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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La reforma laboral en marcha

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El espectacular incremento del paro y las bajas masivas de cotizantes a la seguridad social que están provocando los primeros compases de esta recesión han resucitado el debate sobre la necesidad de reformar la rígida regulación del mercado de trabajo. Cuando España descuella por albergar un porcentaje doble de desempleados que otros países desarrollados, no pocos análisis apuntan a un deplorable marco institucional como máximo responsable de ese diferencial.

Dentro de ese contexto, creo que no se repara lo suficiente en que el Gobierno socialista ha emprendido intervenciones con el objetivo de consagrar el modelo dirigista instaurado por el primer estatuto de los trabajadores de 1980. Mientras distrae a los medios de comunicación con alternativas lanzadas por sus propios sus prebostes, las acciones del Gobierno siguen un plan muy distinto.

Conviene precisar que la regulación laboral se basa en el Estatuto de los trabajadores, sus reglamentos de desarrollo y los convenios colectivos sectoriales pactados a su amparo por las patronales y los sindicatos. Podríamos añadir los convenios de la organización mundial del trabajo (OIT) ratificados por España. Esa maraña de normas de distinto rango abarca previsiones sobre las vicisitudes de los cuarenta tipos de contratos de trabajo reglamentados. Su contenido se impone a la voluntad de los contratantes, frente al relativo régimen de libertad de pactos del derecho común.

En materia de despidos, se parte de la premisa de que el empresario debe invocar y acreditar una causa disciplinaria, económica o técnica, para despedir; comunicarla por escrito y no vulnerar los derechos fundamentales del trabajador. Todos estos tipos de despido son impugnables ante el orden jurisdiccional social.

En el caso del despido disciplinario, de prosperar una hipotética demanda del trabajador, el juez decretará la improcedencia del despido, con la consecuencia de que el empresario deberá optar entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades. En ambos casos se sumarán los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarare la improcedencia o hasta que el despedido encuentre otro empleo. La nulidad es una tercera posibilidad que conlleva la readmisión.

El tipo de despido objetivo "por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción" se convierte en la auténtica estrella en estos momentos de recesión. El empresario debe obtener una autorización administrativa antes de despedir a grupos de trabajadores, sin perjuicio de que los propios afectados recurran esa decisión administrativa si autoriza los despidos. Son los llamados expedientes de regulación de empleo (ERE) donde, además, debe consultarse a los sindicatos. Una condición para acudir a esta vía es el ofrecimiento al trabajador de una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Si el empresario acredita falta de liquidez o insolvencia, el fondo de garantía salarial (FOGASA) asume el cuarenta por ciento de las indemnizaciones. Las consecuencias de no acreditar la causa en el despido individual, o que el juez interprete que no concurre la argüida, convierten el despido en improcedente.

Sucesivas reformas legislativas dieron paso a los contratos temporales sin indemnización en los años 80, mientras que otras posteriores "fomentaron" la conversión de esos contratos en indefinidos recurriendo a la reducción de la indemnización por despido improcedente a 33 días de salario por año trabajado, en determinados plazos, así como a la bonificación de las cotizaciones sociales derivadas de los mismos a cargo de las empresas.

Una vez despedidos, los trabajadores no pueden, legalmente, encomendar la búsqueda de empleo a una empresa privada. La Ley que regula las empresas de trabajo temporal (ETTs) declara nula toda cláusula que obligue al trabajador a pagar a la empresa colocadora por los servicios de selección, formación o contratación. Mas aún, tipifica como infracción grave que estas empresas cobren al trabajador cualquier cantidad por esos conceptos. Sin embargo, los demagogos le recuerdan que puede cobrar la prestación de desempleo hasta un plazo máximo de dos años, dependiendo del tiempo que haya trabajado antes de quedarse en paro, siempre que inscriba su nombre en un registro de los servicios públicos de empleo, donde teóricamente los empresarios acuden en busca de mano de obra.

Naturalmente, la rigidez de un sistema como el descrito provocó la huída del derecho del trabajo. A pesar del riesgo derivado de la inseguridad jurídica, muchas relaciones laborales se ocultan bajo la apariencia de un contrato civil/mercantil que permite una adaptación más flexible a las circunstancias cambiantes.

