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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Un mes turbulento

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Primero fue la introducción en Francia (y en Gabón) de la tasa sobre los billetes de avión para financiar la ayuda al desarrollo de los países pobres. Con esta manida justificación los idólatras del paternalismo estatal llevan dos siglos extendiendo los tentáculos del intervencionismo, quitando a los pobres de los países ricos para dar a los ricos de los países pobres.

Después de la iniciativa folclórica de Chirac vino el respaldo de los parlamentarios europeos a la propuesta de crear un sistema de racionamiento y comercio de emisiones de CO2 para la aviación. Vamos, que insatisfechos con el costosísimo fracaso del modelo de racionamiento de Kyoto a la hora de reducir las emisiones de CO2, los eurodiputados han pensado extender el fiasco al espacio aéreo.

A esta noticia le acompañó el anuncio de la introducción de un nuevo impuesto al sector, esta vez sobre el queroseno. El apetito de Bruselas sólo es comparable a la miopía de sus políticas públicas. Para colmo, la UE estudia la posibilidad de grabar con un nuevo impuesto el paso de aviones por el cielo europeo. Parece que lo de convertir la UE en la zona más dinámica y con mayor crecimiento del planeta para 2010 se pospone para otra década o, al menos, queda reservado para alguna actividad que se realice a ras de suelo.

Por último, la Comisión Europea ha decidido, en un arrebato de mala conciencia, obligar a las compañías a abandonar la sana costumbre de anunciar el precio sin incluir las tasas aeroportuarias de las agencias estatales y los diversos impuestos que graban su negocio. El actual sistema deja al descubierto lo cara que resulta la gestión pública de los aeropuertos para el comprador final del billete de avión y eso debe parecerles intolerable. En cambio, sencillas medidas para la mejora del sector como la privatización de los aeropuertos no están en la agenda de nuestros políticos. ¿Es que ninguno se atreverá a pedir la privatización de AENA aun después de que el mes haya terminado con la vergonzosa huelga del aeropuerto del Prat en la que los perversos incentivos de la propiedad pública de los aeropuertos han quedado patente en el respeto a los violentos y el abandono de los sufridos pasajeros?

¿Lo privado es más caro pero lo público sale gratis?

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Una de las objeciones más típicas a cualquier propuesta de liberalización, desregulación o privatización es que las empresas privadas harán pagar más al sufrido consumidor. De donde se deduce una segunda objeción, a saber: que este precio resulte prohibitivo a los consumidores y, por ende, que ninguna empresa privada lo ofrezca.

Así, por ejemplo, nos suelen asegurar que si privatizamos todo el sistema de transporte, las empresas privadas se negarán a ofrecer sus servicios a los pueblecitos lejanos porque la demanda sería insuficiente. Lo mismo para las operaciones quirúrgicas más costosas y los pacientes más pobres.

La réplica liberal típica es que si no se lo puede pagar el propio interesado, podría pagárselo un tercero, pero sólo si éste lo hace voluntariamente. Y, de ahí, la importancia de una presión fiscal baja y una regulación suficientemente refrenada como para permitir el desarrollo de las instituciones caritativas. Eso, a parte de otros muchos "detalles" importantísimos, como que con un mercado libre se posibilitará la experimentación empresarial para reducir costes, aumentando la productividad y así mejorar precios y salarios. Y que, a fin de cuentas, todo lo que se gaste el estado alguien lo tendrá que pagar, mientras aquel no siente ningún apremio para reducir costes, mejorar salarios o elevar la productividad, sino todo lo contrario.

Y, sin embargo, en nuestra vida diaria nos encontramos con ejemplos que dejan en evidencia estas objeciones antiliberales. La televisión, por ejemplo. Tanto si usted ve algún canal público (estatal, autonómico o local) como si no, paga por él con sus impuestos. En cambio, puede pasarse el día viendo canales privados sin tener que gastar un céntimo. Esos canales los pagan los consumidores de los productos que se anuncian en esos canales. Si los consumidores dan la espalda a los productos anunciantes, la cadena pierde financiación y habrá de rectificar o cerrar. Si dan la espalda a la propia cadena, con más motivo se impondrá un cambio de política empresarial. Pero a las cadenas públicas eso les trae sin cuidado: cuanto más pierdan, más podrán reclamarle al estado que les financie con cargo de los impuestos que paga usted.

