Ir al contenido principal

Tasazos e injusticias

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana tuvo una gran repercursión la promulgación de una ley de reforma de las tasas judiciales, esto es, de ampliación de los sujetos que deben pagarlas y de los procedimientos en que éstas se exigen por el Estado como condición a los justiciables para pedir la tutela de sus tribunales.

Dado que este gobierno está empeñado en evitar reformas serias de la legislación procesal y orgánica heredada, ha decidido actuar en el ámbito de la Administración de Justicia en congruencia: Intentar aumentar la recaudación del Estado por la vía de las subidas de los tributos (una tasa lo es) y olvidarse de reformas de calado que reduzcan las dimensiones del estado, el ámbito de su actuación y, por lo tanto, los gastos en que se incurre a cuenta de los presupuestos públicos.

En este sentido, la Ley desarrolla la tasa que grava el ejercicio de la potestad jurisdiccional, creada por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de la Ley de Presupuestos del Estado, para ampliar su ámbito de aplicación. De este modo la tasa se exigirá no solo en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo, sino también el social, y se considerarán sujetos pasivos reales a todas las personas físicas o jurídicas, frente al régimen jurídico anterior que comportaba que sólo pagarían la tasa las sociedades cuyo volumen de negocios anual superase los seis millones de euros. El orden penal y otros híbridos como los "juzgados de violencia contra la mujer" continúan no sujetos.

Se opta, además, por las discriminaciones subjetivas con un criterio que estimula la litigiosidad de los beneficiados. Los procedimiento judiciales instados por los trabajadores en el orden social quedan fuera del hecho imponible y se les aplica una bonificación del 60 por ciento en el caso de que formalicen recursos de suplicación o casación. Asimismo, la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios queda exenta, así como la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas. En este sentido, debe de resaltarse el ingente número de asuntos que ocupan los juzgados y tribunales contenciosos administrativos para dirimir las diferencias de los funcionarios con las administraciones que les emplean.

Teniendo en cuenta esas discriminaciones sobre quién queda objetiva o subjetivamente exento del pago de la tasa, las cuantías fijas son claramente desproporcionadas: Desde un mínimo de 150 € por la mera presentación de una demanda cuya cuantía no supere los 6.000 o de un título cambiario a 1.200 € por el recurso de casación.

Para calcular la cuantía total de la tasa debe añadirse un 0,5 por ciento de la cuantía del procedimiento (hasta 1.000.000 €) y de un 0,25 por ciento a los procedimientos que excedan de esa cantidad, con un límite exigible de 10.000 €. No se entiende por qué no se establece una tasa enteramente variable en función de la cuantía.

Se intenta justificar la ampliación de la tasa por los altos niveles de litigiosidad que soporta el sistema judicial, lo cual sería plausible si no se hubieran subido otros tributos de manera desmedida. Así, en la exposición de motivos se aduce que "con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica, se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional". El gobierno anterior promovió la aprobación de un ingreso parafiscal que obliga los justiciables a prestar una caución de 25 o 50 euros para recurrir resoluciones judiciales, la cual se apropia el Estado si no prospera el recurso. Nada se dice en la nueva ley sobre la doble imposición que resultará de la coexistencia de la tasa y el ingreso parafiscal, tan patentemente arbitrario.

La Ley (Art. 11) declara vinculada la tasa judicial al sistema de justicia gratuita, lo cual pone sobre la pista de los problemas de financiación que tienen las Comunidades Autónomas –administraciones que han asumido la competencia de ejecución de las disposiciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita– de los profesionales que actúan ante los tribunales al servicio de personas a las que se les ha reconocido ese derecho. De hecho, las protestas por los retrasos en el pago y por las reducciones de los honorarios de los abogados (voluntariamente) incorporados al turno de oficio, expresados mediante "renuncias" o "plantes", han sido constantes desde hace años en comunidades autónomas como Madrid. En el ámbito de estas manifestaciones, algunos de estos abogados "exigen" el cobro de sus honorarios por defender a personas a las que finalmente no se reconoce el derecho a la justicia gratuita, soslayando que disponen para satisfacerlos del mecanismo procesal de la jura de cuentas contra sus clientes de oficio.

Si, como parece, la asistencia jurídica gratuita constituye una pesada carga para las arcas públicas, podría comenzarse por reducir los ingresos anuales y las rentas reales que permiten recibir esas subvenciones públicas para pleitear. Dado que la ley de asistencia jurídica gratuita establece que "se reconocerá (…) a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud", debe tenerse en cuenta que este año 2012 las personas que obtienen rentas de hasta 18.000 euros anuales son susceptibles de recibir esa subvención.

En definitiva, antes de plantearse la generalización de un copago moderado y proporcional del coste de la administración de justicia, el gobierno se abstiene de eliminar los incentivos perversos para pleitear que el propio Estado ha generado mediante su legislación y políticas intervencionistas.

A título de mero ejemplo, además de los ya mencionados, no se ha considerado la influencia que para el aumento de la litigiosidad ha tenido la incrustación en la planta judicial de juzgados de excepción (llamados de "violencia sobre la mujer") y de un procedimiento sumario penal y civil que estimula la presentación de denuncias falsas para obtener posiciones de ventaja en procedimientos matrimoniales. Las consecuencias directas han sido el incremento de los presupuestos destinados a mantener esos juzgados y la proliferación de las denuncias penales injustificadas.

Por último, ya se ha producido un episodio chusco, si no fuera por la tremenda inseguridad jurídica que genera. La ley no pudo materialmente entrar en vigor al día siguiente de su publicación, tal como declaraba, porque el Ministerio de Hacienda no aprobó al mismo tiempo las órdenes ministeriales (e imprimir los formularios o colgarlos en Internet) a través de las cuales se autoliquidará la tasa.

La politización de la dieta

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La politización de la dieta

Finalizada la Guerra Fría, David Kritchevsky llegó a afirmar que "en América no tememos más a Dios o a los comunistas, tememos a la grasa". Pocas frases podían resumir mejor la nueva ideología nutricional que Estados Unidos había exportado a todo Occidente y que en aquellos años 80 alcanzó sus momentos más álgidos. Fue, en pocas palabras, la grasofóbica ideología del bajo en grasa y alto en carbohidratos que pervive hasta nuestros días y que, por otra parte, no es muy complejo desmontar simplemente recurriendo a datos históricos. ¿Cómo puede tal pensamiento nutricional funcionar si desde principios de los 70 hasta el 2000 los norteamericanos han pasado de consumir de un 40% a un 34% de sus calorías como grasa y aun así han engordado? Los británicos son otro ejemplo tanto o más pronunciado de la misma tendencia. Si acudimos de nuevo a las cifras históricas, resulta innegable que de la mano de un aumento de la obesidad ha habido un creciente consumo de carbohidratos mucho antes que de grasa saturada.

