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Reflexiones sobre la democracia: la enésima elección de nuestras vidas

Escrito por Eduardo Blasco en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Reflexiones sobre la democracia: la enésima elección de nuestras vidas

El Gobierno es un intermediario en el saqueo y cada elección es una suerte de subasta anticipada de bienes robados. H. L. Mencken.

La democracia es una farsa. Existe un endiosamiento de esta, por lo que es necesario criticarla. Para empezar, la verdad, y por tanto lo correcto, no se alcanza por mayoría simple, absoluta o cualificada. Esta afirmación que estimamos cierta en cualquier otro ámbito de nuestras vidas, como en la ciencia, se vuelve controvertida cuando se refiere a la política. Todo sistema de gobierno no es más que un sistema de asignación de los recursos escasos necesarios para vivir. El capitalismo defiende que los recursos escasos se deben de asignar según normas de apropiación original y transferencia de títulos de propiedad. Para el socialismo está asignación tiene que ser planificada centralmente por un Gobierno capaz de repartir según las necesidades de cada individuo. La democracia, por otro lado, es la distribución de esos recursos según la voluntad de la mayoría.

La democracia está injustificada. Nada hace que el resultado mayoritario de un voto esté justificado y pueda sobrepasar cualquier derecho previamente adquirido sobre la propiedad de un bien. Pero así pasa con la democracia. La propiedad privada cesa de existir y nos encontramos ante propiedad fiduciaria, propiedad que la mayoría —entendida como el agregado a través de mecanismos imperfectos de transmisión de valoraciones como las elecciones o referéndums— posee y permite el uso y disfrute a cada individuo pudiéndole negar ese derecho en cualquier momento. Este sistema de distribución de bienes sería admisible si sus integrantes lo hubieran aceptado. Pero este no es el caso. No existe ningún contrato explícito, implícito o hipotético de aceptación de la democracia. Cualquiera puede justificar la inexistencia del contrato explícito, nadie ha firmado nunca nada. Tampoco existe un contrato implícito, por el mero hecho de residir en un área geográfica, o hipotético, por no poder responder, porque este contrato podría ser fácilmente explicitable —en la siguiente declaración de la renta el Estado nos puede preguntar si preferimos no pagar impuestos y no utilizar ninguno de los servicios del Estado salvo los ya devengados— y aún así, una acción tan sencilla que tanto legitimaría se omite. Porque nadie en su sano juicio firmaría un contrato que te despoja de todo derecho y los convierte en dependientes del contexto. Un día puedes estar trabajando por 100 unidades monetarias al mes y al día siguiente perder tu trabajo porque la mayoría ha decidido que tú no puedes ofrecer tus servicios por menos de 200 unidades monetarias, aunque tu trabajo no se pague tan alto en el mercado y eso implique el desempleo para ti.

La democracia pretende ser una religión. Ninguna institución del ámbito público está tan venerada como la democracia, hasta el punto de asemejarse e intentar sustituir a las religiones. Esto se debe a la capacidad legitimadora de las democracias y el aprovechamiento que hacen de esta las élites demócratas, políticos, periodistas de medios subvencionados y plutócratas, para justificar su expolio a los ciudadanos. Nos hacen creer que todos formamos parte de la democracia, y hasta cierta medida esto es cierto, solo que unos lo hacen como opresores —aquellos capaces de financiar sus vidas mediante lo que Franz Oppenheimer llamaba los medios políticos en The State— y los oprimidos, aquellos que se financian enteramente mediante medios económicos y son saqueados por los otros. Es decir, existe una desigualdad intrínseca ante la ley entre la ley privada y la pública, que permite realizar impunemente acciones que de hacerlas un particular serían consideradas delitos. Una de las mayores hazañas de la democracia ha sido difuminar las líneas entre ambos grupos y dar pellizquitos del botín a muchos para que en ellos nazca un agradecimiento al sistema al ser incapaces de ver más allá, y de que cualquier bien que el Estado reparta ha tenido que ser robado con anterioridad y en mayor medida ya que en el camino del bolsillo del generador de la riqueza al del que la recibe y disfruta hay un camino de funcionarios y políticos los cuales todos se tienen que llevar su parte.

La democracia carece de sentido. Poca gente diría que es aceptable que Fulano y Mengano apaleen y roben a Zutano por el hecho de haberlo votado y obtenido dos votos a favor y uno en contra. Pero algo así sucede con la democracia. Si son dos a uno parece estar más claro que las acciones de Fulano y Mengano eran ilegítimas, pero la línea se vuelve difusa cuando son cien mil o un millón a favor de expoliar a Zutano y solo él en contra. Si estos cien mil están en un partido, esto se considera un sistema unipartidista y autoritario. Pero si están en dos, es completamente legítimo independientemente de la decisión que tomen. ¿Cómo puede ser que la diferencia de una a dos opciones en la papeleta completamente legitime un sistema? En el mismo sistema puedes obtener dos resultados —según entienden los votantes— completamente diferentes: Trump o Biden. Y todo esto se hace secretamente y te dicen que así expresas tu opinión. Además, si aceptamos el principio democrático como base de un sistema nos encontramos ciertas contradicciones. Primero, que se debería poder terminar con el sistema democráticamente, por lo que no puede servir como base algo que acepta su contradicción. Segundo, que, de ser correcto el principio democrático y que todo lo decidido mayoritariamente es correcto, deberíamos someter todo a votación por mayoría global porque será necesariamente una mejor decisión y por tanto establecer un Gobierno mundial, de mantenerse democracias divididas estamos haciendo una separación arbitraria y si aceptamos esto, debemos de poder aceptar separaciones arbitrarias indefinidas hasta llegar al individuo, la minoría más pequeña. Y tercero, si utilizamos un sistema arbitrario de división que no permita la secesión del individuo, tenemos que hacer un juicio de valores y poner otro principio por encima del democrático, por lo que este seria independiente del otro.

La democracia mata. Los peores son más propensos a llegar al poder. Son más capaces de hacer cualquier cosa para obtenerlo. Y una vez en él, tienes el monopolio de la fuerza, lo que te permite empezar guerras absurdas o entrar en las de otro como proyecto de vanidad por tu psicopatía, para justificar un incremento de impuestos o para presumir delante de los otros líderes mundiales. Una vez en el poder, existe poca rendición de cuentas y los procesos para expulsar al líder de turno son difíciles de seguir con éxito. El líder, una vez en el poder, no arriesga nada llevando a sus hombres a la guerra mientras él reside en el palacio presidencial. Actúa como un agente a cargo temporalmente de unos bienes y personas, pero no tiene ningún incentivo para cuidarlos, sino todo lo contrario, para aprovecharse tanto como pueda de estos. No se juega la piel por las decisiones que toma.

La democracia inciviliza. Las democracias se expanden abarcando cada vez más de nuestras vidas. En cada elección cada vez hay más en juego. Por eso cada vez nos dicen que esa elección en la elección de nuestras vidas. Cada vez quien se hace con el poder se hace con más poder. Aunque no todo ese poder reside en cargos políticos, gran parte de esta capacidad de conseguir objetivos se encuentra a manos funcionarios, quienes pueden estar más agradecidos con un partido u otro por subirles el sueldo, pensiones o conseguirles la plaza. Esto supone una sociedad bajo un proceso constante de polarización debido a que un gobierno puede hacer a un miembro productivo perder poco o mucho y a uno no productivo ganar poco o mucho. Debido a que la producción privada se sigue permitiendo, mayores desigualdades emergerán por lo que se impondrán cada vez más impuestos para igualar las partes. Habrá una menor inversión de uno mismo y una mayor preferencia temporal, por lo que lo que gana más gente recurrirá a la política y pasarán a ser dependientes de esta y de la redistribución de recursos que se realice. Además, la democracia es más vulnerable a prejuicios y populismos. El coste de tener prejuicios es marginalmente cero por la probabilidad de que tu voto decida una elección. En el mercado se te penaliza por actuar de una manera ilógica, en la democracia no. Y el populismo es intrínseco a cualquier democracia; para llegar al poder tienes que ser elegido y este es el principal objetivo de cualquier político, no cumplir esta o aquella promesa.

La democracia es un bien privado y un mal público. Existen pocos incentivos para informarse debido a que un voto importa poco o nada. Algunos preferirán la satisfacción moral que sienten por votar a una u otra opción antes que el bienestar que pueden dejar de recibir por otro lado. Si alguien se gasta más de mil euros por un móvil que le durará 2 años, ¿por qué no iba a gastar v.g. 500 euros por el sentimiento que le durará cuatro años de que ha votado lo correcto y poder decirlo en cada oportunidad que se le aparezca? Los perjudicados de la democracia somos todos, pero no lo suficiente como para informarnos correctamente. Pero los beneficiados ganan mucho, por lo que tienen un gran interés en mentirnos para conseguir nuestros votos. Además, en una democracia, los menos productivos votarán a favor de repartir la riqueza de los que más lo sean, castigando así la productividad y resultando en una riqueza menor de la que se podría haber obtenido de otra forma.

