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El Bicentenario como culto a la personalidad

Finalmente, supimos qué le pasaba al dirigente venezolano. Se trataba de una operación que contenía elevadas dosis de dificultad, las mismas que él ha empleado a posteriori para generar el culto a su "arrolladora personalidad". En un posoperatorio récord, Chávez saltó de La Habana a Caracas para dirigir el desfile militar con el que se conmemoraba el II Bicentenario de la Independencia.

Este modus operandi recuerda al de Kim Jong Il en Corea del Norte, un habitual de la duda médica y del recurso a la ostentación militar, aunque esta última suele llevarla, en ocasiones, al terreno de los hechos prácticos. En su día, también la URSS apelaba con frecuencia a la opacidad cuando de informar de la salud de sus dirigentes se trataba; una vez que todo se había "normalizado", entraba en escena un gran desfile del Ejército Rojo.

En Caracas, por tanto, apareció el auténtico caudillo populista. Vayamos por partes. Para empezar, cuando Chávez describía cómo discurrió la intervención médica, parecía estar narrando una batalla militar en la que, como no podría ser de otro modo, el éxito estuvo de su lado, ayudado en su empresa por los servicios médicos cubanos en forma de soldados, metafóricamente hablando.

En este último punto debemos detenernos puesto que si hay una sanidad ideologizada en el mundo, esa es la cubana, de tal modo que su brillantez y eficacia están al servicio de un fin mayor: la legitimación del Castrismo. De la misma manera, el hecho de que Chávez optase por médicos cubanos pone también de manifiesto que los servicios médicos venezolanos presentan importantes deficiencias. No es algo nuevo, pues de todos es sabido que el trueque, como modelo económico, caracteriza las relaciones Cuba-Venezuela. Así, desde el país caribeño se envían ingentes cantidades de petrodólares (ahora menos) a cambio de que soldados y médicos de la Isla se establezcan en Caracas para efectuar "labores de asesoramiento".

El segundo punto a tener en cuenta es el desarrollo del desfile. En el mismo, la megalomanía de Chávez le llevó a distorsionar la realidad con reiteradas apelaciones al "pueblo", a China o a Rusia. Consecuentemente, mezcló, como diría un castizo, churras con merinas con la finalidad de mostrar que su proyecto político está más vivo que nunca. Sin embargo, pasó por alto las importantes carencias de su población, que van desde las de tipo alimentario hasta las de seguridad.

Tercer punto: los voceros de Chávez, internos y externos. Dentro de los primeros, destaca su mano derecha, el Vicepresidente Elías Jaua, quien exaltó la labor del ejército, hablando incluso de una unión cívico-militar en la construcción de una Venezuela mejor. Para ello estableció una curiosa relación: la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas para ayudar a aquellos campesinos que habían sufrido desgracias naturales y sociales producto del capitalismo.

Evidentemente, en un evento como el II Bicentenario la soflama anticapitalista tuvo su espacio propio así como la diatriba antinorteamericana. Esta última corrió a cargo de Dafne Carreño (Agregada Militar de Venezuela en Cuba), que insistió en la vieja leyenda de que Estados Unidos quiere dominar a América Latina y que, por tanto, celebraciones como el II Bicentenario ilustran la oposición, en forma de rebeldía, a que tal hecho tenga lugar.

Es curiosa la insistencia en la verborrea antinorteamericana practicada por el Chavismo cuando la realidad ofrece datos que van en la dirección contraria. En efecto, Centroamérica recurrió, o por mejor decir, imploró recientemente la ayuda (económica) de Estados Unidos para intentar doblegar a la violencia y al tráfico de drogas. Esta misma semana Ollanta Humala habló de mejorar la relación con la Casa Blanca partiendo de la base de que aquélla era buena. La suma de ambos hechos da como resultado que el número de socios del proyecto albista permanece estancado.

En definitiva, Venezuela bajo Chávez sigue apostando por la combinación de populismo cortoplacista y componente mediático. El resultado es la descripción de un panorama que poco tiene que ver con la realidad y que, en última instancia, agrava los problemas de sus compatriotas.

La agencia de calificación europea: juez y parte

Las agencias de rating reciben en estos días todo tipo de críticas. La publicación de rebajas en la evaluación de la deuda portuguesa justo antes de la oferta de deuda portuguesa y española en los mercados ha sentado fatal. De nuevo.

Casi está en la calle la pregunta airada "¿pero esta gente quiénes son?". Es generalizado el malestar en Europa.

Pero estas agencias llevan muchos años funcionando: Moody’s, por ejemplo, funciona desde el año 1909 y está presente en España desde principios de los 90. Y se nos olvida lo encantados que estábamos cuando hace diez años las calificaciones de estas agencias favorecían la efervescencia de los mercados.

Tras la crisis financiera, muchos nos quedamos perplejos por la ceguera de quienes, supuestamente, eran los vigilantes, quienes tenían que haber denunciado la toxicidad de las inversiones que desencadenaron el caos. Y fue entonces cuando también muchos nos preguntamos si había intereses creados.

Pero en general, nadie señaló con el dedo a las agencias de rating, sino que todos los dedos acusadores apuntaron a los mercados, la codicia, y casi al "lobo feroz". En realidad, quienes tenían interés en mantener el furor financiero eran los propios gobiernos, que también participaban en ellos, y quienes, además, aprovechaban el oleaje para alardear de crecimiento y aumento de la actividad económica, poniéndose una medallita en la pechera.

