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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

De fármacos, patentes y demagogia

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La imagen pública de la industria farmacéutica es pésima pese a que sus servicios y productos no sólo mejoran la calidad de vida de muchos millones de personas, sino que salvan vidas de otros tantos. El juicio que enfrenta a la farmacéutica Novartis y el Gobierno indio arroja luz sobre las razones que explican esta aparente contradicción. La demagogia anticapitalista puede ayudar a que en los próximos años se dispare el número de personas que mueran por falta de investigación y de medicinas.

El Glivec es un anticancerígeno desarrollado por Novartis y que se usa para tratar a enfermos de leucemia y otros tipos de cánceres, entre ellos algunos de escasa incidencia. Pese a que el 99% de los pacientes indios reciben este medicamento gratuitamente gracias a una donación que hace Novartis dentro de su programa de Responsabilidad Social Mundial, la empresa se ha visto obligada a demandar al Gobierno indio y a la Oficina de Patentes India por prohibirles registrar la mejora de este medicamento, ya que este país prohíbe patentar las mejoras sobre fármacos ya existentes si estas no aportan una innovación real. El juicio quedó visto para sentencia a finales de marzo.

En torno a este juicio se han generado dos líneas de opinión. Una la protagoniza el Gobierno indio, las ONG’s y otras asociaciones de su misma cuerda que entienden que de ganar la farmacéutica se producirá un efecto cascada y todas las empresas pedirán que se renueven sus patentes, en virtud de supuestas mejoras, lo que terminaría con los medicamentos “baratos”, es decir, los genéricos a los que acceden los pobres. El éxito mediático de este sentir es indiscutible y las opiniones que lo defienden imperan en los medios más generales. La otra se debe a la propia Novartis y en general todas las farmacéuticas que entienden que una decisión en contra provocaría una pérdida significativa en sus ingresos y beneficios, lo que repercutiría negativamente en las inversiones en investigación, en la productividad, en el empleo y en última instancia, en la vida de los enfermos, vivan o no en países del Tercer Mundo.

Ni la existencia de los medicamentos genéricos responde a una visión tan idealista como pretenden hacernos creer ni, si Novartis gana el juicio, provocará la desatención de millones de pobres en el mundo. Los medicamentos genéricos, es decir, los principios activos sin marca de comercialización, nacen por la presión de los Estados que ven el gasto farmacéutico como uno de los más elevados dentro de sus hipertrofiados sistemas de sanidad pública. Este gasto se incrementa año tras año pese a inútiles medidas estatales.

Un buen ejemplo de ello es la Ley del Medicamento cuya puesta en marcha ha generado incertidumbre en el los titulares de las farmacias y ha reducido el precio de varios miles de medicamentos con la repercusión consiguiente. Dicha ley supone el descenso de los precios de referencia de 4.200 medicamentos, lo que prevé un ahorro público de 640 millones, la misma cantidad que dejará de ganar la industria. Así pues, la mezquina excusa de que un genérico ayudará a los pobres del mundo aprovecha un buenismo cada vez más extendido y traslada parte del creciente déficit sanitario a las cuentas de resultados de las farmacéuticas, que se ven obligadas a vender estos medicamentos a los estados, uno de sus principales clientes, a precios mucho más bajos que los comercializados bajo marca. Cabe preguntarse si los precios de los medicamentos podrían ser más baratos de no existir estos productos y si las farmacéuticas tendrían más maniobra para investigar nuevos y más eficientes medicinas.

La mayoría de los medios que tratan el conflicto de Novartis y el Gobierno indio lo hacen desde el enfrentamiento entre el derecho a la salud pública de los ciudadanos de los países del Tercer Mundo y los beneficios de la farmacéutica. Semejante dislate enmascara una verdad más profunda, que la ineficacia de los sistemas de sanidad pública, la ineficacia estatal en definitiva, es responsable en última instancia de la mala asistencia a los pacientes y, en los casos más extremos, de su muerte. Insinuar, como hacen desde Médicos Sin Fronteras, que las 30.000 personas que, según sus cifras, mueren todos los días de enfermedades tratables lo hacen por no acceder a los medicamentos genéricos es en el mejor de los casos una simplificación de un problema y en el peor un engaño, una mentira.

