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Bitcoin (II)

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Bitcoin (I)

Un sistema informático bien diseñado puede ser un buen dinero. Bitcoin tiene algunas excelentes características de buen dinero y es peor en otras en comparación con las monedas alternativas existentes: sin embargo las que tiene buenas las va a mantener porque son atributos técnicos inmutables, y en las otras probablemente sólo puede mejorar, y mucho, conforme se generalice su uso.

Los bitcoins son persistentes (mientras se conserve su información), divisibles, homogéneos, reconocibles, e infalsificables. Son muy fáciles y baratos de almacenar y transferir con alcance universal: la transacción es instantánea, pero su validación por la red lleva un breve tiempo (menor si se acepta pagar una pequeña comisión). Si se dispone de ordenador y conexión informática (algo cada vez más habitual para múltiples usos), sólo es necesario aprender a usar el sistema y gestionar su seguridad, algo que no es demasiado complicado, y los costes de transacción marginales son ínfimos.

El hecho de que bitcoin esté basado en ordenadores puede fomentar los ataques informáticos para apoderarse de las claves privadas (robar los bitcoins) y controlar capacidad de cómputo ajena para la minería (ordenadores esclavos), pero igualmente puede servir para fomentar medidas y cultura de seguridad informática. La criptografía utilizada por bitcoin es tan segura como la que utilizan bancos y estados en la actualidad, y además es adaptable a futuros incrementos de la potencia de cómputo (por ejemplo por computación cuántica).

El bitcoin no sólo es dinero (en la medida en que es usado como tal), sino que es dinero intrínsecamente conectado a una red de transacciones, es un sistema monetario y de pagos integrado: en este sentido se parece a los depósitos bancarios monetizados, pero sin ser deuda y sin los problemas de confianza asociados a los bancos. Es muy útil para micro pagos o donaciones, y para envíos de remesas o pagos entre países, porque no hay costes de transacción en forma de comisiones. El oro como dinero no tiene un sistema de pagos integrado y tiene costes considerables de almacenamiento y transporte debido a la posibilidad de su robo.

Sus características de anonimato potencial y falta de control estatal lo hacen interesante para operaciones en mercados ilegales (drogas, apuestas, juegos de azar), y como forma de evitar la fiscalidad y la represión financiera de los gobiernos: no puede ser congelado o confiscado como los fondos en la cuenta de un banco controlado en última instancia por el Estado, o como el oro en una aduana. El dinero en efectivo puede ser anónimo y no trazable, pero su uso requiere la proximidad física de los participantes en el intercambio (con la posibilidad de identificación mutua), y tiene el riesgo de su posible falsedad; cheques, transferencias bancarias, y pagos con tarjeta de crédito son muy fáciles de seguir e identificar. Algunos creen que su asociación con lo criminal y los mercados negros podría dañar la reputación de bitcoin, que sería rechazado moralmente o repudiado por la mayoría de la sociedad: pero esta usa sin demasiados problemas dinero en efectivo, que en estos aspectos es muy parecido.

Cuando su valor se estabilice o al menos sea predecible (su número intrínsecamente limitado podría provocar una suave deflación secular), podrá servir además como competencia para disciplinar a las inflacionistas divisas estatales y a los sustitutos monetarios bancarios poco fiables y desestabilizadores (depósitos a la vista de bancos con descalces de plazos y riesgos).

Bitcoin es una tecnología potencialmente disruptiva, una plataforma para la innovación que puede alterar de forma fundamental toda la oligarquía del sistema monetario y de medios de pago, volviendo obsoletas o poco competitivas las opciones existentes. El sistema realiza funciones semejantes a la gestión de cuentas corrientes, pagos, transferencias, giros y remesas de bancos, compañías de crédito y otras empresas equivalentes, todos ellos potenciales enemigos que pueden intentar frenar o destruir bitcoin si no consiguen dominarlo. Bitcoin puede suponer una amenaza para los beneficios de algunas grandes empresas y para la autoridad del Estado: por ello puede sufrir diversas agresiones como difamaciones, bulos o ataques a mercados organizados para bloquearlos y amedrentar a los usuarios actuales y potenciales; también son posibles las críticas de necios bienintencionados.

Por su naturaleza distribuida bitcoin no puede cerrarse, apagarse o bloquearse, como sí puede hacerse con un sistema centralizado con sus responsables, sus trabajadores y su localización física. El Estado puede otorgarse a sí mismo la potestad de ser emisor monopolista de dinero, pero tal vez no sea capaz de implementar en la práctica una potencial prohibición de bitcoin, la cual además implicaría publicitarlo, contribuyendo a su difusión y éxito. La prohibición de bitcoin no haría que su valor cayera necesariamente a cero: hay muchos productos ilegales, como algunas drogas, cuyo precio por el contrario es más alto por el hecho de estar prohibidas. Otras interferencias estatales son posibles, como compras y ventas masivas para desestabilizarlo, o el cierre o bloqueo de servidores privados, sitios o empresas de servicios en Internet (mercados organizados de cambio de moneda, gestores especializados de servicios adicionales para bitcoin, tiendas que los acepten como medio de pago); pero ciertas actividades pueden esconderse o replicarse con facilidad en Internet.

El poder adquisitivo de los bitcoins puede variar por diversos factores relacionados con su utilidad y escasez relativa, su oferta y su demanda en comparación con la oferta y demanda de los demás bienes, servicios y monedas: la propia cantidad de bitcoins, su velocidad de circulación, el número de agentes que los usan y aceptan como medio de pago, el volumen de intercambios (y su valor monetario) en los que intervienen, y la cantidad y calidad de los bienes y servicios por los cuales son intercambiados.

Su principal problema actual es la inestabilidad de su valor o poder adquisitivo, que lo hacen mal depósito de valor y unidad de cuenta: esta volatilidad no se debe a su oferta total, que es muy rígida y predecible, sino a cambios en su demanda, en ocasiones muy bruscos. Al ser un nuevo dinero emergente (o aspirante a dinero), está en fase experimental, de potencial monetización, de descubrimiento, de ensayos, aciertos y errores, de popularización y extensión de su uso. El poder adquisitivo de los bitcoins ha crecido fuertemente desde su comienzo, y la velocidad de su apreciación depende de la velocidad de su proceso de monetización.

Al ser algo muy nuevo e ilíquido es un activo volátil, de alto riesgo. Como cualquier innovación (el teléfono fijo, las tarjetas de crédito, la informática, los teléfonos móviles) requiere un tiempo de extensión o penetración en el mercado. Su valor cambia conforme la gente lo va conociendo, lo cual depende fuertemente de su presencia en medios de comunicación; su demanda puede tener picos puntuales por crisis monetarias, bancarias o financieras concretas; al ser su liquidez todavía pequeña, los movimientos especulativos y las compras o ventas masivas pueden tener mucha influencia sobre su valor.

Utilizar el bitcoin como medio de pago no implica usarlo como unidad de referencia ni como depósito de valor: es posible acordar precios en otros dineros de valor más estable, y el pago realizarlo con bitcoins al valor del momento del intercambio. Este triple cambio (el comprador consigue bitcoins a cambio de otro dinero, entrega los bitcoins al vendedor, el vendedor cambia los bitcoins por otra divisa) sería muy ineficiente con otros dineros clásicos, pero los bajos costes de transacción del bitcoin pueden hacerlo competitivo.

Quienes primero obtengan bitcoins pueden conseguir ganancias mayores ya que afrontan más incertidumbre respecto a su futuro. Algunos usuarios pueden también sufrir pérdidas si la extensión del bitcoin se detiene, pero es muy improbable que su valor caiga a cero y las pérdidas sean totales. Los primeros usuarios no son necesariamente simples listillos que se van a aprovechar de los incautos que lleguen después. Los creadores del sistema y protocolo bitcoin fueron una sola persona o un grupo reducido, y luego hay un pequeño núcleo de programadores actualizándolo: pero estas personas no son necesariamente quienes crearon los primeros bitcoins (ni los dueños o productores de los actuales), ni quienes se han enriquecido con su revalorización, porque son funciones independientes.

