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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

El NHS de Inglaterra está muerto

Por Kristian Niemietz. El artículo El NHS de Inglaterra está muerto, fue publicado originalmente en el IEA.

No existe una «DOGE británica», pero la idea de recortar la burocracia gubernamental parece estar de moda de repente. Con su último anuncio de adelgazar radicalmente, o incluso abolir, el NHS de Inglaterra, el gobierno de Starmer intenta aprovechar esa vibración. Pero es sólo eso: una vibración, no un programa político.

«NHS England» es un nombre terrible, porque suena como si fuera la rama inglesa del NHS, del mismo modo que NHS Scotland es su rama escocesa. NHS England no es, por supuesto, nada de eso.

Empecemos por el principio. Gran Bretaña gasta más de 200.000 millones de libras al año en sanidad, y no todo ese dinero lo controla directamente el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad asigna su presupuesto a las organizaciones locales del NHS, que a su vez compran servicios sanitarios a los proveedores locales del NHS (y a algunos del sector privado). En otras palabras, el NHS tiene un sistema interno de comisiones y contratos, en el que distintas suborganizaciones compran y venden servicios entre sí.

Este sistema de comisiones se reorganiza cada dos años. Una de las mayores reorganizaciones se produjo a principios de los años Cameron, con la creación de juntas locales de encargo dirigidas por médicos de cabecera. Esto creó un potencial conflicto de intereses. Los médicos de cabecera son, por supuesto, también proveedores de asistencia sanitaria por derecho propio, por lo que no necesariamente querríamos que se compraran servicios a sí mismos y se marcaran sus propios deberes. Así pues, se creó un nuevo consejo de puesta en marcha para toda Inglaterra, al que se encomendó la puesta en marcha de servicios de atención primaria y de algunos servicios sanitarios altamente especializados, así como algunas funciones de supervisión y coordinación. Se convirtió en el NHS England.

En el momento de escribir estas líneas, aún no está del todo claro qué lo sustituirá, pero todo apunta a que sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Sanidad. Si es así, es difícil ver de dónde se supone que vendrá el ahorro. No se trataría de un ejercicio de reducción de la burocracia, sino de una reorganización más.

La razón por la que existen organismos como NHS England es que los políticos llevan mucho tiempo prometiendo «despolitizar» el NHS: dejaremos que médicos y enfermeras se dediquen a su trabajo, dicen, y dejaremos de hacer política con él. Suena bien, pero la sanidad no funciona así. No se puede «despolitizar» sin más; también hay que poner otra cosa en su lugar. En la práctica, «despolitizar el SNS» suele significar simplemente trasladar las responsabilidades de los políticos electos a burócratas sanitarios semiindependientes. Este enfoque tecnocrático genera sus propias frustraciones, lo que lleva a los políticos a prometer «redemocratizar» (es decir, volver a politizar) el SNS.

Hay una tercera opción. La alternativa a la gestión política y tecnocrática sería un sistema sanitario regido en gran medida por las fuerzas del mercado. Hay buenos ejemplos de este tipo de sistemas en los países vecinos, que combinan la elección del consumidor y la competencia con el acceso universal y una amplia red de seguridad social. A menos que estemos dispuestos a mantener esa conversación, estaremos atrapados entre la intromisión política y el gobierno tecnocrático.

Juego político en torno a Muface

Muface es el sistema mediante el cual el Estado gestiona las prestaciones sociales para determinados funcionarios. Entre estas prestaciones se encuentra la sanidad, que es la que nos atañe. Esta prestación del servicio sanitario, en el caso de 1,6 millones de funcionarios, se otorga a través de la sanidad privada y de una serie de aseguradoras.

Este último año se ha generado un conflicto entre el gobierno y las aseguradoras, ya que estas últimas solicitaban un aumento del 40% en los pagos del gobierno en el concurso público que se realiza para decidir qué empresas prestan el servicio sanitario. El gobierno se niega a aumentar este presupuesto en los términos solicitados por las aseguradoras y ha aprobado un aumento del 17%, a pesar de que las aseguradoras indicaron que un 25% sería “insuficiente”. Tras la postura del gobierno, las empresas amenazaron con no presentarse al concurso, y por lo tanto, dejarían de dar el servicio. Esta amenaza surge después de años en los que han otorgado el servicio con pérdidas millonarias y ante la oposición del gobierno a aumentar la oferta en la licitación.

En estos días hemos sabido que ni Adeslas, ni Asisa, ni DKV se han presentado al concurso abierto por Muface. Esto provoca que el concurso quede desierto y, por tanto, existen altas probabilidades de que el servicio deje de ser otorgado por Muface. Esta situación llevaría a que los funcionarios que reciben el servicio sanitario a través de aseguradoras privadas (asociadas a Muface) dejen de recibirlo y deban acudir a la sanidad pública.

No voy a analizar la situación que se produciría si los funcionarios empezaran a recurrir a la sanidad pública “de golpe”; en cambio, plantearé la posible jugada política que el gobierno podría estar desarrollando con esta maniobra.

El juego

Si en algo destaca Pedro Sánchez y su gobierno, es en establecer relatos rápidamente. Nada me hace pensar que esta acción, que no es solo económica, no esté destinada a reforzar y crear nuevos relatos. El primer paso que podría seguir el gobierno es afirmar que ha aumentado el presupuesto de Muface y, por tanto, que ha intentado contentar a las aseguradoras, “protegiendo” los intereses de los funcionarios y, al mismo tiempo, sin ceder a los intereses de las aseguradoras.

El segundo paso, tras el rechazo de ese aumento por parte de las aseguradoras, sería decir que lo único que buscan las empresas es obtener mayores beneficios a través de este servicio para los funcionarios. Desde un punto de vista liberal, esto no es algo negativo, ya que los funcionarios acceden voluntariamente a este servicio, que no es más que un beneficio adicional otorgado por su condición. Sin embargo, este segundo paso es perfecto para consolidar aún más el relato anti empresarial promovido desde buena parte de la clase política española.