Pero ¿cómo se llegó hasta ahí? Que la verdad de ayer es el tabú de hoy parece francamente cierto hablando de nutrición, en tanto en pocas décadas se pasó de recomendar grasa saturada a criticarla abiertamente. Como en tantos otros problemas sociales, el rol del Estado, de la clase política, resulta imprescindible para entender su génesis. Si en los 50 y 60 se produjo la mayor conflagración científica nunca habida a cuenta de la dieta entre los críticos de la grasa (Ancel Keys) y los críticos de los carbohidratos (Ahrens, Peters, Cleave), en los 70 llegó aquella clase política y gubernamental para dirimir, a su manera, como de costumbre ignorante, la cuestión. Es lo que podría denominarse la ciencia y la verdad por decreto, gubernamental por supuesto.

En concreto, me refiero al Comité McGovern, creado en 1968 en el Senado norteamericano con el propósito original de combatir la desnutrición. Entrando en los años 70, observaron que combatir la desnutrición en EEUU tenía cada vez menos sentido pero ¿qué caracteriza a una agencia, comité o programa gubernamental o político? En efecto, no desaparecer una vez creado. Así, aquel Comité McGovern se reinventó a sí mismo con tal, como es de nuevo típico, de aparentar que su burocracia servía para algo. De ese modo, de la noche a la mañana, y sin que nadie pareciera inmutarse ante tal acrobacia, el Comité McGovern pasó de estudiar la desnutrición a estudiar el exceso de nutrición o, dicho claramente, la obesidad y sus implicaciones de salud, particularmente en el ámbito cardiovascular.

Lo que hasta entonces era sólo una hipótesis, y duramente combatida por aguerridos científicos –la de que la grasa, sobre todo la saturada, entrañaba problemas metabólicos y cardiovasculares-, se convirtió en dogma por la gloria y gracia de George McGovern, senador demócrata reconvertido en presunto salvador nutricional. Podría resultar un chiste si no fuera verdad, pero lo cierto es que por qué McGovern desde el comienzo tuvo un sesgo favorable hacia las dietas bajas y muy bajas en grasas y abundantes en carbohidratos no fue fruto de ningún conocimiento nutricional o científico, pues de hecho el pobre George ni siquiera era muy consciente del debate científico que desde al menos los 50 había desatado la cuestión. Se debió simplemente a que McGovern se había enrolado tiempo atrás en la dieta de Nathan Pritikin, que exige la eliminación de grasa junto con ejercicio. Y aunque la acabó dejando, le marcó para siempre como si aquello hubiera sido un mensaje revelado.

El fruto más evidente, a la par que definitivo, de aquel Comité fue la publicación en 1977 de los Objetivos Dietéticos para Estados Unidos, para un grasofóbico poco menos que como la Biblia para un cristiano. Y aunque importantes organismos norteamericanos fueron más que escépticos (particularmente la Academia Nacional de Ciencias y su Comité de Nutrición, cuyo presidente, experto en metabolismo, consideraba ‘absurdos’ aquellos Objetivos Dietéticos), el mensaje de que había que reducir casi a cualquier precio la grasa de la dieta fue lo que prevaleció para los medios y, por supuesto, para el público. Con gran bombo y platillo, se anunció una "revolución en la dieta de nuestro país". Exactamente dijo tal cosa Nick Mottern, quien fue el redactor final de aquellos Objetivos Dietéticos, y si piensas que tampoco tenía mucha idea de nutrición ni de ciencia, estarás en lo correcto. Simplemente se sentía honrado de participar en una causa algo así como equiparable al final de la esclavitud en el XIX o los Derechos Civiles de los años 60; intuía que era algo noble por lo que había que luchar.

Tercera en discordia fue Carol Tucker Foreman, activista no casualmente nombrada Secretaria asistente de Agricultura de 1977 a 1981 y cuya misión fue actuar como brazo ejecutor de aquellos Objetivos Dietéticos. Comprometida ciega con la causa, tampoco su ceguera le dejó ver controversia científica alguna: había que luchar sin cuartel contra la grasa en la dieta. Ningún desperdicio tiene la lista de clientes de la compañía para hacer lobby que posteriormente fundó: Foreman & Heidepriem. Entre ellos estaban por ejemplo la tabacalera por antonomasia Philip Morris, el rey del cereal transgénico a nivel mundial Monsanto, o el inefable primer comercializador de grasas hidrogenadas Procter & Gamble. "Come menos grasa. Vive más tiempo", fue una de las muchas ocurrencias políticas en forma de eslóganes oficiales.

Si además tenemos en cuenta que años antes, en la era de Nixon, el Secretario de Agricultura Earl Butz inició las políticas de subvención masiva del maíz, la soja y el trigo, no hace falta ser muy agudo para concluir que sin la inestimable participación del Gobierno –el de EEUU y el de todos los demás países siguiendo, de una u otra manera, el mantra grasofóbico- no habríamos llegado a la actual epidemia de enfermedades en gran parte generada por las montañas de carbohidratos y aceites vegetales inflamatorios (de soja, maíz y girasol) que engullimos.

El Gobierno o Estado, lejos de la inmaculada y novelesca visión de Rousseau y su ‘contrato social’, tiene su origen en bandas de saqueadores que lograron, finalmente, monopolizar un territorio dado, tal como explica el economista Mancur Olson. El Estado, en su más íntimo origen, es una institución de depredación. Pero ¿cuál es el interés del Estado en promover una dieta agrícola sobre una ganadera? El antropólogo y politólogo James Scott, de la Universidad de Yale, en su obra El Arte de No Ser Gobernado expone por ejemplo que cuando los saqueadores invadían territorios, los habitantes intentaban refugiarse en las montañas.

¿Adónde quiero llegar? Tomando la explicación de Olson, que habla de saqueadores estacionarios –no en continuo movimiento o nómadas- como origen del Estado y la idea de Scott de los que huyen de tales saqueadores (antecesores del Gobierno), es preferible a la hora de ejecutar controles un sistema social adherido a la tierra (dieta agrícola) que un sistema más disperso y que otorga mayor movimiento y libertad como la ganadería. Pongamos un ejemplo mucho más contundente. Como el propio Scott explica, ¿por qué tantos gobernantes en Asia forzaron la sustitución del cultivo de tubérculos por el de arroz? Por el mero hecho de hacer más rígidos los controles de la sociedad y sus individuos, pues es mucho más complicado poner impuestos a plantas que crecen bajo el suelo y que se cultivan en distintas épocas, frente al arroz que es visible para fiscalizar y controlar y se cultiva en una específica época.

