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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Parar las máquinas en tiempos de crisis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En plena destrucción acelerada de empleo, al sindicalista no se le ocurre nada mejor que proponer reducir la jornada laboral a 35 horas semanales organizadas en cuatro días. Así, se nos dice, las empresas tendrán que demandar más trabajadores para mantener su nivel de producción y el paro se reducirá.

Algunas personas parecen empeñadas en hundirnos en la miseria. A las disparatadas recetas de endeudarnos para incrementar nuestro consumo, ahora añaden la de reducir el número de horas que trabajamos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero no por ello su validez se desgasta: si una familia está endeudada hasta las cejas, ¿qué le recomendaríamos? Primero, que deje de acumular nuevas deudas. Segundo, que se apriete el cinturón recortando gastos superfluos. Tercero, que el dinero que ahorre lo destine en todo o en parte a amortizar la deuda. Y cuarto, si resulta necesario, que se busque otro empleo para poder ahorrar más cada mes.

El torpe razonamiento económico de muchas izquierdas y derechas apunta hacia lo contrario. Primero, si no quiere caldo de deuda, tome dos tazas. Segundo, con la nueva deuda, páguese unas ostentosas vacaciones al Caribe. Tercero, no se preocupe nunca por minorar su nivel de deuda, que suba es una buena señal. Y cuarto, a ser posible quédese en el paro o búsquese un empleo donde trabaje y gane la mitad. No sé por qué nuestros gobernantes no están sufragando una campaña institucional con estos cuatro consejos para las familias españolas al borde del embargo hipotecario. ¿Tal vez porque se tomarían como un insulto a su inteligencia lo que nuestros prohombres públicos pretenden que el Estado nos imponga a todos por ley?

No creo que sea necesario desarrollar demasiado por qué nadie en su sano juicio debería leer la entrevista al cándido Cándido buscando un atisbo de sensatez. A quien no le chirríe que la recuperación de una crisis en la que se destruye riqueza de forma masiva deba pasar por dejar de producir aun más riqueza, probablemente sea porque esté más preocupado por validar sus prejuicios ideológicos que por intentar comprender esta sencilla realidad. Y ante eso, razonar sirve de poco. Pero por si hay algún confundido de buena fe, intentaré exponer el argumento económico que se esconde detrás del sentido común.

Las compañías son organizaciones complejas que utilizan multitud de factores productivos: máquinas, edificios, materias primas, electricidad, información técnica y, también, trabajadores. El empresario contrata a los trabajadores y al resto de factores en función de los beneficios que espera obtener con su negocio. Si un factor se encarece, tratará de utilizarlo menos para evitar al máximo la erosión de sus beneficios: si la luz sube de precio, intentará ahorrar electricidad y quizá incluso se cierre alguna sección del negocio que consuma mucha.

Muchos parecen creer –siguiendo todavía a estas alturas a Marx– que el trabajador es la parte esencial de un proceso productivo y que si su precio aumenta, lo hará siempre a costa de los beneficios del capitalista: en su mente, se trata de una simple redistribución de la renta. No entienden que si el coste de los trabajadores aumenta, los empresarios tenderán a utilizarlos menos y si hace falta cerrarán ciertas líneas de negocio, como sucedía cuando subía la luz.

Pues bien, reducir la jornada laboral y mantener los salarios equivale a un incremento enorme de la retribución de los trabajadores (trabajan un 12,5% menos y cobran lo mismo). Y si el trabajo se encarece, se utiliza menos. ¿Resultado? Más paro. Que nadie sueñe con que los empresarios redoblarán las contrataciones para cubrir los huecos; puede que sea así en algunos casos (a costa, claro, de que suban los precios de su mercancía), pero en general es imposible: todos los empresarios no pueden subir todos los salarios a la vez de manera sostenida en el tiempo. En caso de implantarse una medida similar, quienes la sufrirían serían aquellos a los que supuestamente se quiere beneficiar. Pero no creo que este riesgo haga reflexionar lo más mínimo a UGT y similares, pues su objetivo nunca ha sido defender al trabajador, sino vivir del cuento con esa excusa.

Por supuesto, nada tengo que objetar contra quienes crean que el futuro pasa por reducir la jornada laboral y ampliar nuestro tiempo libre. Yo también lo creo e históricamente así ha sido. Pero todos quienes pensemos esto deberíamos ser también conscientes de que esa ampliación de nuestro ocio vendrá de la mano de unos salarios menores a los que podríamos haber percibido sin ese ajuste de jornada. El tiempo libre es un bien económico como cualquier otro y tiene sus costes, es decir, en cierto sentido pagamos por él a través de menores salarios.

Por eso mismo, a diferencia de Méndez, no creo que esa reducción de jornada deba imponerse por parte de los poderes públicos: muchos trabajadores pueden seguir prefiriendo una jornada de 40 horas a cambio de mayores sueldos y de llegar a fin de mes. Que cada cual pacte las condiciones laborales que considere más convenientes.

Ahora bien, que semejante reducción coactiva de nuestras rentas se esté proponiendo en tiempos de crisis no sólo me parece una desfachatez sino una salvajada antisocial difícilmente superable. Aunque supongo que a nuestros sindicatos ya se les ocurrirá algo.

Sobresueldos y rescates: lo malo y lo peor

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

De inmediato, todos los políticos que votaron por salvar a AIG a costa del erario público han estallado en críticas y denuncias. "Es horrible y vergonzoso", decía un senador republicano por Alabama. "Hay que gravarlos al 100%", proponía un senador demócrata de Nueva York. "Es inaceptable que se repartan los bonus mientras seguimos inyectando miles de millones en la compañía", reflexionaba otro senador demócrata (por Illinois).

Tienen razón. Es inaceptable. Pero lo es desde el principio, exactamente desde que se procedió al rescate de la compañía. ¿Qué absurda y contradictoria economía de mercado están contribuyendo a crear los planes de rescate, pues los altos ejecutivos ya no pueden ser remunerados y los accionistas no pueden percibir dividendos?