Tercer paso: se permite que las aseguradoras abandonen el concurso y se fuerza a Muface a dejar de otorgar el servicio, de modo que los funcionarios tendrán que integrarse en la sanidad pública. Este paso podría incrementar la presión sobre el sistema sanitario, al sumar prácticamente un millón y medio de pacientes. La sanidad es competencia de las autonomías y, en la mayoría de España, está en manos del Partido Popular.

Caos en el sistema público

Este sistema sanitario público muestra, en muchos casos, problemas con las listas de espera, un asunto por el que tanto el gobierno como buena parte de sus seguidores claman más recursos destinados a la sanidad. Si los funcionarios dejan de recibir el privilegio, que el estado se ha comprometido a concederles, estos se añadirán a estas listas de espera en los casos que sean necesarios. Pero no solo eso, sino que la demanda por médico aumentará más aún, además de todo el equipamiento necesario, y, por tanto, un posible aumento del caos en los centros sanitarios públicos.

Este paso del gobierno, crearía el caldo de cultivo perfecto para acusar a las autonomías (y, por tanto, al PP) de no invertir lo suficiente en sanidad, tener a los funcionarios descontentos con el sistema sanitario y empeorar aún más la opinión de la población en general en cuanto a la gestión de este. Por supuesto, en ningún caso el relato implicaría al gobierno, sino que sería del PP por “no invertir en la sanidad pública”.

Cuarto y quinto paso

Cuarto paso: una vez han aumentado la presión y comienzan a aumentar las listas de espera y desperfectos del sistema, se comienzan a utilizar organizaciones y sindicatos afines al gobierno para reclamar más inversión en la sanidad pública. De forma más que posible, regresarían las manifestaciones por la sanidad, quizá con más afluencia aún, pues sería mayor el número de damnificados. Estas manifestaciones podrían ser perfectamente utilizadas para hacer olvidar el recorte del servicio a los funcionarios que otorgaba Muface (recordemos que la memoria democrática suele ser a corto plazo), y de esta manera poder utilizar las manifestaciones para ocultar otros escándalos que surgieran.

Quinto paso: podría resumirlo en, de nuevo, la ‘heroicidad’ del gobierno de la nación. Visto que el Partido Popular no podría hacer frente a tal impacto en tan poco tiempo, el gobierno renegocia con las aseguradoras la vuelta de la sanidad privada a Muface. Bastante alta sería la posibilidad de que esta negociación se realizaría de forma que el gobierno saliera beneficiado y no se supieran grandes detalles de esta. Una vez negociado, el gobierno argumenta que ellos han hecho todo lo posible por los funcionarios, mientras que si fuera por el Partido Popular, seguirían esperando por sus consultas y operaciones. En este último paso, por supuesto, la maquinaria social y comunicativa del gobierno haría olvidar que el origen del problema es del propio gobierno.

Conclusión

Quiero terminar haciendo hincapié en que esto es solo una teoría, que son posibilidades y que nada de esto tiene por qué ocurrir tal como lo cuento. Sin embargo, creo que estaría fundamentado viendo las acciones que realiza este gobierno y como se va desarrollando todo este asunto.

Así mismo, esta situación no perjudica a las grandes empresas sanitarias. Los grandes damnificados de esto, son las pequeñas clínicas y autónomos a las que las aseguradoras derivan su servicio, haciendo función de intermediarias con estos pacientes que acuden desde Muface. Además, los ciudadanos, usuarios de Muface o no, sufrirán de nuevo las consecuencias de una batalla política al más puro estilo maquiavélico, donde se juega con su salud y su dinero.

Ver también

Ideas sueltas sobre la ‘marea blanca’. (Fernando Parrilla).

Por qué Gran Bretaña no debería estar orgullosa del NHS

Por Kristian Niemietz. El artículo Por qué Gran Bretaña no debería estar orgullosa del NHS fue publicado originalmente en el IEA.

En cualquier encuesta en la que se pregunte a la gente qué es lo que más les enorgullece de ser británicos, el NHS (Servicio Sanitario Nacional) siempre sale en cabeza, y por bastante margen. En realidad, no tengo una opinión sobre lo que debe o no debe enorgullecer a la gente, y menos cuando se trata de nociones más abstractas como el “orgullo nacional”, que son obviamente muy subjetivas y personales. Pero si miramos la lista completa de respuestas a la encuesta, nos daremos cuenta de que el SNS es la gran excepción.

Estas respuestas no son aleatorias. Hay un patrón muy coherente: se trata de una lista de cosas reconocibles internacionalmente, a la vez que claramente británicas. Ya se trate de cultura popular (Harry Potter, James Bond), lugares emblemáticos (Tower Bridge, Stonehenge), comida y bebida (cerveza, asados, frituras, pubs de verdad), son marcas icónicas y globales. No hace falta que a uno le gusten personalmente para ver por qué merecen estar en esa lista.

El NHS no es ni remotamente parecido. Nadie fuera de Gran Bretaña que no sea un friki de la sanidad sabe lo que es el NHS. Tampoco tiene nada de específicamente británico: ha habido muchos ejemplos de sistemas sanitarios estatales, aunque la mayoría al otro lado del Telón de Acero. Entonces, ¿por qué está el NHS en esa lista? ¿Qué hace que la gente se sienta “orgullosa” de él?

Declaraciones de David Tennent

Hace poco me encontré con una cita sobre este mismo tema del actor David Tennent, que recibió muchos aplausos en las redes sociales por decir:

El Servicio Nacional de Salud me salvó la vida cuando tenía 10 años y me reventó el apéndice. Salvó la vida de mi hija cuando sólo tenía unas semanas […]. El NHS es probablemente lo que más me enorgullece de ser británico. Orgulloso porque es una bondad nacional […] Es una generosidad nacional. El hecho de que exista el NHS nos hace a todos mejores personas.

