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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Ecomarxismo

Las asociaciones ecologistas más combativas tienen un componente totalitario decisivo. De ahí que, en lugar de elegir para sus campañas eslóganes en clave positiva ("defendamos a la culebra parda", o "Ama la naturaleza, coño"), prefieran otros mensajes más contundentes, como el cachondo "Murcia no se vende", que patrocina cierto conglomerado ecomarxista regional.

Bien, en primer lugar es necesario desbrozar si la oración se ha de entender en sentido reflexivo o imperativo. Dado que Murcia no existe como sujeto jurídico, difícilmente puede venderse a sí misma, así que tendremos que entender el eslogan como una orden tajante a todos los propietarios de bienes raíces, para que eviten hacer uso de su derecho de propiedad sin el visto bueno de estos supremos vigías de la ortodoxia rojiverde.

El manifiesto que hicieron público el pasado domingo es, en sí, una pieza literaria, más interesante por lo que sugiere que por lo que expresa. Entre lo lacrimógeno y lo amenazante, el texto desgrana un completo memorial de agravios muy poco coherentes. Por ejemplo, nos advierten de que en los últimos diez años se han construido más viviendas en Murcia que "en toda la historia de esta región milenaria" (sic). Hombre, cualquier persona sensata encontraría en ese aserto un motivo de satisfacción, por lo que supone para el desarrollo y el bienestar de los murcianos. En cambio, para la cosmovisión ecomarxista, se trata del efecto nocivo de un modelo económico inaceptable, no por el daño medioambiental, dado que la mayoría de urbanizaciones sospechosas están en secarrales indómitos, sino porque hay gente que está haciendo mucho dinero y ese es el mayor pecado para una mentalidad socialista, que tiene su razón de ser en lo que Fernández de la Mora llamó "la envidia igualitaria".

Si se detecta algún caso de corrupción, al juzgado caiga quien caiga. Mientras tanto, dejen a los ciudadanos hacer uso de su propiedad libremente, como si estuviéramos en un Estado de Derecho.

La China (ex)comunista

A propósito de la visita oficial a España del presidente chino Hu Jintao algunos comentaristas han querido destacar la naturaleza totalitaria del régimen asiático, al que tildan de comunista (aquí y aquí). Pero la China de Hu, aun cuando siga enarbolando la misma bandera roja, es muy distinta a la China de Mao, y una valoración política de la China actual sería incompleta sin la debida referencia a la revolución capitalista que está acaeciendo en el país.

Es cierto que el régimen asiático sigue siendo en varios aspectos, sobre todo en materia de derechos civiles, francamente totalitario: miles de presos políticos, libertad de expresión restringida, adoctrinamiento socialista en las escuelas, control de la población con la política de un solo hijo por familia, persecución religiosa, expropiaciones masivas, ausencia de garantías procesales adecuadas, ejecuciones por delitos de corrupción o tráfico de drogas… Unas 150.000 empresas públicas emplean todavía a un ejército de más de 50 millones de funcionarios y algunos sectores económicos están aún severamente intervenidos. Pero, con todo, China ya no es por más tiempo un país comunista.

Con una tercera parte del sector público de Suecia o Francia, un mercado laboral notablemente desregulado y una iniciativa privada en auge, China ha experimentando en los últimos 25 años un histórico crecimiento de un 9% anual. 400 millones de personas se han elevado por encima del umbral de la pobreza que establece el Banco Mundial, cayendo de más del 50% a menos del 10% la población que vive con menos de un dólar al día. El Estado chino, que ayer mataba de hambre a su pueblo por decenas de millones, permite hoy que la mayoría de los precios se fijen en el mercado y que la gente pueda, simplemente, prosperar. La esperanza de vida es de 71 años, la tasa de mortalidad infantil ha descendido del 85 al 30 por 1000, el ingreso per cápita tanto de las familias urbanas como de las rurales se ha multiplicado por 15, China es ahora la quinta economía del mundo (la segunda en términos de PPP) y el skyline de Shanghai ya parece el de Hong Kong. Las enmiendas constitucionales que enfatizan la protección de la propiedad privada y la centralidad del sector privado reflejan la voluntad de ajustar el marco legal a una realidad económica que poco tiene que ver con la China maoísta del Gran Salto Adelante.

En ocasiones se pone el acento en la carencia de “libertades políticas”, obviando que la libertad no viene dada por el grado de participación democrática sino por la medida en que cada ciudadano puede perseguir sus fines sin interferencias. Y actualmente en China la mayoría de gente puede perseguir sus fines incluso con menos interferencias estatales que en algunas democracias occidentales. Los españoles trabajamos para el Estado el doble que los chinos y numerosos sectores están allí marcadamente más liberalizados que aquí. Si la China de Hu Jintao es comunista, ¿qué es la España de Zapatero?

China es un país con luces y sombras. Hacer una valoración política en base únicamente a las sombras es enjuiciar la realidad a medias. Porque si bien es muy cierto que las democracias occidentales podrían servir de ejemplo a China en varios aspectos, no es menos cierto que en otros las democracias occidentales harían bien en aprender del país asiático.

Alquileres sin fianza: compasión inmoral

A cualquier persona le produce lástima que alguien esté en paro o que carezca de recursos suficientes para permitirse lo que la Constitución denomina con un toque claramente socialista como “vivienda digna”. Pero cuando es la política la que interviene para solventar problemas como el de la vivienda, como de costumbre, yerra. Un buen ejemplo de esto ha sido el incremento del precio de este tipo de bienes desde que Zapatero llegó al poder. Como las regulaciones del suelo dan autoridad a las autonomías y ayuntamientos para que califiquen el destino de los mismos e incluso les permiten imponer un impuesto a la construcción, adicional al que satisfacen los constructores por los ingresos que obtienen, los precios se incrementan. Si a esto le sumamos que hay límites al número de pisos que pueden construirse, es probable que hallemos la razón por la que comprar una vivienda es un lujo. La culpa no la tiene el mercado sino la política.

La última propuesta en materia de vivienda busca, como se imaginan, ayudar a los desfavorecidos. Pretende exonerar del pago de fianzas en los arrendamientos de pisos a parados y pensionistas, entre otros. Curiosamente, no ha procedido del grupo parlamentario socialista ni del Gobierno, sino de CIU. Lo que plantea el partido nacionalista es que a aquellos que se han dedicado a ahorrar y han invertido en pisos que ponen en alquiler, les quiten la garantía que tienen para cobrar la cuota de arrendamiento.

