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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

Sus pensiones no son suyas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Una de las noticias estrella de esta semana ha sido la utilización del dinero del fondo de pensiones para comprar deuda del Estado. La excusa es, por supuesto, el espíritu de "arrimemos el hombro que nos la damos". Este "todos contra el fuego", que es la base de la cooperación y que en España tenemos tan a flor de piel, esta siendo mal utilizado para emplear el dinero de todos de manera, cuando menos, imprudente.

Los malditos especuladores son menos malditos

Algunos economistas que se definen a ellos mismos como críticos y enarbolan banderas de ultra izquierda, como lo es el movimiento de izquierda extrema y radical ATTAC, justifican esta actuación del gobierno. Me refiero a Eduardo Garzón, al que no hay que  confundir con su hermano Alberto, diputado del partido IU.

Con toda  tranquilidad, Eduardo Garzón explica en su blog que, lejos de estar mal, está fenomenal eso de concentrar la deuda comprada con pensiones. Ya que las pensiones que usted paga son invertidas por el gobierno sin que usted diga ni pío, pues qué mejor que hacerlo en deuda española. Cuenta con detalle cuál ha sido la variación en el destino del dinero de las pensiones: de diversificar en deuda de diferentes países hemos pasado a tener un 90% invertido en deuda del Estado español. Y claro, la idea es siempre salvífica: al comprar empujamos la prima de riesgo a la baja porque presionamos aumentando la demanda de títulos españoles, así que, el mercado nos favorece. Nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos.

Vamos, lo que toda la vida de Dios se ha llamado especulación y que tantos juicios condenatorios ha suscitado desde el comienzo de la crisis. Los especuladores al parecer eran los culpables de casi todo en España. Sin embargo, cuando quien especula lleva sello oficial, la cosa cambia.

Lo que de verdad está pasando

El artículo de Eduardo Garzón termina explicando que, incluso si España quiebra y esa deuda que hemos comprado con el dinero que habría de sostenernos de mayores no se devuelve, no pasa nada. Primero, porque dónde se ha visto que un Estado quiebre. Grecia, Argentina, etc., no deben ser ejemplos suficientes. La razón que aduce es “que siempre se le terminan ofreciendo facilidades para que ello no ocurra”. Muy convincente no es.

En segundo lugar, porque, en último caso, si no se puede devolver todo el dinero, se puede priorizar y devolver el montante de las pensiones antes que todo lo demás. Es decir, como si las instituciones financieras especialmente las que nos tienen que prestar, no establecieran cláusulas especificando que yo le presto pero usted me devuelve a mi el primero, y firme aquí con sangre que no sé si creerle o le presto a un precio prohibitivo.

Y esos son los argumentos de peso que explican que concentrar el riesgo es bueno.

Pero lo que de verdad está pasando es que el fruto del trabajo de los ciudadanos, que ellos creen que en un futuro ha de pagar su retiro, tras una vida de esfuerzo, se está invirtiendo en un activo de riesgo, como lo es la deuda española. Si no lo fuera no tendríamos los problemas que tenemos. Y, además, estamos concentrando en vez de diversificar el riego, como haría cualquier persona con dos dedos de frente.

Hay un tercer aspecto que resalta Daniel Lacalle y que se refiere específicamente a la deuda. Comprar deuda con el dinero de las pensiones es esconderla, es camuflarla bajo instituciones alfombra, como dice Daniel. Es como esos niños que no saben cómo escaquearse de comer lo que no les gusta y esconden la comida odiada bajo las patatas, en la servilleta y donde pueden. Eso no quiere decir que se han acabado el plato: lo han escondido. Pues de igual forma, el gobierno esconde la deuda que puede en las instituciones que no tienen más remedio que tragar: el fondo de pensiones, las entidades intervenidas…

El problema es el fondo del fondo

En el año 2006, el Instituto Juan de Mariana publicó su primer informe, dirigido por la actual vicepresidenta, Raquel Merino. Se llamaba “Una sociedad de propietarios” y proponía que los ciudadanos nos hiciéramos responsables de nuestra riqueza y nuestros ahorros para no depender del Estado, y menos en una edad en la que uno ya comienza a ser dependiente físicamente. Si encima dependes de la pensión que “el Estado te da”, empleando ese lenguaje envenenado que te hace parecer aún más desprovisto de todo, pues mucho peor.

El informe se preguntaba qué pasaría si cada cual gestionase sus ahorros privadamente de manera que pudiera invertirlos para tener una pensión, tan generada por él como la de ahora, pero sobre la que sí pudiera decidir. Los resultados eran rotundos: las pensiones serían casi el doble. Y a pesar de eso, hay cierta prevención hacia la autogestión de la riqueza individual como alternativa.

Sin ir tan lejos, cada vez que se oye alguna voz clamando por el sistema de capitalización, enseguida te saltan a la yugular con aquello de y qué pasa si hay una crisis, es que hay que dejar que la gente invierta mal y se venga abajo?

Bueno, pues la pregunta realmente es ¿hay que dejar que se invierta mal el dinero de la gente? ¿si lo hace el Estado, que debería crear el marco adecuado para que todos disfrutáramos de la riqueza que fuéramos capaces de generar, es menos malo?

En mi opinión, es mucho más sangrante. Hasta que no dejemos de confiar más en el Estado que en nosotros mismos seremos esclavos.

