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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La llamada del populismo barato

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El "precio justo" que sus señorías se han sacado de la manga es de 49 céntimos el minuto para las llamadas realizadas y 24 para las recibidas en otro país. Por desgracia, estamos acostumbrados a que nuestros políticos traten de suplantar, siempre "por nuestro bien", al libre mercado, pero en esta ocasión se han superado.

La justificación de tamaña intervención en los precios es, en palabras del secretario de Estado de Economía de Alemania, que existía "un fallo de mercado". En la misma línea los ministros de Telecomunicaciones concluían después de reunirse en Hannover que "la competencia no ha bajado los precios y no lo logrará". ¡Qué curioso! Eso mismo observamos muchos europeos sobre los impuestos pero ningún político parece dispuesto a bajarlos y ponerles un techo máximo por ley.

La función de los precios de mercado no es servir los deseos de los eurodiputados. Ni siquiera consiste en servir los deseos de todos los consumidores. Su importancia radica precisamente en que refleja la escasez relativa de los recursos con los que se produce un bien o servicio ayudando a economizarlos evitando el despilfarro. A veces esa escasez es creada artificialmente por barreras políticas de entrada que, en combinación con precios máximos, erosionan la calidad del servicio. Está claro que liberalizar un mercado y eliminar barreras de entrada se vende mucho peor que anunciar solemnemente que han "logrado [gracias a los precios máximos] que los europeos puedan tener unas buenas vacaciones de verano", como afirmó la comisaria europea de Telecomunicaciones. Quizá por eso los políticos han dado rienda suelta al populismo más barato.

Lo cierto es que el precio del servicio de roaming varía muchísimo según las compañías y países que consideremos. En la Unión Europea nos encontramos tarifas que van desde 22,2 céntimos hasta 3 euros el minuto. ¿En qué consiste entonces el fallo de mercado? ¿Por qué los políticos no dejan que el consumidor decida qué estrategia de negocio le parece mejor al contratar con unos e ignorar las ofertas de otros? Seguramente piensan que no tenemos suficiente capacidad mental o que si se limitaran a profundizar en la liberalización del sector todo el mundo entendería que no son los políticos sino la interacción de proveedores y clientes en un mercado abierto lo que reduce los precios al menor nivel posible.

Fin de fiesta

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde los foros más variados se repiten los mismos mensajes. El FMI y el Banco de España, ambos en varias ocasiones, han alertado del exceso de endeudamiento, peligroso ahora que suben los tipos de interés.

Súmese a ello que tendrá lugar un ajuste del mercado inmobiliario que según la OCDE podría ser "duro". Morgan Stanley dice que el precio de la vivienda podría caer un 5 por ciento, y un freno de la construcción del 20 al 70 por ciento en 2009. Standard & Poor’s se ha sumado a esta preocupación.

"Productividad" fue la palabra que se repetía en boca de los socialistas cuando hablaban de Economía poco antes y poco después de llegar al poder. Hoy ya no insisten tanto, quizás porque, según el Euroíndice Laboral IESE-Adecco, mientras el mundo avanza, España ha perdido un 4 por ciento en productividad en los últimos 5 años. El Banco de España ya ha advertido un nuevo deterioro de la competitividad en 2006 y desde el BCE, Trichet ha señalado al mismo problema.

Mientras, mantenemos uno de los mercados laborales más rígidos de la OCDE. Acaso por ello, mientras nuestra productividad cae, los costes laborales siguen aumentando a buen ritmo. La inflación es en España mayor que en los países cercanos. Es decir, cada vez somos menos competitivos. Ello no es ajeno al déficit por cuenta corriente, que alcanza niveles históricos tanto en volumen como en porcentaje del PIB.

Standard & Poor’s dice en un reciente informe que el deterioro de nuestra competitividad no se ha detenido y que, por el contrario, continuará: el déficit por cuenta corriente "se incrementará en los próximos años a medida que España lidia con una caída en la competitividad de sus exportaciones, debido al crecimiento en los costes laborales, por encima del de la productividad". Pero Zapatero mantiene el optimismo. Menos mal.