Detectada esa fuga, vino la aprobación de un Estatuto del trabajador autónomo, desarrollado por un decreto aprobado el pasado viernes. Se pretende cortar los desvíos asimilando aspectos del régimen jurídico de los autónomos con sus clientes a las laborales, especialmente respecto a los que se denomina "económicamente dependientes". Los otros dos puntales de las recientes intervenciones en el mercado de trabajo tienen visos de permanencia, aunque en el segundo caso parezcan coyunturales. Me refiero a los planes de discriminación en función del sexo del trabajador, que se imponen de nuevo a la voluntad de los interesados y el plan de subvenciones a los ayuntamientos para "crear puestos de trabajo", un posible ensayo para extender el PER a toda España.

En resumen, el sistema dificulta la contratación de trabajadores durante la fase expansiva del ciclo económico. Durante la recesión, con el inevitable ajuste de la estructura de producción, se convierte en una seria barrera para la recolocación de los despedidos y segmenta las opciones de los individuos al trabajo por caprichosos criterios como la antigüedad o el sexo. Como novedad el Gobierno impone trabas a los autónomos desocupados porque quiere ayudarlos.

Frente a todo el esquema corporativista anterior, la piedra angular de la reforma de la legislación laboral debería ser el reconocimiento de la libertad de los empresarios y trabajadores individuales para pactar las condiciones que más se acomoden a sus intereses particulares. Debería reconocerse a la empresa como el auténtico ámbito de la negociación colectiva, siempre que sea voluntaria para los implicados y, en todo caso, permitir las cláusulas de escape a quiénes deseen acordar sus condiciones particulares, desvinculándose de la naturaleza normativa de los convenios colectivos. Las autorizaciones administrativas para los despidos colectivos deberían suprimirse y también las indemnizaciones por despido, si previamente no se pactan en el contrato de trabajo.

Por último, la liquidación del inútil servicio público de empleo, sobre cuya labor de intermediación constan datos desoladores, y el reconocimiento de la licitud de ese servicio de las agencias de colocación serían otros dos puntos fundamentales para que España iniciara la senda de la recuperación del empleo formal. De continuar esta situación, tanto el paro como el empleo sumergido se van a disparar.

Medidas contra el colapso laboral

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero como acababa de ser rehabilitado, junto con otros ultramontanos, por el Papa Benedicto, ese voto renovado de negacionismo le ha colocado en el indicador de popularidad de Internet a la altura del pato Donald. ¡Bravo!

Williamson habla sobre la verdad y pide anteponer el análisis a los sentimientos. De este modo se coloca a sí mismo en el papel de un honrado juez, mientras quienes le atacan aparecen como una caterva animada por un odio cerval. La realidad es, claro está, que es él quien siente rechazo por los judíos, algo que, por otro lado, no ha ocultado jamás. Y no deja escapar la oportunidad de lanzar mensajes en contra de ese pueblo. Por ejemplo, recientemente ha condenado la contraofensiva de Israel en Gaza en los mismos términos, y con el mismo odio, que muchos que fingen escandalizarse con el “negacionismo” del obispo.

Pero Williamson no tiene importancia alguna. No es ya que no sea un acreditado historiador o que las teorías en que se basa y que parten del odio hacia lo judío, no del amor por la verdad, hayan sido desacreditadas muchas veces. Es que lo que está en juego aquí es algo más que las palabras de este obispo. Lo que está en juego es la libertad, y por tanto la verdad.

Para muchos, y no en todos los casos con fines confesables, resulta tentador censurarle. Pero si, como es claro, su negación del holocausto es una gran mentira inspirada por un odio aún más grande hacia los judíos, prohibir su mensaje o simplemente rechazarlo de plano sin permitir una discusión de sus ideas sólo tiene efectos negativos.

La censura es el refugio de la mentira, tanto para la oficial como para la más minoritaria. Una posición como esa, que se basa más en un sentimiento inconfesable que en la atención a la realidad, se siente reforzada por ella. Porque la oscuridad de la censura es el refugio de la mentira, es el medio en que se siente segura, cómoda. Hay que sacarla a la luz, exponerla ante los hechos y las razones para derrotarla una vez más. La verdad jamás teme a la censura.