Recordemos lo evidente: los directivos son personas con una enorme responsabilidad que pueden hacer ganar o perder mucho dinero a sus accionistas. Por eso los máximos responsables de las empresas, sobre todo cuando se trata de grandes compañías, están dispuestos a pagar elevadísimos salarios para hacerse con los mejores. Algo parecido sucede en el fútbol: todos los equipos quieren fichar a los mejores, por eso los mejores cobran tanto.

Pero, al igual que en el fútbol, en el mundo de la empresa el pagar mucho no impide que algún ejecutivo galáctico salga rana. En muchos casos los accionistas confían ciegamente en personas que han tenido mucha suerte en otras compañías o que poseen un currículum impresionante a pesar de que no comprenden los movimientos del mercado.

Si los accionistas contratan a un directivo inadecuado y, para más inri, lo remuneran generosamente, tanto peor para ellos. La próxima vez –si es que hay próxima vez– intentarán buscar mejor. Mientras la empresa no quiebre y tenga dinero suficiente, podrá seguir buscando nuevos directivos y, en su caso, atraerlos con altos salarios. La retórica en contra de los sueldos altos resulta ridícula, sobre todo porque no son los paganos quienes protestan. Entendería que un accionista se llevase las manos a la cabeza por haber contribuido a encumbrar a unos incompetentes carísimos, pero me cuesta más de entender que lo haga un tipo sin oficio ni beneficio en la empresa.

Con esto no quiero decir, claro está, que considere que todos los sistemas de remuneración de directivos resultan positivos y dignos de encomio. De hecho, en mi opinión la mayor parte de los bonus tienden a primar demasiado los resultados a corto plazo en detrimento de la perspectiva a largo. Pero, de nuevo, este error –y su hipotética corrección– será en todo caso responsabilidad de los accionistas: si no establecen los incentivos adecuados para la dirección, serán ellos los perjudicados.

El problema del affaire de AIG es que los directivos resultaron un completo fiasco y abocaron la compañía a la quiebra, motivo por el cual los accionistas deberían haber perdido todas sus inversiones. Pero hete aquí que AIG era, según el Gobierno de Estados Unidos, demasiado grande para quebrar, motivo por el cual tocaba recapitalizarla. ¿Resultado? La dirección se queda y los accionistas no se arruinan del todo.

Los directivos incompetentes se comportaron en un principio como es lógico que se comportaran: cobrando los bonus que sus accionistas les habían prometido. Si la empresa hubiese quebrado, obviamente se habrían quedado sin bonus; como el Gobierno se lo ha impedido, ahora iban a percibirlos de los impuestos ciudadanos. Que hayan renunciado a ellos tras las presiones políticas sólo demuestra la importancia que las presiones políticas han ido adquiriendo en el mercado estadounidense.

Y es que la reacción de los políticos fue desde un comienzo tratar de impedir que los altos cargos pudieran cobrar las bonificaciones. Al fin y al cabo, el objetivo de la inyección pública de capital en AIG no era que aquéllos pudieran costearse unas lujosas vacaciones y comprarse otro coche más, sino evitar que la compañía dejara de pagar sus obligaciones y pudiera seguir operando en el mercado.

Pero, como digo, ¿qué clase de mercado es éste, que está sometido a la excepcionalidad de un rescate y al control político? El problema no es que los directivos de AIG cobren bonus: el problema es que se impidió que AIG quebrara y fuera liquidara. El resto de la polémica no es más que un fruto inevitable de lo primero.

Cuando se retuercen las leyes del mercado, cuando se impide que quiebren quienes tienen que quebrar, pasan cosas como ésta. Cualquier decisión que tome AIG a partir de su recapitalización pública lo hará gracias a los contribuyentes estadounidenses: no sólo el pago de primas extraordinarias a sus más altos ejecutivos, sino el pago de indemnizaciones a sus clientes (a pesar de que éstas son, un parte, responsables de la crisis actual).

No se puede jugar al mercado. Los enjuagues público-privados son un artificio que siempre redunda en perjuicio de otros. Parece que algunos sólo se dan cuenta cuando unos directivos ponen el cazo.

USSRA

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La tierra de las libertades y el respeto a la propiedad privada corre el riesgo de ser rebautizada bajo las siglas de USSRA (United Socialist State Republic of America), término acuñado por el famoso analista Nouriel Roubini el pasado septiembre tras la nacionalización de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Por desgracia, el diagnóstico se está haciendo realidad.

El pueblo de Estados Unidos asiste a la mayor intervención pública de toda su historia en materia económica. No obstante, el volumen de gasto gubernamental que se maneja en la actualidad supera, incluso, al New Deal de Roosevelt, aprobado con el ilusorio fin de paliar los efectos de la Gran Depresión en los años 30. Obama, de marcado perfil izquierdista, ha iniciado su mandato al frente de la Casa Blanca con el firme propósito de evitar a toda costa una nueva quiebra de relieve, ya sea empresarial o bancaria.

Para ello, no duda en tirar de la limitada chequera de los contribuyentes para sufragar programas de estímulo e inmensos rescates financieros cuyo coste, tarde o temprano, se traducirá en un sustancial aumento de impuestos. En las últimas semanas, el Gobierno de USSRA ha puesto en marcha programas de gasto y financiación pública que carecen de precedentes en la historia del país.

De momento, la Administración pretende gastar cerca de 800.000 millones de dólares para construir fastuosas infraestructuras e impulsar el sector de las energías renovables, con el objetivo de crear tres millones de puestos de trabajo irreales. Obama no cumplirá su compromiso. Además, el citado plan ya se ha traducido en un sustancial incremento de la presión fiscal para las grandes empresas y las rentas medias y altas.

A su vez, la Reserva Federal (Fed) que preside Ben Bernanke ha decidido optar por la vía más rápida y sencilla, al tiempo que arriesgada. La Fed imprime billetes para adquirir deuda pública y corporativa, y extiende su aval a todo tipo de créditos hipotecarios y de consumo de dudoso cobro para tratar de reactivar un mercado crediticio que continúa y continuará congelado. Y ello, aún a riesgo de que la propia Fed caiga en una situación de insolvencia como la que padecen los grandes bancos del país.

