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Sacrificios de animales

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 12 de julio el parlamento polaco rechazaba un proyecto de ley remitido por el gobierno del primer ministro Donald Tusk para permitir el sacrificio de animales para consumo humano sin aturdimiento, por motivos religiosos y siempre que se realice en un matadero, acogiéndose a la excepción prevista en el Reglamento (CE) 1099/2009 del Consejo (Art. 4.4) que entró en vigor en enero de 2013. La propuesta resultó derrotada debido a que algunos diputados de la coalición que sostiene al gobierno, entre los cuales se encontraban 28 miembros de su Plataforma Ciudadana (Plataforma Obywatelska, PO), votaron en contra. El gabinete polaco pretendía mediante la aprobación de una norma con rango de ley salvar la anulación de una órden del Ministro de Agricultura de 2004 que amparó ese sacrificio ritual hasta que la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 2012 declaró su inconstitucionalidad por regular una materia reservada a la ley.

Curiosamente, el país se había convertido durante ese intervalo en un gran proveedor para Israel y los países musulmanes (Turquía, principalmente) de pollo (10 por ciento de las exportaciones de ese producto) y carne de vacuno (un tercio de las mismas) procedente de animales sacrificados ritualmente.

Como se sabe, los complicados códigos alimenticios que siguen los musulmanes (Halal) y los judíos (Kashrut) resultan incompatibles con el aturdimiento previo del animal e imponen unos procedimientos específicos de sacrificio.

Las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Asuntos Exteriores israelí calificó el resultado de la votación como "inaceptable" y el mufti de Polonia como una "bofetada" para los musulmanes. Asimismo, las empresas cárnicas advirtieron que podrían perderse hasta 6000 puestos de trabajo si se mantiene la prohibición.

Por su parte, el gobierno intentó maniobrar en dos sentidos: por un lado, rebatiendo las acusaciones israelíes y de los líderes religiosos al calificarlas de inapropiadas, y, simultaneamente, anunciado que solicitaría un dictamen jurídico al Centro de Legislación del Gobierno para saber si las comunidades judía y musulmana pueden realizar sacrificios rituales para sus necesidades locales, al amparo de los acuerdos vigentes entre la República polaca y los representantes de la primera confesión religiosa.

Subyace en este incidente, inacabado en medio de la batalla política polaca, otro ejemplo del conflicto entre los defensores estáticos de los animales y la naturaleza – quiénes proporcionan abundantes justificaciones para la expansión del ordenancismo de nuestra época- y otras visiones o creencias sobre las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Desde posiciones que niegan la sustancial diferencia de los animales y los seres humanos para ser sujetos de derechos se viene presionando desde hace mucho tiempo para conferir a los primeros una suerte de "derechos". La inconsistencia de esas ideas no impide, empero, que posturas más tibias, que implícitamente reconocen la propiedad humana formal sobre los animales, hayan conseguido convertir en normas jurídicamente vinculantes, detallados procedimientos que imponen un tratamiento que se considera humanitario de los mismos. Desde su crianza, pasando por su estabulación y su transporte hasta su muerte; todas las fases de la vida de los animales domésticos son objeto de detallada regulación. Tampoco debe escapar al observador atento el hecho de que, como ocurre con toda regulación imperativa, los intereses proteccionistas y de los grandes productores europeos se hallan especialmente cómodos con estas disposiciones. Así, el artículo 12 del reglamento comentado exige el cumplimiento de sus requisitos u otros equivalentes a los exportadores de carnes de terceros países que que quieran acceder al mercado comunitario.

Sin embargo, el reglamento 1099/2009, sobre protección de los animales que van a sacrificarse para consumo humano –parecido a la Directiva del Consejo europeo 93/119 a la que sustituye- refleja las contradicciones y los compromisos con grupos de presión sobre los que se erige, de manera que descarrila en dobles raseros evidentes. Para empezar, en cuanto al distinto trato ante el sacrificio que se ofrece a las distintas especies animales: Los peces de piscifactoria pasan a ser los parias (¿de momento?) en el momento de la muerte para estas regulaciones comunitarias.

La tauromáquia, como manifestación cultural o deportiva, algunos experimentos científicos y la caza de animales salvajes deberían prohibirse si no fuera por que el artículo 1.2 excluyera estas prácticas de su ámbito de aplicación. Obviamente, abierta la posibilidad de regular en una norma jurídica los procedimientos de matanza de los animales, el establecimiento de excepciones constituye parte fundamental del "juego político".

Blandiendo la prohibición de matar a los animales sin aturdimiento previo, los políticos europeos eliminaron prácticamente, por ejemplo, las tradicionales "matanzas"del cerdo que las personas de tantos pueblos españoles organizaban. Al mismo tiempo forzaron el cierre de pequeños mataderos locales para favorecer la concentración de la actividad en grandes centros que asumieran los costes de las reglamentaciones. Otro tanto sucedía en Polonia antes de su adhesión a la UE, pero en la actualidad sus mayorías políticas parecen más interesadas en mantener las normas más estrictas al respecto, tal como permite el Reglamento comunitario (Art. 26). Desde la aprobación de la primera directiva sobre la materia se eliminó también la posibilidad de comercializar la carne de las reses matadas en espectáculos taurinos.

Nunca me deja de sorprender la obsesión de los políticos europeos por subvencionar productos agropecuarios o forestales para que se lucren unos cuantos a costa de los contribuyentes, mientras que, con la ayuda de ecologistas y animalistas, coartan y asfixían los medios de vida potenciales que tienen las personas que viven en los pueblos y en el campo.

En cambio, si bien se empeñaban en eliminar una muestra del multiculturalismo tradicional en sus países, se percataron de que la prohibición de los sacrificios rituales chocaba con la libertad religiosa proclamada en sus constituciones e incluso avizoraron los créditos electorales que podría generarles el patrocinio del sacrificio ritual de animales entre el creciente número de musulmanes que habitaban sus países y, en menor medida, de judíos. Así se contempló la excepción religiosa a la exigencia de aturdir al animal antes de su sacrificio, aunque, en el caso de Polonia, haya decaido de momento en favor de las tesis animalistas imperativas.

Libertad de información y el carcelero Obama

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Barack Obama llegó a la Casa Blanca gozando de una inmensa popularidad tanto dentro como fuera de EEUU, puede que incluso mayor en el exterior que en el interior de su país. Y, aunque su imagen se haya deteriorado en parte (sobre todo en los propios Estados Unidos, no tanto en el resto del mundo), para muchos sigue personificando el ideal de gobernante. Pero, pese a lo efectivo de la propaganda en torno a su persona, la herencia que puede dejar el actual presidente de Estados Unidos puede ser nefasta en muchos aspectos. Uno de ellos es, sin duda alguna, el de la libertad de expresión.

