Ir al contenido principal

La justicia: la piedra en el camino

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Dice la Real Academia de la Lengua Española que la palabra escrúpulo proviene de un término latino que significa piedrecilla. En una de sus acepciones, probablemente la más sorprendente por desconocida, nos cuenta que se refiere a la china o piedrecilla que al meterse en el zapato, lastima el pie y nos incomoda. Visto lo visto, yo diría que la Justicia es, más que la piedra en el zapato o el garbanzo bajo el colchón, el peñasco en medio del camino que no nos deja caminar.  Y ese “nosotros” no se refiere solamente a España.

Los espejos y los grados

España, europea de pro, por supuesto que anda muy por encima de esos países que vemos en la televisión donde desaparecen estudiantes por decenas en manifestaciones, y de esos otros en donde la mujer de un mal gobernante (por sus actos les conoceréis) elegido digamos “democráticamente”, que ahora es presidenta electa a su vez, campa por sus respetos y acaba de exprimir al ciudadano de bien que ni puede comprar bienes extranjeros, ni tiene la propiedad real de casi nada, excepto de la creciente miseria. España no tiene unos tribunales de república bananera, ni unas instituciones tan degradadas como por otros lugares. ¡Somos europeos!

Sin embargo, ironías aparte, no puedo evitar dar un respingo cuando leo artículos donde más de la mitad de los párrafos parecen dirigidos a mi país, pero resulta que no, que se trata de un autor y un periódico extranjeros. Y como es un amigo quien ha escrito el artículo, me permito poner un ejemplo. Segundo párrafo: “… si uno se pregunta cómo ha sido posible todo esto [la crisis en la justicia], la respuesta puede darse en dos sentidos. Primero, puede decirse que el sistema político de  (¿España?) ha experimentado una degradación ética, pues muchos líderes de los diversos sectores que inciden en la vida pública de la nación anteponen sus intereses personales a los del estado”. Y mi amigo continúa explicando cómo la actividad política se ha convertido en una suerte de trampolín para conseguir poder, estatus y en general, beneficio personal. También expone el coste político versus el beneficio de manipular la elección de los magistrados en las diferentes instituciones de justicia y analiza los problemas que ese procedimiento, contaminado por los intereses políticos más vanos, acarrea.

Pues se trata del Diario Siglo21 de Guatemala y el autor es el doctor en Derecho, notario y profesor, Eduardo Mayora. Y ya sé que hay una diferencia de grado enorme, que las instituciones están peor allí que aquí, la inseguridad ciudadana es una cosa terrible en Guatemala, que la policía, los sobornos, los jueces, las mafias… ya sé todo eso. Pero se me hiela la sangre cuando compruebo que la crisis de justicia es sistémica. Porque la solución en ese caso es mucho más compleja.

El mal sistémico y sus soluciones

No se trata de crear tejido empresarial para absorber tantos millones de parados. No se trata de echar a tres corruptos aislados de los partidos más poderosos. Es más complicado. Se trata de restañar la fiabilidad, credibilidad, prestigio y solidez de las instituciones fundamentales de justicia, que están en la misma base de nuestras sociedades, que sustentan la civilización occidental como la conocemos, y cuyo establecimiento ha costado sangre, sudor y lágrimas a muchas generaciones. Esas instituciones que surgen de la evolución del derecho tras siglos de maduración y que los incentivos políticos perversos están minando, en algunos lugares de manera más irremediable que en otros.

Si se tratara de un país, un tribunal superior, un caso aislado… pero cuando son muchos, cuando se trata de un sistema de justicia, la cosa cambia. Y es aquí cuando hay que volverse estricto y adoptar los escrúpulos, pero en otro sentido que en el aludido al principio, como actitud diaria. Porque escrúpulo también hace alusión a aquella “duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga”. De este modo, el esmero y la pulcritud en el uso de nuestras instituciones de justicia, el castigo implacable a quien se salte la ley y quien  degrade dichas instituciones, por supuesto, considerando todos los españoles en igualdad ante la ley, tal vez actúen a tiempo para que los ciudadanos recuperemos la perdida confianza en nuestras instituciones, en nuestros jueces y en nuestra capacidad para no desmoronarnos.

Eso requiere de la “punzada en la conciencia” que describe el diccionario de la Real Academia. Y por tanto, hay que tener conciencia. Y ahí creo que es donde empieza el problema, porque nadie da el primer paso, hace un examen particular y reconoce nada de nada. Y así ¿cómo se puede predicar ni transparencia ni regeneración de la justicia o de la vida política? 

La banca y el oligopolio de la gestión de activos en España

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

Los libros de Economía explican los problemas que generan en un mercado la existencia de monopolios y oligopolios. Todos, aplicando el sentido común y de forma más o menos intuitiva podemos ver que no es bueno para el consumidor un mercado monopolístico u oligopolístico. Los economistas de la Escuela Austríaca han reiterado por activa y por pasiva que los monopolios y oligopolios no surgen de manera natural en una economía de libre mercado sino que es el Estado el que privilegia a unos e impide el acceso al resto.

No debería de sorprendernos, por tanto, que la banca española ostente –desde hace décadas– un oligopolio sobre la lucrativa industria de la gestión de activos. Conviene recordar que la banca es, en cualquier economía occidental, la industria más regulada y privilegiada de todas por parte del Estado. Esos privilegios en forma de regulación se extienden también a la industria de gestión de activos. Si se hace un análisis a grandes rasgos de esta industria en nuestro país sólo cabe un veredicto posible: nos encontramos ante un oligopolio creado por el Estado. En España, según datos de INVERCO (la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva), el 7,45% de las gestoras por volumen de activos tienen menos de 1.000 millones de euros de activos bajo gestión. El resto de gestoras con un volumen superior son gestoras controladas por la banca y las compañías de seguros (véase Popular Allianz o Mutuactivos). Es decir, que más del 90% de las gestoras en España son de la banca y las aseguradoras. Los datos son aún peores si se matizan. Bestinver, un rara avis dentro de la industria se ha hecho con una cuota muy significativa gracias a apostar por una gestión activa y de calidad, es una excepción dentro de las gestoras independientes.