Este plan sólo puede ser calificado de fascista porque considera que la propiedad privada sólo puede servir a la sociedad y que es el poder político quien debe decidir el mejor uso que debe darse a la misma. Así pues, los propietarios de viviendas vendrán obligados a aceptar que no les paguen o que si hay retrasos no puedan ejecutar la fianza establecida.

Por un lado, los contratos de alquiler no deberían siquiera tener unos mínimos establecidos por ley ya que son acuerdos entre personas responsables y libres y, donde hay voluntariedad, el Estado sobra. Por otro, no podemos olvidar que si se impone esta medida, los propietarios, con lógica, se negarán a alquilar las viviendas a parados, pensionistas y otros colectivos a los que va dirigida la medida.

La propiedad privada no es un capricho sino una necesidad. Es el resultado del trabajo y esfuerzo de la gente, es el medio de subsistencia más efectivo en un mundo regido por la escasez y, conviene repetirlo, es un derecho natural. Al igual que decimos que somos dueños de nuestro cuerpo, también lo somos de aquello que creamos. Si el resultado de nuestro trabajo, el salario, nos pertenece, aquello a lo que destinemos nuestro dinero también.

Cuando se nos obliga a actuar con nuestra propiedad de una forma determinada, como el caso que comentamos, se nos está arrebatando nuestra libertad de elegir, de utilizar el fruto de nuestro trabajo como deseamos. Es tanto como quitarle un poco de comida a alguien que está comiendo en un restaurante y ante la sorpresa del comensal, justificarse diciendo “es que lo necesito más que tú”.

La necesidad no puede ser nunca un argumento a favor del expolio total o parcial. La magnífica idea de CIU es una expropiación en toda regla. Implica eliminar las condiciones contractuales típicas del contrato de arrendamiento y obligar a los propietarios de los pisos en alquiler a asumir más riesgos.

En la medida en que tal propuesta se implemente, los resultados serán nefastos. Los propietarios evitarán alquilar sus viviendas a gente que no trabaje o que carezca de ahorros suficientes para permitírselo e incrementarán los precios de los alquileres para hacer frente al riesgo de impago.

Como es habitual, las medidas políticas no sólo no solucionan las cosas sino que las empeoran aún más. Los precios suben y el número de arrendamientos disponibles se reduce. La escasez, para ser el resultado de las políticas “sociales”. Así que cuando esta propuesta salga adelante, sólo podremos recordar aquella frase de George Bernard Shaw, “un gobierno que roba a Pedro para pagar a Paúl, siempre puede contar con el apoyo de Paúl”. Y así será, los parados, pensionistas y demás grupos beneficiados, darán botes de alegría. Pero los propietarios, esos malditos capitalistas como parece que piensan muchos, serán los olvidados y esquilmados por la política.

Nueva Orleáns: Cómo provocar una catástrofe

La reciente tragedia de Nueva Orleáns es un magnífico ejemplo de cómo el estado puede transformar un evento climático dañino pero manejable en una catástrofe a gran escala. La mayoría de la prensa, siempre fiel al estatus quo y a todo lo que suene políticamente correcto, ha echado al capitalismo la culpa de los daños humanos y materiales producidos, bien sea porque se le responsabiliza de un supuesto cambio climático peligroso –en esta vertiente ABC ha destacado en nuestro país por su propaganda demagógica y su constante tergiversación de los hechos-, bien porque limita el intervencionismo estatal y el propio tamaño del estado –de ésta El País ha sido, quizá, el principal abanderado. He tratado de mostrar lo equivocado de estos dos argumentos en otro lugar. Ahora me interesa analizar cómo se logró que un huracán que pasó causando menos daños de los esperados se convirtiera en una catástrofe de grandes proporciones.

La primera explicación de lo ocurrido la encontramos en el monopolio de la gestión de los diques que protegen la ciudad de Nueva Orleáns, el río Misisipi y el lago Ponchartrain. El origen de este monopolio público hay que buscarlo, como ocurre con tantos aspectos negativos de la sociedad estadounidense, en la guerra civil de aquel país. Como cuenta Mark Thornton en su artículo de 1999, The Government´s Great Flood, el cuerpo de ingenieros del ejército de Lincoln logró el control permanente de la gestión de los ríos a partir de la creación de la Comisión del Río Misisipi. Otro tanto pasaría más adelante con los diques del Golfo de México. Se trata de un ejemplo más de cómo las guerras han marcado la conversión del estado mínimo diseñado por los padres fundadores de la constitución americana en el leviatán que es hoy en día. Desde entonces y hasta hoy en día la responsabilidad del mantenimiento y mejora de los diques y otros dispositivos que pretenden proteger a los habitantes de la zona contra las inundaciones ha recaído en el ejército estadounidense.

El problema de que sea el ejército el responsable de los diques no es que sus miembros sean lerdos. Ni mucho menos. El problema es que no existe un propietario que se juegue sus cuartos con el buen funcionamiento de los diques y que, para colmo, no tiene competencia. El estado estadounidense no está sujeto a las pérdidas y las ganancias como lo estaría una sociedad mercantil. El contribuyente paga la factura tanto si los recursos son utilizados eficaz y eficientemente como si no. Como suele ocurrir en todos los casos de monopolio (público o privado) decretado por el estado, el servicio es pobre y el precio elevado. Los sistemas de protección contra las crecidas del Río han estado envueltos en la polémica (entre ingenieros civiles y militares) desde que se tomaran las primeras decisiones allá por el siglo XIX. El cuerpo de Ingenieros del Ejército decidió optar por una protección basada únicamente en la construcción de un gran dique y muchos ingenieros civiles contestaron que esta solución de corto plazo traería graves consecuencias futuras debido a la elevación que provocaría en el nivel del río. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Tan sólo recordar que no es posible saber cuál es el mejor sistema de defensa de la población frente a las crecidas del Mississippi ni frente a los tornados o los huracanes provenientes del Caribe mientras estos sistemas no sean poseídos por agentes privados sujetos al sistema de pérdidas y ganancias y abiertos a la potencial competencia de otras empresas. ¿Cuál es entonces el mejor sistema de defensa frente a estos eventos climáticos? La respuesta es sencilla y, para muchos, puede que decepcionante: no lo sabemos porque en este sector no hay un mercado libre. Sucede lo que le ocurría a Internet cuando era gestionado por el estado norteamericano. Lo que sí podemos aventurar es que si existiera mercado sería plausible que operasen distintas empresas en distintas zonas tratando de innovar y simultáneamente emular los logros técnicos de la competencia (si el estado no se lo impide con la concesión de patentes). En algunas zonas es posible que no compensara poner en marcha una infraestructura de protección y que las personas que decidieran vivir en esa zona lo hicieran por su cuenta y riesgo. Son especulaciones. Lo cierto es que, como era de esperar, el monopolio público no prestó un servicio ni tan siquiera mediocre para un evento que se esperaba desde hacía décadas y para cuya prevención y preparación se dedicaron miles de millones de dólares.

