Como explicamos en el anterior artículo, los intervencionistas políticos y monetarios no escatiman tiempo ni esfuerzos en inventarse chivos expiatorios en un intento de transferir su responsabilidad en esta crisis.
En este sentido, cómo no culpar a los empresarios y ciudadanos argumentando que, movidos por su codicia y afán de dinero, han llevado a la sociedad al colapso. Vivimos en la cultura de la avaricia, dicen.
Ciertamente es muy probable que exista gente muy avara pero, desde luego, esto no puede explicar como todos los agentes yerran en sus proyectos profesionales y personales, es decir, no puede explicar cómo se provoca una descoordinación generalizada entre las decisiones intertemporales de consumidores y productores.
El proceso real es el siguiente. Las autoridades monetarias estimulan la expansión de crédito por parte de los intermediarios financieros, que aumentan los fondos destinados a préstamos a largo plazo a partir de pasivos corrientes (en ocasiones hasta repos). Esto acabará haciendo que los tipos de interés se reduzcan, pero no porque exista un ahorro voluntario previo, sino por este exceso de liquidez artificial.
Esta reducción de tipos estimula la actividad económica. Hace que sean rentables proyectos que hasta ahora no lo eran. Ahora, sin embargo, pueden iniciarse. Emprenden nuevos proyectos de inversión más largos, contratando a trabajadores y comprando bienes de capital. Se les induce a actuar como si el ahorro de la sociedad se hubiese incrementado.
Se llega eventualmente a un lógico exceso de malas inversiones y endeudamiento a largo plazo (construcción, por ejemplo) que pone de manifiesto la distorsión creada entre inversores y ahorradores. Concretamente, éstos últimos no están dispuestos a esperar a recuperar sus fondos hasta cumplirse el plazo de maduración de los proyectos emprendidos.
A partir de aquí la estructura productiva distorsionada debe reajustarse a las preferencias intertemporales de los consumidores con las consecuencias que estamos sufriendo.
Entendido esto, hemos de darnos cuenta y poner de manifiesto que es prácticamente imposible que los agente económicos sepan si el crédito que reciben proviene de ahorro previo voluntario o si, por el contrario, proviene de crédito artificialmente expandido. Es imposible. Todo aquel agente que precisaba de financiación asequible para llevar a cabo sus proyectos cayó preso de las malas señales financieras propiciadas por las autoridades monetarias.
En el décimo aniversario de los asesinatos de lesa humanidad cometidos el 11 de marzo de 2014, los gerifaltes del régimen político actual quisieron explicitar que su existencia se basa en el mantenimiento de una gigantesca mentira, un secreto acerca del cual nadie tiene su autorización para escarbar.
Y, sin embargo, como nos ha recordado Luis del Pino en un excelente análisis, cada vez resultan más evidentes las inconsistencias de las sentencias que condenaron a Emilio Suárez Trashorras como supuesto suministrador de los explosivos, Jamal Zougam como colocador de una de las diez bombas y Othman El Gnaoui como participante en actos preparativos de los atentados. Porque los demás acusados, especialmente tras la faena de aliño asumida por la sentencia dictada en casación por el Tribunal Supremo, solo pueden calificarse como meros figurantes a los que se condenó por unos delitos sin relación con los atentados, aprovechando que todos se encontraban ya en la pecera instalada al modo de banquillo en la sala de vistas de la Audiencia Nacional.
Las condenas a esos individuos se sustentan en pruebas falsas que fueron introducidas de matute. Así, la aparición del explosivo y el teléfono móvil Trium T110 de la mochila hallada en la comisaría de Puente de Vallecas permitió relacionar, en primer lugar, las bombas utilizadas en los atentados y la dinamita GOMA 2ECO supuestamente sustraída por el ex minero (y confidente policial) Suárez Trashorras de Mina Conchita en Asturias. En segundo lugar, condujo el día 13 de marzo de 2004 a la extraña detención de Jamal Zougam, junto a otras personas, incluidos dos hindúes, titular del locutorio del barrio madrileño de Lavapiés donde se vendió la tarjeta SIM del teléfono. La ignominia para apuntar, juzgar y condenar a este hombre como el único asesino directo del 11M causa estupefacción, vergüenza, ira y espanto. Dado que establecer una conexión terrorista entre un vendedor de tarjetas y sus compradores solo podía colar por el estado de aturdimiento colectivo en que se encontraban los españoles después de los atentados, a este hombre se le buscaron testigos para encontrarle en algún vagón de los trenes, como así se encontró con la declaración de dos testigos protegidas sobre las que pesa una seria imputación por falso testimonio. Su condecoración con la medalla al mérito civil por el Ministro del Interior revela hasta que punto el gobierno actual asume no tiene ningún interés en que se descubra la verdad.
Por su parte, el descubrimiento en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares de una furgoneta Renault Kangoo el mismo día de los atentados, que no contuvo restos de cartuchos de dinamita hasta que no fue trasladada al Cuartel de la Policía, cumplía con la función de dejar asentada la idea de que unos terroristas transportaron las 12 bombas en vehículo y cogieron el tren para colocarlas antes de llegar a su destino. Alguién debió darse cuenta de que parecía poco creíble que ese número de personas cargadas con explosivos pudiera trasladarse en una furgoneta, por lo que tres meses después apareció el célebre Skoda Fabia repleto de ropas y enseres de presuntos islamistas, a poca distancia de la anterior. Desechado del particular acervo probatorio del juicio, sin la pertinente deducción de testimonio para investigar esa prueba tan groseramente falsificada, la versión judicial se mostraba incapaz de presentar la dinámica de unos atentados en los que se daba por supuesto ese desplazamiento. ¿En un solo vehículo se metieron 12 terroristas cargados de explosivos y detonadores, entonces?
Al mismo tiempo que surgían las anteriores pruebas falsas, se ocultaron la mayoría de los vestigios recogidos en los escenarios del crimen por policías de la Unidad Central TEDAX bajo el mando del Comisario Juan Jesús Sánchez Manzano y se destruyeron los propios vagones explotados sin que esté claro por orden de quién, lo cual impidió realizar un análisis químico de los explosivos indubitado.
Con respecto a este escándalo la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M formuló una querella contra Sánchez Manzano, la cual, tras sufrir las clásicas trapacerías de los leguleyos al servicio del estado, se instruye en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, que ya había archivado una denuncia contra el mismo sujeto.
Ahora bien, como digo, frente a la búsqueda de la verdad sobre el caso, un observador atento se habrá percatado de la redacción de "un relato" – como los idólatras posmodernos de la razón de estado gustan en llamar a la vulgar intoxicación o propaganda – que cuenta con varias capas precocinadas para los distintos sectores de la población. Destacó en este trágico aniversario la virulencia con la que prebostes de los medios de comunicación privilegiados por el régimen político llamaron a rebato para defender la ortodoxia en peligro. Su arma favorita fue la falacia del hombre de paja para descalificar a todos los que no se creen las mentiras tejidas durante estos años.