La democracia es una herramienta socialista. Votar implica sentarse delante de una mesa electoral e imaginar cómo sería el Estado regido por tu partido, es un ejercicio totalitario. Asume que tienes la capacidad de planificar centralmente todo un país y que conoces los suficiente de las suficientes áreas de las que se encarga el gobierno para poder decidir quién podrá ejercer esos trabajos.

La democracia es peor que el mercado. La alternativa a la democracia no es el fascismo o el comunismo, estos sistemas no son más que democracias en grado —de un partido a más de uno— con cualquier democracia al uso. Existen otras alternativas como la libertad. ¿Por qué he de aceptar tener que votar a un representante en las cámaras legislativas o, peor en el caso español, a un partido entero? ¿Por qué no puedo contratar yo a quien quiero que me represente como en cualquier otro ámbito de mi vida? ¿Por qué tengo que ser representado? Las decisiones en el mercado no se toman por mayoría. Esto permite que no exista solo una solución. Ford no pregunta a sus trabajadores qué coche debería fabricar y produce solo uno, ni Apple abre sus tiendas haciendo una encuesta a la población mundial. De ser así, ambas empresas perderían mercado. Haciendo un estudio de los usuarios de Apple por kilómetro cuadrado quizás a Apple le saldría más rentable abrir durante los próximos dos años todas sus tiendas en China y la India. Pero al no llevar a cabo un proceso democrático, son capaces de cubrir las necesidades de sus clientes minoritarios, como por ejemplo los residentes de Basilea. Las democracias borran a las minorías y sus voluntades hasta hacerlas desaparecer, cosa que el mercado sí que es capaz de tener en cuenta sus necesidades y satisfacerlas.

La democracia te vuelve ignorante. Las élites democráticas te quieren poco educado, para que así seas incapaz de cuestionarles y aceptes su propaganda mediática. Los plutócratas como Jeff Bezos o los directivos de Santander, Telefónica y CaixaBank utilizan medios de comunicación como el Washington Post en el caso del primero o el grupo PRISA para los segundos, como sus blogs personales en los que dosifican a los ciudadanos de las llamadas pastillas azules, las pastillas que te ayudan a permanecer ignorante de la cruda realidad del sistema. Contra estas existen las pastillas rojas, las que ayudaron a salir a Neo de Matrix, y vienen dosificadas por figuras de Internet como Mencius Moldbug. Por ejemplo, Moldbug nos dice que el bienestar del que disfrutan las llamadas democracias liberales puede no venir de la democracia sino del imperio de la ley; que la democracia lejos de ser inseparable de la libertad y la ley se encuentra enfrentada a estas; que el Estado no es más que una gran corporación que vela por sus propios intereses los cuales no tienen por qué estar alineados a los de los ciudadanos; que el Estado consiste en todos aquellos cuyos intereses están alineados con el mismo y va más allá de los políticos y altos cargos visibles, como observatorios, fundaciones, universidades y medios de comunicación; o que el funcionariado tiene más poder del que creemos y que ante cualquier disputa entre políticos y funcionarios, los últimos acabarán ganando.

En conclusión, puede que la democracia no sea el peor de los sistemas —me abstengo de realizar comparaciones interpersonales de valor—, pero desde luego en mi opinión está cerca de serlo. La democracia mata, legitima al Estado, pervierte a los ciudadanos, nos enfrenta y nos saquea en nombre de un concepto, la voluntad de la mayoría, que no existe ontológicamente, debido a que por su naturaleza proteica es incierto y nos impide ser libres. Debemos rechazar la democracia y con ella el Estado.

Breve apunte estilístico. Este texto, más cerca del ensayo que del artículo más académico al que estoy acostumbrado, carece de citas en el texto. No obstante, incluyo el material que me ha inspirado en la bibliografía (que no referencias ya que las obras listadas no se encuentran necesariamente citadas en el texto).

Bibliografía

Caplan, Bryan. 2007. The Myth of the Rational Voter. Princeton, Estados Unidos: Princeton University Press.

Hayek, Friedrich August. 1944. The Road to Serfdom. Chicago, Estados Unidos: The University of Chicago Press.

Hoppe, Hans-Hermann. 1989. A Theory of Socialism and Capitalism. Boston, Estados Unidos: Kluwer Academic Publishers.

—. 1994. “Time Preference, Government, and the Process of De-Civilization: From Monarchy to Democracy.” Journal Des Economistes et Des Etudes Humaines 5 (2/3): 319–51.

Huemer, Michael. 2013. The Problems of Political Authority. Nueva York, Estados Unidos: Palgrave Macmillan.

Malice, Michael. 2014. “Why I Won’t Vote This Year – or Any Year.” The Guardian, Octubre 14, 2014.

Spooner, Lysander. 1972. “No Treason No. VI: The Constitution of No Authority.” En The Right Wing Individualist Tradition in America: Let’s Abolish Government. Nueva York, Estados Unidos: Arno Press & The New York Times.

Biden y los aplausos de los balcones

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Se suele decir que la clave de la felicidad es la ignorancia. Con los años te das cuenta de que es una verdad a medias; ignorar cierta información no es tan importante como tener capacidad de olvidarla.

Por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos todo sería mucho menos cansado de observar para el que no recuerde las elecciones del año 2000. Estuvimos cuatro años oyendo a toda la izquierda hablar del fraude de esas elecciones. Todo muy serio. De hecho, éramos los que nos lo tomábamos a pitorreo los que estábamos en el lado simplón e ingenuo de la política.

Tampoco estaría mal olvidar la guerra de Irak. Al parecer la bondad de una Administración americana se medía por las guerras que iniciaba. Hasta tal punto eso era así, que si un Gobierno español, intentando sacar partido en su propia lucha contra el terrorismo, osaba dar apoyo diplomático a una intervención militar yankee se abrían las puertas de infierno y toda la política española giraba ante ese hecho.

Olvidar el “yes, we can” de Obama no sería nada fácil, pero nos vendría bien para volver a tener un poco de respeto a todos aquellos, y no fueron pocos, que confundieron a un simple político con el mesías que venía a salvar nuestras almas pecadoras.

Pero lo más difícil de todo sería no recordar lo que ha pasado desde 2016 hasta hoy. La victoria de un tipo al que toda la intelligentsia daban como perdedor sin la más mínima opción. Su espanto a comprobar su error seguido de la histeria absoluta donde, por un lado, se quiso ignorar los contrapesos existentes en el país norteamericano y, por otro, se convirtió a un empresario populista y bastante zafio en una especie de líder paramilitar que en cualquier momento podría sacar los tanques a las calles y acabar con la democracia.

A esto hay que sumar el esperpento de la injerencia rusa, donde gente que presume de sesuda se ha pasado años intentando convencernos a todos de que unos bots en redes sociales decidieron unas elecciones.

Olvidar todo esto es la única forma de no sentir un profundo hastío por la sociedad actual ante el espectáculo que hemos presenciado estos días.

Un análisis simple al alcance de cualquiera sería este: la campaña de voto por correo de los demócratas ha conducido a uno de los recuentos más patéticos de las democracias occidentales. Trump lo va a aprovechar para no conceder la derrota hasta que no le quede más remedio, y de paso intentar crear el relato de que le han robado las elecciones.

Pero al parecer esto es demasiado tibio. No muestra el abismo al que estamos expuestos.

Tardar días en contar votos no es razón para hacer crecer sospechas de fraude. Los bots rusos sí, mira este vídeo del New York Times que te lo explica.

Que Trump ponga en duda la victoria de su contrincante es destrozar la democracia americana, lo que hizo Al Gore… no, eso no tiene nada que ver, mira este documental de Michael Moore donde queda todo claro.

Pero Trump no es un presidente normal, es un ser maligno al que nunca se había enfrentado la sociedad americana. No como George W. Bush que era un talibán cristiano medio idiota manejado por un ser siniestro que montaba guerras con cientos de miles de muertos para ganar algo de dinero. Mira la peli de Christian Bale, que refleja muy bien la maldad del personaje.

Todo es tan descarado que provoca bochorno describirlo. Pero el problema no es ese. La izquierda es sectaria, ¿y qué? ¿No lo es también la derecha?

Lo malo en España es que esta incapacidad de ver mininamente la realidad respecto a la política de Estados Unidos no se concentra en un lado, es algo trasversal.

Ahí estará siempre para su estudio la famosa encuesta del CIS donde George W. Bush puntuaba peor que Otegi en la opinión de los españoles, en una época en que sus compañeros terroristas seguían pegando tiros en la nuca y poniendo bombas.