Nada ocurre por casualidad, y mucho menos en el mundo de la política y el Gobierno. Es posible que hasta que no asumamos que el Gobierno o Estado (junto con todo su entramado de instituciones bancarias y otras privilegiadas) es una entidad de agresión, depredación y compulsión, no recuperemos un mundo en paz, una economía próspera, una educación libre y de calidad y, por supuesto, una dieta saludable basada en la tradición, no en la dictadura político-nutricional de turno.

Así, seguir la que denomino una paleodieta antiinflamatoria es un acto doblemente revolucionario. Es una rebelión contra las enfermedades de hoy y mañana, y una rebelión contra los Gobiernos de siempre.

@AdolfoDLozano /david_europa@hotmail.com

Mitos sobre la regulación para la competencia

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

La regulación de los mercados está generalizada en nuestros días. La economía de libre mercado en la que presumiblemente se desenvuelve la actividad económica en los países occidentales conoce considerables límites, de los que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes.

Junto con la regulación propiamente política, cobra creciente importancia la llamada regulación de la competencia, en la que el objetivo político consiste, no en limitar el funcionamiento de los mercados para asegurar determinados objetivos, sino en conseguir que el mercado funcione adecuadamente, en el entendimiento de que el correcto funcionamiento de los mercados es lo óptimo para el bienestar social. El objetivo político de la regulación de la competencia se puede formular en términos de conseguir que el mercado funcione en competencia.

La regulación de la competencia abre un campo más extenso para la aplicación de la teoría económica que la regulación política. En efecto, si el objetivo es la obtención de un funcionamiento adecuado de los mercados, el debate entre las distintas opciones de regulación se debe plantear en términos económicos. Las alternativas que confronta un regulador se han de estudiar científicamente, a fin de obrar adecuadamente en pos del objetivo planteado. Y es la teoría económica la ciencia que trata de explicar los distintos fenómenos de que es objeto la regulación de la competencia.

El ejemplo paradigmático de la regulación de la competencia lo constituye el llamado derecho de la competencia. Mediante esta normativa, se persiguen determinadas conductas de aquellas empresas que detentan una posición especial o dominante en el mercado, así como las conductas colusivas por las que varias empresas pretenden evitar competir entre ellas para explotar a sus clientes. Se trata, en esencia, de asegurar que el mercado funciona correctamente, sancionando a las empresas que traten de distorsionar lo que debería constituir el funcionamiento del mismo.

Sin embargo, en los últimos 30 años, como consecuencia de la eliminación de los monopolios legales asociados a servicios como el transporte, las comunicaciones o la energía, ha cobrado especial importancia la que llamaremos regulación sectorial para la competencia. En todos estos casos, la preexistencia de un monopolio legal situó a determinadas empresas con unas ventajas aparentemente decisivas a la hora de competir en el mercado abierto a la competencia. Por ello, se tomaron decisiones reguladoras tendentes a compensar esta situación ventajosa inicial y así evitar distorsiones indeseadas en el funcionamiento de los mercados recién liberalizados.

La regulación sectorial tiene como principal característica diferencial respecto al derecho de la competencia, en que actúa a priori, mediante remedios estructurales que pretenden prevenir daños irreparables al mercado. Son remedios estructurales, por ejemplo, la separación vertical del antiguo monopolista, o los controles de precios minoristas para evitar la exclusión de posibles competidores.

En todo caso, estas decisiones regulatorias han de tener una base científica, proporcionada por la teoría económica. Sin dicha base, constituirían únicamente límites sobre el uso de los medios de producción, que pueden responder a un objetivo político ajeno a la teoría económica, pero que no darán lugar a un mejor funcionamiento de los mercados, o incluso podrían obstaculizar su operativa.

De ahí la gran importancia que tiene un análisis riguroso de la teoría económica en que se soportan estas decisiones. En la actualidad, la corriente principal (el mainstream) de esta ciencia la constituye la Escuela Neoclásica de Economía, y consecuentemente es con base en la comprensión de la realidad económica que aporta esta Escuela que se toman las decisiones de regulación para la competencia.

Pues bien, para la Escuela Neoclásica, la competencia es un estado de equilibrio en que se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas en el mercado, y como consecuencia del cual el precio de cada bien coincide con el coste marginal de producirlo; como dicho equilibrio resulta óptimo desde el punto de vista del bienestar, grosso modo, el objetivo de la regulación ha de ser llevar al mercado a este punto ideal de equilibrio en que se maximiza el bienestar obtenido del uso de los recursos. Esta comprensión del fenómeno de competencia guía el proceso regulatorio.

Sin embargo, esta Escuela, aun siendo la dominante, no aporta teorías satisfactorias para explicar las causas de la innovación ni, en general, de la inversión. Para estos economistas, el estado de la tecnología es siempre una variable exógena al modelo, y las inversiones están dadas. En cambio, otras corrientes heterodoxas, como la Escuela Austriaca de Economía, sí parecen dar una visión más completa de los fenómenos económicos.

Es paradigmática, en este sentido, la oposición frontal entre las formas de entender la competencia que ofrecen la Escuela Austriaca y la Neoclásica, y que tendría importantes repercusiones desde un punto de vista normativo. Ya se ha dicho que para los economistas neoclásicos la competencia es un estado de equilibrio en el que se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas; sin embargo, para la Escuela Austriaca, la competencia no es un estado, sino un proceso dinámico que se desarrolla en un entorno de incertidumbre y en el que precisamente lo importante es el descubrimiento de información que permitirá servir mejor a sus clientes por parte de los agentes.

En suma, se trata en esta obra de constatar cómo la visión de los fenómenos económicos que tenga el regulador se traslada a la regulación y al funcionamiento de los mercados, y de proponer una visión económica alternativa a la Neoclásica y que sea más acorde con la realidad para evitar las distorsiones que dicha Escuela parece generar.
 

Extracto del sumario del reciente libro de Fernando Herrera: MITOS SOBRE LA REGULACIÓN PARA LA COMPETENCIA: Aplicación de la teoría económica austriaca al mercado de telecomunicaciones en España, editado por el Instituto de Estudios Económicos y que se presentará el próximo 27 de noviembre en el Club Financiero Génova.