Ideas sueltas sobre ‘la marea blanca’

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

La sanidad no se vende pero los servicios sanitarios sí; un médico, una enfermera, un auxiliar o un celador cobran dinero por sus servicios. Y no precisamente lo justo para vivir.

El hospital universitario La Princesa aparece estos días con docenas de sábanas, cuyo fin debería ser el uso por parte de los pacientes, colgadas de las puertas y ventanas con garabatos pintados sobre ellas. Es el mejor ejemplo del respeto de algunos empleados públicos por el uso del dinero que el Estado extrae de los bolsillos de sus conciudadanos.

Al parecer para algunos las subidas de impuestos son legítimas y se tienen que acatar, pero la decisión sobre el cambio de modelo de gestión de unos hospitales no, y por tanto se pueden contestar cortando calles, encerrándose en edificios públicos y molestando a los usuarios de una sanidad cuyo coste están obligados a sufragar. En otras palabras, una parte de la sociedad cree sinceramente que la otra parte está obligada a mantenerla digan lo que digan las urnas… y la realidad.

La única forma de hacer accesible la sanidad a todos los ciudadanos es abaratando su coste. Y la única forma de abaratar el coste de algo es dejar actuar libremente a las personas para que, de la competencia y la especialización, surjan nuevas técnicas que aumenten la productividad.

Los argumentos más utilizados por los defensores de la sanidad pública es que las enfermedades crónicas son muy difíciles o imposibles de costear por un ciudadano medio. O que las Urgencias sólo aceptarían a pacientes después de revisar su cuenta corriente. Dejando a un lado la validez de estos argumentos, la primera pregunta que habría que hacerles es por qué defienden la sanidad pública, cuando solo tienen argumentos para defender la gratuidad de urgencias y tratamientos a enfermos crónicos.

Ocho de cada diez funcionarios que pueden elegir entre Muface y la seguridad social, escogen a la mutualidad, que le permite contratar un seguro médico privado. Solo con este dato cualquier manifestación de funcionarios en defensa de la sanidad pública queda totalmente desacreditada.

Nadie en la extrema izquierda va a entender este tipo de argumentos. Para ellos utilizar la lógica del mundo real no tiene sentido, porque el mundo al que aspiran es ajeno a la realidad. La sanidad debe ser gratuita y todos los que trabajan en ella deben ser los mejor preparados. Que eso sea posible o no les da bastante igual. Por supuesto, hasta en los experimentos más cutres como el que tuvo lugar en Sol hace año y medio se pudo ver que su mundo paralelo implosiona en cuestión de días, por lo que no hay que preocuparse mucho por intentar convencerles de nada.

La gestión privada de hospitales es solo un parche de urgencia ante la escasez de dinero. Sería mucho más lógico implantar la desgravación del 100% del coste de un seguro privado para todos los ciudadanos. De este modo serían los propios ciudadanos los que premiarían la buena gestión de las aseguradoras, y los socialistas y aprovechados de las batas blancas tendría más difícil inventarse conspiraciones, al ser los propios ciudadanos los que les dieran la espalda.

¿Por qué las pensiones públicas son inviables en España?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La tasa de natalidad en España es una de las más bajas del mundo. Actualmente se encuentra en 10,4 nacimientos por cada mil habitantes o, lo que es lo mismo en términos de fertilidad, 1,3 hijos por mujer, ocho puntos por debajo de la tasa de reposición. Si la natalidad no crece de manera significativa en los próximos años (y nada lleva a pensar que vaya a repuntar sino más bien lo contrario) la sociedad española será la que cuente con mayor número de ancianos de la Unión Europea en el año 2050. Sólo la mitad de la población (un 52%) se encontrará en edad activa, mientras que más de un tercio (un 36%) serán mayores de 65 años.  

Nuestro sistema de pensiones estatales no es un fondo, sino un modelo piramidal condenado a la quiebra tan pronto como la base de la pirámide (los jóvenes cotizantes que entran) se estrecha. Los negocios piramidales están expresamente prohibidos por las leyes, las mismas que se salta a la torera el Estado en lo referente a algo tan importante como las pensiones de jubilación.

El sistema, que es tremendamente injusto y debería ser ilegal, funciona sólo cuando acceden al mercado laboral nuevas y numerosas remesas de trabajadores. El dinero que aportan se dirige automáticamente a liquidar pagos en forma de pensiones en la parte alta de la pirámide. Esa es la razón por la que, a este sistema, se le conoce como “de reparto”. No existe capitalización, sino redistribución forzada de renta entre generaciones. El trabajador no acumula durante su vida laboral, se lo entrega al Estado y éste sólo devuelve parte, si es que alguna vez devuelve algo. Las normas las pone el propio organizador de la pirámide, de ahí que continuamente se estén endureciendo los requisitos para acceder a una pensión estatal.

Con las proyecciones demográficas actuales las pensiones estatales colapsarán en los próximos 25 años por falta de cotizantes y exceso de beneficiarios.

Thomas Szasz: La nueva psiquiatría libertaria

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Thomas Szasz: La nueva psiquiatría libertaria

Si le hablas a Dios, estás rezando; si te responde, tienes esquizofrenia.
T. Szasz

Este pasado 8 de septiembre falleció una de esas personas cuya falta de popularidad y nombre entre el público resulta bastante injustificada. Parte de esto podría deberse a un mensaje, el suyo, más que incómodo para no pocos poderes tanto formales como fácticos. Thomas Szasz, nacido en 1920 en Hungría, con apenas 18 años se trasladó a estudiar y vivir a EEUU, donde acabó estudiando medicina y especializándose en psiquiatría. Pronto destacó como un profundo crítico de la psiquiatría oficial.