Odiar a Bush o a Trump no es algo de izquierdas en nuestro país. Es nuestro aplaudir en los balcones. Una cosa que nos gusta hacer juntos, que nos hace sentir bien porque nos hace olvidar nuestras miserias y, seguramente por eso, nos olvidamos de que nos viene impuesto por todas las televisiones al unísono.

El problema es que la prensa está sobreestimando su capacidad de manipulación. Los republicanos pueden ser el diablo porque nos pillan lejos, pero la realidad del día a día de una pandemia que nos está cambiando la vida a todos, y que va a tener unas consecuencias económicas enormes, supera cualquier capacidad de fabricar consensos artificiales.

Dice Taleb que lo que acabará con los medios de comunicación es su no oposición a lo que la gente percibe como el poder establecido. Es muy posible que el tratamiento mediático a Obama fuera el punto de inflexión que trajo a Trump, y es muy posible que la vergonzosa actuación de los medios de comunicación estos duros meses traigan también sus consecuencias.

Y sí, nadie ha dicho nunca que las consecuencias de las malas acciones vayan a ser buenas, centradas y poco populistas. De hecho, la historia demuestra lo contrario. Pero para entenderlo hay que elegir no olvidar lo que nos disgusta. Hay que ser adultos, hay que aceptar que existe la posibilidad de que no nos toque ser felices esta vez.

La innovación como motor social

Escrito por Alejandro de León en . Publicado en Análisis diario.

“¿Quién que crea que hay hijos de dioses no va a creer en la existencia de los dioses? Sería algo tan absurdo como creer que existen los mulos, pero no los caballos y los asnos”. Sócrates, según Platón, el día de su juicio.

Un ejemplo socrático como defensa de la innovación

Escuché aterrado en una ocasión, hace alrededor de un año, al vicepresidente del Gobierno, como a él le gusta autodenominarse, que debían existir instituciones como Unidas Podemos para “protegernos de la globalización”. La frase me resulta aterradora, no necesité digerirla demasiado, aunque conceptos como globalización estén plagados de matices.

Avanzamos al día de hoy cuando recientemente se publica Fratelli tutti, tercera encíclica del papa Francisco, en busca del bien común. Se pueden leer inventos del calibre de “el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes”.

El resumen sería el siguiente: nos hemos inventado un sistema que alivia la situación de pobreza extrema, y que la hace pasar de un, aproximadamente, 90% en 1900 a un 5% en 2019 precovid. Sin embargo, necesitamos instituciones y gurús que con sus grandes capacidades de planificación (aunque carezcan de experiencia planificadora o de organización de cualquier equipo), nos protejan contra eso.

Decir que estoy en las antípodas de estos razonamientos es una obviedad. Nuestra función como empresarios es fomentar el cambio, mejorar las cosas y la vida de la gente a través de nuestros productos o servicios. Cuantos menos Oráculos de Delfos planifiquen nuestra innovación, más oportunidad tiene el consumidor de obtener mejores productos o servicios.

Oí al gran Antonio Escohotado decir que el empresario se dedica fundamentalmente a dos cosas: intentar fabricar más barato e intentar ofrecer un mejor producto o servicio para vender más. No tengo más que añadir ante esta explicación perfecta.

Observemos la premisa que suele usarse como ariete para ponernos a temblar y enfrentarnos a la innovación: “los robots nos quitarán los puestos de trabajo”. Por cierto, se puede cambiar la palabra robot por caballo, tren, avión, ordenador, buey u hombre libre. De este modo recorremos la historia de una de las falacias más usadas por los Enemigos del comercio, la gran obra del maestro Escohotado. “Los robots nos quitarán los puestos de trabajo” es prácticamente un sinónimo del citado “el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos”, o, del punto 21 de la encíclica, cuando indica “aumentó la riqueza, pero con inequidad”.

Los datos refutan al papa: los países menos desarrollados han crecido más que el resto del mundo, más que EEUU y más que Europa, desde 1990, y la desigualdad, según el índice Gini, se ha reducido en estos últimos 200 años.

Esta manipulación de los robots “robando” empleo no es más que un homenaje a Sócrates cuando le indica a Meleto el día de su juicio que pensar que él era ateo era tan absurdo como “creer que existen los mulos, pero no los caballos y los asnos”.

Si los robots (y sucedáneos de robots en el espacio o en el tiempo) nos quitaran los puestos de trabajos, los países más robotizados tendrían tasas relativamente altas de desempleo o estarían, al menos, aumentando en los últimos años. ¿Correcto? Si esto no fuera así, pedir la protección (o necesitarla), es como creer que hay mulos pero no caballos, ni asnos.

Según el World Economic Forum, en 2016, los cinco países más robotizados eran: Corea del Sur, Singapur, Japón, Alemania y Suecia. Haciendo una media ponderada de las tasas de desempleo que tendrían estos países, el resultado que encontramos es 3,40%, comparada con el 5,49% de la tasa de desempleo del mundo en 2017. Además, todos ellos manejan una tendencia bajista en los últimos 10 años (desde la crisis de 2017).

Si los países más robotizados son algunos de los países con menores tasas de desempleo, ¿por qué debemos negar una sociedad abierta al futuro y a la innovación?

Y añado, si el capitalismo o la globalización no ayudan a los pobres, Meleto tendría razón y los capitalistas no estaríamos pensando en los más desfavorecidos. Creeríamos, otra vez, en los mulos pero no en los caballos.

Por qué el Estado no protege la propiedad privada

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario.

Supuestamente, la función esencial del Estado es proporcionar seguridad a los habitantes dentro de su jurisdicción; sin embargo, un somero análisis nos indica que el Estado es un pésimo proveedor de protección (Hernández, 2020). Hoy veremos por qué el Estado no sólo no protege la propiedad privada, sino que, de hecho, es su principal amenaza. He aquí algunas razones:

1. El Estado no produce nada, todo lo que tiene, consume para sí o entrega a terceros procede de la confiscación (presente o futura) de bienes a sus legítimos dueños. Como decía Nietzsche (en boca del profeta Zaratustra), refiriéndose al Estado: «Todo lo que tiene es producto del robo». El Estado no puede defender la propiedad privada porque el Estado vive de violarla. Si el Estado renunciara a la confiscación, es decir, si los impuestos fueran voluntarios, su existencia sería efímera porque los consumidores no valoran sus servicios. Es una contradicción que el Estado agreda fiscalmente a los individuos para luego decirles que usará el dinero para protegerles de (otros) ladrones. Praxeológicamente, el Estado no se diferencia de una mafia que extorsiona a sus «clientes» para darles seguridad. En el mejor de los casos, el Estado puede hacer dos cosas: a) Contener su propia agresividad fiscal; b) Impedir la competencia de otros ladrones externos (Estados) o internos (delincuentes comunes). Dicho en «román paladino»: robando poco y dificultándoselo a los demás. 

2. El poder político y la propiedad privada son por naturaleza antagónicos. A mayor poder, menor protección goza la propiedad, tal y como se observa en Cuba, Corea del Norte o Venezuela. Decía Frank Chodorov (2020: vii): «Un Gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos»; por tanto, el interés de todo gobierno es optimizar su ingreso fiscal, tal y como pretende —vanamente— la famosa Curva de Laffer. Cuando un político dice que pretende «mejorar» un impuesto deberíamos cavar un hoyo profundo en la tierra y esconder el dinero porque lo que busca es incrementar la cantidad de dinero a su disposición. La propiedad privada se compone de dinero y otros bienes muebles e inmuebles. El cuerpo no entra en esta categoría, sin embargo, la confiscación monetaria es una forma indirecta de esclavitud porque el confiscado está obligado a entregar una parte del fruto de su trabajo a un amo impersonal: el fisco. La única forma de combatir la esclavitud fiscal es reducir el esfuerzo laboral o pasarse a la economía sumergida. El Estado, no obstante, mantiene en la actualidad algunos residuos de esclavitud temporal llamadas «prestaciones personales» forzosas: servicio militar obligatorio, prestaciones electorales y judiciales (jurado). El Estado enmascara su coacción mediante un engaño, a saber, diciendo que la prestación es, a la vez, derecho y obligación, algo a todas luces imposible y que ya fue reprochado por el eminente jurista D. Antonio García-Trevijano.[1]

3. Los espacios privados, en realidad, son molestos para el Estado porque constituyen un santuario, un refugio donde el poder político no llega o lo hace con dificultad. El Gobierno no puede imponer normas «puertas adentro» y esto incomoda a los políticos cuya máxima aspiración (psicopática) es ordenar la conducta ajena. Por ejemplo, los políticos no pueden prohibir fumar en las viviendas particulares, y si lo hacen en negocios abiertos al público (que no «públicos»), encuentran la resistencia de algunos propietarios. Eurovegas no se instaló en Madrid, entre otros motivos, porque la legislación española no permitía fumar en los hoteles y casinos propiedad del Sr. Adelson, lo que supuso la pérdida de 17.000 millones de euros de inversión y 260.000 puestos de trabajo. Cuando las instituciones no respetan los derechos de propiedad, esta se deprecia, el capital huye, la inversión se reduce y la informalidad aumenta. Algunas leyes fracasan porque los individuos no están dispuestos a observarlas y el aparato de coacción estatal no puede impedir su incumplimiento. Tal fue el caso de la ley 27/2011, que obligaba a millones de particulares a ingresar cotizaciones a la Seguridad Social por los servicios de los empleados de hogar, desde la primera hora de trabajo. El elevado número de afectados y el hecho de que el trabajo se realizara en domicilios particulares convirtió la norma en «papel mojado». El análisis económico del derecho predice que si es más costoso cumplir la ley que desobedecerla las personas se desplazan desde la legalidad a la costumbre y a la economía sumergida (Ghersi, 2005). Los consumidores de servicios domésticos no estaban dispuestos a realizar unos trámites más propios de una empresa y dejaron de contratar o directamente incumplieron la norma.