El movimiento ecologista también parece haber tenido parte de responsabilidad en la catástrofe. Y no sólo por llevar años diciendo que venía el lobo cuando lo que venían eran corderitos. Mucho más decisiva fue su oposición sistemática a blindar la costa del golfo y la ciudad de Nueva Orleáns frente a catástrofes de categoría 4 y 5. Los ingenieros del ejército sabían perfectamente lo que podía ocurrirle a esta ciudad fundada por canarios y a otras poblaciones costeras de la zona y, aún con los pocos incentivos que cuentan para mejorar la calidad del servicio que prestan, proyectaron construir una barrera móvil a lo largo de la I-10. Este proyecto fue paralizado por medio de una denuncia presentada por un nutrido grupo de organizaciones ecologistas alegando que el estudio de impacto ambiental no era lo suficientemente profundo y que el proyecto podía tener graves efectos sobre algunas especies. En diciembre de 1977 el juez encargado del caso dio la razón a los ecologistas y paralizó la construcción de las barreras aduciendo que los ecologistas habían demostrado las personas que viven en esta área se verían dañados irreparablemente en el supuesto de que el proyecto se llevase a cabo. El cuerpo de ingenieros olvidó la idea y se concentró en mejorar los diques de la ciudad de Nueva Orleáns de modo que pudieran aguantar huracanes más potentes. Pero de nuevo en 1996 un grupo de organizaciones ecologistas radicales, encabezadas por el Sierra Club, presentaron una denuncia alegando que el proyecto suponía un peligro para el oso negro y para diversas especies de aves. En 1997 el proyecto fue paralizado durante dos años a la espera de un nuevo estudio de impacto ambiental. La continua oposición ecologista a la construcción de barreras artificiales a la crecida de las aguas es lo que ha motivado que el representante por Luisiana Bob Livingston haya afirmado que uno de los principales responsables de la catástrofe son los ecologistas.

La alteración de los incentivos o desincentivos que valoran los individuos a la hora de actuar frente a las eventuales situaciones de riesgo también son determinantes en los daños de todo desastre. Por desgracia la historia del intervencionismo en el sector de los seguros de inundaciones, que forman parte del coste de oportunidad de vivir en zonas de riesgo, es extensa. La mayor parte de la asfixiante legislación puede retrotraerse al año 1927. En ese año tuvo lugar otra gran catástrofe debido a la inundación de las mismas zonas que este año se han encontrado bajo las aguas; según diversos ingenieros causado por el mencionado sistema de protección elegido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Fuese por lo que fuese, la gran inundación de 1927 llevó a un tal Hoover a dirigir la Agencia Federal de Emergencias (FEMA). Ese puesto no sólo serviría a Hoover como trampolín a la fama primero y a la Casa Blanca después, sino como laboratorio en el que ensayar la mayoría de las políticas intervencionistas estilo “Estado del Bienestar” con las que estrangularía la economía americana en los siguientes años. Ayudas públicas, préstamos estatales, intervención en los seguros, regulación de precios y hasta desplazamiento de la población o la creación de verdaderos campos de concentración ya fueron puestas en práctica por Hoover.

Como en casi todas las ocasiones en las que el estado se entromete en el negocio asegurador, el motivo es que las empresas privadas no ofrecen un tipo determinado de seguro. En efecto, siguiendo los pasos marcados por Hoover, el estado se metió de lleno a regular y ofrecer seguros contra inundaciones en 1968 porque las aseguradoras no los ofrecían en determinadas áreas de altísimo riesgo. La inexistencia de seguros de este tipo sirve como desincentivo o advertencia a quienes quieren vivir en una zona cuya probabilidad de verse cubierta de agua es extrema. Sin embargo, los políticos, siempre prestos a mostrar a la población que ellos son capaces de llevar a cabo lo que el mercado libre no puede, decidieron establecer un sistema de seguros públicos. Así, quienes deseaban vivir en la preciosa y peligrosa costa de Luisiana no encontraban inconveniente alguno. “¿Quiere vivir en una zona de alto riesgo? ¿No encuentra asegurador? No pasa nada, papá estado le hace un seguro a su medida.” Si, como afirma un estudio de una agencia gubernamental anterior al desastre de Nueva Orleáns, la espectacular urbanización de las zonas costeras de alto riesgo en las últimas décadas constituye el principal factor de riesgo en los casos de huracanes de categorías elevadas, no cabe duda de que el intervencionismo estatal en materia de seguros fue un componente esencial para fraguar la catástrofe de Nueva Orleáns.

Para colmo, el sistema de ayudas para daños por inundaciones establece que éstas quedan reservadas para quienes no tengan seguro privados contra inundaciones. El resultado es obvio: se desincentiva la contratación de seguros privados en zonas en las que las empresas que operan en el mercado libre sí ofrecen estos seguros.

Por último, conviene no olvidar la desastrosa gestión de una catástrofe. Mucho dinero se ha enterrado en este aspecto de la seguridad. Pero aunque el FEMA tenga un presupuesto por habitante para catástrofes unas 50 veces superior al español, la calidad de un servicio no se mide por el dinero que se gasta en él sino por la correcta asignación de los recursos con los que se cuenta de cara a lograr un elevado nivel de satisfacción de la necesidad de la que se trate. Y, qué duda cabe, que las agencias estatales no están preparadas para responder a emergencias en las que hay que la logística tiene una gran importancia. Eso sólo lo puede hacer una empresa privada y hasta que la protección civil no sea un servicio contratado libremente y financiado voluntariamente difícilmente veremos grandes y exitosas operaciones en este campo.

