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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

La regulación de la telefonía móvil: los precios

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

De todos aquellos parámetros económicos que el Estado puede regular, los precios son quizá los más populares. A la mayoría de las víctimas del Estado del Bienestar, y desde luego a sus partidarios, les gusta pensar que les defienden de los efectos diabólicos del mercado marcando un precio idóneo para esos servicios esenciales que por el arte de la dialéctica progresista se convierten en derechos inalienables. Sin embargo, la coherencia no es necesariamente una virtud en la forma de actuar de nuestros gobernantes y así coexisten los precios máximos, como los de la luz o el gas, con los precios mínimos para colectivos “desfavorecidos” como los agricultores que ven como a través de estos precios y de los subsidios agrarios, algunos de sus productos son incluso “competitivos”. Es posible que la alimentación no sea un derecho inalienable. Otra forma de controlar los precios son las simples presiones sobre las empresas, sobre todo si su existencia depende de una concesión estatal.

Las empresas de telefonía móvil se encuentran situadas entre el primer y el tercer caso. Así, los precios que las operadoras ponen a sus abonados no responden a un precio máximo pero los precios de interconexión entre redes, es decir los precios que se pagan las operadoras entre sí por interconectar sus redes para que dos abonados de diferentes empresas puedan hablar, sí tienen una regulación específica. A principios del otoño de 2005, la CMT rebajo los precios a las tres operadoras españolas con la intención de que este descenso en el precio fuera repercutido en el usuario final. Tal rebaja desde luego no llegó al usuario ya que una parte nada desdeñable de los ingresos de estas empresas venían precisamente de este servicio.

Otro de los sistemas que no gustan a los burócratas ministeriales es la existencia de determinadas tarifas, o mejor dicho de modos de tarificación. Así, a principios de verano Telefónica Móviles decidió tarifar en tramos de medio minuto en vez de por segundos, sistema que ya usaban sus competidores. El revuelo que se generó fue tal que las operadoras tuvieron que dar marcha atrás. FACUA, OCU y otras organizaciones de consumidores denunciaron el redondeo, las Comunidades Autónomas denunciaron el redondeo y el Gobierno terminó por legislar para impedir el redondeo. La libertad quedó en entredicho y lo más curioso de todo este asunto es que las nuevas tarifas que se crearon fueron menos demandadas frente a las existentes por tramos de 30 segundos, según denunciaba el diario económico Expansión en un editorial del 23 de diciembre. Es paradójico que el Estado impida usar este tipo de tarificación cuando él mismo suele usarlo en el transporte público, por poner un ejemplo que afecta a todos. Los precios de los viajes en autobús o en metro no son proporcionales al número de kilómetros recorridos sino que tienen un precio fijo independientemente de si te bajas en la primera o en la última parada.

Por otra parte, el supuesto abuso de las operadoras sobre los ciudadanos no es un asunto menor. A principios de diciembre de 2005 el gobierno francés impuso una multa a las operadoras francesas por pactar precios. El Consejo de la Competencia francés elevó a 534 millones de euros la cuantía de la sanción, lo que la convirtió en la mayor impuesta en Europa. En nuestro país de momento no se ha dado una multa tan elevada pero no nos sorprendería ya que las medidas intervencionistas de nuestro vecino galo suelen ser un espejo en el que se suelen mirar nuestros no menos intervencionistas gobernantes socialistas.

A mediados de este mes de enero de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acusó a las operadoras de móvil de no repercutir en los precios el ahorro de costes y es que según el organismo regulador se ha detectado que la rebaja de precios no llega a la mitad del ahorro en costes y que no se ha trasladado a los clientes la productividad lograda por el crecimiento del tráfico. Esta rocambolesca excusa, que pocos ciudadanos sabrán entender es la justificación de otra medida no menos intervencionista. La supuesta ausencia de competencia se verá solucionada una vez más por la sabiduría estatal que, para atajar la situación, aprueba los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV), operadoras que sin antenas emisoras alquilan las infraestructuras necesarias a las que la tienen y se dedican a competir con aquellas que les alquilan los medios. La gracia está en que es bastante posible que las operadoras tradicionales se vean obligadas por ley a alquilar sus antenas. Vuelve a ser paradójico que en un pseudomercado que existe por concesión estatal, el propio Estado hable de ausencia de competencia.

Y con esto llegamos a un tercer punto no menos controvertido y que no es otro que el de las antenas, base y alma de la telefonía móvil. Pero éste es tema para un tercer y último comentario.

A más regulación, más caos y corrupción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ante el escándalo, algunos han atacado a los directivos, consejeros, asesores y demás de la compañía para acusarles de hacer filtraciones aun a pesar de que estos siempre han sabido los resultados con anterioridad y nunca antes había pasado nada. Evidentemente la CNMV no encontrará a ningún funcionario corrupto o, tal vez, cogerá al más despistado y como mucho lo echará compensándolo sobradamente, o como ya ha ocurrido con otros casos, será readmitido con el tiempo.