Ahora, cuando una palabra a destiempo puede desencadenar una escalada de los diferenciales de deuda entre las deudas de los países más quebradizos y el bono alemán a 10 años, todos miran a Moody’s, a Fitch o a S&P y reclaman que se rompa el oligopolio de las agencias de evaluación. Ahora, cuando el daño está hecho. Ahora, después de haber sacado partido de ese oligopolio hace diez años.

No seré yo quien defienda ningún oligopolio. Pero sí quiero llamar la atención sobre un hecho. Una lectura de las páginas web de agencias como Moody’s nos da un punto de vista diferente:

·Las obligaciones con la misma calificación no tienen por qué tener la misma calidad crediticia. Hay otras muchas variables que determinan la calidad del crédito.

·Como las evaluaciones estás diseñadas con el único propósito de clasificar en un ranking de acuerdo con la calidad del crédito, no deben utilizarse como única base para operaciones de inversión. Por ejemplo, no tienen valor alguno en la predicción de la dirección de tendencias futuras de los precios de mercado.

·Las evaluaciones no se construyen como recomendación sobre el atractivo de las inversiones. Las inversiones son más o menos atractivas dependiendo de un ramillete de variables que exceden la misión de las evaluaciones.

·En cuanto que las evaluaciones implican juicios acerca del futuro y dado que son utilizadas por los inversores para protegerse, se hace hincapié en contemplar el peor de los escenarios posibles en el futuro "visible".

No parece, por tanto, que estén engañando a nadie. Las mismas agencias no pretenden ser más que un termómetro que señale el peligro para que los inversores puedan cubrirse y son conscientes de sus limitaciones. ¿Entonces?

Los mismos que años atrás anunciaban en titulares la bondad de las acciones gubernamentales basándose exclusivamente en una triple A, ahora recriminan a las agencias. Cuando, en realidad, fueron ellos quienes inflaron la percepción del público respecto a los rankings de las agencias de rating.

¿Cuál es el objetivo final de este desprestigio tan hipócrita de los evaluadores?

Ser juez y parte: la creación de una agencia de rating europea para evitar que la deuda soberana de los países menos sólidos obtenga una mala calificación es falsear la realidad para que los mercados compren deuda como sea.

Es un escándalo avalado por todos los que se han tragado el anzuelo lanzado por los gobiernos afectados: no solamente los de los países al borde de la quiebra, sino también los gobiernos que tienen en su haber deuda de estos países "enfermos".

Es tan escandaloso como pedirle a los alumnos que se califiquen a sí mismos o a los delincuentes que se impongan su propia pena.

Muy a tono con el signo de los tiempos que corren.

¿Qué puede hacer un cargo público si se tiene por liberal?

No cabe duda de que un liberal en política tiene problemas, y más si se atiene a las teorías austriacas sobre la administración y las políticas públicas. Pero no se carga de tensiones a causa de sus premisas sino porque el sistema de partidos vigente en el continente europeo y, especialmente en España, tiende a servir al estado omnipotente a la vez que se sirve de él.

No obstante, somos algunos los que apostamos por un modo útil a la vez que ético de concebir la política. Es decir, somos algunos los liberales que queremos ejercer de tales desde un cargo público. Que no sea fácil no implica imposibilidad. Aportaré lo que creo conveniente y lo que por experiencia sé o creo saber acerca de qué se puede hacer.

En primer lugar, ha de tener claro que un liberal ha de apostar siempre por un modo concreto de dirimir la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Dicho claramente y al modo de José María Aznar, un político tiene el deber de reducir el tamaño de la administración en cada oportunidad que tenga. Y, añado, diariamente las tiene. El mercado es siempre, si se le deja tiempo y no se le torpedea con intervenciones sutiles o abiertas, mejor suministrador de bienes de todo tipo que la administración pública.

En segundo lugar, siempre que se enfrente con el problema de lidiar con una subvención, siempre ha de reducirla o, si puede, suprimirla.

En tercer lugar, siempre que se enfrente a una regulación, ha de abrirla, ha de eliminar las barreras de entrada al sector que se trate, sea económico, cultural, social o de beneficencia. La competencia sólo es posible sin barreras de entrada y cualquier regulación tiende a restringir el número de competidores. Esta apertura, esta eliminación de barreras, suprime, además, la acción de los grupos de presión y les impide alcanzar su objetivo: captar rentas del consumidor en su perjuicio o, directamente, de la administración. Además, la apertura reduce las oportunidades para los corruptos.

En cuarto lugar, siempre que se encuentre ante la posibilidad de reducir el gasto, ha de hacerlo. Para ello, la primera víctima de la reducción ha de ser el mismo cargo público que la propugna.

En quinto lugar, cuando se enfrente a la exigencia de realizar una obra de infraestructura ha de analizar quiénes son los sectores sociales directamente beneficiados y quiénes saldrán perjudicados en términos relativos. Una infraestructura puede elevar las rentas y los precios en un sector en detrimento de quienes no ven elevadas sus rentas, pero sí sufren el aumento de precios. Ese análisis ha de hacerse público. Todos retratados.

En sexto lugar, cuando tenga que tratar cuestiones anuales de presupuestos públicos, ha de optar siempre por la rebaja impositiva drástica, acompañada de la consiguiente rebaja del gasto. Ha de ser lo suficientemente consistente defendiendo que lo primero beneficia a la mayoría y que lo segundo sólo perjudica a unos privilegiados.