Todos estos ingredientes fueron aderezados con la construcción de autopistas inseguras, disputas políticas que bloqueaban los recursos movilizados, campañas de “información” para casos de emergencias que no se correspondían con lo que la gente tenía que saber para ponerse a salvo en caso de necesidad y, sobre todo, con una fe tan ciega como falaz en las posibilidades del estado para proteger a los ciudadanos en caso de desastre. Así fue como el estatismo forjó la catástrofe de Nueva Orleáns. Esperemos que la negra experiencia sirva para que el estado se retire y permita el ejercicio de la libre empresarialidad en todos los sectores involucrados en la prevención y gestión de catástrofes y emergencias.

La gestapo llama a su puerta

La anunciada expropiación de viviendas desocupadas prevista por la futura Ley estatal del Suelo muestra a su vez, más allá del previsible desastre económico, los resortes psicológicos de las personas que diseñan estos procesos de demolición social.

Es cierto que la propia titular del ministerio impulsor de la fatal iniciativa, junto con el partido que le sostiene, declinó en sus intenciones; pero quizá ya se ha abierto una brecha en la seguridad jurídica inmobiliaria, además de que el proyecto legislativo deja en manos de las comunidades autónomas la voluntad de expropiar los pisos vacíos.

La información sobre urbanismo y vivienda casi siempre es preocupante para la libertad de los contribuyentes: el próximo aumento de viviendas de precio oficial que repercutirá negativamente en la adquisición de inmuebles no tasados, una sociedad pública de alquiler que se entromete en la contratación, injustas valoraciones del suelo… Entonces, ¿por qué se insiste en lanzar mensajes negativos contra la sociedad, mensajes que incluso perjudican los intereses electorales de los que mandan? ¿Por incompetencia manifiesta? ¿Por estulticia? ¿Por prejuicios ideológicos al estilo leninista de cuanto peor, mejor? ¿Por una composición de esos tres factores?

El gran psicólogo norteamericano Abraham Maslow escribió entre 1938-1941 un interesante artículo titulado “La personalidad comunista” que analizaba el carácter de los creyentes del marxismo. Maslow establecía una doble clasificación. De una parte, las personas comunistas que sienten fobia hacia los demás ya que padecieron amargas experiencias en la vida y son poco eficaces para el partido. De otro lado, las personas comunistas seguras de sí mismas, realmente simpáticas y brillantes, que se entremezclan en el mundo. Dice el autor de éstas: “Es típico el que puedan entender o intenten entender a los que se oponen y a menudo puedan inconscientemente simpatizar con ellos. Por ejemplo, su interpretación del marxismo tiende a adoptar la forma de que el capitalista no es una mala persona, sino que se ve forzado a comportarse mal a causa de las fuerzas externas que hacen de él un explotador. Así, es posible para este tipo de comunistas ser amigo de personas que no creen como ellas”.

Da igual que una persona de esas características, por motivo de su autoridad pública, corte la enésima cinta inaugural, sea agasajado por multitud de expertos o converse en amistosa negociación con sectores angustiados. Su clave íntima es contraria. El hontanar mental de sus decisiones se opone al medio para el que trabaja, al menos hasta que ese hombre o mujer satisfaga intereses sobrevenidos o le repugne el método empleado en su agenda política. Por eso les resulta indiferente el horror al vacío en el valor de las casas tras la amenaza expropiadora o la delación entre vecinos que propiciaría esa nueva gestapo de los hogares. Seguirán aporreando puertas porque les sale gratis y demasiada gente se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo a la sordera.

Calles arias

En realidad, a los socialistas no les irritaba el hecho de que la calle fuera el cortijo particular de un político, sino que no fuera su cortijo. De la misma manera, uno puede recordar la avalancha de críticas, procedentes de la izquierda, que recibió Aznar cuando prometió "limpiar las calles" de pequeña delincuencia. Por lo visto, el socialismo siente una filia irresistible por el robo, los atracos y la intimidación. No es de extrañar, pues, que padeciera una acentuada urticaria cada vez que algún político prometía –aun para no conseguirlo– acabar con la criminalidad.

Combinando las dos filias de la izquierda (la propiedad pública de las calles y su pasión por la criminalidad) inferimos cuál será su obsesión con respecto a las calles: dominarlas para erradicar todo atisbo de libertad.

No debe extrañarnos, por tanto, que el insigne alcalde de Barcelona haya propuesto una nueva "Ordenanza para garantizar la convivencia" que articula el típico sistema represivo y neoinquisidor que tanto agradada a la izquierda.

Solamente el nombre de la ordenanza ya ilustra perfectamente la mentalidad socialista: pretende ordenar la vida de las personas a través de la dirección y del poder político. Como ya dijimos, para la izquierda sólo puede existir la sociedad como fruto de la consciente planificación del político. Los barceloneses necesitan de los mandatos coactivos de su ayuntamiento para poder convivir. O Clos o el caos; a pesar de que con la ordenanza vayan a sufrir a Clos y el caos.

El contenido del anteproyecto es francamente escalofriante y opresor. Clos quiere construir una ciudad de autómatas, de hombres grises sin personalidad ni vida propia. La izquierda odia las desigualdades, no puede tolerar la visión de ciudadanos con distintos modos de vida, con diferentes formas de comportarse. Fuera de casa, en la calle, en los espacios públicos, los ciudadanos deben mantener las formas, deben actuar conforme al estándar de "ciudadano catalán idealizado". Ninguna desviación resulta aceptable.

Por ello, ciertos grupúsculos de indeseables deben ser eliminados, al estilo de la antigua URSS. Y es que el único lenguaje que entiende la izquierda es el de la violencia, la coacción y la represión.

Mendigos y otros maleantes

La ordenanza castiga la mendicidad reincidente con multas de hasta 3.000 euros. Los socialistas no pueden consentir que en su burgo, en su Nueva Jerusalén, exista la pobreza. Al fin y al cabo, ¿no era misión de la izquierda erradicar las desigualdades y el hambre en el mundo? ¿Cómo puede ser que en la propia Barcelona, ciudad progresista por excelencia, haya gente menesterosa? Mejor será esconderla.

