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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

El día sin móvil

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Y todo porque, según el diario de Prisa, "una regla fundamental en la llamada economía de mercado es que los ciudadanos deben pagar por los servicios que obtienen; ni más, ni menos". Desgraciadamente, no fueron nada coherentes con sus propios editoriales y siguieron sin permitir a sus lectores pagar sólo por las páginas de su diario que realmente leen; ni siquiera les permitieron no pagar por los suplementos dominicales que muchos tiran directamente a la basura. Será que la única regla "de la llamada economía de mercado" que siguen es la ley del embudo.

La consecuencia de dicha ley era previsible y, efectivamente, ha llegado. Movistar, Vodafone y Orange tarificarán por segundos, sí, pero aumentarán los precios para seguir cobrándonos más o menos lo mismo de siempre. La primera en anunciarlo ha sido la operadora de Telefónica, pero las otras dos han aclarado que se piensan sumar al aumento. El establecimiento de llamada subirá de 12 a 15 céntimos (pero sin cobrar el primer minuto) y el precio por segundo, sumados 30, también sube con respecto a los bloques que cobraban antes. Las compañías aseguran que no prevén aumentos en sus ingresos con estas subidas, pues lo que hacen es compensar el cambio en el modo en que cobra. De modo que todos aquellos que se tiraban de los pelos porque "se estaba cobrando por un servicio que no se daba" digo yo que ahora estarán muy satisfechos. Pues no.

Evidentemente, eso de que las tarifas debían medirse en segundos era una excusa: los que pedían el cambio lo que querían era pagar menos. Pensaron que una ley obligaría a bajar los precios, y ahora están enfadados no con su propia estupidez, que sería lo lógico, sino con las operadoras, que resulta más satisfactorio para su ego. De modo que han empezado a enviar mensajes de correo electrónico en cadena pidiendo que nadie utilice el móvil el próximo 1 de marzo, día en que entra en vigor tanto la ley como las nuevas tarifas. El objetivo es "enviar una señal" a Movistar, Vodafone y Orange. Es decir, suponen que los gestores de estas empresas son tan idiotas que no saben que sus clientes prefieren pagar menos.

Los precios son señales de una realidad económica subyacente, y aunque una ley pueda obligar a cambiarlos, esa realidad no varía, y se manifiesta de alguna otra manera. Por ejemplo, si el Gobierno de Zapatero tuviera la ocurrencia de fijar precios máximos pagaríamos menos, pero recibiríamos un servicio de peor calidad. Las antenas se estropearían con más frecuencia y el servicio de atención al cliente sería aún peor de lo que ya es, por poner dos ejemplos. Se podría pensar que simplemente evitaríamos así las consecuencias de un oligopolio, pero lo cierto es que no parece existir un campo excesivamente amplio para las reducciones de precios. España es un país con una población bastante dispersa y que requiere por tanto de mayores gastos en infraestructura que otros países europeos en los que la telefonía móvil es mucho más barata.

Eso no quiere decir, claro, que una mayor competencia no pudiera hacer que los precios bajaran algo. El operador Yoigo (el antiguo Xfera) ha anunciado que mantendrá sus tarifas al pasar a tarifar de medio minuto a un segundo. Quizá todos esos que quieren "enviar una señal" lo harían mucho mejor si, en lugar de lloriquear y quejarse como nenazas, se limitaran a algo tan simple como cambiarse de operador. Entonces sí que algunas empresas podrían empezar a preocuparse.

Suelo y corrupción

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, las soluciones del PSOE y del PP no podían ser más opuestas. Mientras que el primero propone poner coto a la corrupción incrementando el control político en esta área, el PP parece haber optado por la liberalización. Los socialistas afirman, fieles a sus principios y tradición, que "una mayor y", (¿cómo no?), "mejor intervención pública" sobre la oferta de suelo ayudará a reducir la especulación y, por ende, la corrupción que es fruto, supuestamente, de una libertad que en el mundo real brilla por su ausencia.

Los populares han sustituido su tradicional intervencionismo en este campo por el laissez faire, en el convencimiento de que es precisamente el control político de la oferta el detonante de la corrupción urbanística y de la especulación que la fomenta. El acierto en el cambio de política de los populares y el despropósito socialista no se comprende si no entendemos que la especulación tiene dos orígenes bien distintos: uno autónomo, que permite la adecuación de la oferta a la demanda en el plano intertemporal (la especulación económica), y otra, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo (la especulación política).