Todo ello parece difícil, pero solamente hay que tener la consistencia política suficiente y, a medio plazo, abrir las listas electorales rebajando el poder de las cúpulas de los partidos.

El barón que democratizó la escritura

El bolígrafo es el descendiente simplificado de la pluma estilográfica. Poco se sabe de aquellos innovadores o diseñadores que alteran la manera de hacer las cosas en nuestra vida cotidiana. László Bíró y su hermano György patentaron en 1938 en su Hungría natal el bolígrafo moderno que contenía sus dos elementos esenciales: la punta en forma de bolilla metálica y una clase de tinta pegajosa que no se secaba en el tanque, pero que sí lo hacía en el papel. Judíos los dos, huyeron en abril de 1940 hacia la acogedora Argentina de entonces para escapar de la insania nazi. Allí montaron con un amigo también húngaro una empresa para perfeccionar y comercializar su invento, lo que entonces se conocía como birome.

Los hermanos Bíró recibieron en plena guerra mundial miles de pedidos para el esfuerzo bélico de los gobiernos británico y estadounidense. Su birome no goteaba en los aviones de combate a grandes alturas a diferencia de lo que sucedía con la estilográfica. Sin embargo, acabada la contienda, su empresa quebró por falta de financiación y una inadecuada gestión.

Comenzó entonces otra dura batalla, esta vez comercial, entre diversas compañías –mayormente norteamericanas- por hacerse con la primacía de la explotación del utensilio con la bola gráfica. Los primeros empresarios que se hicieron con su patente no lograron aumentar sus ventas debido a pequeños fallos en la producción de sus modelos y, sobre todo, por los altos precios de sus bolígrafos (llegaban a costar hasta 100 dólares por unidad), lo que los hacía prácticamente inaccesibles para la mayor parte de la gente.

Esto iba a cambiar pronto. En 1950, Marcel Bich, un emprendedor italiano naturalizado francés e hijo de una baronesa, conocedor del invento de los hermanos Bíró, viajó hasta Argentina con el fin de comprarles su patente para Europa. Marcel tenía a la vez un refinado gusto aristocrático y un interés por todo lo tecnológico. Cerró el trato y empezó por su cuenta y riesgo a dotar al artefacto escribiente de una mayor agilidad y soltura.

Diseñó una punta cónica rematada por una bolita de carburo de tungsteno para regular el flujo de tal forma que acabara de una vez por todas con los típicos y molestos manchones. Lo presentó con un cuerpo hexagonal alargado de poliestireno transparente y, dentro, un tubito de plástico lleno de tinta acompañado de un sencillo tapón y una capucha de su mismo color. Estas mejoras, aparentemente nimias, le valieron su fama. En 1952, salió de su fábrica el primer bolígrafo con la marca BIC, derivada de la pronunciación de su apellido, al que le quitó la "h" final (más que nada para evitar la indeseable confusión fonética con la palabra inglesa bitch, esto es, zorra).

Enseguida los mercados europeos se le quedaron pequeños. En 1956 se dirigió al mercado mundial (es decir, al resto de los humanos) con su filosofía de "ofrecer el máximo de servicio al mínimo precio". Compró la compañía estadounidense de plumas Waterman y logró con su Bic imponerse en toda América, Australia y África. Ningún lugar del mundo se resistía a esa maravilla de simplicidad. Escribir nunca fue tan fácil, rápido y, sobre todo, barato. El barón logró popularizar el uso del bolígrafo, anhelo de los Bíró, al desarrollar un bolígrafo desechable de bajo coste. Ante el creciente aumento de las ventas, Bich consiguió que el precio bajara aún más. De los 100 dólares que podía costar un bolígrafo en 1945, Marcel los pudo ofrecer a 4 ó 5 dólares. Para 1960, los BIC ya costaban entre 29 y 69 centavos de dólar, dependiendo del modelo, y se impusieron como los preferidos en todo el mundo por su sencillez y por durar un año o el equivalente de dos kilómetros de escritura.

La producción inicial de 1.000 unidades diarias aumentó en tres años a 250.000 por día. Hoy los ordenadores y la era digital en la que vivimos puede que a muchos les haya apartado de este icono del siglo XX y sus hermanos de fatigas pero los datos nos dicen que cada vez se fabrican más estos chismes. Actualmente se venden la friolera de 15 millones de bolis Bic por día en 160 países del mundo. Las cosas que resuelven las necesidades humanas de forma adecuada permanecen en el tiempo.

En 1972 salió a bolsa (de París) su empresa. Fiel el barón a su lema de reinvertir los beneficios, se adentró en otros sectores con la idea de simplificar la vida a la plebe. Fue así como vio la luz el encendedor Bic en 1973 convirtiéndose en el primer encendedor de usar y tirar más utilizado del planeta. Luego, en 1975, plantó cara a Gillette y Wilkinson lanzando también con éxito la primera maquinilla de afeitar totalmente desechable (hoja y mango).

Cosechó empero un fracaso con los perfumes y está por ver si prende o no su incursión en el mundo de los deportes de agua o del móvil (Bic phone). Errar, no obstante, es algo asumido para una empresa que hace de la experimentación una de sus pasiones, si bien parece que se tiene claro el no correr riesgos para los que no hay dinero o colchón financiero suficiente.