No contentos con ello, el Tesoro de Estados Unidos, dirigido por Timothy Geithner, acaba de aprobar un segundo Plan Paulson, dotado de hasta 1 billón de dólares para adquirir los activos tóxicos que acumulan las entidades financieras. Una operación que, pese a escudarse en la participación de los inversores privados, sitúa todo el riesgo sobre los hombros de los contribuyentes en caso de que la adquisición de los citados activos produzca pérdidas. Algo que, por desgracia, también es muy probable que suceda.

De hecho, el mandatario Geithner se atreve ahora a solicitar poderes extraordinarios para intervenir cualquier entidad no bancaria o empresa privada cuya quiebra pueda suponer un impacto sustancial a la economía. Por supuesto, sin la necesidad de contar con la debida autorización parlamentaria. Y esto, tan sólo en lo que se refiere a gasto público puro y duro ya que, por otro lado, el quipo de Obama apuesta firmemente por endurecer aún más la regulación y la supervisión de todo el sistema financiero estadounidense, así como limitar por ley los sueldos de los directivos.

Sin embargo, en todo este debate falta lo sustancial, lo realmente relevante y significativo para poder entender cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quiénes son los culpables? Los tienen ustedes delante, día sí y día también. Los supervisores, los reguladores públicos y el brazo financiero del Gobierno (banca central). En definitiva, el poder político. Esa clase social privilegiada que, independientemente del país en el que gobierne, culpa de todos los males actuales a un mercado que, curiosamente, no opera en el ámbito financiero desde hace décadas.

La banca es, en realidad, un oligopolio, regulado estrictamente por el Gobierno, ya que impone todas y cada una de las condiciones con las que debe operar. El sector bancario comercia (compra y vende) con dinero, pero su precio (tipo de interés) lo determina otro organismo central de planificación socialista que se hace llamar banca central. Los niveles de capital y apalancamiento con el que operan tales entidades financieras también los determina la ley (véanse las normas de Basilea I y II). De hecho, hasta la forma de contabilizar sus balances ha sido dictada por los políticos. Son las denominadas normas internacionales de contabilidad, que establecen el polémico criterio mark to market y cuyo funcionamiento ha colapsado.

Además, el sistema de reserva fraccionaria –mediante el que la banca puede extender el crédito hasta 10 y 20 veces por encima de los depósitos captados– y el papel moneda (dinero fiat) derivan, igualmente, de una decisión política. ¿Y las tan denostadas agencias de rating? Pues sí, el monopolio de estas compañías a la hora de evaluar productos y deuda crediticia también es un monstruo creado por el Gobierno, a golpe de decreto. ¿Y las subprime? Tampoco se salvan. Las leyes que obligaban a conceder créditos a gente insolvente no es una ocurrencia de los empresarios, sino de los políticos.

Y visto lo visto. ¿Dónde está el endiablado mercado? Pese a las evidencias, la falacia dictada por el Estado cala y la Administración actúa en consecuencia, restando poder de decisión a sus ciudadanos. Las recetas mágicas de Obama contra la crisis tan sólo agravarán los problemas, a no ser que las sólidas fuerzas del libre mercado que aún operan en Estados Unidos lo remedien antes de que el descontrol del gasto público comience a mostrar sus terribles efectos sobre la primera potencia mundial.

Mientras tanto, la sombra del socialismo avanza sobre la cuna de la libertad. Y es que, como bien indica el exitoso inversor Jim Rogers, si el Gobierno insiste en rescatar empresas insolventes es posible que sea el propio país el que, finalmente, se vea abocado a la bancarrota.

El cambio y la crisis: dos actitudes contrapuestas

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El constante cambio y la incertidumbre son dos características fundamentales e inevitables de nuestro mundo. Sin embargo, como es evidente, la intensidad en que se manifiestan en la sociedad puede variar notablemente.

En periodos como el actual, donde constantemente recibimos nuevas noticias (cada vez más desastrosas), la volatilidad en los mercados financieros es elevada y se está tratando de llevar a cabo los procesos de reajuste requeridos para la recuperación, la percepción del cambio rápido es más intensa. No obstante, no creo que esto sea algo nuevo ni meramente coyuntural, sino que parece existir una tendencia desde al menos el siglo XX hacia una aceleración de los procesos sociales, donde la tecnología e información avanzan deprisa, los valores sociales y morales cambian más rápidamente, etc.

Por el lado de la incertidumbre, ésta es exacerbada por las actuaciones de las autoridades e instituciones públicas. La incertidumbre inerradicable e inherente a los seres humanos, consistente en la incapacidad de prever con exactitud el futuro, es aumentada por una nueva fuente de incertidumbre: las impredecibles y erráticas actuaciones gubernamentales (una interesante reflexión teórica sobre esto es la Teoría de los Big Players de Roger Koppl). ¿Qué será lo próximo que hará el Gobierno? ¿Rescatará a más entidades o dejará caer a alguna? ¿Cómo financiarán los planes de estímulo milmillonarios? ¿Se recurrirá a la inflación? ¿Cuál será la carga impositiva en el futuro, con el déficit disparándose? Todas estas preguntas son, entre muchas otras, las que los agentes económicos tratarán de darse una respuesta. Así es como se obstaculiza la recuperación, generando desconfianza sobre los inversores. La introducción de grandes dosis de incertidumbre ‘artificial’ es lo que, según Robert Higgs, convirtió a la crisis del 1929 en la Gran Depresión que finalmente fue, especialmente por su gran duración.

Por tanto, nos movemos en un entorno muy cambiante e incierto, donde la necesidad y habilidad para adaptarse fácilmente a nuevos cambios es esencial para mantenerse a flote. A este respecto, Alice Munro, en un bello pasaje de La Vista desde Castle Rock, distingue a dos clases de personas según su forma de enfrentarse a los cambios y problemas sociales: "Algunas, si se construye una autovía que pasa por su jardín, lo considerarán una afrenta, lamentarán la pérdida de intimidad… y de una dimensión de sí mismos. El otro tipo de personas verá en ello una oportunidad: montarán un puesto de perritos calientes, conseguirán una franquicia de una cadena de comida rápida, abrirán un motel".

En la actualidad, podemos ver ejemplos de estas dos actitudes. En el primer grupo de los que son incapaces de adaptarse, podríamos identificar a General Motors. Su táctica ante las dificultades no consiste en reestructurar su negocio, sino en el chantaje a los (débiles) gobiernos europeos, exigiéndoles 3.000 millones de euros con el fin de permanecer con vida y que alrededor de 300.000 empleados mantengan su trabajo.