Los atesoradores de bitcoin no tienen por qué perjudicarlo, ya que están interesados en que su uso se extienda para que así se incremente su valor. Los especuladores, como en cualquier otra área de actividad económica, pueden acelerar los ajustes y suavizar las fluctuaciones al comprar cuando está barato (presionando el precio hacia arriba) y vender cuando está caro (presionando el precio hacia abajo); también pueden intentar manipular el mercado, o provocar oscilaciones según cómo cambien las expectativas sobre el futuro, pero no tienen ninguna garantía de éxito y el comportamiento histórico pasado no garantiza la evolución futura. La volatilidad tenderá a reducirse conforme el mercado de bitcoins sea más ancho y profundo (más líquido).

Otro problema actual es su relativamente escasa extensión o anchura de mercado: es importante tener en qué gastar los bitcoins, y su uso como medio de intercambio no está muy generalizado, tanto entre compradores como entre vendedores. Esto puede suponer grandes oportunidades empresariales: el bitcoin parece ir popularizándose de forma progresiva en ambos ámbitos, y ya existen negocios intermediarios que ofrecen conseguir cualquier bien o servicio (incluso el pago de algunos impuestos) a cambio de bitcoins (intermediando entre compradores que pagan en bitcoins y vendedores que prefieren cobrar en otros dineros tradicionales). Las empresas pueden ganar una ventaja competitiva si aceptan pagos con bitcoins: si algún gran comerciante lo hace el avance de bitcoin puede ser muy rápido.

EEUU, una sanidad anticapitalista

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en EEUU, una sanidad anticapitalista

“El Gobierno no es elocuencia ni razón, sino fuerza. Igual que el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible”.

George Washington.

Aquéllos que denuestan la sanidad libre y anteponen a cualquier precio que el Estado sea el monopolista dueño de nuestra salud, suelen encontrar en Estados Unidos el supuesto ejemplo perfecto para justificarse. Sin embargo, si por ejemplo comparamos la sanidad estadounidense con el modelo público ‘a la europea’ de Canadá, las diferencias en resultados son llamativas y no precisamente a favor de Canadá. Un 89% de las mujeres estadounidenses de mediana edad se han hecho una mamografía frente a un 72% de las canadienses; un 54% de los varones estadounidenses se han hecho un test PSA para la próstata frente a un 16% de los canadienses; o un 30% de los estadounidenses se han realizado colonoscopias frente a sólo el 5% de canadienses. Prácticamente el doble de varones estadounidenses mayores de 65 años ven como “excelente” su salud en comparación con sus equivalentes canadienses. Y el problema de las listas de espera es paradigmático de un presunto modelo de sistema estatalizado como el canadiense: en este país 800.000 personas están siempre en alguna lista de espera; en el caso británico de sanidad también estatalizada hablaríamos de 1,8 millones de ciudadanos en lista de espera. En resumen, un canadiense o británico tiene que esperar el doble de tiempo que un estadounidense para ver a un especialista o para una cirugía.

Si hablamos de tecnología médica por habitante, las cifras vuelven a ser de nuevo contundentes: EEUU tiene 34 escáneres computerizados por cada millón de habitantes, Canadá 12 y Reino Unido sólo 8. EEUU tiene 27 máquinas de resonancia magnética por cada millón de habitantes, y tanto Reino Unido como Canadá sólo 6. Más del 70% de canadienses, alemanes o británicos están de acuerdo con que sus sistemas sanitarios necesitan “cambios fundamentales” o incluso “una reconstrucción completa”. En EEUU, hoy la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo en que la sanidad no es un asunto del Gobierno.

Hasta aquí podría parecer que el sistema sanitario estadounidense es, en términos generales, elogiable y modelo que importar. Nada más lejos de la realidad. Críticas aparte con poco recorrido argumental (como Sicko de Michael Moore), lo cierto es que la sanidad de Estados Unidos adolece de un problema fundamental que es causa de sus gravosos, y sin duda reales, problemas sanitarios: un desmedido poder regulatorio y subsidiador del Gobierno.

Dicen que ciego es quien no quiere ver, pero los ultraintervencionistas de turno no cejan en querer tapar los ojos a los demás –la coacción, en lugar de la voluntariedad, es lo suyo- con sus consignas. Si consideramos qué países y Gobiernos dedican más gasto del dinero detraído a sus ciudadanos en sanidad (esto que se hace llamar gasto público, como si el público en conjunto ofreciera sus recursos de modo voluntario), no encontraríamos encabezando esa lista a Francia, Italia o Suecia. Y sí, sin embargo (que los neosocialdemócratas se pongan su venda, por favor) estaría Estados Unidos, líder en gasto gubernamental sanitario sólo superado por Noruega y Holanda a nivel mundial. Sólo con esto, decir que EEUU tiene un modelo de sanidad libre o capitalista es como decir que Corea del Norte disfruta de un sistema alimentario de precios en competencia (la estatalización de los alimentos, sus ciudadanos lo saben, mata de hambre).

Si nos remontamos a los años de la II Guerra Mundial y anteriores, los seguros médicos de bajo coste estaban disponibles virtualmente para todos los estadounidenses. Una estancia en un hospital costaba unos pocos dólares y era floreciente y pujante el sector de hospitales y centros de salud de organizaciones caritativas gracias a un marco mucho más libre. En el colmo del neolenguaje actual está llamar ‘solidario’ al dinero ajeno que los políticos redistribuyen (volver a distribuir por la fuerza lo que el mercado/sociedad distribuyó pacíficamente), mientras se ataca furibundamente el concepto de caridad para liquidar así nuestra propia libertad. En 1910, en EEUU el 56% de los hospitales eran negocios privados, mientras ya en los años 60 sólo un 10% de ellos lo era de un modo estricto.

No es casualidad que los actuales problemas sanitarios en EEUU comenzaran a aparecer tras la imposición –por definición forzosa– de grandes programas gubernamentales sanitarios. Medicare en 1965, y Medicaid en ese mismo año dentro de la reforma de la Social Security Act. La salvaje era de belicismo y militarismo de entonces, acabadas las dos grandes guerras mundiales, había dejado a Gobiernos investidos de un brutal poder; un exorbitante estatismo que parecía justificar un Gobierno tan grande como nunca antes. Así, las ideas de sanidad estatalizada y colectivizada habían pasado como pelota en el tejado con sus particulares adaptaciones del autoritarismo de Bismarck, al socialismo nacionalista de Hitler, el franquismo español y su Seguridad Social hasta las democracias europeas y americana.

Pero centrémonos en el caso estadounidense y cómo el Gobierno ha invadido allí el sector sanitario y, con ello, ha disparado los costes sanitarios del 5% a cerca del 20% desde los años 60 hasta hoy. Y una sanidad más costosa es, lógicamente, menos sostenible y accesible. Al final de la II Guerra Mundial el Gobierno americano instauró el sistema de seguro sanitario provisto por el empleador y con un creciente rol subsidiador del Gobierno. La sensibilidad de precios aquí empieza a resquebrajarse puesto que el empleado tenderá a usar tratamientos más costosos aun no siendo muy necesarios (se lo paga un tercero) y la aseguradora tenderá a ofrecer también tratamientos más costosos aunque sean poco más efectivos (le pasa la cuenta a un tercero). De los 60 al año 2000, el Gobierno americano ha aumentado del 20 al 42% la parte que subsidia de los gastos sanitarios de sus ciudadanos. ¿Y qué ha pasado con los costes sanitarios? Prácticamente se han multiplicado por 4 en los últimos 40 años en EEUU. Frente al intervencionismo político, el libre mercado actúa de un modo bien distinto. El procedimiento oftalmológico LASIK, no incluido en los seguros americanos y cuyo coste es 100% soportado por cada paciente, ha reducido sus costes un 30% en la última década. Mientras la sanidad estatalizada se convierte en onerosa y cada vez más inaccesible, la sanidad libre y competitiva es sinónimo de accesibilidad y calidad crecientes. Hoy, la relación de los sanitarios y pacientes se ha devaluado; el sistema intervenido hace que los oferentes de servicios sanitarios basen sus decisiones no en las preferencias del consumidor-paciente sino en decisiones políticas de cobertura.

Parte importante de la catástrofe de la sanidad americana provocada por el Gobierno se debe a Medicare, la cobertura médica para personas mayores donde el empleador es directamente el propio Gobierno. Dado que el sistema Medicare está organizado del mismo modo que los sistemas de pensiones de reparto -es decir se sustentan en el fraude piramidal de Ponzi donde los nuevos miembros (jóvenes) van aportando los beneficios para los más antiguos (los mayores)-, su futuro es la quiebra y la insolvencia. Y esto es algo que hace años está en el horizonte del debate nacional sobre el sistema sanitario americano (se prevé que en 2050 se haya multiplicado por 12 la parte del PIB que se dedicaba a sanidad en EEUU en los 70). A tal punto está llegando la burbuja sanitaria americana, que el Gobierno americano tiene ya que recurrir a créditos del exterior para financiarla.