Pongamos un caso extremo: la carrera espacial. Durante décadas, ha habido economistas y comentaristas criticándola en base a que ese dineral podría dedicarse a paliar problemas aquí abajo en la Tierra. Lo que casi nadie ponía en duda eran los faraónicos presupuestos que tal empresa requería y los nulos beneficios económicos que podía obtener. Por todo ello la alternativa privada resultaba impensable.

Y, efectivamente, tan pronto como el estado de turno se ponía a derrochar para poner algo en órbita, se daba el llamado efecto expulsión o "crowding out" por adelantado, es decir, si el estado derrocha a lo loco en un determinado sector, las empresas privadas, constreñidas por su propia naturaleza a evitar el déficit, se veían incapaces de competir.

Pero, ante la menor posibilidad de entrar en ese sector, la empresarialidad descubre caminos insospechados hacia el lucro y el progreso. Como el X Prize, por el que se la nave espacial privada SpaceShipOne recibió diez millones de dólares por realizar vuelos suborbitales. O la primera estación espacial privada Genesis I, con la que Bigelow Aerospace está por impulsar el programa "Fly Your Stuff" (Haz volar tus cosas). La idea es que por cierta cantidad, uno puede enviar cierto objeto al espacio, los de Bigelow Aerospace lo fotografían y así consiguen financiación.

Una excentricidad, dirán algunos. Una chorrada, dirán otros. Un derroche burgués, dirán los de siempre. Les fastidia que los emprendedores se salgan con la suya sin tener que meter mano en el bolsillo del contribuyente, de paso dejando en evidencia al Estado del Malgastar. Es lo mismo que dijeron hace un siglo cuando unos entusiastas se empeñaron en desafiar la ley de la gravedad autodenominándose aviadores. Hoy, todos nos beneficiamos de la libertad que disfrutaron esos pioneros de la nueva.

Quedan muchas fronteras por conquistar, con libertad podremos con ellas.

Salario mínimo y racismo progre

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Tenían que haber explicado lo injusto que es ese impuesto, pero les han faltado arrestos, porque lo que no tienen es principios desde los que defender la eliminación del postrer robo estatal, que a uno no le dejan de rapiñar ni en la tumba. En cambio se quieren hacer perdonar incluyendo en la ley una subida del salario mínimo.

Quién sabe si, con Bush fuera de la Casa Blanca, el Partido Republicano puede volver a ser reaganita. Pero los liberales de ambos hemisferios no podemos tener mayor confianza en el Partido Demócrata. Los progres de aquí les han adoptado como elemento de resistencia en territorio enemigo, y hacen bien porque en más de una ocasión comparten miserias. Los demócratas son grandes defensores del salario mínimo, que tiene todos los elementos para que el progresismo sin fronteras lo tenga entre sus bagatelas intelectuales y morales. Atenta contra la libertad de empresarios y trabajadores, que no pueden acordar un salario que convenga a ambos, y daña a los jóvenes y en especial a los más pobres. Ellos no pueden generar una renta por encima del salario mínimo y quedan expulsados del mercado laboral, condenados al paro o a la ilegalidad, con consecuencias sociales muy duras.

Los inmigrantes, con una menor formación que los naturales del país, son a quienes más afecta esta medida antisocial. Ellos lo saben. Los progresistas, digo. En su época dorada, muchos progres estadounidenses eran profundamente racistas. Un reciente estudio revela que varios de ellos vieron en el salario mínimo un instrumento ideal para la eugenesia social, ya que dejaba a mujeres y negros fuera del mercado laboral. El mismo autor dice en otro artículo que "muchos economistas reformistas promovieron una legislación de inmigración y de empleo restrictiva por sus beneficios eugenésicos: eliminar a los biológicamente inferiores de la fuerza de empleo, seguía el argumento, reduciría el ‘suicidio racial’ y elevaría los salarios de los trabajadores superiores, que lo merecerían".