Antes de dejar su cargo como presidente del grupo empresarial, viendo cercana ya su inevitable muerte, el Sr. Bich animó a sus socios a dar responsabilidad a los empleados de sus diversas compañías y les alertó muy seriamente sobre la creciente burocracia a la que calificó como la enfermedad de nuestro tiempo. Cosas de la aristocracia emprendedora…

El proyecto cultural de Bildu

La decisión del Comité de Selección de la Capital Europea de la Cultura 2016 de otorgar la sede a San Sebastián ha provocado un fuerte descontento en el resto de sedes, en buena parte de la ciudadanía española y otro problema político más para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La polémica radica en el cambio político que se ha producido en la alcaldía de la capital vasca después de las últimas elecciones municipales. La nueva marca de la banda terrorista ETA, Bildu (después de su polémica legalización por el Tribunal Constitucional), ha tenido un éxito sin precedentes, éxito que ha pillado al propio Gobierno central, valedor en la sombra de la decisión judicial, por sorpresa. No tengo muy claro que este resultado haya sido del agrado del presidente Zapatero y del candidato a las Generales, Rubalcaba, ministro del Interior. Todo hace pensar que esperaban un resultado mucho más modesto. Pero Bildu ha triunfado donde ETA tiene fuerte apoyo social, hasta el punto de que la Diputación de Guipúzcoa y la alcaldía de San Sebastián están dirigidos por la coalición proetarra.

La pérdida de la alcaldía por parte del PSOE -Odón Elorza era alcalde desde 1991- y la ascensión de Juan Carlos Izaguirre hacían pensar que San Sebastián no iba a ser elegida y lo sería alguna de las otras cinco ciudades españolas candidatas: Segovia, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba o Zaragoza. Era tan seguro que los responsables de la candidatura cordobesa estaban convencidos de su triunfo unas horas antes del fallo.

Los alcaldes de Burgos y Córdoba dudan ahora de la objetividad de los argumentos y piensan que se trata de una decisión política apresurada. El alcalde de Zaragoza ha amenazado con acudir a los tribunales. Las dudas sobre la imparcialidad del jurado internacional, la presencia de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y pasados favores del PNV al Gobierno de Zapatero hacen sospechar de una decisión dirigida.

Sin embargo, se pueden aparcar ciertas diferencias si los ingresos son lo suficientemente jugosos. Todos los partidos vascos del gobierno municipal, Bildu, PNV, PSE y PP, se han apresurado a defender la candidatura y a asegurar que es colectiva. Y es que no hay que olvidar que estos eventos suponen una fuerte inyección de inversiones públicas que “transforman” la ciudad y “ayudan” en su desarrollo. Al menos, el de los comisionistas y las empresas cercanas al poder.

Sin embargo, lo más preocupante radica en el carácter totalitario de Bildu-ETA, porque esta decisión le ha dado una ventana internacional al terrorismo y su proyecto político. Juan Carlos Izaguirre ha sido muy claro:

“Se impulsará nuestra lengua y cultura y un periodo de normalización, en el marco del respeto democrático a todas las personas y pueblos”.

Lo que Bildu busca y probablemente pueda conseguir con la capitalidad cultural es la mejora de su imagen internacional, incluso una legitimación de su proyecto, incluyendo su violencia y terror. No sería la primera vez que un grupo totalitario recurre a las expresiones culturales para conseguirlo. Probablemente, el caso más espectacular sea el de la Alemania nazi y las Olimpiadas de Berlín de 1936. Para la ocasión, el régimen recurrió a la mejor escenografía y a todo su arsenal de triquiñuelas propagandísticas para ofrecer al mundo una imagen muy distinta de lo que era. Por una parte, transmitió un reflejo de su poderío y organización y, por otra, cierta tolerancia frente a judíos y otros grupos étnicos, evitando altercados y suspendiendo temporalmente las persecuciones que, tras el evento y como no podía ser de otra forma una vez logrado su objetivo, intensificó.

Bildu puede utilizar la capitalidad para lograr estos objetivos. Transmitir la imagen de una “rica y ancestral” cultura oprimida, con lo que lograría despertar penas y simpatías entre los visitantes y ofrecer, a la vez, una imagen de falsa tolerancia, donde, al contrario de lo que suelen decir los “maquetos”, se puede vivir sin problemas. La organización lograría esta legitimación exterior a través un acto cultural. La propaganda es una herramienta muy poderosa y, una vez más, la cultura puede servir a un movimiento totalitario.

La situación no es fácil para el gobierno socialista, ya que cualquier medida que suponga arrebatar a San Sebastián la recién estrenada capitalidad sería presentada desde un punto de vista victimista y ayudaría a transmitir una imagen de intolerancia y de opresión de los “españolistas”. Además, Bildu-ETA tiene muy claros sus objetivos, mientras que los partidos no saben lo que quieren y, ni mucho menos, cómo. Hay que reconocer que la capacidad del Gobierno de Zapatero para meterse en charcos está cada vez más desarrollada.

Democracia económica, imperio y opinión pública

Pese a la degeneración semántica del término, democracia equivale, a grandes rasgos, a aquel régimen político que se caracteriza por un sometimiento de la formación y la acción del gobierno al control y refrendo popular. Un gobierno democrático no conlleva que todos y cada uno de los miembros de la comunidad política sean partícipes activos y persistentes en las decisiones que afectan a lo común. Democracia no significa un predominio absoluto de lo general sobre lo particular, la extensión de lo político sobre el resto de órdenes o la colectivización del patrimonio y la cultura.