Así, las multas irán acompañadas de una reclusión en los centros sociales públicos con el objetivo de "reeducar". Quizá Clos piense que los mendigos barceloneses no han entendido los principios del socialismo militante; en lugar de pedir en la calle, deberían reclamar la subvención pública. Los cineastas españoles saben bastante de esto.

En realidad, con la reclusión estamos ante un intento deliberado por erradicar a los individuos "incómodos", de apartar a los mendigos de la sociedad. Los barceloneses deben ser pulcros y elegantes: no puede consentirse semejante afrenta a la buena imagen internacional de la ciudad.

Vagos y maleantes deben desaparecer del paisaje urbano e institucionalizarse, convertirse en parásitos del ayuntamiento, en una especie de nuevos esclavos; de nuevos juguetes con los que justificar el incremento del gasto social y de la intervención pública.

En lugar de expandir su libertad, de eliminar las restricciones legales que condenan a miles de personas a la pobreza –como es el caso del salario mínimo–, la izquierda sólo tiene en mente continuar con su dirigismo y planificación. No da para más.

La persecución del inmigrante

Ya explicamos en su momento por qué la retórica proinmigración de la izquierda está hueca. Los socialistas quieren hundir en la miseria a los inmigrantes para utilizarlos como ariete político. No les interesa que toda esta gente se asiente, se integre y se enriquezca: en ese caso, en lugar de demandar más intervencionismo, pasarían a clamar por una mayor libertad, de la que es enemiga la izquierda.

En este caso volvemos a comprobarlo. Muchos inmigrantes se ganan la vida dignamente vendiendo CD y DVD, satisfaciendo y amenizando la vida de muchos ciudadanos. Es un proceso típicamente capitalista: ambas partes salen beneficiadas de la transacción.

De manera similar, el PSOE irrumpe en esta transacción con un proceso típicamente estatalista: impedir las relaciones libres entre dos individuos. Tanto el cliente como el vendedor de los "top manta", por obra y gracia del alcalde de Barcelona, podrán ser sancionados con una cuantía de hasta 500 euros. Ya sabe: la próxima vez que le ofrezcan un CD asegúrese de que la policía del pensamiento y las buenas costumbres no esté cerca.

Los antiguos amigos del sexo libre

La actitud neoinquisitorial de la izquierda se demuestra, una vez más, en el caso de la prostitución. Al margen de la calificación moral que nos merezca tal dedicación, lo cierto es que los socialistas nos vendieron durante mucho tiempo una imagen abierta, "progre" y defensora del derecho de un individuo a trabajar en la prostitución. Sólo la derecha cavernaria, afirmaban, podía oponerse a la "libertad de la mujer" para utilizar su cuerpo como mejor creyera conveniente.

Lo cierto es que, en última instancia, la derecha liberal se ha mostrado mucho más respetuosa con las prostitutas –aun cuando considere inmoral su forma de ganar dinero– que la izquierda propagandística. Los liberales son conscientes de que cada persona es libre de hacer cuanto quiera mientras no dañe a los demás.

El PSOE, como es habitual en su tradición, parece no adherirse al valor de la libertad individual; prefiere la coacción colectiva. La ordenanza es clara: tanto la prostituta como el cliente podrán ser sancionados con 500 euros. Nuevamente, la izquierda vuelve a meterse en la cama de los ciudadanos. Cuando aún no hemos conseguido sacarla de nuestros bolsillos –de hecho, cada vez está más adentro–, sus ínfulas intervencionistas se dirigen a erradicar la intimidad y privacidad de los seres humanos. No es de extrañar, por tanto, que un colectivo de prostitutas de Barcelona haya tachado la ordenanza de "dictatorial". Dictatorial y totalitaria, con todas las letras.

¿Y las pancartas?

Las proclamas del "No a la Guerra" pasarán a la historia; al menos, eso parece deducirse de la prohibición de la "contaminación visual" que contiene la ordenanza. Carteles, pancartas y panfletos quedan prohibidos. Es evidente que la izquierda desprecia la libertad de expresión. Siempre lo ha hecho. La restricción del espacio radioeléctrico o el Estatuto del Periodista son dos pruebas más que evidentes.

Con esta ordenanza, además, se propone evitar la difusión de cualquier idea en las ciudades. Si un barcelonés quiere protestar contra su "excelente" ayuntamiento podrá ser sancionado con una multa de hasta 3.000 euros. De esta manera, el poder político pretende conseguir el silencio total y absoluto de la disidencia.

Por poner un ejemplo, los vecinos del Carmel no sólo serán ignorados, a pesar de la agresión política que sufrió su propiedad privada; tras esta ordenanza ni siquiera se les permitirá criticar que el Consistorio socialista los margine.

Se acabaron las buenas épocas liberales de los panfletos y los libelos. La izquierda, ante su analfabetismo ideológico, teme que la gente le lleve la contraria. Por eso pretende acallarla.

Conclusión

Los neoinquisidores utilizan una táctica enormemente eficaz: reprimir al ciudadano y recordarle que tanta coacción no tiene otra finalidad que conseguir su propio bienestar.

En realidad, nos encontramos ante otro intento deliberado por controlar todos los resortes sociales, eliminar la libertad de los individuos y subordinarlos al poder político. El socialismo es un movimiento neoinquisitorial que busca ajustar a todos los individuos en sus retorcidos moldes de comportamiento. Odia la desigualdad y, por tanto, la persigue.

Clos busca unas calles limpias de maleantes, desviados, degenerados subversores, gandules y pobretones. Unas calles arias, en definitiva. La ideología de la pureza racial trasladada a nuestras "obligaciones cívicas" en la vía pública. Nuestra mejor convivencia requiere que nos convirtamos en esclavos del Estado.

Ahora bien, no creamos que el antiliberalismo redomado de Joan Clos es la excepción entre nuestra clase política. Otros, en este caso del PP, no tan tardado nada en atribuirse la paternidad del engendro regulador. De hecho, quienes más han aplaudido el texto izquierdista en el ayuntamiento de Barcelona han sido los concejales del PP y los nacionalistas de CiU. Pocas esperanzas podemos tener en que los políticos protejan nuestra libertad, cuando son sus principales conculcadores.

Al fin y al cabo, como decía Hayek, socialistas los hay en todos los partidos; y me temo que, en España, defensores de la libertad no lo hay en ninguno.