Era otra época, se puede decir, y el ideal eugenésico tenía entonces un atractivo que no tiene ahora, que ha de ponerse otros ropajes, como el del "progreso científico", para salir adelante. Pero como hay cosas que no cambian, esto de proponer el salario mínimo para expulsar a los inmigrantes del mercado laboral ha reaparecido esta misma semana en un artículo escrito por dos demócratas en The New York Times, órgano del progrerío mundial. Michael Dukakis y Daniel Mitchell se dan cuenta de que "millones de inmigrantes ilegales trabajan por salarios mínimos e incluso submínimos en puestos de trabajo que no están cerca de cumplir los estándares de salud y seguridad". Si los expulsamos de la legalidad subiendo el salario mínimo e imponiendo otras regulaciones, no tendrán nada que hacer y nos dejarán sitio a… nosotros, ya sabe usted. Los naturales "trabajarán en empleos que sean arriesgados, sucios o penosos en la medida en que se paguen con salarios y condiciones de trabajo decentes", es decir, por encima del salario mínimo. Los inmigrantes a la calle y los naturales en sus antiguos puestos de trabajo. No es que sean obtusos en la comprensión de las consecuencias sociales del salario mínimo. Es que las conocen y se valen de ellas para sus objetivos de progreso.

Ley del Suelo insoluble

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La próxima Ley del Suelo (LS) sobreabunda en intervencionismo respecto de una materia de por sí tan regulada como es la planificación urbanística. La nueva Ley, elaborada por el Ministerio de Vivienda, derriba el principio de la norma anterior de que todos los solares podían ser urbanizados salvo excepciones claramente tasadas e introduce deficiencias en el sistema de valoración del suelo.

La LS tiene múltiples puntos negros en su contra. Es probable que el más importante de ellos sea que la LS encarecerá el precio de las viviendas libres tras la reserva obligatoria de un 25% de suelo para vivienda protegida. Es previsible que por esta medida se reduzca la valiosa aportación de suelo original en el mercado por parte de los oferentes. Es la arrogancia fatal de siempre: se establece un peaje arbitrario por el que se pretende que circulen inexcusablemente todos los actores implicados en un asunto aunque se desprecien las últimas consecuencias de la imposición. A numerosos usuarios les va a salir caro el porcentaje forzoso en VPO: si la oferta disminuye, crecerán los precios.

Incluso en ambientes gubernamentales la LS convence poco. Por ejemplo, las organizaciones oficialistas de consumidores señalan el carácter irreal de las valoraciones del suelo (poco explicitadas a los contribuyentes, por cierto) que pretenden suplantar la ley de oferta y demanda. El mayor consuelo o justificación del proyecto para los consejeros autonómicos socialistas de ordenación del territorio es que no aniquila por completo su carrera política.

Además la LS, por causa de la nueva valoración, fomenta el oligopolio al expulsar a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la gestión del suelo, debido a una mayor dificultad de éstas para acceder a la financiación de sus actividades. El proyecto de ley insiste en el entrometido agente urbanizador; no acorta los plazos de transformación del suelo que acaben con la dependencia económica que los municipios tienen del urbanismo; es el enésimo parche de la sempiterna indolencia legislativa en España.

El cielo está que arde

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En España la huelga de pilotos de Iberia ha puesto los pies en el suelo a más de uno que ya soñaba con un plácido vuelo hacia su destino vacacional. Parece ser que a los pilotos del Sepla no les basta con pilotar y creen tener derecho a dirigir la aerolínea. No les gusta la idea de que Iberia esté montando una compañía de vuelos de bajo coste y han decidido presionar escudándose en nuestra nefasta ley de huelga y tomando como rehenes a los pasajeros que les dan de comer cada mes.

A nivel europeo las cosas no andan mejor. Airbus está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años. Primero fue el anuncio del retraso en la entrega del A380, el buque insignia de la compañía. Las acciones de la empresa cayeron en picado después de que sus directivos lo admitieran públicamente el pasado 3 de junio. Y no es para menos: las demoras y cancelaciones previstas producirán unas pérdidas estimadas en 2.500 millones de euros.

Hasta aquí todo consiste en un serio revés económico. Sin embargo, la noticia de que uno de los dos presidentes de EADS (el consorcio europeo propietario de Airbus), el francés Forgeard, vendió sus derechos sobre acciones de la compañía antes de que la noticia de los retrasos fuera pública ha desatado un verdadero escándalo aerospacial. Es más, tres de sus hijos también vendieron acciones. El problema de fondo es que EADS está fuertemente participada por el estado francés, el cual impone siempre un comisario político. El de este turno era Forgeard, anterior consejero de Jacques Chirac y colaborador cercano de Dominique de Villepin, y ha hecho lo que cabe esperar de un político metido a gestionar empresas de altos vuelos. Al final, los dos presidentes de EADS han dimitido pero Francia volverá a poner un comisario que gestione la compañía como si de un campeón nacional se tratara. Los pequeños accionistas y los usuarios y los clientes son los que sin duda salen perdiendo de estas relaciones político-empresariales pero nos lo tenemos merecido por dejar que los políticos sigan metiendo mano en las empresas.