Primero supimos que el Gobierno estadounidense había pinchado el teléfono de cien periodistas de la agencia Associated Press y que el FBI había estado accediendo al correo electrónico de James Rosen, de Fox News, al que se le acusa de "instigador, cómplice o cooperador necesario del delito" (la entrega de información confidencial por parte de su fuente, un empleado del Departamento de Estado). Ahora ha obtenido una mayor repercusión mediática un nuevo caso de persecución a quienes se dedican al periodismo. Obama sigue dando pasos para parecerse cada vez más a Nicolás Maduro y Rafael Correa.

Barrett Brown lleva más de diez meses detenido, tras haber sufrido dos registros de su domicilio y uno de la casa de su madre, por publicar y analizar información confidencial de la agencia privada Stratfor, contratista del Gobierno Federal. Brown no había penetrado en los sistemas informáticos de dicha compañía. Se limitó a trabajar en el denominado Project PM sobre los documentos que habían sido obtenidos por Jeremy Hammond, miembro del grupo Anonymous, y publicados por Wikileaks. El periodista, de 31 años, no obtuvo la información de forma ilegal ni pagó para que otros lo hicieran. El delito lo cometió, y de ello se ha declarado culpable, Hammond.

En los sistemas democráticos no hay delito alguno en publicar información confidencial que terceros han conseguido o filtrado sin tener autorización para ello. En caso contrario, podrían haber sido condenados todos los medios que informaron sobre los cables diplomáticos de Wikileaks o, por ejemplo, los periódicos que en España han informado sobre partes de procesos judiciales sometidos a secreto de sumario. Y nunca, afortunadamente, ha ocurrido.

El Gobierno de Obama no se atreve a intentar encarcelarle por el mero hecho de informar, algo que no sería aceptado por ningún juez por atentar de forma evidente contra la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. Sin embargo, hay vías para tratar de que acabe en prisión.

Le mantuvieron detenido, sin cargos y sin tratamiento médico adecuado, durante más de dos semanas. Pasado ese periodo, el 3 de octubre de 2012 fue acusado de "amenazas" a uno de los agentes del FBI que habían registrado su domicilio, "conspiración" y "venganza" contra ese mismo funcionario. Algo más de dos meses después se le sumaban 12 cargos relativos al robo de la información de Stratfor (que, como ya señalamos, él no había realizado y cuyo autor había confesado). Finalmente, en enero de 2013 se presentaron dos nuevas acusaciones por "ocultamiento de pruebas".

En total son 17 cargos, que acaban de ser confirmados y por los que se le pide un total de 105 años de prisión, diez veces más que la condena máxima que se le podría imponer al autor del robo de los datos. Todo ello con un doble objetivo: callar definitivamente a un joven periodista que resultaba incómodo para Obama y, de paso, asustar a todos los profesionales de la información que pudieran tener acceso a información sensible para el Gobierno.

¿Cuál será el siguiente paso de Obama? ¿Comenzar a hablar de "democratización de los medios" para tratar de cerrar con distintas excusas radios, televisiones y periódicos críticos? Si el actual presidente de EEUU no tiene problema para intentar encarcelar a periodistas, al más puro estilo castrista, ¿por qué habría que tenerlo para seguir los pasos del difunto Hugo Chávez y Rafael Correa? En cualquier caso, el futuro de la libertad de expresión se presenta muy oscuro en Estados Unidos.

Sobre las reformas fiscales “para el crecimiento”

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

En el último mes se han hablado de propuestas de reformas fiscales "para el crecimiento" y el fomento de la recuperación. Incluso el Gobierno ha creado un comité de sabios que diseñe la reforma fiscal que pretende aprobar en 2014. La guía para la mejora de la tributación directa pasaría, según estas propuestas, básicamente por ampliar las bases imponibles eliminando las deducciones y reducir los tipos impositivos. Con una reforma basada en estos puntos en el ámbito de la fiscalidad directa, dicen sus proponentes, se reducirían las distorsiones económicas y se maximizaría lafferianamente la recaudación. ¿Es posible esta cuadratura del círculo? ¿Es deseable desde un punto de vista económico?

Eliminar deducciones, ¿sí o no?

En primer lugar, y centrándonos en la tributación empresarial, las deducciones no son distorsionadoras per se, por lo que no debería proponerse su simple eliminación. La deducción de las amortizaciones de los activos, la deducción de los gastos financieros, o de cualquier gasto de la actividad no debería limitarse, ni mucho menos eliminarse. De lo contrario se tributaría por beneficios inexistentes creándose distorsiones adicionales.

Ahora bien, es cierto que hay deducciones asimétricas que crean distorsiones económicas, pero no como suele entenderse. Por ejemplo, el ahora tristemente famoso tax lease del sector naval, una deducción fiscal que Almunia pretende eliminar retroactivamente y recaudar, es una deducción que crea una situación distorsionadora. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la distinta imposición efectiva de las empresas en el sector naval y las que estén en otros sectores traerá consigo una modificación de los precios relativos de los activos que no existiría en ausencia de impuestos. La distinta estructura de costes fruto del impuesto soportado hará que la demanda de recursos productivos y la oferta de los bienes y servicios producidos de las distintas empresas según su sector sea diferente a como habrían sido en ausencia de impuestos, hecho que modificará la constelación de precios de los bienes y servicios. Entonces, ¿debería eliminarse esta deducción porque crea una distorsión?

La deducción a un sector es algo positivo porque consigue minorar su tributación efectiva, es decir, reducir sus impuestos, algo económicamente positivo porque se acerca más a la situación en la que se estaría en una economía libre. Es el hecho de que otros sectores no tengan una deducción u otra bonificación que reduzca su imposición efectiva a los niveles del sector que tiene la deducción lo verdaderamente negativo. El problema no es la existencia del tax lease o deducción, sino que otros sectores sufran una imposición superior. Luego la distorsión no proviene de la existencia de la deducción, sino de que el resto de sectores (simplificando) padezca una imposición superior.

En definitiva, hay una diferencia en la tributación efectiva que debe corregirse no quitando deducciones sino extendiéndolas al resto de sectores de modo que lo que antes era una deducción específica (a un sector) ahora sea una deducción generalizada, o lo que es lo mismo, eliminar la deducción por la vía de reducir los tipos impositivos nominales para que todos soporten una tributación efectiva igualmente baja.

Por tanto, desde un punto de vista económico no debería aceptarse la eliminación de deducciones en aras de un sistema impositivo más eficiente y "para el crecimiento". Más que eliminarse deberían respetarse las propias de la actividad económica y generalizarse las que son específicas para reducir la imposición efectiva de todas las actividades económicas. O, si se quiere simplificar el sistema fiscal, sustituir éstas últimas por considerables rebajas de tipos impositivos nominales (algo improbable hoy en día).

La cuadratura lafferiana del círculo: más eficiencia económica y mayor recaudación

Justificar las rebajas de impuestos usando únicamente como argumento que esta ganancia en eficiencia incrementaría la recaudación, como sugiere la denominada Cruva de Laffer, es contradictorio.