En el otro extremo, están quienes tratan de descubrir, y actuar en consecuencia, cualquier oportunidad de negocio que brindan los cambios que trae la crisis. Los hay que, aprovechando la complicada situación financiera de muchas familias norteamericanas y los altos precios del oro, organizan "fiestas del oro". Éstas consisten en que una compañía, surgida para este particular, envía un comprador a casa del oferente de oro, y allí se intercambian cantidades de este metal (en forma de joyas, por ejemplo) por dinero en efectivo. Y el otro ejemplo que podría ponerse es el de algunas firmas de automóviles de lujo, como Porsche. En vista de la caída que han experimentado las ventas de este tipo de bienes, han optado por sacar gamas de vehículos más económicas, tratándose así de adaptar al cambio en las preferencias de los consumidores.

Así pues, existen dos grandes tipos de maneras de enfrentarse ante situaciones como las que vivimos: quedarnos parados esperando a que alguien nos salve el culo, o adaptarnos a los cambios con una actitud proactiva. De nosotros depende intentar convertir las amenazas en oportunidades, mirando al lado positivo, que siempre suele existir, de las cosas.

No al doblaje impuesto en catalán

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sus defensores arguyen que esta ley beneficia a los espectadores, pues incrementando la oferta de cine en catalán para compensar el "desequilibrio" se facilita que todos los espectadores puedan escoger la película en el idioma que quieran.

Sería interesante conocer la opinión que el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, tiene sobre el "desequilibrio" a favor del castellano en la prensa de papel o en la edición de libros o en la televisión o en internet. ¿También quiere imponer una cuota paritaria en estos ámbitos? En coherencia, debería. Pero cuando uno es coherentemente intervencionista transmite una imagen tan estalinista que repulsa incluso a uno mismo.

Los espectadores no necesitamos que la Generalitat venga a salvarnos de ningún "desequilibrio", porque esos desequilibrios los creamos nosotros escogiendo las salas de cine y las películas que queremos ver, o eligiendo entre ir al cine, al teatro o quedarnos en casa. En rigor no cabe hablar siquiera de "desequilibrio", pues lo que hay es una oferta equilibrada con respecto a la demanda. Si el zumo de naranja vende más que el de manzana no hablamos de "desequilibrio", simplemente decimos que la gente quiere más zumo de naranja y las empresas se adaptan a esta preferencia e intentan proveerlo.

Soprendentemente algunos piensan que la oferta no responde a la demanda, sino que es la demanda la que responde a la oferta. En otras palabras, lo único que tiene que hacer un productor para captar una demanda es fabricar algo y ofrecerlo. Da igual de qué se trate, pues la demanda responde a la oferta. Si la gente compra más zumo de naranja no es porque en el fondo quiera más zumo de naranja, sino porque el productor ha puesto a la venta más zumo de naranja. Si fabricara más zumo de uva o de piña ese sería el que comprarían los consumidores.

Los que así razonan olvidan que la "empresa dictadora de preferencias" no está sola en el mercado. Si "en el fondo" los consumidores quieren zumo de manzana en lugar de zumo de naranja, no importa que la empresa original se empeñe en fabricar sólo zumo de naranja: las demás empresas tienen incentivos para fabricar zumo de manzana y acaparar a todos los consumidores insatisfechos.

En el mercado la clave no es la demanda revelada, sino la anticipación de esa demanda. Allí donde hay una demanda potencial insatisfecha hay una oportunidad de negocio para una empresa. Si un porcentaje importante de espectadores está insatisfecho con la escasa oferta de cine doblado al catalán, las distribuidoras y exhibidores son los primeros interesados en incrementarla. ¿Por qué no iban a hacerlo? No hay ningún impedimento legal y la empresa que primero ofreciera más copias en catalán atraería más demanda y multiplicaría sus ingresos. El único contra-argumento es que las multinacionales del cine conspiran en contra de la lengua catalana en perjucio de sus propios intereses económicos, una conclusión curiosa viniendo de anti-capitalistas que acostumbran a criticar a las empresas por perseguir exclusivamente y sin escrúpulos el ánimo de lucro.

Dicen que la paridad impuesta sólo puede beneficiarnos, pues incrementa la oferta de cine en catalán y sigue permitiendo la libertad de elección. Pero el rango de opciones disponibles, dado que el parque de salas es el mismo que antes, no ha aumentado. El efecto es simplemente la sustitución de unas películas en versión castellana por otras en versión catalana. ¿De dónde se sigue que esta proporción impuesta por decreto se ajusta más a las preferencias de los consumidores? Por cada película en catalán adicional se exhibe una película en castellano menos. ¿Cómo sabe el Estado que el público prefiere la película en catalán a la película en castellano? Aunque haya "libertad de elección" en el lado de la demanda, mucha gente que hubiera ido a salas que proyectasen la película en castellano será empujada a ver la versión catalana porque la sala de su barrio la hace en catalán, o porque las salas con la versión castellana ya están llenas o hay demasiada cola. Esta situación perjudica al espectador porque las distribuidoras y exhibidoras no tienen libertad para anticiparse a su insatisfacción, deben obedecer los dictados del Gobierno y su agenda política.

La Generalitat, además, maneja los datos de los espectadores de cine doblado con tal falta de seriedad que roza la manipulación. Basándose en un estudio del Institut Català de les Indústries Culturals, el Ejecutivo catalán ha resaltado que la media de los espectadores por sesión en Cataluña en 2007 fue de un 30,9% para las películas dobladas en catalán y de un 28,1% para las dobladas al castellano. El gremio de los exhibidores ya ha criticado a la Generalitat por usar estos datos, que no ponderan el hecho de que las proyecciones en catalán son muchas menos y que los pocos filmes que se doblan al catalán suelen ser muy comerciales (lo que hace subir la media de espectadores por sesión). Los exhibidores aportan una cifra comparativa más fiable (La Vanguardia, 6/3/09, págs. 28-29): cuando en un complejo multi-salas se proyectan las versiones castellana y catalana de una misma película, el 78,2% de los espectadores opta por la primera, frente al 21,8% que escoge la segunda.