Zapatero, fascista

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Esa "seña de identidad" que a Zapatero le sale del alma y que identificó con su propio proyecto el martes 22 durante la Confederación Europea de Sindicatos es doble: "la representación y la protección por medio del diálogo social", por usar sus mismas palabras. El fascismo dice precisamente eso. Para él la sociedad está formada por un conjunto de "fuerzas vivas de la nación" o, como se dice en un lenguaje más moderno pero no menos cursi, "fuerzas sociales". Éstas se representan por un conjunto de órganos, tales como los sindicatos, las confederaciones empresariales y otros. Y de la negociación de estos grupos, con el liderazgo y la moderación del Gobierno, vendrá la prosperidad y la justicia. ¿Alguno es capaz de distinguir esta filosofía de la de Zapatero?

Claro, que el consenso en torno al fascismo en economía es tan amplio que ni nos damos cuenta. Y como la política consiste en ponerle nombre a las cosas, basta con dejar de llamarle "fascismo" para colgarle cualquier otro letrero. "Diálogo social", por ejemplo. Las ideas y la práctica permanecen. Se dirá que antes había un sindicato único, pero ¿no tenemos ahora dos sindicatos únicos?

Y no es que no haya alternativas. Y no tendríamos porqué inundar con dinero de los contribuyentes las arcas de los sindicatos, que no representan a los trabajadores porque éstos elijen voluntariamente y de forma abrumadora no votarles y no afiliarse. Eso que nos ahorramos. Lo mismo cabe decir de las organizaciones empresariales. Bastaría con permitir a cada trabajador que negocie en libertad las condiciones que quiere pactar con la empresa y elija la forma en que quiere que ella le compense por su trabajo.

La del fascismo es una deriva muy atractiva para el poder. ¿No es este el Gobierno que quería crear un campeón nacional de la energía? Ya me dirán ustedes para qué lo queremos nosotros, si a los que pagamos la luz lo único que nos importa es que las empresas de todo el mundo tengan libertad para venir a España y competir por ganarse nuestro favor, el de los consumidores. ¿No contratamos permanentemente servicios a empresas extranjeras? ¿Qué más nos da que lo sean si nos ofrecen un buen servicio al mejor precio? Pero no pasa lo mismo con el Gobierno; a él le interesa un "campeón" al que poder mandar y humillar bien a gusto para ponerlo a su servicio, no al de los ciudadanos.

Pero ¿no será que no sólo Zapatero piensa así? ¿Cómo respondería a mi primera pregunta?

La economía de la vivienda

Escrito por José Ignacio del Castillo en . Publicado en Análisis diario.

Cualquiera que tuviera que describir a un extranjero la situación de la vivienda en España casi con seguridad resaltaría algunas características notables: la minúscula proporción de alquilados frente a propietarios (cerca de uno a nueve) en la forma de ocupar la vivienda, el deterioro del parque de viviendas en los cascos viejos de numerosas ciudades, la existencia de una bolsa de inmuebles desocupados de larga duración o el desorbitado precio de la vivienda tanto en términos de valoración de activos (más de treinta veces su rentabilidad anual por alquiler) como en términos de renta y salario medio (el número de años de sueldo íntegro que representa el precio de la vivienda está entre los primeros del mundo). Todo ello adornado con el significativo porcentaje que el coste del suelo representa en relación con dicho precio.

Lo triste de todo ello es que tal situación no es fruto de ningún imprevisible accidente, sino la conclusión económica lógica de décadas de intervenciones públicas con las más “nobles y sociales” intenciones posibles en los campos de la regulación de alquileres, el urbanismo, el patrón monetario y la regulación de los tipos interés. Más terrible aún si cabe es que ni políticos ni ciudadanos de a pie parecen tener conciencia cabal de ello y una mayoría de ellos sigue pensando que la solución está en nuevas dosis del veneno intervencionista.

Comenzando con la legislación de alquileres, los efectos de la regulación franquista que impuso precios máximos y prórrogas forzosas a los mismos produjeron, como estudió con maestría Joaquín Trigo Portela, una auténtica revolución en el régimen de ocupación de vivienda causada por la falta de disponibilidad de vivienda en alquiler. Efectivamente tan pronto como entró en vigor la nueva ley, la mayor parte de las viviendas que aún no estaban alquiladas y las que iban quedando libres de inquilinos desaparecieron de la oferta optando los dueños por dejarlas vacías en lugar de sufrir la expropiación de facto. A partir de entonces, la compra se convierte prácticamente en la única alternativa factible de acceder a la vivienda para las nuevas familias. Aunque la liberalización parcial de 1984 reanimó algo el mercado de alquiler, perviven elementos de desprotección del casero sobre los que no me extenderé, pues Francisco Moreno ya lidió brillantemente con ellos en un comentario anterior.