Esta curva es la representación gráfica de la relación entre el tipo impositivo y la recaudación. Es una curva porque según el tipo impositivo vaya incrementándose habrá un efecto recaudatorio directo (el efecto mecánico de extracción de renta) que se verá parcial o totalmente contrarrestado por un efecto indirecto (efecto comportamiento, o la respuesta de los agentes económicos a mayores tipos impositivos: mayor fraude y/o menor actividad económica). En la parte ascendente de la curva, el efecto mecánico prevalecerá sobre el efecto comportamiento: a medida que se incrementa el tipo impositivo se incrementa la recaudación. En la parte descendente de la curva el efecto comportamiento contrarrestará el efecto mecánico de tener un tipo impositivo cada vez más elevado, reduciendo la recaudación. Cuando ambos efectos son iguales (el punto de inflexión o la parte más elevada de la curva), se obtiene la máxima recaudación, a un tipo impositivo Laffer (el óptimo).

La justificación de la rebaja de tipos usando esta curva no hace más que sustituir una distorsión por otra, por eso cuadraría el círculo y contentaría a una Hacienda Pública inteligente. Menor efecto comportamiento (menos distorsión y más eficiencia) y mayor recaudación. Sin embargo, la mayor recaudación también es un efecto distorsionador porque disminuye la renta de los agentes económicos, cosa que dispara innumerables distorsiones de todo tipo. Extraer la riqueza generada y los usos que se harían con ella en busca del valor y la satisfacción de las necesidades más urgentes de la población es una distorsión sobre la economía igualmente grave.

Por tanto, usar este tipo de argumentos para justificar una reducción de impuestos no es un razonamiento que vaya indiscutiblemente a favor de un sistema impositivo eficiente (¿qué ocurriría si se usara la curva para justificar subidas de impuestos?). Desde luego es equívoco usarlo como base de una reforma fiscal "para el crecimiento". El crecimiento se obtiene reduciendo los dos efectos comentados, no deteniendo la disminución de uno de ellos a conveniencia de la recaudación, es decir, del Estado. Usar, en suma, este razonamiento es impregnarse de una perspectiva estatal que somete "el crecimiento" económico al bienestar del Estado por lo que disfraza un razonamiento a favor de la economía libre en un argumento poco claro y contradictorio.

Reforma Mínima de la Constitución Española de 1978

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El premio Nobel de economía de 1974, fue preguntado en una entrevista en 1977 acerca de si "el horror de financiar esta burocracia colosal del bienestar proporcionará el estímulo para shockearnos y así procurar un gobierno más racional". Hayek respondió que la única esperanza radicaba en las reforma institucionales:

Mi única esperanza es realmente que algún país o países de menor importancia, los cuales por diversas razones tendrán que construir una nueva constitución, lo hagan sobre la base de líneas sensibles y sean tan exitosos que otros consideren de interés imitarlos. No creo que los países que están orgullosos de sus constituciones realmente necesiten experimentar con cambios en ellas. La reforma puede venir, por ejemplo, de España, que debe redactar una nueva constitución. No creo que sea realmente probable en España, pero es un ejemplo. Pueden probar ser tan exitosos que sería una forma de demostrar que hay mejores maneras de organizar al gobierno que la que tenemos.

1. Limitación del tamaño del Estado.

Queda claro que la reforma institucional realizada en España permitió establecer a una democracia parlamentaria de un modo pacífico mediante un consenso mayoritario sobre la Constitución.

Sin embargo, a nivel institucional, la Constitución fue diseñada con graves carencias respecto de la dispersión pluralista del poder, del control ciudadano del poder político y, especialmente, de la limitación del tamaño de las administraciones públicas.

Así, por ejemplo, no se protegieron de modo estricto ni el derecho a la propiedad privada ni la libertad de empresa que quedaron supeditadas a la "función social", al "interés general" y a la "planificación" de la economía, no se garantizó una verdadera independencia del poder judicial y, desde luego, no se instauró una organización territorial sencilla y eficiente, características que hubiesen contribuido a limitar las competencias y el tamaño de las administraciones públicas.

Comienza a ser evidente para la mayor parte de la población que la redacción final del Título VIII de la Constitución Española de 1978, y después las sentencias "politizadas" del Tribunal Constitucional, han legitimado la discriminación de ciudadanos y el intervencionismo regionales y, por tanto, han lastrado el crecimiento sociocultural y económico de España.

Como mínimo, el tamaño del Estado en España (capítulos I a VIII de los PGE) está situado por encima del 47% del PIB en España, si se considera válido el dato de PIB de 1.049.525 millones de € en el año 2012, que publica Eurostat con los informes recibidos del gobierno español.

Sin embargo, observando las dudas que argumenta Juan Carlos Barba sobre la fiabilidad del PIB comunicado oficialmente por el Gobierno de España, y empleando los datos de caída del PIB que razona el catedrático Roberto Centeno entre un 20,8% y un 22,6% desde el 2007 hasta el 2012, podríamos estar hablando de niveles de tamaño del Estado superiores al 60% sobre un PIB situado entre 831.224 millones de € y 812.332 millones de €, que identifican plenamente el socialismo en España y que imposibilitan la realización de un cálculo económico eficiente, principales causas de la crisis estructural que se traduce en el cierre de empresas, el aumento del número de desempleados y el empobrecimiento de las familias.

Con los anteriores datos, podemos constatar el enorme tamaño que ha adquirido la institución política del Estado, formada por 1 + 17 Parlamentos en España con estructuras administrativas y redes clientelares, que se suman a las propias de las entidades locales (municipios, mancomunidades, diputaciones, cabildos…) y de los organismos del entramado público empresarial, lo que constituye el argumento central para que las reformas institucionales, tengan como objetivo central la limitación del tamaño de las administraciones públicas.

2. Limitación de competencias en la organización territorial.

Por ello, es interesante resaltar cómo el ex presidente del Tribunal Constitucional, y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, D. Álvaro Rodríguez Bereijo, reconocía recientemente en un curso de verano que "la crisis económica ha rasgado el velo de la insostenibilidad económica del modelo territorial".

Existe gran preocupación por no haberse calibrado adecuadamente las consecuencias que, a nivel de vertebración del Estado, tenían las sentencias del Tribunal Constitucional (TC). En los años 90, el Tribunal Constitucional intentó impulsar mediante jurisprudencia la descentralización del poder político. Después, las ineficiencias y duplicidades han llevado al TC a repetir ésos tópicos jurisprudenciales, cuando los problemas eran bien diferentes. El TC validó estatutos de autonomía que centrifugaban competencias y, por tanto, impulsó el incumplimiento de los Art. 14 CE y 139 CE en algunas Comunidades Autónomas y consolidó los problemas de igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones que había instaurado la Constitución.

Véase, a modo de ejemplo, la validación parcial por sentencia del Tribunal Constitucional del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que impulsa una deriva secesionista que, posiblemente, desembocará en el año 2014 en un intento de ruptura de la Ley vigente, establecida por la Constitución Española, y ratificada mayoritariamente por los españoles el 6 de diciembre de 1978.