El incumplimiento de la Ley en España

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El respeto por el estricto cumplimiento de la Ley o, en inglés, rule of Law, es una institución moral en las naciones anglosajonas en el sentido de que es un patrón de comportamiento adquirido por la población y, en especial, por una mayoría de políticos.

Sin embargo, parece que existe un relajamiento moral arraigado en la cultura de otras naciones que lleva a sus autoridades a saltarse el ordenamiento jurídico vigente en cada periodo de su historia, para "guiar" a la población hacia utopías "colectivistas" que perjudican seriamente el crecimiento económico de los países.

Existen ejemplos claros de quebrantamiento de la Ley en España. Por ello, permítanme analizar cómo se restituyó la Ley y, por tanto, cómo las autoridades de la época restablecieron "the rule of Law" ante el movimiento nacional-separatista de la región autónoma de Cataluña en el año 1934, y cómo puede suceder lo mismo en la España de comienzos del siglo XXI.

1. El incumplimiento de la Ley que establecía la Constitución de 1931

El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Luis Companys, declaró la independencia de la región autónoma de Cataluña respecto de España, en los siguientes términos:

"En esta hora solemne en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica".

También el Ayuntamiento de Barcelona se sumó al movimiento de sublevación y convocó una sesión extraordinaria por la cual mostraba: "su firme y decidida adhesión al Presidente y al Gobierno de Cataluña".

El problema de estas proclamaciones de sedición era que atentaban contra el ordenamiento jurídico o, si se prefiere, contra el rule of Law establecido por la Constitución de 1931, que había sido aprobada el 9 de diciembre por las Cortes Constituyentes después de las elecciones generales de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República, y que reconocía la posibilidad de establecer regiones autónomas pero nunca su independencia.

Después de formalizar su rebelión contra el orden establecido en España, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, telefoneó al Capitán General de Cataluña y General en jefe de la IV División Orgánica, Domingo Batet Mestres, para que se sometiese a sus órdenes. Sin embargo, este general acató el orden constitucional y se puso en comunicación con el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, que le ordenó que declarase, inmediatamente, el "Estado de Guerra" en el territorio de la región autónoma de Barcelona aplicando la Ley de Orden Público, de 28 de julio de 1933.

Diversos grupos armados construyeron barricadas e intentaron hacerse fuertes en algunas calles y edificios oficiales para organizar la resistencia durante el anochecer del 6 de octubre de 1934. Las tropas gubernamentales se apresuraron a sofocar la sedición en el menor tiempo posible para evitar que fuese a mayores. Con dicho objetivo, el comandante Fernández Unzúe abrió fuego contra la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona durante la madrugada del 7 de octubre de 1934 y, en tan sólo diez minutos, el sedicioso Companys comunicó telefónicamente su rendición al general Domingo Batet Mestres, quien solicitó que hiciese el mismo comunicado por radio. 

Las tropas constitucionales detuvieron al Gobierno de la Generalidad y condujeron a los amotinados al buque "Uruguay", que hizo las veces de presidio de los traidores al orden constitucional. El general Domingo Batet Mestres asumió el mando en Cataluña y fueron cesados los militares, los políticos y los altos cargos que colaboraron con el movimiento separatista en contra del ordenamiento jurídico establecido.

En menos de 10 horas, los militares cumplieron con uno de sus cometidos constitucionales, respaldaron al Gobierno y controlaron la situación generada por la declaración de independencia de las autoridades regionales.

Posteriormente, el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, interpuso una querella criminal contra los integrantes del Gobierno de la región autónoma de Cataluña. El Gobierno aprobó varios decretos de nombramiento de nuevas autoridades y la Ley de 5 de enero de 1935, de suspensión del Estatuto de Cataluña "hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, y después de levantar la suspensión de la garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico" y que, también, establecía, durante el periodo transitorio, el nombramiento por el Gobierno de un Gobernador General para que asumiese las funciones ejecutivas y de una Comisión para que valorase los servicios traspasados y reordenase las competencias autonómicas en la región. 

2. El incumplimiento de la Ley que establece la Constitución de 1978 

Lamentablemente, los españoles no parecemos aprender de la Historia y volvemos a encontrarnos en el mismo cruce de caminos y ante un movimiento nacional-separatista en Cataluña y en el País Vasco, aun a pesar de contar con la Constitución Española de 1978 (CE), que fue ratificada por una mayoría aplastante de españoles el 6 de diciembre de 1978. 

Al igual que ocurría en la Constitución de 1931, ahora se cuenta con un ordenamiento jurídico que fue instaurado por la Constitución de 1978, que establece cuales son las reglas del juego democrático.

Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 (CE) es nuestra "rule of Law" y establece que:

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Y, naturalmente, como ocurre en todos los países, las fuerzas armadas tienen la obligación de proteger la integridad territorial, la soberanía y la independencia de España, y el ordenamiento constitucional, porque el apartado primero del artículo 8 establece que:

"1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Por tanto, si los nacional-separatistas catalanes pretenden encubrir la corrupción [1][2][3][4][5][6][7][8] y un posible horizonte penal mediante la proclamación de la independencia de Cataluña, deberían tener muy presentes las consecuencias de los acontecimientos ocurridos el 6 y 7 de octubre de 1934.

Conviene recordar que el Gobierno de España puede utilizar el artículo 116 que contempla "los estados de alarma, de excepción y de sitio" y que, ante una declaración unilateral de independencia, está obligado a aplicar el artículo 155 CE por el que puede intervenir cuando las autoridades de una Comunidad Autónoma no cumplen con el "rule of Law" vigente en España:

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Por un lado, si a las personas con ideología nacional-separatistas no les gusta el ordenamiento jurídico de la democracia española, ya saben lo que tienen que hacer, cambiar la Constitución Española de 1978 siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 166 a 169 CE.

Espuriamente, como saben que el método establecido para la reforma constitucional no les permite avanzar en sus planteamientos secesionistas, los políticos que "guían" el desafío nacional-separatista buscan subvertir el orden establecido por la Constitución Española de 1978, mediante nuevos Estatutos que son abiertamente anticonstitucionales y destruyen la igualdad ante la Ley que establece el artículo 14 CE y que, posteriormente, son validados por un Tribunal Constitucional absolutamente politizado y con sentencias al servicio de fines que, cuando menos, son jurídicamente discutibles y moralmente censurables.

Y, por otro lado, si las personas con sentimiento independentista quieren preguntar en un referéndum por la independencia de Cataluña, por supuesto, pueden hacerlo cumpliendo estrictamente con el ordenamiento jurídico vigente en España que exige preguntar a todos los españoles y aplicando el artículo 92 CE.