Precisamente es en los países del Tercer Mundo –donde no se ha desarrollado un sistema capitalista, donde no existe libertad, donde no hay una sociedad estable– donde las bondades de la medicina moderna no pueden desarrollarse, ni en su variante privada, ni siquiera en la pública y no por su condición de pobres, sino por la existencia de factores que les hacen pobres, o mejor dicho, que no les permiten prosperar. La inexistencia de infraestructuras, una corrupción galopante, una sociedad quebrada en guerras y conflictos que duran décadas, una cultura más cerca de principios tribales que de los que ha hecho grande a Occidente no son las condiciones que mejor garantizan que un enfermo reciba un tratamiento, que se disponga de un servicio médico. Engañan las ONG’s, a sí mismas y a los que las tienen por veraces cronistas de la realidad, cuando anuncian que la existencia de medicamentos baratos solucionarán los males del Tercer Mundo. Esto no es una cuestión de dinero, de riqueza o pobreza, esto es una cuestión de libertad.

Las pensiones a Bolsa y el socialismo como fracaso

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Gobierno y agentes sociales (CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT) han decido que el estado ha de invertir el Fondo de Reserva de las pensiones en Bolsa. El Fondo de Reserva es el excedente destinado a las pensiones públicas del futuro, que actualmente representa unos 40.000 millones de euros en España.

Independientemente de los acuerdos que lleguen los políticos entre ellos mismos, que pueden ser de cualquier tipo y no tendría sentido ahora empezar a especular sobre qué pasará, podemos ver la medida como un claro fracaso del socialismo y del Estado del Bienestar.

El estado, y cada uno de sus gobiernos, han sido incapaces de guardar el dinero que nos han incautado por la fuerza y mucho menos revalorizarlo de una forma sostenible. Su solución ahora será copiar, curiosamente, el sistema del que querían que huyéramos: el libre mercado y el capitalismo. Se han dado cuenta que sólo el capitalismo es lo suficientemente eficiente como para generar beneficios netos para todos.

Aún así, el estado nunca aprende. Hacer burdas imitaciones de la eficiencia capitalista nunca funciona. Un ejemplo lo tenemos en Cataluña donde, a raíz de la nefasta gestión de la administración en el tema de la sanidad, la Generalitat decidió privatizar su gestión. La consecuencia es que ahora va peor que antes. La sanidad pública que no busca fines lucrativos ni se mueve en un entorno de competencia, así no puede ser sostenible en el tiempo.

La pregunta que a todos nos tendría que surgir ahora es: ¿por qué si incluso el gobierno se ha dado cuenta, y hasta los sindicatos, que la gestión capitalista es la única forma eficiente de gestionar los recursos, no privatiza totalmente las pensiones, o aún mejor, abole el sistema? Los planes de pensiones privados son gestionados por expertos en riesgo y mercados financieros, igual que lo que pretende hacer ahora el gobierno, pero además, los sistemas privados tienen enormes ventajas adicionales que dan continuidad al sistema.

Una de las más básicas es que si la entidad o producto no funciona, el cliente se va, sin mencionar las posibles denuncias que pueda recibir la empresa financiera. El estado no tiene este incentivo, le da igual hacerlo bien o mal, los súbditos no nos podemos desprendernos del estado ni exigirles nuestro dinero. Una entidad privada, además, ha de competir mejorando día a día, el estado no. Si algo no le funciona aplica una ley contra su competencia les sube los impuestos y problema resuelto. Una empresa privada ha de responder ante sus clientes e inversores. Esto le dificulta enormemente cualquier tipo de fraude o comportamiento poco moral. Al estado esta cuestión le es indiferente del todo. Cada día vemos en la prensa muestras de este comportamiento corrupto y antisocial. La empresa privada sólo piensa en el beneficio económico de todos, pues es la única forma de retener a los clientes e inversores. Al estado sólo le interesa mantener contentos a sus lobbies, grupos mediáticos y votantes; y para ello hace cualquier cosa.