Este hecho nos muestra una vez más que el control de la fuerza, el de “si no haces lo que te digo te castigo” al que antes se llamaba extorsión y ahora “solidaridad”, no sólo no sirve para nada sino que perjudica a los actores económicos en beneficio de los que están capacitados por ley a aplicar la fuerza. ¿Pero donde está la extorsión de la CNMV si las comunicaciones al regulador sobre la marcha de la empresa son voluntarias (las circulares de la CNMV están enmarcadas dentro de las “soft law” que jamás “pueden agravar deberes ni tipificar infracciones ni sanciones”)? Podría ser que el Síndrome de Estocolmo haya contagiado a Gamesa y ésta hubiese anticipado sus resultados a la CNMV para quedar bien, pero teniendo en cuenta la actitud de los reguladores podemos hacer una hipótesis más probable y ver cómo funcionan las “recomendaciones” de estos organismos.

Todos los órganos reguladores, eufemismo que significa “planificador central”, siguen un férreo control de las empresas a las que fiscalizan. Los actuales planificadores centrales (CNMV, Banco de España…) se dedican a enviar misivas (circulares, e–mails…) a diestro y siniestro a las empresas que controlan como “recomendaciones”, pero a diferencia de una recomendación normal, que su aceptación siempre es voluntaria y se suele hacer con buena intención, la de los planificadores centrales es una orden con duras consecuencias de no ser acatadas. Lea la carta de la CNMV y decida usted mismo, una recomendación con pelos y señales, donde la segunda parte de la carta (las “Recomendaciones”), parece más una ley de comportamiento que una bienintencionada recomendación, todos los verbos están formulados en imperativo y no en condicional.

En el momento que las empresas (generalmente pequeñas) no cumplen la “recomendación” entonces el planificador lanza toda su fuerza contra ellas pidiendo informes, datos… haciendo aumentar el nerviosismo dentro de la empresa privada, costes operativos y el tiempo de los empleados al no poder canalizar el trabajo de éstos al consumidor final. La empresa no trabaja para el cliente, sino para la burocracia.

Ahora algunos analistas abogarán por más control, dirán que España es un país de opereta, y en fin, lo de siempre. De lo que no se dan cuenta es que la corrupción, por el propio carácter de la acción humana siempre existirá, y ésta afecta a cualquiera, ya sea empresario, funcionario, ama de casa… Aquel que crea que traspasar la libertad de las empresas a los órganos coercitivos afines a los medios políticos es arreglar el problema, sólo conseguirá los efectos contrarios a los deseados.

La razón es evidente, si damos poder hegemónico a una elite de burócratas que se rigen por el mismo principio que el resto de las personas sólo usarán su poder total para su beneficio. Las empresas privadas harán lo contrario, no porque sean mejores, sino porque sus “malas artes” sólo repercutirían en pérdidas para ellas: fuga de accionistas, consumidores insatisfechos, daños en su imagen corporativa (y recuperar la buena imagen es muy caro), etc. La única garantía para la transparencia privada (la estatal nunca ha existido ni existirá) es la libertad económica, porque además, la libertad también nos garantiza que las empresas trabajen en exclusiva para el cliente y así logren mayores beneficios para los accionistas, retribuciones para los empleados y amplíen su capital humano.

Si analizamos a los órganos reguladores por sus efectos, y no por lo que dicen, su misión es clara: aumentar los costes empresariales, disminuir la competencia, crear monopolios y transferir la libertad y beneficios de la economía privada al estado y amigos. No hay tercera vía ni políticas pragmáticas para arreglar el caos que ha generado el control hegemónico de la política. La única solución a este desorden y evidente corrupción es el laissez-faire, y eso significa acabar con todos aquellos órganos que dificultan la prosperidad económica y financiera.

La regulación en la telefonía móvil: las licencias

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Al menos en Occidente y parece que de momento, la época de las nacionalizaciones de ciertos sectores económicos ha concluido. De hecho, un buen puñado de empresas de capital público acometen procesos de privatización, aunque estos sean en no pocos casos oscuras operaciones donde más de un amigo del poder público se ve beneficiado. Sin embargo, esta circunstancia no es problema para que el Estado idee ingeniosas formas de controlarlos. Precisamente el epíteto clave o estratégico suele ir acompañado de numerosas regulaciones no exentas de declaraciones asegurando defender al consumidor. Resulta entrañable ver como nuestros gobernantes se preocupan tanto por nosotros.

Uno de esos sectores estratégicos es el de la telefonía móvil hasta el punto de que en unos pocos años es cada vez más demandada por los españoles en detrimento de la fija. Lo que empezó como un servicio para ricos y snobs se ha convertido en una herramienta primordial, esencial para el 82,45% de los españoles. Los que empezaron siendo departamentos dentro de las grandes operadoras han terminado transformándose en filiales y en algunos casos, empresas dedicadas única y exclusivamente a este tipo de servicio. La facturación se dobla año a año y tal poder de crecimiento no podía pasar desapercibido a nuestros legisladores.

Tres son las empresas que actualmente prestan servicios en España, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena que hace unos meses fue adquirida por France Telecom. y podría cambiar su nombre por Orange, la marca de la francesa. Xfera es la cuarta operadora y sólo puede ofrecer telefonía UMTS o de tercera generación. Lleva ya varios años desde que la concedieron su licencia pero sin dar ningún tipo de servicio pues el mercado de los servicios 3G no se ha desarrollado realmente hasta 2005. A la espera de que algún socio tecnológico se quiera introducir en su accionariado, el Gobierno presiona para que empiece a prestar sus servicios en primavera, incluso amenazando con la retirada de la licencia.