Aquí hay mucho que desentrañar. En primer lugar, imaginemos lo extraño que sonaría si alguien hablara así de cualquier otra institución o ámbito político. Por ejemplo, el sistema escolar. O del sistema de pensiones.

Nuestro sistema escolar cambió mi vida cuando tenía 10 años y me enseñó a leer y escribir. Ahora mismo está cambiando la vida de mi hija, que está aprendiendo a leer y escribir. Nuestro sistema escolar es probablemente lo que más me enorgullece de ser británico. Orgulloso porque es una bondad nacional. Es un desinterés nacional. El hecho de que exista nuestro sistema escolar nos hace a todos mejores personas.

La alternativa no es el vacío

Suena extraño, ¿no? Culto. Un lavado de cerebro. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no hablaríamos así del sistema escolar o del sistema de pensiones. Porque, en primer lugar, nos damos cuenta de que es bastante normal que un país desarrollado tenga un sistema escolar, o un sistema de pensiones, de algún tipo. No es un logro especial del que debamos estar orgullosos o agradecidos.

A partir de ahí, también está claro que si no tuviéramos el sistema escolar o de pensiones que tenemos actualmente, la alternativa no sería no tener nada. La alternativa no sería que nadie aprendiera a leer y escribir, o que nadie tuviera ningún apoyo en la vejez. No: la alternativa sería tener otro sistema. Un sistema organizado de otra manera. Financiado de otra manera. Tal vez mejor, tal vez peor, pero evidentemente algo habría.

Por eso, en esos ámbitos, no somos especialmente sentimentales con los acuerdos actuales, ni los protegemos. Comparamos los acuerdos actuales con alternativas realistas, y cuando se quedan cortos, lo decimos. La izquierda política, por cierto, hace esto más a menudo que la derecha. Muchos de los argumentos de la izquierda consisten en comparar desfavorablemente las instituciones y los acuerdos británicos con, por ejemplo, los de Escandinavia o las democracias sociales de Europa continental. Uno casi puede ver eso como una plantilla para un tipo estándar de artículo del Guardian: ser lírico sobre, por ejemplo, el sistema escolar finlandés, y presentarlo como muy superior al británico.

Sus logros son los de otros sistemas

¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro, tal vez son demasiado optimistas sobre otros sistemas, pueden estar proyectando sus propios valores en ellos, o tal vez tienen un sesgo de “la hierba siempre es más verde en el otro lado”. Pero no hay nada malo en el principio de comparar los sistemas y disposiciones actuales con posibles alternativas. Nadie les acusaría de ser “antipatriotas” por hacerlo. Nadie diría que si se critica el sistema escolar británico se está “atacando a los profesores”, o que si se critica el sistema de asistencia social británico se está atacando a los trabajadores sociales. Porque, obviamente, eso sería absurdo.

Cuando se trata del NHS, las reglas son de repente muy diferentes. Eso no se debe a ningún logro especial del NHS. Porque no los tiene. No hay nada que el NHS haya conseguido que no hayan conseguido casi todos los demás sistemas sanitarios del mundo desarrollado. Sí, el NHS es un sistema universal. También lo son todos los sistemas de Europa Occidental, la mayoría de los de Europa del Este y los de Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros. En realidad, el único sistema atípico es el estadounidense.

Los resultados del NHS

Sin embargo, en términos de resultados sanitarios, el NHS está rezagado. Justo antes de la pandemia, el sistema sanitario del Reino Unido registraba 71 muertes tratables evitables por cada 100.000 personas al año. Es el segundo nivel más alto de Europa Occidental después de Grecia, donde es de 78/100.000. Es de 66 en Alemania, 59 en Austria, 57 en Bélgica, 51 en Francia, 50 en los Países Bajos y 40 en Suiza.

En el índice de Acceso y Calidad de la Asistencia Sanitaria (HAQ) de The Lancet, el Reino Unido, Portugal y Grecia son los únicos países de Europa Occidental que no se encuentran en el primer decil mundial. La clasificación y la puntuación del Reino Unido en ese índice no son terribles según los estándares mundiales, pero si se comparan con una referencia realista, no son impresionantes. Incluso en la clasificación del Fondo de la Commonwealth, que, de todas las clasificaciones internacionales de sistemas sanitarios, es la más halagüeña para el NHS, el Reino Unido ocupa el 9º puesto de 11 en la categoría “Resultados de la atención sanitaria”.

Ya sé que alguien dirá: “¡Pero eso es porque el NHS está infrafinanciado! Financiadlo adecuadamente y obtendréis mejores resultados”. Excepto que ya estamos entre los 10 primeros del mundo en gasto sanitario. Ya gastamos el 11,3% del PIB en sanidad, más o menos lo mismo que Bélgica y Austria. ¿Por qué nos quedamos atrás?

Nunca fue falta de fondos

Además: el argumento anterior presupone que hubo una época dorada, antes de la austeridad, antes de la “desfinanciación”, antes del “desmantelamiento” del SNS, en la que el SNS era un sistema brillante. Y no fue así. Esta edad de oro nunca existió. Ninguna de las medidas que he mencionado fue mejor en años anteriores. El sistema sanitario del Reino Unido siempre ha tenido más muertes evitables por cada 100.000 habitantes que la mayoría de sus homólogos del mundo desarrollado, desde que tenemos datos. El Reino Unido también ha estado por detrás en ediciones anteriores del índice HAQ y en la categoría de resultados de ediciones anteriores de la clasificación del Fondo de la Commonwealth. Nada de esto es nuevo. Siempre ha sido así.

La única medida que realmente ha empeorado con el tiempo son los tiempos de espera. Los tiempos de espera disminuyeron de forma constante en la década de 2000, cuando el gasto sanitario aumentó a un ritmo sin precedentes, y luego volvieron a subir en la década de 2010, cuando se produjo una ralentización en el aumento del gasto.