La apertura y aportaciones a un plan de pensiones privado son voluntarias, término que no aparece en el diccionario del estado. Además, hay un plan de pensiones por cada tipo de inversor. Si usted visita cualquier entidad financiera le hará un pequeño test para ver su perfil inversor y según la edad que tenga le amoldarán al plan más oportuno. Encima le regalarán algo; todo lo contrario que hace el estado que sólo sabe incautar. Evidentemente, podrá traspasarlo a otra entidad sin que la primera le amenace con multarlo, perseguirlo o encerrarlo en la cárcel por llevarse su dinero. Tampoco le llamarán criminal por hacer lo que quiera con su dinero. El estado se lo repetirá una y otra vez.

El estado no tiene autoridad alguna a decidir cómo gestionar nuestro dinero, a decidir si hemos de guardarlo para el futuro, gastarlo ahora mismo o a imponernos un tipo de gestión determinada.

En el fondo, al estado no le importa en absoluto nuestro destino ni bienestar. De no ser así, no se habría gastado en el pasado nuestro dinero reservado a nuestra vejez en tanques, subvenciones al cine, a amigos suyos o a saber qué. Si una empresa pierde nuestro dinero, sabemos contra quién hemos de actuar judicialmente, pero cuando lo hace el estado no existe responsable alguno. Eso es lo que le convierte también en un funesto gestor, y por más que invierta el Fondo de Reserva en Bolsa, mercados OTC, derivados o donde le dé la gana, sólo conseguirá poner en continuo peligro nuestro dinero ganado con esfuerzo y trabajo, y por ende, hará peligrar nuestro bienestar. Para una muestra el presente: incluso invirtiéndolo en renta fija, pierde. Es que es el súmmum de la incompetencia e irresponsabilidad.

El socialismo ha fracasado, demos paso al libre mercado de una vez en lugar de hacer parches que sólo alarguen la agonía.

La paradoja de la regulación médica

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

En las últimas décadas se ha extendido la idea de que si existe una profesión en la que la regulación y codificación legal son imprescindibles para evitar graves consecuencias al cliente esa es la médica. Desde el tipo de tratamientos autorizados legalmente hasta la sanción penal de la mala praxis, pasando por la información que el médico puede dar al paciente, todo debe estar regulado por el estado para el bien de la salud de los individuos y de la sociedad en general. De lo contrario, ¿quién iba a defender los intereses del paciente? Después de todo, se dice, el médico sabe mucho más que el paciente sobre su estado de salud y sobre los tratamientos que podrían hacerle mejorar y, en consecuencia, nos encontramos ante un desequilibrio debido a una disparidad en la información; lo que la pedantería neoclásica denomina asimetría en la información. Vamos, que el médico estaría en una supuesta relación de superioridad que hay que corregir.

Debido a este tipo de argumentos simplones, la medicina se ha convertido en una actividad en la que la relación directa y contractual entre productor y consumidor ha sido reemplazada por una relación indirecta, condicionada y mediatizada por un tercer elemento, el aparato estatal, que impide los acuerdos libres en nombre de la supuesta defensa de la salud de los ciudadanos.

Debido al extremo intervencionismo de corte paternalista en el que se encuentra sumergido el mundo de la sanidad queda fuera del universo de los planteamientos "razonables" –incluso de los muchos liberales– que los propios pacientes, en su relación libre con los médicos, podrían encontrar fórmulas para defender sus intereses sin necesidad de que la actividad médica se vea encorsetada y paralizada por un sinfín de regulaciones. Sin embargo, si miramos hacia atrás comprobaremos que Papá estado no siempre ha estado ahí para decir cómo hay que ofrecer los servicios sanitarios y, para sorpresa de muchos, los intereses del paciente no parece que se hallaran desamparados.

De hecho, si nos remontamos a la antigua Grecia nos encontramos con una sociedad en la que la relación médico-paciente era completamente libre. Y sin embargo, en esta época en la que ni siquiera las responsabilidades del médico estaban codificadas por las leyes, existía un fuerte incentivo para ofrecer siempre el mejor servicio posible al cliente que buscaba un tratamiento. El principal incentivo para la existencia de prácticas médicas que protegieran el interés del paciente era la valoración que la población hacía del servicio de los médicos, una valoración que generalmente se realizaba en función del historial profesional. Hasta tal punto esto es así que Jacques Jouanna, en su obra Hipócrates, explica que el médico hipocrático corría el peligro de recibir unas penas mucho más duras que las sanciones legales que hemos conocido posteriormente: la censura social. En ausencia de regulaciones estatales, el médico que ofrecía un mal servicio quedaba marcado y, a su vez, este marcaje social incentivaba el esfuerzo de los médicos por ofrecer un tratamiento adecuado y minimizar los errores.