Otros conspicuos artífices de la llamada verdad judicial, como el magistrado Gómez Bermúdez, ponente de la primera sentencia del caso, o el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza avergonzaron a propios y extraños con sus "diferencias" acerca de un punto que saben que llama la atención incluso de los más crédulos. Así, mientras que para el primero el "cerebro" de los atentados fue"probablemente" algún yihadista que no llegó a ser enjuiciado, el todo poderoso representante del Ministerio Público apuntó a que "a lo mejor" (vaya usted a saber) tal papel correspondió a Serham El Tunecino, uno de los supuestos suicidados en un piso de Leganés.
A despecho de todos estos censores, una investigación seria de lo ocurrido tendría que desechar las pruebas falsas introducidas en el juicio y extraer conclusiones de la actividad destructora de los vestigios y restos dejados en los escenarios de los crímenes.
En pocos casos reales viene más al caso la teoría de los memes de Dawkins para explicar el rechazo o, en el mejor de los casos, la inhibición de la inmensa mayoría de los españoles frente al asunto del 11-M. Son rehenes de una delirante serie de fantasías difundidas por el estamento político y sus pregoneros para apuntalar una increíble conspiración islamista. Han creado unos vínculos emocionales con esas ideas, interiorizando el terror que inspira todo lo relacionado con aquella historia. Atemorizados por lo que pueda contrariar a este tabú oficial en sus vidas, se muestran impermeables a las pruebas y a las razones que les harían conveniente rebelarse contra ese estado de cosas.
El Estado nació para proteger al hombre de sí mismo y corregir el “peligroso” estado de naturaleza en el que prevalecía “la ley de la selva”. Esta es una bonita historia que los estatistas nos cuentan pero las mayores agresiones al hombre provienen del Estado, no de sus semejantes. De cara al exterior las guerras enfrentan a unos con otros sin necesidad de que los combatientes se conozcan y en el interior la paz social se impone mediante el monopolio de la fuerza. Las fronteras políticas nos separan de forma artificial, existen fronteras naturales pero hace décadas que los hombres consiguieron superarlas por tierra, mar y aire. El espacio, tal vez, no sería hoy una frontera si su exploración se hubiese dejado en manos de la iniciativa privada; de insensatos aventureros en lugar de ser planificada por burócratas que dependen de los presupuestos públicos.
La política exterior puede ser aterciopelada por hermosas palabras pero la política de la acción se impone. En los últimos días hemos visto cómo las tropas rusas tomaban posiciones en la provincia ucraniana de Crimea llevando a cabo una política de hechos consumados mientras que los partidarios de la diplomacia organizaban reuniones y comisiones. El realismo se termina prevaleciendo sobre el idealismo, mientras unos invaden países otros todavía están contando nubes. Sería un error pensar que esta política de la acción se debe a los tics totalitarios de Rusia, pues no hay que ir muy lejos para recordar el espionaje de Estados Unidos que incluía hasta a los líderes de los países “aliados”.
Las democracias actuales han enmascarado el poder del monopolio estatal suavizando sus formas pero manteniendo intactos sus privilegios colectivos sobre los individuos. Las palabras como encubrimiento de la fuerza; la “democracia deliberativa” como artificio dialéctico que adorna la imposición legislativa; las elecciones democráticas como sistema de reparto del poder estatal; la economía del bienestar como mercantilismo de Estado que favorece a los amigos; y el derecho internacional como resolución de los conflictos entre Estados.
El sueño de los planificadores de la paz es ya antiguo, desde que en el siglo XVII Emeric Crucé hiciera su propuesta, pasando por la Paz Perpetua de Kant o los 14 puntos wilsonianos hasta la Organización de Naciones Unidas, han sido muchos los intentos en una historia plagada de fracasos. La Pax Europea es otra ilusión que trata de sustituir un concepto geográfico, Europa, por otro político, Unión Europea. En Ucrania se ha visto como más allá de sus fronteras la UE no tiene ni auctoritas ni potestas. Los ucranianos están siendo rehenes de una situación creada por intereses políticos, nacionales e internacionales, que de no existir se habrían resuelto de otra forma. Jugar con los sentimientos nacionales para conseguir estos o aquellos objetivos políticos nos recuerda lo peor de la historia del siglo pasado.
El conflicto existe, es algo cotidiano a lo que nos enfrentamos en nuestras vidas. Ignorarlo o enmascararlo suele conducir al fracaso, imponer una solución también. Los Estados pueden tratar de fingir la cooperación pero en los momentos clave descubren su naturaleza, la de la fuerza, la de la imposición. La tensión y las discrepancias se resuelven a diario en nuestras relaciones personales, pero también a niveles comunes, de forma pacífica a través del intercambio libre de bienes y servicios; la cooperación y el comercio sustituyen a la guerra en las relaciones libres entre personas y empresas cuando el Estado no impone su fuerza. El liberalismo no es para las relaciones estatales, pero el problema no está en la libertad sino en los Estados.
La invasión militar rusa de Crimea, acompañada de la amenaza de extenderla a otras partes de Ucrania, y el referéndum farsa –se ha celebrado bajo ocupación, con la población opuesta a la anexión huida a otros lugares o en silencio por el miedo, con papeletas que ni tan siquiera iban en sobres y con grupos paramilitares actuando en todo el territorio en cuestión– en la Península, marca en buena medida la actualidad internacional. Al menos en Europa. Este asunto ha vuelto a poner en primera fila la cuestión de las denominadas minorías nacionales en Europa central y oriental.
Actuando como lo hacían determinados políticos europeos de hace varias décadas, incluso casi un siglo, se arroga el derecho y el deber de "proteger" a los rusos de Ucrania. Con tal fin, no duda en enviar tropas (por mucho que no usen distintivos, a nadie se le escapa de que son soldados de la Federación Rusa), armar y apoyar a grupos paramilitares favorables a la integración en Rusia, instaurar un Gobierno títere… El inquilino del Kremlin no hace nada que no hayan hecho en el pasado todo tipo de tiranos para hacerse con el control de un territorio aduciendo que en él vive una minoría nacional identificada con su propio país.
A Putin no le importa la libertad de los rusos de Ucrania. De hecho, viola a diario la de los rusos de Rusia. Heredero directo de los secretarios generales del PCUS y ex alto cargo de la KGB, no contempla que su poder pueda tener cualquier cortapisas más allá de su voluntad. No concibe ciudadanos, él dispone de súbditos. Por poner un ejemplo, tiene la potestad legal de cerrar un medio de comunicación privado si considera que difunde rumores o mentiras.