4. El problema de los okupas. ¿Por qué el Estado español no defiende los derechos de los propietarios? Nuestro código penal protege la propiedad de forma asimétrica y establece dos delitos: allanamiento[2] y usurpación.[3] Ocupar una vivienda con moradores es allanamiento y la expulsión de los intrusos sería inmediata; en cambio, ocupar una residencia vacía es usurpación y la recuperación de la propiedad resulta mucho más costosa. Los okupas usurpan preferentemente las propiedades vacías de los bancos porque estos reaccionan con lentitud y los incentivos para la recuperación son menores, pero las segundas residencias de particulares también es un objetivo apetecible. La incapacidad del Estado para proteger el derecho de propiedad se observa en el aumento de la publicidad de alarmas, en la oferta de seguros antiokupación y en el rápido crecimiento de empresas especializadas en la recuperación de viviendas. Lo que el Estado no logra en meses, la empresa Desokupa lo consigue en menos de una semana.

Los okupas justifican su crimen alegando que la «vivienda» es un derecho constitucional:[4] «Tenemos derecho a un piso: o nos lo dan, o lo cogemos». El peligro de crear derechos espurios es que la gente termina creyéndoselos y exigiéndolos. Para colmo de males, los políticos de la izquierda radical y otros enemigos de la propiedad privada ven con buenos ojos que vagos y maleantes usurpen las propiedades de bancos y ricos (pero nunca la suya).

Bibliografía:

Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.

Bastos, M. A. (2005). «¿Puede la intervención estatal ser justificada científicamente? Una critica». Procesos de Mercado, Vol. II, no 1, pp. 11 a 51.

Chodorov, F. (2002) [1954]: «The Income Tax: Root of all Evil». [Versión online]. Ludwig von Mises Institute.

Constitución española de 1978.

Ghersi, E. (2005): «El carácter competitivo de las fuentes del Derecho» [Vídeo]. Recuperado de <https://www. tube.com/watch?v=w034GEg8awc>

Hernández, J. (2020). Defensa y Seguridad. ¿Estatal o Privada? Madrid: Unión Editorial.

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.

Nietzsche, F. (1984): Así́ habló Zaratustra. Madrid: Busma.

Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY

[2] Artículo 202. 1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

[3] Artículo 245. 2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

[4] Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Bolivia, entre las contradicciones sociales y la incapacidad política

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

Bolivia asistió a las urnas el domingo 18 de octubre tras casi un año de la renuncia y posterior huida del expresidente Evo Morales. Los bolivianos se jugaban mucho en estas elecciones. Después de que la movilización ciudadana de noviembre del año pasado obligara a Evo Morales a renunciar, luego de un probado fraude electoral demostrado por la OEA y la Unión Europea, existía una sensación generalizada de que la hora del proceso político vinculado al socialismo del siglo XXI en Bolivia había llegado a su fin.

Pero la ilusión no duro demasiado. Un año después el Movimiento al Socialismo, esta vez liderado por Luis Arce -doce años ministro de Economía de Morales- vuelve al poder y con él los miedos y las viejas pesadillas de una población dividida por los intereses regionales y con las heridas abiertas por la pandemia de la covid-19, la crisis económica y la polarización política.

Probablemente hoy aquellas metas trazadas desde la calle por ciudadanos insatisfechos y contestatarios al régimen autoritario de Morales sean solo una triste anécdota, pero lo cierto es que aquel proceso de transición que tanta esperanza había dado a pueblo boliviano catapultó al país, quizás sin querer, al punto de partida.

Existen una serie de causas que prueban con certeza porqué el Movimiento al Socialismo – MAS retorna fuerte al poder por la vía democrática. El proceso de transición a la cabeza de la presidente transitoria Jeanine Añez cambió en corto tiempo los objetivos que se implican y articulan en una transición política. Y es que un proceso con esas características tiene una única misión: convocar a elecciones, que no es otra cosa que el retorno ineludible al cause institucional de un país quebrado por el autoritarismo y la corrupción de catorce años. El retraso de esta convocatoria y la impertinencia de ser parte activa del proceso electoral deshizo pronto la ilusión de un verdadero cambio político para los bolivianos. A ello hay que sumar los casos de corrupción y la persecución con tintes revanchistas ejecutada desde su propio gabinete, lo que en el ideario colectivo de una parte importante del grupo de ‘indecisos’ y de los desafectos con Morales, pero no con su partido, se tradujo en “prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer”.

Por otro lado, los esfuerzos para unir a la oposición política al MAS fueron insuficientes. La división entre los contendientes y, en especial, entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, los dos principales líderes de oposición, coadyuvaron a que el voto se aglutine en torno al MAS que elaboró bien su propuesta de retornar a la tribu y su falaz estabilidad económica, frente a los desaciertos del Gobierno transitorio, opacado por la crisis económica y sanitaria, y el planteamiento errado de la campaña electoral de los otros partidos en carrera. Carlos Mesa no terminó de entender el conflicto entre lo popular y el proyecto nacional, su autoconfianza emanada de los resultados de 2019 le ocultó una verdad inevitable: era necesario buscar el voto ciudadano en la ciudad, el campo y las provincias, no esperarlo inamovible.

Otro factor político que fue decisivo fue la candidatura del líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho. Su propuesta radical y regionalizada produjo la división del voto y de la sociedad boliviana. La experiencia nos dice categóricamente que no siempre un liderazgo cívico/ciudadano es un liderazgo político competente y que ninguna propuesta local o regional puede ser capaz de conquistar un sentimiento nacional. Me remito a las palabras del candidato tras conocer los resultados: “por primera vez en la historia Santa Cruz va a tener una bancada digna, representante del pueblo cruceño”.

Finalmente, el masismo tuvo más certezas que errores durante la campaña y supo aprovechar estos desaciertos de sus oponentes que obnubilados por sus propias contradicciones no fueron capaces de ver llegar al león herido. Luis Arce representa el perfil menos malo del MAS: moderación, bonanza y estabilidad económica. Ello en la visión simplista de los hechos, pero fue suficiente para que el elector conservador e indeciso optara por esa alternativa y perdonar los pecados capitales que cometieron Evo Morales y el MAS durante catorce años.

Hoy la realidad es distinta, los factores políticos son diferentes, el MAS no tendrá mayoría parlamentaria y la bonanza económica es solo un dulce recuerdo. Sin embargo, el error es pensar que el MAS, un partido sin vocación democrática, pero con vocación popular, tiene la intención de articular un nuevo modelo político que considere los valores de la democracia liberal que hoy defendemos: consenso, imparcialidad, división de poderes y alternancia. Lo cierto es que Bolivia se enfrenta nuevamente a una dura realidad. El socialismo del siglo XXI vuelve a marcar posiciones y lo hace de una forma sutil, a través del voto y la propuesta. La reflexión deberá ser cómo conducir la defensa de los valores democráticos y la economía liberal para conquistar a un electorado que presta más atención al caudillaje y la economía planificada que a la libertad y los valores de la tradición republicana. Este paradigma es fácilmente trasladable, aunque con matices, a la realidad de América Latina. Lo ocurrido en Bolivia debe dar lugar para la reflexión en un contexto regional en el que la oposición democrática está debilitada y la exacerbación de los totalitarios está al acecho.

¿Inmunidad parlamentaria significa impunidad?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Inmunidad parlamentaria significa impunidad?

El envío de una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por parte del Juez Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a fin de que, si lo estima procedente, abra un procedimiento de instrucción penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y diputado Pablo Iglesias Turrión y la diputada de Podemos Gloria Ellizo Serrano, por la presunta comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio; ha recordado la injusticia de la inmunidad y el aforamiento parlamentarios recogidos en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española. Estos dos apartados disponen que durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, así como que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio).