Es precisamente en este ambiente de libertad entre médico y paciente donde surge el famoso juramento hipocrático a través del cuál el médico se comprometía ante sus colegas a poner la salud del paciente en el centro de sus decisiones, a ayudar al enfermo evitando los daños intencionales, a no abusar de él y a mantener el secreto médico. Y es que la responsabilidad difícilmente surge en un ámbito que no sea el de las relaciones libres. El cumplimiento de este juramento en su práctica y cumplimiento diario otorgaba la reputación que permitía prosperar a un médico. Su incumplimiento, en cambio, suponía el descrédito social y la reprobación de la propia clase médica.

Qué lejos nos encontramos de aquellas relaciones libres en el marco de las cuales se resolvían los problemas de la medicina. Observando el caos actual de la sanidad pública uno se pregunta cómo hemos podido permitir que el estado desnaturalizara la relación médico-paciente para poner al médico a su servicio y al paciente a su merced. Que saludable resultaría un buen paseo en el que desandásemos parte del camino recorrido.

El PP no se entera

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero no por ello es menos importante el programa que el único partido de la oposición quiere presentar ante los votantes. ¿Es decepcionante? Mucho. Por comenzar por lo mejor, prevé la rebaja en un punto del IRPF y la progresiva desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones, uno de los más injustos. Pero a partir de ahí, vacila entre la nada y el despropósito.

Propone penas más duras para los delitos de corrupción, lo que es irrelevante. ¿Están acaso las cárceles llenas de alcaldes y concejales? Si quien se beneficia del poder arbitrario que tienen los responsables de urbanismo de los ayuntamientos sabe perfectamente que lo más que le puede ocurrir es que le sustituyan en el chiringuito, ¿qué más da si aumentan o disminuyen las penas? El problema está en que en última instancia dependa de la decisión de un pequeño grupo de personas el que un terreno se pueda utilizar para un uso ruinoso u otro que generaría enormes beneficios. Hacer política en el urbanismo es el problema. No se permite que sean los empresarios quienes decidan cuál es el uso más adecuado de cada parcela, sino que es el concejal de turno el que puede permitir o no un negocio millonario. Si el PP quiere acabar con la corrupción urbanística, que liberalice el suelo en sus comunidades autónomas, en la medida que le permita la terrible Ley Trujillo.

Por lo que se refiere a Sanidad, el PP propone mantener y profundizar en el sistema. La gente recurre a él para los aspectos en que aún es fiable, pero prefiere el sistema privado. Todos pagamos el sistema público, pero en cuanto podemos huimos de él, incluso haciendo un pago añadido para que nos traten en el privado. ¿No será mejor facilitarle a la gente lo que desea?

¿Qué decir de la educación? El PP lo tiene muy fácil. Sólo tiene que recoger el creciente interés de sus votantes por el cheque escolar. Las ventajas serían enormes. No sólo introduciríamos más competencia entre las escuelas, lo que mejoraría la calidad. Es que facilitaríamos a los padres la elección de la educación que quieren para sus hijos y que, salvo contadas excepciones, no tiene nada que ver con la Formación del Espíritu Progresista que nos quieren imponer desde Educación.

Me da la impresión de que hay algo que todavía no acaban de ver claro en el PP. Sus votantes quieren que se les permita decidir sobre ámbitos cada vez más amplios de sus propias vidas. Pero esta derecha se empeña en imponer sus valores desde el Estado, y en su torpeza acaba asumiendo e imponiendo los de la izquierda. Si acepta el sistema, se traiciona. Si lo transforma en una sociedad más liberal, en que la gente pueda tomar sus propias decisiones y tenga más sobre lo que decidir, no sólo nos hará un enorme favor, sino que ampliará la base de su electorado.

Riñones para la libertad

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad (Miguel Hernández)… “si nos dejan”, dirían algunos.