Como espectador de cine en versión original lo que me gustaría es que aumentara el número de copias en VOSE (versión original con subtítulos en español), y si crece el número de interesados en esta opción no dudo que eso será lo que acabe sucediendo. No obstante, si tengo que escoger entre ver una película en catalán o en castellano me quedo con la segunda, y eso que soy catalano-hablante con mi pareja, con la familia, con mi círculo de amistades y en las calles de Barcelona. Hay muchos catalano-hablantes como yo que también prefieren el castellano, quizás porque ya estamos acostumbrados y nos suena raro escuchar a Bruce Willis en catalán o porque pensamos que el doblaje en catalán abusa del puritanismo lingüístico y parece menos natural que el castellano. Si alguien cree que estas razones no son lo bastante buenas y la nueva Ley del Cine es necesaria para "reeducarnos", pues otra razón que me dan para ir a una sala en castellano y boicotear esta nueva imposición lingüística.

Empleo e inflación

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses, con el aguzamiento de la crisis económica, se están rescatando sugerencias que hacía varias décadas que se encontraban enterradas. No resulta extraño encontrar cómo existen periodistas y políticos que piden a los bancos centrales que relajen su rigor monetario para así elevar el consumo, incrementando la inflación, lo que redundaría en una disminución de la tasa de desempleo. Dicho de otra manera, se estaría intentando rescatar la idea subyacente en la denominada curva de Phillips.

Durante muchos años se había creído que la abundancia de dinero estimulaba el consumo de los ciudadanos de un país, lo que a su vez aumentaba las necesidades tanto de inversión como laborales del mismo, a fin de dar respuesta a dicho aumento de la demanda. Es decir, que existía una relación inversa entre tasa de desempleo e inflación.

Si todo fuese tan simple y la solución al desempleo tan sencilla, resulta extraño que a los gobiernos no se les haya ocurrido elevar fuertemente la cantidad de billetes en circulación en el mercado, eliminando así la tragedia del desempleo. La razón por la que no lo han hecho es que en los años 70 se pudo comprobar cómo esta relación no era cierta, al surgir un fenómeno que según la curva de Phillips era impensable: la estanflación. En esos años la inflación fue elevada sin que la tasa de desempleo descendiese. Hoy en día esta situación es especialmente dramática en Zimbabwe, con una tasa de inflación estimada del 165.000% y una tasa de desempleo del 94%, siendo la constatación más palpable de que la relación descrita por la curva no puede ser cierta.

Para entender la relación entre empleo e inflación hay que primero comprender el funcionamiento de una empresa. Ésta proporciona a los consumidores los bienes que demandan al precio que exigen. Al consumidor le resultan indiferentes los costes en que incurra la empresa a la hora de obtener un producto, ya que tiene una idea mental de cuál es el valor máximo que tiene ese bien, sin que en dicho cálculo entren a formar parte los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias del oferente. Es, por tanto, el productor quien debe ajustar sus costes al precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar, o de lo contrario quebrará. El precio máximo que se podrá pagar al trabajador será el importe cobrado por la producción menos el resto de costes en que incurra la empresa. Por encima de dicho precio la empresa quebrará. Para aumentar la retribución sería necesario que la productividad aumentase, lo que es posible mediante la realización de nuevas inversiones (en maquinaria, formación, etc.).

Si aumentase la cantidad de dinero en circulación en el entorno de dicha empresa, al principio, recibiría un mayor número de pedidos al haberse incrementado la renta de sus potenciales compradores y a un mayor precio. Esto le podría llevar a necesitar un mayor número de trabajadores. A priori parecería que todos son ventajas para empresa y trabajadores. Sin embargo al aumentar el dinero en circulación y envilecerse la moneda, los trabajadores de la empresa se estarían empobreciendo de dos formas. De un lado el salario que reciben, aunque nominalmente sea el mismo, les sirve para adquirir menos bienes, al haberse depreciado la moneda. Por otro lado, los ahorros de los trabajadores han sufrido una merma, al padecer también el mismo proceso de envilecimiento.

Esta situación de empobrecimiento por parte de los trabajadores les llevaría a solicitar subidas de salario que anulen los efectos perjudiciales de la inflación. Si fuesen atendidas, puesto que su salario no podría ser mayor a su productividad marginal, el anterior aumento de plantilla no podría producirse, por lo que en un segundo momento bajaría el número de trabajadores contratados por la empresa. No obstante aunque se hubiesen recuperado los trabajadores del envilecimiento de su salario, no sucedería lo mismo con sus ahorros, que se habrían depreciado. Y el aumento inicial de empleo habría desaparecido.

Otro efecto perjudicial, de esta política de abundancia del dinero barato, es la dificultad existente para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Así, una empresa animada por el aumento de la demanda inicial, que se produce por la abundancia de dinero barato, podría evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión y acometerlo. No obstante, esta demanda adicional, pasada la euforia inicial, desaparece, tan pronto los consumidores se adaptan al escenario inflacionista, con lo que la empresa se encuentra con el coste de dicha inversión sin una demanda que la respalde. Por tanto dichos costes adicionales reducen la cantidad máxima que la empresa puede pagar a sus trabajadores sin incurrir en quiebra.

Por tanto, un aumento de inflación únicamente puede traer consigo un aumento inicial de empleo empobreciendo salarios y ahorros. Conforme avance el tiempo, las malas inversiones que ha provocado la abundancia de dinero barato y la consiguiente inflación, traerá un escenario de quiebras y crisis que provocará el efecto contrario, es decir, aumentando el desempleo.

La mejor protección que pueden recibir los trabajadores es la confianza en el valor de su moneda, algo que no puede producirse si ésta se envilece y pierde valor. Esta seguridad servirá como base para el ahorro que a su vez incrementará la acumulación de capital necesaria para que aumente por un lado la productividad, y en consecuencia los futuros salarios de los trabajadores y, por otro, el empleo.

A favor del despido libre

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

El abaratamiento del despido y el fomento de la contratación, lejos de estar enfrentados, son dos caras de la misma moneda: abaratar el despido fomenta la contratación. Es una simple cuestión de oferta y demanda: si el precio de un determinado bien sube, se demanda menos de ese bien; si el precio de un determinado se abarata, se demanda más.