En definitiva, el Título VIII de la Constitución es el más defectuoso de la Constitución Española de 1978, por la constante centrifugación de competencias validada por el Tribunal Constitucional, y por el incumplimiento manifiesto de las sentencias del Tribunal Supremo, sin consecuencias administrativas (ni penales) para las autoridades autonómicas.

3. Reforma Mínima de la Constitución Española de 1978.

Aun siendo pesimista respecto de la posibilidad de que los partidos políticos logren poner música a un proceso de reforma constitucional, D. Álvaro Rodríguez Bereijo opina que se requiere una reforma cautelosa de la Constitución Española de 1978 que, por la vía rápida del Artículo 167 CE, permita cambiar tan sólo el Título VIII para volver a instaurar la normatividad y la efectividad de la CE como norma vinculante para todos los españoles.

En este sentido más conservador, como mínimo, se precisaría una distribución racional de las competencias para saber quién hace qué, y cómo, para cumplir la Constitución sin derivas secesionistas que rompan la unicidad de mercado, extiendan el intervencionismo económico y político, discriminen a los ciudadanos, perpetúen la corrupción de las élites extractivas regionales, y prolonguen en el tiempo el enfrentamiento y la coacción constantes del nacional-separatismo frente al resto de regiones de España.

Sin embargo, en un sentido más reformista, tal vez pudiese aprovecharse la aplicación de la vía rápida del Artículo 167 CE, para realizar varias reformas institucionales (escalonadas o hayekianas) que pudiesen ayudar de un modo conjunto a reconducir la actual deriva nacional-secesionista. Por ello, deseo referenciar cinco artículos sobre la limitación del poder político, con el objetivo de que prevalezcan la acción humana y la función empresarial en España:

  1. Limitación de Competencias Autonómicas mediante el Art. 148 CE.
  1. Limitación del Secesionismo Totalitario por medio del Art.155 CE.
  1. Limitación de Déficit Presupuestario, Tributos y Endeudamiento en los Art. 133 a 135 CE.
  1. Eliminar el control político del poder judicial en el Art. 122 CE.
  1. Limitación del Intervencionismo del Estado con obligatoriedad del Art. 92 CE.

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Algunos problemas con el anarcocapitalismo de Hoppe

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Algunos problemas con el anarcocapitalismo de Hoppe

El filósofo y economista Hans-Hermann Hoppe es uno de los principales representantes del pensamiento anarcocapitalista: defiende una sociedad basada en el derecho de propiedad y en la ley privada, sin impuestos ni privilegios para nadie. Su argumentación en contra del Estado es muy interesante, pero tiene algunos problemas.

Según Hoppe el Estado se otorga a sí mismo coactivamente el monopolio de la justicia, de decidir sobre los conflictos, incluso sobre aquellos que involucran al propio Estado y en los cuales no puede ser imparcial. Además impone unilateralmente sus condiciones a los individuos, establece las leyes vigentes y cobra impuestos confiscatorios.

En una sociedad anarcocapitalista la seguridad es proporcionada por agencias privadas en competencia, como cualquier otro bien o servicio. Estas agencias resuelven los conflictos con la mínima violencia posible ya que el uso de la fuerza es muy costoso, arriesgado e ineficiente. Todo el mundo puede estar armado y esto reduce la criminalidad: los agresores saben que las posibles víctimas están preparadas para defenderse, y esto desincentiva el delito.

Hoppe utiliza el individualismo metodológico y su argumentación es fundamentalmente teórica. Los problemas de sus ideas proceden de no entender plenamente la naturaleza de los grupos humanos como unidades de convivencia y acción colectiva, y de realizar algunas inferencias incorrectas, incompletas o con poca base empírica.

El derecho de propiedad o principio de no agresión es la única norma ética universal, simétrica y funcional que permite regular la convivencia entre seres humanos evitando, minimizando o resolviendo conflictos. Pero los seres humanos no utilizan solamente leyes universales para evitar conflictos entre individuos. También emplean normas particulares para regular relaciones concretas entre personas, para gestionar el uso de bienes compartidos por un colectivo, y para alcanzar conjuntamente objetivos específicos mediante la cooperación coordinada en grupos estables. Estas normas implican deberes y derechos positivos para los participantes, las partes de una relación o los miembros de un grupo, y pueden surgir informalmente (por evolución de costumbres) o formalmente (mediante contratos).

Estas reglas particulares son funcionales si sirven para alcanzar los objetivos por los cuales existe la asociación de individuos. Muchos economistas ven la sociedad como una red compleja que permite generar eficientemente más riqueza mediante la especialización, la división del trabajo, los intercambios en el mercado y la acumulación de capital (físico, humano, social, tecnológico).

Pero la biología y la antropología muestran que los grupos humanos surgen principalmente para afrontar problemas relacionados con la seguridad: un colectivo grande y bien organizado puede luchar, protegerse y atacar mejor, defendiéndose de depredadores o agresores, cazando presas y compitiendo por recursos con otros grupos humanos. Además las relaciones estables permiten la ayuda mutua y recíproca en caso de necesidad (accidentes, enfermedades, variabilidad del éxito en la búsqueda de alimento).

Un grupo posee ciertos bienes en común (la cueva donde se refugia, el espacio entre las chozas, las calles y plazas públicas, los terrenos de caza o recolección, algunas reservas de alimento) y realiza algunas acciones, especialmente la guerra contra otros grupos (y las relaciones diplomáticas y alianzas), como una unidad (aunque obviamente no todos los miembros participan por igual). Para los servicios de seguridad la tribu es como una cooperativa de producción y consumo.

La posesión común de ciertos bienes, las acciones colectivas y la resolución de conflictos internos (mantenimiento del orden) requieren que se realicen algunas funciones de gobernanza (coordinación, gestión, mantenimiento, organización, dirección) de forma descentralizada o centralizada.

En los grupos pequeños la coordinación de la cooperación se gestiona de forma personal mediante normas tradicionales y relaciones directas: todos se conocen, interactúan frecuentemente, hablan y se controlan o vigilan unos a otros. Existe cierta división del trabajo y las relaciones de autoridad y liderazgo son voluntarias y personales.

Algunos grupos se separan al crecer y superar cierto número de miembros para poder mantener una organización personal y descentralizada. Otros grupos crecen y realizan diversas transiciones de tamaño, complejidad y organización desde bandas a tribus, a jefaturas, y a estados: estos procesos profundizan la división del trabajo entre los miembros (por ejemplo los soldados son especialistas mantenidos por el resto de la población) y desarrollan mecanismos formales, institucionales e impersonales de control como jerarquías estables de gobierno (reyes, nobles, alcaldes, jueces, mandos militares y religiosos) y burocracias.