La opinión pública, liberado el dogma moral y religioso del monopolio eclesiástico, alcanzó su apogeo de forma paralela a la consolidación de la prensa libre. Cualquier régimen desde entonces ha quedado sometido a un tipo de opinión que establece tendencias y consolida cambios que han sido imposibles de contener por la autoridad pública. El contenido que se desprenda de dicha creencia compartida hará oscilar el sentido común en una u otra dirección.

No obstante, el apogeo de las ideologías, en plena decadencia del proceso liberal de la opinión pública, ayudó a reforzar, extender y dotar de un inmerecido halo científico a opiniones y meras creencias. En el orbe económico este fenómeno se tradujo en que el estudio y comprensión de los fenómenos sociales, en sentido amplio, quedara, por siempre, supeditado a la voluntariedad política. Esta tendencia, aunando fuerzas con el cientismo imperante y la ética constructivista que introduce el estatismo, hizo más fuerte la creencia general sobre la necesidad, e incluso la deseabilidad, de que el Estado interfiriera en la forma de vida del individuo, así como en sus intereses particulares. El imperio (político) pasó a sustituir al dominio (jurídico/económico).

Veamos las contradicciones que encierra el concepto de “democracia económica”. El socialismo ha unido estos dos términos, utilizando “democracia” como sinónimo de igualdad material, compensación intersubjetiva, redistribución de la renta… Lo cierto es que la única democracia económica que no resulta contradictoria con el significado y el sentido que encierran estas palabras es aquella en la que el Estado se abstiene de intervenir, permitiendo que sean los propios individuos, fundamentalmente adoptando la posición de consumidores, quienes determinen el éxito empresarial y el destino de la producción. Los agentes que intervienen en el mercado intercambiando bienes, persiguiendo fines particulares y definiendo las instituciones sociales de forma no deliberada y a través de las consecuencias no queridas que se derivan de sus acciones racionales, no actúan gracias al principio político de la imposición, sino al estrictamente jurídico-económico del dominio plural, real, limitado y competitivo sobre aquello que resulta apropiable.

El imperio, como poder inapelable, excluyente y absoluto, es una manifestación genuina del poder político, ahora en manos del pueblo, que es quien en situaciones de excepcionalidad respalda el liderazgo y la opinión (consenso social como hecho prepolítico) que termina por definir el estado político, moral y económico finalmente constituido (poder constituyente).

En el mercado, las relaciones sociales se definen en función de otro elemento, el dominio, que no es absoluto, tampoco inapelable y mucho menos exclusivo. La propiedad, partiendo de una esencia relativamente clara y definida, evoluciona como institución garante del interés particular, la libertad individual y el orden jurídico. No lo hace de forma dogmática e imperturbable, sino como una institución dinámica y flexible, pero consistente, que se fundamenta en la exclusión integradora, al contrario que la soberanía política.

Hablar de la vigencia de una “democracia económica”, excluyendo por completo la “soberanía del consumidor”, subvierte el orden económico. Se trata, como ya se ha visto, de enfrentar dos tipos de poder (N. Matteucci): por una parte, la soberanía política, que es exclusiva, absoluta y no derivada, y se ejerce a través del Estado de manera imperativa (real y personal), y por otra, la soberanía de los consumidores, que es un poder descentralizado, plural, y así, limitado, competitivo y dinámico, traducido en forma de dominios parciales sobre bienes ciertos y determinados.

En la teoría de órdenes (D. Negro), sólo el Derecho, u orden jurídico, somete al económico, y nunca a la inversa, como también lo hace con el político, convirtiendo el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres en requisito indispensable para que un régimen pueda ser considerado “liberal”. En esta situación, la legislación no pretenderá (ni tendrá competencia para ello) suplantar la esfera de lo jurídico (el Derecho), quedando relegada a las normas que sean internas y funcionales de la administración de lo común.

La alternativa, sencillamente, nos devuelve a un estadio similar a la expresión más oscura y regresiva del Medievo: la unidad de la opinión y la persecución inquisitorial del discrepante. De alguna manera, la revolución protestante termina cuando en el interior de la opinión pública afloran hasta dominarla prejuicios y supersticiones morales y económicas que germinan en forma de “pensamiento único”.

Si entendemos democracia económica como la posibilidad de que la política interfiera en lo económico a través del ejercicio del Imperio, el dominio plural, bien desaparece, o, en el mejor de los casos, queda desnaturalizado y sometido. Empero, esto no implica que la soberanía económica pase de manos de todos a manos de uno (un reverenciado Estado social que representa cierta racionalización del interés general). En realidad, el Estado industrial es orgánicamente complejo, múltiple y un instrumento al servicio de intereses particulares organizados en grupos de presión. El mito del interés general se desvanece sin más (N. Matteucci).

La ingenuidad pseudocientífica que se desprende de toda construcción teórica monista y perfeccionista, que atribuye a la centralidad política, con mayor o menor intensidad, la capacidad de coordinar, armonizar y mejorar la eficacia de todos los órdenes (Hayek), se ha convertido en dogma de fe para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que variando en sus opiniones, comparten este núcleo fundamental. Se unen, de este modo, una mala ciencia, o una ciencia deficiente e incontrolable (Popper), que teoriza sobre la capacidad del Estado para mejorar la coordinación social, y una opinión pública idiotizada, que se cierra en banda ante las propuestas que apoyan la devolución institucional a una dinámica espontánea de formación y definición: libre mercado y dominio plural frente a una organización estatizada soportada por la soberanía política.