Por desgracias ahí no se acaba el calamitoso estado del espacio aéreo. El parlamento europeo ha decidido elevar el alcance de su populismo ecologista y ha votado a favor de establecer medidas que contrarresten el supuesto impacto de la aviación sobre el cambio climático. La idea es racionar la emisión de gases CO2 que puede emitir esta industria y convertirla en un juego de suma cero o en un sector en reconversión industrial forzada. En fin, parece que después de observar el fracaso de la aplicación de Kyoto en la tierra los parlamentarios quieren extenderla al cielo. Para colmo, los políticos europeos han decidido que, ya puestos a entorpecer la ya de por sí turbulenta industria aerospacial, van a ponerle impuestos al queroseno. El cielo está que arde y los políticos parecen dispuestos a prenderle fuego.

Destruyendo los seguros médicos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

La nueva ley de igualdad contiene innumerables agresiones contra la propiedad privada y contra la libertad individual. Una de las más inquietantes y, sin embargo menos comentada, es la destructiva injerencia en el mundo de los seguros.
Bajo el comercial título de "igualdad de trato en el acceso de bienes y servicios y su suministro" se esconde una bomba de relojería contra este sector económico de vital importancia para toda la sociedad. El anteproyecto de ley establece, entre otros disparates, que "los costes relacionados con el embarazo y el parto, no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto". Es decir, la ley prohíbe a las compañías de seguros realizar su trabajo, que no es otro que el de agrupar casos con un riesgo homogéneo y pedir una prima igual a cada miembro del grupo por quedar asegurado contra el riesgo en cuestión. Dicho en román paladino, la norma impide la discriminación actuarial, que es la esencia de este negocio.
Si el riesgo asociado a una persona no es el mismo que el de otra, la compañía tiene que clasificarlos en distintos colectivos a los que pedirá primas diferentes. En el caso de que la compañía se vea impedida de realizar esa discriminación actuarial, como ocurre en el caso del anteproyecto socialista, reunirá personas con riesgos distintos a los que pedirá la misma cantidad de dinero por quedar aseguradas. Esta intervención gubernamental da lugar al conocido problema de la selección adversa. La norma obligará a las compañías de seguros a elevar la prima de quienes antes pagaban menos y reducir la de aquellas personas que, de acuerdo con su elevado riesgo, pagaban más. Quienes son conscientes de representar un riesgo menor se marchan dejando de asegurarse. A su vez, las personas que se quedan representan ahora un riesgo medio superior y eso obligará a elevar la prima a todo el colectivo, lo que, de nuevo, espantará a los clientes con menor riesgo.
Al final de este perverso proceso provocado por la imposición de los deseos del gobernante, son pocas las personas a las que les conviene seguir contratando el seguro y muchos los que han quedado marginados y discriminados. Los gobiernos que adolecen de miopía intervencionista crónica ceden en este punto a la tentación de solucionar el desaguisado que han creado con la obligatoriedad del seguro. De hecho, así es como han surgido muchos de los problemas del estado del malestar que padecemos en las sociedades europeas. Lo triste es que con el cuento de la imposición de una concepción colectivista de la igualdad destruyan los más básicos principios de la discriminación actuarial voluntaria sobre los que descansa la lucha contra el riesgo y la incertidumbre.

¿Y si cae el consumo?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los temores más extendidos entre legos y profanos de la economía es la caída del consumo. Si los individuos consumen menos, los beneficios empresariales descenderán, la inversión caerá y se incrementará el desempleo. Un mayor número de parados supondrá, a su vez, menos consumo, con lo que caemos en un círculo vicioso del que sólo podrá sacarnos el providencial gobierno a través del déficit público.
 
Si el razonamiento ha logrado cierto predicamento, se ha debido a la marginación del problema económico de la creación de riqueza, esto es, de la expansión de los bienes de capital. La ciencia económica moderna, influida por la evidente abundancia generada por el capitalismo, ha dejado de preocuparse sobre cómo crear la riqueza y, en su lugar, ha colocado el acento en cómo lograr que el consumo absorba toda la riqueza creada, esto es, cómo incrementar el apetito de los consumidores para que la producción pueda expandirse.
 