Esta es sin duda la primera clave de la regulación, que cualquier empresa que quiera dar servicios de telefonía móvil se le debe conceder una licencia. Al considerarse que el espacio radioeléctrico es un bien común, el Estado lo toma en propiedad y establece cuántas licencias se pueden dar de forma que nosotros, ciudadanos y consumidores, estamos sujetos a la arbitrariedad de unos políticos. La razón de tal comportamiento se me antoja poco contundente ya que se aduce que si el Estado no regulara este espacio, una empresa podría apropiarse de él y acaparar así todas las comunicaciones. Curiosamente esto es lo que han hecho los poderes estatales con la excusa de representar a todos y con esa misma excusa, han montado subastas multimillonarias por un puñado de licencias que han generado jugosos ingresos en las arcas públicas y no pocos apuros financieros e incluso quiebras en operadoras cuyos desembolsos han sido totalmente exagerados.

Dichas licencias suelen conllevar condiciones que incluyen inversiones y coberturas nacionales a realizar en un determinado tiempo. El problema es que muchas de esas empresas empiezan de cero o no son capaces de prever los costes que terminan suponiendo o incluso la tecnología de sus servicios no ha sido comercialmente desarrollada (tal es el caso de Xfera hasta hace unos meses) y luego los ingresos no se corresponden a los previstos por lo que les cuesta entrar en beneficios a la vez que cumplen las condiciones. La misma Telefónica Móviles ha tenido un problema en Italia cuando su licencia UMTS no ha terminado de arrancar y todavía no está muy claro cómo va a deshacerse de ella pues la venta requiere, como no, permiso estatal.

En un mercado libre esto no hubiera ocurrido. Primero porque el número de operadoras hubiera sido determinado a larga por los clientes, de hecho ese número sería variable y dependería de la calidad del servicio, su cobertura y sus precios. En segundo lugar su cobertura, alcance y desembolso inicial formarían parte de una estrategia a largo plazo y salvo una gestión empresarial lamentable desde un principio, estarían acordes con sus posibilidades financieras, lo mismo que su crecimiento. Tercero, porque las diferentes tecnologías supondrían ventajas competitivas entre ellas pero voluntarias y no una obligación administrativa. Por otra parte, buena parte de esa situación financiera viene determinada por los ingresos de sus servicios; ésta es la segunda regulación que quiero analizar, pero eso será en otro comentario.

Horarios de trabajo por decreto

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Después de la ley antitabaco, el prohibicionismo de Estado se dirige ahora contra la libertad de horarios en el trabajo. La Comisión Nacional de Horarios plantea modificaciones imperativas de la jornada laboral en las empresas. Según la citada comisión, es imprescindible adaptarse por salud pública a los usos europeos a través del adelanto o la reducción del calendario profesional en España. De momento, la Administración Pública estudia la puesta en práctica de cambios en el reloj de sus trabajadores.

Es verosímil que el propósito de esta intromisión en la vida de los negocios y en la de la de las personas que participan en los mismos, sea que las grandes firmas colaboren en la unificación horaria apremiadas por la iniciativa gubernamental. Más tarde, serán obligadas el resto de medianas y pequeñas empresas. Los promotores de la medida pretenden mágicamente solventar tensiones familiares, incrementar la natalidad e impedir abusos de poder en los despachos. Estos autodenominados agentes sociales encuentran en la restricción horaria una nueva fuente de ingresos para su activismo subvencionado.

La gestión del tiempo siempre es tarea compleja para empleados y empleadores. Las actitudes personales y la cultura organizativa influyen poderosamente en la administración eficaz o no del período trabajado. La distinción entre urgente e importante y la delegación de responsabilidades en el equipo suelen ser acertados criterios para paliar problemas en los horarios; los terceros ajenos a la peculiar realidad de cada oficio por mucho Libro Blanco que encomienden, deberían abstenerse.

Quien haya vivido la realidad empresarial conoce múltiples abusos respecto al tiempo. El esfuerzo adicional no recompensado, los jefes que retienen a sus colaboradores hasta bien entrada la noche tras una jornada exhaustiva, el perfeccionismo desmedido, el caos en el organigrama o la presión de los compañeros sumisos son escenarios usuales que convierten al centro de trabajo en una hoguera de conflictos. No obstante, si alguien, realizando cabalmente su labor, le preocupa la opinión corporativa sobre él y esta opinión entorpece con severidad su vida íntima, no debería aguantar un minuto más en ese empleo. Siempre, sin duda, será la mejor opción. Recibirá la mayor recompensa posible: la autoafirmación ante circunstancias inaceptables. La creciente jurisprudencia sobre mobbing puede ayudar en situaciones extremas. Los ministerios de Educación, Trabajo y Sanidad, la CEOE, los sindicatos, las comunidades autónomas y el Consejo Económico y Social nada saben de intuiciones y riesgos, pero sí mucho de artificiales cohetes burocráticos que estorban los plazos de la gente.

La presunta racionalización horaria desprecia el ritmo individual en el trabajo. Hay quien adelanta con la madrugada y quien progresa en la faena según madura el día. Las buenas organizaciones respetan esa diversidad y se amoldan a las preferencias de sus empleados. Si las autoridades aseguran una pronta vuelta a casa, ¿adelantarán el horario de entrada o preferirán reducirlo? ¿O ambas cosas a la vez? ¿Se limitarán los salarios si mengua la jornada? En caso contrario, ¿quién pagará la diferencia? No olvidemos los complementos salariales que retribuyen determinados turnos y períodos de trabajo: ¿se mantendrán o se disolverán en el éter administrativo?