¿No demuestra esto que el SNS puede, al menos en algunos aspectos, ser mejor, si cuenta con el apoyo político adecuado? ¿No sugiere esto que, cuando las cosas van mal, deberíamos culpar al Gobierno y no al SNS? Sí y no. Es evidente que la política sanitaria puede influir. Pero una mala política sanitaria no es una restricción externa, de la que el NHS esté totalmente libre de culpa.

¿Como la monarquía?

Un sistema totalmente nacionalizado siempre va a estar, hasta cierto punto, politizado, y en un sistema politizado hay que aceptar que a veces los vientos políticos no soplarán a tu favor. Es una característica de ese tipo de sistema. Si quieres ese tipo de sistema, no tienes derecho a quejarte. Yo preferiría un sistema lo suficientemente alejado de la política como para que, dentro de lo normal, no importe mucho quién gobierne.

Un último punto. Aunque el culto al SNS me parece sectario e irracional, en general creo que es bueno que las sociedades tengan instituciones unificadoras en torno a las cuales todos puedan unirse. Por eso, por ejemplo, aunque no soy monárquico, tengo una opinión bastante positiva de la monarquía. Los críticos de la monarquía a menudo se equivocan al pensar en ella en términos puramente funcionales, preguntando: “¿Qué hace el Rey que un presidente electo no podría hacer también, y tal vez mejor?”. Pero esa es la pregunta equivocada. No se trata de lo que hace o deja de hacer el Rey. El hecho es que mucha gente siente un apego emocional y romántico por la familia real que nunca sentiría por un presidente electo. Entonces, ¿por qué jugar con eso?

Uno podría preguntarse: ¿no es el NHS un poco como la monarquía? ¿Una institución que mucha gente ama profundamente y por la que siente un gran afecto, independientemente de que sea racional o no?

Una institución muy divisiva

Si es así, entonces no estaría entendiendo nada -del mismo modo que los críticos de la monarquía no entienden nada- cuando pregunto: “¿Qué hace el NHS que los sistemas sanitarios francés, holandés, alemán, japonés o australiano no puedan hacer también, y mejor?”. Porque entonces la respuesta sería: no se trata de lo que haga o deje de hacer.

El hecho es que ni los franceses, ni los holandeses, ni los alemanes, ni los japoneses, ni los australianos “aman” sus sistemas sanitarios. Todos ellos pueden pensar que sus respectivos sistemas son bastante buenos. Puede que los aprecien. Pero no los “aman”. ¿Acaso ese afecto por el SNS no vale algo, aunque nos parezca extraño a quienes no lo compartimos?

Por desgracia, este amor por el SNS también tiene un lado oscuro. Lleva a una actitud defensiva histérica, que necesita enemigos y, cuando no los hay, se los inventa. Durante al menos 44 años, ha habido teorías conspirativas sobre planes secretos para destruir el NHS. Esa es una gran diferencia entre el culto al NHS, y el apego romántico a la monarquía. La mayoría de los partidarios de la monarquía se sienten bastante cómodos con el hecho de que haya algunos republicanos en Gran Bretaña. No los denuncian histéricamente. No fantasean con planes secretos para asesinar al Rey y vender sus castillos a Donald Trump.

Así que ni siquiera el argumento comunitarista a favor del NHS se sostiene. El NHS no es una institución “unificadora”. Puede ser muy divisiva. Puede ser fuente de conflictos. Se habrán dado cuenta de que hoy he evitado hablar de una alternativa concreta. Es un tema para otro día. No espero ningún cambio fundamental a corto plazo. Para bien o para mal, por ahora estamos atascados con el sistema que tenemos. Pero, al menos, dejemos de engañarnos con esta tontería de la “envidia del mundo”. No es “la envidia del mundo”, nunca lo ha sido y no va a empezar a serlo ahora.

Ver también

Ya no hay pandemia, ¡déjennos vivir!

“Consiente que el gobierno se salte la ley con la excusa de una crisis, y que se invente una nueva cada semana.” Esta frase popular, que parece un poco conspiranoica, responde a lo que llevamos viviendo desde hace muchos meses. Asistimos pasmados a una campaña de los gobiernos, los medios de comunicación y determinados sectores sociales y profesionales, por mantenernos en un estado de alarma constante como en el 2020. Y la situación ha cambiado totalmente.

¿Pero por qué? Se preguntarán, ¿A quién le puede venir bien esto? A los primeros de todos, los gobiernos, sin importar mucho la ideología, como se ha visto. La izquierda en España, la derecha en Austria…Y es que los distintos gobiernos se han acostumbrado durante la pandemia a poseer poderes extraordinarios, a no dar explicaciones a nadie, a saltarse los derechos fundamentales de los ciudadanos y hasta pasar de la norma más básica del país, la constitución, sin rendir cuentas. El gobierno de España, por ejemplo, ha sido condenado más de una vez por el tribunal constitucional, algo que en otro tiempo hubiese supuesto un escándalo sin igual, pero en esta situación no ha habido ni una sola dimisión. 

Por otra parte, la gran mayoría de medios de comunicación, convertidos en terroristas informativos, imponen una sensación social de alarma injustificada. Y es que son totalmente dependientes de las subvenciones gubernamentales y están encantados de haber visto incrementada su influencia, ya que, en momentos de crisis, la información es primordial. A todo esto, hay que sumarle distintas profesiones de orden público y asistencia sanitaria que han visto fuertemente aumentado su estatus e importancia en nuestra sociedad. Todos estos protagonistas, forman un bloque compacto que se niega a perder lo ganado, no quieren volver a la situación prepandemia.

Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión y hay que ser tajantes. Ya no hay pandemia. Con el porcentaje de vacunación que tenemos, la pandemia de COVID ha terminado. Negar esto es darles la razón a los negacionistas de las vacunas. Si nos hemos vacunado y seguimos estando en pandemia, ¿Para qué nos hemos vacunado? La vacuna funciona. No evita contagiarse; pero logra que el virus, potencialmente letal, sea un simple resfriado. Esa es la clave, ese es el éxito. De ahí que sea ridículo desde que tenemos vacunas, mirar la situación de la pandemia por la tasa de contagios. Lo que no paran de hacer los medios, para alarmarnos. Pero es terrorismo informativo. 