Al margen de Putin, cuando un gobernante invade un territorio (o interfiere en él mediante otra vía) con la excusa de proteger a la minoría nacional a la que considera propia en un Estado ajeno, nunca le interesa la libertad. De lo que se habla es de un sujeto colectivo, nunca de personas concretas. Prueba de ello es quiénes han actuado así en el pasado. El propio Putin ya lo ha hecho en otros países escindidos de la felizmente extinta Unión Soviética, pero antes lo hicieron personajes como Hitler o Milosevic.
Con la excusa de que la nación (se defina como se defina) entera, o gran parte de ella esté bajo el mismo gobierno, se impone el imperialismo y el autoritarismo.
No hemos de olvidar que toda medida tomada en nombre de un derecho o libertad colectiva conculca siempre los derechos y la libertad individuales. Y estos últimos son los únicos reales.
En las últimas semanas estamos siendo testigos de una situación muy peculiar en el orden territorial europeo. Resulta que Ucrania quiere ser Europa, Crimea quiere ser Rusia, y tanto Rusia como los Estados Unidos y Europa están mostrando su parecer al respecto, de cara a la galería y habida cuenta de lo que acontece en sus territorios. El telón de fondo, en mi opinión, es la escasez de recursos, como siempre.
Los países espejo y las barbas de tu vecino
De la misma forma que existen neuronas espejo que nos impulsan a imitar el comportamiento de un congénere, también hay países espejo que sirven, no de manera tan espontánea, a otros países a avanzar en un sentido o en otro en el universo político. En nuestros días, hay varios países espejo que van dibujando caminos alternativos a los nacionalistas de nuestra Vieja Europa. Así, Irlanda y Escocia aparecen como ejemplos de lo que los nacionalistas catalanes y vascos pueden demandar. Porque, aunque como padres no nos vale el argumento de "Me han suspendido pero a Fulanita también", como ciudadanos y como políticos, sí nos parece un argumento razonable eso de "Pues lo hacen en este sitio y les va muy bien". Y así proponemos importar modelos económicos, modelos políticos, culturas… lo que sea menester, en el caso de los políticos, no tanto por razones nobles como por un tema de votos.
Los nacionalistas españoles (españolistas, catalanistas, vasquistas… lo que sea) se apresuran a señalar los ejemplos de otros casos en los que hay una separación (o una negación de la separación) como si eso les diera la razón. Y Escocia no es Cataluña, ni Irlanda es el País Vasco, ni Crimea es ninguno de ellos. Porque el estallido del conflicto ucraniano y posterior reclamación de los habitantes de la Península de Crimea ha servido de situación-espejo para que todos los nacionalistas europeos reclamen, aprovechando la ola, su independencia. Pero no es lo mismo.
Crimea tiene un color especial
Todo empezó cuando Ucrania pretende ser miembro de la Unión Europea. Rusia, aún mandona, al fin y al cabo, la Unión Soviética cayó antes de ayer, no está de acuerdo con esa decisión por las consecuencias que la incorporación de Ucrania a la Unión Europea podría tener. Y la clave para todos era, justamente, Crimea. Igual que Italia tiene forma de bota, geográficamente, Crimea parece ir de la mano de Ucrania y Rusia, aunque el único nexo que la mantiene físicamente unida a la masa continental sea el ucraniano. Crimea, la de la población tártara, era rusa desde el siglo XVIII. No fue sino al acabar la Segunda Guerra Mundial cuando la URSS decide castigarla por colaborar con los nazis. Y, directamente vacía Crimea de tártaros, y ese hueco es llenado, de algún modo por rusos. Desde entonces, a pesar de ser cedida a la República de Ucrania en 1954, Crimea ha mantenido un estatus de independencia que no se puede comparar al de Cataluña o el País Vasco. No solamente porque se hable ruso y la población sea rusa, es que tenía su propia Constitución y alberga la sede de la flota rusa en el Mar Negro en la ciudad de Sebastopol.
¿Y tú de quién eres?
Pero lo terrible de la situación actual es que mientras la minoría tártara no quiere oír hablar de Rusia, que fue quien les deportó, una enorme mayoría de habitantes de Crimea son, efectivamente, rusos y quieren pertenecer a Rusia. Ucrania, por su parte, haciendo valer las decisiones legítimas de los políticos rusos-soviéticos, su independencia de Rusia, y las elecciones legítimas, no quiere que nadie decida sobre su destino (su pertenencia a la UE) ni sobre su territorio, sea como fuere que éste ha sido conseguido. Rusia tiene un ojo en Occidente y otro en China, y la Unión Europea no quiere una guerra en sus fronteras, pero quiere a Crimea entre sus miembros. Así las cosas, Crimea convoca un referéndum legítimo para ellos y Rusia, ilegítimo para los demás, en el que votan más del 95% de la población, y gana la anexión a Rusia. Y con las mismas, ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen ni el referéndum ni el resultado. ¿Por qué? Los países espejo es una explicación. No vaya a ser que el referéndum ilegal de Cataluña sea reconocido por alguien más que por ellos.
Y mi duda en estos momentos es qué es la soberanía y en quién reside, en este caso: la mayoría de crimeos, los políticos ucranianos, los ucranianos, o quién. No sé si la legitimidad puede someter a un 96,77% de la población de un territorio. Me lo expliquen.
Apenas estamos levantando la cabeza después de la peor crisis económica desde la postguerra, y ya nos llegan mensajes sobre nuevos y aterradores riesgos económicos. Es el caso de la deflación. Recientemente nos ha alertado sobre ello José Carlos Díez, que dice en una entrevista: “Los que gobiernan España y Europa pretenden salir de una crisis de deuda con deflación y el resultado es más deuda pública y más deuda externa. La ignorancia es muy osada”. Nadie dudará de la osadía del propio Díez. Pero ¿es verdad que la deflación supone una grave amenaza para nuestra economía? ¿Es esa sima hacia la que cae la economía sin remedio, y de la que es luego muy difícil salir?
Para empezar habría que precisar de qué estamos hablando. Yo entiendo la inflación como la emisión de medios de pago sin respaldo. La deflación sería, en consecuencia, la desaparición de esos medios de pago fiduciarios. Pero lo que habitualmente se tiene por inflación y deflación es el aumento, o la disminución, de los precios en general. Son dos cuestiones distintas, aunque tienen relación entre sí. En los años de inflación suele haber aumento de precios, y cuando la economía reacciona porque su estructura económica se ha revelado como errónea, suele acompañar el ajuste con destrucción del crédito, lo cual puede deprimir los precios. La realidad es más compleja que todo esto, pero ello no quiere decir que no haya relación.