El trabajo es como cualquier otro bien a efectos económicos: tiene un precio, y tiene una demanda. Su precio incluye los costes de las regulaciones estatales como la prohibición del despido libre o las cotizaciones a la Seguridad Social. Si las regulaciones aumentan el precio del trabajo sube en el margen y se demandan menos trabajadores. Si las regulaciones disminuyen el precio del trabajo cae en el margen y se demanda más fuerza de trabajo. Incentivar la contratación sin reducir su precio, o incluso aumentándolo, tiene tanto sentido como intentar vender más naranjas sin bajar el precio.

Estar a favor del despido libre no significa estar a favor de que pueda despedirse a cualquier trabajador sin indemnización por el motivo que sea, sino estar a favor de que esta opción pueda ser pactada voluntariamente por las partes. Algunos creen que la prohibición del despido libre, con independencia del efecto que tiene sobre la contratación de otros potenciales trabajadores, es una medida paternalista que beneficia al menos al trabajador contratado. Éste tiene una plaza más segura y los empresarios cargan con el coste de proveerla. Pero la restricción de la libertad siempre pasa factura.

El "blindaje" del puesto de trabajo en realidad lo sufraga el trabajador en forma de minoración del salario. Si el empresario está obligado a asumir el riesgo de tener que indemnizarle por despido (o quedárselo sin que le sea útil), le pagará un salario más bajo del que le hubiera ofrecido si no tuviera que financiar ese "coste extraordinario".

Es importante entender que las regulaciones laborales son costes que el empresario incluye bajo la rúbrica "costes laborales" lo mismo que el salario. Si la indemnización por despido dejara de imponerse, el trabajador o bien la pactaría en el mercado o vería su salario aumentado, dependiendo de su preferencia.

Veamos un ejemplo numérico simplificado: una empresa está dispuesta a pagar 18 unidades monetarias por un determinado trabajador, esto es, 10 unidades monetarias por el salario más 8 por los demás costes laborales (producto de las regulaciones). El empresario pagaría un precio total de 10 + 8 (18), aunque el trabajador sólo percibiera directamente 10. Si varias empresas pueden permitirse 10 + 8 pero no 11 + 8 (pues los empresarios estiman que la contribución del trabajador no es superior a 18), entonces 10 + 8 (18) será su máxima oferta o el precio de mercado al que tenderán todas las ofertas de estas empresas. Si una empresa ofrece 9 + 8 a un candidato, éste escogerá a un competidor que le ofrezca 10 + 8 (y el competidor tiene incentivos para ofrecer 10 + 8 porque a ese precio aún le sale a cuenta contratar al trabajador).

Si las regulaciones laborales son abolidas el empresario no ofrecerá sólo 10 al trabajador, acabará ofreciendo un salario de 18 equivalente a 10 + 8, pues 18 era el precio de mercado, no 10. Si una empresa ofrece sólo 10, otra empresa tiene incentivos para ofrecer 11 (y sacar un beneficio extraordinario de 18-11). Si una compañía ofrece sólo 11, otra tiene incentivos para ofrecer 12, y así sucesivamente hasta 18, cuando ninguna empresa tiene incentivos para ofrecer más porque le resultaría demasiado costoso. Nótese que a la compañía le da igual pagar esos 18 en salarios o en otra clase de prestaciones o beneficios (fondo de pensiones, sanidad privada, vacaciones pagadas, indemnizaciones por despidos etc.). De hecho tenderá a ofrecer los 18 en la forma en que los trabajadores lo demanden para atraerlos e impedir que los contrate la competencia.

Corbacho dijo también que si la patronal insiste en que hay que abaratar los costes del despido ello "puede afectar al diálogo social". Pero lo que sin duda va a afectar al "diálogo social" y amenaza con afectar también la estabilidad social son los casi 4 millones de parados, y creciendo, que la crisis y la rigidez del mercado laboral español se están cobrando en España.

Vuelve la depresión laboral

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Es decir, en apenas unos meses, una de cada cinco personas en edad de trabajar se verán obligados a subsistir con una prestación perentoria y temporal para afrontar el día a día y hacer frente al pago de sus facturas y deudas. Y eso, los afortunados. Cerca de dos millones de desempleados no contarán con ningún tipo de ingresos.

La pobreza e, incluso, el hambre, figuras desconocidas en este país durante las últimas décadas, serán entonces una realidad y el mayor problema, no sólo económico sino también social de este país. Los últimos datos de desempleo correspondientes al pasado mes de febrero apuntan hacia un escenario de estas características a corto plazo. La depresión laboral (tasas de desempleo próximas al 25%) entraba por Andalucía el pasado enero y ahora amenaza con extenderse al resto de España.

La tragedia no radica en el aumento del paro, sino en la destrucción laboral récord que acaba de registrar el mercado nacional. En febrero se han perdido, por primera vez en la historia, más de un millón de empleos afiliados a la Seguridad Social de manera interanual (1.143.130 afiliados medios menos que hace un año), tras caer un 5,9% respecto a febrero de 2007.

Curiosamente, la agricultura es el único gran sector que todavía genera empleo. Y es que, la construcción supone el 54,2% del la destrucción de empleo interanual (en enero supuso el 48,4%), seguido de los servicios (26,5%) y la industria (22,1%), tal y como refleja el último informe delServicio de Estudios de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).

España vuela sin motores y el avión comienza ya a desplomarse de forma cada vez más visible e intensa. La velocidad de la caída hace prever un crack no visto por toda una generación de españoles. El paro crece a un ritmo del 50% interanual por primera desde septiembre de 1978. España cuenta ya con 3.481.859 parados registrados. Máximo histórico desde que se tienen registros, en enero de 1961. Sin maquillajes estadísticos, la cifra se eleva a 3,9 millones.

España acumula 1.166.528 más parados que hace un año. Hagan ustedes mismos las cuentas. A este ritmo, se romperá la barrea psicológica de los 4,5 millones antes de los que muchos piensan. Febrero supone ya el vigésimo primer mes en el que el desempleo se incrementa de manera consecutiva y, además, ya se cumplen 10 meses consecutivos desde que el desempleo afecta a todos los sectores. El sector servicios presenta 595.000 parados más que hace un año (42,3%). El sector de la construcción supera ya los 630.000 y sufre una variación interanual del 107,2%. El desempleo en el sector industrial también supera el incremento del 50% interanual (55,8%), con 162.506 parados nuevos.