Por eso alguna de las manifestaciones para acallar a Williamson resultan de lo más sospechoso. Pues igual que no todas las posiciones generalmente aceptadas son falsas, también ocurre que no todas son acertadas. Y con el ejemplo de la censura de las opiniones racistas y de las leyes anti difamación, se puede intentar colar la imposición de otras “verdades oficiales” no necesariamente ciertas.

No es la mentira de Williamson lo que está en juego, sino la verdad.

El voto para extranjeros se queda corto

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El censo de potenciales votantes en las próximas elecciones municipales, previstas para 2011, puede incrementarse en hasta 800.000 personas. Esto es así en virtud de los quince acuerdos de reciprocidad que el Gobierno tiene previsto firmar con otros tantos países no miembros de la Unión Europea que reconocen el voto en el mismo tipo de comicios a los españoles residentes en su territorio. Por el momento ya se han firmado tres (con Colombia, Perú y Argentina), mientras que un cuarto (Ecuador) será rubricado este mismo mes.

Los beneficiarios serán los ciudadanos de esos países (los cuatro ya citados más Bolivia, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, Corea del Sur, Islandia y Nueva Zelanda) que lleven residiendo de forma legal e ininterrumpida en España al menos cinco años. Tal vez el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero haya tomado la decisión de firmar estos acuerdos para buscar cambiar el panorama electoral en varias localidades importantes en las que reside un gran número de inmigrantes, pero eso es lo de menos. En primer lugar, los escasos sondeos de intención de voto realizados entre los extranjeros residentes en nuestro país no son concluyentes. Es cierto que una parte de estos estudios muestran una preferencia por el PSOE, pero no ocurre en todos.

En segundo lugar hay que tener en cuenta algo en lo que sí hay una práctica unanimidad (es un fenómeno que ya se produce entre los extranjeros nacionalizados españoles): la escasa movilización electoral entre los inmigrantes. La mayoría de ellos no votará en los primeros comicios en los que pueda hacerlo –más aún cuando para poder ejercer dicho derecho tendrán que registrarse, al igual que ocurre con los ciudadanos del resto de la Unión Europea– debido a que sus prioridades durante los primeros años en España suelen ser otras diferentes a la representación ciudadana. Y, en tercero, aunque en las primeras elecciones buena parte de los nuevos votantes optaran por el PSOE, nada garantiza que su sufragio no cambie con el tiempo en arraigo en el país.

Pero, con independencia de todo ello y aunque se tuviera la certeza de que todos votarían al PSOE y de que lo harían siempre así, es positivo reconocerles el derecho al voto (al menos en las municipales). Estas personas pagan impuestos, están sujetos a todas las legislaciones existentes y sufren las consecuencias de la política municipal, la más próxima a los ciudadanos, como el resto de sus vecinos. La idea de vincular fiscalidad y voto no es nueva. Por ejemplo, uno de los reproches que hacían en 1776 los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos al Rey de Inglaterra era que dejaba a los habitantes de las trece colonias sin representación mientras les obligaba a pagar impuestos.

Es más, la medida se queda corta por vincularse a la reciprocidad. Y se demuestra en el hecho de que quienes se van a ver beneficiados son ciudadanos de países en los que los españoles ya podían emitir su sufragio sin que ellos lo pudieran hacer aquí. A esto se debe añadir que dicha exigencia de reciprocidad resulta injusta. Existen Estados con los que la misma es imposible por tratarse lugares en que no se celebran elecciones o, si existen, no son libres. De esta manera, por ejemplo, se castiga sin derecho al voto a las decenas de miles de cubanos o chinos residentes en España por el hecho de venir, en muchos casos huyendo, de países sometidos a dictaduras. Este tipo de requisitos demuestran que desde el poder no se percibe a las personas como tales, sino como meras extensiones de los Estados cuyo nombre figura en sus pasaportes.

Resulta lógico que se requiera un mínimo de residencia legal y permanente en el país para darle a alguien el derecho al voto, con el fin de que quien tenga capacidad de participar en la elección de los representantes de los ciudadanos sea alguien a quien la acción de estos le afecta de forma directa. Pero no lo es que además se le exija venir de una democracia en la que los españoles puedan votar. Todo el que vive en una ciudad, paga sus impuestos y está sujeto a sus normas jurídicas debería poder participar en los comicios para elegir a los concejales.