Una de las fuentes del temor a la deflación es esa relación entre la destrucción del crédito, la caída de los precios y la crisis económica. La confusión de dos fenómenos concomitantes con una causa y su efecto es muy fácil en economía, y profesionales más brillantes que José Carlos Díez han caído en ella. Otra fuente, relacionada con la anterior, es la interpretación que hizo Milton Friedman de la Gran Depresión de los años 30, y que es lo más cercano a una explicación canónica de aquel ciclo. Friedman dice, en resumen, que la Reserva Federal fue la culpable de la Gran Depresión porque no paralizó el proceso deflacionario que llevó a la crisis. Vive Dios que Ben Bernanke, que agradeció a Milton Friedman que hubiera expuesto las verdaderas causas de aquello, no ha permitido que le ocurra lo mismo.
Lo que sabemos sobre cómo se desarrolla el ciclo económico nos lleva a conclusiones muy diferentes. En una situación como la actual, si no hubiera un banco central manipulando los tipos de interés, éstos habrían subido, lo que habría llevado a la destrucción del crédito falso, o fiduciario, y llevaría a la economía española a forzar el ajuste, que habría sido más rápido.
Pero el debate no es ese, sino que trata de los efectos perversos que se derivarían de una caída general de los precios. Si llamamos a eso deflación, ¿está España en un proceso deflacionario? El pasado 12 de marzo el INE facilitó los datos de evolución de los precios correspondientes al mes de febrero. Muestran que la inflación (en este sentido de evolución general de los precios) fue nula en el curso del último año, y que la evolución de los dos primeros meses de 2014 es de un -1,4 por ciento. Como señala BBVA, para juzgar si los precios están cayendo o lo van a hacer en el futuro, tenemos que tener en cuenta dos cosas: Primero el efecto de la subida del IVA, que fue absorbido el año pasado, y que produce el efecto contable contrario en 2014. Y que los precios de la energía, que vienen de fuera, son ahora más moderados.
En este sentido no parece que estemos en una bajada generalizada de los precios, ni que vayamos a ella, necesariamente. Pero tan importante como eso, o más, por lo que se refiere a este debate, es ver si una situación así es perjudicial para nuestra economía, o pone en riesgo la recuperación española.
En una economía con estabilidad monetaria y crecimiento económico llevará, naturalmente, a una caída de los precios de los bienes de consumo. Se suele poner como ejemplo a Gran Bretaña a finales del XIX, aunque hay que recordar que ese período coincide, y no es mera coincidencia, con una desmonetización de la plata. Un descenso de los precios, se dice, retraerá el consumo a medida que la moneda atesorada va ganando poder adquisitivo. Este menor consumo retrae la demanda y favorece la depresión económica.
Hay más de un error en esta forma de pensar. En primero es la interpretación del comportamiento de los consumidores. Es evidente que éstos no van a dejar de consumir, que es el objeto del proceso económico. Ha de verse, más bien, como que el consumidor tiene más capacidad de decisión, pues a las opciones que le ofrece el mercado de consumo se suma la de poder esperar, con lo que su capacidad de decisión y de poder sobre el mercado aumenta. La situación contraria es la de los consumidores corriendo a entregar su dinero, que quema en los bolsillos y en las cuentas corrientes, a cambio de bienes reales.
A este error hay que sumar que los consumidores tenderán a elegir un saldo real de tesorería, y está sujeta a una racionalidad económica. El atesoramiento no crecerá sin medida, por mucho que bajen los precios. Por otro lado también es erróneo no ver que ésta cumple también una función económica.
Si, como se alega desde los temerosos de la caída de precios, el consumo caerá, y si el atesoramiento no crecerá sin medida (es decir, sin una justificación económica para los consumidores), entonces aumentará el ahorro. El ahorro permite la formación de capital y el progreso económico.
Otro argumento que incide en el peligro de la caída generalizada de los precios es que los costes de producción son precios más rígidos. La caída de los precios de consumo con unos costes rígidos llevaría a pérdidas generalizadas y a la depresión. De nuevo, este razonamiento tiene varios fallos. El primero es que es una pretensión absurda que los precios de los factores no se ajusten a la realidad, en un entorno de caída de precios. Los beneficios no dependen del nivel de precios (un concepto, además, que poco tiene que ver con las decisiones individuales), sino de la diferencia entre los precios dentro del proceso productivo. Cuando los precios de los factores se ajusten, se restituirá el beneficio.
Otro error de este razonamiento tiene que ver con la estructura productiva. Es propio de la lata visión de la producción de John M. Keynes, que sólo concibe dos estadios de la producción, el consumo y la producción. Lo expresa con claridad en su Treatise on Money. Pero como sabemos desde Carl Menger, la producción se desarrolla en estadíos de los cuales sólo una parte tienen una relación directa con el consumo. La mayor parte de la producción es de bienes intermedios que se ponen al servicio de otro proceso productivo.
Aún queda al menos una última consideración. Desde la posición crítica con la caída continuada y generalizada de los precios se incide en que perjudica a las empresas y particulares que están endeudados. Éstos se ven obligados a dedicar una mayor parte de su renta real a pagar las deudas contraídas. Si han adquirido algún activo con esa deuda, se pueden ver obligados a venderlo. Si en esa situación se encuentra, como es previsible, un gran número de agentes, las ventas serán masivas y se producirá una caída añadida de los precios. Desde un punto de vista, este proceso incide en el ajuste necesario. Desde otro, se señala que el proceso de liquidación lleva a un círculo vicioso de caída de los precios de los activos y aumento de la deuda real.
Es cierto que este camino lleva a muchos agentes a la quiebra y la liquidación. Pero lo que ocurre, en este caso, es que otros agentes, otros propietarios que tienen menos deuda o que cuentan con liquidez, adquieren esos activos a un precio más bajo, y los ponen al servicio de nuevos procesos productivos. No sólo la sociedad no pierde, sino que sale ganando en el sentido de que la propiedad pasa a mejores manos.
El premio Nobel de Economía de 1974, Friedrich Hayek, en su obra La Fatal Arrogancia. Los errores del Socialismo, explicaba el lento proceso de evolución sociocultural desde una sociedad tribal o colectivista hacia un orden extenso y complejo de colaboración humana que es lo que se denomina sociedad abierta o civilizada.
Por otro lado, el premio Nobel de Economía de 1993, Douglass North, en su obra Institutions, Institutional Change and Economic Performance, considera que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad y, más formalmente, son el legado de limitaciones que dan forma a la interacción humana. Por lo tanto, estructuran incentivos de intercambio, ya sea en la política, en lo social o en lo económico.
1. Sociedad civilizada o abierta.
Teniendo en cuenta estos conceptos, el marco institucional está basado en un conjunto de instituciones morales, patrones de comportamiento adquiridos o normas de conducta, que han arraigado en un territorio por medio de la herencia sociocultural y que permiten distinguir entre la sociedad tribal y la sociedad civilizada.