Por si ello fuera poco, ya son más de 440.000 los jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, un dato negativo sin precedentes, tal y como pone de manifiesto el citado informe. "Desde que se dispone de información (febrero 2001), no se había visto antes un número de desempleados jóvenes de esa magnitud". De hecho, el paro entre los menores de 25 crece a un ritmo interanual del 63,1%, frente al 48,7% del resto de edades. Por último, los extranjeros (legales) en paro suman un total de 473.091.

Y mientras, muchos nos quedamos atónitos al contemplar la brillantez del Gobierno para lidiar con la actual situación. La receta keynesiana del gasto público es, por el momento, la única medida política que contempla el Ejecutivo para cortar una sangría que ya es imparable y está dejando sin apenas circulación a la economía nacional. ¿Qué pasará cuándo el Inem entre en déficit y se agote el dinero disponible para las prestaciones? ¿Emitirá el Tesoro un nuevo paquete de letras de calidad degradada para afrontar los pagos? ¿A qué precio? ¿Y cuándo la recesión continúe en 2010 y los ingresos tributarios se sigan desplomando al tiempo que el número de parados escala hasta los cinco millones? ¿Seguirá endeudándose el Estado, pese al riesgo de nuevas degradaciones crediticias y un coste financiero casi inasumible? Si algo caracteriza a nuestra clase política es, sin duda, su incapacidad de miras.

De Zara a Uterqüe, un éxito empresarial

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La trayectoria de la empresa Inditex (matriz de Zara) ha representado para el sector de la indumentaria un auténtico revulsivo. Ha empleado su completa estructura al servicio de su propia red de tiendas mediante la integración vertical de todos los procesos de diseño, producción, distribución y venta al detalle. De esta forma ha logrado ofrecer masivamente prendas de vestir con una relación calidad-precio imbatible.

Gracias a Zara y a otras cadenas de fast fashion (1,2) ir bien vestido ha empezado a ser asequible a capas de población cada vez mayores. Tras los ochenta, ir a la moda comenzó a democratizarse. Ya no era necesario acudir a las –para muchos– inasequibles marcas de lujo (prêt-à-porter incluida); bastaba con entrar en una de aquellas espaciosas tiendas de pronto-moda y empezar a tocar, combinar y probarse libremente todo lo que allí se exponía.

Sus rivales más importantes, la sueca H&M y la gigante norteamericana GAP (que diseñan y venden pero no fabrican), siendo mucho más veteranas, se han visto superadas en ventas por el grupo español de industria textil (1,2,3). ¿Cómo ha sido esto posible? Por la integración vertical mencionada y por una variedad de factores combinados.

Zara ha sabido interpretar como pocos las diversas y cambiantes tendencias del mercado observando el comportamiento de la sociedad que reclamaba una moda práctica y variada, pero no sofisticada. Consecuentemente ofrece una moda a la carta y de gran consumo asequible para casi todos los bolsillos con su oferta flexible e innovación tecnológica.

Para ello cuenta con uno de los mejores y más complejos sistemas logísticos del sector (excelente cumplidor de la difícil fórmula just in time) que, junto a su eficiente sistema de producción (sus propias fábricas y las ya externalizadas compiten entre sí en “subastas internas”), le permiten adaptarse a la demanda en plazos muy cortos. Crea colecciones en cuatro semanas, incluso en dos si el mercado lo requiere. Ha dejado descolocadas a las tradicionales dos o cuatro colecciones por año que se ofrecían antes de la irrupción de Zara.

La empresa gallega, además, renueva semanalmente sus prendas en sus locales de todo el mundo y dos veces a la semana en los europeos. La mercancía no vendida se rota rápidamente en su propia cadena internacional de tiendas (incluida su outlet, Lefties) o se desecha. Su cliente sabe que siempre encontrará artículos nuevos, pero que seguramente ya no conseguirá aquello que se probó hace una semana. Se trata de crear acertadamente un clima de escasez y oportunidad, y encima a buen precio. Las ventas están aseguradas.

Otra peculiaridad de Zara es que apenas realiza campañas de publicidad; la propia tienda es la que se encarga de hacerlo, por ello se la cuida y se invierte mucho en ella. Sólo tiene unas pocas franquicias y acuerdos de joint-ventures en países de difícil penetración. En 1975 Zara abrió su primera tienda en La Coruña con un puñado de empleados; hoy Inditex posee, gracias a su fiel política de reinversión, cerca de 4.200 puntos de venta en cinco continentes y tiene contratadas directamente a unas ochenta y seis mil personas.

Las escuelas de negocio a veces olvidan, sin embargo, mencionar que de entre los factores que coadyuvaron al éxito del imperio de Inditex se encuentra también la escasa regulación del sector en general y, especialmente, la falta de intervención de los poderes públicos en dos aspectos claves que hubiesen arruinado dicho modelo de negocio: la dificultad de hacer valer los copyrights de los diseños de moda (1,2) y la pasividad de los organismos de defensa de la competencia (1,2,3,4) ante la integración vertical de su entramado empresarial que se ha llevado por delante a no pocos competidores ineficientes. Como vemos, ciertos derechos de propiedad intelectual y la pretendida (por quimérica) competencia perfecta son innecesarios para crear prosperidad y favorecer al consumidor.

Dos botones de muestra de aceptación de este modelo de negocio: cuando Zara se dio a conocer en París pocas veces se había visto allá semejantes colas en la calle aguardando para entrar en una tienda de ropa. Hay un registro en vídeo de la apertura de la primera tienda en Colombia mostrando que la gente, aglomerada, entró aplaudiendo.