¿La tasa de contagios esta disparada? ¿Y qué? Si la de muertes y ocupación en UCIs (verdaderas referencias ahora mismo) están a la baja. De hecho, es lo esperado. Todas las variantes que han surgido, de todos los virus, a lo largo de la historia, siempre son mucho más contagiosas y mucho menos letales. La normalidad y más con las vacunas, será que nos infectemos casi todos, porque la vacuna no previene esto, pero la mortalidad será minúscula.

He aquí otra de las claves que hay que aceptar. Las muertes nunca van a ser 0, es ridículo pensar eso, otras enfermedades como la gripe común tienen mortalidad en determinados casos. Pretender que sea 0 es reconocer que jamás volveremos a la normalidad. Hay que aceptar que existe la muerte y que en todo lo que hacemos en esta vida, desde conducir a ducharnos, implica una pequeña tasa de muerte, pequeña sí, pero existente. Es lo bonito de la vida, es efímera y en cualquier momento se puede acabar.

Esto no pretende ser una oda a la muerte. En el año 2020 esa tasa, hoy aceptable, era enorme y no era aceptable, pero los datos actuales sí que lo son. Algo que nunca se menciona, es que, en un año normal, sin COVID, como el 2018, en España murieron cerca de 1400 personas al día, por múltiples causas, normales en la vida. En noviembre del 2021, han muerto por COVID 474 personas, es decir 16 muertes al día. El COVID ha pasado a ser simplemente una causa más. Los medios se empeñarán en que veamos que son 16 familias hundidas… Y es verdad, pero hay que aceptar que, en un país de 47 millones de personas, 16 muertes es un dato normal, la gente muere y no se puede parar el país por eso. 

Matar a la gente en vida, con restricciones, como se ha hecho hasta ahora, es insostenible. La tasa de suicidios está disparada, hasta casi los 11 suicidios diarios. Imagínense, casi está pillando a las muertes por COVID. Nuestra pandemia actual es de tristeza y aburrimiento. Toda restricción, todo lo que no sea la libertad del 2018, es un acto injustificado de quitarnos la libertad y con ello la vida.

¿Cuánta vida más nos va a costar vivir? ¿Durante cuánto tiempo más, nos van a tener muertos en vida para no morir?

Tras el informe del Banco de España: ¿es inevitable un recorte de las pensiones?

Han sido dos palos, de los gordos, en menos de dos semanas. Primero, el Tribunal de Cuentas publicaba su “Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”. Las conclusiones eran demoledoras: gastos que se disparaban muy por encima de los ingresos, déficit crónico del sistema, “insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva” y, como consecuencia de todo ello un “problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural”. Nada que no se supiera… pero preocupante en cualquier caso.

Pero todavía más llamativas y comentadas han sido las conclusiones de otro informe, en este caso del Banco de España: “Una estimación del rendimiento financiero del Sistema de Pensiones” (firmado por María Moraga y Roberto Ramos). Según sus cálculos, el rendimiento financiero medio del sistema de pensiones se sitúa en el 3,5% (para los pensionistas que se jubilaron en 2017). Es una cifra elevada, por encima de la que pueden presentar la mayoría de los planes de pensiones privados que se comercializan en España y que también es superior al crecimiento del PIB en las últimas tres décadas. De hecho, éste ha sido el punto más polémico y destacado del informe: porque su principal conclusión es que, si suponemos una tasa de descuento para las pensiones actuales equivalente a este mismo crecimiento del PIB, “el sistema proveería de 1,74 euros de pensión por cada euro de cotización aportado”.

Sobre la tasa de descuento se puede discutir mucho, pero parece lógico usar el crecimiento del PIB (y es lo habitual en este tipo de trabajos desde hace décadas, ver aquí, por ejemplo, la excelente explicación de Juan Francisco Jimeno y Omar Licandro en un informe para la Fundación Sepi de 1999). Para empezar, porque es coherente con la retórica política que asegura que la pensión es un salario en diferido dentro de un sistema que otorga a los trabajadores actuales el derecho a cobrar en el futuro la parte de su sueldo que se les minora cada mes. En este sentido, el pensionista cobraría por lo aportado con sus cotizaciones y podría decirse que por lo generado con su trabajo: ha ahorrado en un peculiar producto financiero que podríamos llamar algo así como “bonos del mercado laboral de mi país” (si hay más trabajadores y tienen salarios más altos, el rendimiento de mi inversión será más alto; si hay menos trabajadores y salarios más bajos, le sucederá a la inversa). De esta manera, todos los trabajadores somos partícipes de ese producto como inversores forzosos y, al mismo tiempo, contribuimos a su rentabilidad.

Porque, además, a largo plazo ese crecimiento del PIB es lo que determina el límite de sostenibilidad del conjunto del sistema: los trabajadores contribuyen a que el país sea cada vez más rico y el sector público pueda recaudar más (y pagar prestaciones más altas). Pero esos pagos extra tienen un límite, el que viene marcado por el crecimiento económico: si el país crece al 1% y el montante total de las prestaciones lo hacen al 2%, el diferencial tiene que salir de algún sitio.

En muchas ocasiones se dice que el sistema de Seguridad Social en España es uno de los más generosos del mundo. Aunque normalmente esa comparación se hace comparando las tasas de sustitución y reemplazo (relación entre pensión media y salario medio o entre primera pensión y último salario): también ahí los pensionistas españoles salen ganando si comparamos la media de la UE. La novedad de esta semana es que la generosidad se plantea en términos puramente contables (tanto aporto, tanto recibo). Y la cifra es llamativa: 1,74€ cobrados por cada 1€ aportado. Quizás por eso esta noticia ha generado más debate que otros informes sobre pensiones y ha provocado que muchos expertos se pregunten si es sostenible un sistema con esta base financiera. ¿Estas cifras: hacen inevitable un recorte de las prestaciones en el corto-medio plazo?