Me refiero, claro está, a la actual legislación española sobre trasplantes de órganos, que entre otras cosas requiere un diagnóstico de muerte cerebral previo a la extracción del órgano que vaya a ser trasplantado. Como sólo contamos con un corazón o un hígado, es obvio que tales órganos o se le extraen a un muerto o a un vivo a la fuerza; dejo las disquisiciones sobre el bizarrismo contractual a los interesados en ellas.

A pesar de que la ley se autoproclama respetuosa y promotora “de los principios de altruismo, solidaridad, gratuidad, información, consentimiento informado de los donantes vivos, comprobación de la no oposición de los fallecidos y finalidad terapéutica” se me ocurren al menos dos casos en los que, existiendo casi todos estos requisitos, formulados además por un ser vivo, no a posteriori por un fallecido, el trasplante de órganos está actualmente, e injustamente, restringido.

En 2003, había en España más de cuatro mil personas a la espera de un trasplante de riñón. A menudo, los pacientes de insuficiencia renal han de esperar hasta dos años para que aparezca –fallezca– un donante. Durante todo ese tiempo, deben someterse a la molesta y cara diálisis, bien en un centro hospitalario, bien en su domicilio. Al dolor se suma la angustia de no saber qué llegará antes, la señora de la guadaña o la operación.

En cambio, muchas de esas personas tienen parientes que estarían gustosos de donar uno de sus riñones de forma gratuita simplemente porque, aplicando un criterio puramente utilitarista, la dicha de ver al ser querido en buen estado de salud es mayor que la molestia de someterse a una operación quirúrgica. A esta razón podríamos sumarle otras de carácter iusnaturalista, la promoción de la vida, etc., e incluso remontarnos a Santo Tomás de Aquino y afirmar que la donación entre vivos de un órgano sin el cual el donante puede seguir viviendo pero que el receptor precisa para sobrevivir es sin duda alguna una elección plenamente razonable.

Incluso en el caso del trasplante de córnea, ¿qué hay de malo en pensar que antes de que mi marido se quede ciego, prefiero que ambos seamos tuertos? Además de los beneficios evidentes de poder seguir mirándonos a la cara –algún cínico diría que eso es peor; mi romanticismo me lleva a pensar lo contrario– la tecnología actual minimiza en grado sumo el impacto estético que una operación así conlleva. Supongo que un médico añadiría más casos en los que un vivo puede donar un órgano o parte de él a otro, y sobre los que existe un vacío legal, cuando no prohibición expresa.

En contraste con los EEUU, donde casi la mitad de los trasplantes renales se realizan entre vivos, en España esta cifra sólo llega al 5%, y el número de hospitales en los que es posible para un vivo donar un riñón a otro se cuenta con los dedos de una mano. Según me cuentan fuentes médicas que prefieren permanecer en el anonimato, la actitud de la administración hacia los trasplantes entre vivos es, por decirlo suavemente, desalentadora, a pesar de que un riñón donado por un pariente vivo es más seguro y duradero que el de un muerto, y la operación mucho más barata que un largo tratamiento de diálisis, por no mencionar los beneficios psicológicos para el paciente. No me extraña que la proporción de donantes americanos muertos sea menor que la de españoles. Simplemente ellos prefieren hacerlo mientras están vivos –otra evidencia de lo falaz que resulta comparar el supuesto materialismo, egoísmo y todo lo demás de los maléficos gringos con la solidaridad hispana.

No deseo parecer demagógico, pero la próxima vez que se enteren de que alguien en la India o América Latina ha sido asesinado para así extraerle un riñón, probablemente por alguna mafia que se lo vende a un occidental, piensen si podríamos establecer algún tipo de relación entre esta muerte innecesaria y las restricciones que muchos países europeos imponen a los trasplantes entre vivos. Esto abre la puerta a la discusión sobre la comercialización de los trasplantes, el llamado tráfico de órganos que tanto escándalo causa a algunos críticos de esta institución. A ellos les preguntaría: ¿qué prefieren, un indio asesinado o un indio vivo y con el estómago lleno?

Talante intolerante

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico están el escepticismo (la duda) y el análisis crítico; un componente esencial de la libertad es la tolerancia, especialmente hacia lo que dicen los demás. Caldera no es ni un intelectual ni un liberal y se nota: no tolera la duda, ni siquiera la más pequeña.