Estas transiciones pueden ser voluntarias, progresivas y espontáneas (por crecimiento orgánico o fusiones de grupos) o resultado de la invasión y toma de control de unos grupos por otros. Las estructuras de mando pueden utilizarse por los gobernantes en su propio beneficio a costa de los miembros del colectivo (Estado como parásito, agresor o ladrón), pero también pueden proporcionar servicios (de menor o mayor calidad y eficiencia) como la gestión de lo común, la resolución de conflictos y la organización de la defensa.

Hoppe estudia al rey y a los aristócratas de un orden natural como individuos sabios, ricos, exitosos, con prestigio y autoridad, que ejercen de jueces para los conflictos entre los diferentes individuos.

Sin embargo esa no es su función o razón de ser única o principal, sino que suelen ser mandos militares que defienden al grupo y exigen tributos a cambio. Un grupo no necesita un gobierno solamente para los conflictos internos entre propietarios privados. También lo necesita para las cosas que el grupo tiene en común, y para las cosas que hace en común, en especial organizar su defensa. El rey más que un juez es un comandante supremo del ejército, y los aristócratas son sus generales.

La gente puede recurrir a reyes y aristócratas por su sabiduría, pero también porque tienen el poder de imponer sus veredictos. Algunos juicios podrían ser útiles como opiniones para establecer la reputación (buena o mala) de los individuos e incentivar buenas conductas sin necesidad de utilizar la fuerza contra ellos; pero este mecanismo puede no ser suficiente, y para algunos casos la fuerza puede ser necesaria y eficiente.

Es posible comprender al Estado como un ente separado de los ciudadanos sobre los cuales impone unilateralmente e ilegítimamente su voluntad. Pero también es posible entenderlo como la estructura institucional de gobierno de una asociación voluntaria: los ciudadanos son parte del Estado, eligen o controlan de algún modo a sus representantes y líderes y determinan cuáles son las normas que regulan las contribuciones a su mantenimiento (fiscalidad); cada miembro del grupo tiene una influencia generalmente muy pequeña sobre la toma de decisiones colectivas y por ello puede parecer que las elecciones las toman otros contra él.

Si el Estado fuera claramente una de estas dos alternativas su análisis y crítica serían muy sencillos. Pero en la realidad el Estado parece ser un híbrido de las dos concepciones, con atributos de ambas. Un Estado pura y claramente agresor no puede justificarse éticamente, debilita o mata al huésped al que parasita y se arriesga a rebeliones de sus súbditos. Un Estado servidor de la sociedad tiende a desvirtuarse por diversas ineficiencias, corrupciones e intereses de políticos, burócratas y grupos de presión organizados (élites extractivas): al monopolizar la violencia y la jurisdicción el Estado tiende a convertirse en agresor, pero esta puede realizarse en nombre y beneficio de algunos de los ciudadanos y a costa de otros, quienes se sienten víctimas del Estado y lo ven como algo ajeno.

Sobre la provisión de servicios de protección mediante agencias privadas, Hoppe (junto con muchos otros anarcocapitalistas) no parece ver que la seguridad mediante el uso de la fuerza es un servicio especial que tal vez no sea fácil de externalizar e intercambiar en un mercado: si yo soy débil y quiero contratar con un fuerte para que me defienda, tal vez no pueda evitar que el otro utilice su capacidad superior para atacarme y quedarse con mi dinero sin necesidad de esforzarse y arriesgarse en protegerme. Si puedes defender a alguien de todos es porque eres más fuerte que todos, y entonces quizás aproveches para dominar a todos en lugar de servirlos.

El que las agencias privadas resuelvan conflictos entre ellas de forma pacífica es una posibilidad pero no una necesidad apodíctica: la historia muestra muchos ejemplos de escaladas de represalias entre grupos que no llegan a acuerdos para evitar la violencia, y que en algunos casos lo consiguen cuando algún poder superior pone orden entre ellos.

El que todo el mundo pueda estar armado puede desincentivar muchos crímenes, pero tal vez también provoque daños cuando se produzcan disputas pasionales entre individuos con capacidad letal.

El fraude fiscal lo provoca el Gobierno

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

A nadie se le escapa a estas alturas que España tiene un grave problema en sus cuentas públicas. En 2012, por ejemplo, el Estado español gastó alrededor de 490 mil millones de euros. Pese a las sofocantes subidas de impuestos, la recaudación fue de 382 mil millones. Así que se repite la misma historia que se viene produciendo desde 2009: el déficit está desbocado, superando los 110 mil millones de euros, un 10.6% del PIB. Si no contamos el rescate bancario, el déficit sería de 81 mil millones, un 7.1%. Pero es que hay que contarlo, qué se le va a hacer. Lo de no contarse partidas contables no es que esté muy bien visto a nivel internacional.

La causa de este problema no tiene mucho misterio. Durante los años de la burbuja económica y el boom inmobiliario, el gasto público aumentaba cada año a un ritmo astronómico al calor de unos ingresos tributarios artificiales y excepcionales, que no volverán. Como dice Juan Ramón Rallo, es como si alguien le toca un año la lotería y, creyendo que esos son los ingresos normales que va a recibir todos los años, consolida gastos anuales a esos niveles. Cuando la burbuja pinchó y se dejaron de reconocer esos ingresos artificiales, el Estado siguió aumentando sus gastos como si no hubiera que pagarlos. Para hacernos una idea, en el año pico de la burbuja, 2007, el Estado recaudó 433 mil millones de euros. Es decir, que ni en el año que nos tocó la lotería podríamos haber hecho frente a los 490 mil millones que gastamos en 2012.

Pese a esto, aún hay quien dice que España no tiene un problema de excesivo gasto público. Todos los días aparecen en periódicos y tertulias quienes hablan de una excesiva austeridad, de unos recortes insoportables, de que se pretende desmontar el Estado. Un vistazo a los números globales basta para refutar esta postura. Si bien es cierto que el Gobierno ha recortado en algunas partidas concretas (sobre todo en las más dolorosas para los ciudadanos, no vaya a ser que la gente se dé cuenta de que los políticos gastan en cosas inútiles, como decía el gran Thomas Sowell), la suma total del gasto público sigue creciendo y ha batido todos los records. El gasto público en 2012 alcanzó el 47% del PIB en 2012. Si eso es desmantelar el Estado es que nos estamos volviendo locos.

¿Cuál es la solución mágica de quienes defienden esta postura? Que esto se arregla aumentando impuestos y, ante todo, combatiendo el fraude fiscal. Aquí quería yo llegar, al fraude fiscal. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), publicó recientemente una nota en la que decía que debido al fraude fiscal, Hacienda dejaba de ingresar 90 mil millones, 2.000 euros por español. Déficit solucionado, ¿no? Pues no. Para empezar, porque sus propios cálculos son absurdos. Y es que si asumimos, como hacen ellos, que la economía sumergida es del 23% del PIB (alrededor de 230 mil millones de euros), estarían suponiendo que Hacienda recaudaría como impuestos nada más y nada menos que un 40% del total de la actividad económica sumergida. Con un par.