La fuerte concentración de esta industria se ha agravado en los últimos años y es que el número de gestoras se ha reducido todavía más por dos factores recientes. En primer lugar, el proceso de concentración bancario fruto de las fusiones de las antiguas Cajas de Ahorro ha hecho que muchas de ellas desaparezcan. En segundo lugar, la crisis se ha llevado por delante a cerca de 24 gestoras con lo que el número total ha pasado de 120 a 96 durante la crisis. El negocio de la banca es doble: la gestión de cobros y pagos y la intermediación financiera. Ninguna de estas actividades guarda relación con la gestión de activos y pese a ellos, la banca controla dicha industria.

Las consecuencias de que exista un oligopolio en esta industria tienen un claro ganador, la banca, y un inmerecido perdedor, los consumidores-ahorradores. Gracias a esta regulación, la banca se reparte sin mucho esfuerzo un jugoso pastel en forma de comisiones que supera los 2.000 millones de euros anuales. Beneficios inmerecidos, ya que no se producen en un mercado libre en donde no deben existir barreras de entrada como las actuales. Las elevadas cifras de capital social mínimo de 2.400.000 Euros para las SICAV y 3.000.000 Euros para los Fondos de Inversión son una enorme barrera que excluye a muchos gestores con talento en nuestro país, para la congratulación de la banca. Los fuertes costes en los que deben incurrir las instituciones de inversión colectiva para cumplir con toda la regulación existente también son otra insalvable barrera de entrada para muchos profesionales independientes ávidos de gestionar vehículos de inversión colectiva. Pero sobre todo, la posición dominante de la banca en dicho sector es muy difícil de combatir por parte de pequeñas gestoras con menos recursos económicos.

La posición de dominio de la banca ha hecho, como hemos podido comprobar recientemente, que abusen y maltraten a los clientes. Estafas masivas como la de las preferentes o escándalos como la salida a Bolsa de Bankia o los contratos de derivados tipo swaps son algunos de los ejemplos que evidencian la mala praxis generalizada en el sector. Cuando una empresa no tiene ningún tipo de privilegio, su supervivencia empresarial depende exclusivamente de su capacidad para saber satisfacer las necesidades de sus consumidores y hacerlo mejor que su competencia. Cuando una empresa, como le sucede a la banca en nuestro país, goza de un privilegio especial que le otorga una posición oligopolística, ese incentivo desaparece por completo.

Otro factor que contribuye a la existencia de estos abusos es la escasísima cultura financiera de los españoles. Nuevamente, el Estado tiene una parte de culpa en este asunto. Dado que el Estado controla el currículum académico que los niños reciben en las escuelas, la no inclusión (pese a excepciones recientes) de la materia de educación financiera en las últimas décadas ha generado una población sin unos mínimos conocimientos financieros que les permita tomar decisiones financieras adecuadas y evitar productos financieros complejos y arriesgados cuyo único beneficiario es su vendedor.

Martin Huete, un histórico del sector y antiguo director general adjunto de Caja España Fondos, hizo públicas sus críticas hacia INVERCO por considerar que dicha asociación estaba prestando atención sólo a los intereses de la banca y no a los de todos los miembros de la asociación. De nuevo, unos incentivos perversos condicionan el comportamiento de las personas. Pese a ser una asociación que debería defender y representar los intereses de todos sus miembros, INVERCO defiende tan sólo los intereses de la gran banca. Es perfectamente comprensible si atendemos a su funcionamiento: las tres principales instituciones bancarias de nuestro país son las que deciden la composición de sus órganos de gobierno. Eso puede explicar entre otras cosas que su actual presidente, Mariano Ramadán, lleve más de veinte años en el cargo.

La solución a esta indeseable situación es liberalizar esta industria, eliminando toda posible barrera de entrada existente, simplificando la poca regulación que tengan para lograr abaratar los costes en los que incurran los profesionales para asesorar y gestionar patrimonios en nuestro país. Los beneficios de dicha liberalización tendrían un claro ganador: los consumidores-ahorradores. El perdedor inicial sería la banca, pero a largo plazo no necesariamente debería de serlo. La banca tiene la capacidad para adaptarse y satisfacer mucho mejor las necesidades de los consumidores-ahorradores de lo que lo hace en la actualidad, con una baja competencia en el sector. Lo único que le falta a la gran banca es tener el incentivo que le empuje a hacerlo y, liberalizar el sector y abrirlo por completo a la libre competencia, sería el catalizador necesario para conseguirlo. Con la aparición de mucha y muy variada competencia en la industria de gestión de activos mejoraría mucho la calidad de los productos ofertados, se produciría una significativa rebaja de los costes de las comisiones cobradas y, en definitiva, la calidad de los productos ofertados sería notablemente mejor. Con el horizonte en el largo plazo, claramente ganaría toda la sociedad en su conjunto. No olvidemos que el sistema público de pensiones está abocado al colapso y que una buena administración del ahorro privado de los ciudadanos para planificar su jubilación es un aspecto clave para que nuestro país no se enfrente a un drama en el futuro.

Veamos el lado positivo de todo esto: revertir este problema es sólo cuestión de voluntad política. Los ahorros de millones de personas en nuestro país están a un simple cambio normativo de verse enormemente beneficiados de lo que la banca lleva décadas presionando (como lobby que es) para que no se produzca: que surja la muy deseable competencia. Ojalá escuchen nuestros deseos y, pese a ser políticos, actúen con coherencia y sentido común.

El padre de familia que se volvió loco

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Un buen día llegó un padre de familia a su casa. Como de costumbre abrió la puerta, entró en el hogar y saludó a los presentes. Lo que no era tan acostumbrado era la bolsa de regalos de la tienda Apple, ni la sonrisa en su cara.