En realidad, la respuesta a esa pregunta es negativa. Porque sí se pueden pagar prestaciones más altas que las derivadas de un cálculo actuarial. De hecho, es lo que hacemos desde hace décadas. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que no haya contraprestaciones a esa decisión.

Bismarck y la esperanza

Los modernos sistemas de reparto nacen hace casi siglo y medio. La historia ha sido contada muchas veces (aquí un buen resumen en un informe de José Ignacio Conde-Ruiz para Fedea sobre los sistemas europeos y su evolución en el tiempo). Otto von Bismarck quería un sistema con el que legitimar el naciente Estado alemán, contener al socialismo y generar estabilidad social. Y lo que se le ocurrió fue un sistema de seguros para la vejez: cada mes se le cobraba al trabajador un impuesto con el que se pagaba la pensión de los jubilados; y ese trabajador generaba a su vez un derecho para cuando alcanzase la edad de jubilación.

En realidad, el sistema se basaba en la esperanza más que en un cálculo financiero muy depurado por parte de sus teóricos beneficiarios. En 1900, apenas un 25-30% de la población llegaba a los 65 años. Y la mayoría de los que lo lograban moría poco después. Por eso las piezas encajaban para el Estado: muchos contribuyentes y pocos pagos. No sólo eso, además el sistema se podía permitir ser muy generoso con los que sobrepasaban la edad fijada (que, inicialmente, fueron los 70 años).

Decimos que el sistema se basaba en la esperanza porque la mayoría de los contribuyentes no cobraban nada (o lo hacían durante muy poco tiempo). Pero el ser humano no es así: todos pensamos que llegaremos a jubilarnos (nadie piensa en sí mismo como el que morirá joven de su cohorte) y a todos nos gusta que nos digan que, si lo logramos, el Estado nos pagará una muy buena pensión. La legitimidad de la que goza la Seguridad Social, en España y en todos los países del mundo, se deriva en buena parte del hecho de que sus rendimientos han sido muy interesantes… aunque sean insostenibles a medio plazo (y aunque sean inferiores a los que se podrían haber conseguido con una inversión en cualquiera de los grandes índices bursátiles mundiales).

Para el Estado era la combinación perfecta: un esquema muy rentable financiera (de hecho, podía dedicar los excedentes a otras tareas) y políticamente.

Porque, además, la otra columna sobre la que se sostiene el sistema es mucho menos atractiva… pero de ésa no se habla. Nos referimos a la columna de los que mueren antes de los 65 o muy poco después de esa edad: en un sistema de capitalización, lo que hubieran ahorrado estos trabajadores se lo quedarían sus descendientes; en un modelo de reparto, esas cotizaciones se las lleva el viento (y las recoge el ministro de Hacienda de turno).

Ficciones

Esta reflexión sobre la historia o las bases del sistema no tiene sólo un interés teórico. En realidad, es clave para entender su situación actual y sus perspectivas a futuro. De todo lo hablado hasta ahora, se pueden sacar unas cuantas conclusiones:

  • Cada vez hay más integrantes del primer grupo (personas que viven mucho y obtienen del sistema mucho más de lo que pusieron) y menos del segundo (trabajadores que mueren antes de los 65 años y pierden todas sus cotizaciones). Y la tendencia se mantendrá en las próximas décadas.
  • Este primer punto es bueno, porque quiere decir que vivimos más, pero financieramente es un problema muy importante.
  • El sistema no está en quiebra… ni deja de estarlo. Porque no sigue un esquema financiero de activos-pasivos-neto. La Seguridad Social no recibe aportaciones de los trabajadores y las invierte con el objetivo de generar un excedente futuro. Lo que hace es gastar lo que ingresa este año en pagar pensiones este año. Y lo que no tiene, se lo pide al Estado.
  • La imagen del “salario diferido” o del “seguro para la vejez” es muy equívoca. La Seguridad Social se parece más, en sus fundamentos financieros, a una ayuda social o una subvención. Cada año, el Estado recauda unos fondos vía impuestos (y la cotización es un impuesto) y los reparte a unos beneficiarios a los que organiza con unas reglas que también cambian cada poco tiempo.
  • A los trabajadores nos gusta la tríada “cotización” – “derecho” – “pensión”, porque nos suena a “ahorro”, a premiar el esfuerzo o a cobrar el fruto de nuestro trabajo. Pero es una imagen en cierto sentido ficticia.
  • Por todo esto, también es ficticio lo del euro aportado y los 1,74€ recibidos. Lo cierto es que los jubilados actuales pagaron impuestos en los años 80 y 90; y ahora reciben una ayuda pública como jubilados. La relación entre ambas realidades es más una fábula político-social que una realidad financiera.
  • Esto no quiere decir que el informe del Banco de España (y otros similares) sea un trabajo absurdo. Ni mucho menos. Este tipo de cálculos son clave para afrontar la situación: es muy importante saber cómo evolucionan esas variables para poder diseñar esa solución mixta de la que hablamos al final del artículo.
  • Pero al final, la realidad se impone. Las pensiones eran muy altas cuando los contribuyentes eran muchos y los beneficiarios de la ayuda, pocos. Y serán menos altas cuando se dé la situación contraria.
  • Los políticos aseguran que las cotizaciones sociales son un impuesto finalista. Y esto es otra ficción: eso no existe. El dinero de los impuestos entra de forma conjunta a las arcas del Estado y sale de allí para pagar los diferentes gastos públicos.
  • Llegados a este punto, la buena noticia es que la Seguridad Social no puede entrar en quiebra. Porque siempre estará ahí el Estado para cubrir su déficit. La mala noticia es que ese Estado sí puede entrar en quiebra (y el Reino de España lleva coqueteando con ese peligro desde hace una década).