Baste mencionar, para comprender su antagonismo con la psiquiatría dominante, que Szasz consideraba por ejemplo falsa la existencia de enfermedades de tipo mental. Tal es el argumento central de su obra El Mito de la Enfermedad Mental. Szazs afirmaba que el concepto de “enfermedad”, según la definición clásica-victoriana, sólo es aplicable a lesiones del cuerpo físico y sus órganos. A lo que uno replicará que el cerebro es, sin duda, también un órgano. Szasz no niega evidentemente esto, sino que puntualiza que las enfermedades del cerebro como órgano son estudiadas por la neurología. La psiquiatría, sin embargo, ocupada de la mente, no trataría de enfermedades en tanto la mente no es un órgano físico. Es decir, hablar de mente enferma sería para Szasz como hablar de una economía enferma; se trata meramente de metáforas lingüísticas. La psiquiatría estudiaría por tanto comportamientos, pero no enfermedades. Si uno acaba teniendo problemas de comportamiento por una enfermedad cerebral (intoxicaciones, infecciones, etc., cerebrales), esto pertenece por tanto a la neurología, no a la psiquiatría. Y si un día halláramos que todos los problemas mentales son enfermedades cerebrales, la psiquiatría desparecería en pos de la neurología. Como inequívocamente aclaraba Szasz, si un problema no puede observarse en una autopsia no es una enfermedad.

Son otros sin embargo los argumentos en los que Szasz fue más contracorriente. Basándose en sus profundas ideas libertarias e individualistas –de que uno es dueño absoluto de su cuerpo y mente-, Szasz fue un incansable crítico del uso del tratamiento en pacientes de forma coactiva, o dicho resumidamente de la hospitalización involuntaria. Forzar a alguien a ser hospitalizado o tratado contra su voluntad es mera y llanamente esclavitud, y todos somos y debemos ser libres en tanto no hayamos arrebatado antes la libertad a alguien (robando, matando, secuestrando, etc.). Exactamente Szasz consideraba la hospitalización involuntaria un crimen contra la humanidad. Así, en los 70 contribuyó a la fundación de la Asociación Americana por la Abolición de la Hospitalización Mental Involuntaria. Dentro de su lógica libertaria, defendía por supuesto el derecho al suicidio, que se cuidaba mucho de diferenciar de la eutanasia sancionada por el Estado. Nada menos que dos obras íntegras dedicó al tema: La prohibición del suicidio: La vergüenza de la medicina y Libertad Fatal: Ética y Política del suicidio. Ya saben, desconfíen del que se proclama liberal y está contra de la legalidad del suicidio (o eutanasia), pues será otro intervencionista-colectivista enmascarado. Y es que, por supuesto, Szasz fue un acérrimo enemigo del Estado. Siempre defendió, hasta el final de sus días, que la psiquiatría, y la medicina entera, debía separarse del Estado por las mismas razones que, parafraseando a Ayn Rand, debía separarse la Iglesia del Estado.

Esa invasión de la medicina por parte del Estado es para Szasz en no poca medida responsable de la desquiciante medicalización farmacológica de la sociedad actual. “En tanto la teocracia es el sistema de Dios y sus clérigos o la democracia el sistema de la mayoría, la farmocracia es el sistema de la medicina y los médicos”. Décadas después de esta cita, la fundación Life Extension recuperó felizmente el término farmocracia. La medicina en general, y la psiquiatría en particular, con prácticas en su historial como la lobotomización o la crítica de la masturbación, ha llegado según Szasz a convertirse en una nueva y perniciosa religión. A este propósito dedicó, entre otros, su libro Farmocracia: Medicina y Política en América.

Una de sus definiciones más características fue la acuñada en los años 60 de “Estado Terapéutico” para dar cuenta de la alianza del Gobierno o Estado con la psiquiatría. Para Szasz se trata de un sistema totalizante y prototalitario en el que se busca reprimir las acciones, pensamientos, ideas o emociones censuradas por el órgano político empleando la farmacología como brazo de implementación. La timidez, la ansiedad, la promiscuidad, la homo o bisexualidad, el tabaquismo, el uso de drogas que el órgano político-gubernamental etiqueta como ‘ilegales’, comer en exceso… deben ser, según la religión secular del Estado y la farmacología, tratadas y remediadas. Sin duda el gran libertario Murray Rothbard pecó hace 30 años de ingenuidad cuando en las páginas finales de su brillante obra La Ética de la Libertad aún dudaba de si se extendería por todo Occidente el puritanismo moral intervencionista ‘por nuestra salud’. En esta línea, hace pocos días veíamos cómo la ciudad de Nueva York prohibía la venta de refrescos gigantes. Quizás no falte tanto para que el Gobierno multe y sancione a quien se ponga enfermo, rediseñen el Impuesto sobre la Renta como Impuesto sobre Grado de Enfermedad, o directamente prohíban a uno morirse. No bebas, no fumes, no tengas relaciones sexuales, no comas demasiadas ni demasiadas pocas calorías, sé sociable sin caer en la excesiva extroversión… ¿A qué nos suena todo esto? Al terrible mundo feliz de Aldous Huxley donde somos máquinas y autómatas dirigidos por el órgano gubernamental de turno. Por supuesto no deberíamos fumar o beber demasiado alcohol si queremos estar sanos, pero estas cuestiones competen a los que nos dedicamos a la salud y a los ciudadanos libres de hacer, o no, caso, pero no al Gobierno que emplea la coacción y el palo de la ley a ciudadanos convertidos en siervos y lacayos. Como dice el libertario Ron Paul, si el Gobierno debe protegernos de nosotros mismos, absolutamente ya cualquier cosa imaginable le estará permitida a un Gobierno.