Además el argumento de la aproximación a Europa, desde una posición igualitaria, tampoco se sostiene en pie. Incluso un ensayista tan grato a la izquierda como Hans Magnus Enzenberger se atreve con el mito de la eficiencia germana y achaca el declive europeo a la desgana por trabajar entre sus ciudadanos. Pero ese quizá sea motivo de otro comentario. En definitiva, no se trata de quitarle las manecillas al reloj pero tampoco de pegarle un fatal martillazo tal como preludian estos comisionados al minuto.

Los derechos humanos gozan de buena salud

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Amnistía Internacional perdió parte de su crédito como organización seria cuando se dedicó a equiparar Guantánamo con el gulag, ese archipiélago de campos de concentración en el que murieron millones de personas. Por supuesto, ese prestigio decayó en países con cierta cultura política e histórica, donde la gente es capaz de razonar aún cuando haya de por medio críticas a Estados Unidos. Por tanto, en España aún reciben oídos cuando se dedican a mostrar sus carencias intelectuales y morales, como cuando esta semana han vuelto a denunciar que los videojuegos violan los derechos humanos. ¿De quién, cabría preguntarse, de unos cuantos conjuntos de píxels que se iluminan en el monitor?

Como bien ha resaltado Antonio, la violencia de esos juegos no está disponible a los niños, sino sólo a los niños cuyos padres lo permiten. Lo que pide Amnesia es que el gobierno viole los derechos humanos a la libertad de expresión y a intercambiar voluntaria y libremente bienes y servicios, a cambio de proteger unos supuestos derechos de la infancia que incluyen que Esteban Beltrán y los suyos hagan con los niños lo que quieran, robando a sus padres la libertad de educarlos.

En una obsesión de los socialistas de todos los partidos el imponer a todos los demás sus propias ideas morales. Su método preferido consiste en quitar la decisión a quienes más información, interés y elementos de juicio tienen para decidir para otorgarla a instancias en las que pueden meter mano. Sin necesidad de salirnos del tema y meternos en leyes como la educativa o la antitabaco, un reciente estudio realizado por asociaciones de protección a la infancia, tras unas encuestas a menores sobre el uso de videojuegos, propone en sus conclusiones que la clasificación por edades la haga un organismo independiente en la que ellas mismas estén representadas. Encima, ni siquiera es una medida que se pueda inferir de dicho estudio, que no evalúa de ninguna manera si la industria está haciendo bien o mal ese trabajo.

Una de las grandes omisiones en todas estas denuncias interesadas es la prueba de que exista relación alguna entre la violencia en los videojuegos y posibles daños a niños. El informe de Amnesia, por ejemplo, no dedica una sola línea a intentar justificar esa relación, como si fuera evidente por sí misma. Sin embargo, al igual que los niños romanos seguramente jugarían con espadas de madera a matar a sus compañeros de juegos, que asumirían a regañadientes el papel de cartagineses, los juegos violentos forman parte de la vida de todos los niños en todas las épocas, mal que le pese a esa progresía que se cree que regalando muñecas a los niños y balones a las niñas se eliminan las diferencias entre unos y otras. Pero tanto los juegos de entonces como los de ahora son eso, juegos; si hay niños incapaces de apreciar la diferencia, de poca ayuda va a resultar que existan leyes que “los protejan”.

Existe hoy una Santa Inquisición Progre que persiste en querer obligarnos a todos a someternos a sus tesis morales, por más absurdas y cambiantes con el tiempo que sean. Se definen en el “Imagine” de John Lennon, cuya letra viene a decir que el mundo sería pacífico y feliz si todos fuéramos, no como Lennon, sino como la imagen beatífica que Lennon tenía de sí mismo. Pero eso no tiene nada que ver con los derechos humanos que, visto a lo que se dedican las organizaciones del ramo en España, deben gozar en nuestro país de una extraordinaria salud.

En rebajas… aumentan los precios

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En plena cuesta de enero, los comercios compiten entre si por atraer a los consumidores con precios más bajos y productos muy rebajados, lo que confirma que los empresarios, buscando su beneficio, promueven el interés común. Aunque mucha gente lo desconoce, hasta los periodos de rebajas están regulados por el Estado. A pesar de ello, los precios disminuyen y no crecen como parece que va a suceder en muchos de los sectores donde el Gobierno decide lo que pagarán los ciudadanos por los servicios que reciben.

Y es que si algo debe de estar claro a estas alturas es que cuando el poder político trata de jugar a alumno aventajado al fijar los precios a que se ofertan bienes o servicios, tiene tan poco talento que yerra siempre.

Tomemos como ejemplo las empresas eléctricas. No sólo tienen que dedicar ingentes recursos a comprar derechos de emisión de CO2 para cumplir con el nefasto Protocolo de Kyoto sino que además, cuando sus clientes les pagan, deben poner a disposición de un pool, de la CNE, todo lo que han obtenido para que este organismo lo reparta entre las empresas que han intervenido con criterios ajenos al del mercado. Por si no fuera poca la intervención que padecen, los precios a tarifa también los establece el ministro del ramo.