El cambio del modelo sueco

Suecia ha sido considerada durante años como el paraíso socialdemócrata al que debía aspirar cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, sin que generalmente se informara en nuestro país sobre ellos, el país nórdico ha ido derribando algunos de los símbolos inamovibles para nuestra progresía local. Así, por ejemplo, adoptó ya en 1992 el cheque escolar para facilitar la elección de los padres de la mejor enseñanza para sus hijos, aún cuando éstos tuvieran la ocurrencia de preferir escuelas privadas. En un país en el que los sindicatos de estudiantes de treinta años se manifiestan porque el gobierno se resiste a dar latigazos a todo aquel que ose pretender ser una alternativa a la sacrosanta educación pública, una noticia así debería ser un shock. Quizá por eso es un hecho desconocido.

Mauricio Rojas, inmigrante chileno y diputado por el Partido Liberal en el Parlamento Sueco, ha publicado un libro que supone un redescubrimiento de la realidad sueca. El país nórdico no ha dejado de ser una socialdemocracia, pero ha cambiado de paradigma para ofrecer un sistema de “bienestar social” en el que las decisiones de cada ciudadano, y no el Estado, tenga cada vez más peso. Según las palabras del antiguo director de Timbro, Suecia ha pasado de tener un Estado benefactor a tener un Estado posibilitador, que redistribuye ingresos pero impone soluciones cada vez menos estatistas a los problemas de asistencia social, educación, sanidad o pensiones.

P.J. O’Rourke, en su apasionante y divertidísimo libro “Eat the rich”, escrito para averiguar “por qué algunos países prosperan y medran mientras otros simplemente apestan”, fue a Suecia a finales de la década pasada y preguntó cómo era posible que las cosas les fueran aparentemente tan bien si los indicadores económicos eran tan malos. “No tenemos ingresos, pero sí riquezas. Si vives en una casa grande y hermosa, tus vecinos pensarán que eres rico y, en cierto sentido, tendrán razón. Pero no te verán ir al banco a solicitar una segunda hipoteca”, le respondieron. El elefantiásico estado del bienestar sueco se construyó sobre la base de una prosperidad construida a base de libertad de empresa y de comercio y de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Primero fueron ricos y luego se gastaron todo repartiéndose el dinero y gastándolo por medio de la burocracia.

En los años 90 vino el desastre. El desempleo pasó del 2,6% en 1989 al 12,6% en 1994, mientras el gasto público se disparaba del 56,2 al 72,8% del ingreso nacional. Desde entonces, en Suecia no sólo se dispone de cheque escolar sino que una parte de las pensiones es gestionada por los trabajadores de forma privada, convirtiendo Suecia en un país de inversores en acciones y acercándolo a una sociedad de propietarios. Otros servicios como la sanidad o el cuidado de niños o ancianos, está siguiendo progresivamente el mismo camino que la educación, a través de sistemas como los cheques o del pago directo del gobierno a proveedores privados, aunque de forma desigual al ser iniciativa de los gobiernos locales. Muchos monopolios estatales, como los de las telecomunicaciones, transportes urbanos o producción de energía, han sido desmantelados.

Suecia se ha transformado de lo más parecido a una sociedad socialista democrática que haya existido jamás a una nación donde los ciudadanos tienen cada vez más libertad de elección y responsabilidad personal, hasta un grado que, en muchos campos, resulta desconocido en nuestro país. Nuestros gobernantes harían mejor en fijarse en la Suecia real y actual que no en esa que sólo existe en sus sueños, si de verdad les importa el bienestar de sus ciudadanos.

El Estado, contra los trabajadores

Pensemos solamente en el agua corriente, la luz eléctrica, el frigorífico, la lavadora, el automóvil, el teléfono o la televisión. Ninguno de estos "lujos" estaba a disposición de los grandes monarcas del pasado, mientras que hoy los asumimos como dados.

El capitalismo no sólo sentó las bases económicas e intelectuales para que tales invenciones tuvieran lugar, sino que, sobre todo, multiplicó su cantidad y las generalizó para las masas de consumidores, entre los que se cuentan los trabajadores.

Esta favorable evolución del bienestar de los trabajadores ya debería constituir una razón de peso para que dejara de relacionarse el sistema capitalista con la inmisericorde explotación del obrero. Pero además el círculo del disparate se completa si tenemos en cuenta que muchos siguen considerando el socialismo como la vanguardia proletaria, el motor del progreso de las clases trabajadoras.

Como evidenciaremos a continuación, las políticas intervencionistas del socialismo son del todo hostiles a los intereses del trabajador. En concreto, analizaremos dos de sus políticas estrella: el salario mínimo y los costes del despido.

Salario mínimo

El salario mínimo (SMI) condena a muchos individuos al mínimo bienestar. Hace unas semanas el Instituto de Estudios Económicos auguraba un incremento del desempleo en España si el SMI ascendía a 600 euros.

En principio, la opción de que el Gobierno vaya incrementando el SMI parece atractiva: las clases bajas (las perceptoras) cada vez obtendrán un mayor sueldo, lo cual mejorará su situación. En realidad, como ya vimos la semana pasada, el salario queda determinado entre dos márgenes: la productividad marginal del trabajador (es decir, el valor de lo que produce) y el salario marginal (el salario que percibe el último trabajador que permitiría sustituirlo).

Spencer Pryse: WORKLESS (tomado de www.nancysteinbockposters.com).Al incrementarse el salario por decreto, pues, pueden suceder tres cosas: que supere el límite superior, que se quede entre ambos o que esté por debajo del inferior.

En el primer caso los resultados son letales. El Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. Imaginen que tienen contratada a una persona y que estiman que su contratación les reporta unos ingresos de 1.000 euros. No obstante, el Estado les exige que le paguen 1.100 en concepto de salario. ¿Seguirían contratándolo? Al empresario le resulta más rentable despedir al trabajador que acumular pérdidas mensuales de 100 euros (o simplemente no lo contratará desde un principio). Por tanto, la primera posibilidad es que el salario mínimo arrastre al paro al trabajador.

En el segundo caso el trabajador puede salir beneficiado a corto plazo, pero a costa de perjudicar gravemente a otros obreros. Imaginemos que un trabajador reporta al empresario unos ingresos de 1.000 euros. Sin embargo, éste sabe que puede sustituir en cualquier momento a aquél por otro individuo que trabaja en la empresa vecina y que cobra 500. Por ello mismo, como ya explicamos, el empresario no pagará más de 500 euros al trabajador, aun cuando le reporte unos ingresos de 1.000.