Hay una parte muy importante de la economía sumergida que es pura subsistencia. Uno de los mejores economistas de España, José María Gay de Liébana, suele hablar de "Paquita la Peluquera", esa típica trabajadora que deja de poder ganarse la vida en la economía oficial por los impuestos y la regulación, y se ve obligada a recurrir a la economía sumergida para sobrevivir. El único motivo por el que no estalla la violencia en un país como España, con un 27% de paro, es gracias a la economía sumergida. Si el Gobierno se empeñara en "sacar a flote" los ingresos fiscales de todas las paquitas y los manolos, el problema empeoraría aún más. No sólo porque no se recaudaría nada, al no ser rentable esa actividad en la economía oficial. Es que además quedarían totalmente desamparados. Buena parte de ese 23% de economía sumergida de la que habla Getsha simplemente no puede aflorarse. Y mucho menos recaudar el 40%.

Hay otra parte muy importante de la economía sumergida que tampoco puede sacarse a flote. Es la que se produce, no por el hecho de ahorrarse impuestos, sino simplemente porque proviene de actividades ilegales. Es imposible recaudar de actividades que están prohibidas, por mucho que se empeñen los del sindicato Gestha. La mayoría de los casos de fraude fiscal que aparecen a diario en las noticias son de este tipo. Se habla del fraude fiscal de Bárcenas, Urdangarín y compañía. Pero no defraudan por evitar pagar impuestos, sino porque la actividad es ilegal en sí misma. Lo curioso de este tipo de fraude fiscal es que los políticos son los primeros que lo practican. Como dice Gay de Liébana, en los partidos españoles desde el primero hasta el último están pringados en casos de corrupción. Y luego nos piden un esfuerzo cuando nos suben los impuestos. El Gobierno tampoco puede recaudar de este tipo de fraude, pero al menos podría dejar de practicarlo.

Por supuesto, con lo que se llenan la boca quienes buscan soluciones mágicas al problema del déficit es con las grandes empresas y las acaudaladas sociedades de inversión. Esto existe, no cabe duda. Lo que pasa es que, aunque lo metan en el mismo saco, lo que hacen normalmente es legal. Si una empresa opera en todo el mundo, no tiene más que elegir como sede el país que más le interese y asegurarse con costosos abogados y asesores de cumplir con todas las enrevesadas normativas. A los políticos esto les encanta, porque luego se garantizan un retiro dorado como consejeros. No nos engañemos: los impuestos están diseñados para que los pague la clase media. Con las grandes empresas pueden hacerse vistosos titulares y grandes programas políticos, pero no es fácil recaudar de ahí. Basta con apretarlos un poco y se van a otro lugar. No sólo nos quedamos sin recaudar sino también sin la actividad y la inversión que generan.

¿Acaso tanto PP como PSOE son tan tontos como para preferir desangrarse electoralmente con subidas de impuestos y dolorosos recortes, pudiendo solucionar el problema del déficit combatiendo el fraude fiscal, como pretende un amplio espectro de abanico mediático? Les encantaría, pero no pueden. Siempre que lo intentan descubren que la recaudación no aumenta. Es importante entender cuál es la lógica general de la economía sumergida. El fraude no es otra cosa que una decisión económica, es la respuesta a una evaluación de beneficios contra costes. Los beneficios son los impuestos no pagados y la regulación evitada. Cuando se suben los impuestos o se aumenta la regulación, el Gobierno está provocando el fraude fiscal. Está enviando, en el margen, a los ciudadanos y empresas a la economía sumergida. Nadie quiere trabajar en la economía sumergida, sin acceso a la justicia para resolver disputas, sin poder usar contratos, cobrando en un dinero negro con muy bajo poder de compra y con el permanente riesgo de que te pillen. Así que sólo se defrauda si los tipos impositivos son muy altos y la regulación es elevada y costosa. Ahí están los motivos por los que en España hay tanta economía sumergida.

Es absurdo proponer al mismo tiempo subir los impuestos y combatir el fraude fiscal como solución al déficit, porque subiendo impuestos el fraude aumenta, la actividad cae y se recauda menos. Si quieren disminuir el fraude fiscal, bajen impuestos, simplifiquen el sistema impositivo y hagan menos costosa la disparatada regulación a todos los niveles administrativos. Hagan, en definitiva, menos sangrante la economía oficial. Pero nuestros políticos van siempre en dirección contraria. Aunque se presenten como la solución, en realidad son el problema. El fraude fiscal lo está provocando el propio Gobierno.

Las democracias insostenibles

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cuando escribo estas palabras, en Egipto se está buscando Primer Ministro. Tras el derrocamiento por el Ejercito del presidente Morsi, del Partido Justicia y Libertad, de los Hermanos Musulmanes, y la toma de poder bajo tutela militar de Adli Mansur, la opción de El Baradei, que fuera director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y Premio Nobel de la Paz junto a la organización en “reconocimiento a sus esfuerzos por impedir la proliferación de armas nucleares” no convence a los salafistas del partido Al Nur, que apoyaron el golpe, pero que empiezan a estar reticentes con la evolución de los acontecimientos. La probabilidad de un conflicto bélico aumenta.

El problema de la destitución de Morsi es que, pese a sus múltiples defectos y sus ideas claramente totalitarias, era un presidente que tenía la legitimidad que le da el haber sido elegido democráticamente. Al menos, de haber sido elegido en proceso electoral bendecido por Occidente que, de pronto, no supo asimilar ni gestionar lo que alguien con poco tino empezó a llamar Primavera Árabe y que está afectando a la estabilidad política de muchos países musulmanes.

Muchos se han apuntado a la tesis de que las revueltas y los conflictos bélicos que sacuden o han sacudido a algunos países musulmanes responden a una necesidad de libertad por parte de los ciudadanos. Sin embargo, las elecciones en Egipto que llevaron a los Hermanos Musulmanes al poder, además hacen evidentes las diferencias ideológicas entre las ciudades, más vanguardistas y donde se suele hacer “política”, y las zonas rurales, más tradicionalistas, donde los islamistas tienen su cantera de votos y apoyos, nos indica que esta necesidad de “libertad” no es tal, pues la opción mayoritaria terminó decantándose por una institución, los Hermanos Musulmanes, que no engañaba a nadie y se mostraba contraria a una mayor libertad individual, sino a la imposición de una ley y a realizar cambios que islamizaran la sociedad.

Con esto no quiero decir que no haya entre los egipcios personas dispuestas a luchar y querer una mayor participación política o una mayor libertad económica, sino que estas opciones no parecen mayoritarias. Más bien, lo que estas revueltas nos muestran es el enfado de, en este caso sí, una mayoría de personas contra unos sistemas políticos corruptos y una profunda división de opiniones de lo que debería hacerse y cuál es el modelo social que se persigue.