Ayau no estará en Doha

Nunca conocí a Manuel Ayau. De hecho, ni siquiera pude asistir a la Cena de la Libertad en 2008, cuando el Instituto le premió con el galardón a una Trayectoria Ejemplar en Defensa de la Libertad. Siempre me ha dado la sensación de que me había perdido algo realmente especial y la lectura de sus libros y artículos acrecienta este efecto. Además, mis compañeros del IJM que le trataron hablan maravillas de él y a mí me queda la frustración propia del que sabe que pudo haber conocido a un hombre excepcional y no lo consiguió por poco.

Pensaba en todo esto el otro día, mientras repasaba un pequeño librillo de apenas una docena de páginas que me dejó Mayra Ramírez a su paso por Madrid. Mayra es una guatemalteca excepcional que trabaja en la Universidad Francisco Marroquín y vino a visitarnos hace un mes para presenciar la entrega del premio de este año a Giancarlo Ibargüen y para ofrecernos su ayuda, su alegría y su extraordinaria capacidad organizativa.

El cuadernillo es un trabajo precioso que, a modo de homenaje, realizaron los miembros de la Marroquín en 2010, al poco de fallecer Manuel Ayau. Como resumen de lo mucho que hizo este enorme liberal, han mezclado fotos de su gran obra (la Universidad) con algunas de sus frases más inteligentes.

Dos de ellas están dedicadas, seguramente no por casualidad, al comercio internacional. Ayau nos descubre algo evidente, pero de lo que no nos percatamos siempre que leemos titulares como “Rusia eleva los aranceles a los productos españoles” o “EEUU protege su industria del acero con nuevas tasas” o “Los Veintisiete acuerdan mantener los cupos de importación de productos agrícolas”. Lo que don Manuel nos recuerda es que “en las discusiones sobre comercio internacional parece olvidarse que quienes intercambian no son los países, sino las personas”.

Los políticos, como casi siempre, toman la parte (sus intereses) por el todo (los ciudadanos) y se envuelven en la bandera nacionalista para justificar el proteccionismo más absurdo y antieconómico. En 2001, se constituyó la Ronda de Doha con la promesa de ser el impulso definitivo hacia la supresión de las barreras comerciales internacionales. Diez años después, las conversaciones siguen en un punto muerto. Hace unos días, se supo que quizás la solución sea cerrar un acuerdo de mínimos que no satisfaga a nadie, pero que permita defender que se ha llegado a un consenso. Es decir, los políticos se harán la foto de rigor y lo celebrarán con una gran fiesta y declaraciones grandilocuentes. Mientras, los productores, los consumidores y los empresarios de todo el mundo lamentarán que los intereses de unos pocos grupos de presión se hayan impuesto a los de la gran mayoría de la humanidad.

En 2008 se reunió en la capital de Dinamarca un grupo de economistas convocados por Bjorn Lomborg. No eran especialmente liberales, pero sí eran inteligentes y estaban dispuestos a pensar en soluciones sencillas para ayudar a los más pobres. Su objetivo era repartir un presupuesto de 75.000 millones de dólares en medidas contra la miseria. El resultado de su trabajo se denominó Copenhague Consensus e incluye programas de entrega de vitaminas, mejora de las redes de agua o ayudas a la escolarización. No estoy de acuerdo en todas sus conclusiones, pero su planteamiento y su forma de trabajar me pareció mucho más interesante que las grandes campañas de ayuda al desarrollo con la que malgastan nuestro dinero los gobiernos occidentales.

Pues bien, la segunda medida más eficaz para luchar contra la pobreza (en mi opinión, sería la primera de la lista), la que menos costaría aplicar y la que más beneficios económicos aportaría cada año es liberalizar el comercio mundial. Según sus cálculos, el coste sería cero y sus beneficios serían de más de 3 billones de dólares anuales en todo el mundo, aunque el 80% de esa cantidad redundaría en el bien de los países más pobres. Me encanta dar esta cifra porque los que llegaron a ella eran una mezcla de economistas de todo tipo y condición (liberales, socialdemócratas…). Existe un consenso generalizado en que el mejor impulso que podría recibir el mundo para salir de esta crisis sería abrir las fronteras y dejar que, como explica Ayau, “las personas” intercambien allí donde “los países” (los políticos) no son capaces de hacerlo.

Un par de páginas más atrás, ese pequeño librillo que me entregó Mayra, tan breve como valioso, me ofrece otra cita de este guatemalteco genial, que veía con preocupación y tristeza cómo su propio país no era capaz de salir de la trampa del subdesarrollo: “Que el intercambio libre sea tan poco comprendido y apreciado constituye, sin duda, una de las principales causas de la pobreza que todos lamentamos”. No tengo nada que añadir. Es una lástima, pero me da la sensación de que tampoco los que han estado, están o estarán en Doha (o donde quiera que se reúnan para la firma final) conocieron a Manuel Ayau.

Los servicios de protección en el anarco-capitalismo

Uno de los problemas clásicos del anarco-capitalismo, quizá el problema por excelencia, es el cumplimiento de las normas. No se olvide que el servicio público por excelencia, aquel que aceptan los liberales clásicos para el Estado mínimo, es precisamente la provisión de servicios de justicia y protección. Es la causa original del Estado: despojémonos de la posibilidad de ejercer la violencia y otorguémosla todos a esta entidad como única forma realista de convivir.