Los niños, como intuyendo que algo especial pasaba, se arremolinaron a su alrededor e insistían en preguntarle qué pasaba. Sin abrir la boca, pero manteniendo la sonrisa, el padre comenzó a sacar paquetes y repartirlos entre su progenie, paquetes que una vez despojados de su atuendo demostraron ser los iPhone más recientes en el mercado. La sorpresa de los niños solo consiguió acrecentar las curvas de la sonrisas del padre.

"¿Y esto, papá? ¿Qué ha ocurrido?", preguntaban con cierta curiosidad los niños, que no tardaría en apagarse una vez encendido el recién obtenido dispositivo.

– Niños, somos ricos – informó ufano el padre.

– ¡Qué bien! – exclamaron al unísono los hijos.

– No solo os he comprado el nuevo iPhone, también tendréis el nuevo iPad. Además, me he comprado un Ferrari Testarossa, a vuestra madre un collar de diamantes, y para todos una casa en la playa. Y pasado mañana salimos en un viaje de un mes a dar la vuelta al mundo, he aquí los billetes.

– ¡Papá! Estos es maravilloso, muchas gracias. ¿Y cómo ha sido? ¿Te has cambiado de trabajo? ¿Te ha ido bien algún negocio?

– Nada, no os preocupéis. Es que ahora somos ricos.

Y con esto los niños se fueron a jugar con sus iPhone nuevecitos, y la más mayor a pensar qué se llevaría de equipaje a dar la vuelta al mundo.

Al poco llegó la esposa y madre del padre y niños nuevos ricos, respectivamente. Al recibir el collar de diamantes que se le regalaba, no pudo reprimir un brillo en los ojos y hasta una ligera sonrisa. No obstante, su naturaleza escéptica le impedía disfrutar de tan lujoso presente hasta conocer más la naturaleza de la riqueza tan repentinamente hallada por su marido.

– Pero, ¿qué más te da? ¿No te basta saber que ahora somos ricos? – le decía una y otra vez el marido.

Hasta que, derrotado por la femenina insistencia, esbozó otra sonrisa, y se lo dijo.

– He pedido al banco un préstamo de 10 millones de Euros, y me he comprado todo lo que os he dicho. Lo ves, ¡ahora somos ricos!

El resto de la historia ya no es tan feliz, claro. La mujer se puso a llorar y a gritar que cómo había hecho eso, que había arruinado a toda la familia, y que jamás podrían devolver ese dinero. Mientras tanto, los niños en sus habitaciones seguían disfrutando de la "riqueza" así adquirida por su padre…

Hace unos días, el presidente de nuestro Gobierno se ha ido a Australia a contarle a los del G-20 cómo ha hecho España para "salir" de la crisis. No sé qué les habrá contado, pero seguro que no esta historieta.

Por si la alegoría no es obvia, la aclararé:

– El padre de familia es el gobierno español;

– Los niños son los ciudadanos españoles (y a lo mejor los mandatarios del G-20) que creen que hemos salido de la crisis;

– Los regalos y adquisiciones del padre son los puestos de trabajo y el crecimiento que se está creando;

– La deuda es, eso, la deuda.

Solo nos queda saber quién es la sufrida esposa que desenmascarará la supuesta generación de riqueza del padre. Pero lo sabremos en poco tiempo.

Contra el reparto de España

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

No sería porque no estuviera anunciado. En otoño del 2012 el presidente de la Generalidad catalana había proclamado a los cuatro vientos su intención de convocar un referendum que, con perseverancia digna de mejor causa, ha materializado de forma circense, pero no menos insidiosa, el pasado 9 de noviembre.

Algunos ya urgimos entonces al presidente del gobierno español a responder a tamaño envite sin eludir el debate político abierto y transparente sobre los deseos independendistas en diversas regiones y asumiendo con valentía la iniciativa política que nunca debió dejarse en manos de los partidos nacionalistas y separatistas.

De acuerdo a la Constitución vigente, (Art. 1.2, 2, 92) por un lado, el mantenimiento de la unidad española resulta una cuestión de especial trascendencia y, por otro, todo referendum para consultar sobre un cambio de la composición de la ciudadanía española debe dirigirse a toda esta comunidad política. Ese referendum solo puede ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Debería ser obvio, pues, tanto para independentistas como para los defensores de la unidad de España, que los referendos para consultar sobre su deseo de independencia solo a los españoles de una región son claramente inconstitucionales, pese a que, por ejemplo, Artur Mas envolviera su decreto de convocatoria con la cobertura aparente de una ley autonómica ad hoc,en un ejemplo claro de fraude de ley.

En este contexto choca aún más cómo es posible que los partidos nacionalistas no recurran a las vías legales (Art. 166 y 87 CE) a su disposición para instar la reforma constitucional en el sentido que parecen apetecer. Más aún cuando algunas de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a las que se reconoce la legitimación de iniciativa (caso catalán y vasco) están controladas por ellos mismos. Esa constatación permite despejar dudas sobre su naturaleza. Se trata de movimientos que desprecian el imperio de la ley, aparte de que sus ideologías demuestran tintes totalitarios y xenófobos bastante acusados.

Si uno de los más importantes representantes del estado (guste o no, el presidente de una comunidad autónoma sin duda lo es) anunciaba abiertamente que quería conseguir sus objetivos por medio de la subversión del orden constitucional, parecía bastante evidente que el presidente del gobierno tenía la obligación, en primer lugar, de actuar de manera preventiva antes de que el atropello se cometiese. Conviene recordar que el actual presidente del gobierno, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios populares en el Congreso de los Diputados y el Senado, los cuales gozan de amplías mayorías absolutas, cuenta con una larga lista de medios políticos y jurídicos para defender la legalidad. Siempre que, cualesquiera que sean sus cálculos e intereses, sea ésta su voluntad y la de los parlamentarios que lo sostienen…

En efecto, aunque el debate oficial se haya desviado por los derroteros derivados del incumplimiento grosero de la suspensión cautelar de la primera convocatoria decretada por el Tribunal Constiucional, cabe preguntarse cómo es posible que el gobierno central se haya abstenido durante más de dos años de tomar las medidas necesarias para evitar un fraude insurreccional de esas dimensiones.