Las pensiones ya están en quiebra porque no existe un fondo de activos productivos para pagar a los actuales cotizantes. Lo que hay en el sistema actual de reparto es la promesa informal de que si se dejan confiscar ahora parte de su riqueza (para entregársela a los pensionistas de hoy), en el futuro el gobierno confiscará la riqueza de otros para dársela a ellos (salvo que a los políticos les resulte electoralmente rentable cambiar de opinión o sea imposible cumplir su compromiso).

Las pensiones públicas son inestables y su final promete ser catastrófico: el sistema no tiene grandes problemas cuando aún es posible modificarlo (cuando hay muchos cotizantes y pocos pensionistas), y es políticamente muy difícil cambiarlo conforme se aproxima el desastre (cuando hay muchos pensionistas y trabajadores a punto de serlo que no quieren reformas dolorosas, y pocos cotizantes lejos de la jubilación, que es el futuro de la población de España cuando se difumine el efecto transitorio de los inmigrantes).

Tal vez Caldera tenga razón: no hay que dudar sobre la viabilidad futura de las pensiones estatales, pero porque podemos estar plenamente seguros de que son insostenibles. Si alguien insiste en dar plenas garantías tenemos buenas razones para sospechar que se trata de un intento de ocultar un sistema fraudulento (en este caso una estafa piramidal). Y es que el problema principal del sistema de reparto es que viola el derecho de propiedad y no es ético, además de insostenible.

Obviar al Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El sistema económico en ocasiones es más justiciero que Harry el Sucio, y lleva al desastre a quienes no respetan sus principios, que no son otros que los de la justicia. Y la Seguridad Social quebrará, porque cada vez vivimos más años y proporcionalmente habrá menos gente obligada a soportar el sistema.

Esto se sabe de antiguo, y los economistas juegan con sus modelos sólo para predecir cuándo llegará el desastre. Uno de estos expertos es David Taguas, más desconocido incluso que su antecesor como director de la oficina económica del presidente, Miguel Sebastián, y que haciendo sus cuentas considera que la seguridad social empezará a acumular números rojos a partir del 2015 a más tardar. Y para evitar que se adelante la quiebra propone varias medidas que se pueden resumir en contribuir durante más años y cobrar menos. Como dice Jorge Valín, nos han mentido, y lo más a que pueden aspirar es a mostrárnoslo poco a poco.

No podemos confiar en que elegiremos unos políticos que no nos mientan en este asunto, porque la gran mayoría castigaría la verdad en las urnas, las cosas como son, y a los gobernantes les vale con que a ellos no les caiga la crisis social encima. El que venga detrás, que arree. De modo que lo que nos queda por hacer, aquí como en tantas otras cosas, es sencillamente pasar del Estado. ¿Qué no podemos dejar de contribuir a la seguridad social? Al menos lo que sí podemos hacer es ir creando con constancia y buen juicio nuestro propio patrimonio.

Hace tres meses, el Instituto Juan de Mariana publicó un feracísimo informe que mostraba que una familia podía asegurarse una renta más de adecuada en el curso de una generación. La exposición es sencilla: "la rentabilidad media de la Bolsa de Madrid que en las últimas décadas ha estado en torno al 10 por ciento. Si a ello le restamos tres puntos de inflación previsible, la rentabilidad real media rondaría el 7 por ciento". Se plantea el caso de que una familia haga una aportación inicial de 4.200 euros, que se aumentaría anualmente en un 4 por ciento. En 30 años y con un interés real del 7 por ciento acumularía un capital de 613.000 euros que le otorgaría una renta de 42.900 euros anuales. Es sólo un supuesto, y las posibilidades son enormes, pero da una idea del enorme poder que tiene el capitalismo y de lo que nos conviene participar de él no sólo como trabajadores.

En educación o sanidad ya nos estamos desenganchando de lo público, porque el fraude es inmediato, pero las pensiones son una promesa que para muchos ya está rota, aunque no lo sepan simplemente porque no ha llegado la hora de reconocerlo.

Otra suspensión de pagos encubierta

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

"Que no deje de pagar nadie", nos dice, "porque este acto solidario es lo que permite financiar la música y garantizar que cuando sean mayorcitos tengan todos una silla en la que sentarse". El incentivo del garrote es más potente que el de la demagogia, y todos pagamos a pesar de que más de uno protesta entre murmullos que por qué demonios no puede pagarse cada uno su música y su silla. Después de todo, cada uno se busca la vida para pagarse el pan y el agua.