¿En qué consisten los que llamo servicios de justicia y protección? Son aquellos que nos permiten asegurar que se cumplen los contratos y que se respetan nuestros derechos de propiedad. En una sociedad anarco-capitalista, ninguna de estas circunstancias se puede dar por supuesta, como tampoco el suministro de agua o que dispongamos de ropa. La forma concreta en que estas necesidades se satisfagan es asimismo imprevisible para la teoría económica. Lo único que sabemos es que existe tal necesidad (por la observación empírica) y que es el libre mercado el mejor mecanismo para garantizar su satisfacción (por la teoría económica).

Dicho esto, lo primero que cabe decir es que el coste de estos servicios habrá de ser asumido por los beneficiarios de los mismos. Dicho de otra forma, el coste de defender mi propiedad me corresponde a mí únicamente, y no debería poder imponérselo a la sociedad, como de hecho ocurre en presencia de Estado. Lo mismo cabe decir de los costes asociados a la vigilancia y cumplimiento de un contrato.

Si analizamos ahora la decisión del individuo, básicamente confronta dos posibilidades: 1) auto-suministrarse los servicios de protección; 2) contratar con un tercero dichos servicios. Esta decisión no ofrece peculiaridades respecto a otras decisiones del individuo, y se tomará en función de su análisis coste-beneficio subjetivo. Por ejemplo, normalmente no defendemos nuestro billetero mediante un escolta privado; según el valor que demos a nuestro vehículo, somos más o menos reacios a dejarlo en la calle…

La casuística es, como suele ocurrir, muy variada. Por un lado, tenemos a los traficantes de drogas, que se confeccionan su ejército privado para defender sus propiedades (de hecho, muchas grandes empresas tienen sus propios servicios de seguridad) y hacer cumplir sus contratos, en un ejemplo de "tomarse la justicia por su mano"; por otro lado, existen individuos sin propiedad alguna que defender, y que no precisan este tipo de servicios.

Una vez el individuo decide cómo suministrarse los servicios de protección y justicia, surge la pregunta decisiva: ¿cómo se solucionan los conflictos entre individuos? ¿Será siempre por la fuerza? Y de nuevo nos vemos abocados a un análisis coste-beneficio, a realizar en este caso probablemente por empresas especialistas en el suministro de servicios de protección.

Y es que el uso de la fuerza es también costoso. Alguien con un ejército privado puede tratar de apoderarse de los bienes de mi casa, y seguramente lo conseguiría a la vista del servicio de protección que yo me puedo permitir. Es evidente que este acto suyo no es legítimo, pero también lo es que el coste que le supondría el allanamiento de mi morada con sus mercenarios es muy superior al beneficio que obtendría de mis bienes robados. En estas condiciones, parece que ese robo le habrá salido deficitario.

Para compensar los costes de la fuerza, deberá invadir con su ejército propiedades mucho más valiosas que mi casa, las cuales, precisamente por ello, estarán mejor protegidas. A su vez, esto tenderá a hacer crecer los costes de la fuerza necesaria, hasta posiblemente hacer indeseable la invasión en caso alguno.

En estas condiciones de libre mercado, ¿es realista pensar que un individuo va a invertir sus recursos en hacerse con un servicio de protección tal que le permita violentar las propiedades de otros? ¿No creerá que es mejor dedicar dichos recursos a actividades que generen riqueza, la forma más segura de ganar dinero en el mercado no intervenido, en vez de a tomarla por la fuerza?

Aún asumiendo que, por las razones expuestas, no es eficiente para los individuos el uso de la violencia para conseguir sus fines en el libre mercado, sigue existiendo la posibilidad de conflictos por así llamarlos legítimos, en que cada parte cree tener la razón. ¿Se habrá de dirimir dicho conflicto por la fuerza?

Ya se ha dicho que el uso de la fuerza tiene un coste elevado, por lo que las partes tenderán a evitarlo si les es posible. La solución en este caso es acudir de común acuerdo a un juez o a un árbitro, y aceptar el dictamen de este sujeto como vinculante. Como digo, harán eso a priori, al percibir que la solución por la fuerza les puede resultar más costosa.

Pero, claro, una vez dirimido el litigio, la parte perdedora puede tener poderosos incentivos a retomar al uso de la fuerza para evitar las consecuencias de la sentencia. ¿Cómo se evita esto en el anarco-capitalismo? En principio, lo normal es que los individuos en conflicto tengan contratados los servicios de protección con un tercero, por lo que serían estas empresas especializadas las que, en todo caso, tendrían que usar de la fuerza para dar servicio a su cliente. Y no cabe duda de que, ante las perspectivas del alto coste de este uso, la iniciativa empresarial encontraría vías mucho más baratas para solucionar este hipotético problema, como demuestra la teoría económica.

En suma, las reflexiones anteriores apuntan a que la consecución del respeto a los derechos de propiedad y a los contratos pactados no sería un problema insoluble para el anarco-capitalismo. Como, por cierto, no lo es la provisión de ningún otro servicio tendente a satisfacer las necesidades de los individuos. Por mucho que se empeñen los defensores del Estado, no hay razones irrefutables para pensar que los servicios de protección y justicia sean intrínsecamente diferentes a los otros productos y servicios que proporciona el mercado, ni, por tanto, que se hayan de extraer del ámbito benéfico del mismo.