La sanidad americana es ejemplo perfecto de malas inversiones incitadas por el Gobierno al perderse las nociones básicas de pérdidas y beneficios en un marco social/de mercado (el mercado no es más que la sociedad libre). Pues, querámoslo o no, los bienes y servicios sanitarios están constreñidos a la escasez y finitud (no caen como maná del cielo). Y sin precios de mercado que nos indiquen que estamos satisfaciendo necesidades y preferencias del público (gracias a los beneficios, o las pérdidas en caso contrario), el Gobierno es ciego. Igual que es ridículo pretender eficiencia y progreso poniendo al Gobierno cual monopolio al mando de toda la industria automovilística; sin precios de mercado, no se puede saber qué cantidad de cada uno de los cientos de tornillos, placas, tubos y turbinas y en qué combinación exacta deben cada día fabricarse y ensamblarse ni qué distribución concreta de empleados emplearse en cada una de las fases temporales que precisa un solo automóvil para satisfacer las preferencias, siempre cambiantes, del público.

Por mucho que lo queramos evadir, la sanidad no está exenta de las imperturbables leyes de la ciencia económica. Si nos damos cuenta, allí donde la sanidad estatalizada parece persistir es donde más convive con economías un poco más libres y donde el gobernante tiene alrededor señales y precios de mercado por los que guiarse –lo que hace a la socialdemocracia menos catastrófica que el comunismo es que la primera tolera más áreas libres y capitalistas-.

Obstáculo y rémora para la reforma sanitaria hacia una mayor libertad y accesibilidad en EEUU es también la propia clase médica cartelizada en la AMA o American Medical Association, que actúa cual sindicato con intereses particulares y propios a expensas de los intereses de los pacientes y ciudadanos. Son ellos por ejemplo quienes protegen que se mantenga el actual monopolio de licencias para evitar la competencia con otros médicos y oferentes de servicios de salud. Creen intolerable que un paciente pueda llegar a pagar una minúscula cantidad por ejemplo por quemarle unas verrugas un enfermero en su casa, algo para lo que está perfectamente cualificado. Prefieren que el ciudadano tenga que ir a la consulta de un dermatólogo con una licencia aprobada por el AMA desembolsando cuatro o cinco veces más. El mercado y la libre competencia es, en última instancia, la mejor protección de los intereses de los pacientes y ciudadanos.

Ello por no hablar además de la prohibición expresa a los norteamericanos de importar fármacos del exterior (viva el comercio libre…) o de los a veces eternos procesos de aprobación de fármacos de la hiper-regulatoria FDA cuyas incompetencias matan a millones de personas. En 2007, un escandaloso informe interno de la FDA reconocía la capacidad de esta agencia gubernamental para actualizarse con la misma rapidez que la ciencia médica. Y no es extraño, pues la agencia de planificación central FDA por definición se anquilosará frente a las dinámicas e innovadoras fuerzas que acompañen a la ciencia. Igual que todas las industrias y sectores soviéticos acabaron siendo prehistóricos frente a las industrias de los países libres y capitalistas.

Otro tanto sucede con las patentes farmacéuticas, que son algo garantizado por el Gobierno, que disuelven la libre competencia y condenan por años a los pacientes a pagar precios de monopolio. ¿Con qué desfachatez vamos a seguir oyendo que el Gobierno es la solución a la sanidad y sus problemas, incluyendo a los más pobres, cuando ha sido y es ineludiblemente su destructor y verdugo?

Por supuesto, el modelo sanitario de EEUU no es absoluto un modelo elogiable sino oneroso, vergonzante y con importantes problemas de accesibilidad. Y lo es, de modo insoslayable, en tanto EEUU ejemplifica con su sanidad los errores tan previsibles como catastróficos del intervencionismo, el estatismo, el socialismo y el anticapitalismo practicado por derecha e izquierda sin distinción. El Gobierno, parafraseando a George Washington, es como el fuego. Y los estadounidenses, un día hace tiempo hijos de la libertad, son víctimas hoy también sanitariamente del incendio del Gobierno Grande y totalizante. Otro sistema es posible. Y deseable. El de la libertad y la prosperidad.

Jaula de Hierro de la Oligarquía

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Vimos la Ley de Hierro de la Oligarquía, y cómo el grado de oligarquización de la sociedad aumenta con la instrumentalización del Estado de Derecho por ideologías colectivistas. Ahora, vamos a analizar la formación de una "jaula de hierro" de intereses creados en torno al presupuesto público que administra dicha oligarquía.

1. Oligarquía y sociedad de élites extractivas

El libro La Pasta Nostra (33 años de poder convergente en Cataluña), de Xavier Horcajo, explica cómo han servido de pretexto tanto el idioma catalán y la bandera estelada como también la idea romántica de una nación independiente para que la oligarquía de Cataluña construya una sociedad de élites extractivas, que parecen haber legislado y robado con impunidad judicial durante 33 años para engordar las cuentas bancarias en paraísos fiscales de los partidos políticos y de las familias de la casta política autonómica.

Como señala el catedrático economía Douglass C. North, la ideología que se impone en un territorio determina su desarrollo político económico a largo plazo. De ahí que los colectivistas intenten siempre controlar la educación y los medios de comunicación, con los que pueden anestesiar y adoctrinar a la población, de la cual se detraen los recursos que alimentan la oligarquía política extractiva.

La política es importante porque influye decisivamente sobre la dinámica económica, dado que evoluciona o involuciona las instituciones y el grado de oligarquización de la sociedad. Por ello, la acción humana o, si se prefiere, el ejercicio de la función empresarial y, por tanto, la eficiencia dinámica en economía en un país, dependen también de la eficiencia dinámica en política.

La eficiencia dinámica en política se logra cuando el marco institucional permite arraigar un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de la Ley y proporciona certidumbre a los derechos individuales a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la igualdad de trato ante la Ley, con mínima coacción del Estado.   

2. Instituciones inclusivas vs. Instituciones extractivas

El catedrático de economía Daron Acemoglu, del MIT, sostiene que la oligarquía política está constituida por las élites extractivas con mayor o menor grado de coacción sobre los ciudadanos que, al gobernar, suelen cambiar la estructura del marco institucional. Por tanto, se altera el "ethos" o conjunto de valores morales de la sociedad política con incentivos negativos o positivos que afectan al desarrollo económico a largo plazo. Así se pueden diferenciar:

a) Instituciones políticas extractivas que son negativas para el desarrollo socioeconómico del territorio en el largo plazo y que pueden definir como aquellas que sirven para organizar la captura de rentas por parte de la oligarquía y que, sin crear riqueza nueva, permiten substraer o robar las rentas del resto de la población en beneficio de la propia casta política.

b) Instituciones políticas inclusivas que son positivas para el desarrollo socioeconómico de una región o de un país a largo plazo, y que se definen como aquellas a favor de la función empresarial en un mercado libre de intervención estatal y, consecuentemente, a favor de la toma de decisiones "directas" sobre su propia vida por parte de la población. Inicialmente, las instituciones inclusivas ocasionan cierto perjuicio a las élites políticas que extraen recursos del resto de la población y a los lobbies de medradores de prebendas públicas (sindicatos, patronales, fundaciones, asociaciones, partidos políticos,…). Sin embargo, a medio y largo plazo, la instituciones inclusivas benefician a toda la sociedad en su conjunto, incluidas las élites. 

En resumen, las instituciones inclusivas prevalecen cuando existe una protección efectiva de la propiedad privada, cuando existe la elección directa por circunscripciones de los diputados y de los senadores o incluso, como en los EEUU, la elección directa de los jueces, o cuando existe un referéndum obligatorio en donde voten todos los ciudadanos para las decisiones políticas trascendentales para el futuro del país.

Ahora bien, las instituciones extractivas se observan cuando crece constantemente el tamaño del Estado y se impone el Weltanschauung de la demagógica colectivista (socialista, nacional-separatistas…) con anestesia general mediante la educación y los medios de comunicación soportados con dinero público, la opresión de los disidentes y el enaltecimiento de la masas de acólitos radicales.