Asimismo, el notable deterioro del parque de viviendas, que a menudo los municipios programan rehabilitar con dinero del contribuyente, encuentra su origen en semejante legislación. La mengua en la rentabilidad del propietario y la seguridad de que el inquilino no abandonará el piso, pues el precio que paga es notablemente inferior al valor real de lo disfrutado, hace que el propietario reduzca el gasto en conservación y mejora. Ese fenómeno de barrios enteros sin rehabilitar y amenazando ruina que acompaña sistemáticamente y en cualquier lugar del mundo a los controles de alquileres ha sido reconocido incluso por los economistas menos amigos del mercado: “De hecho, y si se excluye un bombardeo, el control de alquileres parece en muchos casos ser la técnica más eficaz que se conoce para destruir ciudades, como lo muestra la situación de la vivienda en Nueva York”, Assar Lindbeck, La economía política de la nueva izquierda.

Además, la escasez de vivienda llevó a adoptar ulteriores intervenciones: los incentivos fiscales a la adquisición de vivienda que discriminan frente a otras formas de ahorro e inversión o la promoción de la vivienda pública generadora de agravios comparativos, corruptelas y, por necesidad, crónicamente incapaz de satisfacer toda la demanda.

Contemporáneamente con todas estas medidas, la segunda mitad del siglo XX fue testigo de la completa entronización del papel moneda gubernamental –y sistemáticamente envilecido– como signo monetario. También en este punto los particulares se vieron obligados a adaptarse a la situación. Conforme la gente observaba que mantener el ahorro a medio y largo plazo en papel moneda o renta fija era sinónimo de perderlo casi todo, fue creciente el porcentaje que huyó a los bienes reales y particularmente a los inmuebles urbanos donde encontraron más que decentes depósitos de valor para sus ahorros. Se ha convertido en un lugar común entre los españoles –a mi juicio, inexacto y peligroso con las valoraciones actuales– aquello de que “los pisos nunca bajan”.

La situación española del último lustro se ha visto agravada por la expansiva política monetaria del Banco Central Europeo que situó los tipos de interés en el entorno del 2% para “fomentar el crecimiento” en plena ebullición de la economía española. Será bueno recordar que esta intervención fue resultado de presiones políticas desde el campo más radicalmente keynesiano que denunciaba la independencia de los bancos centrales y su falta de sensibilidad social.

En último lugar, pero no menos importante, un urbanismo completamente hostil a cualquier liberalización del suelo y en general infectado de socialismo y ecologismo hasta el tuétano acaba por completar el desolador panorama. Baste como muestra de tales despropósitos la última promesa de la otrora liberal presidenta de la Comunidad de Madrid, que se apunta a aquello de “hiper-restringido el suelo ahora vamos a por el vuelo”.

Sí, otro urbanismo es posible

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

La caída del Muro de Berlín simbolizó en la práctica el derrumbe de las ideas del pensamiento único enemigas de la libertad y del ser humano. En la teoría ya había sido Ludwig von Mises en el año 1920 el que demostrara, con su artículo Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen, que eran puras fantasías de imposible aplicación y destinadas al fracaso. Muchos intelectuales, ante la evidencia de su tremendo error, han reconocido su equivocación y afirmado que verdaderamente el socialismo fue la gran tragedia del siglo XX. Sin embargo, otros se han negado a reconocerlo y han buscado refugio en áreas como el urbanismo y el medio ambiente.

En la actualidad, los sistemas urbanísticos y de ordenación del territorio sustentados en las ideas del pensamiento único se encuentran en una profunda crisis, no sólo por los innumerables escándalos de corrupción que aparecen todos los días en la prensa, sino también por las consecuencias devastadoras que se producen por la descoordinación de la asignación de los usos de un recurso escaso como es el suelo. Por eso, los intelectuales de izquierda se encuentran muy nerviosos y exhaustos al ver cada día como sus ideas ya fracasadas en el siglo pasado se terminan de desmoronar en este. Por esta razón, y no otra, se han empezado a movilizar de forma muy coordinada en medios de comunicación afines a su ideario con una única misión: culpar al mercado del actual desastre propiciado por sus propias ideas.