Esta discrepancia de objetivos, formas y acciones es lo que tradicionalmente suele hacer fracasar a un movimiento revolucionario. La unión inicial más circunstancial que preparada, aúna esfuerzos y si el régimen no es lo suficientemente estable o poderoso, suele caer, como le ocurrió al de Mubarak en Egipto, mantenido por los militares, aunque cansados de su corrupción. Una vez derrocado, los grupos organizados como los Hermanos Musulmanes supieron gestionar el proceso, incluso sin haber participado activamente en las revueltas iniciales, hasta alcanzar el poder. Lo mismo que soviéticos y nazis hicieron hace ya muchas décadas.

Los intereses diplomáticos y cierta visión interesada de algunos países occidentales, como Estados Unidos o Francia, esta última en Libia, han mantenido activas algunas de estas revueltas, apoyándolas, aunque sólo sea con simples apoyos diplomáticos, lo que ha favorecido la extensión en el tiempo del conflicto político, su radicalización y un incremento de la violencia, alargando, posiblemente, conflictos que podrían haberse solucionado mucho antes.

En una línea parecida, Rusia mantiene al presidente sirio Al Asad, en cuyo país se libra una de las guerras civiles más sangrientas que ha salido de la Primavera Árabe. Sin embargo, en este caso, las intenciones de ambos bandos parecen igual de oscuras y no se aprecia ninguna intención de incrementar la libertad económica o política de los sirios.

El fundador y director de la Organización para la Democracia y la Libertad en Siria, Ribal Al-Assad, explica que “el jefe del consejo supremo de los islamistas en Arabia Saudí llamó a la yihad contra los infieles alauitas y dijo que no importaba si moría un tercio del pueblo en el proceso. Esto era un horror y ha empujado a que los moderados en Siria le dieran su apoyo al Gobierno porque es verdad que quieren cambiar la dictadura, pero no quieren remplazarlo con algo peor, con islamistas”.

La democracia es una manera de organización del Estado, y es cierto que suele ser la que más libertad permite a los que bajo ella viven, pero esto no siempre es así. Es muy posible que cualquier ciudadano de Singapur tenga más libertad que la que han tenido los egipcios con Morsi o la que tengan los venezolanos con Maduro o antes con Chávez. Que un régimen proteja la propiedad privada de los ciudadanos, que permita que estos lleguen a intercambios libres de cualquier tipo sin que se interpongan (demasiadas) leyes y que se respeten los acuerdos y contratos firmados o aceptados, hacen más por la libertad y la prosperidad de los individuos que la posibilidad de que todos puedan llegar a los organismos e instituciones donde se ejerce el poder, que en estas circunstancias que comento, tienen menos interés para la mayoría de los ciudadanos. Y ese es el problema de algunas democracias, que las luchas por el poder, y no por la libertad, las vuelven insostenibles porque se realizan a costa de la riqueza de todos.

El capitalismo en las pequeñas cosas

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Cuando uno piensa en el capitalismo le vienen a la cabeza grandes multinacionales, bancos o, en el mejor de los casos, empresas como Google o Apple. En el caso de ser izquierdas seguramente en lo primero que piense es en un grupo de ejecutivos trajeados, con un peinado bastante hortera, que están comiendo en un restaurante del barrio de Salamanca mientras debaten alegremente sobre cómo explotar aún más a la clase trabajadora.

Lo cierto es que el capitalismo solo tiene una relación superficial con todo lo anterior, bastante parecida a la que tiene la libertad de expresión con los locutores de radio, los grandes novelistas o los programas de corazón.

Y es que cada día en que un ser humano decide intentar intercambiar con alguien alguna pertenencia suya por otra que codicia, pero que pertenece a la otra persona, en vez de abrirle la cabeza con una piedra y quedarse con las dos, el capitalismo prevalece en la sociedad un poquito más.

Pero del mismo modo que la libertad de expresión necesita de una población madura que entienda que no todo lo que se diga tiene por qué gustar a la mayoría para ser considerado legal, el capitalismo necesita que la gente entienda que no todo intercambio tiene que resultar igual de satisfactorio para ambas partes para ser considerado justo.

Un buen ejemplo de sociedad concienciada con el capitalismo es la texana; soy aficionado a un programa de televisión donde unos tipos, que no tienen pinta precisamente de ejecutivos sin escrúpulos, se dedican al noble arte de especular con coches. Recorren el Estado buscando coches antiguos a buen precio y los revenden después de restaurarlos, o a veces simplemente dándoles un lavado de cara y contactando con el comprador adecuado.

Lo que más me gusta del programa no es la restauración de los coches, sino el proceso de compra y de venta de los mismos. Nadie se ofende al oír una oferta baja, nadie se enfada con el comprador cuando tiene que vender barato obligado por las circunstancias, y nadie pide al gobierno que le salve cuando le sale mal un negocio.

Unos de mis momentos favoritos es cuando el dueño del negocio necesita vender rápidamente uno de dos coches con los que está negociando para tener dinero con el que restaurar el otro a tiempo para una subasta. Llama a un amigo para ofrecerle el coche y éste, conociendo la su necesidad imperiosa de vender, le ofrece un precio con el que apenas puede cubrir los gastos ocasionados por el coche. No sólo acepta el trato sino que se alegra de que, ya que él no va a poder sacarle beneficios al coche, su amigo sí lo haga.

A veces vamos a buscar las causas de la riqueza de un pueblo en su política, en sus instituciones o en sus leyes, cuando en realidad tendríamos que mirar esas pequeñas cosas donde se muestra el respeto por los demás, por los negocios y el saber perder cuando apuestas por algo y te sale mal.

Esto es precisamente por lo que soy tan pesimista sobre la recuperación de la economía española. No es que Rajoy me parezca un presidente bastante lamentable, que me lo parece, o que Motoro no sea el ministro más dañino de los últimos lustros, que lo es. Sencillamente es que cuando uno se fija en las pequeñas cosas de la vida cotidiana de los españoles, cada vez es más difícil ver ese respeto por la libertad que todo pueblo que aspire a prosperar debería tener arraigado en la mayoría de sus ciudadanos.

Snowden, el imperialista

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

No creo que podamos considerar en modo alguno a este ex espía como un adalid de las libertades. La prueba definitiva la encontramos en que estados satélites de uno de los imperios realmente existentes le ofrecen asilo político. ¿Qué libertarismo puede estar al servicio de semejante poder?

Snowden ha revelado lo que los Estados Unidos, la cabeza de uno de los bloques hegemónicos (o imperios, en la terminología politológica de la escuela del materialismo filosófico), ha hecho con sus ciudadanos y aliados así como con los enemigos. Esto que, en algunos medios libertarios es presentado como un avance en la lucha por las libertades, supone en sí mismo algo indiferente en cuanto al avance en las mismas y, dada la actitud personal del propio protagonista, un retroceso flagrante en ellas.