La sociedad tribal, cerrada o colectivista está caracterizada por normas de conducta como, entre otras, el altruismo, la solidaridad, la redistribución de la riqueza, la gestión planificada de los recursos o el sometimiento a la moral de la tribu y a las decisiones del líder que, aunque no son exclusivas de grupos humanos pequeños, resultan positivas y adaptativas para el desarrollo de las relaciones personales y de los vínculos de confianza y colaboración en los entornos más cerrados y cercanos a cada persona como la familia, los amigos, la aldea o la tribu; e, incluso, pueden servir en las empresas y organizaciones sujetas a fines particulares y comunes. Sin embargo, los patrones de comportamiento de la sociedad tribal o colectivista son negativos y perjudiciales para el desarrollo de un orden extenso y complejo de colaboración humana caracterizado por fines abstractos y universales.
La sociedad abierta, civilizada o de mercado se caracteriza por una herencia cultural en donde prevalecen otras instituciones morales o, si se prefiere, otros patrones de comportamiento adquiridos u otras normas de conducta más abstractas y universales como, entre otros, el respeto por la vida, por la libertad del individuo, por la propiedad privada (plural), por el cumplimiento de los contratos, por los derechos subjetivos de los ciudadanos frente al poder político, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos o por el libre comercio; que se pueden considerar las instituciones morales que generan (y son generadas por) un orden "autogenerado" de colaboración humana que es extenso, complejo y abierto, y que denominamos con el nombre de la civilización.
2. Proceso de involución institucional hacia la sociedad colectivista o cerrada.
Se puede intentar obviar la realidad como hacen algunos teóricos pero, sin embargo, lo cierto es que existe un orden político que se puede observar a lo largo de la toda historia de la humanidad desde la sociedad tribal hasta la sociedad civilizada.
Las formas de lo Político (o del poder) han evolucionado desde una unidad mínima entorno a la familia hacia la tribu, la aldea, la ciudad, el reino, el imperio o, desde el siglo XV, la forma política "artificial" del Estado-Administración que ha crecido desde el 5% PIB inicial hasta alcanzar el 15% PIB a comienzos del siglo XX y crecer exponencialmente hacia el Estado Total de la Alemania nacional-socialista o de la Rusia comunista (URSS) y, también, configurarse como un Estado Minotauro que rebasa el 50% PIB a comienzos del siglo XXI.
Lo cierto es que, en cualquier colectivo humano, siempre surge un grupo de personas que lidera la toma de decisiones, lo que es válido, en todo momento y lugar, tanto para un conjunto de amigos o una organización empresarial como, también, para una tribu en una isla de la Polinesia o una nación en Europa.
En un artículo anterior, ampliamos la clasificación de oligarquías que realizan Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nations Fail, identificando la existencia de élites inclusivas, extractivas y destructivas que, en función del grado de oligarquización y colectivización de la sociedad, permiten describir el proceso de involución institucional desde una sociedad abierta y civilizada hacia una sociedad más cerrada y colectivista, lo que se puede visualizar gráficamente del siguiente modo:
1) Consideramos que la fase 1 de una sociedad civilizada o abierta coexiste con una oligarquía de élites "inclusivas", que se caracteriza por el respeto de instituciones morales como, entre otras, el respeto por la vida, la propiedad, la familia, la libertad de pensamiento y culto, la libertad de empresa, el comercio libre, el dinero de calidad o el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las subidas de impuestos y el endeudamiento o ante los cambios institucionales.
Sin embargo, también, actúa una oligarquía de élites "extractivas" que no tiene valores fijos y absolutos (como el bien, el respeto, el honor, la decencia, el deber o el sentido de Estado), que actúa con relativismo moral y, por tanto, no respeta las instituciones morales y que dedica sus esfuerzos a depredar los recursos generados por el trabajo de los ciudadanos con diversas excusas como la "redistribución" de la riqueza, la búsqueda de la justicia "social", la "lucha" contra la pobreza…
2) La fase 2 de la involución institucional se caracteriza por prevalecer las élites "extractivas" que emergen con el crecimiento del tamaño y las competencias del Estado, con el deterioro de la legislación que afecta a ámbitos privados de la vida de los ciudadanos, con el aumento de los impuestos y el endeudamiento, con la alteración del valor de la moneda y, especialmente, con las ayudas y subvenciones que redistribuyen los recursos públicos hacia los grupos sociales, los sectores económicos y las redes clientelares (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones, fundaciones, ONG…) que medran del Estado-Administración.
Las élites "extractivas" amplían sus actuaciones de depredación de recursos públicos, obtenidos de los impuestos y del endeudamiento del resto de los ciudadanos, cuando se extienden la prescripción de delitos, la rebaja administrativa de condenas, la inacción fiscal ante los delincuentes, la ineficacia de la intervención de las cuentas públicas, el relajo en las auditorias sobre las cuentas privadas y, sobre todo, cuando se generaliza la impunidad ante el incumplimiento de la Ley.
Adicionalmente, en paralelo, actúa también una oligarquía de élites "destructivas" que intenta crear nuevas estructuras políticas para ampliar su grado de depredación de los recursos públicos y, adicionalmente, para lograr asegurar la inacción policial y judicial sobre sus delitos.
3) La fase 3 de la involución institucional se caracteriza por imponerse las élites "destructivas" que actúan más intensamente, cuando aumenta el deterioro normativo de las leyes como, por ejemplo, con la eliminación en el Código Penal español vigente hasta 1995 de los delitos de sedición, de traición o de rebelión o con la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña manifiestamente inconstitucional.
Aumentan su actividad de destrucción del orden político establecido, cuando un Gobierno consiente el incumplimiento de las sentencias y, por tanto, permite el incumplimiento de leyes y de la Constitución.
Finalmente, en la fase final, cuando la corrupción del régimen político y económico es generalizada, la regeneración de las instituciones sólo puede ser realizada por nuevos líderes "inclusivos" que defiendan las instituciones morales propias de la sociedad abierta.
Por ello, la regeneración, no pueden encontrase en los partidos que defienden un régimen político preexistente, altamente deteriorado por la corrupción, la prevaricación y la malversación de caudales públicos. Se necesitan que lleguen al poder nuevos líderes "inclusivos" que sólo pueden emerger en el seno de organizaciones que opten por la democracia interna y la financiación transparente y que no queden secuestradas por la acción grupos de líderes "extractivos" y/o "destructivos".
3.Proceso de evolución institucional hacia la sociedad civilizada o abierta.