Y como no podía ser menos, Szasz abogaba por la legalización sin cortapisas de todas las drogas. Teniendo efectos nocivos para la salud muchas de ellas, la prohibición y la guerra contra las drogas no hace sino aumentar la tragedia y el perjuicio infligidos por éstas. El libre mercado, la libre competencia y la libertad de elegir del paciente y consumidor eran para Szasz parte de la receta, nunca mejor dicho, libertadora en el campo de los fármacos y las drogas. Y he aquí uno de sus libros más célebres: Nuestro derecho a las drogas.

Entre las decenas de premios recibidos en su vida, por ejemplo, fue nombrado en 1973 humanista del año por la Asociación Humanista Americana y doctor honoris causa por la Universidad Francisco Marroquín por su contribución a las ideas de la libertad.

Thomas Szasz es de esas personas que, si no existieran, habría que inventarlas. Nunca, sin embargo, nacerá un Szasz auspiciado por la industria farmacéutica ni por las subvenciones e intereses político-burocráticos. El mundo, nuestro mundo, necesita de muchos Szaszs. Que proclamen que la libertad es una e indivisible. Que no puede haber libertad intelectual y de mente si no la hay económica. Y viceversa.

La plaga de la humanidad es el miedo y el rechazo a la diversidad: el monoteísmo, la monarquía, la monogamia. La creencia de que sólo hay una manera correcta de vivir, sólo una forma de regular el derecho religioso, político, sexual, es la causa fundamental de la mayor amenaza para el ser humano: los miembros de su propia especie, empeñados en asegurar su salvación.
T. Szasz.

John Roberts y el Obamacare

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo ha hecho. Pero el tan esperado fallo tiene implicaciones que no son favorables a las tesis de Obama.

La reforma sanitaria es el gran proyecto demócrata desde el New Deal. Los intentos por socializar la sanidad se venían encontrando con una enconada oposición por parte de los profesionales y de la población en general. Luego esa oposición se fue difuminando, y demócratas y republicanos dieron en favorecer que la mano muerta del Estado gestione la salud de los estadounidenses.

Junto con las pensiones, la sanidad es el ámbito que permite una mayor expansión del Estado, por la carga burocrática que lleva aparejada y porque posibilita la injerencia en áreas muy íntimas de la persona.

Dos son los hitos de la sanidad pública norteamericana previos al Obamacare, ambos debidos a Lyndon Johnson: Medicaid, un programa que provee de servicios sanitarios básicos a las personas pobres –categoría en la que se contaría buena parte de la ciudadanía española (de mileuristas para abajo)–, en torno al 15 por ciento de la población, y Medicare, pensado para los mayores de 65 años, con independencia de su nivel de ingresos. Ahora bien, ambos programas, ampliados por presidentes como Richard Nixon o George W. Bush, dejaban un amplio margen al sector privado.

La reforma de Obama se propone, básicamente, dos objetivos. En primer lugar, cubrir con Medicaid a todos aquellos estadounidenses con un nivel de renta inferior al 138% de la línea de pobreza. Obamacare quería que los estados asumieran tal ampliación, y los amenazaba con retirarles los fondos federales destinados, precisamente, a Medicaid, si se negaban a ello.

El Tribunal Supremo ha declarado este propósito inconstitucional, por lo que tenía de coerción a los estados.

Pero el premio gordo de la reforma era el llamado "mandato individual". Hay una parte de la población norteamericana, en torno al 15%, que no está asegurada. Principalmente, se trata de gente con salarios relativamente bajos que prefiere ahorrarse el coste del seguro y, sobre todo, jóvenes o individuos con buen estado de salud. El mandato individual obliga a los norteamericanos a contratar un seguro médico; si no lo hacen, son sancionados económicamente.

La Administración Obama, con sus legiones de abogados y sus batallones de publicistas, aseguró que la reforma encajaba en la cláusula de comercio interestatal, que deja amplio margen de maniobra al Gobierno federal. Y negó hasta la extenuación que equivaliera a una subida de impuestos.

El mandato individual fue recurrido, y la Corte Suprema acaba de pronunciarse al respecto. Lo ha dado por bueno en una votación ajustadísima: cinco votos a cuatro.

Ha sido una resolución sorprendente, habida cuenta de que el alto tribunal es de mayoría conservadora por primera vez en muchas décadas y de que el voto decisivo ha sido el del presidente del mismo, el liberal-conservador John Roberts.

¿Qué ha pasado?

Es bien sabido que John Roberts admira a otro John que también fue presidente del Supremo: el juez Marshall, que estuvo al frente de la institución de 1801 a 1835. Suya fue la decisión más importante de la historia de la misma: el fallo Marbury vs. Madison.

John Adams, una chocante combinación de probidad moral y ventajismo político, ordenó que se llenara la judicatura de federalistas, partidarios de otorgar un gran poder al Gobierno central, justo antes de que la presidencia de la nación recayera en Thomas Jefferson. John Marshall era federalista. Era, de hecho, archienemigo de Jefferson. Los nombramientos de Adams fueron denunciados por el secretario de Estado, James Madison. Marshall dio la razón a la Administración Jefferson. Pero además tomó una decisión que sería decisiva para la ampliación del poder central: aprovechó las lagunas que deja la Constitución para declarar al propio Tribunal Supremo intérprete de la norma suprema del Estado.