El último episodio de esta ofensiva ha sido el artículo publicado en el diario El País bajo el título Otro urbanismo es posible, escrito por el arquitecto Eduardo Mangada, que se hizo famoso al proferir la frase "Madrid no crece ni crecerá". El que fuera Premio Nacional de Urbanismo en 1978, concejal del ramo del consistorio madrileño con el PCE entre 1979 y 1982 y, posteriormente, consejero de la Comunidad de Madrid de 1983 a 1991 con los gobiernos socialistas de Joaquín Leguina lo tiene muy claro. Sus palabras dejan entrever que la culpa de lo que está sucediendo en la actualidad no es de sus propios errores intelectuales sino del mercado y de la propiedad privada.

El doctor Mangada nos sorprende con frases como que lo que ha producido una invasión indiscriminada de nuestro territorio así como la destrucción de recursos naturales y del paisaje es "la ausencia de unos modelos económicos y territoriales" y "un proceso guiado únicamente por el beneficio inmediato de las empresas inmobiliarias". Sus palabras dejan claro su profunda aversión hacia la palabra beneficio. Mangada considera, al igual que otros muchos izquierdistas, que el beneficio en el sector es ilegítimo y producto del fraude por parte de los entes privados. Estos señores parece que no quieren darse cuenta de que para que en el mercado libre existan beneficios se tienen que cumplir una premisa básica: satisfacer las necesidad de los demandantes de algún bien o servicio. En el mercado uno sólo puede enriquecerse haciendo ricos a los demás. Pero, sin duda, don Eduardo esto no lo ha entendido o no lo quiere entender puesto que nos sorprende con afirmaciones como "pocas veces, la humanidad ha tenido tal poder económico y financiero concentrado en tan pocas manos", cuando la realidad es, precisamente, la opuesta: nunca la civilización ha tenido tanta riqueza dispersa entre tantas manos (aunque lamentablemente no con la rapidez que sería deseable).

Lo más asombroso de don Eduardo Mangada es que no reconoce que el actual desorden que existe en la construcción de las ciudades es producto de su ideario. Además, se atreve a asegurar que hay que recuperar "la cultura del plan" y que los desordenes producidos "borrarlos es imposible" y "de lo que se trata es de civilizarlos física y socialmente, con o sin la participación de los promotores privados que ya han extraído una cuota importante de beneficios". Pánico me dan estas palabras, porque traslucen que no se ha dado cuenta todavía de que dónde nos encontramos es precisamente en un sistema fuertemente intervenido, en el que los derechos de desarrollo del suelo están nacionalizados y la asignación de los usos del mismo monopolizados por el Estado. El sistema que demanda Mangada es justamente el que existe en la actualidad y el que está ocasionando los brutales desordenes en nuestras ciudades, creando urbes que no atienden a las necesidades de los ciudadanos sino a los fines particulares de los gobiernos que ostentan el poder.

Por otro lado, don Eduardo nos pone como ejemplos paradigmáticos los desarrollos obreros urbanos de las "Siedlungen alemanas", desarrollados en la posguerra, de muy interesantes tipologías habitacionales y que tanto se enseñan a los alumnos de las escuelas de arquitectura como magníficos modelos de hacer ciudad. Lo que no se explica a esos estudiantes es la cantidad de costes externos que presenta la elaboración de este tipo de urbanismo, en el que el Estado se erige como promotor y constructor e impone a los ciudadanos un modelo de ciudad que persigue los fines individuales de los técnicos, políticos y burócratas.