3. Jaula de Hierro del Tamaño del Estado y la Demagogia Socialista

Los estudios estadísticos no auguran que vayan a arraigar las instituciones inclusivas ni en España ni en Europa por el "ethos" imperante entre la población y entre los dirigentes. En primer lugar, carecemos de estadistas del primer orden como Winston Churchill o Margaret Thatcher. Y, en segundo lugar, existe una cristalización de la casta política entorno al consenso de los valores colectivistas.

De hecho, se puede considerar que los derechos individuales han sido secuestrados por la oligarquía política extractiva y que se ha tejido una tupida red de intereses entorno al presupuesto público de forma que podemos afirmar que vivimos dentro de la Jaula de Hierro de la Oligarquía que se caracteriza por un crecimiento constante del tamaño del Estado y la demagogia socialista. 

Es preciso deshacer los barrotes que constituyen la jaula de hierro de la casta política para que podamos competir con las economías más avanzadas y, por tanto, lograr un crecimiento económico saludable y sostenido en el largo plazo, por medio del ejercicio libre de la función empresarial, que es lo que permite la creatividad y la coordinación de la acción humana de millones de ciudadanos interactuando en libertad.

3.1. Tamaño del Estado.

Centrándonos en el caso de España, el tamaño del Estado constituye el conjunto de barrotes más difícil de derribar en nuestra particular jaula de hierro de la oligarquía porque soportan el peso de los miles de políticos y medradores que tienen sus raíces distribuidas por la Administración central, los 17 Reinos de Taifas Autonómicos, las miles de entidades locales y el entramado público empresarial. A modo de ejemplo, inserto uno de los gráficos que presenté en una ponencia de comunicación en el I Congreso de Economía y Libertad:


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Gráfico 1: Evolución en los PGE del Presupuesto Público Total y del Tamaño del Estado respecto del PIB de España. Fuente de datos: Presupuestos Generales del Estado 2007-2012. Nota: La Comisión Europea confirma que el gasto público de España fue aún mayor, con un grave descuadre fiscal que pone de manifiesto el ajuste fiscal "erróneo" por la vía de aumentar los impuestos y, por tanto, con desviaciones del déficit público hasta el 9,4% PIB en 2011 y hasta el 10,2% PIB en 2012 (contando el 3,2% de rescate bancario) [*][**].

Si se tiene en cuenta que el presupuesto público estaba situado por debajo del 25% del PIB de España y que había cerca de 670.000 empleados públicos en el año 1975 y que, entonces, ya había educación y sanidad públicas, se puede comprender el alcance del problema de la burbuja estatal como consecuencia del aumento exponencial del gasto "autonómico" y "social".

El gráfico 1 muestra la magnitud de la burbuja estatal en España, que se está complicando con la burbuja de deuda y el estancamiento económico, porque el presupuesto público de todas las administraciones públicas de España representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) del país o, si se prefiere, más de la mitad de la cuantificación oficial de los bienes y servicios que producimos anualmente todos los españoles, lo que identifica claramente una economía de Socialismo de Mercado.

Como mínimo, España requiere reducir el gasto público entre 10 y 15 puntos porcentuales en relación al PIB para poder situar el tamaño del Estado en niveles que permitan competir con las economías de los países emergentes lo que, precisamente, se aproxima bastante al coste directo de la hipertrofiada estructura territorial de España con 17 autonomías que: incumplen la ley, pisotean derechos civiles, interponen barreras comerciales y juegan a ser micro-naciones, estando en bancarrota muchas autonomías si no fuese por los prestamos del estado central que se sufragan con los aumentos de impuestos de todos los españoles.

3.2. Demagogia Socialista.

Sin embargo, existen más barrotes que impiden el ejercicio de la empresarialidad y el crecimiento en Economía en Europa. Después de iniciarse la Gran Depresión del año 1929, se expandieron las ideologías colectivistas en los años 30 con el auge del nazismo (nacional-socialismo) y del fascismo y la expansión del comunismo y con el aumento del tamaño del Estado como receta para salir de la crisis.

La crisis económica actual, iniciada en el año 2007, es más profunda, por lo que puede denominarse Gran Recesión. Sintomáticamente, observamos como los estudios estadísticos muestran que la población europea y, de modo más acusado, la ciudadanía española se decantan por añadir nuevos barrotes a la jaula de hierro de la oligarquía con soluciones simplonas y demagógicas, que pretenden salir de la crisis con las mismas recetas que la originaron: aumentando el tamaño del Estado, incrementando aún más los impuestos o, incluso, incumpliendo los contratos y transgrediendo los derechos de propiedad.

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España es socialista

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en España es socialista

Suele decirse que la clase política es reflejo de la sociedad que existe en un determinado país. Partiendo de esta hipótesis, y puesto que PP y PSOE son partidos de izquierda, en menor o mayor grado, la mayoría de españoles, en teoría, debería declararse abiertamente socialista. Esto es, precisamente, lo que viene a corroborar con datos concretos el estudio Values and Worldviews elaborado por la Fundación BBVA.

La población española es una de las más anticapitalistas e intervencionistas de Europa, y la crisis tan sólo ha acentuado este marcado perfil estatista. La inmensa mayoría de españoles apoya firmemente el Estado del Bienestar e incuso aboga por acrecentar su tamaño, aunque ello suponga subir aún más los impuestos. El 81% de los encuestados prefiere contar con un amplio sistema de Seguridad Social, el 78% quiere que el Estado eleve el gasto público en Sanidad, el 65% en Educación pública, el 73% las partidas destinadas a los ancianos y el 69% el dinero destinado a los parados. No en vano, entre el 77% y el 86% de la población cree que el sector público tiene "mucha" responsabilidad en asegurar la cobertura sanitaria y las pensiones, pero es que, además, entre el 64% y el 77% opina que el Gobierno también debe garantizar precios bajos y una vivienda "digna", entre otras materias. De hecho, la mayoría considera que el Estado tiene "mucha" o "bastante" responsabilidad en asegurar un nivel de vida "digna" a los desempleados, así como controlar los beneficios de las empresas y los salarios.

Ante tales conclusiones, no es de extrañar que los españoles aboguen claramente por mantener o aumentar el gasto público (planes de estímulo) para salir de la crisis (59%), en lugar de aplicar drásticas políticas de austeridad, con tan sólo un apoyo del 2,1%. Normal que con estos mimbres el perfil del español medio sea el de una persona gritona, protestona y llorona en las calles, pero muy poco implicada en el asociacionismo civil. Además, y puesto que demanda un papel muy activo por parte del Gobierno, con el creciente coste que ello supone, los españoles ven con buenos ojos que se suban los impuestos, siempre y cuando, eso sí, sean otros los que paguen (los ricos). Por último, llama la atención las fuertes críticas que genera la clase política entre la población sin que ello, curiosamente, sea óbice para que la inmensa mayoría defienda otorgar al Gobierno un mayor poder y capacidad de influencia, lo cual no deja de ser contradictorio e hipócrita.

Dicha encuesta evidencia, por tanto, la profunda incultura económica –además de financiera– que sigue existiendo en España, tras largas décadas de paternalismo y proteccionismo estatal bajo distintos regímenes. A modo de ejemplo, basta con decir que el 42,3% de los españoles identifica la "libertad individual" con "ser de izquierdas", según el CIS. El 40,6% de los encuestados se declara socialista, en sus distintas acepciones y matices, y tan sólo el 25,8% liberal conservador, si bien izquierda y derecha coinciden, con escasas diferencias, en la necesidad de fortalecer el Estado del Bienestar e incrementar el intervencionismo público. Este pernicioso sustrato ideológico que impregna la sociedad española es, sin duda, unos de los grandes problemas que sufre el país, más allá de los desequilibrios derivados de la burbuja inmobiliaria. Una sociedad sin sólidos valores y fuertes convicciones sobre el sentido de la libertad, la responsabilidad individual y la propiedad privada es síntoma de un país enfermo.

Achicar la economía con un colador

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El tema estrella de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes pasado fue, sin duda, el tema de los impuestos. Además de negar tres veces, como Pedro, una próxima subida de impuestos, se anunció la creación de un supervisor fiscal independiente. No sé si quedan almas ingenuas que se lo crean.