El ex espía ha denunciado lo que uno de los imperios hegemónicos ha llevado a cabo en línea con el mantenimiento de su seguridad externa frente a los otros imperios, hegemónicos también en sus áreas, y contra el multiforme enemigo no imperial procedente del islamismo.

El reparto mundial del poder mantiene tres grandes áreas de influencia con un centro hegemónico que, siguiendo la caracterización antedicha, denominamos como imperios: la plataforma euro-americana, con centro en Washington; la rusa, heredera de la soviética y, esta, de la zarista; y la china. Lindando con las periferias de las tres se halla la multifacética amenaza islamista cuya batalla supremacista solo tiene una aparente unidad ideológica y una casi nula cohesión política y estratégica.

En este mundo de tres plataformas imperiales y una corriente agresiva, Snowden se mueve denunciando lo que una de ellas hace para defenderse. Cierto es que toda apuesta por la seguridad llevada a cabo por nuestros gobiernos agrede los niveles de libertad de que gozamos, pero no es menos cierto que la denuncia unidireccional beneficia a los otros centros de poder, los cuales, no casualmente, desarrollan, por sí mismas, sistemas mucho menos respetuosos con las libertades que Snowden defiende en la práctica.

No denuncia el ex espía los actos de espionaje, represión y brutalidad de Rusia o de China, sino los menos agresivos sistemas de vigilancia que los EEUU realizan. Tampoco Snowden alza su grito supuestamente libertario en tierras más libres, es decir, en los EEUU, sino que sirve a los intereses de uno de los imperialismos rivales, el ruso, cuyo patio trasero latinoamericano, las nada libertarias repúblicas sandinista, bolivariana e indigenista ofrecen asilo al agente antioccidental.

La de Snowden no es una causa libertaria. Por sí misma es indiferente al libertarismo y por haber escogido el asilo en tierras de un imperio sin imperio de la ley, es antilibertario.

Los colmillos intactos del votante español

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Comentaba Javier de Mendizabal, compañero de Vozpópuli y amigo, probablemente con más pena que sorpresa, que a pesar de los Valderas, Gürtel, ERE’s andaluces, Bárcenas, Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva y los Pujol, la suma de los votos de las formaciones cuyas filas engrosan estos insignes españoles de conducta ejemplar, suman casi 250 escaños. En concreto, el resultado de la suma de los escaños de PP, PSOE, IU y CiU es de 323, es decir un 92% del total.

Sí, nos representan

Podemos ponernos como queramos, decir que no sabíamos nada cuando votamos. Quiero recordar en este momento que nunca he ejercido mi derecho a voto por razones que ahora no importan, pero hablo como una más porque pertenezco a esta sociedad y hay que ser humildes. Nadie está a salvo.

Podemos decir que los jueces están compinchados con los políticos, los políticos con los banqueros, los banqueros con los reptilianos y los reptilianos con el mismísimo diablo. Pero, uno tras otro, los casi veinte millones de españoles que votaron a alguno de esos cuatro partidos, hemos elegido a Bárcenas, Valderas, Pujol, Antonia Muñoz, etc… Hemos elegido un sistema político que consiste en agua estancada y que se nos ha infectado. Hace mucho tiempo que esto huele demasiado mal como para no habernos dado cuenta.

Recordemos el caso Flick de financiación ilegal del PSOE, las torres KIO, FILESA, RUMASA, los fondos reservados, el caso SEAT de financiación ilegal del PSOE, el caso Roldán, los GAL, el caso Tabacalera, el tema del FORCEM, Gescartera, el caso Malaya, el tema de Jaume Matas, el Palau… y todo lo que aún está encima de la mesa. Y lo que queda por debajo y, por tanto, nunca conoceremos.

La resistencia al cambio: el peor aliado

Reconocer, no uno de los casos, sino la persistente corrupción impune de los partidos mayoritarios supondría tener que reconocer que este sistema de partidos no funciona. Habría que mirarnos y hacer recuento de fallos, plantear alternativas, desmontar tinglados, chiringuitos y enjambres de privilegios. Habría que proponer contrapesos, modos de que el ciudadano tuviera, de alguna manera, la posibilidad de vigilar lo que hacen y cómo sus representantes.

Eso es pedir mucho. Es más sencillo y requiere menos esfuerzo psicológico repetir esos mantras narcotizantes como “Los otros son peores” o “No es para tanto” o “En todos los países sucede” o “Es que no somos nórdicos”. Esas frases que permiten girar suavemente la cabeza y volver a enterrarla en la arena.

Probablemente, el hecho de que nadie haya cuantificado cuánto dinero supone para el españolito que prefiere no mirar para no tener que resolver un problema, el dinero derrochado en tramas de corrupción, cuánto le cuesta los servicios de justicia, la prisión de los cuatro gatos que han pringado, las investigaciones y, finalmente, el dinero desaparecido cuando ha sido el caso, explica que no estemos realmente escandalizados. Si lo estuviéramos, ese 92% se habría plantado en la puerta del Congreso o de sus ayuntamientos el día de las elecciones generales y se habrían negado a votar.

El colmillo retorcido que no tenemos

A pesar de todo, estoy convencida de que, precisamente por esta disonancia cognitiva electoral que padecemos en España, si el mes que viene se convocaran unas elecciones, volveríamos a acudir a las urnas, tal vez resultaría una distribución de votos algo cambiada, pero tampoco tanto. Porque nuestros políticos, si se diferencian en algo del resto de los españoles, es que tienen el colmillo retorcido, es decir, se las saben todas. Y estarían prestos a sacar antiguas banderolas y juntarlas con nuevos slogans. El demonio de la izquierda que acecha, el demonio de la derecha que también, vota que si no el sol se ocultará para siempre, esos han robado más, los otros eran franquistas, los de más allá te van a quitar el rosario de tu madre, cuidado con tu subvención, que vienen los tigres, que vienen los leones… todos quieren ser los campeones, que diría Torrebruno.

En cambio, los españoles que no estamos entre los elegidos para ser “político con cargo”, parecemos idiotas que compran cualquier burra. Pero hay una razón. Necesitamos “hacer algo” para tener la sensación (en este caso ilusoria) de que estamos resolviendo un problema. El mero hecho de tener esa falsa percepción genera una respuesta neuronal que tranquiliza ese stress con el entorno, producido por el hecho de que está pasando algo que nos perjudica y no estamos haciendo nada. Y, paradójicamente, lo que “hacemos”, es decir, votar, refuerza el problema inicial. Pero como se ha reducido ese stress, ese conflicto, nos quedamos tan tranquilos y no prestamos oídos a quienes insistimos en que hay que cambiarlo todo y que así, no.

Y la ingenua soy yo cuando oigo a Lindsey Buckingham y Fleetwood Mac susurrar al principio de la canción Tusk “¿Por qué no le preguntas si se va a quedar? ¿Por qué no le preguntas si se va a ir? ¿Por qué no le preguntas qué está pasando?”… y me acuerdo de Aznar. Y de los demás. De todos.