¿Cómo es posible que estas empresas no puedan fijar los precios según la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se necesita que el Estado intervenga en este sector? La razón es previsible para los que promueven la razón de establo, como llamó a la razón de Estado el gran Baltasar Gracián: por nuestro bien.

Como accionistas de esas empresas, perdemos. Como consumidores, padecemos más apagones y probablemente escasez de suministro o de potencia ya que las compañías se ven obligadas a diversificar para obtener beneficios al estar atadas de pies y manos en el mercado en el que participan. Desde el apagón de California de hace unos años al más reciente acaecido en Canarias, las pruebas de que algo falla con el intervencionismo estatal se hacen cada vez más evidentes.

Aun así, hay a quien le parece que el Estado hace demasiado poco. Este es el caso de Greenpeace que, como se imaginarán, odia todo lo que signifique libre mercado y, por eso pide que, en lugar de que el agua se privatice y se pague por ella como si de cualquier bien se tratara, se prohíban los campos de golf y el agua sea más cara. Es decir, que sea tan cara que mantener la casa limpia, la ropa impecable y asegurarse el aseo diario, nos obligue a tener que hacer más sacrificios para llegar a fin de mes.

Quizá el agua sea demasiado barata pero no lo podemos saber muy bien ya que donde no hay un mercado, no hay precios. Esta es la cruda realidad. No sabemos si algo es caro o barato cuando el Estado se ocupa de que no haya empresarios que compitan entre si. Por eso, no podemos alegrarnos de las rebajas al hablar del agua. Como tampoco, podemos quedarnos encantados de que en este nuevo año, vaya a reducirse la intromisión del Estado en nuestras vidas. Tendremos que dejar de fumar y hasta de beber por lo que anticipa la ministra con ínfulas de Führer y andarnos con ojito ante los nuevos aires policíacos con que va a operar Hacienda a partir de ahora.

Leyendo V de Vendetta, el cómic en que se basa la película homónima y que trata de la degradación que padece el género humano bajo un Estado fascista, me percato de que cada día se hace más cierto aquél lema francés: dejar hacer, dejar pasar, el mundo funciona sólo. De lo contrario, la evolución será, como los impuestos, regresivos porque matarán el espíritu creador del ser humano.

Consumismo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya se que lo políticamente correcto en estos días tan señalados, es abominar de la llamada "fiebre consumista" y flagelarnos por ser felices gastando el dinero que honradamente hemos ganado a lo largo del año. La Iglesia está facultada para reprendernos porque apela a principios trascendentes. No así las ONG’s, los movimientos anticapitalistas y en general el inframundo chorraprogre que domina el cotarro de los medios de comunicación, empeñados crearnos mala conciencia por consumir productos de lujo, en lugar de darles a ellos toda la pasta para que la redistribuyan entre los más necesitados, empezando por ellos mismos. Una Navidad progresista, siguiendo las consignas de estos excelsos mentores ultraconcienciados, consistiría en sustituir la ingesta de los típicos productos navideños por una dieta macrobiótica y comprar a los niños unos absurdos taquitos de madera coloreada, privándoles de los juguetes electrónicos de última generación a los que tienen derecho, por ser niños y por vivir felizmente en un espléndido sistema capitalista.

A mí, los productores de turrón, los trabajadores del mazapán y los mariscadores en general, me parecen todos una gente encantadora, y no se me ocurre mejor forma de agradecer sus desvelos que ponerme hasta arriba de todo lo que tienen a bien traer al alcance de nuestra mesa. Por otra parte, los que gozamos de un paladar exquisito, educado tras largos años de investigaciones sobre el terreno en el apasionante mundo de la gastronomía, no podemos renunciar a nuestra vocación científica, precisamente en unas fechas en las que el trabajo de campo ofrece un panorama tan sugestivo.

En realidad, no existe una manera más solidaria de celebrar la Navidad que gastar dinero en hacer felices a los demás y, si se tercia, incluso a uno mismo. Coman, beban, consuman y hagan muchos, muchos regalos, especialmente a los niños. Y no hagan caso a las plañideras progres y sus amenazantes sermones laicos. Ellos irán al puto infierno, por mezquinos, y ustedes al paraíso, por haber sabido ser tan generosos. Amén.

¿Huelga o coacción?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado a la violencia y la toleramos, incluso la aprobamos dependiendo de quién venga. En Madrid padecemos desde hace unas semanas la huelga intermitente de los trabajadores de una empresa de autobuses interurbanos. Esta empresa conecta bastantes pueblos de la periferia de Madrid con la capital por lo que sus servicios son muy solicitados por un número cada vez mayor de ciudadanos que han decidido vivir lejos de los humos de Madrid. La tensa situación ha conducido a la policía a intervenir bien para obligar a los conductores a cumplir los servicios mínimos, bien para desalojar a los enfadados usuarios de las rampas de salida y entrada del intercambiador de transportes, hartos ya de tanto trastorno. 

Las huelgas se terminan convirtiendo en un conflicto entre los sindicatos que las convocan y el empresario pero con el usuario, con el cliente, con el viandante como rehén del conflicto. Cuando a principios de noviembre los mineros del carbón asturianos negociaban las prejubilaciones y las ayudas públicas a su actividad, al no llegar a un acuerdo satisfactorio, se dedicaron no sólo a no realizar su trabajo, no sólo a encerrarse hasta conseguir sus objetivos, sino a molestar a los conductores de las carreteras cercanas, cortándolas a través del uso de la fuerza. 