Mangada también asegura que los técnicos "tendrán que aprender a hacer planes" y que éstos deben ser "redactados por quienes sepan hacerlos". Lo que pretende es que, al igual que sucede en la mayor parte de los casos actuales, los planes no los hagan los técnicos que compiten en el mercado para satisfacer con sus proyectos al mayor número de personas posibles, sino que los elaboren aquellos que persigan los mismos fines que quienes controlan el poder o son amigos de los mismos. Lo más terrible de todo esto es que el doctor Mangada también defiende como modelos a seguir los desarrollados en el sur de Madrid en los años 80, plagados de viviendas sociales y con modelos urbanísticos desastrosos, que por mucho que se querrían cambiar en la actualidad, no se puede porque el sistema vigente no lo permite. Si los ciudadanos prefieren vivir en otras zonas de Madrid, lo que hace que las viviendas en el sur sean más baratas, será por algo.

Indudablemente sí, otro urbanismo es posible, y este debe estar basado en el derecho natural a la propiedad privada y en el mercado. Sólo de esta manera se podrán crear modelos de ciudad que atiendan a las necesidades de los ciudadanos y no a los fines perseguidos por quienes pretenden imponer a los demás su criterio y sus ideas. Además, es la única forma de corregir los errores que el señor Mangada asegura que son de imposible solución, pues sólo el mercado puede volver a coordinar nuestro territorio. Las ideas socialistas, como no podía ser de otra manera, han vuelto a fracasar y sólo será cuestión de tiempo el ver cómo pasamos de un urbanismo socialista totalmente planificado de forma coercitiva, como es el actualmente vigente, a otro urbanismo de mercado con una planificación basada en la multiplicidad de contratos libres.

Época de charlatanes

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Por ejemplo, Jordi Hereu, alcalde de Barcelona por el PSC, nos quiere vender y alquilar a precios de saldo 12.000 viviendas, los mismos que ha prometido la alcaldable okupa Imma Mayol (ICV-EUiA). CiU, unos 10.000 y ERC quiere poner 10.000 pisos vacíos en alquiler a modo de rebajas, un 10% más baratos que los del mercado. En Madrid, Alberto Ruiz Gallardón ha superado los records y promete dilapidar 1.800 millones de euros en vivienda para generar más de 158.000 pisos, 80.000 protegidos.

El problema de la vivienda no es nuevo y el PSC lleva casi 30 años en la alcaldía de Barcelona. Si la solución es regalar pisos, ¿por qué no ha hecho antes? ¿Tiene sentido que después de 30 años su lema electoral sea "nuevas ideas"? Están repitiendo lo de siempre y harán lo de siempre.

Lo que parece ignorar el votante medio es lo que no se ve económicamente de esta charlatanería. La vivienda empieza a bajar, y no sólo en España, sino en todos los países occidentales. No ha sido ningún político quien ha conseguido tal logro. Estas medidas que nos prometen, cuyo único fin es la compra de votos, sólo consiguen teledirigir la economía a caminos que no le convienen. España, y especialmente algunos lugares concretos, están teniendo buenos datos económicos gracias al sector de la construcción. Si la administración se dedica a vender pisos a precios por debajo de mercado, esto puede contribuir a acelerar un proceso bajista con las consiguientes pérdidas empresariales, proyectos incumplidos, quiebras y despidos de las empresas que trabajan en el libre mercado, especialmente las pequeñas.

Los políticos no harán bajar los precios dejando el resto de cosas iguales. Simplemente no pueden porque eso implicaría violar un sinfín de leyes económicas. Al intentarlo, sólo añaden un problema más a la economía y a la sociedad. ¿Es razonable seguir invirtiendo en un sector en su final de ciclo? Es la locura de un inconsciente.

España ha de huir de este tipo de producción y dejar que sea el mercado quien baje los precios liberalizando el suelo y eliminando leyes absurdas que sólo encarecen más los precios como la de no construir más de 5 plantas de pisos por bloque o dejar largas extensiones de zona verde. Las zonas verdes pueden ser muy bonitas, pero es mejor dormir en un piso que no verse obligado a pernoctar en una hermosa zona verde porque no nos llega el dinero ni para una triste habitación en alguna pensión cochambrosa.

Y cuando el impulso de nuestra economía, la construcción, se desinfle y todos los trabajos relacionados con este sector se pierdan, ¿qué prometerán los charlatanes? Seguiremos sin pisos y con una economía sin rumbo. Los niveles de productividad en España son preocupantes y esbozan un futuro no muy halagüeño. Han sido los políticos quienes han creado el germen de este desastre con sus promesas cortoplacistas, compra de votos y dinero barato.