Da igual

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un impuesto brutal sobre el trabajo; es decir, sobre el trabajador, que es quien lo paga íntegramente. Al empresario sólo le interesa saber el valor que le aporta el trabajador y lo que le cuesta. Cómo se lo reparta el trabajador no entra en sus cálculos. Si se suma ese coste a la contratación, se destruye empleo. Así de sencillo.

Da igual. Aunque la CEIM haya propuesto también reducir el coste del despido de 45 a 20 días. Como es un coste que se añade a cada nuevo contrato, muchos de éstos no llegan a nacer y aquí paro y después… después el drama personal por no encontrar un hueco en el mercado.

Da igual. Luego llega Zapatero, con el puño izquierdo en alto, y dice ante un público entregado que "a tantos que piden el despido barato y libre, les tengo que decir que no". Y, efectivamente, da lo mismo todo. Porque mientras unos hablan desde la lógica, Zapatero habla desde la política. No tiene ninguna relevancia reunirse con Zapatero para exponerle las causas de nuestra crisis o sus posibles soluciones, porque ni el Gobierno ni su presidente hablan de la realidad ni desde la realidad, sino desde el propio discurso. El discurso es el juego de sobreentendidos, de connotaciones, de mensajes sencillos y claros, de mantras millones de veces repetidos cuyo único objetivo es reforzarse ante el electorado y machacar al adversario.

Así podríamos pedirle a Zapatero un contrato libre, no el despido libre del que habla él. Y podríamos afinar los argumentos, enhebrarlos en ejemplos históricos y estadísticas aleccionadoras, que todo daría igual.

¿Y la venganza de la realidad en forma de millones de parados? Tampoco importa si es que prevalece el discurso, la ideología. Zapatero culpó de la crisis al maluto de Bush hasta que su despacho lo ocupó san Obama, ora pro nobis. A partir de entonces ha culpado a los bancos. Sabe que sus votantes sólo necesitan un clavo al rojo vivo para agarrarse y entregar su voto. La realidad no cuenta. Es lo que cuentas de ella lo verdaderamente importante.

La ideología. El discurso. Eso sí que importa.

TED y las ideas

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Artículos en prensa.

Hay mucho miserable escribiendo periódicos, que ensalza a los personajes más abyectos y clava titulares venenosos a muchas de las personas más respetables. Así las cosas, cualquier persona con un poco de simpatía por el género humano (aunque sea también periodista, como quien les escribe), no puede evitar dejarse llevar por el código moral, prácticamente infalible, de aferrarse al reverso de la intención del periodista.

Todo el mundo se hace el simpático diciendo a propios y extraños que él no sigue los dictados de la corrección política, que las normas no escritas quedan para los demás por que él, o ella, es un espíritu libre. Eso sí, luego Berlusconi dice una de las suyas y todo el mundo le salta a la yugular. Porque él sí que es incorrecto desde cualquier punto de vista. Con Berlusconi me pasa como con Yeltsin, que sus enemigos hacen que el personaje me provoque una simpatía irrefrenable. Seguramente el criterio del reverso periodístico me esté llevando aquí por mal camino, pero uno también debe elegir sus errores.

Berlusconi es un hombre extremo, capaz de grandes aciertos y errores descomunales. El último de sus errores pasa por la criminalización de la inmigración ilegal. Izquierda y derecha son ambas culpables de rivalizar en quién criminaliza más actos perfectamente legítimos. Desde la prostitución a la posesión de armas, desde la blasfemia al libre acuerdo entre empresarios y trabajadores, desde cometer suicidio a asistir a otra persona que quiere y no puede, los Torquemadas de ambas orillas luchan por inscribir en el Código Penal un número creciente de crímenes sin víctima.