Tratar de evitar la primera es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, con los graves problemas que estas divergencias ocasionan. En cambio, tratar de evitar la segunda de una forma distinta al cese de la intervención que ha causado el problema es sentar las bases de ulteriores intervenciones que, de nuevo, descoordinarán las acciones de los agentes económicos y motivarán nuevas ocasiones para vivir de la especulación sobre futuras intervenciones. A su vez, este aumento de la especulación con base en las futuras decisiones políticas y administrativas fomentará aún más la corrupción política en el sector urbanístico.

Una cuestión que añade confusión al asunto es que, conforme al artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos deben impedir la especulación. El problema es que la Carta Magna no hace distinción entre los dos tipos de especulación. Pero debería quedar claro que la Constitución sólo puede estar refiriéndose a la especulación política, ya que si se intenta evitar la especulación económica el resultado previsible será el colapso del sector por descoordinación. En este contexto resulta obvio que la propuesta liberalizadora del PP reducirá la corrupción mientras que la socialista la exacerbará aún más.

El acomodador y el burócrata

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Estamos condenados al fracaso porque intentamos centralizar un tipo de información que no puede ser centralizada. Por más que nos pongamos a discutir sobre cuánta gente ha de entrar y salir, nunca llegaremos a saber cuánta lo está haciendo realmente.

Algo similar le ocurre al tema de la inmigración y la productividad del país. Para el ministro Caldera, España necesita 200.000 inmigrantes más este año. Por otra parte, distintas organizaciones dicen todo lo contrario. Todos ellos dan supuestas soluciones a un problema que no las tiene. De hecho, el verdadero problema es creer que existe una solución y que se puede alcanzar por medio de restricciones centralistas. La información es tan contradictoria que ni el propio gobierno se pone de acuerdo. Por ejemplo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2006 aparecían 745.000 inmigrantes en estado de ocupados que no existen en la Seguridad Social. No sólo eso, sino que casi 450.000 españoles registrados en la EPA como ocupados no están dados de alta en la Seguridad Social. Otro ejemplo, si le preguntamos a Caldera cuántos ecuatorianos hay en España nos dirá que 400.000, tal y como afirmó en su último viaje a Quito, pero si le preguntamos lo mismo al responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, nos dirá que 700.000. ¿Quién tiene razón? Probablemente, ninguno de los dos.

A Caldera le ocurre lo mismo que al acomodador de nuestro ejemplo: no tiene ni idea de lo que está manejando. No sabe cuántos inmigrantes tiene España, ni cuántos entran ni salen, ni cuál es la producción real de España (el PIB no es muy de fiar), ni la oferta ni demanda laboral efectiva ni, en definitiva, la mayoría de datos que usa en sus cálculos. El error de los políticos es que tratan a España y sus habitantes como si fueran de su propiedad regulando las acciones humanas, decidiendo sobre las vidas de las personas: Caldera decide la "cuota productiva" de inmigrantes que ha de entrar para mantener el "bienestar del país". La realidad es otra y el fracaso evidente, ¿o es que Caldera ya tenía previsto que a día de hoy más de 100.000 inmigrantes estarían cobrando el paro? Si es tan buen diseñador social, que los coloque a todos. No es Caldera quien paga sus errores, sino nuestras empresas, nuestra economía doméstica y una gran parte de los inmigrantes que esperaban encontrar aquí un país próspero y receptivo a sus ganas de trabajar.

Las acciones humanas no pueden ser reguladas por ningún dictador de la producción, porque la gente se mueve por incentivos, no por las leyes ni por las buenas intenciones de los burócratas. En un entorno de libertad, la inmigración se autorregula según las necesidades reales del libre mercado. Las cuotas, impuestos, leyes laborales, salarios mínimos y el resto de aberraciones económicas impuestas por el Gobierno se limitan a romper la armonía económica fomentando el caos y la filosofía del sálvese quien pueda. Así trabaja el socialismo.

Caldera tendría que darse cuenta que sólo hace falta una ley, y ninguna más, para conseguir una sociedad libre, prospera y civilizada: la de la oferta y la demanda, la de la libre acción humana; de lo contrario, sólo colaborará en la perpetuación del desconcierto y el parasitismo.

Tucker: ¿el sueño emprendedor?

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Tucker, un hombre y su sueño (Francis Ford Coppola, 1988) es una de las escasas muestras cinematográficas en torno a los emprendedores. La película cuenta la aventura real de Preston Tucker, un famoso constructor de automóviles que en la década de los 50 se enfrentó a las grandes firmas de Detroit con un modelo tecnológicamente revolucionario. El filme refleja rasgos esenciales de la empresarialidad –innovación, creatividad, asunción de riesgos– pero también descubre la falta de dirección estratégica para los negocios entre los denominados capitanes de empresa.