Además, por su condición de miembro del Gobierno, el aforamiento de Pablo Iglesias Turrión ante esa Sala del Tribunal Supremo queda reforzado por expresa prescripción del artículo 102.1 CE.

No obstante, la reacción inmediata del principal interesado y las actuaciones del Gobierno del que forma parte pusieron de manifiesto que no consideran suficientes los privilegios de que gozan según la Constitución. Mas bien quedó patente que su pretensión es eludir todo tipo de responsabilidades y perpetuarse en el poder. Según pudieron conocer los oyentes de una emisora de radio afín, primero, y los senadores después, en lo alto de su pedestal el taimado vicepresidente consideró inconcebible que el Tribunal Supremo le impute por los delitos señalados. Es más, ufanándose de una extraña omnisciencia, solo reservada a los tiranos que dictan sentencias a los jueces, aseveró que “todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo” (…) y, presentándose como víctima potencial, añadió que “es inconcebible que acepten la petición del juez. En este país todavía no han condenado a nadie por sus ideas[1]”.

No contento con mostrar que se considera por encima de las decisiones judiciales, lanzó en antena graves insidias contra la actuación del juez instructor – en el caso que le afecta y otros –. Según su muy interesada opinión, el magistrado formaría parte de una conspiración de “la derecha” y “las cloacas del Estado” para hacer caer al Gobierno. No menos elocuente fue el expreso respaldo del presidente del Gobierno al vicepresidente, en vez de destituirlo.

Sin duda esas señales tuvieron consecuencias. Por un lado, el juez presentó un escrito solicitando el amparo del CGPJ, en la que advertía de una campaña de deslegitimación e intimidación contra los jueces que puedan tomar decisiones que afecten al caso, además de difundir la idea de que su actuación no obedece a su convicción jurídica, sino a una estrategia política para debilitar al partido político del vicepresidente. Y, por otro lado, ante la aparición de frases amenazantes en redes sociales, presentó una denuncia ante la policía.

Sea como fuere, la remisión de las actuaciones junto a la exposición razonada al Tribunal Supremo, debería dar lugar a que la Sala de lo Penal designe a un instructor que tomará la decisión de abrir unas diligencias previas de procedimiento abreviado[2], dada la naturaleza de los delitos que ofrecen caracteres de delito según el juez de la Audiencia Nacional. En este punto, considero que el magistrado, una vez que previsiblemente se personen en la causa las acusaciones particulares y populares y el Fiscal, tendrá muy difícil desechar la imputación de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio, puesto que el juez central de instrucción ofrece en su exposición razonada poderosos indicios de que se cometieron delante de él. Es por esto por lo que, muy probablemente, solicitará el suplicatorio al Congreso de los Diputados, para poder proceder como investigados contra el vicepresidente del Gobierno y Gloria Ellizo Serrano. Cabe esperar todo tipo de argucias dilatorias y de recursos, pero la petición de autorización se formalizará en algún momento. Una vez en la Cámara, según los artículos 13 y 14 de su Reglamento, corresponde a la Mesa la admisión a trámite. Una vez admitido a trámite, el Presidente de la Cámara lo remite a la Comisión del Estatuto de los Diputados para su dictamen en el plazo máximo de treinta días. La Comisión debe conferir un trámite de audiencia a los Diputados interesados, bien por escrito, bien oralmente. Finalmente, el dictamen de la Comisión será sometido a debate en el primer Pleno ordinario de la Cámara. Tanto las sesiones de la Comisión como las del Pleno tienen carácter secreto.

Será en este momento, si no se ha producido antes una improbable destitución o renuncia al acta de los diputados, cuando surgirá la gran duda. Dados los precedentes, no cabe descartar ninguna posibilidad. El propio Gobierno de coalición podría alentar entre los grupos que lo sustentan una denegación del suplicatorio. Anticiparía una búsqueda de impunidad para casos futuros y una deriva de abierta subversión del orden constitucional. Sin embargo, dado que se concedió el suplicatorio de la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borrás Castanyer, por casi todos los grupos del Congreso, cabría en última instancia que el grupo socialista soltara lastre, previa destitución como vicepresidente de Pablo Iglesias Turrión, o que, incluso, los votos favorables se reunieran gracias a grupos teóricamente enfrentados.

Si el Congreso de los diputados denegara finalmente el suplicatorio, cabría el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de las acusaciones que entendieran que se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. En este caso, existe un precedente: La Sentencia TC 90/1985 de 22 de julio que otorgó el amparo a un querellante contra el senador del PSOE Carlos Barral Agesta por haberse vulnerado su derecho a la tutela efectiva. El tribunal reconoció el derecho del recurrente a que la autorización para procesar al senador no fuera denegada por razones ajenas al fin de la institución de la inmunidad parlamentaria, entendida como requisito de procedibilidad que evita que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular.

En definitiva, el deficiente sistema de aforamientos e inmunidades parlamentarias establecido por la Constitución – en el que se parapeta el vicepresidente del Gobierno – podría ser su garantía de impunidad, si no se produce una reacción por parte de las acusaciones y, en última instancia, del Tribunal Constitucional.

[1] Es curioso como Iglesias Turrión parece confundir groseramente su caso, en el que se desprenden indicios de la comisión de delitos totalmente ajenos a su actividad parlamentaria y de gobierno, con el supuesto de inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones, recogido en el apartado 1 del artículo 71 de la Constitución, el cual podríamos equipar a la impunidad en delitos de injurias y calumnias.

[2] Dada la consagración constitucional del aforamiento y la inmunidad parlamentarias, subsiste un procedimiento de solicitud del suplicatorio, determinado, en lo que no contradiga la Carta Magna, por la Ley de 9 de febrero de 1912 y los artículos 750 a 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (L): ciencia y Estado

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario.

El reciente manifiesto sobre la gestión política de la pandemia ha suscitado cierta polémica, tanto en lo que se refiere a la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo el Gobierno español (y supongo que el otros muchos países también), como sobre el papel que en este proceso debería jugar la ciencia o, mejor dicho, los científicos, pues un buen individualista metodológico no puede reificarla o hispostatizarla. Nuca está de más recordar que la ciencia (al igual que el Estado) no tiene entidad ontológica, y cuando nos referimos a ella en realidad estamos refiriéndonos a un conjunto de personas, que suponemos con cierto grado de capacidad en sus respectivas especialidades, que usan determinadas metodologías (métodos científicos) a la hora de investigar y que divulgan sus resultados, también de determinada forma y en determinadas publicaciones (publicar fuera de ellas casi las excluye automáticamente de lo que se denomina “ciencia seria”), jerarquizadas y con rigurosos controles de acceso.

Uno de factores más característicos de lo que denominamos ciencia, y que explica buena parte de su éxito, es el de que ha operado internamente siempre en anarquía, y esto a pesar de las numerosas interferencias externas que ha padecido, normalmente desde los Estados aunque no siempre. Es más, dichas intervenciones que pretenden coartar su funcionamiento han ocasionado más daño que bien a esta. En muchos aspectos pueden compararse estas intervenciones con las que los gobernantes realizan en los mercados y la vida económica, y con consecuencias análogas. Las razones para la intervención son también análogas (y tan inconsistentes ) a las que se usan para justificar las intervenciones en el ámbito económico, esto es, bienes públicos (dejada a su albedrío la ciencia produciría muy poco conocimiento en áreas determinadas o muy escasa ciencia básica), externalidades (en este caso positivas derivadas de los bienes que la investigación produce) y  también, aunque en menor medida, fallos de mercado o asimetrías de información. Las críticas que a estos argumentos se le pueden hacer son también análogas a las de los fallos de mercado, y por eso no me detendré en este punto pues ya nos hemos referido a ella en otras ocasiones.