Tal vez empieza a ser hora de que miremos más allá de la superficie y pensemos en la realidad. Los charlatanes nunca han hecho prosperar a ningún país ni han contribuido al beneficio de nadie que no sean ellos mismos. Si queremos alcanzar un cierto nivel de vida y mantenerlo después tendremos que ganárnoslo por nuestros medios y no exigiendo al Estado que robe a la comunidad para vivir a costa de ella. Los charlatanes siempre han sido parásitos para la sociedad; que ahora se hayan profesionalizado, vivan de nuestros impuestos y digan que lo hacen para nuestro bien no los convierte en nuestros salvadores. Siguen siendo nuestros verdugos económicos.

Más viviendas por sorteo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Para la inmensa mayoría de los políticos, sin embargo, las políticas públicas de cualquier área consisten en plasmar su idea del mundo y toda clase de deseos personales en un mandato coactivo para toda la sociedad. Según esta segunda forma de ver las cosas la realidad tendrá que adaptarse a los designios planificadores so pena de multas y cárceles.

Un buen ejemplo de esta última forma de entender la acción legislativa y de gobierno es la nueva Ley del Suelo. El presidente y la ministra del ramo piensan que basta con decir en una ley que se ofrecerán viviendas dignas para todo el mundo para que así sea. Esto, por cierto, es lo que pensaban desde Ceaucescu hasta Mao pasando por los líderes de la Plaza Roja acerca de los más diversos asuntos económicos. Tan convencidos estaban de ello que lo aplicaron a todo y contra todos. Desde la alimentación hasta el urbanismo, todo era mortífera coacción "bienintencionada". En el caso del intervencionismo alimenticio para garantizar comida digna a todo el mundo, la combinación de colas, escasez y pésima calidad de la comida que ofrecían a sus ciudadanos sigue siendo una marca característica del sistema que preconizaban estos totalitarios. En el caso del urbanismo, las preciosas ciudades soviéticas con familias hacinadas en cajas de cerillas son toda una muestra de lo que es capaz la ingeniería social(ista).

Volviendo a la nueva Ley del Suelo, Zapatero cree que porque se obligue a establecer una reserva mínima del 30% del suelo residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección todo el mundo tendrá una vivienda digna. Lo cierto es que el efecto de esta medida será restar oferta de vivienda libre y, consecuentemente, que sea más cara de lo que podría haber sido. No hay que olvidar que la gran mayoría de los ciudadanos accede a la vivienda comprándola en el mercado, no siendo agraciados por la lotería estatal. Si a esta medida le sumamos la elevación (del 10% al 20% de máximo) del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria, sólo cabe esperar más presión al alza en el precio de la vivienda. Esto, me temo, tiene poco que ver con garantizar una vivienda digna a todo el mundo. Si es que no aprenden; en los países comunistas la comida digna llegó a todo el mundo con los supermercados privados y aquí sólo habrá vivienda digna para todo el mundo con una liberalización del suelo que ningún político parece dispuesto a defender.

Las viviendas dignas para todos –y no sólo para quien le toca la lotería– llegarán el día en el que los políticos levanten la losa de hormigón planificadora que han puesto sobre nuestros hombros. Pero en el horizonte no se ven más que hormigoneras políticas que mezclan una amalgama de planificación central, racionamiento y expropiaciones, homogeneizados siempre gracias a una pasta de populismo barato. El Partido Popular no sólo no se escapa a esta forma de hacer política sino que la promueve con premeditación y alevosía: el uso del agente urbanizador en la Comunidad Valenciana es de sobra conocido. Ahora hasta su dirigente más liberal, Esperanza Aguirre, ha caído en la tentación intervencionista al proponer la limitación, por ley, de la densidad de edificación en zonas residenciales a tres plantas más ático. Estamos rodeados de escombros socialistas con los que los políticos de todos los partidos pretenden construir un urbanismo contra la voluntad del individuo.

El día del sindicalista

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

No parece importarles mucho que la inmensa mayoría de esos trabajadores no se sientan representados por ellos ni estén muy interesados por sus servicios, y por eso no se afilian; quizás porque saben que los grandes sindicatos son en realidad burocracias funcionariales preocupadas por protegerse a sí mismas parasitando a los auténticamente productivos, creando todo tipo de obstáculos y dificultades para luego vender facilidades y presentarse como salvadores y agentes sociales indispensables.