La violencia se convierte en una herramienta más para el huelguista, para el sindicato. Parece como si las condiciones de los trabajadores fueran equiparables a las del siglo XIX y por tanto las formas decimonónicas fueran las adecuadas. Los supuestos “derechos” de los trabajadores cobran un protagonismo inusitado hasta el punto de que los derechos de los demás, los verdaderos derechos pierden toda vigencia para estos activistas. 

Y sin embargo, resulta habitual que el usuario, el viandante, el cliente, a pesar de verse perjudicado por la violencia de los que protestan, justifique la acción, incluso la destrucción de la propiedad privada y la pública (véanse los coches quemados, los escaparates rotos, el mobiliario urbano destrozado) asegurando que sólo de esa manera los trabajadores son capaces de hacerse oír. El sindicalista conoce esta faceta moral del ciudadano, este aspecto emocional y a él apela para justificarse. El totalitarismo suele entrar en el salón de casa de la mano del victimismo. 

En el Título I, Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución Española se puede leer: 

    Art. 28.2: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Es difícil que las situaciones descritas, habituales en los medios de comunicación, defienda los intereses de nadie. El derecho a la huelga se convierte en el derecho a la coacción, se convierte en un simple chantaje en el que el último sufridor es el ciudadano de a pie. Este ciudadano termina pagando cuando no puede dirigirse a su casa, a su trabajo, a su lugar de ocio. Este ciudadano termina pagando cuando habiendo contratado algún bien o servicio, no puede obtenerlo pese a que ya ha gastado su dinero. Este ciudadano termina pagando cuando los poderes público le arrebatan su dinero pero son incapaces de dar el servicio mínimo que prometen. Este ciudadano termina pagando cuando ve como sus impuestos sirven para mantener negocios sin ninguna rentabilidad que podrían destinarse a otros menesteres más provechosos. O lo que sería mucho mejor, dejarlo en los bolsillo de sus legítimos dueños. 

El derecho a la huelga no es el derecho a la violencia. Existen mil maneras de protestar por un trato injusto o supuestamente injusto. Desde luego, la manifestación pacífica, sin cortes de carreteras ni de calles. Domingo sí, domingo también, venimos padeciendo en Madrid infinidad de reivindicaciones y muestras de apoyo popular. A pesar de ser molestos, es una manera mucho más civilizada de protesta. Pero es que desde el cese de la actividad hasta la huelga a la japonesa, existen muchísimos grados de actuación sin que se vean perjudicados terceros. 

Lo cierto es que por razones que se me escapan, más allá del oportunismo electoral, ningún gobierno español ha sabido ni ha querido articular una Ley de Huelga con un mínimo de lógica. Las circunstancias y la fuerza del grupo en la sociedad, en forma de votos o de poder mediático, son los que establecen la permisividad ante la coacción. Este no deja de ser otro fracaso del sistema estatal en la regulación del mercado laboral. El Estado nos promete que va a proteger nuestros derechos pero luego es incapaz de hacerlo si ante el se pone una pandilla poderosa.

La casta socialista

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Observen ahora a la empresa pública por excelencia: la Administración. La razón de su existencia no es otra que perpetuar el estatus laboral de una casta de privilegiados mandarines: los funcionarios. La Administración Pública no se preocupa por servir al ciudadano, sino más bien por vivir a costa de él.

Dos rasgos son suficientemente significativos de este grado de parasitismo: la remuneración y la duración del contrato.

Por un lado, el salario del funcionario no depende del servicio prestado al ciudadano. La Administración no se somete a la competencia y a la disciplina del consumidor; sus ingresos no dependen de las relaciones voluntarias que los ciudadanos estén dispuestos a entablar con ella, sino de la capacidad depredadora que le atribuya el Estado mediante los impuestos. De este modo se pueden crear puestos funcionariales absolutamente inútiles e inservibles, pero como su remuneración no proviene del precio que están dispuestos a pagar los consumidores nadie detectará tal anomalía.

Imaginen que el Estado decide crear un puesto de funcionario cuyo objetivo es contar el número de hombres con bigote que entran en las oficinas de Correos. ¿Le ven alguna utilidad? Yo tampoco, pero su sueldo no dependerá, en todo caso, del servicio que preste a los consumidores, sino de la cantidad de dinero que arbitrariamente le quiera pagar el burócrata de turno.

En un sistema capitalista, si un empresario quiere pagar un alto salario a una persona que no reporta satisfacción a los consumidores tendrá que hacerlo con cargo a sus beneficios. En otras palabras, de la misma manera que podría gastarse el dinero en un automóvil, en tabaco o en un viaje al Caribe, el empresario prefiere pagar un salario inútil a un trabajador, esto es, realizar una donación caritativa. La cuestión es que para hacerlo deberá haber acumulado antes suficientes beneficios procedentes de transacciones voluntarias con los consumidores.

Por otro lado, la duración vitalicia del contrato de trabajo de los funcionarios es otro signo de su completa falta de sintonía con las necesidades de los individuos. Ningún empresario puede firmar con un trabajador un contrato vitalicio no rescindible, entre otras cosas porque nadie puede asegurar que sea capaz de servir a los consumidores durante toda su vida.