¿Cómo puede ser un crimen desplazarse de un punto a otro del planeta? Las fronteras son la piel del Estado. Cuando ser ciudadano todavía tenía valor, cuando esa palabra estaba llena de contenido y era el rico precipitado de la historia de Occidente y no una burla, una concesión administrativa de un Estado controlador, la vida era muy otra. Nos dice Stefan Zweig:

Tal vez nada demuestre de modo más palpable la terrible caída que sufrió el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial como la limitación de la libertad de movimientos del hombre y la reducción de su derecho a la libertad. Antes de 1914 la Tierra era de todos. Todo el mundo iba donde quería y permanecía allí el tiempo que quería. No existían permisos ni autorizaciones; me divierte la sorpresa de los jóvenes cada vez que les cuento que viajé a la India y a América sin pasaporte y que en realidad jamás en mi vida había visto uno. La gente subía y bajaba de los trenes y de los barcos sin preguntar o ser preguntada, no tenía que rellenar ni uno del centenar de papeles que se exigen hoy en día. No existían salvoconductos ni visados ni ninguno de esos fastidios. Las mismas fronteras que hoy aduaneros, policías y gendarmes han convertido en una alambrada a causa de la desconfianza patológica de todos hacia todos, no eran más que líneas simbólicas que se cruzaban con la misma despreocupación que el meridiano de Greenwich.

Hoy nos cuesta imaginarlo. Hoy nos humillamos quitándonos los zapatos y los cinturones al paso de máquinas que nos desnudan hasta los huesos. Hoy cruzar una de esas líneas te convierte en una persona ilegal. En un criminal.

Cada vez que leo este pasaje de Zweig siento un aguijonazo en el alma por el mundo de ayer.

Hacia el 20% de paro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los datos resultan simplemente devastadores. España cuenta ya con más de 3,3 millones de desempleados oficiales, según la particular metodología de cálculo que aplica la administración pública. En realidad, si suprimimos el maquillaje estadístico, casi 3,7 millones de personas en edad de trabajar buscan colocación. Sin embargo, la tendencia que muestran tales cifras es, si cabe, mucho más preocupante.

El paro crece un 47% interanual, un ritmo desconocido desde la crisis de los 70. Esto se traduce en 1,06 millones de personas que han terminado inscribiéndose en las listas del antiguo Inem en los últimos 12 meses. No obstante, el dato de enero prácticamente triplica el aumento promedio de ese mes a lo largo de la última década (74.000 nuevos parados). Asimismo, la histórica caída de la afiliación a la Seguridad Social (-5% interanual) implica que la crisis ha borrado del mapa 980.000 puestos de trabajo hasta el momento.

Es decir, una destrucción laboral sin precedentes que, lejos de remitir, amenaza con intensificarse a lo largo de 2009. Y es que a este ritmo España contará con una tasa de paro próxima al 20% a finales de año frente al 15% actual, tal como avanzábamos en estas páginas el pasado verano.

Ni siquiera Trabajo se atreve ya a cuestionar la posibilidad de alcanzar la barrera psicológica de los cuatro millones de parados en breve, cuando hace apenas unos días descartaba por completo tal escenario. La crudeza de los datos esconde, sin embargo, el drama humano al que se ven abocados cientos de miles de familias que, día tras día, observan con desesperación la imposibilidad de reincorporarse a un mercado laboral languidecido y estático, mientras sus escasos ahorros se evaporan y el tiempo de subsidio llega a su fin.

La tragedia de este país es que del paro a la pobreza real apenas media un paso. Y ello, debido a la inmensa rigidez administrativa y fiscal que impone el sistema a la hora de poder contratar y despedir libremente mano de obra. De nada servirán los lamentos y la petición desesperada de Zapatero a los empresarios implorando confianza para frenar la debacle si el Gobierno se niega a afrontar este problema. Las reformas estructurales se han excluido de la agenda política y nada hace presagiar un cambio en este sentido.

El Ejecutivo insiste en despilfarrar el dinero de los contribuyentes a través de Planes E, cuyo resultado será un auténtico fiasco, al estilo Roosevelt durante la Gran Depresión. Mientras tanto, el dinero de las prestaciones se acaba, de modo que el Estado tendrá que recurrir nuevamente a la emisión de deuda pública (impuestos futuros) a fin de garantizar el cobro del subsidio de paro. Sin embargo, la receta de emitir bonos del Tesoro a diestro y siniestro también tiene un límite. Habrá que ver si las emisiones que prevé colocar Economía en la segunda mitad de 2009 y principios de 2010 encuentran comprador y, sobre todo, a qué precio.

De seguir por esta senda, Zapatero y su equipo empujan a España hacia el precipicio de la improductividad laboral, la marginalidad social y, desde luego, la pobreza. La incapacidad del Ejecutivo no sólo es manifiesta sino vergonzosa. Mientras España crea más de 2.700 parados nuevos al día, los políticos disfrutan de estabilidad laboral y un elevado salario a cargo de los contribuyentes a cambio de mentir a la ciudadanía sobre la gravedad de la crisis y dificultar hasta el extremo la ansiada recuperación económica.

