materializar una idea servicial. Un motor más del bendito proceso económico de cooperación social se habrá puesto en marcha.

Responsabilidades sociales

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Es curioso observar cómo en tiempos de crisis proliferan por todas partes las llamadas a la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa o, lo último que he oído: la ESG (Enviroment, Sostenibility, Governance). Será esta moda tan pertinaz de la economía sostenible que escuchamos aquí y allá, junto a las reuniones contra el cambio climático.

Por ejemplo, hace algunas semanas asistí a la presentación de un interesante estudio de Josep Maria Lozano, profesor de ESADE, sobre La empresa ciudadana, responsable y sostenible. Además de otros libros, como un completo manual sobre la Ética en la empresa, es autor también de monografías similares en torno a la RSE de las PYMES o a las empresas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (iniciativa puesta en marcha por la ONU, como el Global Compact, de las que tal vez hablemos en otra ocasión).

Le acompañaba Alberto Andreu, responsable de Reputación Corporativa de Telefónica y persona bien conocida en estos foros. Estaba preocupado por el excesivo cortoplacismo de muchas empresas, por el recurso a veces cosmético a la RSE y, medio en broma medio en serio, por el "efecto Alcorcón" que se analizó en una clave no precisamente futbolística. También habló de cortoplacismo político el diputado de CIU, Carles Campuzano, colaborador de Ramón Jáuregui en las iniciativas del Congreso de los Diputados sobre esta materia de la RSE; así como el catedrático de la UAM Fernando Vallespín, bastante escéptico respecto a la capacidad de los partidos políticos para actuar con cualquier otro objetivo que no sea ganar las elecciones más cercanas.

Hay que decir que el tono de la reunión fue algo pesimista; entre los numerosos casos de corrupción nacional e internacional, la aparente incapacidad de reacción ciudadana y los efectos de la crisis económica, salimos del acto poco animados, la verdad. Pero quiero decir que, en parte, me parece que la culpa la tenemos nosotros mismos. Allí se echaba en falta la presencia de líderes, pero al mismo tiempo se defendían con vigor nuestras sociedades modernas y tolerantes, supuestamente "libres" de cualquier dirigismo dogmático, religioso, político… entonces: ¿en qué quedamos?

Es el drama de la posmodernidad, del que se quejan con razón, pero que no tratan de resolver. Cuando aceptamos sin reservas (como los sofistas presocráticos, no crean que se han inventado demasiadas cosas en los últimos veinticinco siglos) que el hombre es la medida de todas las cosas, no podemos escandalizarnos a continuación si resulta que tu medida es distinta de la mía; o si tu medida consiste en vender hipotecas subprime…

Seamos honestos por un momento: la crítica del relativismo solo puede hacerse cuando estás dispuesto a defender en serio que hay verdades ciertas y mentiras patentes, comportamientos correctos o miserables, y que somos libres para elegir unos u otros. Entonces es cuando somos responsables.

Particularmente desenfocada me pareció una crítica a nuestra cultura mediterránea y católica como mejor exponente de la pérdida del sentido de la responsabilidad; con la consabida comparación con esa otra ética protestante del esfuerzo. No comparto ese punto de vista. Pienso que las sociedades cristianas (unas y otras), cuando de verdad se comprometen en vivir coherentemente su fe, aportan un grado de honestidad y solidaridad que humanizan enormemente la convivencia. Claro, hablo de religiosidad vivida con plenitud, y no esa mascarilla tenue y superficial que describe tantas prácticas religiosas actuales.

Es por eso que estoy convencido de que la crisis actual (económica, política, ciudadana) es una crisis moral, de valores, de comportamiento. Claro que necesitamos líderes, firmes primero en sus convicciones, y que sean ejemplares por el ejercicio de su virtud (la areté, como señalaba Aristóteles: necesitamos aristócratas de verdad). El cambio que requiere nuestra sociedad es un cambio individual, de cada persona, en cada momento del día. Ya he protestado en otra ocasión a favor del ejercicio personal de la responsabilidad (más que el social); querría añadir ahora la urgencia para dotar a estas inquietudes responsables de un componente moral, del que se habla muy poco, por cierto, en todos estos foros que comento.