John Stuart Mill, en su cuarta proposición fundamental del capital, ya nos advirtió de que "demand for commodities is not demand for labor", es decir, que la demanda de trabajo no depende de la demanda de mercancías: La demanda de mercancías determina en qué rama productiva concreta se utilizará el capital y el trabajo; determina la dirección del trabajo; pero ni el mayor o menos uso del trabajo en sí mismo ni el mantenimiento de los pagos al trabajo. Esto depende solamente en la cantidad de capital. Hayek llegó a decir incluso que la comprensión de esta cuarto proposición era el mejor test para reconocer a un buen economista.
 
¿Qué quería decir Mill con su cuarta proposición? Si nosotros empleamos todos nuestros recursos en el consumo, y no en la amortización y expansión de la estructura de capital, terminaremos empobreciéndonos por completo una vez se deprecie ese capital del que disponíamos. Por ejemplo, si yo tengo una máquina para producir pan y consumo todo el dinero que obtengo por su venta, una vez la máquina deje de funcionar, me habré quedado sin mi fuente de riqueza. En cambio, si en lugar de consumir todos los ingresos generados, ahorro una parte en concepto de amortización, una vez la máquina se haya depreciado podré comprar otra con mis ahorros.
 
La diferente configuración de la estructura productiva, por tanto, no depende del consumo, sino del capital disponible en forma de ahorro para financiar la producción de máquinas y pagar por anticipado el salario de los obreros.
 
Con lo cual, ¿qué sucede en la economía cuando asistimos a una caída del consumo? El menor consumo ciertamente reduce las ventas y los beneficios de las industrias dedicadas a producir estos bienes. En este sentido, sí tendrá lugar una disminución de la actividad productiva (y por tanto del número de trabajadores contratados) en estos sectores.
 
No obstante, al menguar el consumo también se incrementa el ahorro, lo cual reduce el tipo de interés. Esto último tiene un efecto esencial en la economía: el valor actual neto de los proyectos más alejados del consumo se incrementa, ya que los flujos de caja se actualizan a un menor tipo de descuento. Por ejemplo, imagine que el tipo de interés es del 10% y que se plantea empezar a producir un bien de capital que podrá vender en tres años por 9000 euros. Los pagos asociados al bien de capital son 3000 ahora, 2500 el año siguiente y 2000 el próximo. Para calcular el valor actual neto de esta inversión tendremos que dividir cada flujo de caja por 1,1 (1 más el tipo de interés del 10%) elevado al número de años que distan desde el presente. Así, el pago del año que viene será 2500 dividido entre 1,1 elevado a 1, el pago del siguiente año será 2000 dividido entre 1,1 elevado al cuadrado, lo que sumados a los 3000 de este año nos da un valor actual de los pagos de 6925. Por su lado, el cobro del año tercero será 9000 entre 1,1 elevado al cubo, es decir, 6760. Por tanto, el valor actual neto de producir ese bien de capital durante 3 años es de -165. La empresa no realizaría semejante inversión, pues incurriría en pérdidas.
 
Supongamos ahora, en cambio, que el consumo se reduce y el tipo de interés cae al 5%. El valor actual de los pagos pasa a ser 7195 y el de los cobros 7775, de modo que el valor actual neto pasa de unas pérdidas de 165 a unos beneficios de 580, por lo que la inversión sí se realizaría.
 
En otras palabras, por un lado, se reduce la rentabilidad de los bienes de consumo al caer su demanda y, por otro, se incrementa la rentabilidad de los bienes de capital ante el menor descuento de los flujos netos de caja. Todo ello hace aumentar la inversión en los bienes de capital a costa de la reducción de la actividad productiva que había tenido lugar en las industrias de bienes de consumo.
 
Los trabajadores despedidos por las industrias de consumo no se encuentran irremediablemente parados por insuficiente actividad productiva; muy al contrario, el despido es la antesala a su contratación por las industrias de capital. Sin necesidad de ningún planificador socialista, la reducción en la rentabilidad de los bienes de consumo y el correspondiente incremento de los bienes de capital, es suficiente para redirigir el factor trabajo hacia aquellas ocupaciones que los consumidores más valoran.
 