Desde el conocido remedio contemplado en el artículo 155 de la Constitución de requerir a una comunidad al cumplimiento de sus obligaciones o abstenerse de atentar contra el interés general de España, que pueden llevar en caso de desatención a una súbita asunción de responsabilidades por parte del gobierno central, a otros medios más sútiles como los contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la propia impugnación ante los tribunales de actos administrativos de los gobiernos autonómicos y de leyes; el gobierno central dispone de un amplio elenco de potestades que le permitirían atajar la situación creada.

Resulta hilarante que instituciones como el “Consejo Asesor para la Transición Nacional“, creadas por el gobierno regional catalán para subvertir y horadar desde dentro el sistema o asociaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña, subvencionada por la Generalidad catalana con el dinero de todos los contribuyentes españoles, continúen funcionando con apariencia de legalidad.

Estados Unidos avanza hacia la liberalización de la marihuana

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 4 de noviembre los estadounidenses acudieron a las urnas, básicamente, para darle un revolcón a Obama. Las Midterm Elections, en las que se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se eligen un sin fin de gobernadores, alcaldes y otros cargos locales, han sido un claro baño republicano. No porque el Partido Republicano tenga buena imagen ni traiga ideas ilusionantes, sino por el mero gustazo de darle un palo a un Presidente que se encuentra en sus horas más bajas de popularidad. Pese a que aún le quedan dos años de mandato, los americanos han decidido dar por zanjado el capítulo de Obama y entregar las cámaras legislativas a los Republicanos. Ahora veremos al Presidente volcado en política exterior, pero será porque dentro de Estados Unidos ya no manda él.

Bajo toda esa polvareda electoral, en estas elecciones también se han votado unas 150 propuestas locales que se deciden mediante democracia directa. Si un gran tema cabe destacar de entre la variedad de asuntos votados, ése es el de la progresiva liberalización de la marihuana que se está produciendo en Estados Unidos. Los votantes de los estados de Alaska y Oregón han aprobado la legalización de la producción y consumo de marihuana para fines recreativos, y en la capital nacional, Washington D.C., se ha legalizado la posesión de pequeñas cantidades para consumo personal. Estos casos se suman al de los estados de Colorado y Washington, que han sido pioneros en levantar la prohibición de la marihuana. Si a esto añadimos que en gran cantidad de estados ya está permitido el consumo de cannabis con fines terapéuticos, ya casi la mitad de los estados han dado algún paso en esta dirección. Aunque tímidos, son pasos dignos de celebrar.

2014 está siendo un gran año para la libertad individual en este ámbito. En enero del presente año, en Colorado pudieron abrirse los primeros establecimientos de venta de marihuana. En torno a la "milla verde" de Denver ha comenzado a brotar una joven industria compuesta de cientos de pequeñas empresas innovando y compitiendo para satisfacer a los consumidores, cuyos ingresos totales para este año se estiman en 1.000 millones de dólares. Dice The Economist que "así como en San Francisco todo el mundo parece estar diseñando una app, todos en Denver tienen su idea para un canna-business". El mercado está, lentamente, arrancando esta actividad de las manos de las mafias y las bandas criminales.

Sin embargo, este sector naciente se está encontrando con serios problemas que impiden su pleno desarrollo. El principal de ellos se llama gobierno federal. El ejecutivo que preside Barack Obama sigue considerando el consumo de marihuana un grave delito y tiene implementadas restricciones que cortan las alas al sector incluso en los estados en los que es legal. Por este motivo, por ejemplo, las empresas de Colorado tienen muchas dificultades para usar el sistema bancario por culpa de la legislación antiblanqueo, no pueden casi recibir préstamos y les es del todo imposible financiarse mediante bonos o acciones. Además, la legislación estatal obliga a las empresas a cultivar el 70% de sus ventas minoristas, impidiendo la especialización y la división del trabajo. Esto, sumado a que las compañías no pueden realizar ninguna actividad fuera de sus respectivos estados, hace que el mercado del cannabis no pueda desarrollar todo su potencial para servir a los consumidores.

Según recoge el Pew Research Center, desde 2013 la mayoría de la población estadounidense está de acuerdo en que la marihuana sea legal. Actualmente en torno a un 54% es favorable a la total legalización de esta droga y la tendencia es claramente creciente. Habitualmente se esgrimen diversos motivos por los que hay que derribar la prohibición. Son argumentos que coinciden con los que, hace más de ochenta años, se daban para acabar con la Ley Seca impuesta en Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones que se alegan para levantar la prohibición de las drogas?

La prohibición de las drogas no hace que la gente deje de consumir. Lo que hace es obligar a que la producción, distribución y consumo se hagan al margen de la ley. Y ahí no hay acceso al sistema de la justicia, no se respeta la propiedad privada ni se cumplen los contratos. El negocio no se lo lleva el que mejor sirve al consumidor sino el que puede controlar violentamente el territorio, el mejor en evitar ser atrapado por la justicia y el más experimentado en corromper a la policía. En definitiva, la prohibición pone la actividad en manos de los expertos en el crimen organizado: las mafias y las bandas criminales. Como dijo Milton Friedman, "si observamos las guerra contra las drogas desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas". El consumidor queda así desamparado contra abusos como los fraudes, la venta de droga adulterada y la violencia. A su vez, el Estado se ve obligado a despilfarrar una gran cantidad de recursos económicos y humanos para combatir sin ninguna posibilidad de éxito un problema que él mismo ha creado. Por supuesto, en el camino va dejando un reguero de víctimas inocentes.