Las trampas del lenguaje

El ministro Montoro, sonriente y hablando despacio, respondía a los periodistas incrédulos que le preguntaban por la posible subida del IVA. No se va a subir el IVA pero cabe una reestructuración fiscal, que consiste en subir algunos impuestos y rebajar otros. Pero por más que negaba una y otra vez, creo que nadie le compró la explicación. Tal vez porque se trata del mismo Gobierno que prometió no subir los impuestos y los subió nada más llegar al poder atrincherado tras el parapeto de la exigencia europea. Esta vez también han recurrido los gestores de nuestros bolsillos a las recomendaciones del MoU y lo pactado con Europa para justificar dicha reestructuración.

La pregunta entre los analistas en conversaciones informales no es si sí o no, sino hasta dónde nos van a clavar el rejón, si hasta el 23 o hasta el 25% de IVA. Las consecuencias económicas de una medida así son más que sabidas. Contracción del consumo, empobrecimiento y, probablemente, una recaudación menor de lo esperado por disminución de la actividad económica. Justo lo que no necesitamos.

El ojo independiente que todo lo ve

Además, la creación de un comité de expertos que vigile el cumplimiento de los deberes fiscales de las Comunidades Autónomas y supervise el pago de impuestos fue anunciado con cara de satisfacción, amparándose en la experiencia de los Estados Unidos y otros países que cuentan con una institución similar.

Pero si analizamos las instituciones dedicadas a la supervisión y el control de cuentas en España, el Tribunal de Cuentas, uno se pregunta qué va a ser diferente, si esta vez la celeridad y eficiencia van a ser las adecuadas, o vamos a repetir errores. De todos es sabido que la supervisión de los presupuestos generales del Estado lleva un desfase tal que cuando afloran los errores y salen a la luz, el Gobierno que metió la pata está ya recolocado en organismos internacionales o patrios, disfrutando de una nueva vida y sin haber rendido cuentas de la mala gestión.

Una de las cosas que más me llamaron la atención fue la insistencia de Soraya Sáenz de Santamaría repitiendo la palabra independiente como si no hubiera mañana. Nadie espera que el comité de expertos sea independiente. Pregunten a MAFO acerca de la independencia del Banco de España, paradigma de institución independiente.

La separación de las instituciones de la política y la rendición de cuentas son imperfectas en todos los países occidentales. Pero hay grados. Y España no es el mejor ejemplo. Sin esas dos condiciones, este tipo de intentos, por más que se traten de amparar bajo el paraguas de los requisitos europeos, no sirven de nada. Es achicar la barca con un colador.

La solidaridad impositiva

Una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía y que levanta ampollas en la sensibilidad a pie de calle es el tema de la solidaridad impositiva. Los que tienen más, que paguen más. Los que obtienen más rentas del trabajo o más rentas de su capital, que aporten más. Y esa premisa se puede trasladar desde el ámbito del individuo al de las Comunidades Autónomas, o al de los países de la Unión Europea. No se menciona en absoluto la palabra responsabilidad. Por más que esté en boca de todos lo de "irse de rositas" al final, nos quedamos en el "tú que tienes, apoquina". Y, simultáneamente, nos echamos las manos a la cabeza cuando se van los inversores y los trabajadores más productivos por motivos fiscales.

El mensaje que subyace a esta actitud es "trabaja e invierte para hacerte responsable de los rotos de otros". Y el resultado es una disminución en la recaudación, un retraso en la recuperación y una población activa pagadora de impuestos ahogada. Porque por más que la presión fiscal española sea menor ("y eso hay que solucionarlo, claro", decía Montoro), el esfuerzo fiscal, es decir, la relación entre la presión fiscal y la renta, es mayor. 

Cómo se achica una economía a punto de naufragar

Sin pretender erigirme en salvapatrias ni pontificar, creo que deberíamos centrar los esfuerzos en el crecimiento. Y eso no pasa por estimular el consumo ni por gravar al más productivo, sino por ofrecer estímulos a quienes generan riqueza y empleo. Cuiden al creador de riqueza. No le expulsen y le demonicen. Porque por más que desaparezcan refugios fiscales, a la misma velocidad, aparecerán otros. Se irán los inversores que no lo hayan hecho ya, y se irán los trabajadores que puedan a lugares donde las rentas de tu esfuerzo sean tuyas.

Nadie puede tachar de egoísmo a quienes decidan huir de esta situación por la razón que apuntaba al principio: las instituciones de supervisión no funcionan y no hay rendición de cuentas. Mientras se cierra el ciclo escandaloso del indulto a Alfredo Sáenz concedido por Zapatero y ratificado por Rajoy, Cristobal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría nos sonríen y explican que el comité de supervisión va a ser independiente y que no se va a subir el IVA, solamente se va a reestructurar el sistema impositivo. La bipolaridad manifiesta de ambos hechos explica que quienes trabajan e invierten más exitosamente quieran irse de este infierno fiscal.

¿Puede un sistema informático ser un buen dinero?

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

El oro fue el dinero elegido por la sociedad a través un proceso competitivo de miles de años. Las razones son de sobra conocidas: es un bien es escaso, homogéneo, fácil de dividir y de identificar, inalterable y, sobre todo, de cantidad estable. Esto hizo que los agentes económicos, de forma creciente, lo fueran demandando como medio de intercambio, hasta convertirse en el bien más líquido de la economía. El oro se convirtió en el mejor mecanismo disponible para intercambiar bienes y servicios, pues permitía comprar y vender sin apenas pérdida de valor en grandes cantidades y a cualquier público. Además, también conservaba el valor a lo largo del tiempo. El dinero mercancía, como el oro, ha sido defendido desde el punto de vista teórico como el mejor dinero posible por una gran cantidad de liberales. Desde luego funciona mejor que el dinero fiat que tenemos ahora. ¿Pero todo buen dinero tiene que ser necesariamente una mercancía?

Imaginemos algo de propiedades muy similares al oro: se puede transferir fácilmente entre personas, es homogéneo, fácil de verificar y de dividir, su cantidad es estable y no se altera con el tiempo. Es casi igual, con la excepción de que no es un bien físico. Es un sistema informático construido de tal manera que funciona virtualmente como una mercancía. En realidad no es necesario que lo imaginemos. Ya existe. Nació en el año 2009 y en las últimas fechas, a raíz de la crisis de Chipre, ha tenido un gran protagonismo mediático en los círculos económicos y financieros. El fenómeno se llama Bitcoin.

Bitcoin, como primera aproximación, funciona como un libro en Internet, en el que está anotado en todo momento a quién pertenece cada una de las unidades de una serie de fichas electrónicas transferibles de cantidad predeterminada. En él se van registrando todas las transacciones, de tal manera que siempre se verifica que cada unidad transferida corresponde a una unidad real del emisor y se registra a nombre del receptor. Ese libro no está centralizado, sino descentralizado, registrado de forma redundante en el ordenador de cada uno de los usuarios del sistema. No hay servidores centrales que se puedan atacar o alterar, ni nadie que lo gestione que pueda manipularlo. Funciona de manera autónoma. El código es abierto y público, por lo que es predecible, se sabe cómo funciona.

Además, toda la información del sistema está encriptada con tecnología criptográfica de llave pública. Esto significa que todo el sistema funciona de manera totalmente anónima y privada. Si el usuario no quiere publicar su información, no hay forma de que otras personas o gobiernos puedan saber cuántos bitcoins posee ni qué transferencias ha hecho. La cantidad total de bitcoins es fija, aunque durante un periodo inicial de transición se van poniendo en circulación de forma automática a una tasa cada vez menor hasta que la cantidad queda definitivamente fijada. Las unidades que van entrando en circulación se asignan a cualquiera que proporcione capacidad computacional al sistema para validar y registrar transacciones. En estos momentos el valor de los nuevos bitcoins que se asignan es aproximadamente igual al coste de la capacidad computacional requerida para generarlos. El proceso simula la forma en la que el oro se va extrayendo y poniendo en circulación.