Pero lo cierto es que, en puridad, la ciencia es un esquema que funciona en anarquía y por eso ha funcionado históricamente de una forma más que aceptable. En efecto, no se obliga a nadie a aceptar los métodos que la mayoría de los científicos establecen. Cualquiera puede publicar por su cuenta, incluso en un blog, los resultados o argumentos que desee. Lo único que padecerá será la indiferencia del resto si estos son inconsistentes o descabellados. Pero si estos fuesen de una forma u otra rigurosos acabarán, tarde o temprano, formando parte del corpus oficial de la ciencia, al imponerse por su propio peso. Bastantes teorías hoy aceptadas comenzaron su andadura entre burlas y críticas hasta pasar a ser oficiales, con lo que pasaron a ser sometidos a burlas y críticas quienes a ellas se oponen. Desde la teoría de la deriva continental de Wagener a la hipótesis de que fue un asteroide el causante de la desaparición de los dinosaurios, formulada hace unos pocos decenios por Walter Álvarez, muchas han sido las teorías aceptadas después de ser criticadas y ridiculizadas, y otras otrora dominantes han sido con el tiempo abandonadas, como las viejas teorías del flogisto o la generación espontánea. Al mismo tiempo los propios requisitos de validación científica cambian con el tiempo, de acuerdo con las preferencias de los científicos, pues se ha pasado de un sistema basado en principios de autoridad a criterios de revisión ciegos. En un tiempo, la forma ideal de publicación fue el libro académico. Ahora prima la revista con revisión por pares y el libro ha pasado a un segundo plano, si bien sigue existiendo junto con revistas al estilo tradicional, dirigidas por consejos de redacción, y novedades como los blogs científicos, algunos de muy elevada calidad. Las universidades como creadoras de documentos científicos también podrían ser sustituidas en el futuro por centros de investigación específicos o por fórmulas mixtas. En cualquier caso, la profesión científica se autorregula y opera por principios anarquistas de exclusión, sin que se pueda impedir a cualquier persona que escriba o publique lo que quiera. Simplemente será excluido de la comunidad “respetable” de científicos y asumirá cierto ostracismo o desprestigio, salvo en el caso de que con el tiempo sus teorías se vuelvan respetables, lo que ocurrirá si sus evidencias se revelan como aceptables por algún descubrimiento o cambio de paradigma. El viejo Feyerabend, con sus teorías del anarquismo metodológico, ha probado con el tiempo su acierto.

El anarquismo científico ha probado también la impotencia de los Estados a la hora de intentar controlar la investigación científica. Sería extraño que estos no quisiesen controlar las investigaciones científicas del mismo modo que han intentado controlar el dinero, la educación o toros ámbitos de la vida social y privada. Si bien han conseguido influir en la misma, sobre todo en los temas que se investigan, no ha conseguido subordinarla a sus fines simplemente porque entonces dejaría de ser lo que es. Al igual que acontece en el ámbito de la economía, todo intento de subordinar el pensamiento científico al poder político ha derivado en resultados desastrosos, como bien prueba el caso de Lysenko en la antigua Unión Soviética, en el que se intentó establecer por decreto una ciencia biológica supeditada a los principios dialécticos propios del marxismo-leninismo. El resultado fue retrasar durante decenios el avance de la ciencia biológica soviética sin ningún resultado práctico, más bien al contrario. Al igual que el poder no puede derrotar a la ley económica (una de las frases favoritas del gran Bohm-Bawerk), tampoco puede derrotar a la ley científica.

Otra cosa es que el Estado intervenga y desvíe parte de la investigación científica hacia sus propios fines. A través de regulaciones puede conseguir que determinados temas no se investiguen en el territorio que dominan, como los ensayos de clonación humana, aunque es difícil que consigan evitarse en todas partes, pues los gobernantes difieren entre sí también en valores éticos. Por medio de subvenciones puede primar unas áreas de la ciencia sobre otras, incluso en lo que se denomina ciencia básica. Los gobernantes tienen preferencias, sean ideológicas o vinculadas a grupos de intereses “estratégicos”, que les llevan a privilegiar bien la ciencia básica bien la aplicada y, dentro de estas, aquellas disciplinas o subdisciplinas que más le pueden interesar. El Estado no es, por tanto, neutral en lo que se refiere al desarrollo científico. Históricamente se ha primado la investigación en áreas de conocimiento con aplicación militar, de las que después derivan a veces aplicaciones civiles (de ahí que se diga que muchos adelantos científicos se deban a la guerra y al militarismo) y ahora sin descuidar este aspecto se primen investigaciones civiles, pero siempre orientadas a los sectores que el Gobierno establece como especialmente relevantes (sólo hay que consultar los boletines oficiales para constatar en cada momento que áreas se consideran prioritarias).

Pero a la inversa también se da el fenómeno de la intervención y el manifiesto al que nos  referíamos al principio es un buen ejemplo. Algunos científicos, o por lo menos algunos de sus representantes, también pretenden usar al Gobierno para sus fines, y como ya hemos apuntado en algún artículo anterior sobre la tecnocracia, esta forma de intervención es una de las peores que se pueden concebir, porque genera gobernantes sin ningún tipo de responsabilidad. Amparados y protegidos por algo tan ambiguo como la “ciencia”, pretenden decretar medidas que bien podrían ser mucho más lesivas para las libertades o para el buen discurrir de la vida económica que el intervencionismo tradicional, responsable en alguna medida ante la población. Se basan para ello en conceptos muy discutibles como el de la política basada en la evidencia, tan de moda en el análisis de políticas públicas. El problema no es la evidencia, sino cómo se interpreta la misma. En ciencias sociales los hechos son interpretados por los estudiosos atendiendo a sus propios valores y circunstancias personales. Las ideas o ideologías del teórico influyen a la hora de interpretar y analizar la situación. Una misma situación, por ejemplo, una situación determinada de pobreza en un país, será interpretada por un marxista como una consecuencia del capitalismo o del neoliberalismo salvaje, mientras que para un defensor del capitalismo de libre mercado será causada por el exceso de intervención estatal o por un insuficiente desarrollo del capitalismo en ese país. Para interpretar correctamente la “evidencia” se hace necesario determinar previamente (si se puede) cuál de las dos interpretaciones es más consistente teóricamente, y puede por tanto contribuir a explicar mejor el fenómeno. Los científicos naturales también pueden estar influidos por ideologías políticas como el marxismo, pero es más común que sus sesgos a la hora de interpretar las “evidencias” vengan más de su especialización científica o del  tipo de metodología usada. Lo podemos ver perfectamente en los debates sobre la pandemia. Virólogos, epidemiólogos, matemáticos, biólogos, médicos e incluso veterinarios frente a los mismos hechos ofrecen explicaciones muy distintas (véase por ejemplo el debate leído en la prensa sobre la forma de transmisión del virus y los aerosoles) y, por tanto, proponen soluciones distintas. Porque, esa es otra, no pueden pretender que los gobernantes implementen soluciones guiadas por la ciencia, cuando los propios científicos no son capaces de ofrecer una sola propuesta unificada. Si lo hiciesen probablemente les hiciesen más caso. Pero cuando vemos a científicos con credenciales muy respetables (y muy semejantes entre sí por cierto), que desarrollan su trabajo en centros de investigación de prestigio, discutir sobre las “evidencias” no es de extrañar que los políticos, la mayoría de ellos legos en estas materias, aprovechen estas disensiones para  adoptar las medidas que ellos perciban como más convenientes para sus programas políticos.

También reclaman una suerte de autoridad sanitaria “independiente”, inspirada en principios científicos, que decida sobre las medidas a adoptar. Pero parece que tal autoridad vive en los reinos de la alta teoría y que un buen día bajará de las alturas e ilustrará a los mortales sobre la praxis correcta. Lo digo porque no explicitan quiénes serán los elegidos para dictar los protocolos de acción ni qué especialidad o área de conocimiento liderará la toma de decisiones. Tampoco somos informados cómo serán escogidos dentro de esa área los encargados de liderar el proceso. ¿Serán escogidos a nivel mundial o cada país tendrá los suyos? Esta última solución no parece muy científica, dado que la ciencia no debería entender de barreras estatales y, por consiguiente, lo lógico sería establecer una única autoridad a nivel mundial. Tampoco se nos dice cuál debería ser el proceso de elección. Podría ser una elección democrática, pero habría que determinar quién compondría el censo de electores, algo tampoco fácil de delimitar, y muy poco científico pues la ciencia no es para nada una actividad democrática en la que todos los votos pesen igual. Podrían ser seleccionados por prestigio o por conocimientos, pero esto también traería el problema de determinar la composición del tribunal encargado de juzgar los méritos. Podrían sortearse, a la manera de la Grecia clásica, pero no sé si sería una solución muy afortunada.

La ciencia, en conclusión, debería seguir siendo una actividad esencialmente anárquica, pues de ahí deriva su éxito histórico, y evitar la intromisión en la política estatal, tanto resistiendo las interferencias como evitando la tentación de querer constituirse en un grupo gobernante. Sólo así podrá seguir manteniendo el respeto que merece y contribuyendo al bienestar humano.

Venezuela: el ejemplo que dio Caracas

Escrito por Venezolano Anónimo en . Publicado en Análisis diario.

Al comunismo siempre le ha fastidiado la división de poderes, pero como dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, “ahora las democracias no terminan con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa…”.

En España son muchos los juristas, escritores y especialistas que muestran su preocupación porque consideran que ha comenzado la demolición del Estado con la destrucción de su independencia judicial mediante su politización y nombramiento de los jueces.

Tampoco ha faltado quien establezca paralelismos aterradores entre el camino que está tomando España y la experiencia que en las últimas dos décadas ha señalado el camino hacia la destrucción institucional de Venezuela.