La arrogancia de firmar un contrato vitalicio es una clara evidencia de que el puesto de funcionario se adquiere con independencia del servicio se que preste a los ciudadanos. Bueno o malo, útil o inútil, el funcionario permanecerá toda la vida en su puesto.

Las situaciones se invierten: los trabajadores no sirven al consumidor, más bien son los consumidores quienes sirven a los trabajadores. En el sistema estatal, los beneficiarios son los jerarcas, los que detentan el poder para exigir tributos a los ciudadanos.

En realidad, la burocracia administrativa constituye el conjunto de engranajes que hace funcionar la maquinaria estatal. El Estado necesita reposar en una doble legitimidad: la de quienes creen ingenuamente que contribuye al bien común y la de quienes saben que sólo redunda en su beneficio particular.

Los funcionarios son un ejemplo de este último tipo de legitimación. Por mucho que la actividad estatal se muestre calamitosa, o su trabajo completamente inútil, ningún funcionario está dispuesto a reducir un ápice ni el intervencionismo ni la presencia del sector público en nuestras vidas.

Con el funcionariado se logra crear un cuerpo de trabajadores cuya finalidad es convertirse en el brazo ejecutor y en el altavoz propagandista del Estado. Su estatus privilegiado sólo puede perpetuarse a través de los impuestos y el gasto público, esto es, del uso de la fuerza para conseguir transmisiones monetarias (de los ciudadanos hacia el Estado) que nunca se hubieran producido de manera voluntaria.

Con todo, debemos tener presente la existencia de personas muy dignas que, por diversas circunstancias, se hayan visto inducidas a trabajar de funcionarios. En la Unión Soviética todo el mundo estaba constreñido a ser funcionario, creyera en el libre mercado o no. En nuestras sociedades occidentales, donde el Estado copa el 50% de la economía, es obvio que muchos, aun prefiriendo el sector privado (pensemos en los profesores, médicos o policías honrados), han sido forzados a integrar los cuerpos de sirvientes estatales.

En cualquier caso, conociendo la debilidad totalitaria de todo Estado, no debemos extrañarnos de que los distintos gobiernos continúen mimando a sus funcionarios. Como punta de lanza contra la sociedad, los oficiales públicos deben estar satisfechos con sus prebendas, para que mantengan una inquebrantable adhesión al sector público.

En este sentido, Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, presentó hace unos días una batería de nuevas concesiones para los funcionarios estatales conocida como "Plan Concilia". La cuestión reviste gravedad no tanto por las medidas concretas que contiene, sino por la enésima utilización de nuestro dinero para mantener apaciguados y dóciles a los funcionarios.

En otras palabras, si las medidas del Plan Concilia (básicamente, incrementar a diez días el permiso de paternidad y permitir a los funcionarios terminar su jornada laboral antes de las 18.00) hubieran sido adoptadas por una empresa privada no tendríamos nada que objetar: la financiación de ese gasto (cobrar durante diez días un salario que no se ha producido) correría a cargo de los beneficios previos acumulados. En el sector público, en cambio, son nuestros impuestos –la exacción coactiva de nuestras propiedades– los que van a financiar semejante dádiva política.

Ya podemos patalear, dejar de acudir a la Administración o criticar al Estado, pero no podremos dejar de pagar los impuestos destinados a estos programas de dominación y apaciguamiento (la moderna versión del panem et circenses). ¿Se imaginan que Coca-Cola decidiera aumentar el precio de cada lata en un 50% para costear semejante proyecto? Los consumidores que no estuvieran dispuestos a financiarlo lo tendrían tan sencillo como dejar de comprar Coca-Cola y dirigirse a las marcas de la competencia. Pero el Estado, siempre preocupado por el bien común, no nos ofrece esta opción tan esencial: estamos forzados a pagar con nuestro trabajo los privilegios de los burócratas y oficiales públicos.

Además, la medida política tiene su inevitable efecto de propagación al resto de la sociedad. Por un lado, los funcionarios autonómicos y municipales también han empezado a reclamar su parte del nuevo pastel. ¿Dónde se habrá visto que nuestro Estado de las Autonomías y Asimetrías viole el principio de igualdad de gorronería ante la ley?

Parece claro que, en último término, las diversas instancias administrativas se verán forzadas a incorporar el Plan Concilia entre los irrenunciables derechos de su casta funcionarial. No en vano vivimos en un país donde todas las Administraciones quieren incrementar su grado de intervencionismo sobre la sociedad, de manera que el apoyo y la connivencia de sus empleados públicos resultarán necesarios.

Por el otro lado, las condiciones de empleo de los funcionarios se consideran un modelo para los de puestos de trabajo privados. Los funcionarios son el modelo por imitar para todos los españoles; es decir, no se toma como referencia a los empresarios que crean de la nada negocios destinados a satisfacer a millones de consumidores, sino a quienes se intentan nutrir del trabajo ajeno mediante la coacción política.

De esta manera, el Estado aporta su particular grano de arena a la progresiva degradación moral de nuestra sociedad: no sólo se premia con mayores beneficios a quienes trabajan de manera parasitaria, sino que, para colmo de despropósitos, se les admira y se les intenta emular.