Por los motivos anteriores, una gran cantidad de liberales, como Félix Moreno y Víctor Escudero, están defendiendo Bitcoin como el dinero del futuro. Las ventajas teóricas están claras. En primer lugar, la oferta monetaria no la controla el Estado ni ninguna otra entidad. Por ello no existe la posibilidad de emitir dinero nuevo con la finalidad de aumentar los ingresos del emisor, reduciendo el valor de la moneda en circulación. En teoría, si hubiera una demanda monetaria estable, cada unidad no perdería valor con el tiempo, ni se generarían las distorsiones económicas asociadas a la impresión de papel moneda. La segunda ventaja es que, al estar toda la información encriptada, los usuarios podrían escapar de las garras del Estado o de terceros con ganas de apropiarse del dinero de uno. Además, tal y como está construido es seguro y no puede atacarse ni manipularse. Pese a esto la pregunta inicial del artículo sigue siendo pertinente. ¿Realmente un sistema informático, que no deja de ser un conjunto de información organizada por un protocolo automático, puede ser desde un punto de vista teórico un buen dinero?

Para que un sistema como Bitcoin termine siendo un buen dinero tiene que superar tres barreras. La primera es que arranque. O, dicho de forma técnica, que cumpla el teorema de regresión de Mises. El teorema dice que para que un bien empiece a usarse como medio de intercambio es necesario que tenga una demanda no monetaria previa que sirva para fijar el precio inicial desde el que arrancar. Uno de los problemas de Bitcoin es que, a primera vista, parece que no cumple con el teorema de regresión. Nikolay Gertchev y Peter Surda, entre otros, tratan de solucionar esta paradoja sugiriendo que Bitcoin tenía una demanda inicial no monetaria, que era la que le daban sus primeros usuarios al considerar el proyecto una manera de manifestar su sentimiento antisistema. Lo cierto es que el hecho de que los bitcoins ya circulen como medio de intercambio quiere decir que esa demanda inicial existió. La prueba de que cumple el teorema de regresión es que Bitcoin ya se usa como medio de intercambio, aunque sea a pequeña escala.

El segundo requisito es que sea usado por el gran público. Aquí surgen más problemas. Pregunte por la calle y descubrirá lo fácil que es encontrar a gente que desconfía de un sistema como Bitcoin, por múltiples motivos. Hay uno que puede ser definitivo: el boicot del Estado. El Estado sería el gran perjudicado si la gente empezara a usar masivamente bitcoins. No sólo porque perdería su poder monetario, sino porque las transacciones serían opacas y no podría cobrar impuestos. Los defensores de Bitcoin argumentan que es imposible que un gobierno pueda destruir el sistema, al estar descentralizado y encriptado. Pero sí que puede meter miedo a la población, criminalizar a usuarios y perseguir a los proveedores de servicios. Una buena campaña del Estado puede lograr que el gran público rechace Bitcoin. Y si la gente no lo usa no puede ser un buen dinero.

Por último, muchos opinan que el sistema podría tener problemas desde el punto de vista puramente económico. En primer lugar por ser deflacionario. Esto no significa que la gente se paralice y deje de consumir, como erróneamente dice Matthew Yglesias. Pero sí podría alterar la forma de extender crédito, pues mucha gente preferiría atesorar bitcoins que prestarlos o acometer inversiones. En segundo lugar, como afirma Juan Ramón Rallo, los bitcoins carecen de una demanda no monetaria suficiente que estabilice su valor en caso de pérdida de confianza generalizada. En mi opinión este es un argumento muy convincente para recelar de que Bitcoin termine funcionando de forma masiva.

Hasta la fecha, Bitcoin ha protagonizado un gran crecimiento y ya es usado por un pequeño colectivo como medio de intercambio en Internet. Pero aún no se le puede considerar propiamente dinero. La volatilidad de su precio es buena prueba de ello. La demanda mayoritaria que tiene en la actualidad no es monetaria, sino especulativa: mucha gente compra apostando a que a largo plazo funcionará. Puede salirles mal o puede salirles bien. El tiempo dirá. Si queremos realmente averiguar si un sistema informático como Bitcoin puede ser un buen dinero o no, lo mejor es defender la libertad de competencia entre monedas. Si puede serlo se impondrá. Si no, quedará relegado. En ambos caso los ciudadanos saldríamos ganando. Pero como los políticos saldrían perdiendo, harán lo que sea para impedirlo.

Cambio y libertad: el legado de Margaret Thatcher

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

No lo tuvo fácil Margaret Thatcher, ni antes de llegar al Número 10 de Downing Street, ni durante las casi tres legislaturas en que allí residió. Tampoco fue sencillo el periodo 1975-1979, en su tarea de líder de la oposición al gobierno laborista de Harold Wilson (1974-1976) y James Callagham (1976-1979).

Sin embargo, el tesón le hizo superar todas y cada una de las adversidades, desde las más cercanas (las reticencias de sus compañeros de filas a los políticas económicas liberales de las que era partidaria) hasta las más lejanas desde un punto de vista geográfico (el final del comunismo en los países del Este de Europa).

En el medio quedaba la empresa de erradicar ciertos hábitos que se habían instaurado en su país (cultura de la subvención, peso desmesurado de los sindicatos en la elaboración de políticas públicas, apatía generalizada ante las adversidades). De forma gradual, consiguió que su ideario político fuera primero plasmándose y luego generando resultados tangibles.

En efecto, al contrario de aquellos líderes mesiánicos que dicen tener las pócimas mágicas para todos los problemas que encaran, Thatcher siempre actuó con cautela, alejada del cortoplacismo y evitando de forma voluntaria lo políticamente correcto, esto es, rechazando el recurso a la demagogia.

Margaret Thatcher revitalizó y rejuveneció el vocabulario del Partido Conservador. La consecuencia es que la palabra libertad, otrora monopolizada por la izquierda, pasó a ser de uso común entre los conservadores. Ella matizó que no se trataba de un concepto abstracto sino que contenía múltiples manifestaciones y sobre todo, siempre estaba unida indisolublemente al concepto de responsabilidad.

Las tres victorias electorales corroboraron lo acertado de sus postulados. Consiguió la confianza del votante tradicional tory junto con la de numerosos británicos que, respondiendo a un perfil sociológico laborista, se decantaron por ella, como se evidenció en los comicios de 1983 y 1987. Es el fenómeno el Essex Man, lo que provocó que sus rivales se replantearan el credo político que defendían, tratando de acercarse en los hechos que no en las palabras, al corpus ideológico del Thatcherismo. Este fenómeno se consumó definitivamente con Tony Blair en 1994, tras los pasos timoratos dados por Neil Kinnock (1983-1992) y más contundentes de John Smith (1992-1994).

Tony Blair, al contrario que Margaret Thatcher, encontró un país saneado económicamente, lo que facilitó su obra de gobierno y sus éxitos electorales. Como Thatcher, personalizó el cambio necesario en su formación y de igual modo percibió cómo la oposición era mayor entre sus compañeros que entre los tories. En 2007 optó por irse; a Thatcher le invitaron a hacerlo, pese a ganar la moción de confianza en noviembre de 1990. Las consecuencias a largo plazo no pudieron ser más nefastas para los tories, que iniciaron una guerra civil (como sinónimo de división) y permanecieron alejados del ejecutivo a partir de 1997, y durante 13 años, cuando a lo largo del siglo XX habían sido "el partido natural de gobierno".

Al respecto, no deja de ser paradójico que en muchas ocasiones los laboristas trataron de desacreditar a los sucesores de Thatcher, apelando a la influencia que ésta seguía ejerciendo sobre el partido, pero al mismo tiempo ellos recurrían a su figura cuando querían consolidar determinadas tesis. Tal es el caso de Gordon Brown, que, ante los desafíos del nacionalismo escocés, afirmó que era tan unionista como la ex Primera Ministra.

En definitiva, Thatcher sí que fue una auténtica revolucionaria, sin necesidad de recurrir a escraches, amenazas o coacciones, tan de moda en los últimos tiempos, los cuales sólo reflejan autoritarismo sectario.

Bitcoin (I)

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Bitcoin (I)

El dinero es el bien más líquido o de valor más invariante o estable en una economía, y cumple tres funciones: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta; estas tres funciones pueden ser más o menos separables o realizables con otros bienes sustitutos o complementarios. Para cumplir estas funciones el bien concreto que se utiliza como dinero debe tener ciertas características: persistente, fácil de almacenar y transportar (valor denso), divisible, homogéneo, reconocible, difícil de falsificar.

El dinero como institución es un patrón repetitivo de conducta interpersonal, un modo de interacción pautada que sirve como referencia estable compartida y que permite la coordinación social: los individuos usan dinero porque saben que los demás también lo hacen. La principal utilidad y fuente de valor de dinero es un intangible cognitivo colectivo: el hecho de que esté de la misma forma en las mentes de todos los miembros de una comunidad (como el lenguaje y el auténtico derecho).