Son muchos los testimonios que circulan en las redes sociales donde, primero como candidato y luego como presidente, Hugo Chávez manifiesta su vocación democrática y su empeño en conducir al país hacia una “democracia verdadera, participativa y protagónica”. Sin embargo, apenas  tuvo la oportunidad, comenzó a desarrollar su plan de desmantelamiento de las viejas instituciones democráticas, empezando por el poder judicial, pieza clave en sus intenciones de eterna permanencia en el poder.

Según la Constitución de 1999, los veinte magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían elegidos por la mayoría de 2/3 de los diputados de la Asamblea Nacional. Pero en 2004, comenzó a enseñar los dientes y al comprobar que tenía la fuerza suficiente aumentó, mediante una ley, de 20 a 32 los jueces del TSJ y decidió que estos serían elegidos por mayoría simple. Hay que recordar que en esa época eran frecuentes las visitas de dos jóvenes politólogos españoles que salían con regularidad en Venezolana de Televisión (VTV) y coincidían con Chávez cuando este decía que a Europa la tenía arruinada el neoliberalismo. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero ratificaban lo que ellos consideraban “los grandes logros de Venezuela en todos los órdenes, que servían de ejemplo a los ciudadanos europeos” y añadían que “le daba mucha envidia los españoles que viven en Venezuela, que es un ejemplo democrático”.

Fue tan demoledor y contundente el golpe de efecto que tuvo el control judicial por parte del régimen venezolano que hasta la fecha el chavismo no ha perdido ni una sola sentencia en el TSJ. Un estudio hecho por el abogado venezolano Antonio Canova, publicado en el libro llamado El TSJ al servicio de la revolución, determinó que de las 45.474 sentencias emitidas por el máximo tribunal ninguna ha sido dictada contra el gobierno. Así cumple este tribunal la función para la cual fue diseñado: legitimar jurídicamente las decisiones y actuaciones del régimen y garantizar la permanencia y supervivencia de la revolución.

Adicionalmente, la Comisión Internacional de Juristas, la cual goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU desde 1957, publicó un documento de 56 páginas denominado “Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: Un instrumento del poder ejecutivo”. Entre otras consideraciones, el documento resalta en su introducción hechos recientes como el de marzo de 2017, donde el TSJ suspendió los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, arrogándose competencias legislativas, eliminó la inmunidad parlamentaria y otorgó amplio poderes al Ejecutivo. El 3 de abril de 2017, la OEA declaró que las decisiones del TSJ son incompatibles con la práctica democrática. Tal es el abuso de poder de este órgano judicial que Maduro impugna cualquier decisión de la Asamblea Nacional para que el TSJ lo anule.

Este es el régimen que tanto admira el vicepresidente español. No es extraño que quiera cumplir su sueño de plagiarle las ideas al Comandante o ¿establecer la franquicia en España? Como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid con motivo de la visita del presidente Juan Guaidó a España, “lo que está pasando en Venezuela nos puede pasar a nosotros”. Ese mismo día señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez está preso de los herederos del chavismo.

No es casual que ahora que Podemos forma parte de un Gobierno de coalición con el PSOE se esté discutiendo en todo el país y hasta en Europa la propuesta socialista de demolición del Estado con la destrucción de su independencia judicial mediante el nombramiento de los jueces. En España 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) venían siendo elegidos por los propios jueces, mientras que los otros 8 los elegían el congreso y el senado. Lo que proponen PSOE y Unidas Podemos es  que el congreso y el senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, por tanto el Gobierno busca rebajar el porcentaje de diputados y senadores necesarios para nombrar a los 12 miembros del órgano judicial.

Las asociaciones de jueces no ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno, ya que según ellos viola el artículo 122.3 de la Constitución. Sin embargo, Pedro Sánchez mantiene la reforma del poder judicial pese al aviso de Bruselas de que la misma podría violar las normas comunitarias y pondría en peligro la independencia judicial. Pablo Iglesias sabe que esto atenta contra el corazón del Estado de derecho, contra la división de poderes, pero a él siempre le ha importado más Marx que Montesquieu. Nunca ha negado que su prioridad es el control de la justicia. Su obsesión por convertir a España en la Venezuela mediterránea sigue su marcha.

De nuevo, complejidad económica y escuela austriaca

Escrito por Vicente Moreno en . Publicado en Análisis diario.

En un artículo anterior ya traté brevemente el enfoque de complejidad económica de Hausmann et al. (2013) a la luz de algunas teorías de la escuela austriaca. Después de eso, he tenido la oportunidad de indagar aún más en esa corriente conocida como complexity economics, descubriendo ideas bastante interesantes que muchos autores austriacos ya plantearon años atrás. Hemos de saber que lo que se conoce como complexity economics no es solamente el enfoque de Hausmann et al. (2013). Antes que estos últimos trabajos hubo una corriente mucho más amplia que se desarrolló a finales del siglo XX como consecuencia de un cambio científico dentro del mundo de las ciencias naturales. Este cambio científico supuso el abandono del mecanicismo newtoniano por una teoría que reconocía la extrema complejidad del mundo, donde por ejemplo se encontraban las famosas teorías del caos (Gleick, 1987).

Las palabras de Arthur (2015) nos dan una idea de lo que significó ese cambio para la ciencia: “All the sciences are becoming more procedural, more algorithmic, more Turingesque; and less equation-based, less continuous, less Newtonian, than before” (p.25). Esto mismo, luego se trasladaría a la ciencia económica a mediados de los 80, de la mano de los investigadores del Santa Fe Institute. La principal implicación que esto tendría sería el estudio de la economía más allá del equilibrio, para estudiar los procesos y dinámicas que ocurren dentro de una economía que no alcanza nunca un óptimo. Nuevamente, en palabras de Arthur (1999), la economía dejaba de ser “determinista, predecible y mecanicista “ y se convertía en “dependiente de procesos, orgánica y evolutiva”.

Todas estas ideas suenan muy similares a la crítica de muchos austriacos como Mises, Hayek, Kirzner, Rothbard o Huerta de Soto al mecanicismo y al monismo metodológico que abundaba y abunda en la ciencia económica. Además, la cuestión del equilibrio sabemos que ya era cuestionada en Mises (1998), Hayek (2002) o Kirzner (2013). Por eso mismo, y al contrario de lo que ocurre con el enfoque de Hausmann et al. (2013), para esta corriente más amplia llamada complexity economics bastantes autores han estudiado su estrecha relación con las teorías previamente establecidas por la escuela austriaca (Barbieri, 2013; Koppl, 2006, 2009; Lavoie, 1989; Montgomery, 2000; Rosser Jr., 2010, 2012, 2015). Es más, de acuerdo con Vaughn (1999), el propio Brian Arthur afirmaba en una entrevista que, nada más publicar las primeras investigaciones sobre complejidad económica desde el Santa Fe Institute, empezaron a recibir cartas de todas partes del país diciendo que lo más que habían hecho era simplemente redescubrir la economía austriaca. Y, efectivamente, Arthur añadía que, después de haber leído a Mises y Hayek, esa aclamación popular era esencialmente cierta.

Con Hausmann et al. (2013) ocurre algo similar. Como ya vimos en un artículo previo, sus autores ponen el foco en la importancia de la acumulación del conocimiento tácito para conseguir el desarrollo económico. Además, plantean ideas como la heterogeneidad del capital físico y humano, la división del conocimiento como actualización de la noción de división del trabajo para la economía moderna, el mercado como una red entre agentes y empresas por las que se comunica el conocimiento tácito o, también, que el desarrollo económico deja poco espacio a los planificadores de la economía como agentes potenciadores del desarrollo. Todas estas ideas pueden encontrarse en diversos pensadores austriacos. Sin embargo, ninguno de los autores de este nuevo enfoque de la complejidad, propuesto desde Harvard y el MIT, citan a ningún austriaco y, lo que es más sorprendente aún, tampoco a ningún teórico del enfoque más general de la complejidad que surgió a finales de siglo XX. Como ya dije, esto se debe seguramente a que desconocen toda la literatura previa. Es obvio que si la hubieran leído, no se reconocerían como newtonianos en Hidalgo and Hausmann (2008), pues eso contradice toda la argumentación epistemológica desarrollada a partir de los 80 por todos los teóricos economistas de la complejidad. No obstante, esto no les exime de reconocer como ajenas aquellas ideas que ya han sido previamente planteadas por otros muchos autores. Esta es la forma de hacer ciencia y, sobre todo, de hacer justicia a la verdad. Es posible que si empezaran a citar a pensadores austriacos acabaría sucediendo como con Arthur, pues se darían cuenta de que lo único que están haciendo, salvando algunos pequeños matices, es redescubrir las teorías austriacas que habían sido denostadas durante muchos años por el mainstream económico, que posteriormente reconoció el valor de las aportaciones austriacas muy tímidamente.