La historia narrada por Coppola es atrayente, visualmente eficaz; algunos críticos vieron en ella un remedo de la propia trayectoria de este cineasta. Jeff Bridges, el actor que encarnó a Tucker, suele a su vez interpretar personajes entusiastas, desmesurados en ocasiones, más grandes que la vida; la identificación con el personaje fue plena, la valoración en la biopic del imaginativo industrial americano es enaltecedora.

Tucker, arquetipo de hombre con altos niveles de logro, quiso ofrecer al público un automóvil familiar amplio y seguro, caracterizado por su veloz motor trasero. General Motors y Ford no estaban dispuestas a tolerar ese nuevo competidor. Preston gozaba de óptimas condiciones de partida: un equipo profesional sinérgico con altas economías de aprendizaje y una campaña publicitaria exitosa que convencía a los distribuidores. El nudo gordiano gravitaba en la financiación de recursos; para desatarlo Tucker acudió al gobierno federal que le garantizaba previo aval económico una antigua fábrica militar para sus proyectos. Los sabotajes del oligopolio, la amenaza política y la intromisión de los socios mayoritarios complicaron a Preston. El desenlace queda pendiente para aquellos que quieran descubrir o recordar la película.

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, que analiza los entrantes potenciales en un mercado, puede ser un instrumento útil que revele el éxito (y el ocaso) de numerosas iniciativas emprendedoras. Aplicando la explicación de Porter, Tucker tenía un producto diferenciado, asegurados los canales de distribución y garantizada la inversión necesaria. Menos obvia era la cuestión relativa a las economías de escala imprescindibles para sostener tamaña operación empresarial. En la actualidad diseñar y lanzar un nuevo modelo de automóvil cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares. Está claro, por otra parte, que un principiante como Preston tardaría en alcanzar la ventaja absoluta en costes de los que llegaron al inicio. Nuestro héroe, por desgracia, derrapaba en las barreras administrativas, así como en las más que probables represalias: nunca uno pudo imaginarse los resultados que para el caso consiguieron los corruptos senadores de Chicago contra la empresarialidad. Si Toyota, Nissan y Honda supieron introducirse en el mercado norteamericano fue porque las Tres Grandes desecharon en el momento que les vino en gana ese segmento de coches pequeños.

Tucker, además de improvisar en los plazos de entrega, no consideró estratégicamente los factores clave de éxito en sectores maduros (el automóvil estadounidense en la mitad del siglo XX comenzaba a serlo) así como el intervencionismo del frente gubernamental del que fue finalmente rehén. Los emprendedores de su estilo quizá auxilien a los gigantes que pretenden combatir, reduciendo éstos el precio para hundir a los primeros y alargando sus imperfecciones en un clima de aparente juego libre. La piedra de toque seguirá siendo el marco normativo: las leyes y quienes las aplican. Por esta razón el BBVA entra en Texas y abandona el embudo latinoamericano, claro. Los autotitulados campeones nacionales en múltiples sectores permanecen saboreando un liderazgo marmóreo: la incomparecencia de contrincantes en el pugilato lo hace aún posible.

El mercado es la mejor defensa del consumidor

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En distintos artículos que aparecen en determinados medios de comunicación, resulta habitual encontrarse columnas publicadas en las que sus respectivos autores realizan diversas deducciones partiendo de la premisa básica de que el mercado se trata de una especie de enfermedad del mundo actual. Para estas personas el mercado es algo que se debe controlar y limitar al máximo. Los motivos que les llevan a adoptar dicha postura radican, fundamentalmente, en la errónea creencia de que por medio del mismo un grupo reducido de personas obtienen su patrimonio a costa del trabajo y sudor del resto de la humanidad. Para estos individuos, el mercado se trataría de una especie de esclavitud moderna, en las que los consumidores serían los siervos y los directivos de las grandes compañías los amos. No obstante, nada más alejado de la realidad, ya que precisamente el mercado es la mejor defensa del consumidor y es la máxima garantía para su protección.