El despido libre no sólo es necesario sino imprescindible. Con más de cuatro millones de parados el conflicto social estará servido y ahora, más que nunca, cabe recordar que con un crecimiento del PIB inferior al 2,5% anual nuestro actual modelo productivo es incapaz de generar empleo. El problema es que la recesión se prolongará durante 2010.

Incompetencia y deshonestidad

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Aparte de insistir en el falaz tópico de que FDR "sacó a EEUU de la Gran Depresión", ni siquiera sabe citar una de las frases más emblemáticas de su admirado demagogo con un mínimo rigor: "La única cosa que debemos temer es el miedo a nosotros mismos" no es lo mismo que "La única cosa que debemos temer es al miedo mismo", que es la estupidez grandilocuente que FDR realmente dijo.

Según Estefanía, el intervencionismo de FDR consiguió "generar millones de puestos de trabajo" con "su política de inversiones dirigidas a poner fin al desempleo". Resulta difícil explicar entonces cómo es que el desempleo durante la Gran Depresión se mantuvo alto y relativamente estable. Quizás porque el gasto público en la creación de empleos improductivos (hacer como que se trabaja) expulsó a la inversión privada que es la que realmente genera riqueza demandada por los consumidores dispuestos a pagar por ella. "En el momento en que FDR murió, el paro no llegaba al 2%": un claro ejemplo de verdad engañosa y clamorosamente incompleta, y es que este agudo analista no menciona (¿olvido?, ¿fraude?, ¿chapuza?) la movilización de la fuerza laboral por la II Guerra Mundial, un detallito sin importancia.

"Los analistas más ecuánimes entienden que lo que FDR hizo fue salvar al capitalismo americano": pero no cita a ninguno y probablemente entiende por "ecuánime" al que no le lleve la contraria. Estefanía ama al Estado y quiere "objetar a su favor sin necesidad de disculparnos". El estatismo dirigista de Roosevelt y Keynes vuelven a estar de moda, lo cual "debe ser un buen argumento para repensar el papel del Estado sin los prejuicios que han acompañado a la revolución conservadora". O sea que lo que se entiende como argumento es que las ideas sean populares o no; y para repensar sería conveniente antes saber pensar, algo que quizás excede sus capacidades.

Hacer videojuegos sin murciar

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Y lo hace además en un sector que recibe fondos públicos de la Unión Europea y que ahora se ha subido al carro de los que quieren chupar del bote de las subvenciones que da el Gobierno español.

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese) se dedica a pedir subvenciones para mejorar todavía más las cuentas de las compañías de un sector que pasa por un momento realmente bueno. Sin embargo, una empresa del ramo ha encontrado una forma ingeniosa de buscar financiación que no implica meter la mano en la cuenta corriente de los ciudadanos. Mientras los de la patronal pretenden murciar a los contribuyentes con la complicidad del Ejecutivo, la murciana Newsoft se ha lanzado a vender a través de su web participaciones relativamente baratas que dan derecho a recibir una fracción de sus beneficios durante una década.

En una época como la actual, en la que todos tratan de conseguir que los Estados les den parte del dinero que le quitan a los ciudadanos, noticias así son muy positivas. En realidad no tiene nada de escandaloso que los de Adese pretendan lucrarse de un sistema basado en el expolio sistemático de los sufridos pagadores de impuestos. Tienen la misma legitimidad (en realidad, ninguna) para hacerlo, ellos o la industria del porno, que la banca o el sector cinematográfico. Ahora bien, que no deba provocar más escándalo que en otros casos no significa que posea legitimidad alguna.

Donde sí hay legitimidad es en la estrategia de la compañía murciana que no murcia. No pretende quedarse con el dinero que otros no le entreguen libremente. Quien decida dárselo lo hará por propia voluntad, asumiendo un riesgo pero con posibilidad de ganancias (algo que no existe en el caso de las subvenciones). Tan sólo por eso, por no querer quedarse con lo que no es suyo cuando la patronal del sector sí lo desea, merece destacarse. En tiempos de intervencionismo creciente, elegir el camino de la libertad es digno de mención.