Supongamos ahora que el Gobierno fija un salario mínimo de 700 euros. En ese caso, el trabajador de la empresa vecina será despedido (ya que el SMI superará su productividad marginal) y la remuneración de nuestro trabajador subirá hasta 700, ya que al empresario le sigue resultado rentable contratarlo (pues le proporciona unos ingresos de 1.000 euros). Aquí, pues, el salario mínimo se ceba con las clases más bajas y menos cualificadas. Algunos trabajadores ven incrementado su salario, pero otros quedan relegados al paro permanente.

Por último, en caso de que el salario mínimo se sitúe por debajo del límite inferior, sus efectos serán nulos. Si yo cobro 1.000 euros y establecen un salario mínimo de 200 no hay repercusión alguna.

Así pues, los efectos de un incremento del salario mínimo podrán ser dos: o inutilidad o nocividad. O es irrelevante (imaginemos que en España se establece un SMI de un euro al mes) o es nocivo (beneficiará a los trabajadores más productivos a costa de destruir miles de puestos de trabajo).

Tanto el PP como el PSOE acometieron ingentes subidas del SMI. En su opinión, los trabajadores obtenían un beneficio neto gracias a sus políticas. Es curioso, sin embargo, que ninguno de ellos propusiera elevarlo a, por ejemplo, 1.500 euros. ¿Es que el mismo razonamiento que se aplica a los 600 euros no sirve para los 1.500? ¿Es que acaso nos ocultaban que los incrementos del SMI acarrean siempre consecuencias indeseables?

Es necesario recordar que quienes más sufren este incremento son los individuos con menor experiencia y cualificación, esto es, jóvenes e inmigrantes. Como siempre, la izquierda al lado de los más débiles.

Costes al despido

El despido debería ser libre. Tanto el empresario como el trabajador deberían tener el derecho a rescindir el contrato sin penalización alguna. En caso contrario pasamos a un régimen de semiesclavitud: o bien el empresario podría obligar al obrero a trabajar para él o bien el trabajador podría obligar al empresario a pagarle un salario.

El demócrata Ted Kennedy, dando un mitin en favor del aumento del salario mínimo.Los partidarios de dificultar el despido afirman que, en caso contrario, la mitad de los trabajadores del país terminaría en la calle. Es curioso cómo esta misma gente compatibiliza esta opinión con la de que el empresario explota al trabajador. ¿Cómo puede explotarse a quien acabas de despedir? Si el empresario se lucra robando al trabajador parte de su producción, ¿qué sentido tiene el despido masivo de trabajadores? ¿A quiénes explotarían entonces los empresarios?

Lo cierto es que los costes sobre el despido suponen una minoración del salario del trabajador, dado que añaden un elemento de incertidumbre al cálculo empresarial. El empresario, sin duda, contempla la eventualidad de que el trabajador no rinda tanto como espera (o de que se produzca un cambio en la demanda de los consumidores que haga que esa ocupación deje de ser rentable) y, por tanto, que tenga que prescindir de sus servicios.

En tanto el Gobierno penaliza ese error con los costes al despido, el empresario reducirá el salario del trabajador para financiar el "coste extraordinario" que le supondrá despedirlo. Esto será tanto más cierto cuando la fiabilidad del trabajador sea escasa: los casos de falta de experiencia o de baja cualificación. Nuevamente, jóvenes e inmigrantes sufren un mayor descuento en su salario (dado que la incertidumbre con ellos es mayor).

Ahora combinemos ambos efectos: supongamos que el descuento sobre el salario que provocan los costes al despido es tan grande que el sueldo que debería percibir un trabajador se sitúa por debajo del SMI. ¿Qué sucederá en ese caso? Obviamente, que el empresario no contratará al trabajador. Más paro; especialmente, más paro entre los eslabones más débiles de la sociedad.

Conclusión

Si en el primer artículo demostramos cómo el capitalismo enriquece a los trabajadores, en éste hemos analizado la miseria de dos políticas típicamente socialistas. En el corto plazo, el salario mínimo y los costes al despido suponen un incremento del paro. Si esas políticas continúan perpetuándose (de manera que los incrementos en la productividad empresarial lleven aparejados incrementos del salario mínimo y de los costes al despido), el paro también lo hará.

A largo plazo, además, estas políticas suponen una reducción en la inversión empresarial y, por tanto, una menor capitalización, que se traduce en unos salarios más bajos.

La política laboral del intervencionismo, pues, provoca dos consecuencias nefastas para los trabajadores: más paro y menores salarios.

En este sentido, resulta inexplicable que una ideología tan contraria a los intereses de los trabajadores haya merecido el calificativo de "obrerista". La política laboral del Partido Socialista Obrero Español no puede ser más antiobrera. Poco menos puede decirse del PP (autor en su momento de frecuentes incrementos del SMI), salvo que, al menos, no comete la desfachatez de considerarse obrero.

Eso sí, por muy nefastas que resulten las políticas izquierdistas para toda la sociedad, seguirán aplicándose con mano de hierro a través de la coacción estatal. La gloria de los políticos es la ruina de la sociedad. También de los trabajadores.

Información, libertad y responsabilidad

El Estado es, por naturaleza, muy desconfiado de los ciudadanos. En cualquier momento les puede dar por darse cuenta de cuáles son sus derechos, o lo que es peor, reclamarlos. Quizás sea esa la razón por la que muchas veces desde el Estado se fomenta una actitud reivindicativa, pero siempre de derechos supuestos y no reales que, llevados a la práctica, acaban curiosamente en un mayor poder del gobierno. Mientras tanto, el gobierno nos separa de derechos fundamentales con la esperanza, en ocasiones acertada, de que el desuso de su ejercicio acabe en olvido y dejadez, en abandono de los mismos.

¿Por qué digo esto? Porque los ejemplos son numerosos. Antiguamente la sociedad era más desconfiada del Estado. Cuando se quiso implantar por primera vez un catastro en Inglaterra, muchos ciudadanos de ese país pensaron que sería la antesala de una dictadura militar. Hoy llevan a cabo políticas más invasivas de nuestra intimidad y la sociedad apenas reacciona. Es más, es el Estado el que desconfía de los ciudadanos, como he dicho.