Pues bien, el gráfico visualiza el proceso de involución institucional pero, también, resume esquemáticamente el proceso de evolución institucional, que requiere de tres fases de regeneración institucional:
A) Fase de recuperación del sistema de valores:
Sólo hay esperanza de que se inicie un proceso de evolución institucional hacia una sociedad abierta o civilizada, si arraigan entre la población y, especialmente, entre los dirigentes las instituciones morales propias de la sociedad abierta o civilizada como, entre otras, el respeto por la vida, la propiedad privada, la libertad, la igualdad de trato ante la Ley, el cumplimiento de los contratos, el comercio libre, el dinero de calidad, la libre empresa…
Para ello, es imprescindible ganar la batalla por las ideas hacia una recuperación del "ethos" colectivo con una defensa de los valores fijos y absolutos frente al relativismo moral de la izquierda y el consenso socialdemócrata de los antiguos partidos que sostienen un régimen de partitocracia.
B) Fase de regeneración de la democracia:
Solo se puede iniciar la evolución institucional, cuando antes han arraigado entre los ciudadanos y los líderes las instituciones morales propias de una sociedad abierta o civilizada. Es lo que permite que los ciudadanos se movilicen y voten para llevar al poder a los líderes "inclusivos",que así pueden iniciar un proceso de regeneración de la democracia, que mejore el sistema político y eche del poder a las oligarquías de élites destructivas y extractivas.
La regeneración de la democracia significa la mejora del las instituciones jurídicas, de las leyes y de la Constitución, mediante cambios normativos que logren que exista: dispersión pluralista del poder, separación de poderes, independencia de jueces y tribunales respecto del poder político, sistema electoral por elección directa, democracia interna y financiación privada de partidos, sindicatos y patronales o, entre otras medidas de regeneración, el referéndum obligatorio en las decisiones trascendentales para el futuro de los ciudadanos como, por ejemplo, para decidir subidas de impuestos o endeudamiento, o para cambios en el ordenamiento territorial del país.
C) Fase de reducción del Estado (central, regional, local):
Esta fase es esencial para que arraigue una sociedad abierta y consiste en la reducción del tamaño, competencias y actuaciones de las formas de lo "Político", ya sean una ciudad, un reino, un imperio o el moderno Estado-Administración; para que se expanda el orden de mercado, donde interactúan libremente los ciudadanos.
La limitación del tamaño del Estado es una tarea institucional imprescindible y, evidentemente, puede producirse en paralelo con las anteriores fases. Sin embargo, es la fase que permite que imperen los derechos individuales frente al derecho público. Es imprescindible para que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político u oligárquico.
Es la fase que hace que un país adquiera la fuerza para ser competitivo internacionalmente. El actual tamaño del Estado entorno al 50% del PIB en todas las democracias de la Unión Europea impide el futuro de los países que integran nuestro área económica. El declive económico es impulsado por el declive político, y "guía" Europa hacia la inestabilidad social y política.
Cuando prevalecen las élites "inclusivas", previamente han arraigado las instituciones morales propias de la sociedad civilizada, que es lo que permite que se regenere la democracia y evolucione el marco institucional dotándose de dispersión pluralista del poder, sin que quede secuestrado el sistema político por las élites extractivas y destructivas.
Sólo entonces puede prevalecer el orden de mercado sobre el orden político. Sólo entonces los miles de millones de decisiones individuales de una sociedad abierta permiten aumentar exponencialmente la riqueza del territorio, frente a la merma en el crecimiento por el intervencionismo político y/o frente a la pobreza que suponen los sistemas de planificación centralizada propios de una sociedad cerrada.
En cinco años, España podría reducir el tamaño de sus administraciones públicas hasta el 40% del PIB que había en el año 2001. Adicionalmente, con el impulso de medidas de liberalización económica, con la simplificación de la organización territorial, por medio del agrupamiento de ayuntamientos y la eliminación de las autonomías, y con la racionalización de una administración efectiva para la provisión de triple seguridad (jurídica, interior y exterior), España podría regresar al 25% del PIB que había en los primeros años de la democracia, lo que haría que la economía española pudiese crecer exponencialmente y competir al más alto nivel internacional.
Los seres humanos actúan según sus preferencias y capacidades subjetivas, persiguen objetivos valiosos, asumen costes, tienen en cuenta normas de diversos tipos, se preocupan por su reputación, valoran de forma selectiva y limitada el bienestar de otros individuos y consideran las consecuencias de sus actos para los demás. Ciertos comportamientos se automatizan parcialmente como hábitos positivos o negativos: virtudes o vicios. Las personas valoran también las conductas ajenas y las juzgan según diversos criterios o principios. Una parte importante de la conducta humana sirve para influir sobre otros y así participar en el control de la acción ajena implantando valoraciones y reglas en sus mentes.
La moral (y su estudio como filosofía moral o ética) tiene que ver con estos tres ámbitos: valoraciones, reglas y hábitos. Los individuos tienen sentimientos morales que influyen sobre su conducta: promueven la cooperación y la ayuda mutua y defienden de parásitos y tramposos. Además las personas hablan y razonan sobre la moralidad, argumentan qué acciones y leyes están justificadas y cuáles son ilegítimas, si son compatibles o incompatibles con principios abstractos de alto nivel. El lenguaje moral fomenta ciertas conductas y rechaza otras.
Los debates morales pueden tener atributos propios de la auténtica exploración intelectual: objetividad, lógica, racionalidad, imparcialidad, uso de evidencia empírica. Sin embargo a menudo los moralistas ideológicos o religiosos, de izquierdas, derechas o centro, son hipócritas manipuladores con pocos escrúpulos o necios que fuerzan y distorsionan los razonamientos y cometen errores de argumentación para alcanzar conclusiones deseadas que convienen a sus intereses o preferencias particulares: mejorar su imagen pública, conseguir algún privilegio para algún grupo, mantener una estructura social opresora y a alguna élite en el poder. El sermoneo moral incluye diferentes variantes, desde el fanatismo intransigente, intolerante y radical hasta el buenismo tontorrón que sólo propone que seamos buenos y que lo que en el fondo importa es la actitud y la intención (y no los resultados).
Es común que preferencias, normas y hábitos se entremezclen y confundan en el discurso moral al hablar de valores. Se mencionan valores absolutos sin aclarar de qué se trata, si son normas inviolables o cosas que todo el mundo quiere sin importar los costes. Se repiten de forma acrítica múltiples obligaciones y prohibiciones sin explicar su origen y funcionalidad, o insistiendo en que están escritas, proceden de la divinidad o son por el bien común. Se le dice a la gente no sólo qué debe o no puede hacer, sino también qué debe o no puede querer, desear o preferir. Se afirma que algo es bueno o malo como si fuera un atributo objetivo, obviando a los agentes que lo valoran así o no, que lo aceptan o lo rechazan, que lo desean o no de forma subjetiva, relativa y dinámica. Se olvida que la acción se basa en preferencias relativas, no absolutas, porque siempre hay que asumir costes y renunciar a algo. Se dice que algo está bien o mal en lugar de afirmar que está permitido o prohibido.