Cuando se emplea la palabra mercado se está englobando infinidad de transacciones que se llevan a cabo en cada instante por distintas personas. Estas actividades que realizan vendedores y compradores tienen como característica fundamental la libertad. Todas y cada una de ellas se llevan a cabo porque todas las partes intervinientes así lo desean. Si se realizase una operación de manera coactiva estaríamos hablando de un fenómeno extraño y ajeno al mercado. Únicamente dos tipos de organizaciones se sirven de la coacción para imponer condiciones que deben ser aceptadas por las otras partes, tanto si así lo desean como si no. La primera serían las organizaciones criminales, que emplean la violencia o la amenaza de su uso para hacerse con bienes o derechos ajenos en unas condiciones inadmisibles para los usuarios (o dicho en otras palabras, para robarles). La segunda estaría constituida por los Estados, que pueden obligar a sus administrados realizar determinados actos de manera coactiva al aprobar leyes de obligado cumplimiento. Sabiendo que el primer grupo de organizaciones quedan fuera del ámbito de la ley, y que el segundo queda englobado dentro del sector público, se puede llegar a la conclusión de que las únicas transacciones que pueden llevarse a cabo en el mercado privado son aquéllas que tienen lugar de manera voluntaria.

Esta característica de la voluntariedad y libertad de los acuerdos que tienen lugar en el mercado, trae como consecuencia que ni el más rico e influyente de los hombres, con todo su patrimonio y ejército de asesores y empleados, puede obligar a comprar un producto a otra persona si no logra el consentimiento de esta última. Es decir, el mercado, con su libertad, se convierte en el mejor de los defensores del consumidor al necesitarse el concurso de éste para llevar a cabo cualquier transacción. Con independencia de su capitalización bursátil, número de empleados, y facturación, ninguna empresa puede obligar a sus clientes a comprar sus bienes o servicios.

No obstante, hay quien afirma que el mercado no es justo ya que la publicidad engaña al consumidor, desvirtuándose dicha libertad. Puede darse el caso en que personas sin escrúpulos incurran en el ardid de realizar campañas publicitarias que no respondan a la verdad. Esto, sin embargo, no significa que el consumidor quede indefenso una vez descubierto el engaño tras la adquisición, ya que se arbitrarían dos mecanismos de defensa. El primero sería la exigencia del cumplimiento del contrato. Puesto que en el mismo, ambas partes consisten en obligarse, si una ellas no cumpliese su cometido, podría ser denunciada ante los tribunales que se convertirían en los intérpretes y garantes del mismo. El segundo de los mecanismos es la comunicación informal. Cualquier consumidor, en un momento u otro, ha cambiado la opinión favorable que tenía de un producto, que iba a adquirir, al ser desaconsejado por un conocido que tuvo una mala experiencia con el mismo. Y es que resulta imposible engañar a los consumidores durante mucho tiempo, ya que éstos no son necios, y tratan de tomar un papel activo en su autodefensa, transmitiendo la poca fiabilidad que tienen ante un vendedor que les ha engañado, para castigar así su deslealtad. Precisamente, por la libertad de la que gozan los consumidores, la desconfianza les lleva a no comprar. Y si un oferente no puede vender sus productos, al no querer nadie comprarlos, sólo le queda una salida, la quiebra.

Para que estos mecanismos de defensa funcionen, son necesarios que se apliquen los principios de responsabilidad y la exigencia del estricto cumplimiento de los contratos. Si se convierte al vendedor en responsable de lo que ofrece, y se le puede exigir lo acordado, el consumidor tiene herramientas poderosísimas para cuidar de sí mismo.

Por tanto, la limitación del mercado y su control férreo pueden provocar, irónicamente, la indefensión del consumidor, al perder la libertad de elección. La mejor defensa que pueden hacer los gobiernos de sus consumidores es aumentar la libertad de sus mercados y cuidar de que su sistema jurisdiccional sea lo suficientemente ágil y transparente para que éstos puedan exigir el cumplimiento de los contratos a la par que piden responsabilidades al vendedor.

La defensa del mercado no es sino la defensa del consumidor y de su herramienta más poderosa, la libertad.

Verdades sobre el empleo que el Gobierno oculta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Pese a todos los recursos que ha despilfarrado el Gobierno en asegurar el empleo indefinido, el temporal no ha hecho más que aumentar a lo largo del 2006, casi un 34%: la tasa más alta de la Unión Europea. A esto se suma que las bonificaciones que ha aplicado el Estado a las empresas para los contratos indefinidos tienen fecha de caducidad. Durarán cuatro años, y a partir de ese momento los nuevos empleos fijos van a tener un mayor coste para las empresas, y si España se encuentra en una situación económica poco favorable, tendremos que pagar un precio muy alto por estas estrategias cortoplacistas del Gobierno.

España también tiene una de las tasas de empleo (relación de la población ocupada y total en edad de trabajar) más bajas de la UE: un escalofriante 66%, y lo peor de todo es que apenas se incrementa con el tiempo. Las cosas no mejoran si miramos la comunidad de inmigrantes, cuyo desempleo supera el de los españoles en cuatro puntos. Ahora están en un 12%, según la EPA, tras haberse incrementado más de un 42% en el 2006. Muchos inmigrantes han venido a España a trabajar para labrarse un futuro mejor y se han dado cuenta que lo pueden conseguir trabajando en la economía sumergida y cobrando mientras tanto las prestaciones de turno. Son las leyes paternalistas e irresponsables del gobierno las que causan este tipo de situaciones.