Hasta aquí todo suena a siniestra coacción, pero real como las pensiones mismas. Lo que sigue entra de lleno en el mundo del timo profesional. Caldera sabe que cada vez son más los que se tienen que sentar y menos los que pagan por bailar. Y como el dinero se lo pule a medida que lo recauda en comprar sillas de pésima calidad a precios desorbitados para quienes ya no están en edad de bailar a su son, el ministro no puede quedarse de brazos cruzados. Una de dos, o bien reconoce públicamente que el jueguito "solidario" de las sillitas es un timo y que a partir de ahora cada ciudadano tiene que ahorrar para procurarse una silla cuando la necesite, o continúa como responsable de la farsa para lo cual no le queda más remedio que retirar sigilosamente alguna silla, de manera que un grupo minoritario se quede con el culo al aire cuando se pare la música. Así es como se suceden las suspensiones de pagos encubiertas del sistema público de pensiones. La última se consumó el pasado viernes cuando el asocial ministro anunció la elevación a quince años del período de cotización mínimo en el platito del baile para acceder a una silla, digo, a una pensión.

La clave para que el fraude pueda continuar el máximo tiempo posible, y así el señor ministro pueda seguir cobrando su suculento sueldo, es que las suspensiones de pagos sean continuadas pero parciales, de modo que el grupo sobre el que se haya consumado la estafa sea siempre una minoría cuyos gritos no se puedan escuchar ni en Moncloa ni en el pirulí. El aumento de los años mínimos de participación en el sistema fraudulento seguirá incrementándose para todos. ¿Qué digo? Para todos excepto la clase política que se ha autodeclarado casta privilegiada con derecho a cobrar una pensión vitalicia por el simple hecho de calentar el escaño que pagamos los contribuyentes. Pero no se asusten ustedes porque aunque es cierto que este es un timo que convierte al de los sellos en una broma ligera, Caldera anunció que el estado ha añadido 4.000 millones de euros al colchón de seguridad al que llaman fondo de reserva. Ahora podemos bailar felices y tranquilos, ya tienen dinero para garantizar su fraterna promesa, al menos durante ocho meses.

La mano que mece la Bolsa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En efecto, las pensiones que se pagan en este momento a los jubilados no son rentas de un capital acumulado tras años de trabajar y ahorrar, sino que proceden de los bolsillos de quienes en estos momentos están cotizando. Como en el caso de los sellos, el sistema es inviable a largo plazo. A los políticos les da igual, porque su horizonte temporal no va más allá de las próximas elecciones, pero nuestro sistema de pensiones quebrará antes o después, en algún momento más allá de 2020.

Pero esta es una época de bonanza para esta estafa obligatoria y generalizada. En diez años hemos pasado de doce a veinte millones los cotizantes en el sistema, lo que ha provocado en los últimos tiempos que se pueda acumular un superávit moderado, aunque cuantitativamente muy grande. A finales de 2007 rondará los 50.000 millones de euros.

El Gobierno se está planteando invertir al menos parte de ese fondo en Bolsa, para obtener cierta rentabilidad al sistema. Sería algo así como una capitalización mínima del sistema de reparto. Pero si se considera que es positivo, ¿por qué limitarse a una pequeña parte de lo que dedicamos a las pensiones y no capitalizar todo el sistema? La experiencia chilena es abrumadoramente exitosa.

Si finalmente cumple sus amenazas de llevar a la Bolsa el fondo de reserva, tendremos un grave problema, porque el poder que tendría el Gobierno sobre el mercado sería muy amplio. Con 50.000 millones se puede comprar Endesa a 48 euros por título. Por supuesto, la gestión del fondo se adjudicará en concurso público, cabe pensar, a algún gestor profesional, que en principio sólo se guiaría por el buen manejo de los fondos allegados de la Seguridad Social. Pero la sospecha no le abandonará nunca.