Por consiguiente, en lugar de dedicar los recursos a producir bienes de consumo, estos se dedican a alargar la estructura productiva. Todo esto permitirá en definitiva incrementar la productividad y, del mismo modo, el número de bienes y servicios a disposición de los consumidores en el futuro.
 
Un menor gasto en consumo implica un mayor gasto productivo. Sólo a través de un mayor ahorro, esto es, de un menor consumo, podemos acumular el capital necesario para incrementar nuestra riqueza. Las reducciones del consumo, lejos de suponer un mal augurio para la economía, permiten expandir sostenidamente nuestra riqueza.
 
Por ello, todas las medidas políticas destinadas a incrementar el gasto público sólo suponen reducir los recursos destinados a incrementar nuestra riqueza. Sin embargo, conviene que analicemos en otro artículo los efectos perversos de los mal llamados estabilizadores automáticos.

Morados de billetes de 500

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Los datos son claros. El 62,65 por ciento del valor de todos los billetes que circulan por el país corresponden a billetes de 500. Puede que usted no haya visto ninguno, pero ya son más de 101 millones de unidades que representan ni más ni menos que un tercio de todos los billetes de esta cantidad que circulan en la zona euro. El caso recuerda al milagro de los panes y los peces por la velocidad a la que se multiplican a nuestro alrededor. Y es que desde el mes de abril de 2005 el número de billetes morados ha aumentado en un 32%.

Este extraño fenómeno no es ajeno a la política del gobierno español. Por todos es sabido, por todos excepto Trichet, que los billetes de elevado valor suelen acudir en ayuda del mercado negro y que, a su vez, el mercado negro crece sin descanso allí donde los gobernantes se empeñan en prohibir, obligar, subvencionar, imponer o intervenir las acciones libres de los ciudadanos. Con casi cada nueva ley que se aprueba en este país se propicia un nuevo ámbito para el mercado libre ilegal.

El afán regulador del gobierno es tal que los individuos ven cada vez más rentable organizar sus transacciones y finanzas al margen de los Solbes, Montillas, Rodríguez y del Estado en su conjunto. En definitiva, la razón para que España esté llena de billetes de 500 euros no es otra que las múltiples políticas de ingeniería social que asfixian la libertad económica, verdadera base del crecimiento económico y del avance de la prosperidad en nuestra sociedad. Que dejen de limitar las libertades económicas de los españoles y ya verán cómo los papelillos morados se van "misteriosamente" para otro lado.

Beneficios y salarios

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las controversias más habituales de la economía ha sido la contraposición de intereses entre el capital y el trabajo. Un incremento de los salarios supone una reducción de los beneficios de los capitalistas y, de la misma manera, un incremento de los beneficios sólo puede provenir de una reducción de los salarios que le habrían correspondido al trabajador.

En realidad, la pugna entre salarios y beneficios es mucho más absurda de lo que la izquierda suele plantear. Un incremento de los salarios a costa del capital de la empresa supone una reducción de su rentabilidad, lo que dificulta la reinversión y, en ciertos casos, incluso la amortización. Una capitalización total de los beneficios simplemente imposibilitaría la contratación de mano de obra o la adquisición de materias primas, ya que elevaría la rentabilidad de trabajar fuera de tal empresa.

Dado que el socialismo ha pretendido mezclar el análisis económico del salario y el beneficio con problemas distributivos ligados a la nadería de la justicia social, puede resultar útil eliminar la separación de rentas con el fin de ilustrar mejor el anterior argumento.

Imaginemos un empresario autónomo que no tiene trabajadores asalariados. Este empresario ejercerá una actividad en el mercado que, en caso de ser adecuada, le reportará unos flujos de caja (a partir de aquí hablaremos de flujos de caja en lugar de beneficios porque los primeros son una medición objetiva de la ganancia monetaria de la empresa mientras que los segundos dependen de criterios contables, aun cuando la literatura económica prefiera el segundo término). En este punto, el empresario tendrá dos opciones: o bien reinvertirlos en la empresa o bien sacarlos del circuito fabril e ingresarlo en su cuenta corriente particular a modo de salario.