Mientras tanto, el INEM sigue siendo un pozo de ineptitud sin fondo; sólo el 18% de los parados apuntados en él tienen posibilidades de encontrar algún empleo. En la otra cara de la moneda vemos como los colocadores privados de trabajo, las ETTs, son los que dan auténticas soluciones al desempleado dando trabajo al 15% de los inmigrantes e incluso son el salvavidas del Estado, que recurre a ellas para pedirles ayuda.

Como siempre, las palabras de los políticos no tienen nada que ver con la realidad. Mientras nos dicen que laboralmente estamos como nunca, nuestro salario medio es el mismo que el de 1997, el desempleo juvenil es uno de los más altos de la UE y el Gobierno no hace más que poner impedimentos a los nuevos empresarios con más burocracia. España es el cuarto país de la OCDE donde más difícil es abrir un negocio. Con esta situación no es de extrañar que los españoles nos endeudemos día a día para poder tirar adelante sacrificando un ahorro precioso y sufriendo nosotros, no Caldera ni su gabinete, las inevitables consecuencias de su torpeza. El equipo de ZP no tiene estos problemas, sus sueldos les dan para vivir muy bien.

Así como dejaríamos de confiar automáticamente en un gestor que nos hubiese recomendado comprar acciones de Enron en su peor momento, ¿por qué hemos de creernos las promesas y soluciones mágicas del Gobierno aún fallando una vez tras otra? El auténtico problema del mercado laboral en este país es el Gobierno. Si queremos tener un mercado laboral ágil, dinámico y próspero sólo hemos de quitar las manazas de los políticos de nuestros trabajos y asuntos laborales. Sólo entonces tendremos prosperidad, y sin que nadie nos la garantice con leyes que parecen muy bonitas pero que, como comprobamos todos los días, sólo significan pobreza.

La moda ecolojeta

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

No importa que fueran dos multinacionales energéticas (Enron y BP) las que impulsaran en los 90 el Protocolo de Kyoto para tratar de ganar a la competencia sin necesidad de ganar la confianza de los clientes frente a sus competidores. Tampoco que los científicos escépticos fundamenten sus teorías en argumentos racionales al menos tan válidos como los de quienes creen que el calentamiento de 0,6 grados centígrados experimentado en los últimos 100 años tiene una causa antropogénica.

La otra tendencia que parece consolidarse dentro de la moda eco-hippy para esta temporada es asegurar que determinados sectores económicos van a verse favorecidos o se volverán más atractivos por las catástrofes que nos acechan a la vuelta de la esquina. Los ejemplos más típicos son los de la energía eólica y solar, algunas empresas automovilísticas de conciencia y motores ecológicos o el sector del agua. Esta idea tiene su gracia. Se trata precisamente de sectores tremendamente intervenidos en los que se modifica artificialmente su demanda. En el caso de las renovables el precio de esta energía está subvencionado con cargo al bolsillo del conjunto de los consumidores en un 575% con respecto a la tarifa eléctrica. En el de los coches verdes, su demanda está potenciada por las zancadillas gubernamentales de carácter impositivo contra los coches que más combustible consumen y que generalmente son más seguros y que permiten transportar a más gente. Lo del agua ya es de traca. Si hay un mercado donde el precio no tiene relación con el libre juego de ofertantes y demandantes, ese es el del agua. Vamos, que nos tratan de convencer de que unos sectores intervenidos hasta la médula se volverán atractivos por el calentamiento. Pues si es así, ¿por qué demonios están obligándonos a demandarlos?

Pero hay otro sector al que nos presentan como el más claro favorecido por el supuesto calentamiento antropogénico: el asegurador. El argumento viene a ser que "el aumento de desastres naturales como inundaciones y huracanes provocará la subida de precios en las pólizas" y eso beneficiará al sector. Eso es tanto como decir que si la gente empezara a usar sus vehículos como coches de choque, las aseguradoras de accidentes de automóviles se forrarían. Este nuevo eslogan no hay por dónde cogerlo. Si de verdad aumentaran los desastres naturales, las aseguradoras saldrían perdiendo en un primer momento (¿es esto tan difícil de entender?). Luego tratarán de elevar las pólizas, pero eso no significa que sus beneficios aumenten sino que, sencillamente, para eliminar actuarialmente el riesgo la prima tiene que adecuarse a la nueva frecuencia relativa del evento dañoso. A lo mejor se refieren a que el sector de los seguros accidentes y desastres naturales va a sufrir una expansión hacia nuevos campos inexplorados hasta el momento.