John Roberts habría hecho lo mismo. Ha dado por bueno el mandato individual. Pero no ha validado el argumento jurídico de Obama, que buscaba el amparo del artículo de la Constitución que permite al Gobierno federal entender de los asuntos relacionados con el comercio interestatal. No, ha dicho Roberts. Permitir que el Congreso regulara incluso la inacción de la ciudadanía abriría las puertas al domino ilimitado de los poderes públicos sobre ésta.

El mandato individual, afirma Roberts, es un impuesto. Y como el Gobierno federal tiene amplios poderes para imponer tributos, se trata de una medida que encaja en la Constitución. Con la misma lógica, el Estado podría obligar a cualquier ciudadano a comer brócoli, tan sano, y penalizar a quienes no lo hicieran. Y quien dice el brócoli dice los coches eléctricos, tan ecológicos. Absurdo. Pero constitucional.

Roberts ha brindado, pues, una victoria pírrica a Obama, y puesto freno a la expansión del Estado. Y devuelto la pelota a la cancha político… en pleno año electoral: ahora Obama aparecerá como un gran recaudador de impuestos, por obra y gracia de su reforma sanitaria.

Por último, y como tercer aspecto de esta jugada maestra del juez, John Roberts habría salvado al Supremo de la acusación de actuar de modo partidista. Dado el carácter conservador de la institución, la izquierda estaba acumulando acusaciones contra ella. Pues bien, Roberts habría demostrado que actúa con independencia, y reforzado la independencia del alto tribunal.

Aún no sabemos qué consecuencias tendrá todo esto. La opinión pública cree que el Supremo ha actuado con parcialidad, pero no conservadora sino izquierdista. También los efectos electorales son aún inciertos. Sea como fuere, haber puesto coto al desarrollo de la cláusula del comercio interestatal es importante para la salvaguarda de la libertad de los estadounidenses.

De “gratis” nada

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

… bien a través del repago de servicios públicos bien mediante tasas y "céntimos sanitarios" de toda índole y condición, resulta de una hipocresía sublime el lenguaje maniqueo que emplean los políticos para seguir engañando a sus subordinados –el resto de la sociedad–. De aquella famosa frase socialista "el dinero público no es de nadie" hemos pasado ahora a la popular "la sanidad gratuita está garantizada" sin que sus respectivos autores se ruboricen lo más mínimo y, por tanto, pidan mil perdones ante lo aberrante de tal afirmación.

Y es que, ambas declaraciones constituyen una simple y pura mentira, un engaño masivo propio del desvirtuado lenguaje que acostumbra a emplear la clase política española. El dinero público tiene dueño, el contribuyente, cosa distinta es que su titularidad y legítimo uso haya sido expropiado de forma coactiva por el Estado vía "impuestos", mientra que la sanidad pública nunca fue, es ni será gratuita, más bien todo lo contrario. El sistema público de salud es enormemente costoso y, de hecho, muy caro si se compara con la provisión privada de este mismo servicio.

En concreto, el gasto público en Sanidad supera los 90.000 millones de euros, habiéndose más que duplicado a lo largo de la última década, lo cual supone un coste anual próximo a los 2.000 euros por habitante. Así pues, dicho servicio podrá ser muchas cosas pero, desde luego, no es "gratuito". Sanidad y educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas, consumen, precisamente, la mayor parte del gasto regional, y junto a las pensiones –cuyo coste supera los 100.000 millones al año– son los tres pilares básicos del llamado Estado del Bienestar.

De hecho, no es la primera vez, ni será la última, que este sistema sufre sustanciales cambios a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hasta 1999, este servicio se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), y desde entonces se sufraga vía presupuestos (impuestos), lo cual pone de manifiesto su quiebra técnica. Sin embargo, tales reformas no han servido para mantener el modelo en pie, de forma que el Ejecutivo se plantea ahora aplicar el copago. Esta medida no es nueva, ya existe en los fármacos y, muy posiblemente, se extenderá a la provisión de ciertos servicios médicos de forma progresiva, creciente y continuada a lo largo de los próximos años. De hecho, muchos contribuyentes que han optado por contratar un seguro privado sufren en sus bolsillos el pernicioso efecto del doble-pago, al tener que costear igualmente la sanidad pública independientemente de si la usan o no.

Además, a la reiterada falacia de la "gratuidad" se le suman otros dos calificativos muy habituales en boca de los políticos, "universal" y "de calidad", que por mucho que se repitan no dejan de ser también falsos. En primer lugar, no todo el mundo tiene acceso a todos los servicios públicos sanitarios, existen importantes limitaciones, de ahí la necesidad de contar con una tarjeta sanitaria y un número de la Seguridad Social. Por otro, pese a que muchos coinciden en que la sanidad española es una de las mejores del mundo, la realidad es bien distinta si se atiende a la calidad de ciertos servicios y, sobre todo, a las abultadas listas de espera en materia de consultas, realización de pruebas y operaciones.