Racismo, xenofobia, colectivismo

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La actual situación de crisis económica, con unas tasas de desempleo que crecen a gran velocidad y cuando la idea más extendida es que la situación va a seguir empeorando, supone un nuevo escenario para un país en el que vive una cantidad de extranjeros inimaginable para casi nadie hace pocos años. Con una creciente cifra de parados, los riesgos de que los inmigrantes se conviertan en el chivo expiatorio para muchos y que surja un movimiento de extrema derecha fuerte es una posibilidad que no se puede descartar en España.

Aunque existen racismos y xenofobias de raíces culturales, estos tienen una menor incidencia por sí solos que los que tienen su origen en cuestiones económicas. El odio de raíz económica más o menos extendido a las personas de otras razas o procedentes de otros países (en España el racismo suele ir unido a la xenofobia debido a que la única minoría étnica existente hasta hace poco era la gitana) surge de la un análisis incorrecto de la realidad. Así, la existencia simultánea de desempleo y de una mayor presencia de extranjeros en un país se suele interpretar como una relación causa-efecto. Y aunque ambos fenómenos se dan a la vez en el momento actual, no se produce el primero por culpa del segundo.

En este escenario, y en situaciones donde la concepción grupal de la sociedad sigue estando muy extendida, se establece una "lucha por los recursos" (puesto de trabajo, beneficios sociales en los casos de Estado del bienestar y otros) que no se percibe como legítima competencia entre individuos. Al contrario, se extiende con rapidez la idea de que se trata de "ellos" (los extranjeros, los rumanos, los negros, los árabes…) contra "nosotros" (los españoles, los blancos…). Gran cantidad de personas pasan a culpar así a los inmigrantes de la pérdida de su empleo, o del hecho de no conseguir uno nuevo, o incluso de que su sueldo sea bajo. Para quienes razonan de esta manera, tan sólo el considerado su igual (español, o incluso catalán o andaluz, y blanco) está legitimado a competir con ellos.

Desde el Gobierno se favorece, posiblemente de forma inconsciente, esta percepción de diversas maneras. La más destacable en la actualidad es la campaña de puesta en marcha para dar a conocer el Plan de Retorno Voluntario. En Madrid, por ejemplo, han puesto una gran cantidad de anuncios muy visibles. De esta manera se transmite a los españoles de que existe un exceso de inmigrantes en el país y que es necesario que se marchen. Puede incluso que uno de los objetivos de esta publicidad tan visible para cualquiera sea precisamente tratar de transmitir a los españoles la idea de que desde el Ejecutivo están haciendo algo para disminuir la cantidad de extranjeros residentes en el país, porque para que éstos se enteraran hubiera bastado con limitar la campaña a los medios de comunicación existentes para inmigrantes y se hubiera llegado de igual manera al supuesto público objetivo.

Esta visión global es la que favorece la extensión del racismo y la xenofobia, así como que ambos odios puedan ser los desencadenantes de episodios violentos. Es más fácil odiar a alguien a quien se percibe como miembro de un grupo distinto al considerado como propio que a una persona a la que se le valora como tal. De hecho, el error de una parte de las organizaciones que se dedican a luchar contra estos fenómenos es su insistencia en defender los derechos o la libertad de "colectivos" y no seres humanos percibidos de manera individualizada.

Si de verdad se quiere combatir de forma efectiva, cosa que no dudamos, esos fenómenos tan terribles, hay que empezar por eliminar del lenguaje cualquier carga grupal. Para cualquier persona es más fácil sentir empatía por alguien que es percibido como un ser humano y, por lo tanto, como un igual, que por aquellos a los que sólo se les ve como miembros de un grupo considerado ajeno. Es imposible amar a gran parte de la Humanidad, pero es muy fácil odiarla. Basta con pensar en ella en términos colectivos.

Tres malas ideas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Curiosa comparecencia que si atendiéramos a sus pronósticos de octubre nunca debería haberse producido. Al fin y al cabo, la crisis financiera debía estar finiquitada en dos meses porque Trichet parecía estar nadando en una abundancia de billetes, algo así como el Tío Gilito del dinero fiduciario.