El hecho de que la liberalización de las drogas permita que el negocio vuelva a las manos de quienes realmente satisfacen a los consumidores de manera pacífica, que el consumidor sea soberano y pueda denunciar los abusos o que reduzca el crimen son grandes argumentos en favor del fin de la prohibición. Por ejemplo, muchos partidarios alegan que la importante caída de los crímenes violentos en Denver durante este último año es en buena parte debido a la legalización de la marihuana. Sin embargo, estas son razones secundarias, pero no son el verdadero motivo por el que debería derribarse definitivamente la prohibición de las drogas.

La razón de fondo para acabar con la prohibición de las drogas es, sencillamente, el respeto escrupuloso a la libertad individual. Los liberales creemos que cada uno es dueño de sí mismo y que somos libres de actuar como consideremos oportuno siempre que no agredamos a los demás y respetemos sus derechos de propiedad. La decisión de consumir o no drogas como la marihuana es una decisión personal importante, pues acarrea riesgos y peligros. Pero es una decisión que no debe ser impuesta por el Estado, sino que la debe tomar cada adulto para sí mismo, haciéndose así responsable de sus consecuencias. La prohibición actual de las drogas, como recientemente decía Albert Esplugas, no es otra cosa que la imposición de las preferencias de unas personas sobre todos los demás.

El progresivo avance de la liberalización de la marihuana que en la actualidad se está viviendo en Estados Unidos es motivo de celebración para los liberales y para aquéllos que en este punto coinciden con la postura liberal. Sin embargo hay que reconocer que nos encontramos aún muy al principio del camino. Esperemos que los estadounidenses sigan transitando con decisión por esta senda y que otros países se incorporen a la travesía. Aun cuando Estados Unidos no es el paladín de la libertad que muchos creen, y su liberalismo sólo es apreciable cuando lo comparamos con países como los europeos, de cuando en cuando sí nos concede, en algún ámbito como éste, una buena noticia para la libertad.

La ‘Tasa Google’, un nuevo recorte a la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Resulta muy fácil ser generoso con el dinero ajeno y sin medir las consecuencias que eso pueda tener para terceros, incluyendo lo que afecta a su libertad y sus derechos. Esa actividad, la transferencia de los bienes económicos de unos ciudadanos a otros o de unas empresas a otras, es una especialidad de todos los Gobiernos. Suele hacerse vía impuestos y partidas en los Presupuestos Generales, pero en ocasiones se opta por otras fórmulas diferentes.

Es lo que ha ocurrido ahora en España con la denominada ‘Tasa Google’ o ‘Canon AEDE’. Se trata de la forma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha acudido al rescate económico de unos grandes periódicos que están pasando desde hace años por una pésima situación económica (en buena medida por causa de la crisis, pero también debida a años de mala gestión empresarial).

Tras negarse a entregar ayudas directas a los editores de prensa, pensando que tal vez esto tuviera un coste en términos de imagen, al Gobierno le pareció una estupenda idea aceptar la propuesta que le hizo una importante organización de editores de diarios: obligar a Google y otros agregadores de noticias a pagar por enlazar los contenidos de las web de los periódicos. El precio, al fin y al cabo, lo pagan unas empresas a las que previamente se presenta como parásitos. Y al Gobierno no le importa el coste que para los ciudadanos pueda tener en términos de recorte de libertad de expresión.

De hecho, los primeros en pagar un precio por obtener el favor que pidieron han sido los propios rotativos que promovieron la medida. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a cambio de la ‘Tasa Google’ la cabeza de los directores de tres de los cinco grandes periódicos españoles (El Mundo, El País y La Vanguardia), precisamente los tres responsables de diarios más incómodos (por distintos motivos) para el actual Ejecutivo. Las testas fueron entregadas en un nuevo episodio de la creciente intervención del poder en los medios de comunicación españoles.

Pero esos diarios, o sus profesionales y lectores, no son las únicas víctimas del ‘Canon AEDE’, instaurado con la excusa de la mal llamada propiedad intelectual. Lo son todos los agregadores de noticias por Internet que operan en España, hasta el punto de que no debemos descartar que algunos de ellos terminen por desaparecer. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) va a cobrar por todos los contenidos a los que se pueda acceder a través de esos servicios, con independencia de que sean de páginas de sus asociados o no. De esta manera, llenará sus arcas a costa de las informaciones de numerosos medios digitales que no forman parte de esa organización.

A estos últimos no se les permite la opción a renunciar a que los agregadores paguen por sus contenidos a cambio de que sean incluidos en sitios como Google News o la española Menéame. Así se evita que ocurra lo que ha pasado en Alemania, donde Google comenzó tan sólo a incluir noticias de aquellos medios que pedían de forma expresa aparecer en su servicio News y renunciaban al cobro de una compensación. El efecto fue que quienes se agarraron a exigir el cobro, desaparecieron del sitio del gigante de internet y tuvieron una gran caída de visitas, con el consiguiente descalabro económico al desplomarse sus ingresos por publicidad.

Con la opción elegida en España el resultado puede ser que Google, Yahoo y otras empresas que ofrecen servicios de agregación de noticias opten por dejar de operar en el país. De esta manera, por su ambición, los grandes periódicos de papel con la complicidad del Gobierno habrán matado a la gallina de los huevos de oro y habrán causado un gran daño al resto de medios digitales y al conjunto de los internautas.

Pero los riesgos son aún mayores. La redacción del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (donde se incluye el citado canon) es muy ambigua. Aunque desde el Ejecutivo se ha dicho que la ‘Tasa Google’ no afecta a las redes sociales, donde los usuarios vuelcan enlaces a muchas noticias, la realidad es que el texto no cierra en absoluto esa opción. Todo es posible, y si Google cierra su servicio News, no es descartable que desde AEDE traten de vampirizar las cuentas de Facebook o Twitter, lo que podría significar que estas empresas optaran por dejar de ofrecer sus servicios en España.