Esta interpretación sólo soy capaz de entenderla a la vista de las declaraciones de ZP en las que compara las muertes por fenómenos naturales (que según él están relacionados con el cambio climático) con las víctimas del terrorismo y rematando la faena al catalogar como accidente la colocación de bombas que sólo estallan después de ser cuidadosamente accionadas con voluntad asesina

Los gobernantes antisistema viven muy bien

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Son políticos como Inma Mayol, que apoya abiertamente la okupación y mantiene a la vez tres viviendas en España. Entre ella y su pareja, Joan Saura, además ingresan 18.000 euros al mes (más o menos el sueldo bruto anual de un mileurista) sin contar dietas ni los servicios que reciben gratuitamente debido a su cargo y que pagan todos los catalanes, no ellos.

El president, José Montilla, también parece poco fiel a su ideología marxista de juventud. Ahora vive en una lujosa casa del municipio de San Justo Desvern, donde es difícil ver a ningún pobre. Situado a escasos kilómetros de Barcelona, es un pequeño paraíso cerca de la capital catalana. Allí no hay ni un okupa, pero sí una seguridad abundante rodeando su casa. Él no tiene los problemas de inseguridad ciudadana que sufren el resto de catalanes.

Jordi Portabella, teniente de alcalde de Barcelona, ya tiene un plan para los okupas: llegar a un acuerdo para que éstos paguen una "cantidad simbólica" a los propietarios reales. De paso, no ha dudado en insultar y amenazar a los catalanes honrados que tienen propiedades: "las viviendas cerradas deben pagar un canon muy elevado por el grado de incivismo que representa tener pisos cerrados". Se ve que lo que deben hacer los propietarios es dejarlos abiertos para que los okupas no se cansen demasiado echando la puerta abajo. Ya sabe, si tiene una casita heredada de su familia a la que acude en verano es un incívico, algo así como un terrorista ciudadano. Y en Barcelona debe haber muchos, pues el año pasado el ayuntamiento puso 54.000 multas, 147 al día, sólo por ser "incívicos", ingresando 450.000 euros. No se los gastará en pisos para los jóvenes.

Los políticos antisistema viven muy bien para estar contra el sistema. No viajan en autobús ni metro, tienen coches oficiales con aire acondicionado, seguridad todo el día, viven en lujosas casas y apartamentos, muchos llevan sus hijos a colegios privados, tienen sueldos y complementos que les permiten toda clase de lujos e incluso van a comer a uno de los restaurantes más caros de España en helicóptero. Y eso sin mencionar otros posibles ingresos como los derivados de la corrupción, el tres por ciento y vaya usted a saber. Ciertamente, se ve que para ellos algunos son más iguales que otros.

Aparte de la evidente hipocresía y desprecio hacia el ciudadano honrado por parte de esta gente, podemos sacar otra conclusión. Los políticos, al no ser directamente responsables de sus acciones, estar fuera de sus leyes y tener capacidad de mando absoluto sobre sus súbditos, a los que llaman ciudadanos, pueden tomar y toman las medidas de moda más antisociales, convirtiéndose en el primer enemigo real del hombre libre. La política no tiene ningún derecho ético ni moral a meterse en nuestras vidas en nombre del bien común ni para "arreglar" problemas que los propios gobernantes han creado como el de la vivienda, los okupas o la inseguridad ciudadana.

Pisos que no pueden superar más de cinco plantas, leyes sobre el suelo que parecen hechas por un señor feudal, regulaciones e impuestos son los problemas reales de la vivienda. Leyes que promocionan el vandalismo callejero (Inma Mayol tal vez lo llame "cultura") y una justicia que desprecia tanto la propiedad privada como la defensa legítima del ciudadano dan como resultado que los okupas vengan en tropel a Barcelona. Una justicia basada en el control estatal, el desarme civil y el desprecio gubernamental hacia la propiedad privada es lo que crea la inseguridad ciudadana. Ningún político antisistema, que vive como el más rico de los capitalistas, ha de entrar en nuestras vidas como si fuera suya, porque todas las calamidades que creen las pagaremos nosotros, siempre.

El mito de la tecnoestructura

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

En su libro El Nuevo Estado Industrial (1967) el economista John Kenneth Galbraith denunciaba que la separación de la gestión y la propiedad en las grandes corporaciones estaba conduciendo a que los directivos (a los que él llamaba tecnoestructura) retuvieran el poder dentro de la empresa y la utilizaran para perseguir fines particulares en lugar de buscar el incremento del valor para los accionistas.