Bitcoin es un sistema informático distribuido a nivel global, protegido por técnicas de criptografía, que representa un sistema monetario y de pagos. Es una base de datos descentralizada que incluye una moneda digital virtual, cuentas de usuario, y mecanismos integrados de producción y transferencia del dinero para realizar pagos y cobros. Funciona sobre ordenadores (o equivalentes como teléfonos inteligentes) conectados a Internet, con un código abierto gratuito (sin costes por patentes ni derechos de propiedad intelectual), y protocolos entre iguales (es una red en la cual en principio todos los nodos son equivalentes, sin jerarquías). El hecho de que el código sea abierto o público permite comprobar sus características: no tiene trampas o puertas de atrás, y no es ninguna estafa (un fraude piramidal). Los cambios del protocolo y el sistema sólo son posibles con el acuerdo generalizado de la comunidad de usuarios, no es algo manipulable por unos pocos.

Cada usuario tiene un monedero, bolsillo o cartera personal (o varios, si lo desea) que guarda su dinero y permite su utilización segura mediante potente criptografía de clave pública y privada (también hay empresas especializadas que ofrecen servicios de monedero a sus clientes). La clave pública es un identificador (como el nombre o dirección de usuario, pero cada monedero puede y suele tener varias), y debe ser conocida por su dueño y por quienes quieran enviar dinero a esa cuenta o dirección. La clave privada es la contraseña o clave secreta de acceso que sirve para el control exclusivo de cada dirección al firmar las transacciones. Una transacción es un envío o transferencia de valor entre dos direcciones. Los bitcoins pueden presentarse también en forma física como monedas o billetes que contienen una clave privada protegida por un sello.

Existe el riesgo de perder u olvidar las claves privadas (fallo informático, avería de la memoria donde esté almacenada), lo que implicaría en la práctica no poder acceder nunca más al dinero (como si dejara de existir); también existe el peligro de que otra persona la averigüe de algún modo (ataques informáticos, robos), lo que le daría la posibilidad de transferir los fondos a su propia cuenta. Es conveniente hacer copias de seguridad de la información (lo que no significa multiplicar la cantidad de dinero), y protegerla de accesos no deseados, ya que en este sistema cada cual es responsable de sus propios errores y descuidos, no hay nadie hay quien reclamar o denunciar. Los bitcoins también pueden desaparecer si se envían a direcciones inventadas inaccesibles.

Bitcoin no tiene ningún emisor central de dinero. Las unidades monetarias se producen o crean a una velocidad decreciente (ajustando de forma automática la dificultad de la tarea necesaria y reduciendo su recompensa) hasta alcanzar un tope máximo de 21 millones. Cada unidad es divisible en cien millones (ocho decimales, ampliable en el futuro si fuera necesario), y todas son homogéneas y fungibles. Debido al diseño lógico del sistema, es imposible falsificar bitcoins.

Se asignan inicialmente a los mineros que prestan servicios informáticos de gestión, seguridad y auditoría de la red: la minería es una función abierta (cualquiera puede ser minero) y altamente competitiva; implica asumir costes reales (procesadores, electricidad, comunicaciones), utilizar potencia de cálculo de forma muy eficiente para, mediante tareas matemáticas predefinidas (prueba de trabajo), recolectar y agrupar información de transacciones en bloques, confirmar su validez e integridad (que no haya conflictos, incoherencias o doble gasto), y actualizar la estructura de datos (la cadena de bloques) distribuida por toda la red.

Las transacciones se verifican y almacenan en el registro público compartido de forma segura porque, una vez comprobadas, su alteración deshonesta se vuelve progresivamente más difícil: para modificar un bloque hay que recalcular todos los siguientes; es imposible cambiar las transacciones comprobadas sin realizar más trabajo de cálculo que todo el resto de la red de forma conjunta. Cuanto más extendida está la red y más potencia de cálculo tiene, más difíciles son los ataques: el sistema está diseñado para que los ataques sean muy difíciles y no merezcan la pena porque protegerlo resulta más rentable. Es posible robar a usuarios o empresas individuales sin la seguridad adecuada, pero no destruir el sistema.

Un poder adquisitivo creciente de los bitcoins puede compensar el hecho de que los requisitos para su creación aumenten y la recompensa tienda a reducirse. Cuando se alcance el número máximo de bitcoins las verificaciones de las transacciones se realizarán a cambio de tarifas libres por su realización prioritaria (algo ya posible para acelerar las comprobaciones, pero potencialmente problemático en el futuro).

Es posible recibir bitcoins en una transferencia de otro usuario de la red a cambio de bienes, servicios u otras monedas (o como un regalo), de forma directa entre particulares o a través de mercados organizados o empresas especializadas. Los envíos de dinero son irreversibles, y no hay ningún organismo que regule y vigile a los participantes en el sistema, así que conviene tener cuidado en las transacciones con desconocidos porque podrían ser estafadores y no realizar la entrega de bienes acordada (o al revés, que se entreguen los bienes pero no se paguen). Ya existen sistemas de evaluación de la reputación de los usuarios de bitcoin.

Bitcoin no es moneda de curso legal: no depende de ninguna jurisdicción soberana ni se impone su uso o aceptación a nadie. Los bitcoins no son deuda definida en términos de otras entidades: no están respaldados por ningún activo, no dan derecho a exigir nada, no son pasivos de nadie; en este aspecto son como el oro (cuando se le permitía ser dinero), y no como los billetes o depósitos bancarios.

Bitcoin no tiene ninguna autoridad central monopolista productora, reguladora, controladora o supervisora en la cual los agentes deban confiar y de la cual dependan para su buen funcionamiento, lo que no es ningún fallo sino una virtud. No hay ningún riesgo de contrapartida en este sentido: no hay ningún banco central que tome medidas discrecionales sobre la cantidad de dinero, ni tampoco intermediarios como bancos que gestionan cuentas de clientes, o almacenes o transportistas de dinero, que pueden tener averías, cometer fraude, ser robados, o sus cuentas y fondos bloqueados o confiscados por el gobierno. Su estructura en red de iguales, sin puntos de fallo único cuyo mal funcionamiento dañe a todo el sistema, y sus procesos de modificación y verificación mediante consenso distribuido (por mayoría de capacidad de cómputo), lo hacen muy robusto ante fallos técnicos y de confianza.

La relación entre bitcoin y la privacidad financiera es compleja y problemática. El anonimato es potencial pero no está garantizado. El historial de todas las transacciones queda guardado permanentemente en el registro de datos y es accesible de forma pública. El sistema es anónimo porque el usuario no necesita proporcionar ningún tipo de información personal: su clave pública es una larga cadena alfanumérica (con letras y números); pero el anonimato puede perderse si esta información se divulga de algún modo (intencionalmente, como al ligarlo a una cuenta bancaria o a algún pago concreto, o por algún descuido), o mediante análisis estadísticos de la estructura y las operaciones de la red.

El hecho de que los bitcoins sean abstracciones inmateriales no hace que su valor fundamental sea nulo: que no tengan valor de uso es poco relevante si se trata de una institución sólida. Los bitcoins son valiosos y su precio no es cero porque son útiles y escasos aunque sean virtuales: otros objetos en mundos virtuales o juegos de rol en Internet también tienen precio positivo. Su comunidad de usuarios tiene un núcleo original probablemente muy fiel y comprometido, constituido por activistas tecnófilos expertos, usuarios de informática interesados en códigos abiertos y redes entre iguales, y liberales opuestos a la coacción estatal. Conforme su número de usuarios crezca bitcoin será progresivamente más valioso.

La violencia de los pacíficos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El “escrache” se ha puesto de moda. Este anglicismo que tomó significado en Argentina hace referencia al acoso al que se ven sometidos los políticos en sus actividades diarias y cotidianas por grupos de ciudadanos, más o menos organizados, que pretenden con ello reivindicar algún derecho o algún servicio que consideran esencial, haciendo difícil, si no imposible, la vida del acosado, y en algunos casos, de sus familiares y amigos. La diferencia con otro tipo de acoso es que éste pretende ser pacífico, o al menos, todo lo pacífico que entienden los acosadores.