Referencias

Arthur, W. B. (1999). Complexity and the economy. Science, 284(5411), 107–109. https://doi.org/10.1126/science.284.5411.107

Arthur, W. B. (2015). Complexity Economics: A Different Framework for Economic Thought. In W. B. Arthur (Ed.), Complexity and the Economy (pp. 1–29). Oxford University Press.

Barbieri, F. (2013). Complexity and the Austrians. Filosofía de La Economía, 1(1), 47–69.

Gleick, J. (1987). Chaos: Making a New Science. Viking Penguin.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2013). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. MIT Press.

Hayek, F. A. (2002). Competition as a Discovery Procedure. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 5(3), 9–23.

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2008). A Network View of Economic Development. Developing Alternatives, 12(1), 5–10.

Kirzner, I. M. (2013). Competition and Entrepreneurship (P. J. Boettke & F. Sautet, Eds.). Liberty Fund.

Koppl, R. (2006). Austrian economics at the cutting edge. Review of Austrian Economics, 19, 231–241. https://doi.org/10.1007/s11138-006-9246-y

Koppl, R. (2009). Complexity and Austrian economics. In J. B. Rosser Jr. (Ed.), Handbook of Research on Complexity (pp. 393–408). Edward Elgar.

Lavoie, D. (1989). Economic Chaos or Spontaneous Order Implications for Political Economy of the New View of Science. Cato Journal, 8(3), 613–640.

Mises, L. von. (1998). Human Action: A Treatise on Economics. Ludwig von Mises Institute.

Montgomery, M. R. (2000). Complexity Theory: An Austrian perspective. In D. Colander (Ed.), Complexity and the History of Economic Thought (pp. 227–240). Routledge.

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Porque de todas las causas posibles, siempre debemos escoger la de la Libertad

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Análisis diario.

Intervención en la presentación de la asociación Somos Libres.

Cuando pienso en aquellas causas que merece la pena perseguir, me vienen muchas a la cabeza. Sin embargo, hay una que creo superior a todas ellas y que en muchos sentidos también las engloba, y es la de la defensa de la Libertad. La Libertad ha sido teóricamente entendida de muchas maneras y defendida por muchas tradiciones filosóficas, una de ellas, y para mí la más completa y coherente, la del liberalismo.

El liberalismo, entendido de forma amplia, es, sin lugar a dudas, una tradición inclusiva y pacífica. Es inclusiva porque recoge algo tan esencial como el reconocimiento de la pluralidad humana y la defensa de su tolerancia. Pluralidad que no solo se refleja en los diferentes estilos de vida sino también en los diferentes principios morales que vertebran la vida de cada uno de los individuos. Reconociendo la pluralidad, en la esfera privada y en la esfera pública, en los grupos sociales, en los partidos políticos, en la sociedad civil o en los medios de comunicación, defiende su tolerancia como forma de acomodo. El liberalismo se basa en el respeto irrestricto a los proyectos de vida ajenos, proyectos respetuosos con los derechos de los demás. Es además en ese respeto de la pluralidad donde se esconde un aspecto aún más importante: la protección de la individualidad y, sobre todo, del derecho a discrepar. El derecho a discrepar, consagrado a través de la libertad de conciencia, expresión y asociación, es vital en una sociedad que hace de la libertad su valor más importante. Individualidad y derecho a la discrepancia que choca con la voluntad homogeneizadora que caracteriza a los cínicos enemigos de la libertad. Cínicos que, parafraseando a John Stuart Mill, “al reconocer que la discusión debe ser libre en cualquier asunto que puede parecer dudoso, y al mismo tiempo piensan que hay doctrinas y principios que deben quedar libres de discusión, porque son ciertos, es decir, porque ellos [los cínicos] poseen las certezas de que tales principios y doctrinas son ciertas” afirman su infalibilidad. Esa afirmación, y por ende la negación del ejercicio de la pluralidad, pone en jaque los cimientos de la convivencia pacífica entre ciudadanos.

Es también una doctrina pacífica que fomenta la cooperación humana como la mejor forma de entendimiento y coexistencia pacífica en sociedad, y entre diferentes, a través de la institución del comercio y el mercado. El comercio civiliza y pacifica en la medida en que nos obliga a atender a las necesidades de los demás para obtener lo que deseamos. El comercio aviva el ingenio y la individualidad, y fomenta una tendencia hacia la independencia; una independencia ligada a los derechos individuales. El liberalismo rechaza la guerra y en definitiva, cualquier forma violenta de convivencia. Y es más, defiende las relaciones entre individuos basadas en la asociación voluntaria.

La voluntad homogeneizadora es solo uno de los enemigos de la libertad. La arbitrariedad es otro de ellos. La libertad es indisociable de las garantías institucionales que aseguran su ejercicio y nos protegen del uso arbitrario del poder, ya sea por parte de los gobernantes o de la sociedad. Como decía Benjamin Constant hace ya 200 años, en las repúblicas antiguas, construidas sobre la base de la participación política colectiva, existía una completa sumisión del individuo a la autoridad política. Esa sumisión suponía la completa ignorancia de cualquier noción de derechos individuales. Y sin embargo, en las modernas sociedades liberales “no corresponde a ningún individuo, a ninguna clase, someter al resto a su voluntad particular. […] Lo importante no es que nuestros derechos puedan ser violados por un poder sin la aprobación de otro, sino que esta violación sea prohibida a todos”. “Es el derecho de cada uno a no estar sometido más que a las leyes, a no poder ser detenido, ni muerto, ni maltratado de manera alguna a causa de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos”. Es una tradición preocupada y comprometida con el bienestar de los ciudadanos, que demuestra que las libertades formales y las libertades reales no sólo no son contradictorias sino que es precisamente en esas sociedades donde unas (las primeras) permiten el florecimiento de las otras (las segundas). Como bien apuntaba Raymond Aron, “las democracias liberales han arraigado y prosperado, sobre todo y casi exclusivamente, en los países que han alcanzado un nivel de vida suficiente para que la masa de la población sienta los beneficios”.

Los derechos individuales, en palabras de Alexis de Tocqueville, son derechos iguales e imprescriptibles que adquieren los individuos al nacer, a saber “a vivir independientemente de sus semejantes, en todo aquello que le concierne sólo a sí mismo, y a organizar a su parecer su propio destino”. Unos derechos individuales que exigen la protección de la ley, que como apuntaba Frédéric Bastiat, no es más que la “organización colectiva del derecho individual de legítima defensa”. “Cada uno de nosotros -continuaba el autor- ha recibido ciertamente de la naturaleza, de Dios, el derecho a defender su personalidad, su libertad y su propiedad, ya que son esos los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida.” Y “así como la fuerza del individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o clases”. Es esa defensa tan liberal de la libertad negativa, de la libertad como ausencia de interferencia. Noción que exige la delimitación de una esfera (personal, privada) en la que los demás no pueden intervenir. Una esfera protegida por el concepto lockeano de propiedad privada, que implica “vida, libertad y hacienda” en sentido amplio, y “bienes, derecho a heredar y capacidad de acumular riquezas” en un sentido más restringido. Una institución que precede al establecimiento de la sociedad política y que ningún poder supremo puede arrebatar “sin su propio consentimiento”. Un consentimiento, el de los gobernados, que junto con la concepción del gobierno limitado, aseguran el respeto a esa esfera de libertad. Los liberales entendemos que los incentivos cortoplacistas que se traducen en la búsqueda de rentas y que surgen en el juego político hacen de la limitación del Gobierno un elemento imprescindible en la supervivencia de la Libertad. Y no solo el Gobierno limitado es un garante, sino también con la fragmentación política y la vigilancia ciudadana: una sociedad con múltiples y pequeños polos de poder observados y fiscalizados por los ciudadanos de forma continuada.

El liberalismo es una doctrina de consensos, a caballo entre la tradición y la modernidad, entre el cambio y la permanencia. “Respeta la sabiduría inconsciente de las generaciones y la obra involuntaria de millones de individuos conscientes, pero se esfuerza ante todo por demostrar la contradicción entre una planificación autoritaria y un empleo racional de los recursos, la incompatibilidad entre una planificación semejante y las libertad personales y políticas” (Raymond Aron, 1963). Y es ese equilibrio una de las claves de la supervivencia de nuestro modo de vida. En definitiva, se trata la concepción de que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para el fin de otras personas. Una concepción que encierra, una vez más, la constatación de la falibilidad del individuo. La aceptación de que uno no sabe lo que es mejor para los demás ni los demás saben lo que es mejor para uno mismo. Y a todos los enemigos de la libertad (también a los bienintencionados que no lo saben) les decimos: “Por mucho interés que se tomen, pidamos a la autoridad que se mantenga en sus límites. Que ella sea justa y nosotros nos ocuparemos de ser felices” (Benjamin Constant, 1819).