Por desgracia, la revisión en profundidad que necesita el Estado del Bienestar español sigue sin plantearse. Todas las medidas propuestas van destinadas a mantener, al precio que sea preciso, la provisión pública de servicios, como la sanidad, la educación o las pensiones, que son ofertados por el sector privado de forma mucho más barata, eficiente y rentable para los usuarios, sin que ello importe lo más mínimo a los políticos. Así pues, tendremos sanidad "gratuita" por mucho tiempo. Vayan preparando sus bolsillos…

140.083 millones de razones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

…lo que equivale al 13,1 por ciento de toda la riqueza que produce el país entero a lo largo de un año. El dato tiene su importancia tratándose de unos organismos creados de forma artificial no para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, sino para usurpar competencias ajenas y formar un paisaje político en el que las aspiraciones nacionalistas tuvieran cabida constitucional.

¿Para qué sirve una comunidad autónoma? Evidentemente, para nada; para nada bueno, me refiero. Sólo para depredar la riqueza de los ciudadanos y exacerbar las contiendas con el resto de autonomías y el gobierno central, al objeto de que la nutridísima clase política periférica pueda justificar su provincianismo cateto de boina, chapela, barretina y mariscada.

El eje vertebrador de la política autonómica es el victimismo hacia un agravio ancestral, unas veces cometido por el Estado y otras por las provincias limítrofes, cuya solución histórica exige un esfuerzo económico cada vez mayor de los contribuyentes, los mismos a los que jamás se ha pedido opinión por esas supuestas traiciones de las que son objeto por parte de sus compatriotas.

Con las transferencias en educación y sanidad, decisión de Aznar por supuesto sin consultar a los usuarios, la ruina del sistema era sólo cuestión de tiempo. Ese momento ha llegado y la solución que se nos propone es pagar todavía más por unos servicios de los que somos rehenes todos los ciudadanos, porque la clase política se cuida mucho de no permitirnos elegir acerca de la forma de educar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud o garantizarnos el retiro.

El mal llamado "copago" -porque no se va a pagar a medias con otro y además se trata técnicamente de una nueva tasa autonómica -, es la última afrenta de una casta política que ha hundido el sistema sanitario y aún así se niega a renunciar a sus prebendas devolviendo la competencia al gobierno para su gestión de forma centralizada. Falta dinero para financiar la sanidad pública, pero en lugar de ahorrar 20.000 millones de euros agrupando compras, costes y suministros, los políticos han decidido mejor dejar todo como está y sacar esos millones adicionales del triste bolsillo de los contribuyentes.

Siempre ha habido razones más que suficientes para execrar el sistema autonómico. En el mismo momento de su creación, pero especialmente ahora que nos ha llevado a la ruina al país entero. Desde 2008, año en que comenzaron a hacerse patentes los efectos de la crisis, las comunidades autónomas han duplicado el volumen de su deuda pasando de 72.000 a 140.000 millones, un baldón infame que esmalta esta construcción sociopolítica tan española, cuya principal utilidad ha sido el servir de colocación para doce mil desocupados con carné de partido.

Ciento cuarenta mil millones de euros, veintitrés billones de pesetas, es el montante del pufo autonómico. ¿Le parecen a la ministra Mato pocas razones para oponerse al copago?

“Don’t worry. Yo controlo”

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

De entre todos los comentarios acerca del déficit del Estado en 2011, anunciado por Cristóbal Montoro el pasado miércoles, pocos han incidido en una de las cifras más preocupantes de las expuestas por el ministro de Hacienda. La Seguridad Social acabó 2011 con déficit. Es decir, tuvo que pagar más por prestaciones (fundamentalmente pensiones) de lo que cobró a través de las cotizaciones de los trabajadores españoles.

Se suponía que el sistema era solidísimo, que todavía quedaban "30 o 40 años" antes de que llegasen los problemas y que, precisamente para adelantarse a esas dificultades, los políticos cuidarían de nosotros, acometiendo las "reformas necesarias" para garantizar su "sostenibilidad". Los defensores del sistema dirán que el déficit fue ínfimo (un 0,09% del PIB, unos 900 millones de euros). En términos de contabilidad nacional puede que no sea una cifra muy elevada, pero ese 0,09% es una de las primeras señales evidentes de que lo que nos contaron era mentira. La columna sobre la que se sostiene todo el Estado del Bienestar está completamente carcomida.

Evidentemente, todos sabemos que en unos pocos años (posiblemente en 2013, si la cosa va medio bien) los números rojos de la Seguridad Social se convertirán en negros. En cuanto la situación económica mejore un poco y aumente el empleo, también lo harán las cotizaciones y los políticos españoles podrán volver a repetir la cantinela de su solidez. Lo sorprendente de ese 0,09% no es tanto la anécdota de que haya déficit como lo mal que casa esa cifra con el discurso oficial. Aunque nos dicen que el sistema es completamente sostenible y que, con los parámetros actuales, podría mantenerse sin problemas durante tres décadas más, ya sabemos que bastan tres o cuatro malos años (muy malos, eso es cierto) para destrozar todos estos argumentos.

Lo segundo que llama la atención es el papel de la famosa "hucha de las pensiones". Ésta es una de las imágenes más queridas por los socialistas de todos los partidos. La metáfora es preciosa: una caja rebosante de dinero que nuestros políticos van acumulando por nosotros para poder tirar de ella cuando las cosas vayan mal. Sin embargo, en cuanto la situación se ha puesto un poco complicada, todo este discurso también se ha venido abajo.