Conforme las empresas iban creciendo en tamaño, el control que pueden ejercer los propietarios se atomiza entre un mayor número de acciones, lo que dota a los directivos intermedios de una gran autonomía en sus departamentos para emplear los medios de la empresa en la consecución de sus fines particulares.

Mientras que los accionistas quieren incrementar el valor de mercado de la empresa, la tecnoestructura busca expandir al máximo las ventas y el tamaño de sus departamentos, aun cuando tengan que reducir el margen por unidad vendida y obtener menos beneficios de los que podrían haber ganado con un margen mayor. Según Galbraith, los directivos adoran el crecimiento de las ventas porque de ese modo incrementan su prestigio y el número de subordinados. Cuando las compañías crecen en tamaño, se producen ascensos, promociones y nuevas contrataciones: con las ventas, la tecnoestructura se perpetúa a sí misma.

Hasta aquí la crítica de Galbraith puede resultar adecuada para determinados casos; es cierto que muchos directivos se obsesionan con crecer y para ello no duda en insuflar capital a proyectos de muy bajo rendimiento que no compensan a los accionistas.

Ahora bien, lo que la convierte en una teoría en falaz es que el economista canadiense creía que ésta era una tendencia inexorable del capitalismo contra la que no existía ningún remedio endógeno. Para Galbraith, la complejidad de los procesos productivos actuales hacía inviable que un solo empresario dirigiera y comprendiera toda la compañía, por lo que tenía que delegar en unos gestores especializados en sus tareas (tecnoestructura). Al no comprender todos los aspectos de la compañía, el empresario-propietario o el Consejo de Administración tampoco podían fiscalizar a los directivos, puesto que poseían información privilegiada sobre el funcionamiento de su área de competencia, esto es, eran los únicos con capacidad para tomar decisiones.

Dado que no podía prescindirse de ellos pero tampoco se les podía fiscalizar, la supremacía de la tecnoestructura estaba garantizada. La única solución factible pasaba por que el Gobierno frenara y limitara la influencia de la estructura a través de impuestos, regulaciones y educación pública.

Esta segunda parte del análisis resulta claramente defectuosa. El primer problema es que Galbraith confunde planes técnicos con planes económicos. No es lo mismo saber que tenemos que llegar a X (plan económico) que conocer los distintos procedimientos para llegar a X (plan técnico). La labor del Consejo de Administración (o del Consejero Delegado) es anticipar qué bienes o servicios necesitan los consumidores (plan económico) y no necesariamente saber cómo se fabrican esos bienes o servicios (plan técnico). Los directivos y los gestores subordinados (tecnoestructura), por su parte, se encargan de generar e implementar los planes técnicos que desarrollan los planes económicos.

Y lo cierto es que para crear valor resulta mucho más relevante saber o decidir que hay que fabricar un automóvil con ciertas características y a un determinado precio de venta que conocer el proceso tecnológico que nos permitirá hacerlo. Toda producción responde a unas necesidades, y el paso decisivo consiste en saber de su existencia y extensión. Es por ello que la tecnoestructura sí puede ser fiscalizada internamente cuando no logra los objetivos determinados por sus superiores, a pesar de que éstos no dispongan de toda la información técnica.

Pero además, la tecnoestructura también puede ser fiscalizada externamente. En caso de duda sobre su actuación, el Consejo de Administración siempre puede recurrir a asesores o consultores externos a la empresa para que evalúen aquellos departamentos que están frenando la creación de valor.

En definitiva, si el empresario-propietario actúa con decisión, la tecnoestructura difícilmente podrá sustituir su rol de incrementar el valor de la empresa localizando y satisfaciendo los deseos de los consumidores.

El segundo error de Galbraith es que el mercado sí posee diversos instrumentos para corregir la tendencia de una mala gestión empresarial.

Por un lado, encontramos los controles internos, es decir, mecanismos de remuneración basados en el valor creado por los propios directivos que puede llegar al extremo de convertir a los propios directivos en propietarios de acciones. Cuanto mayor sea la porción del salario basada en la creación de valor en la empresa (participaciones en beneficios, incentivos, opciones de compra sobre acciones), menor propensión tendrán los gestores de las distintas unidades en destruir valor incrementando las ventas no rentables.

Por otro, tenemos los controle externos. Una empresa que insufle valor en proyectos de muy bajo rendimiento cotizará por debajo de su valor contable dado que los accionistas querrán liquidar sus acciones para invertir en otras empresas donde puedan lograr una rentabilidad mayor a un riesgo análogo.