Irónicamente, en casi todos los escenarios posibles, los mismos que han promovido la ‘Tasa Google’ terminarán perdiendo visitas y, por tanto, ingresos de publicidad. El problema es que, mientras tanto, el resto de los ciudadanos (desde los profesionales del resto de medios hasta los lectores) habremos perdido mucho en términos de libertad de información y de expresión; y, en algunos casos, también desde el punto de vista económico.

Hong Kong frente a la democracia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El ruido de la calle se ha apagado, aunque no del todo. Pero el conflicto que subyace en Hong Kong sobre su sistema político sigue latente, y volverá a estallar, inevitablemente. La ex colonia británica fue entregada a la China continental, regentada por una dictadura comunista, en 1997. La cesión del control del territorio se efectuó bajo ciertas condiciones que permitían el reconocimiento y la defensa de ciertos derechos básicos de que disfrutaban los hongkoneses.

Desde que comenzaron a elaborarse los dos informes sobre libertad económica en el mundo, Hong Kong ha ocupado siempre el primer lugar. Incrustar una economía libre en un régimen comunista parece un imposible. Pero lo cierto es que China, partiendo de una experiencia particular, empezó un camino de reformas que han acercado al país a una economía de mercado. Tanto, que Albert Esplugas habla ya de una economía ex comunista. Llamémosle ex o post comunista, lo cierto es que es una sociedad complejísima, con una amalgama de planificación y mercado, represión y libertad, que ni siquiera guarda una coherencia en todo el territorio. Ese camino hacia la liberalización, que comenzó en 1978, es el que preparó al régimen para aceptar, doce años después, la Constitución de Hong Kong, que es la que rige en estos momentos. China estaba dispuesta a asumir el principio de “un país, dos sistemas”.

El capitalismo y la democracia han ido históricamente de la mano, en una relación fructífera, aunque no necesaria ni del todo simbiótica. La democracia, de hecho, ha parasitado al capitalismo. El proceso político consiste en la transferencia de renta y riqueza, desde el control del Estado, de unos grupos sociales a otros y a sí mismos. La democracia facilita esa transferencia, y la amplía, al revestir ese proceso de apropiación y reparto de una ideología que lo justifica, y que es aceptable para una gran mayoría de la población. La democracia ha permitido al Estado alimentarse de la riqueza que genera el capitalismo. Y ha entablado con él un juego en el que le aprieta para acrecentar su riqueza y su poder, pero no lo suficiente como para ahogarlo y sucumbir él mismo en una crisis que le ponga en riesgo. A medida que el capitalismo ha permitido mayores cotas de riqueza, el Estado ha podido capturar mayores proporciones de la misma, sin evitar por ello que la población deje de progresar, aunque lo haya hecho a ritmos menores de los posibles.

El régimen político de Hong Kong es relativamente liberal, pero no plenamente democrático. De hecho, Gran Bretaña ha gobernado esa colonia durante 170 años sin que jamás haya adoptado un régimen democrático. Hong Kong tiene un Parlamento con una legislatura de cuatro años, que está elegido por dos mitades. De los 70 legisladores, 35 son votados en un sufragio universal. Cinco proceden de una circunscripción funcional, orgánica. Y otros 30 son elegidos por unos 230.000 electores que proceden, en su mayoría, por sectores empresariales y profesionales. El gobierno se elije por una circunscripción aún más restringida, un Comité Electoral formado por unos 1.200 electores, que proceden de nuevo de los mismos sectores.

Eso no ha impedido que los ciudadanos de aquélla ciudad tengan un alto nivel de vida. La renta media per cápita, en paridad del poder de compra, según los datos recabados por The World Factbook elaborado por la CIA, era el año pasado de 52.700 dólares de 2013. Ocupa el puesto 15 de los más de dos centenares de países que hay en el mundo. Esto puede resultar chocante a quien identifique democracia y progreso, pero son los riesgos de la metonimia que se produce con las palabras democracia y libertad.

China ha interpretado, correctamente, a Honk Kong, como una amenaza, tal como dice Alberto Illán. Es un ejemplo de lo virtuosa que es una sociedad libre. Pero el caso de Hong Kong nos debe llevar a plantearnos, con honradez, otra cuestión. ¿Habría logrado el país tan altas cotas de libertad y prosperidad, madre e hija, con un sistema plenamente democrático? Viendo la relación parasitaria que mantiene con las sociedades libres, es muy posible que no hubiese sido así. Hablar de “la democracia” es un abuso, pues hay muchas, unas más y otras menos respetuosas de la libertad de las personas. Aún creo que la democracia puede aportar lo mucho que tiene de bueno a una sociedad libre. Pero no debemos dejar de verla como un medio, sin perder de vista que la libertad es el objetivo, pues es la tierra fértil de una sociedad buena.

Defensa de la Constitución Española de 1978

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Iniciativa en Change.org y en HazteOir.org.

Hoy he tomado la determinación de solicitar, públicamente, la Defensa de la Constitución Española de 1978 mediante el apoyo, la promoción en Internet y la participación en reuniones el próximo 6 de diciembre de 2014 desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche.

Empleando la plataforma de movilización de Change.org, convoco a la realización de reuniones pacíficas el próximo 6 de diciembre con el objetivo de que los asistentes depositen velas encendidas de modo que formen una "V" de "Vigilia" en Defensa de la Constitución Española de 1978 ante las principales instituciones: el Congreso, el Senado, el Palacio de la Moncloa, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los Ayuntamientos y los Parlamentos Autonómicos.

Las reuniones deben ser impulsadas espontáneamente por los ciudadanos con valores inclusivos e integradores, acercándose con sus familiares y amigos para encender las velas delante de las principales instituciones democráticas de España formando una "V" que ilumine las instituciones y que, también, debe simbolizar la "Victoria" de los ciudadanos sobre las oligarquías destructivas que intentan fracturar España.