El canciller prusiano probablemente nunca se imaginó que llegaríamos a la situación actual: con el impuesto finalista no se cubren los gastos prometidos, por lo que el Estado no sólo no puede financiar otras partidas con los ingresos de ese impuesto… sino que tiene que dedicar parte de los ingresos a sostener el sistema. Ante esto, la pregunta que debemos hacernos es política, no económica: ¿cuántos gastos del sistema queremos cubrir con el resto de impuestos?

Si queremos mantener el gasto (y ahí se incluye esos 74 céntimos por euro aportado que cada pensionista cobra de más), podemos hacerlo. Sólo hay que reducir el resto de las partidas del presupuesto en una cantidad equivalente. Si llevamos esta lógica al extremo, podríamos decir que España puede pagar su Seguridad Social sin ningún problema e incluso ser todavía más generosa que ahora: sólo habría que destinar el 100% de lo recaudado en impuestos cada año para el pago de pensiones (y dejar de hacer carreteras, hospitales o escuelas).

Como esto también es políticamente poco viable, lo normal es que vayamos hacia una solución mixta:

  • Sí seguiremos (de una forma u otra) aumentando el porcentaje de gasto público que se dedica a cubrir los riesgos derivados del envejecimiento
  • También reduciremos la generosidad del sistema, sobre todo incidiendo en la tasa de sustitución, a través de reglas de acceso mucho más estrictas (años cotizados para cobrar el 100%, años que se usan para el cálculo de la base…). Si hay suerte, el poder adquisitivo de las pensiones sí podría mantenerse; pero no será tan sencillo mantener la relación pensión media / salario medio.
  • Y casi seguro que veremos un incremento de la edad de jubilación, para acercarnos lo máximo posible (no del todo, porque no puede ser… pero sí lo máximo que podamos) a una situación bismarckiana (más cotizantes y menos beneficiarios)

El ajuste deberá recaer sobre las pensiones

En apenas una semana, el sistema español de pensiones públicas ha recibido un baño de realidad por parte tanto del Tribunal de Cuentas como del Banco de España. Y es que, a pesar de que ahora mismo no parezca un problema prioritario frente al control de la segunda ola de la pandemia o frente a la honda crisis económica, el descuadre financiero de la Seguridad Social sigue siendo uno de los principales retos que este país deberá resolver en el medio plazo.

El problema de fondo al que nos enfrentamos es de sobra conocido: los gastos del sistema de pensiones son mayores, y crecen más rápido, que los ingresos. En concreto, los gastos en prestaciones contributivas aumentaron de 96.792 millones de euros en 2011 a 125.537 millones de euros en 2018: un crecimiento del 29,6%; en cambio, los ingresos solo mejoraron desde 95.163 millones de euros a 102.847: un aumento del 8%. De manera que el déficit del sistema ha aumentado desde 1.629 millones de euros a 22.690.

Pero, ¿por qué se han incrementado tanto los gastos y tan poco los ingresos? El crecimiento de los gastos se debe tanto al aumento del número de pensionistas —que ha pasado de 8,06 millones a 8,8 millones— como del gasto medio por pensionista —que se ha incrementado de 12.006 euros anuales a 14.254—. De hecho, si tuviéramos que descomponer la responsabilidad del incremento del gasto anual en 28.745 millones de euros, aproximadamente dos terceras partes se deberían al mayor gasto medio por pensión y un tercio al mayor número de pensionistas. Asimismo, el tibio aumento de los ingresos se debe al estancamiento del ingreso medio por afiliado —que se ha reducido de 5.505 euros anuales a 5.435—, y no tanto al incremento en el número de afiliados —que ha pasado de 17,28 millones a 18,92—. Obviamente, parte de la responsabilidad del estancamiento de las cotizaciones medias reside en el fuerte aumento del número de afiliados: si el empleo creado ha sido mayoritariamente de baja remuneración, la cotización media cae.

En todo caso, la radiografía que presenta el Tribunal de Cuentas es harto significativa: el gasto medio por pensionista es 2,6 veces superior al ingreso medio por afiliado (14.254 euros versus 5.435) y, sin embargo, el número de afilados solo es 2,14 veces mayor que el número de pensionistas (18,92 millones versus 8,8 millones). Y el problema es que estas tendencias se van a agudizar durante las próximas tres décadas por razones estrictamente demográficas: el número de afiliados no aumentará mucho más y, en cambio, el de pensionistas si seguirá incrementándose. ¿Cómo ajustar en tal caso el desequilibrio financiero?

Más allá de las ganancias que podamos experimentar en la ratio afiliados/pensionistas merced a un súbito repunte de la natalidad o a un incremento de la inmigración, la clave reside en ajustar la otra ratio: gasto medio por pensionista / cotización media por afiliado. Y, como es obvio, existen tres vías para volverla compatible con la sostenibilidad financiera del sistema: o recortar las pensiones (algo que reduciría el gasto medio por pensionista) o aumentar las bases de cotización o los tipos efectivos de cotización (ambos factores aumentarían el ingreso medio por afiliado).

La vía para que todos salgamos ganando es, claramente, incrementar las bases de cotización, es decir, los salarios: de ese modo el trabajador ingresa más y, abonando una misma cotización, conseguimos sostener pensiones más elevadas. Pero las políticas públicas no determinan directamente los salarios, sino que como mucho influyen sobre ellos de manera indirecta (mediante reformas estructurales que faciliten aumentos de la productividad). O dicho de otro modo: no existe garantía de que durante las próximas tres décadas los salarios aumenten lo suficiente como para cubrir el déficit de la Seguridad Social (de hecho, la garantía es prácticamente la opuesta: no lo harán). En tal caso, solo nos quedan dos variables con las que efectuar el ajuste restante: o menores pensiones o mayores gravámenes. Y aquí es donde entra el reciente informe del Banco de España.