De otro modo, los políticos y altos cargos que desobedezcan la Constitución estarán entrando de lleno en los delitos tipificados por los artículo 404 y 410 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP):

Artículo 404 CP:

"A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

(…)

Artículo 410 CP:

"1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general".

LEER MÁS

ONU, democracia de las dictaduras

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El día 12 de noviembre de 2012, Venezuela consiguió el apoyo de la mayor parte de los Estados miembros de Naciones Unidas para entrar a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de esta organización, junto con Brasil y Argentina, en representación de Latinoamérica. El Gobierno caudillista de Hugo Chávez lo ha celebrado como una victoria, y no es para menos. La celebración ha sido incluso transmitida por el propio Centro de Noticias de la ONU.

El gobierno bolivariano ocupará su puesto en el Consejo de 2013 a 2016. Aunque no sea así de forma oficial, se podría considerar que toma el relevo de su principal aliado, la Cuba de los hermanos Castro, hasta ahora presente en el organismo.

Chávez es uno de los principales defensores del tirano sirio Al Assad, así como un íntimo aliado de los Castro y del iraní Ahmadineyad. Además, fue de los pocos que lamentó de forma pública la caída de Gadafi. Esos son sólo algunos ejemplos de sus complicidades con dictadores de diferentes regiones del mundo. No ha de extrañar. El actual Ejecutivo bolivariano no pasaría el examen de alguien que juzgara objetivamente el respeto de los Derechos Humanos.

El gobierno chavista no sólo impide el normal ejercicio de derechos como el de la libertad de expresión –es cierto que en este terreno le ha llegado a superar como represor el ecuatoriano Correa–, sino que además viola principios fundamentales como la división de poderes. El propio Chávez llegó a referirse a esta última como una "nefastaherencia" y un lastre del que desprenderse. La justicia venezolana, por ejemplo, hace tiempo que perdió cualquier atisbo de independencia.

Sin llegar todavía a igualarlo, la Venezuela de Chávez se parece cada vez más a la Cuba de Fidel Castro. Y la presencia de uno y otro régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU muestra a la perfección la triste realidad de la mayor organización multilateral de ámbito mundial. En ella, los gobiernos más liberticidas y los dictadores más crueles tienen voz y voto en pie de igualdad con las democracias. Y seguirá siendo así mientras las Naciones Unidas sigan funcionando como lo hacen desde su fundación –no olvidemos que la URSS fue una de las potencias presentes desde el primer momento– hasta la actualidad.

La ONU es la democracia de las dictaduras. Por mucho que intenten convencer de lo contrario, en las Naciones Unidas no están representados los pueblos, ni mucho menos los ciudadanos, sino los gobiernos del mundo. Y tienen su asiento con independencia de que en sus países haya un régimen democrático o, al contrario, profundamente represivo. Y eso tiene un necesario reflejo en su funcionamiento.

En última instancia, las votaciones en la ONU y en sus distintas agencias y organismos siempre van a favorecer a las dictaduras. Los tiranos se apoyan unos a otros en un indecente "hoy por mí y mañana por ti" siempre dirigido contra la libertad. Y eso garantiza casi de forma absoluta la impunidad internacional de los autócratas. Máxime cuando más de un Gobierno democrático siempre estará dispuesto a alinearse con los enemigos de la libertad por cuestiones del denominado "realismo político", o por una supuesta defensa de los propios intereses económicos. Unos intereses que, por otra parte, tratarán de hacerse pasar como nacionales cuando en realidad sólo lo son de unos pocos.

Cuanto más se elogia el funcionamiento democrático de la ONU, más se favorece a los dictadores y caudillos de todo pelaje al otorgar legitimidad a su voto en la organización. La democracia de las dictaduras goza de buena prensa, pero no por eso es menos enemiga de la libertad.

Los lobos blancos de Minnesota

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Ha sido uno de los temas más controvertidos de la pretemporada de la NBA. En dicha liga, compuesta en más de un 75 % por jugadores de raza negra, un equipo, Minnesota Timberwolwes, ha confeccionado una plantilla en la cual dos tercios de la misma está formada por jugadores blancos, entre ellos, nuestro gran Ricky Rubio.

Ante tamaña injusticia, las acusaciones de racismo, sobre todo por parte de los "profesionales de la indignación racial", no se han hecho esperar. Así, Tyrone Terrel, Presidente del Consejo Afroamericano de St. Paul, ciudad gemela de Minneápolis, se pregunta en voz alta: ¿Cómo es posible que el equipo se asemeje a los Lakers de George Mikan del año 55? Y se responde "creo que todo es parte de una estrategia, no es casualidad".

Otro destacado activista, Ron Edwards, después de señalar su inquietud por ver un equipo con solo un titular negro en pista, coincidió con el mencionado Tyrone Terrel en señalar que, sin duda, hay una intencionalidad clara en la composición del equipo lobuno para tratar de atraer a los aficionados blancos, mayoritarios en el estado… Una estrategia claramente racista que se debería, según ambos activistas, a la composición del alto staff directivo de la franquicia, en la cual no hay directivos negros…

La respuesta de la directiva de los T-Wolves no se hizo esperar, con el Director Deportivo, Richard Kahn, y el Head Coach, Rick Adelman, insistiendo en que los jugadores fueron elegidos por su talento y disponibilidad, y que la razón de dicha inusual composición racial (que, por otra parte, refleja con mayor exactitud la composición racial de la población total de los Estados Unidos en otros campos profesionales, por si no han caído los partidarios de las cuotas raciales…) era pura casualidad, y negando absolutamente que en la composición del roster hubiesen influido motivos raciales.

Dicha respuesta, junto con algunos datos adicionales sobre la trayectoria de los Timberwolves, como la composición del staff de entrenadores, con paridad en el color de los entrenadores asistentes, como la larga trayectoria de Kevin Garnett, ahora en los Celtics (otro equipo siempre bajo sospecha…), como jugador franquicia o los comentarios de su único starter no caucásico, Brandon Roy, de que el único problema que tenía con tanto blanco en el equipo era a la hora de elegir la música para la sesión de pesas, ayudaron a quitar hierro a la polémica… Parecía que, finalmente, la composición racial del roster era fruto de la más absoluta casualidad.

Pero ¿y si no hubiese sido así? ¿Y si el staff de los Timberwolves, buscando, como sugieren los mencionados activistas profesionales, un perfil de jugadores con el que se sintiesen más identificados sus aficionados medios, en su mayoría blancos, hubiesen tenido en cuenta la cantidad de melanina y no solo las estadísticas al decantarse por un jugador?