Hace tiempo que se dedican más a la política que a lo laboral, como demuestran sus vacuas y tópicas declaraciones contra el terrorismo y las guerras y por la globalización de los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental, la legalidad internacional, la igualdad, la justicia, la paz y la libertad (no tienen vergüenza ni sentido del ridículo). También comentan algo difuso y sin concretar mucho acerca del trabajo decente, el empleo de calidad y el salario digno. Y en cuanto pueden meten en su discurso a los débiles, a los marginados, a los pobres, a los desprotegidos, a los dependientes, a los niños…

Para aparentar que son muchos y muy activos periódicamente organizan manifestaciones (cada vez más minoritarias) de celebración y reivindicación de presuntos derechos. O sea que exigen más (dinero, comodidad, descanso, seguridad) a cambio de nada o nos vamos a enterar. Exhiben los logros obtenidos para la parroquia de fieles y muestran su poder de convocatoria a los contrincantes políticos. Todo bajo el camuflaje del diálogo social, el pacto y el consenso democrático.

Sus celebraciones de logros podrían denunciarse penalmente como publicidad engañosa: "reformas en nuestro mercado de trabajo que están mostrándose positivas para la contratación indefinida"; "medidas en materia de seguridad social que garantizan la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones"; "la ley de atención a las personas dependientes que arbitra un nuevo derecho de ciudadanía y generará miles de puestos de trabajo cualificados". Se muestran orgullosos de su coacción legalizada: "se ha promulgado la ley de igualdad donde el movimiento sindical ha logrado introducir la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las medianas y grandes empresas".

Reivindican soluciones a problemas que ellos mismos causan o cuyas soluciones dificultan como la precariedad en el empleo. Alarman presentando la siniestralidad laboral como una "catástrofe nacional". Acusan sin pruebas ni argumentos válidos de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Fomentan la envidia y el rencor por el "insultante" crecimiento de los beneficios empresariales en relación a los incrementos de los salarios. Se quejan de los precios de la vivienda sin ofrecer soluciones eficientes Exigen más colectivismo e intervencionismo en sanidad y educación, justo lo que reduce su calidad e incrementa su coste.

Injurian a las empresas que abandonan el país (en gran parte debido a la baja productividad fruto de las rigideces laborales y las insaciables exigencias sindicales) con que "practican la rapiña impunemente dejando a miles de familias abandonadas a su suerte"; se quejan de que no se pueden ir porque han recibido subvenciones y luego piden más subvenciones. Reclaman "normas europeas vinculantes que sienten las bases de un derecho del trabajo común", o sea que ningún país pueda librarse de la rémora de la regulación laboral sindicalista. Quieren "un gobierno económico europeo" (socialismo multinacional), "directivas sociales, garantías de servicios públicos para todos los ciudadanos": aquí están descaradamente defendiendo los privilegios de sus principales afiliados, los funcionarios de los generalmente muy mejorables servicios públicos.

Son palabras de José María Hidalgo, de Comisiones Obreras, y de Cándido Méndez, de UGT. "Nos sentimos orgullosos de ser los principales creadores de riqueza y exigimos nuestros derechos". Exigir, que no pedir, es propio de ellos, pero cuesta imaginar a un sindicalista creando riqueza.

El socialismo causa la corrupción

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Resulta curioso que una de las personas que más ha hecho por destapar casos de corrupción en este país no se haya dado cuenta de que el socialismo es el caldo de cultivo de la corrupción ni de que socialismo y corrupción son dos realidades estrechamente unidas. Con esto no quiero decir que casos de corrupsoe como Filesa o este nuevo escándalo urbanístico en Ibiza no puedan darse en partidos distintos del socialista. A lo que me refiero es a que el socialismo fomenta la corrupción y multiplica su potencial enriquecedor. Por el contrario, el liberalismo reduce las posibilidades de corrupción al mínimo.