Dado que el próximo 6 de diciembre de 2014 cae en sábado, se podrían aprovechar las reuniones espontáneas para disfrutar de una jornada festiva y leer en voz alta ante las principales instituciones, el Preámbulo y el Título I de la Constitución Española de 1978que, obligatoriamente, deben acatar, obedecer y defender todas las autoridades.

También sería interesante si se leyesen en voz alta libros de historia de España como, entre otros, los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós y la Historia de Españade Juan de Mariana.

Debido a la inacción del Gobierno de España que preside el Presidente, Mariano Rajoy Brei, finalmente, el heredero político de Jordi Pujol y actual presidente autonómico de Cataluña, Arturo Más, ha logrado realizar una consulta secesionista (ilegal), en contra de la Constitución Española de 1978 y a pesar de haber sido prohibida en dos ocasiones consecutivas por el Tribunal Constitucional.

En los pasados meses, he analizado en diferentes artículos el miedo a la libertad [1], el desafío institucional en Cataluña por oligarquías extractivas de los recursos [2] y destructivas [3] del orden político de España, el deterioro de la ley [4] por la impunidad y la corrupción imperantes y, finalmente, las acciones necesarias para frenar el desafío nacional-secesionista en Cataluña [5].

Dado que parece que el Presidente del Gobierno y la casta política están dispuestos a iniciar negociaciones para pactar, mediante un "consenso de felones", aquello que es absolutamente innegociable que es la soberanía del pueblo español (Art. 1 CE) y la indisoluble unidad de España (Art. 2 CE), parece haber llegado el momento de que los ciudadanos españoles nos movilicemos pacíficamente para reclamar la aplicación del Artículo 155 CE para la suspensión de la autonomía de Cataluña en defensa de la Constitución Española de 1978.

En definitiva, ha llegado el momento de que los ciudadanos nos opongamos con firmeza a las políticas de hechos consumados que tratan de imponernos porque, de seguir así, nos guían hacia una involución institucional (ilegal) con unas elecciones autonómicas plebiscitarias en Cataluña, y una probable declaración unilateral de independencia, en contra del ordenamiento jurídico de la Constitución Española de 1978, por lo que debería contrarrestarse como se hizo en el año 1934.

Solicitemos públicamente a las autoridades que cumplan y hagan cumplir la Constitución Española de 1978 y que, por tanto, se aplique el Artículo 155 CE sobre aquellas autoridades de Cataluña que promovieron e impulsaron la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional y que, ante los intentos de secesión por parte de las oligarquías de una región, el Gobierno de España impulse la suspensión de la Autonomía de Cataluña; además de exigir las responsabilidades penales por los delitos que hayan podido cometer, tal y como solicitan UPyD [6] y VOX [7][8], para que el Gobierno de España defienda el interés general y no desista de ejercer las funciones a las que está obligado por el mandato constitucional.

Además, si no se aplica el Artículo 155 CE por la cobardía de las autoridades, los ciudadanos debemos exigir en las calles –todos los días 6 de cada mes a las 6 de la tarde y formando una "V" con velas encendidas— la inmediata dimisión del Gobierno de España y la convocatoria de elecciones generales.

Hay que presionar socialmente para que la casta política permita renovar el Parlamento, de modo que los ciudadanos puedan intentar que prevalezcan los líderes inclusivos e integradores, en lugar de los personajes pusilánimes y felones.

Debemos mostrar nuestra indignación, mes tras mes, hasta poder desalojar democráticamente a los cobardes y traidores que medran, y viven a nuestras expensas, en el Parlamento español y en los 17 parlamentos autonómicos de los Reinos de Taifas; compuestos en su inmensa mayoría por oligarquías extractivas y destructivas del orden político, que han involucionado el régimen constitucional desde la partitocracia hasta la cleptocracia.  

Por todo lo anterior, y si Uds. han llegado hasta aquí en la lectura del artículo, permítanme que les exhorte y convoque para apoyar, promover en las redes sociales y participar pacíficamente en las reuniones del próximo 6 de diciembre a las 6 de la tarde para Defender la Constitución.

Gracias por adelantado por los apoyos que se reciban, por la participación en las reuniones, por ejercer como ciudadanos de España y por iluminar con velas las instituciones formando una "V" de "Vigilancia" del cumplimiento de la Constitución que, también, es la "V" de la "Victoria" frente a las perversas y oscuras intenciones de las oligarquías.

APOYAR EN CHANGE.ORG

La contrastación empírica como criterio de validación erróneo

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Ya vimos cómo la predicción "científica" no es posible en la ciencia económica. Pero es que además, el criterio de validación de hipótesis tal y como lo entiende el positivismo, esto es, contrastar las hipótesis con la evidencia empírica para establecer su poder de predicción y su éxito, es profundamente incorrecto para la ciencia económica.

Y es que no se puede explicar el comportamiento humano en base a fenómenos observados. La razón es que existen múltiples factores que influyen sobre el fenómeno que estamos estudiando inaprehensibles para nuestra mente. En la realidad que observamos se dan muchos cambios simultáneos que están actuando y que explicarían los distintos eventos que se están produciendo.

Bastará con comentar varios ejemplos:

¿Ante un aumento de la demanda de tomates los precios tienden a subir o a bajar? Imaginemos que se produce un aumento de la demanda de tomates. En muchas ocasiones se podría dar el caso que observáramos que su precio se mantiene o incluso disminuye. Si las leyes de la economía se estableciesen o verificasen empíricamente podríamos llegar a la conclusión de que un aumento de la demanda no lleva a precios mayores. Sin embargo sabemos que la ley de tendencia nos indica que un aumento de la demanda debe conducir a unos precios mayores ceteris paribus. La razón de que los precios no aumenten puede ser un descubrimiento de nueva tecnología que incremente drásticamente la producción de tomates, lo cual disminuiría su precio porque se introducirían más unidades de bien en el mercado.