Pues… que están en su derecho. Las franquicias de la NBA son negocios privados, empresas, y los gestores de dichas empresas tienen todo el derecho del mundo a contratar a quien les parezca oportuno, teniendo en cuenta los factores que consideren más adecuados para sacar adelante su negocio… Si opinan que, ante unas estadísticas similares, el aficionado medio, el cliente a fin de cuentas, pagará más por ver cómo las "enchufa" un all american boy rubio de ojos azules y origen sueco o un catalán a medio afeitar que un negro tatuado gangsta style, pues perfecto. Eso es una decisión empresarial, una decisión libre y responsable con la que podamos estar o no de acuerdo, pero una decisión plenamente legítima.

Como también lo sería que los Wizards, ante un hecho similar y dada la composición de su base de seguidores en Washington, tomasen la decisión contraria o que los Rockets, al fichar a Jeremy Lin, estuviesen buscando el mercado televisivo asiático, cuyos telespectadores prefieren ver jugadores con los ojos rasgados, como demostró la explosión mediática del retirado Yao Ming.

O, como también es perfectamente lícito que en la liga española, perdón la LFP (curiosamente, la única liga mundial que en su logo no tiene los colores nacionales ni el nombre de la nación donde se juega…), el Athletic de Bilbao componga su plantilla solamente con jugadores españoles o franceses de origen o crianza vascos, lo cual, aunque limite claramente sus opciones de ganar alguna vez algo, parece tener un gran atractivo de cara a las aficionados que acuden a San Mamés, muy apegados en su mayoría a las tradicionales prácticas vascongadas de discriminación étnico racial basadas en el legado de Sabino Arana, fundador del PNV (a pesar de que algunos de dichos jugadores hayan defendido la camiseta de la selección esp…, perdón, de "la cosa").

Porque la discriminación, nuestro derecho a discriminar, es parte fundamental de nuestra libertad como individuos. Discriminación para elegir con quién nos relacionamos, a quién le vendemos, a quién le compramos, con quién compartimos el tiempo de ocio, con quién nos acostamos o a quién votamos… (de hecho, que el 95 por ciento de los votantes afroamericanos se haya decantado por Obama creo que indicaría algo acerca de prejuicios raciales a la hora de ir a las urnas…).

Y a poder elegir los motivos de dicha discriminación, ya sean raciales, estéticos, ideológicos o futbolísticos. Motivos perfectamente legítimos que son solo nuestros y por los que no tenemos que pedir permiso ni dar explicaciones a nadie.

Un derecho a discriminar que emana de la propiedad privada y del respeto a los derechos y preferencias del prójimo, y que, por supuesto, es bidireccional, es decir, cada uno de nosotros tiene todo el derecho a ejercerlo, lo cual, en general, nos parece bien, pero los demás también tienen todo el derecho a discriminarnos, lo cual, en general, nos parece mal… Pero es una de las libertades esenciales del ser humano.

Una discriminación que, por otro lado, es totalmente inaceptable en el ámbito de lo público…

Tensión en la troika y la argentinización de Europa

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Mientras en España estamos centrados en el terrible problema de los desahucios, con todo lo que ello implica: el aspecto legal, la solución para los que se quedan sin casa, la responsabilidad de políticos y banqueros, la de los que se metieron en hipotecas, la de los avalistas, las consecuencias de cualquier solución… mientras todo eso centra nuestra atención, la troika sufre en silencio.

Diferentes posiciones frente a Grecia

Como un matrimonio a tres bandas peleando por la educación del hijo más difícil, el Fondo Monetario Internacional, de un lado, y la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, de otro, se encuentran enfrentados por la solución que debe adoptarse ante la insolvente Grecia.

Una vez que aflora la situación griega, el default, las mentiras y todo lo demás, las instancias supranacionales, muy en su papel, y en vista de que cabía la posibilidad de que Grecia no fuera el único país en dificultades, decidieron crear una autoridad de rescate compuesta por las tres instituciones. La llamada “troika” ha sido quien ha decidido qué dinero inyectar, de dónde sacarlo, qué condiciones exigir y ha enviado a los “hombres de negro” a supervisar todo el proceso. El plan no tenía mala pinta, aunque solucionaba el problema de quienes tenían deuda griega a costa de los ciudadanos que nutren las tres instituciones. Solidaridad, lo llaman. Pero hete aquí que Grecia no reacciona y la situación empeora dramáticamente.

Tras varios rescates, planes, reuniones, comparecencias y votaciones, la troika se encuentra “stuck in the middle”, paralizada en plena ascensión a la montaña. Por un lado, no puede dar marcha atrás. Ya es mucho el dinero inyectado a Grecia. Por otro lado, seguir adelante pone en riesgo el futuro europeo. Lo que antes era una fuga localizada se ha convertido en varios países rescatados y alguno más en lista de espera. El esfuerzo realizado no permite retirarse, pero tampoco se puede avanzar.

En esa situación, la parte europea de la primera parte, ante la declaración de Grecia de que sigue sin poder pagar lo previsto ni en sus mejores sueños, opta por dar más tiempo para que recupere fuerzas, pero cobrar finalmente. Pero Lagarde, voz cantante del FMI, propone simplemente que la eurozona asuma las pérdidas griegas, que seamos realistas y demos por hecho que no nos van a pagar. Muy duro.

La lección de Hispanoamérica

La casualidad ha querido que esta semana, en medio del debate, se celebre la vigésimo segunda edición de la Cumbre Iberoamericana en Cádiz. Con poca presencia de los presidente más mediáticos (Kirschner, Castro…) y con una borrasca en lo alto, la reunión ha tratado temas relevantes de manera frívola, como siempre. Apretones de manos, sonrisas, fotos, declaraciones más o menos acertadas y un tema flotando en el aire: la crisis europea.

Ahora que parece que se mueve el suelo bajo los pies de la troika, llegan los representantes de Ecuador, Cuba y México y nos advierten: “Mucho ojo, nosotros ya padecimos al FMI”. Es un buen consejo, pero el mensaje es el opuesto al que debería ser.

La idea es que el FMI les impuso unas condiciones sangrantes, al asumirlas se frenó su crecimiento, fueron “vendidos” a las grandes multinacionales americanas y el “estado social” se vio severamente dañado. El imperialismo del capitalismo salvaje en esencia.