En abstracto, podría parecernos igual de equitativo que los pensionistas cobren menos o que los trabajadores paguen más. Pero la realidad es que los actuales pensionistas —y también los del futuro— van a percibir en forma de pensión un 74% más de lo que han cotizado. ¿Por qué habría que forzar a los trabajadores actuales a que cotizaran mucho más para sufragar una prima del 74% para los pensionistas por encima de lo que cotizaron? Acaso se diga —con razón— que el dinero presente no tiene el mismo valor que el dinero futuro y que, en consecuencia, los pensionistas merecen una revalorización sobre lo que cotizaron. Más la rentabilidad imputada que están obteniendo es del 3,5% de media anual, cuando actualmente la deuda pública a 10 años apenas abona un interés del 0,28%. ¿Por qué si un pensionista está invertido, a todos los efectos, en un pasivo estatal ha de percibir una rentabilidad que es 12,5 veces superior a la que reciben otros titulares de pasivos estatales?

Por mera equidad intergeneracional, el agujero en la Seguridad Social que subsista tras el aumento de la población ocupada y el crecimiento de los salarios debería recaer sobre la cuantía de las pensiones públicas.

¿Ha funcionado la estrategia sueca contra el coronavirus?

La gestión sueca de la pandemia ha sido uno de los modelos propugnados por todos aquellos que se oponían a las medidas centralizada de distanciamiento social. A la postre, el gobierno sueco no ha confinado a la población en sus domicilios y apenas ha restringido las interacciones sociales de sus ciudadanos. La lógica parecía clara: el país nórdico optaba por salvar su economía (o, más en general, la normalidad de la vida social) aun cuando decidiera sacrificar la vida de algunos de sus ciudadanos. Pero no parece que la estrategia haya funcionado especialmente bien. No solo porque las pérdidas humanas han sido muy notables: el número de muertos por millón de habitantes en Suecia es de 570, frente a los 106 de Dinamarca, 60 de Finlandia o 47 de Noruega. Si la estrategia sueca tampoco ha funcionado es porque su economía ha experimentado una dura caída durante el segundo trimestre: en concreto, su PIB se ha desmoronado un 8,2%.

Ciertamente, la caída de Suecia es bastante menos intensa que la de España, pero se prevé que sea similar a la de otros países nórdicos (por ejemplo, el PIB de Noruega descendió un 7,1% en los tres meses que transcurrieron desde marzo a mayo). En tal caso, Suecia habría sufrido muchas más muertes por el coronavirus sin ni siquiera tener el consuelo de haber salvado su economía. Pero, ¿cómo es posible que la economía sueca haya caído un 8,2% sin que su gobierno haya impuesto medidas de distanciamiento social? Parte de la explicación desde luego se debe al colapso del resto de economías mundiales: si todos tus socios comerciales se paran, tú también te paras. Pero esta exposición resulta incompleta, dado que, de ser válida, deberíamos observar caídas comparativamente más drásticas del PIB en Dinamarca, Finlandia o Noruega (países que no solo se habrían enfrentado al desmoronamiento de sus socios comerciales, sino a sus hibernaciones económicas internas). ¿Qué es, entonces, lo que ha sucedido?

Uno de los asuntos peor entendidos acerca de los efectos económicos de esta pandemia es que la caída del PIB viene provocada no principalmente por las medidas de distanciamiento social que los gobiernos han adoptado para combatir la propagación del patógeno, sino por la reacción espontánea de los ciudadanos para protegerse del mismo. Que un gobierno decida no tomar ninguna medida no significa que sus ciudadanos no vayan a reaccionar de ningún modo para minimizar el riesgo de contagiarse. ¿Y cómo pueden los ciudadanos reaccionar para minimizar el riesgo de contagio? Reduciendo por su cuenta el número de sus interacciones sociales diarias. Este distanciamiento social voluntario (ejercido por los ciudadanos y no forzado por el gobierno) también repercute negativamente sobre la economía por dos vías: reduce las actividades de producción social (por ejemplo, menor afluencia a centros de trabajo) y reduce las actividades de consumo social (por ejemplo, menor afluencia a bares o restaurantes).

En el siguiente gráfico podemos observar cuánto disminuyó la movilidad social de suecos, españoles y daneses desde mediados de marzo a finales de abril con respecto al mes de enero. Nuestro país fue el que más contrajo su movilidad hacia centros de ocio, supermercados, transporte público o centros de trabajo, por cuanto el confinamiento fue mucho más duro que en otras partes de Europa (y lo fue porque también se permitió inicialmente que el virus penetrara en nuestra sociedad con mucha más crudeza). Sin embargo, las diferencias de movilidad social entre Dinamarca y Suecia (la primera con medidas de distanciamiento social más estrictas que la segunda) son mucho menos acusadas, especialmente en lo relativo al uso de transportes públicos y a la asistencia a centros de trabajo.

Por consiguiente, que Suecia no decretara medidas de distanciamiento social no equivale a que los suecos no decidieran distanciarse socialmente para minimizar su riesgo de contagio. Y ese fuerte distanciamiento es el que ha hundido su PIB del segundo trimestre. Obviamente, el gobierno sueco podría haber forzado a que los ciudadanos se distanciaran todavía más de lo que ya lo hicieron y ello habría dañado a corto plazo a la economía en mayor medida. Pero existen al menos dos razones que podrían justificar la conveniencia de ese distanciamiento social adicional: primero, el número de vidas salvadas (ya hemos analizado la notable diferencia entre Suecia y sus vecinos nórdicos); segundo, si profundizando en el distanciamiento social se acelera el regreso a la normalidad, una mayor caída a corto plazo podría verse compensada por una subsiguiente recuperación más rápida (desde mediados de junio a finales de julio, por ejemplo, la movilidad social hacia centros de ocio es un 19% superior en Dinamarca de lo que lo era en enero, frente a solo un 1% en Suecia; asimismo, el uso del transporte público solo ha caído un 5% en Dinamarca, frente al 12% en Suecia).

Habrá que esperar varios trimestres hasta poder emitir un juicio definitivo sobre los resultados de la estrategia sueca pero, de momento, no resultan muy esperanzadores: más muertos y misma ruina que sus vecinos.