Desde que lanzara estas predicciones, vaya por dónde, el paro se ha incrementado en 300.000 personas cuando el año anterior lo hizo en 80.000. No está mal para una crisis finiquitada. Claro que Corbacho podía estar refiriéndose a que la que se solucionaría sería la crisis "financiera" (es decir, a la de los bancos, las bolsas, las aseguradoras…) que es distinta, según él, de la crisis de la "economía real"; algo así como Wall Street frente al Main Street en los Estados Unidos.

Las previsiones del ministro, sin embargo, tampoco parecen haberse cumplido aun en este supuesto restrictivo: ayer las bolsas de todo el mundo sufrieron uno de los mayores batacazos desde noviembre por los temores a que la crisis de los bancos siga agravándose, como ilustran las dificultades por las que atraviesa Bank of America (nota: este era el banco al que en septiembre los infalibles gurús económicos consideraban el gran beneficiado por la crisis tras haber comprado Merrill Lynch; olvidaron que tirar dinero bueno sobre dinero malo nunca fue una inversión prodigiosa).

Pues bien, Corbacho está utilizando ese mismo ojo clínico para confeccionar su respuesta al desempleo que está sufriendo España. ¿Su receta? Dificultar el despido, subir el salario mínimo e incrementar las ayudas a los parados. Probablemente, si colocáramos al frente de Trabajo a un mono lanzando dardos sobre una serie de propuestas aleatorias para combatir el desempleo, tendríamos más éxito que con Corbacho.

Primero, dificultar los ERE es sólo una manera de destruir una empresa. Si ésta necesita despedir a, digamos, 2.000 trabajadores para seguir ganando dinero (y por tanto poder seguir pagando su salario a los empleados a los que no despide), dificultárselo sólo hará que vaya descapitalizándose y en el futuro tenga que echar aun a más gente. Es más, la economía no se recuperará mientras ciertos sectores hipertrofiados (como la construcción o ciertos servicios) no reduzcan su tamaño para permitir que otros sectores mucho menos desarrollados (como el exportador) aparezcan. Pongámonos en el caso extremo: el Gobierno prohíbe despedir a cualquier trabajador. ¿Qué sucedería? Básicamente que España seguiría produciendo en torno a 800.000 viviendas anuales. ¿Las necesitamos? No. ¿Las pueden vender las promotoras a precios que compensen sus costes? No. Por tanto, ¿cuál es el propósito de consolidar estructuras productivas caducas?

Segundo, el salario mínimo (SMI) o es inútil o genera paro. Quien cobre un salario de 2.000 euros mensuales no se verá afectado por el hecho de que eleven el SMI a 1.000 euros, pero quien percibe 700 euros, pasará a engrosar la cola del INEM. Ningún trabajador puede cobrar más del valor que genera para la empresa; por tanto, incrementando el salario mínimo estamos excluyendo del mercado a aquellos que no sean capaces de generar al menos un valor equivalente al SMI: básicamente, trabajadores poco cualificados, como pueden serlo muchos inmigrantes.

Y tercero, las ayudas al desempleo las pagan el resto de trabajadores de su salario. Lo que significa que parte de la riqueza que se crea hoy la consumen, sin contrapartida, gente que no la está generando. Podemos considerar que esto es algo dignísimo (y en muchos casos, así es), pero me temo que para ese tipo de transacciones ya existen los centros de caridad. El problema de institucionalizar la redistribución coactiva de la renta es que los recursos que se destinan a las ayudas a los parados no pueden dirigirse a otros usos, por ejemplo a invertir en nuevas empresas que den ocupación a parte de esos desempleados (que pasarían, a su vez, a crear riqueza en lugar de consumirla). Cuando el INEM ya tiene un serio problema de déficit en sus cuentas no parece que lo más sensato sea agravar todavía más ese déficit, esto es, no parece que sea lógico que el Estado emita deuda para gastos corrientes, succionando parte de los ahorros que necesitamos para invertir en la recuperación económica.

No sé si el Gobierno es consciente de las tropelías que está llevando a cabo o si, por el contrario, son unos completos ignorantes que esperan que les salve la papeleta una recuperación económica internacional que cada vez se retrasa más. En cualquier caso, somos los ciudadanos los que sufrimos su pésima política económica. Una razón más por la que el Estado no debería arrogarse ninguna competencia en esta materia.