Nadie se pregunta la razón por la que esos gobiernos tuvieron que acudir al FMI, que fue precisamente la promesa de un paraíso inexistente en forma de “estado social”, ni explican los gobernantes de la cumbre cuál fue la responsabilidad de la corrupción política, ni hablan de la falta de exigencia de responsabilidades a los políticos corruptos. Eso sí, sacan pecho ahora que Europa, enamoriscada del mismo concepto de “estado social” ahora pasa dificultades.

La verdadera lección americana

Pero algo sí podemos aprender de América Latina. Primero, desconfiemos de los países que repiten su historia y se exponen al precipicio del crecimiento de deuda basado en el famoso slogan “unicornios para todos”. Segundo, observemos qué ha permitido que países como Chile remonten: una economía más acostumbrada a la iniciativa privada que el resto. Tercero, hacer oídos sordos a quienes se postulan como ejemplo mientras masacran a su propio pueblo. Y aquí hablo de Venezuela y Cuba, principalmente. De hecho, no sé qué lleva a seguir tratando con dictadores pseudo democráticos en lugar de, por respeto a los pueblos venezolano y cubano, no darles cancha en estas reuniones internacionales.

A Europa le queda un largo recorrido hacia la salida y no es bueno hacerlo siguiendo cualquier camino. Como dice Juan Ramón Rallo en su último libro “Una alternativa liberal”, uno nos lleva hacia Suiza y otro hacia Argentina. Como en otros ámbitos, el camino fácil conduce al peor resultado, y el angosto nos lleva en la buena dirección. El mayor handicap es el sufrimiento de las personas que caen derrotados por sus malas decisiones y por los perversos incentivos ofrecidos por los gobernantes y las autoridades monetarias. Personas que sufren implacablemente los resultados y que ven que esos políticos, autoridades monetarias y banqueros privilegiados no van a responder de sus actos. Es la argentinización europea del siglo XXI.

La vivienda es una inversión de altísimo riesgo

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Tenemos en mente el drama de los desahucios, que se han convertido en un problema de primera magnitud en España a raíz de la crisis económica. Pero dejando de lado cuestiones políticas sobre su génesis y las posibles soluciones (que podremos comentar en otra ocasión), lo que queda patente es la escasísima educación financiera de la sociedad española actual. Alarmante.

La gente invertía en su vivienda habitual y se hipotecaba de por vida sin tener en cuenta la naturaleza de esa inversión concreta. Y digo bien: inversión. Y digo más: inversión de altísimo riesgo.

Me parece verdaderamente chocante cómo la gente ha obviado por completo este factor. Todas las inversiones conllevan un riesgo. Todas. Irremediablemente. No hay activos libres de riesgo. Incluso dejar tu dinero en el banco conlleva un riesgo. Está claro que hay inversiones con más o menos riesgo según su tipología, pero toda inversión lleva inherentemente asociado un riesgo.

Pues bien, ¡la compra de una vivienda habitual es una de las inversiones con más riesgo que pueden existir!

Lo primero que hay que darse cuenta es que adquirir un inmueble es una inversión, y por lo tanto, está sujeta a cuatro riesgos principales: financiero, de mercado, sistémico y de liquidez.

Empecemos por el principal: el riesgo financiero. Cuando queremos comprar una casa estamos adquiriendo un activo que, en la mayoría de los casos, deberemos financiar mediante recursos ajenos. Es decir, endeudarnos adquiriendo una obligación (hipoteca).

El riesgo de la operación dependerá de la medida en que podamos hacer frente a las salidas de caja que mensualmente (cuota de la hipoteca) supone la financiación del inmueble. En el caso que nos ocupa las salidas ¡serán a lo largo de 30 ó 40 años!

Es decir, al meternos en esta inversión, estamos "asegurando" que podremos generar entradas de caja constantes a lo largo de toda nuestra vida. Esto para las personas normales significa comprometerse a tener trabajo toda la vida. ¿Quién puede aventurarse a tener la certeza de que poseerá trabajo toda su vida? Prácticamente nadie, y menos en un escenario tan dinámico y cambiante como el actual. El riesgo financiero proviene de aquí. Parece que nadie se lo planteó.

Hablemos de riesgo de mercado, que hace referencia a la probabilidad de que el valor del activo se reduzca o se eleve. En el caso de las viviendas habituales, pareciera que la rentabilidad/revalorización futura debiera pasarse por alto porque ese activo será la casa "donde se vivirá toda la vida" y, por tanto, puede que inicialmente no tengamos ninguna pretensión de venderlo en el futuro obteniendo una plusvalía. En este sentido podemos pensar el inmueble como un bien de consumo duradero.

Y puede que finalmente así sea, pero considero un error no plantear la adquisición del activo en términos de rentabilidad futura. Y es que la vida es muy larga. Podemos necesitar enajenar el inmueble por múltiples y diversas razones (problemas con los vecinos, que tengamos que cambiar de ciudad por motivos laborales, que nos deje de gustar el barrio, que queramos o necesitemos cambiarnos a un inmueble diferente). No tener en cuenta esto significa pensar en un futuro lineal y estático, lo cual es un grave error y conlleva mucho riesgo futuro. Por lo tanto hay que pensar también en los futuros rendimientos económicos, aunque inicialmente no sea un factor que nos interese.

En esta línea, no podemos negar que la mayoría de las personas compraron con la arriesgada idea de que "los pisos siempre suben" y en los últimos tiempos de la burbuja inmobiliaria alardeaban de sus ganancias latentes ("compré el piso a 225 mil y ahora vale 300 mil euros"). Probablemente si hubieran contemplado la posibilidad de que el valor del inmueble pudiera descender, muchos no se hubieran aventurado a hipotecarse de por vida.

Insisto, una vez más, que invertir en un inmueble exige conocer una serie de hechos y analizar una serie de factores con profundidad y dedicación. De lo contrario, podemos descalabrar nuestra economía doméstica.

El riesgo de liquidez. Los inmuebles son bienes ilíquidos. La inversión en un inmueble supone renunciar a la liquidez. Es difícil enajenar el activo y disponer de liquidez en el momento justo que la necesitemos. Si nuestra necesidad de liquidez es muy urgente, generalmente nos enfrentaremos a notables pérdidas al vender el inmueble. Lo cual es un factor más a tener en cuenta antes de hipotecarse de por vida.

Por último, el riesgo sistémico. Por si el resto de riesgos no eran suficientes, existe el riesgo "inevitable" de formar parte del mundo y, por tanto, de encontrarnos en una etapa del ciclo económico como la actual en la que la crisis económica afecta a todos los productos, pero todavía más al sector inmobiliario.