El año pasado, el Gobierno decretó una rebaja de las pensiones, dentro de las medidas de recorte del gasto público necesarias para reducir el déficit. Entonces, ¿para qué está la hucha? ¿Por qué no utilizarla para evitarle ese mal trago a los pensionistas? Pues, entre otras cosas, porque el 88% de la hucha de la Seguridad Social está invertido en ¡deuda pública española! Es decir, el Estado le debe al Estado el dinero que asegura guardar para el futuro de los pensionistas. Si un empresario tratara de hacer esta artimaña contable acabaría en la cárcel. Mientras, los políticos españoles nos aseguran que, aunque todo falle, los pensionistas pueden estar tranquilos. El absurdo es tan evidente que parece increíble que sigan mintiéndonos de forma tan descarada: “No os preocupéis", dicen, "aunque el Estado quiebre y no tenga dinero para pagar sus deudas, los pensionistas pueden estar tranquilos, siempre estará la hucha que hemos guardado para ellos… que está invertida en ese mismo Estado que no tiene fondos”.

La realidad es que tenemos un sistema de pensiones que está en constante bancarrota, pero nunca llegará a quebrar del todo. La lógica política –“El sistema es sostenible”- siempre podrá defenderse: suben la cantidad que pagan los trabajadores (cada vez cotizamos más dinero durante una vida activa más larga) y cada vez reciben menos (caen las pensiones y se retrasa la edad de jubilación).

Claro, así es muy fácil: “Te prometí que tendrías que pagar cien para recibir 200… y ahora te exijo que pagues 200 para recibir 100. El sistema es sostenible”. Nunca admitiríamos de ningún otro agente un trato semejante. Sin embargo, cuando se trata del Estado jugando con el dinero de nuestra jubilación, no sólo nos obligan a aceptarlo, sino que encima parece que haya que darles las gracias por cuidar de nosotros cuando somos viejos.

Porque lo que me pone más nervioso de todo esto no es la mentira que rodea el sistema; al fin y al cabo, si le dijeran a la gente la verdad, se les caería el chiringuito. Es lógico que quieran mantenerlo en pie el máximo tiempo posible. Lo que me fastidia realmente son algunos de los argumentos con los que defienden la situación. Es algo así como: “Si el Estado no recaudase las cotizaciones en tu nombre y se guardase más de un 30% de tu sueldo cada mes, tú no ahorrarías, te gastarías todo ese dinero y cuando fueses viejito, no tendrías para poder vivir. Por eso lo hacemos, porque sois muy irresponsables y no se os puede dejar solos”.

Y esto lo dicen (lo insinúan, más bien, porque decirlo abiertamente quedaría un poco mal) los mismos que se gastan mi dinero en aeropuertos vacíos, subvenciones absurdas, ciudades de la cultura o planes e… y llevan treinta años seguidos incurriendo en continuos déficit en las cuentas públicas (tuvieron un mínimo superávit durante tres ejercicios y lo celebraban como si fuera un portento sobrenatural).

Pensaba en todo esto el otro día, cuando me encontré con una gran cita de P. J. O’Rourke, un escritor americano maravillosamente mordaz: “Dar dinero y poder a un Gobierno es como darle a un adolescente alcohol y las llaves del coche”. Es difícil definir mejor la situación. El problema es que sabemos que ese quinceañero se ha bebido una botella de whisky, va haciendo eses a 180 km/h por la autopista con el coche que nos acabamos de comprar y tiene nuestra tarjeta de crédito, sin límite de gasto, en su bolsillo. Y lo peor no es eso, lo peor es que nos están mandado un whatsapp mientras conduce: “Tranki. Todo OK. Don´t worry. Yo controlo”.

¿Cómo conseguir el acceso universal a la salud?

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Ana Grabiela Rojas publica un interesante reportaje en El País sobre un hospital privado ‘low cost’, situado en la India, donde se opera a cientos de personas de patologías del corazón por apenas 1.400 euros o, en muchos casos, de forma gratuita.

Tal como se explica en el reportaje, su secreto es sencillo: utilizar la economía de escala para abaratar los costes al máximo. O dicho de otra manera: aprovechando la gran cantidad de pacientes a los que operan (30 al día venidos de todos los rincones de la India e incluso de otros países de Asia y África), pueden permitirse tener personal muy especializado que cobra por jornada de trabajo, y no por operación. 

Gracias a ello, muchas personas, para las que un coste más alto no permitiría acceder a este tipo de intervenciones, pueden mejorar e incluso salvar su vida. Todo ello sin renunciar a unos suculentos beneficios que permiten al hospital mejorar la calidad del servicio y planear expandirse con nuevos hospitales en la India.

Pese a ser un negocio privado que da beneficios, Devi Shetty (fundador del hospital) hace un declaración bastante curiosa: "El cuidado de la salud debe ser separado de la posición económica, es una cosa de dignidad. El acceso universal a la salud debería ser el objetivo de toda la civilización".

Y digo que es curiosa porque mucha gente piensa que tan noble declaración solo podría ser pronunciada por un defensor de un sistema público de sanidad, donde el beneficio esté supeditado al bienestar del paciente y el coste sea soportado por la sociedad.

Que la pronuncie el fundador de un hospital privado diseñado para abaratar costes y dar beneficios debe ser desconcertante para quien piense así, pero no tienen nada más que razonar durante unos minutos para salir de su desconcierto.

Y es que, por mucho que nos parezca mal, la sanidad tiene un coste; los médicos, las enfermeras y demás personal necesario para dar servicio tienen que cobrar un sueldo; hay que pagar a los proveedores de los materiales que se utilizan, la energía que se consume y los medicamentos que se dispensan.