En ese contexto, el atractivo para lanzar una OPA (por ejemplo a través de una recompra apalancada de acciones) aumenta considerablemente. De hecho, existen empresas, como KKR, que se dedican exclusivamente a hacer esto: compran la empresa ineficiente, expulsan a la mala dirección, liquidan los departamentos que no son rentables y la reestructuran financieramente. A partir de ese momento, su valor de mercado reflotará y la empresa opante logrará una sustanciosa ganancia.

Por último, la teoría de Galbraith contiene un error sobre la motivación de los directivos. Es cierto que los gestores pueden tratar de lograr otros fines distintos a por los que fueron contratados, pero esto no es ni mucho menos algo indefectible.

Si Galbraith afirma que los directivos y los gestores pueden estar más interesados en crecer para lograr prestigio y promocionar que en generar valor para el accionista, lo cierto es que no puede haber mayor desprestigio para un equipo directivo que hundir el valor de mercado de la empresa, esto es, no puede haber mayor desprestigio profesional que no lograr los objetivos para los fueron contratados. Tal y como explica Warren Buffett, "nuestras estrellas tienen exactamente los trabajos que quieren, que esperan y confían mantener a lo largo de toda su vida laboral. Por lo tanto, se concentran exclusivamente en maximizar el valor a largo plazo de las empresas que "tienen" y quieren. Si las empresas van bien, ello quiere decir que han triunfado".

Queda claro, pues, que existen mecanismos económicos suficientes, tanto dentro como fuera de la empresa, para lograr reorientar a las compañías hacia la creación de valor para sus propietarios. En el caso de Galbraith, la ceguera se unió con el deseo de no ver, pues así podía pedirle un lazarillo al Estado a costa de los videntes.

El mercado según Shakespeare

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

A finales del siglo XVI William Shakespeare escribió El Mercader de Venecia, una comedia agridulce en torno al juego del amor, el engaño y la severidad de los contratos de préstamo. En esta obra el bardo universal de Avon reflejó una interesante trama de situaciones y personajes próximos a situaciones en el mercado que quizá en la actualidad reconocemos.

El argumento completo puede encontrarse en la red; no obstante, una explicación somera para entrar en situación en este comentario sería la siguiente: Basanio, un joven galán sin fortuna en la Venecia del Renacimiento, pretende la conquista de la rica y bella heredera Porcia. Para deslumbrar de regalos a la joven, Basanio solicita 3.000 ducados a su amigo Antonio. Éste es un comerciante que dirige una fortuna navegando por el mundo, adquiriendo productos exóticos que después ofrecerá en los puertos y plazas de Europa. Antonio, con ánimo de evitar riesgos empresariales, complacerá a su íntimo Basanio acudiendo a su vez en tratos con el usurero judío Shylock. El préstamo que el vilipendiado Shylock le ofrece es muy duro pero finalmente aceptado: si el dinero no es devuelto en la fecha establecida, Antonio pagará con una libra de su propia carne.

 En 2004 Michael Radford dirigió una sugerente adaptación cinematográfica del texto shakesperiano protagonizada por Al Pacino (Shilock), Jeremy Irons (Antonio), Joseph Fiennes (Basanio) y Lynn Collins (Porcia). La película nos aproxima a las palabras y la atmósfera de la época y sirve de base a lo que se escribe a continuación. Los acontecimientos, cumplidamente, llegan: Basanio convence a Porcia, los barcos de Antonio se van a pique y Shilock solicita el cumplimiento estricto de lo pactado. Y aquí deviene la mirada de Shakespeare acerca de los acuerdos comerciales. ¿Fue el gran William un adelantado de la relación de agencia? En El Mercader de Venecia se vislumbra, cuando menos, racionalidad limitada (el carácter vengativo en Shilock), oportunismo (el Dux, molesto, permite el proceso contra Antonio para guardar las apariencias ante Occidente) e información asimétrica (Porcia se convierte en juez y parte y despeja legalmente el expolio del judío). Los buscadores de rentas Basanio y Antonio se salen con la suya. Shilock apenas salva la vida, queda arruinado y el tribunal derriba sus convicciones. El mercado de Shakespeare permite acuerdos libérrimos, es imperfecto, no cumple reglas de clásico equilibrio (en este caso además, fatal equilibrio) Instituciones y reglas de propiedad claras deben poner límite a los abusos y exageraciones. El desenlace del filme, a pesar de todo, no convence: la cara de palo de Irons triunfa; el rostro de Al Pacino es un drama.