Dependiendo de la cuantía destinada a cada una de las dos partidas, los efectos serán distintos:

a)      Un primer caso extremo es aquel en que el empresario autónomo no reinvierte ninguna porción de sus flujos de caja, sino que se queda, a título particular, con la totalidad de ellos. En este caso, el empresario será incapaz de amortizar los bienes de capital de su empresa y, una vez se hayan depreciado, tendrá que abandonar el negocio o bien realizar una inversión con cargo a posibles ahorros personales o endeudándose en el mercado de crédito. En cualquiera de estos dos últimos casos, el excesivo consumo pasado le obligará a reducir su consumo futuro para conservar el capital.

b)      El autónomo destina a la reinversión la porción exacta de los flujos caja para lograr la amortización del capital. En este caso, la empresa seguirá en funcionamiento y el autónomo disfrutará del máximo salario posible sin consumir su propio capital. Sin embargo, el margen de maniobra de nuestro empresario será reducido, ya que ni podrá modificar su estructura productiva conforme los antiguos bienes de capital se vayan depreciando (no tenemos en cuenta el efecto expansivo de la amortización o efecto Lohmann-Ruchti porque, en todo caso, implica un ahorro y reinversión adicionales que estamos descartando en este supuesto por dirigirse a engrosar los salarios) ni, por supuesto, podrá plantearse expandir su negocio y aprovechar nuevas oportunidades de ganancia; como mucho podrá adquirir una nueva estructura productiva cuyo valor capital sea idéntico al anterior. El resultado será que el salario disfrutado –salvo por causas ajenas a su acción, como disminución de la competencia o incremento de la demanda de sus bienes– permanecerá más o menos constante a lo largo del tiempo; mientras que el resto de empresas, al acumular nuevo capital a través del ahorro, serán más productivas y podrán pagar mayores salarios. A la larga es posible que las empresas de la competencia le ofrezcan a nuestro autónomo salarios superiores a los que él mismo puede lograr con los flujos de caja derivados de su pobre y primitiva estructura de capital, por lo que probablemente decida abandonar su propia empresa y convertirse en un trabajador por cuenta ajena. Este proceso es precisamente el que tuvo lugar durante la Revolución Industrial entre artesanos y las grandes compañías capitalizadas.

c)      El autónomo ahorra parte de sus flujos de caja y los reinvierte en la empresa, quedándose con el remanente en forma de salario. Esta actitud le permite acumular capital, expandir su negocio e incrementar sus flujos de caja futuros, de modo que su salario también aumentará. Aun así, la decisión del autónomo no resulta sencilla; si la reinversión que realiza dentro de su empresa le reporta unos flujos de caja menores a los que podría conseguir invirtiendo en otras empresas y si, para más inri, su salario es menor al que podría obtener trabajando por cuenta ajena, es obvio que el autónomo abandonará su negocio e invertirá en otras empresas (en forma de, por ejemplo, accionista) parte de su salario. Por tanto, el autónomo no invertirá en su propia empresa una porción de los flujos de caja que reduzca la rentabilidad de su capital por debajo del que puede conseguir en otras compañías; y si además el salario restante después de la reinversión es menor al que puede lograr como trabajador por cuenta ajena, liquidará su empresa, invertirá ese capital en comprar acciones y se pondrá a trabajar para otra compañía.

d)     El autónomo ahorra y reinvierte todos los flujos de caja, sin destinar nada a su remuneración personal o salario. Esta estrategia tiene sentido cuando el empresario acaba de descubrir una oportunidad de ganancia muy rentable que requiere de una fuerte inversión actual para su explotación, o bien cuando el autónomo se plantea capitalizar su empresa para enajenarla a un elevado precio en el futuro. En estos casos, renunciamos a consumir en el presente para consumir más en el futuro con cargo a los flujos de caja esperados. No obstante, fijémonos que ésta no puede ser una estrategia permanente del autónomo (a menos que su forma de satisfacer sus fines sea, precisamente, estar ocupado en la empresa), porque en caso contrario obtendría una mayor renta personal trabajando para otra compañía como asalariado.

Una vez analizadas las consecuencias y efectos de las distintas distribuciones de los flujos de caja, nos será sencillo comprender la falsa contraposición de intereses que se plantea en las empresas capitalistas.

Si los trabajadores percibieran el "producto íntegro de su trabajo" como rezan los marxistas, es decir, si se quedaran con todos los flujos de caja de la empresa, ésta desaparecería ante la incapacidad por amortizar el capital y los trabajadores quedarían desempleados.