Le mintieron: su futuro no está asegurado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno parece haberse dado cuenta ahora de que cada vez se está jubilando más gente, y que para el 2050 el gasto en pensiones se va a duplicar. Recordemos que las pensiones no se financian con el dinero que usted y su empresa pagaron en su momento –el Estado se lo gastó en otras cosas tan útiles como tanques, subvenciones al cine y cosas por el estilo–, sino que las actuales pensiones las están financiando los jóvenes de ahora. Así, en la actualidad, cada 10 ocupados están manteniendo a 2,4 jubilados, pero en 2050 los 10 trabajadores van a mantener a 6,5. Es cierto que el Gobierno tiene un fondo de reserva que se guarda para cuando las cosas vayan mal, pero éste sólo duraría, a día de hoy, ocho meses.

Además de la nefasta gestión del Gobierno hemos de añadir que siempre surgen imprevistos. Por ejemplo, recientemente el aumento del IPC obligó a la Seguridad Social a hacer un desembolso adicional para cubrir el pago de las pensiones. ¿Y cuáles son las soluciones del Estado? Aumentar la edad de jubilación, la manipulación de la deuda, el aumento la inmigración y las subidas de impuestos. Examinemos cada una de ellas en detalle.

  1. Aunque no se ha propuesto formalmente, hace tiempo que aumentar la edad de jubilación planea en la mente de los políticos. Sólo hay un problema, y es que el 45% de los trabajadores no llegan a la edad legal de jubilación (65 años). El Gobierno ya puede poner la edad de jubilación a los 90 años si quiere, que la medida no servirá de nada porque la tendencia del mercado es la opuesta: jubilar lo antes posible. Por otra parte, también es éticamente inaceptable que, por culpa de la nefasta e irresponsable gestión del Gobierno, tengamos que ser nosotros quienes paguemos sus consecuencias trabajando más. Si esto lo hiciese una empresa privada ya habría cerrado y todos sus directivos estarían en la cárcel; los políticos, en cambio, se suben el sueldo año tras año.

  2. Como el mismo Solbes ha apuntado, uno de los objetivos del gobierno ZP es sanear las cuentas del Estado. ¿Es que los socialistas se han vuelto unos puristas de la gestión pública? No, simplemente se las ven venir. La idea radica en rebajar la actual deuda estatal para volverla a aumentar en unos años y hacer frente así al incremento de las pensiones. Esto no nos permitirá bajar los impuestos ni a corto ni a largo plazo, ya que el gobierno ha destinado parte del potencial superávit a otros gastos adicionales. El aumento de la deuda en el futuro se traduce necesariamente en más impuestos posteriores.

  3. Una de las formas para aumentar la recaudación es que trabaje más gente. La chapuza cortoplacista del Gobierno consiste en hacer entrar a más extranjeros legales para así aplazar el problema de las pensiones a los burócratas del futuro. Como puede ver, es algo propio de grandes estadistas. El problema es que muchos inmigrantes se están dando cuenta de las "grandezas" del Estado del Bienestar y evidentemente optan por cobrar la subvención de turno y trabajar en la economía sumergida. Las excusas del gobierno de crear una "inmigración legal y ordenada" no son más que un acto desesperado para corregir el negro futuro de las cuentas públicas.

  4. Es evidente que las cuentas macroeconómicas de España están pasando por un buen momento, pero muchos indicadores nos están alertando que podría venir una época no tan próspera. Si ahora que macroeconómicamente vamos bien el Estado no es capaz de ahorrar lo necesario, el futuro se podría volver un problema serio. La única solución es aumentar impuestos, lo que de hecho no sería más que una continuación del actual incremento de la presión fiscal.

Es evidente que el Estado no sólo nos tiene como clientes cautivos de su insolvente sistema de pensiones, sino que cuando lo arruina por su negligencia e ineficiencia nos hace pagar a nosotros las consecuencias con más impuestos, reestructurando la sociedad, hipotecando el futuro de nuestros hijos y queriéndonos obligar a trabajar más.

Otros países como Chile, Polonia, Bulgaria o Hungría han optado por la privatización de los planes de pensiones públicos con gran éxito; sin duda sería la mejor medida, pero como la incompetencia y populismo priman en nuestros políticos ansiosos de poder, la mejor solución va a pasar por abrirse planes de pensiones privados donde, al menos, contribuimos si queremos, y para nuestro futuro y no el de otros.