El pacifismo o la no-violencia, como a algunos les gusta llamarlo, ha sido y es una virtud reivindicada por la izquierda, sobre todo en Occidente. Desde que Ghandi puso de moda el concepto en La India bajo mandato británico (pacifismo siempre apoyado por la violencia de Nehru y sin la cual, la independencia se habría dado en otras circunstancias), el pacifismo es una virtud que se nos cuela hasta en la sopa a las primeras de cambio y que, a poco que investiguemos o simplemente observemos, no se corresponde con los hechos.

Porque eso de pacífico es muy relativo y mutable. Cuando Orwell introdujo la “neolengua” en su obra cumbre 1984, sólo estaba plasmando que la izquierda tiende a redefinir continuamente los conceptos, de forma que siempre se adapten a las circunstancias y los objetivos del sistema o de la política que el Gobierno desarrolle en ese momento. Así, no fue sorprendente que bajar los impuestos fuera de izquierdas, como nos dijo Zapatero en un momento brillante de su legislatura, por mucho que el sistema que defendía estuviera basado en la supremacía del Estado, que requiere más y más recursos ciudadanos para sobrevivir. Claro, que tampoco sorprende que subir los impuestos sea cosa del PP, y es que, como dijo Hayek, hay socialistas en todos los partidos.

El pacifismo es, por tanto, susceptible de mutación si las circunstancias lo requieren, tanto como achacar al enemigo todos aquellos vicios de los que adolecen. Así, algunas manifestaciones pacíficas que convocan las organizaciones de izquierdas terminan en altercados de orden público, con coches quemados, escaparates rotos, saqueos y heridos, incidentes todos ellos que se achacan a infiltrados de la Policía o a personas que nada tienen que ver con los que la organizan, elementos subversivos que pretenden dar mala imagen de movimientos tan nobles y solidarios.

La “okupación” de cualquier inmueble es un acto pacífico, aunque al dueño le pueda hacer maldita la gracia ver cómo su casa o su finca se convierten, con el uso de los “okupas”, en una especie de estercolero. El saqueo de un supermercado o unos grandes almacenes es un acto de justicia social, ya que lo saqueado termina, según la propaganda oficial, en manos de los necesitados, necesitados en algunos casos de jamón de Jabugo o de caviar ruso. Los gritos que interrumpen o impiden una conferencia o un discurso se convierten, como por arte de magia, en una reivindicación o incluso un acto de libre expresión que es vilmente reprimido por los organizadores de los actos. Todo se nos muestra como actos pacíficos, justificados por las circunstancias y por una moral algo retorcida.

Nada nuevo bajo el sol, como diría el clásico, porque estos episodios violentos son una evolución de los que se dieron en el siglo XIX, la época del anarquismo y de la revolución, una copia adaptada a los tiempos de los actos que protagonizaron los secuaces de Lenin, Trosky y Stalin durante la Revolución Rusa, los que perpetraron los fascistas de Mussolini o los nazis de Hitler, o las manifestaciones, pagadas por el dinero de la Unión Soviética e impregnadas de ese pacifismo tan controvertido, que terminaban en las bases de la OTAN en suelo europeo y que acababan siendo disueltas por los antidisturbios cuando intentaban ir más lejos de lo pactado con las autoridades. El totalitarismo siempre ha sabido usar la violencia adecuada, disfrazando el lobo con piel de cordero, algunas veces lechal, y aprovechar la ceguera del observador. Y no hay más ciego que el que no quiere ver.

Y es que este pacifismo sesgado, que sólo afecta a unos y no a otros, que debería ser sospechoso desde su nacimiento, tiene un éxito inusitado, según va avanzando la ideologización de la población a través de las herramientas que el Estado de Bienestar pone en manos de los lobbies de poder. Hoy es el “escrache”, ayer fueron las manifestaciones y las ocupaciones de lugares públicos durante varios meses, afectando de esta manera a viandantes y personas que tenían sus negocios en las calles y plazas afectadas. Parece que los derechos de éstos últimos no eran importantes frente a los derechos de los congregados. Y es normal, tener un negocio y sacar beneficios es propio de malvados capitalistas, de talibanes del libre mercado, de explotadores de los trabajadores, de rentistas y propietarios. Todos deben ser castigados, pero pacíficamente, que no se noten los moratones.

Tres características de la sociedad

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Hemos tenido un mes de marzo donde ha llovido tres veces lo que es habitual, siendo el más lluvioso desde que existen registros. No deja de ser una anécdota estadística, pero también lo fue aquel año hidrológico 2004-2005 especialmente seco, y eso no nos libró de los augurios catastrofistas de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Al parecer, por aquel entonces nos encontrábamos a las puertas de una de las mayores sequías de la historia, agravada, por supuesto, por el terrible cambio climático. Ocho años después la sequía no ha terminado de llegar, y seguimos con nuestro acostumbrado clima de años secos, otros normales y alguno que otro húmedo.

Puede parecer que esto demuestra o deja de demostrar algo sobre el cambio climático o el catastrofismo ecologista en general, pero en realidad solo nos demuestra que los políticos mienten, y, lo que es más importante, que la gente solo les cree cuando sus mentiras concuerdan con sus prejuicios. Y por desgracia la tentación de creer que un fenómeno negativo es culpa de alguien, y que se puede solucionar perjudicando a ese alguien, es, hoy en día, demasiado irresistible para una parte de la sociedad.

La nueva moda entre los demagogos es hablar sobre el drama de los desahucios. Uno de los datos más repetidos es que en la actual crisis se han producido cerca de 400.000 desahucios. Por supuesto, una vez que se les replica con la cifra real de desahucios (25.000), la contrarréplica no se hace esperar: aunque sólo fuera uno, el drama sería igual de grave.

Lo cierto es que si fuera igual de grave no se manipularía dando cifras tan abultadas. Si lo hacen es porque saben que la única forma de tener impacto en la sociedad es convenciéndola de que cualquiera puede ser desahuciado o al menos vivir rodeado de desahuciados.

Es un comportamiento bastante curioso de personas que dicen ser defensoras de los débiles. Al parecer necesitan convencer al fuerte (la mayoría) de que está siendo atacado por el débil (la minoría) y por tanto, por medio del voto, aplastar al atacante pisoteando los pocos derechos que hasta ahora se les concedía.

Aunque no hay motivo para sorprenderse. Al fin y al cabo el famoso interés general se basa precisamente en eso. Así que de la misma forma que nadie protesta cuando se expropia un terreno para hacer una carretera, nadie lo hará cuando se expropie una casa para que el populacho esté tranquilo al acabar el telediario.

Fernando Díaz Villanueva, el que para mí es el mejor periodista del momento, cometió un pecado bastante grave el otro día: acusó a un socialista, en plena tertulia, de querer saldar su deuda con la sociedad con el dinero de los demás. O lo que es lo mismo: de querer quedarse con el dinero de los demás para satisfacer sus fines morales. Todo izquierdista quedó inmediatamente conmocionado y una buena parte del público de derechas consideró exagerada y excesivamente polémica tal acusación.

Lo cierto es que es algo tan obvio que a cualquier observador que no fuera de nuestra época le parecería asombrosa la reacción de los presentes. Para hacernos una idea es como si actualmente alguien se sorprendiera porque a un esclavista se le acusara de querer aprovecharse de otro ser humano para su propio beneficio.

Ahora vemos fácil decirle a un esclavista algo así, pero en la época en que los esclavistas formaban buena parte de la sociedad, y tenías que convivir con ellos, decir algo así te enfrentaba de forma directa y personal con demasiada gente. Y el conflicto no le gusta a casi nadie.

Por eso es tan necesario que exista gente como Fernando Díaz Villanueva. Razonar, dialogar y explicar es muy necesario, pero también es imprescindible que alguien empiece de decir la verdad tal cual es: los impuestos a la renta son un robo al que genera riqueza, el Estado de bienestar se basa en obligar a las personas a financiar unos servicios sin importar si desean hacerlo o no, y todo aquel que esté a favor de la llamada redistribución de la riqueza en realidad es una persona que quiere quitarle el dinero a la gente simple y llanamente porque la fuerza bruta de la mayoría se lo permite.

Al 90% de la sociedad le sonará fatal, y tacharán al que lo diga de radical, de sectario o hasta de loco las primeras mil veces que ose decirlo. Pero de la misma forma que la sociedad se acostumbra a la mentira, se puede acostumbrar a la verdad. Para ello sólo se necesita, nada más y nada menos, que repetir la verdad tantas veces como se repita la mentira.