Todos estos recursos son escasos, por lo tanto, tienen un valor que ha de ser satisfecho para poder hacerse con ellos.

El Estado puede asumir el coste de todos estos recursos siempre y cuando se pueda gravar a los ciudadanos con los suficientes impuestos como para sufragarlos, pero el problema de esta práctica es que se desincentiva la reducción de costes, ya que el usuario pierde la opción de comparar precios al haber un único proveedor del servicio (al que ya ha pagado por la fuerza). Asimismo, se ralentiza la innovación, ya que los cambios en cualquier administración centralizada son difíciles de realizar. Aun así, si la sociedad es lo suficientemente rica como para soportar estos inconvenientes, el sistema universal público puede sobrevivir durante cierto tiempo.

En cambio, en países como la India no se pueden permitir despilfarrar el dinero de sus ciudadanos en este tipo de sistemas, simplemente porque no tienen el dinero necesario para mantenerlo. Por lo tanto, cualquier persona sensata que quiera extender la sanidad a capas deprimidas de la sociedad tiene un único camino: abaratar los costes de tal manera que sea accesible a la mayor parte de la población (que los pacientes puedan pagar el tratamiento y que la sociedad pueda asumir pagárselo a los que no tienen recursos para ello).

Al fin y al cabo, ese es el camino que ha recorrido la humanidad para abastecerse de productos y servicios que hace apenas cien años estaban reservados a reyes; si podemos tener aire acondicionado en casa o viajar a casi cualquier punto del planeta, no es porque el Estado lo garantice con sistemas públicos, sino porque emprendedores como Devi Shetty han conseguido bajar el coste de estos servicios hasta tal punto que una mayoría de ciudadanos se los puede permitir.

Por lo tanto, para que la sanidad sea universal, dejemos que el mercado actué haciendo que los costes bajen. Un sistema digno es el que salva al mayor número de personas posible, no el que condena a la mayoría en nombre de la política.

¡Al ladrón!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que, tal y como aseveró el propio Jesús Caldera en el programa 59 segundos de la semana pasada, lo importante es que ningún partido o agente social ha puesto en cuestión el sistema público de pensiones. El modelo de reparto seguirá vigente en España y su evidente y estructural insostenibilidad será parcheada, una vez más, mediante una reforma destinada a retrasar la edad de jubilación y reducir progresivamente la cuantía de las futuras prestaciones. Es decir, trabajar más para cobrar menos. Éste, y no otro, es el resumen del debate sobre las pensiones, tan en boga en estos tiempos.

Y lo triste, por no decir, sorprendente, es que casi nadie ha levantado la voz contra el sistema vigente. Partidos, sindicatos y patronal han acordado extender en el tiempo este robo institucionalizado sin que ninguno denuncie la grave injusticia que supone su mantenimiento. La Seguridad Social se articula a través de un esquema de fraude piramidal –conocido como Ponzi en el argot financiero–, ya que su rentabilidad (cuantía y duración de las prestaciones) depende única y exclusivamente de la entrada de nuevos partícipes (cotizantes).

Lo más curioso del asunto es que el famoso financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido condenado a 150 años de cárcel por mantener durante años un fondo de inversión que funcionaba de forma idéntica: los dividendos que repartía Madoff no eran fruto de su especial talento para invertir en negocios seguros y prósperos sino de su habilidad para captar nuevos clientes mediante el engaño. En esencia, Madoff pagaba dividendos a sus clientes con el dinero aportado por otros clientes, de ahí, el delito de fraude.

El Estado hace lo mismo en el sistema público de pensiones sólo que, a diferencia de este delincuente, no se tiene que preocupar de buscar y cautivar a nuevas víctimas. Ley en mano, impone a trabajadores y empresarios la obligación de cotizar bajo amenaza de dura sanción y pena de cárcel. Lo tiene mucho más sencillo que el famoso Madoff. Por incomprensible que parezca, el Estado legitima y justifica un modelo de reparto que, a todas luces, es ilegal en caso de que sea ejercido por el sector privado –el escándalo de los sellos de Fórum y Afinsa es otro claro ejemplo de fraude piramidal–.

Sin embargo, las crisis demográfica y económica han destapado de forma visible a la opinión pública el gran engaño de las pensiones públicas. El progresivo envejecimiento de la población y la falta de cotizantes han obligado a adelantar una reforma que, tarde o temprano, estaba condenada a producirse. En el futuro, los españoles se jubilarán a los 70 años con una pensión hasta un 30% inferior a la actual. De hecho, los políticos no dudarán en subir los impuestos para mantener en pie el modelo en caso de que este tipo de medidas resulten insuficientes –que lo serán–.

¿Hay alternativa? Sí. Sus aspectos han sido analizados en estas mismas páginas. Lo primero que debe saber uno es cuánto paga realmente a Hacienda para percatarse del robo, y luego hacer cuentas y reflexionar acerca de cómo ir construyendo su particular pensión de oro gracias al interés compuesto, al margen del sistema público.

Desde luego, ningún partido o agente social le animará a ello. Y es que el objetivo de toda casta gubernamental radica en mantener en la mayor ignorancia e inopia posible a la masa de contribuyentes de la que se alimenta y engorda. El debate ha concluido, la reforma de las pensiones está en marcha, el sistema público se mantendrá. El Estado, por tanto, ha ganado esta pugna: nadie ha gritado ¡al ladrón! mientras se cometía el delito. Pues bien, ¡al ladrón!