Se recurre a grandes palabras sin aclarar su significado o forzándolo de forma demagógica: se equipara justicia a igualdad, normalmente de resultados y no ante la ley; se demoniza la desigualdad aunque esta pueda ser merecida; las desigualdades se presumen inaceptables sin indicar quiénes no son capaces de aceptarlas; se fomentan la envidia y el igualitarismo al tiempo que se promueven leyes desiguales con privilegios para algunos; se confunde libertad como ausencia de interferencia violenta en las decisiones con el poder efectivo o la disponibilidad de medios para actuar; se asegura que todo el mundo sabe que algo es bueno o malo, por lo cual no hace falta investigarlo o discutirlo; se insiste en que el principal valor ético es la solidaridad y esta se impone por la fuerza sin permitir que los individuos decidan a quién y cómo desean ayudar o no.
Se promueve la paz pero se roba sistemáticamente, denominándolo eufemísticamente redistribución. Se le dice a la gente que puede elegir pero que no puede discriminar sistemáticamente según determinados criterios. Se trata a los ciudadanos como niños incapaces de decidir algunas cosas por sí mismos, como qué sustancias introducir en su propio cuerpo, pero se les permite elegir a sus paternalistas gobernantes. Se asegura que algo es injusto cuando simplemente no gusta (justo es gusto). Se recurre a la indignación moral con completa desvergüenza simplemente para negociar mejores condiciones (el salario no es digno). Se critica al empleador, presunto explotador, y se beatifica sin más al empleado. Se deslegitima el ánimo de lucro como si los beneficios fueran malos y las pérdidas buenas. Se asegura que se actúa por el bien común y en servicio de todos mientras que se exige recibir más y entregar menos.
El liberalismo es impopular porque no busca halagar, trampear o engañar. Defiende normas universales, simétricas e iguales para todos, y que sean funcionales, que sirvan para coordinar la sociedad, para permitir y fomentar el crecimiento y el desarrollo de los individuos, para evitar, minimizar o resolver conflictos. Libertad es no agresión y respeto al derecho de propiedad, es tolerancia y responsabilidad: no actuar violentamente contra lo que no te gusta, asumir las consecuencias de tus actos, pedir ayuda pero no exigirla, compensar los daños causados a otros. Derechos y deberes positivos surgen de los contratos voluntariamente acordados y no pueden imponerse a las partes no explícitamente interesadas.
Cuando recuerdo el 11M no puedo dejar de pensar en lo mucho que han cambiado mi opinión sobre un montón de temas desde entonces. No solo sobre el atentado, y todo lo que lo rodeó, sino sobre todo tipo de cosas de la vida. Pero lo que de verdad me sorprende, y en cierto modo entristece, es en lo poco que han cambiado la opinión de las personas de mi entorno en estos diez años.
Mis antiguos compañeros de trabajo que culparon a Aznar de la masacre siguen pensando que los islamistas actuaron en defensa propia por la guerra de Irak. Los amigos que vieron claramente que se trataba de un golpe de Estado contra el PP siguen erre que erre reprochado a Zapatero (ZP) haber llegado al poder de una forma tan sucia. Los que pensaban que la policía era una institución sin tacha, pero con unas cloacas que hacen y deshacen a su antojo no parece que se hayan caído del guindo, y aquellos que opinan que los maderos solo valen para pegar palos enzarpados de perico, pero que en el 11M hicieron un trabajo impecable que no se puede cuestionar, no creo que hayan cambiado de idea.
También es curioso que los que aplaudían con las orejas las indemnizaciones a las víctimas de los atentados ahora se rasguen las vestiduras porque la policía las use para conseguir testigos que apuntalen sus investigaciones. Como también lo es que los que ven la ausencia de armas de destrucción masiva en Irak la evidencia absoluta de las mentiras de Aznar, sean capaces de decir sin despeinarse que una investigación chapucera, con episodios como el análisis de explosivos dignos de un país tercermundista, es la quintaesencia del descubrimiento de la verdad.
Por supuesto la actualidad manda y ahora se lleva más hablar de bancos, burbujas y paro que de Israel, Irak y las Azores. Pero lo cierto es que si hubiéramos cogido al azar a 50 personas el 12 de marzo de 2004 y les hubiéramos encuestado sobre lo que pensaban ese día, diez años después podríamos volver a preguntarles y contestaría en esencia lo mismo.
Seguramente uno de los momentos que más impacto me causó del 11M ocurrió un año o dos después del atentado; estaba comiendo con unos compañeros de trabajo cuando uno de ellos, seguramente intentando sacar un tema de conversación, nos preguntó sobre qué línea ideológica pensábamos que seguía el diario gratuito 20 Minutos. Yo, que siempre he seguido la máxima de no hablar de política ni de religión en el trabajo, me quedé callado escuchando las opiniones de mis compañeros, que como era lógico se decantaron por achacar cierta tendencia progresista al diario dirigido por Arsenio Escolar. En ese momento el compañero que había sacado el peculiar tema de conversación se sintió satisfecho y manifestó que él también pensaba de ese modo, ya que aunque había albergado ciertas dudas sobre el tema, la postura de dicho diario sobre la investigación del 11M (su oposición clara a las teorías de la conspiración) concordaba con su visión del tema, y por tanto debía ser reconocido como un diario progresista.
No es que fuera sorprende que una vez más los españoles hubiéramos dividido un tema entre derecha e izquierda, negro o blanco, Barcelona o Madrid. Ya que no deja de ser nuestro deporte favorito. Lo que me impactó de verdad es la naturalidad con la que se aceptaba que esta era la forma correcta de actuar en un tema como aquel.
Y es que ya es bastante triste vivir en una sociedad que no es capaz de aprender de sus errores, pero lo que es aterrador es convivir con personas que son incapaces de informarse sobre sucesos tan importantes para todos sin cambiar un milímetro su postura inicial.
Una de las críticas habituales contra el libre mercado es que es cortoplacista, que sufre de miopía. Se dice que los agentes en el mercado tienden a centrarse en obtener los máximos beneficios en el corto plazo sin preocuparse por las consecuencias a largo. Esto provocaría un déficit de inversión en sectores beneficiosos para la sociedad y una mala gestión sistemática de los riesgos y los recursos. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, argumenta en su libro Freefall que una de las causas de fondo de la crisis fue precisamente el cortoplacismo inherente del mercado libre. La solución para Stiglitz es obvia: este grave fallo del mercado debe ser solventado por Estado mediante más control sobre la economía. La miopía del desbocado mercado libre debe ser corregida por la más sensata "mano visible" del Estado. Dejaremos para siguientes artículos el análisis de otras críticas habituales contra el mercado. En éste vamos a centrarnos en si el Estado debería encargarse de corregir el supuesto cortoplacismo del mercado libre.