Habiendo considerado estos factores debe quedar patente que la compra de la vivienda habitual es la inversión con más riesgo que una persona normal puede tomar (sobre todo por el riesgo financiero), y que por este motivo, no todo el mundo puede permitirse tener casa en propiedad.

Esta es una de las razones por las que alquilar no supone tirar el dinero. Alquilar significa adquirir los servicios de habitación mes a mes, mientras que comprarla es adquirir todos los servicios de los próximos 40 años de golpe. Alquilar elimina el riesgo financiero, la posibilidad de poder hacer frente a nuestras obligaciones. Si estoy alquilado y pierdo mi trabajo puedo renegociar mi alquiler, mudarme a otro piso con un alquiler ostensiblemente más barato, irme a vivir con familiares o incluso alquilar un piso con otras personas para aminorar más el coste. Todo ello hasta que mi situación laboral mejore. Pero no arrastro un pasivo financiero colosal. Esto pudo haber sido la salvación de la mayoría de familias que actualmente se enfrentan a desahucios.

De poco sirve echar la culpa al banco ahora. Si bien es cierto que éstos dieron la posibilidad de endeudarse masivamente debido a la expansión crediticia orquestada irresponsablemente por los bancos centrales, nada debe eximir de su responsabilidad a los que se aprovecharon del crédito y realizaron esa inversión.

Y es que no hay nada malo en querer tener una vivienda en propiedad. Tampoco hay nada perverso en aprovecharse de las oportunidades que brindaron las entidades financieras. Lo negativo es haberse metido en inversiones cuyo riesgo financiero era prácticamente insalvable en muchísimos casos. A partir de aquí, el desastre.

Una huelga para exigir que todo siga igual

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Pocas cosas más conservadoras pueden verse por las calles que una manifestación de sindicalistas defendiendo sus privilegios. El 14-N vivimos -o padecimos- otra jornada de huelga en la que las diferentes organizaciones sindicales exigían que el gobierno no recortara los gastos por los que nos hemos endeudado y no somos capaces de devolver.

La visión estática que tiene la Izquierda de la economía es propia de épocas prehistóricas de tribus que se dedicaban a la recolección; la riqueza es un bien dado como un gran pastel que no se crea pero que hay que repartir. En este juego de suma cero necesariamente tiene que haber ganadores y perdedores, pues si uno es rico, lo es a costa del pobre y en ningún momento se plantea por qué ha llegado cada cual a esa situación. Dentro de esta lógica los recortes implican que esas partidas se destinan a otros menesteres y la única forma de aumentar los ingresos del Estado es subiendo los impuestos.

En los momentos de bonanza en los que el Estado de Bienestar repartía prebendas a diestra y siniestra no había motivos aparentes para la queja, pero en realidad, en esa mala asignación de recursos que alimentó las tres burbujas (financiera, productiva y estatal, siguiendo a Juan Ramón Rallo), se encontraba la propia inviabilidad del sistema. Quienes salen a la calle defienden sus derechos consolidados por esas tres burbujas y se niegan a iniciar el duro pero necesario regreso al mundo real.

Manifestarse para que todo siga igual cuando el nivel de gasto no puede mantenerse es una postura infantil e irresponsable de corto recorrido. Durante casi dos décadas se han acostumbrado a incrementar sus privilegios y la frustración de las expectativas irreales pueden convertir sus sueños en nuestras pesadillas. Nos acercamos al punto de inflexión en el que los socialistas de todos los partidos y en particular quienes controlan los sindicatos deben optar por la responsabilidad o echarse al monte. Tanto el discurso de los socialistas de izquierdas como el de los de derechas está agotado y la alternativa a ambos no es otra que el liberalismo.

La gente parece dispuesta a trabajar duro para salir adelante tal y como parecen indicar los datos que apuntan a un escaso seguimiento de una huelga general que solo conseguía parar la actividad laboral al paso de sus piquetes "informadores". Y ese esfuerzo tan solo necesita que los políticos no les pongan trabas, instigados por los reaccionarios que quieren conservar sus privilegios a cualquier precio.

España puede ser un país muy rico

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Decir que España no se caracteriza, precisamente, por ser un país liberal y, por tanto, netamente capitalista no es ninguna novedad, pero demostrar que puede llegar serlo mediante la puesta en marcha de reformas concretas sí. Y en esto radica la novedad y, por ende, el valor añadido del reciente libro Un modelo realmente liberal, de la editorial LID, en el que se recogen 33 medidas concretas elaboradas por una veintena de autores bajo la inestimable coordinación de Juan Ramón Rallo.

España ocupa a día de hoy el puesto 136 del ranking mundial sobre facilidad para hacer negocios, una nota pésima que, por desgracia, demuestra claramente la ausencia de libertad de la que adolece la economía nacional en múltiples ámbitos, desde la garantía de los derechos de propiedad hasta la regulación laboral o energética. En este sentido, no es casualidad que los países que lideran dicho ranking disfruten, al mismo tiempo, de una elevada riqueza, alto nivel de desarrollo y, en general, una fuerte pujanza económica. Ahora bien, para transitar del puesto 136 al top ten de la citada lista no basta con aplicar meros retoques, del todo inútiles, en la arquitectura institucional del país sino que, muy al contrario, se trata de reformar de arriba abajo el actual modelo.

Esta obra incluye algunas de las propuestas cuya implementación permitirían transformar España en una potencia económica de primer nivel, llegando así a situarla entre los países más ricos del mundo en pocos años. Pleno empleo, una banca sólida y estable, vivienda asequible, una organización territorial eficiente y responsable, independencia energética, electricidad barata, menor presión fiscal, una economía competitiva y floreciente, una educación de alta calidad, una sanidad más barata y eficaz o unas pensiones elevadas no son sueños inalcanzables para los españoles. Tan sólo es cuestión de aplicar las recetas adecuadas.

El libro se divide en cuatro bloques: Estado de derecho, Estado del Bienestar, sistema económico y libertades civiles. La razón es que, lejos de lo que se piensa, el liberalismo no es sólo economía, ni mucho menos, sino una amplia y profunda corriente teórica que abarca todos los aspectos de la acción humana. En cada uno de los capítulos, los autores explican las reformas concretas que se deberían poner en marcha para abrazar sin ambages ni complejos el capitalismo, permitiendo así al individuo un margen de actuación desconocido en la historia del país. Y todo ello, desde una óptica práctica y posibilista, argumentando con datos y experiencias aplicadas en otros países cada una de las medidas a realizar. En definitiva, España ya cuenta al menos con un libro que muestra el camino a seguir para avanzar hacia un país mucho más próspero y rico.