La corrupción no depende tanto de los hombres o mujeres que uno ponga en los puestos claves de la administración pública como del entramado de incentivos en el que se desenvuelva la acción cotidiana de los funcionarios, los políticos y el resto de los mortales. La naturaleza humana es débil y si el marco de la organización social no elimina los incentivos para corromperse, siempre habrá quien lo haga. Tampoco cambia mucho las cosas el hecho de que quien tome las decisiones administrativas esté en un pueblo o en el Palacio de la Moncloa. Lo único que cambia es el nivel al que se da la corrupción.

El socialismo propugna el intervencionismo estatal en todos los campos de la sociedad. Lo que permite y fomenta la corrupción es esa intervención omnipresente en las decisiones que los individuos llevan a cabo sobre qué hacer con su tierra, su casa, su tiempo, su información, su cuerpo, su salud, su alimentación, su nacimiento, su entierro y, cómo no, su dinero. Por eso el socialismo, se dé en el partido en el que se dé, sea de izquierdas o de derechas, es sinónimo de corrupción. En un sistema liberal en el que el estado se limite a ejercer aquellas funciones de seguridad y defensa que los individuos no puedan desarrollar de manera voluntaria, pocas son las posibilidades de corrupción. Y así sería por muchos liberales que hubiera con ganas de forrarse llevando a cabo actos de corrupción.

Por eso, y no porque el liberalismo vaya a crear un hombre nuevo, la solución a la corrupción urbanística consiste en la liberalización de la ley del suelo, la solución a la corrupción financiera supone liberalizar los mercados y privatizar al regulador y la solución para la corrupción con fondos públicos es reducir los impuestos, el gasto público y el ámbito de actuación del estado. Todo lo demás son cuentos chinos, cartas de Blanco o quimeras sobre la tolerancia cero.

Con mucha naturalidad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, esta gente habla del asunto como si se tratara de los estados financieros de una empresa multinacional y el destino que se va a dar a los beneficios anuales. Todo con mucha naturalidad, ya digo.

Lo más sustantivo de este escándalo es que nos permite confirmar la recuperación de unos modos de hacer política que creíamos superados desde que el Capitán Khan nos devolvió a Roldán, después de su heroica captura siguiendo las órdenes precisas de Juan Alberto Belloc.

Cuando el PSOE era "El Partido", a mediados de los ochenta, esto de adjudicar obras y suministros a los empresarios afectos a la causa era una cuestión asumida con total sencillez en la mayoría de organismos. Cualquiera que haya trabajado durante los ochenta en la administración, incluso en algún departamento remoto como fue mi caso, sabe perfectamente de lo que hablo. Lo más llamativo de aquella época era que, en efecto, igual que en este caso destapado en Ibiza, el contratista en cuestión no se lo llevaba crudo por el afán de enriquecimiento típicamente burgués, sino para contribuir a mejorar la sociedad; y qué mejor forma de hacerlo que a través de "El Partido", llamado por la Historia a salvar a los pobres de su ominoso destino vital.

Luego llegó Borrell con su entrañable petición a los contratistas para que dejaran de pagar comisiones ilegales, suceso inédito en los ministerios de obras públicas del Occidente civilizado, y la lluvia de convoluttos comenzó a amainar. Con la llegada del nuevo socialismo propuesto por ZP, parece que las cosas empiezan a ser como antes, es decir, como deben ser, con la administración como un terminal financiero del partido de turno.

Por supuesto, la corrupción urbanística afecta a todos los partidos instalados en algún centro de poder. Pero lo que les distingue es que mientras unos realizan el chanchullo conscientes de su condición vil, otros lo hacen convencidos de que contribuyen al triunfo del progreso, fin último que justifica todos los medios.

En las provincias desafectas, principalmente Madrid, Valencia y, especialmente, Murcia, el discurso del PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas se basa en la denuncia masiva de supuestos casos de corrupción del Partido Popular, algunos de ellos, es cierto, con ciertos visos de verosimilitud. Mas no parece que la trama ibicenca contribuya a esmaltar la campaña de regeneración moral emprendida por los socialistas periféricos. O igual sí. Recuerden la estrategia del PSOE madrileño cuando el tamayazo echándole la culpa de todo al PP, que casi les sale bien. Apuesto a que antes de cuarenta y ocho horas don José Blanco anuncia públicamente que todo esto de la corrución en Ibiza es cosa de la derecha. Extrema, por supuesto.