Si la empresa sólo reinvierte la porción exacta para mantener la estructura vigente de capital, podrá sobrevivir a corto plazo mientras mantenga rentabilidades similares a las del resto de empresas; una vez se convierta en poco competitiva (debido a la falta de inversión en bienes de capital e I+D) y su rentabilidad caiga, los capitalistas desinvertirán y la empresa desparecerá o bien por suspensión de pagos (falta de capital circulante) o bien por depreciación total de su activo fijo.

Si la empresa ahorra y reinvierte parte de sus flujos de caja y logra rentabilidades iguales o superiores a las de la competencia (bien repartiendo dividendos o, preferiblemente incrementando el valor presente de la compañía), permanecerá en el mercado a menos que ese ahorro se haya logrado a costa de reducir los salarios de sus trabajadores por debajo de los que pueden obtener en la competencia, en cuyo caso la compañía se quedará sin mano de obra.

Por último, si la empresa no pagara a sus obreros y sólo se dedicara a reinvertir o repartir los flujos de caja brutos (flujos de caja que no incluyen el pago en salarios), es evidente que ningún trabajador acudiría a ella, serían los propios capitalistas y empresarios los que deberían actuar como autónomos en perspectiva de unos mayores flujos de caja futuros.

En definitiva, dado que es la disposición al pago de los consumidores la que determina la cuantía de esos flujos de caja, entenderemos perfectamente cómo bajo el libre mercado la retribución tanto de trabajadores y capitalistas se realiza en función de su servicio al consumidor y no del expolio interclasista, por muchas mentiras que nos hayan inoculado desde hace más de un siglo de nefasta teoría económica.

Somos violentos, sí

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los resultados del estudio no deberían sorprendernos; las mujeres son mucho más sensibles a todos ellos con una excepción: los hombres son especialmente hábiles en reconocer la ira en el rostro de otro hombre. Las razones son evolutivas, ya que quienes son capaces de reconocer este sentimiento tendrán más posibilidades de sobrevivir y de que sus genes pervivan y, dado que la mayor violencia en la historia humana se ha dado en hombres con respecto a otros hombres, esa necesidad es más acuciante en éstos.

Y es que la violencia forma parte de nuestra historia como especie desde que dimos nuestros primeros pasos por el mundo. Por eso resulta especialmente ridículo que algunos ingenieros sociales se centren en denunciar la violencia en el cine, la televisión o los videojuegos como si ésta fuera un comportamiento aprendido y no algo connatural a la misma esencia del hombre. El que la cultura occidental, la mejor adaptada entre las existentes para obtener el mejor partido posible a la naturaleza humana universal, haya dictaminado la genérica maldad de la violencia –con alguna excepción como la defensa propia– no significa que ésta no esté íntimamente ligada a nuestra especie, porque no todo lo natural es necesariamente bueno en términos morales.

Las propuestas de legislación norteamericanas contra los videojuegos parecen olvidar esta cuestión básica. Así, sus propuestas legislativas recuerdan a la indignación del capitán Renault, en Casablanca, cuando cierra el local de Rick porque ha descubierto que en él se juega, segundos antes de recibir sus ganancias de la noche. Si echaran la vista atrás, recordarían sus propios juegos infantiles teñidos de violencia, aunque fueran mucho menos sofisticados y, por lo tanto, entrañables en su memoria. Pero ellos también jugaron a matar a sus amigos del alma, y se divirtieron y rieron con ello. Nada malo hay en ello; al contrario. Ser conscientes de la violencia que anida en nuestra alma es la única manera de empezar a aprender a controlarla en nuestro beneficio y el de toda la sociedad. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esa característica humana es la que hace atractivos esos juegos, no los juegos los que provocan la aparición de la misma.

Los padres, por supuesto, son los más interesados en que sus hijos aprendan ese autocontrol, y en su labor puede interesarles vigilar a qué juegan y cuánto tiempo. Es por esa necesidad que nació el código PEGI, propuesto por la industria para informar a los padres sobre lo que juegan los niños. Resulta absurdo ir más allá; no sólo significaría legislar contra la libertad de expresión –del mismo modo que prohibir la comercialización de ciertos libros a menores lo es también– sino que resultaría tremendamente ineficiente. Los políticos deben empezar a acostumbrarse a dejar en manos de la sociedad civil aspectos como éstos, más que nada porque Internet puede dejar por imposible de hacer cumplir cualquier regulación que quieran establecer. Una razón más para bendecir la Red.