El creador y alma mater del grupo, Amancio Ortega es el paradigma del esfuerzo y del empresario pro-mercado (la antítesis del empresario político). Sigue, por cierto, sin tener un despacho propio en la sede de Arteixo (su sitio de trabajo está en cualquier punto del informatizado almacén central y en contacto con sus diversos empleados). Él y su equipo están permanentemente atentos para descubrir, impulsar y plasmar los apetitos de moda de los clientes sin que prevalezcan sus propias preferencias (lejos de la actitud de los clásicos diseñadores). Escuchan, observan y actúan mundialmente en beneficio de todos, especialmente de los menos pudientes. En eso consiste la globalización de la moda (en donde todos participan) y el capitalismo global (que produce para las masas); dos fenómenos sociales denostados por los que rebosan de ideologías caducas o prejuicios mentales.

El grupo Inditex basa su actual estrategia en el crecimiento multiformato que le permite el acceso segmentado al mercado. Desde 1991 ha creado otras cadenas de moda (Pull&Bear, Zara Home, Bershka, Oysho y Kiddy’s Class) o bien las ha adquirido (Massimo Dutti y Stradivarius). En el verano de 2008 ha lanzado en plena crisis y desplome del consumo otra nueva enseña, Uterqüe, dedicada a los complementos y el calzado. El mercado, esto es, todos nosotros, los millones de consumidores de ropa repartidos por el mundo, tendrá (tendremos), como siempre, la última palabra.

El cómic como ejemplo empresarial

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La actividad empresarial ha sido, si no la principal, una de las mayores causas de la prosperidad de la humanidad. Cuando ésta se ha visto limitada, perseguida o destruida, el nivel de riqueza de las personas ha disminuido e incluso el hambre y la enfermedad han vuelto a apoderarse de sus vidas. Pero la actividad empresarial es una labor individual; no existen las grandes fuerzas de la historia sino el trabajo, la suerte y la intuición de personas que han sabido ver y aprovecharse de situaciones que otros no pudieron o supieron aprovechar, beneficiándose a sí mismos y al resto.

Más allá de los grandes inventos que han moldeado nuestras sociedades durante los últimos doscientos años, existen otros que, menospreciados por algunos, han marcado la vida de millones de personas casi sin querer; el cómic, el tebeo de toda la vida, tiene una de las concepciones más curiosas e interesantes, su evolución, incluso sus enemigos y perseguidores son ejemplos de cómo los partidarios y los detractores de la libertad tienen una lucha eterna, casi como la de algunos héroes y villanos de sus páginas.

Nace casi sin querer, de una idea brillante a la vez que simple. Durante el siglo XIX, los periódicos habían incluido en sus páginas dibujos y viñetas que en algunos casos conllevaban una imagen satírica de algún hecho destacado. En la Inglaterra victoriana se crearon unas páginas denominadas "horrores a penique" que eran muy populares entre las clases trabajadoras. Pero fue la guerra personal entre los magnates americanos Hearst y Pulitzer la que popularizó la introducción de las tiras de dibujos en sus diarios, tiras que en unas pocas viñetas contaban aventuras, historias o simples chistes. The Yellow Kid (personaje que además dio "color" a la prensa sensacionalista) fue seguramente la más famosa de esta convulsa época de principios de finales del XIX y principios del XX, aunque rápidamente le siguieron una infinidad de nuevos personajes que hicieron las delicias de adultos y niños.

En una época de alta competitividad, algunos editores de pulp magazines decidieron editar las tiras en color de los periódicos dominicales en un nuevo formato, el comic book y para su sorpresa y pese a que ya eran material de segunda mano, se vendieron muy bien, pero no todos los editores de prensa querían pagar a los dueños de los derechos de estas historias. El siguiente paso fue rápido, Malcolm Wheeler-Nicolshon contrató a un grupo de guionistas y dibujantes con ganas de trabajar y les pidió crear un material diferente al de los periódicos. El cómic había echado a andar casi por casualidad de la mano de unos empresarios que supieron ver los gustos y necesidades del público y que contrataron a unos creadores para satisfacer los de millones de personas, que en plena recesión económica deseaban historias que les hicieran olvidar sus miserias.

Millones de personas en todo el mundo apostaron por este tipo de entretenimiento y los creadores y sus editores idearon multitud de personajes, situaciones y adaptaciones de obras que llegaban a consumidores compulsivos que esperaban semana a semana o mes a mes las aventuras de sus héroes. Las aventureros, los monstruos, los soldados, las bellas, despampanantes y en algunos casos casi desnudas protagonistas y los superhéroes poblaron sus páginas dando un vigor increíble a un negocio que prometía un futuro espléndido. Pero, como demuestran los propios argumentos de los cómic, el éxito suele atraer la atención de los malvados.

En 1953 se publicó en Estados Unidos el libro Seduction of the Innocent donde el Dr. Fredric Wertham denunciaba que estas publicaciones corrompían a la juventud al empujarles, literalmente, a la violencia. El senador Estes Kefauver, que presidía el Subcomité del Senado de Estados Unidos sobre la delincuencia juvenil, se hizo eco de la denuncia del libro, presentando pruebas que a su entender relacionaban ambos fenómenos, el de la delincuencia y el del cómic, y promovió la creación de la agencia Comics Code Authority (CCA). La presión de la agencia llevó a los editores a la creación de una serie de reglas que limitaban la creación dentro de unos límites aceptables. Los que sobrepasaban estos límites podían publicar, pero sus cómics no tenían el sello que los hacía aptos para todos los públicos y su venta se veía dificultada. La era de oro del cómic americano había tocado a su fin y la caída de ventas hizo que muchas editoriales tuvieran que quebrar. Pero con censura o sin ella, las mentes de los empresarios supieron adaptarse y a la edad de oro siguió una edad de plata. La CCA sigue existiendo porque los liberticidas siguen siendo unos miembros respetables de la sociedad, pero los que aman la libertad suelen ser más listos.

Estimado lector, cuando caiga un cómic en sus manos, cuando vea a un hijo suyo con una de estas publicaciones piense no tanto en el contenido del mismo, o en la calidad artística de sus dibujos, o en la originalidad de su guión, piense que está ante uno de los productos más maravillosos que pueda haber llegado a sus manos, piense que sin el emprendedor y el empresario nada de esto hubiera sido posible, piense que del cómic, y lo digo por propia experiencia, nace en muchos casos la atracción por la lectura y por el saber, permite el desarrollo de la imaginación y si se me apura, hay gente que asegura que a través de estas páginas puede enseñar física.