Como ya denunciara Ludwig von Mises: "Los metafísicos alemanes de la estatolatría practicaron una confusión deliberada vistiendo a todos los hombres que estuvieran al servicio del gobierno con la aureola del sacrificio altruista. En los escritos de los estatistas alemanes, los funcionarios son descritos como santos, una clase de monjes que abandonan todos los placeres terrenales y la felicidad personal para servir como alféreces de Dios, hasta donde sus habilidades les permitan, primero a los Hohenzollern y luego al Führer".

Por suerte, en España los funcionarios han perdido gran parte de esta mistificación totalitaria. Su imagen es cada día más semejante a la del cuco que a la del águila imperial. Sin embargo, por paradójico que parezca, esta degradación de la imagen del funcionario no se ha visto correspondida con un mayor rechazo social a ocupar tales puestos. En realidad, para muchos ciudadanos la constatación de que pueden vivir rapiñando a los demás ha supuesto un acicate para opositar al funcionariado.

En una sociedad politizada, donde el mercado ha sido confinado a las más mínimas actividades, no es de extrañar que el modelo de "hombre hecho a sí mismo" sea el de vivir sin trabajar, a costa de esquilmar la riqueza del resto de individuos. De hecho, el fundamento del Estado no es otro que el de expoliar a la población para consolidar una situación de poder y dominación. No en vano, por tanto, la casta funcionarial tiene un espejo al que mirarse: la degradación moral de Occidente a manos del socialismo.

Consumismo navideño

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Las fiestas navideñas no son un invento de malvados capitalistas ávidos de lucro y deseos de vender sus mercancías. Muchas culturas celebran fiestas especiales cerca del solsticio de invierno (el día más corto del año): la oscuridad y el frío se combaten con vacaciones, festejos, iluminación y ornamentación hogareña y callejera, reuniones familiares, comidas abundantes y sabrosas e intercambio de regalos. En este ritual navideño no faltan a la cita las descerebradas críticas de la progresía contra el consumismo: consumimos demasiado, derrochamos de forma irreflexiva, injusta e insostenible.

Algunos confiesan su propia culpa, mostrándose como peleles sin criterio incapaces de controlar su comportamiento frente a la masa social y a la inercia de la costumbre. Otros critican a los demás de forma colectiva pero no tienen el valor de personalizar: si lo hicieran tal vez les responderían que se ocuparan de sus propios asuntos y no hicieran el memo juzgando conductas ajenas cuyos detalles desconocen por completo. Estos ataques que pretenden pasar como análisis objetivos no son más que declaraciones personales de preferencias subjetivas acerca de conductas ajenas. El socialista predecía el empobrecimiento progresivo de los trabajadores, y ahora fracasado, enrabietado, intolerante y tal vez envidioso critica que consumen demasiado.

El consumo es justo cuando se trata de algo que uno ha producido para sí mismo o intercambiado con otros de forma libre y voluntaria (comercio justo) sin robar ni estafar a nadie. La riqueza de algunos seres humanos no se obtiene necesariamente a costa de la pobreza de otros. Toda la redistribución estatal (y consumo asociado) de riqueza es injusta, se quita a unos (víctimas) para dar a otros (parásitos), y además es inútil para solucionar la pobreza. Igualdad material y justicia no son sinónimos. El ser humano siempre aspira a consumir más y mejor: se puede ayudar a los pobres dándoles oportunidades para trabajar y producir bienes para intercambiar con otros.

Algunos recomiendan austeridad, disfrutar de los pequeños detalles, de lo intangible: esto es muy legítimo si no se impone a los demás ni se les engatusa con argumentos equivocados. El asceta se conforma con poco, pero no suele esforzarse en producir nada de valor para los demás; puede tener mucha fortaleza mental, pero su capacidad de actuación física en el mundo es muy limitada. Ciertos creyentes lamentan el materialismo y la pérdida del sentido espiritual tradicional de las fiestas navideñas: la celebración religiosa del nacimiento de su divinidad (quien curiosamente no nació en estas fechas). Olvidan convenientemente que las fiestas invernales existían desde mucho antes de su usurpación por el cristianismo.

El consumo en una economía libre es sostenible. Cada participante en una economía de mercado es un productor especializado y un consumidor generalista: produce para los demás intentando averiguar qué les interesa y qué están dispuestos a pagar por ello. Los precios, junto a beneficios y pérdidas, son señales informativas acerca de las preferencias y las capacidades de los individuos que permiten dar a los medios escasos sus usos más valiosos. Los recursos naturales (renovables o no) defendidos por derechos de propiedad privada no se agotan.

No se consume para poder mantener una estructura productiva sino todo lo contrario: se desarrolla capital a partir del ahorro para poder producir y consumir más y mejor en el futuro. Los estados fomentan el consumo insostenible (no respaldado por producción realmente deseada por los consumidores) al evitar la liquidación de proyectos empresariales fracasados mediante la manipulación del crédito y el envilecimiento de la moneda: consumamos como si el mañana no existiera, ya que endeudarse es fácil y el dinero cada día tiene menos valor.

La inmensa mayoría de los productos disponibles en el mercado a mí no me interesan. Si no se trata de un error empresarial, seguramente les interesan a otros. Si ese otro no es quién para criticar mis compras, ¿quién soy yo para reprocharle por las suyas?