Otro ejemplo: ¿ante un aumento de impuestos la productividad tiende a aumentar o disminuir? En ocasiones se da el caso de que un aumento de impuestos no se traduce en un descenso de la productividad. Empíricamente, entonces, diríamos que las subidas de impuestos no llevan a disminuciones de productividad. Sin embargo, sabemos que un aumento de impuestos disminuye el ahorro, y por tanto, la productividad. La razón de que la productividad no disminuya es que los impuestos no es el único factor que influye en el ahorro, por lo que no necesariamente la productividad tiene que ser cuantitativamente más baja si se suben los impuestos.

Es erróneo verificar empíricamente ninguna hipótesis teórica en la ciencia económica. Los fenómenos que se estudian están producidos por una multiplicidad de factores inalcanzables para la mente humana. Tales fenómenos, por el contrario, sólo pueden ser inteligibles y comprendidos si se posee la teoría lógica previa que nos proporciona la ciencia económica basada en la Praxeología, y que se obtiene por otros procedimientos metodológicos.

El economista no puede derivar teoremas acerca de las relaciones causales del análisis del material disponible. La experiencia ‘histórica’ no es la experiencia de laboratorio. Es experiencia de un fenómeno complejo resultado de la operación conjunta de muchos factores. Esto muestra por qué es equivocado afirmar que incluso la economía deductiva obtiene sus premisas de la observación. Lo único que podemos ‘observar’ son fenómenos complejos.

A esto hay que sumar que los hechos que son objeto de investigación en las ciencias sociales no son directamente observables en el mundo exterior. Las ciencias sociales estudian hechos de la acción humana, que pertenecen a otra clase/categoría que los estudiados por las ciencias naturales. No tienen entidad física sino que son conceptos mentales. No deben ser observados sino interpretados. Las ciencias sociales deben construirse no en términos físicos, sino en función de las opiniones o intenciones de las personas que actúan; es decir, el método de las ciencias sociales debe ser, por su propia naturaleza, esencialista, finalista y teleológico. El trabajo del economista se debe limitar a construir una teoría lógico que sea capaz de interpretar los hechos del mundo exterior.

La conclusión es que no se puede, por tanto, establecer como criterio de validación de hipótesis su contrastación empírica.

¿Podamos? ¡Podemos!

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Algunas hojas del árbol social están cayendo o están siendo cortadas por podridas o corruptas. Estamos soltando lastre, librándonos de parásitos y sanguijuelas que nos chupan la sangre. Conviene continuar: no esperar a que caigan por sí solas, sino eliminar activamente las ramas muertas, viejas o secas que dificultan el crecimiento y el desarrollo.

Sin embargo mucha gente parece estar fijándose de forma parcial e incompleta en casos llamativos y se niega a ver el elefante en la habitación. El problema social no está solamente en unos pocos políticos o altos mandos corruptos o incompetentes, en una casta elitista que presuntamente lo controla todo y se reparte los despojos del poder. El problema más grave y fundamental está en el poder estatal en sí mismo y en todos aquellos, que son muchos, que prosperan gracias a él y viven impunemente a costa de los demás.

Podemos todas las castas depredadoras: las elitistas al mando y las populares que contribuyen al sostenimiento de las elitistas. Estas castas masivas también necesitan una profunda depuración. Conviene podarlas o reformarlas de forma radical para conseguir que de forma efectiva se pongan al servicio de los demás en una economía de mercado libre. No nos creamos sus muy repetidos e hipócritas eslóganes según los cuales ellos se sacrifican por el bien común: obliguémosles a hacerlo de verdad. Denunciemos a aquellos que denuncian a sus superiores políticos y les tachan de casta casi exclusivamente para despistar, para distraer la atención sobre su propia naturaleza de grupos de interés y presión.

Cuanto más importantes sean los servicios que prestan (como en la sanidad o en la educación) más importante es corregir sus múltiples ineficiencias y abusos. Privaticemos la sanidad y la educación, y si es necesario utilicemos cheques sanitarios o escolares para permitir que los receptores de los servicios actúen como consumidores soberanos capaces de controlar y disciplinar a los productores o proveedores.

Podemos el escaqueo sistemático de múltiples colectivos. Podemos la administración a todos los niveles de funcionarios apoltronados, pegados y apegados a su plaza en propiedad. Vigilemos y midamos con rigor su productividad y no nos dejemos engañar por sus posibles trampas para aparentar que están trabajando duro y bien. Exijamos transparencia, que actúen públicamente como auténticos servidores públicos.

Podemos los entes públicos que existen en beneficio de los allí atrincherados. Eliminemos las televisiones públicas.

Podemos los impuestos, el presupuesto, los gastos y la hacienda pública. Dejemos la renta y la riqueza en manos de sus legítimos propietarios, sus productores.

Podemos las subvenciones, los subsidios y las protecciones a los productores ineficientes. Podemos a los incompetentes o poco competitivos.

Podemos el corporativismo de todos los gremios que sólo buscan evitar la competencia y tapar sus vergüenzas.

Podemos las regulaciones que asfixian la libertad y matan la iniciativa empresarial innovadora y creativa.

Podemos la picaresca. Arranquemos de cuajo a todos aquellos que viven del cuento, del lloriqueo, del victimismo, de exagerar sus necesidades. Podemos a los sinvergüenzas y a los vagos.

Podemos la envidia y el igualitarismo coactivo.

Podemos la chapuza.

No añadamos más lastre al peso muerto que ya sufrimos. No institucionalicemos el derecho a vivir por la cara, simplemente por estar ahí, por existir, sin necesidad de ofrecer nada de valor a cambio de lo que se recibe.

Podemos las ideas disparatadas y falaces que se difunden desde tribunas universitarias fanáticamente politizadas e ideologizadas.

¿Podemos podar? ¡Podemos!