Un caso que me llama la atención es el que comentó en este mismo lugar Gabriel Calzada. Resulta que una directiva europea prohíbe a las empresas farmacéuticas dar información directa sobre sus productos a los consumidores. No es el único caso. Tampoco permite la publicidad del tabaco, que recientemente ha sido de nuevo restringida. En España no puede anunciarse un bufete de abogados. ¿Porqué ese ataque a la libertad de expresión? ¿Porqué impedir a los consumidores que recaben información directa de las empresas para que ellos, responsablemente, tomen las decisiones que consideren mejores?

A lo mejor la UE recela de que los ciudadanos tomen decisiones informadas y responsables. Precisamente eso es lo que nos sirve a nosotros, como consumidores, para salir adelante. Si se nos niega la información que puedan darnos otros, se nos está quitando injustamente medios para que podamos recurrir, en este caso, a los fármacos más eficaces. Nuestra salud, cuando está comprometida, puede verse privada por nuestra forzada ignorancia de los medicamentos más nuevos y eficaces. Y todo porque los burócratas de la UE prefieren que las empresas no den a los consumidores información sobre sus propios productos.

Y este sinsentido, ¿Porqué? ¿Cuál podría ser el objetivo de nuestros amantísimos funcionarios en Bruselas? Resulta que si los consumidores pudieran seguir el ritmo de innovación y mejora de la industria, si libre y responsablemente optaran por nuevos medicamentos más eficaces, el coste farmacéutico del sistema de la Seguridad Social se dispararía aún más. Y en lugar de reconocer ante los ciudadanos que la Seguridad Social es un timo perpetrado con el dinero de todos, en lugar de acabar con él y devolver a la sociedad la capacidad de libre iniciativa que tan bien funciona cuando se permite, prefiere crear un agujero negro en la información. Que los consumidores no sepan que tienen mejores soluciones que las existentes gracias a la innovación tecnológica, porque el coste podría ser tan alto que nuestro timo podría estallar por los aires.

La prueba de que esto es así es el pasaje de la directiva en cuestión, que reza: “Los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad al público general sobre productos médicos, cuyo coste pueda ser reembolsado”, es decir, cuyo coste recaiga en última instancia en el Estado. Por si queda alguna duda del objetivo de esta cláusula, resulta que su nombre es La cláusula presupuestaria. ¿Dónde está aquí la libertad de expresión? ¿Dónde está la salud de los europeos, objetivo que la UE cita tanto y tan falsamente? Vergonzosamente ocultos. Lo que importa es que el tinglado no salte por los aires.

Creo que es hora de que hagamos nuestra la desconfianza y comencemos a reclamar nuestros derechos, como el de ser libremente informados y poder tomar decisiones responsables.

Periodistas a la catalana

De este modo, la izquierda aprueba un texto fascista con el que pretende convertir a la prensa española en el mismo remanso de paz y falta de crítica al gobierno en que vive la catalana. Un estatuto que ABC califica de “proyecto con ribetes estalinistas” y El Mundo de “retorno a la visión franquista de la profesión periodística”. Ambas críticas son ciertas, pues cierto es que las dictaduras nunca han tenido especial aprecio a la información libre, sean de la ideología que sean. Tampoco Zapatero, por lo que se ve.

Los defensores del engendro intervencionista y liberticida podrán argumentar que el texto no impide el ejercicio de la profesión a quien no tenga permiso, pero lo cierto es que explicita que, al frente de publicaciones, programas audiovisuales y sitios en la red tendrá que haber un director con carné que podrá vetar cualquier contenido de los mismos. Javier Rubio, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, por ejemplo, tendrán que ser aprobados por un consejo, en el que los miembros serán escogidos por el Congreso y el Senado, para que Libertad Digital, La Mañana y La Linterna no incumplan la ley. O nombrar director a quien el poder considere suficientemente domesticado, para que les censure.

Por supuesto, un servidor de ustedes y cualquiera que posea una bitácora o sitio periodístico también tendrá que disponer de carné, ya que es el director de “un sitio en la red de carácter periodístico”. Cientos de blogs serían ilegales al día siguiente de aprobarse este texto fascista que promueve la izquierda. Sin embargo, no sé por qué no debo pensar que esta situación de incumplimiento masivo de la legalidad conduciría a la arbitrariedad absoluta; sólo se promoverían acciones contra las bitácoras desafectas, al más puro estilo Conde Pumpido. Aunque deben ustedes saber que el que reprimía la libertad de expresión era, por supuesto, Aznar.

El problema no acaba aquí. Todo medio con más de ocho periodistas en nómina tendrá un consejo de redacción en que los trabajadores podrán ejercer de chivatos de supuesta mala conducta profesional e influir en la línea editorial del periódico. Es decir, ningún propietario de un medio de comunicación podrá decidir la línea editorial de su propio medio sin contar con los periodistas, profesión marcadamente izquierdista en España y casi todo el mundo occidental. De este modo se pretende garantizar que no se diga nada que no sea previamente aprobado por el Politburó.

Es más, por si aún queda algún medio que, pese a todo, persista en hacer información libre y crítica con el poder, el consejo cuya mayoría es nombrada por políticos y sindicatos podrá expropiar parte de los beneficios de aquellas empresas que incumplan el “código deontológico”. Un código que, claro está, deja sitio más que suficiente para una ambigüedad que permita interpretarlo de forma benévola con los buenos y estricta con los malos. Por ejemplo, las informaciones sobre el 11-M de El Mundo y Libertad Digital no serían consideradas "informaciones fundamentadas y contrastadas", pero no les quepa duda de que los terroristas suicidas de la SER lo serían.

No es extraño que IU redacte un estatuto basado en las prácticas soviéticas de los dictadores cubano y venezolano. Lo raro es que lo apoye el PSOE. Claro que, después de este salmantino fin de semana de apoyo incondicional a la violación de los derechos humanos, después de que el dictador bananero Chávez reconozca que es imposible tener “mayor acuerdo moral, ético y político” con Zapatero, habrá que dejar el asombro sólo para los ingenuos voluntarios que queden en España. Pide CCOO el mayor consenso posible para este estatuto. Conmigo que no cuenten, ni para este ni para ningún otro. La mejor ley de prensa es la que no existe.