Todas las personas en cierto sentido somos cortoplacistas por naturaleza. Preferimos satisfacer nuestras necesidades y deseos lo antes posible. Si por ejemplo tenemos mucha sed, no nos da igual poder beber un vaso de agua ahora que dentro de un año. Ludwig von Mises escribió que, de hecho, no puede concebirse la propia acción humana sin la existencia de esta preferencia temporal. El simple hecho de realizar cualquier acción implica, obviamente, que preferimos realizarla ahora que realizarla en el futuro. Si no prefiriésemos alcanzar nuestros fines en el presente que en el futuro nunca haríamos nada, nos quedaríamos eternamente posponiendo nuestra acción. Un comportamiento, digámoslo así, poco práctico. Esto no significa que nunca estemos dispuestos a posponer la satisfacción de nuestros deseos. Lo que implica es que sólo lo haremos si ello nos permite alcanzar en el futuro fines que consideramos más valiosos que aquellos a los que renunciamos.
El mercado libre, caracterizado por intercambios voluntarios, simplemente tiende a responder a las preferencias temporales de consumidores y ahorradores. Los proyectos tenderán a emprenderse si se espera que la rentabilidad sea superior al coste del capital. Dicho de otro modo, siempre se busca que el valor actual de lo que se espera obtener en el futuro sea mayor que el valor de aquello a lo que se renuncia hoy. De no ser así se estaría dilapidando lo ahorrado para obtener bienes futuros cuyo valor no sería suficiente para compensar la espera ni la incertidumbre soportada. En este sentido, podríamos decir que el mercado se ajusta a la miopía natural de los individuos, que valoran las cosas relativamente menos cuanto más alejadas se encuentran en el tiempo. Pero como hemos visto, esto no es algo malo, sino que es imprescindible.
Lo que permite en el mercado la coordinación a largo plazo mediante el sistema de precios es la existencia de derechos de propiedad y seguridad jurídica. David Friedman planteaba el siguiente supuesto. Pongamos que la madera del nogal negro es muy valorada por los consumidores y que es una inversión rentable. El problema es que los nogales tardan, digamos, cuarenta años en crecer. ¿Por qué un inversor va a acometer esa inversión si puede que para entonces haya muerto? La respuesta es que pasados, por ejemplo, veinte años, podría revender el proyecto en el mercado secundario a otro inversor que esté dispuesto a seguir esperando. Pero sólo si tenemos seguridad en que en veinte años los nogales seguirán siendo nuestros y tendremos derecho a venderlos nos animaremos a invertir. Los mercados financieros, que para Stiglitz sufren del más acusado de los cortoplacismos, paradójicamente ayudan a corregir esa supuesta miopía del mercado.
Hay que decir que uno de los problemas de coordinación más importantes en el mercado, en el que se centran mucho los críticos como Stiglitz, es el problema principal-agente. Esto sucede cuando los propietarios designan a un tercero para que gestione su propiedad. El ejemplo más típico es la contratación de directivos por los accionistas de una empresa. Para que la propiedad esté bien gestionada, los accionistas tienen que ocuparse de fijar a sus directivos unos incentivos adecuados, procurando que estén alineados con los suyos. Los accionistas que no lo hagan y dejen a sus directivos aprovechar el poder de gestión en beneficio propio perderán su capital. Para ello disponen de diversos mecanismos de defensa como los contratos, la decisión sobre la retribución del directivo o la venta de la acción. Es cierto que la solución no siempre es fácil. Pero lo que es un disparate es decir que el problema de agencia lo debe resolver el Estado. No sólo porque no es lógico pensar que el político de turno sabe mejor que el propio accionista qué incentivos debe poner a sus directivos. Sino porque además, ¿cuál es el caso más grave de problema principal-agente, el que menos mecanismos de control permite e impide pedir responsabilidades? En efecto, el del Gobierno respecto a los ciudadanos. Proponer que el Estado se ocupe de resolver este problema es como pretender apagar el fuego con gasolina.
El caso no es si el mercado es perfecto o no, pues perfecto no hay nada en este mundo. Lo que queremos saber es si, como alega Stiglitz, el marco de incentivos de los políticos en el Estado es mejor que el de los individuos en el mercado, no sólo para intervenir en las decisiones empresariales privadas, sino para planificar a largo plazo. Un análisis rápido de los incentivos del Estado basta para dejarnos con la sensación de que quienes defienden esto ni siquiera se han planteado lo que proponen.
En primer lugar, el horizonte temporal del Gobierno termina en las siguientes elecciones. Esto sucede precisamente porque los políticos saben que en el largo plazo no seguirán controlando la propiedad que gestionan en el presente. Un político que realice sacrificios hoy esperando recoger los frutos en veinte o cuarenta años estará actuando contra sus propios intereses. Los incentivos le indican que haga lo contrario: buscar beneficios visibles antes de cuatro años y no preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Tenderán a prosperar en una democracia los políticos que actúen con la vista en las próximas elecciones; los que no lo hagan fracasarán. En segundo lugar, aun salvando este problema, el Estado no tiene forma de calcular si sus inversiones son adecuadas o no. Por un lado los recursos no los obtiene mediante ahorro voluntario sino por la fuerza, extrayendo rentas a los ciudadanos, por lo que no tiene información sobre el coste del capital; por otro, sus productos los impone o los raciona de acuerdo a criterios políticos, por lo que tampoco tiene información sobre cómo los consumidores valoran dichos productos. El Gobierno no tiene forma de calcular cuánto valor crean o destruyen sus inversiones.
Además, los políticos no son responsables de sus actos. No sólo porque no saben cuáles son los costes de sus decisiones. Es que aunque los supieran no los sufren ellos, sino que los repercuten sobre los ciudadanos. Si en el mercado alguien se equivoca y no satisface a los consumidores o despilfarra los recursos, tiende a sufrir pérdidas; el Estado se las impone a los demás. Por último, si aun así los políticos fueran contra cada uno de estos incentivos y acertaran en todo, los votantes no se enterarían. Como indica la teoría de la ignorancia racional, debido a la insignificante importancia de cada voto individual, el votante no tiene incentivos para estar informado. En conclusión, el Estado no es que sea miope, es que actúa completamente a ciegas.
En resumen, los seres humanos preferimos alcanzar nuestros fines cuanto antes, somos impacientes, imperfectos, nos equivocamos y tenemos sesgos. La cuestión es en qué marco estas mismas personas tienen incentivos para coordinarse y hacer un uso adecuado de los recursos escasos, y cuál genera mal uso de los recursos, descoordinación y pobreza. Como hemos visto, el mercado, la cooperación social mediante relaciones voluntarias, no es perfecto. Pero los problemas que se presentan en el mercado no son nada comparados con los que generan los incentivos perversos que tienen los políticos en el marco del Estado. Es como si los incentivos se hubieran puesto al revés. Confiar en que los políticos se comporten de manera contraria a como los incentivos les indican es un ejercicio de mero voluntarismo.
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