El samaritano ecologista

Con este juego de palabras quiero hablarles de las dos últimas conferencias del Ciclo sobre Economía y Liberalismo que ha organizado el Centro Covarrubias en colaboración con el CEU y la ACdP (y del que ya hemos hecho aquí mismo algún comentario anterior).

Pues bien, a lo largo de este mes de junio tuvimos la ocasión de escuchar a dos grandes comunicadores de nuestro Instituto: Carlos Rodríguez Braun y Gabriel Calzada. El primero nos expuso, con ese estilo suyo tan ameno, una particular lectura de la conocida parábola del buen samaritano: desde una perspectiva liberal, explicaba los distintos personajes que aparecen en este episodio bíblico. La conclusión más interesante podría ser una nueva insistencia sobre la importancia que tienen las acciones individuales en la organización social. Más allá de estados providencias y bienestares sociales que se mantienen por una gestión pública tantas veces ineficiente (y hoy a punto de la bancarrota), Rodríguez Braun insistía en la vuelta a la responsabilidad personal como método más eficiente de cohesión social. El samaritano ayudó al herido por una decisión libre de su conciencia; cosa que, jugando un poco a la historia-ficción, hoy seguramente no pasaría porque todos pensamos que "ya habrá quien se ocupe de él". Es el efecto perverso de la beneficencia pública: que ahoga cualquier respuesta de solidaridad personal.

Sobre esta conferencia ha aparecido un excelente comentario en Religión en Libertad, donde también se recuerda otra brillante sugerencia hipotética de nuestro Catedrático: ¿qué hubiera pasado de haber un Centurión romano controlando la gestión sanitaria y el auxilio social?.. De nuevo, jugando a conjeturar, no cabe duda de que el pobre herido habría muerto abandonado a su suerte: a ver qué judío, samaritano o galileo, se iba a arriesgar al control de un estado invasor y biempensante.

Hablando más en serio, lo que sí podemos avalar históricamente es el gran desarrollo que siempre ha habido en las iniciativas de solidaridad individual. Las personas y las instituciones privadas han puesto en marcha a lo largo de los siglos increíbles ejemplos de hospitales, escuelas o asilos que se mantuvieron al margen del erario público gracias a una ayuda desinteresada. Hasta que el Estado, ese centurión socialdemócrata, las ha ido marchitando a través de leyes, desamortizaciones confiscadoras y todo tipo de intervencionismo (por ejemplo, el sistema actual de los conciertos educativos en España). Así nos va.

La clausura del referido Ciclo tuvo lugar el pasado martes, con una también entretenida sesión de Gabriel Calzada sobre Medioambiente, liberalismo y cristianismo. Aunque para nuestros lectores resultan bien conocidos todos esos argumentos que destapan la falacia del ecologismo intervencionista, siempre es bueno recordar tantos disparates que se han venido extendiendo a propósito del cambio climático, las alarmistas y rabiosamente equivocadas previsiones del Club de Roma, los errores sobre la deforestación y los parques naturales, o toda la cercana política sobre energías renovables, tan sectaria como engañosa. No hay que perder de vista que detrás de esa careta ecológica muchas veces encontramos un misticismo, bastante ridículo en sus planteamientos, de culto a la Pachamama y, por lo general, muy intolerante respecto de otras opiniones (no puedo dejar de citar aquí el reciente comentario de Pablo Carabias sobre las supersticiones contemporáneas).

Precisamente, Gabriel Calzada recordaría al comienzo de su intervención la postura más razonable que se propone desde la inspiración judeo-cristiana: tal como se explica en el Génesis, el hombre fue creado para "llenar la tierra y sojuzgarla". El rey de la creación adquirió el dominio sobre animales y plantas, para desarrollarse como criatura especialmente querida por Dios. Nada malo tiene, por tanto, transformar la naturaleza que está al servicio del hombre. ¿Cuidándola? Por supuesto: es lógico, y es también inteligente. Pero no parece que el Edén fuera un bonito jardín con el cartel de "no tocar"…

Y es que una ecología fundamentalista entra en contradicción con los principios más elementales de la Economía. Como recordaba Gabriel Calzada (citando a Mises), aquí es perfectamente aplicable esa reflexión sobre "la tragedia de los comunes": como ya señalaron nuestros doctores del Siglo de Oro (recogiendo una tradición escolástica anterior), "lo que es de todos no es de nadie". La naturaleza humana lleva a descuidar aquellas cosas que tienen muy difusos sus derechos de propiedad. Un ejemplo claro de cómo se pueden destruir los recursos compartidos es el caso de algunas especies en extinción, como los bisontes, búfalos o elefantes que, gracias a las políticas "liberales" de definición y reparto de derechos de propiedad en algunos países, no sólo subsisten, sino que crecen y se exportan a otros territorios. Al contrario de aquellos animales que quedaron sometidos a la vigilancia "paternal" del Estado; y que se han extinguido a pesar de algunas políticas verdaderamente desquiciadas (¡como la de ocultar francotiradores que disparaban contra los cazadores furtivos!).

Dinero y deuda

Un agente económico distribuye su riqueza o patrimonio entre varias categorías: bienes de consumo, bienes de capital (entendidos como herramientas que sirven para producir otros bienes o proporcionar servicios), activos o pasivos financieros (acciones u obligaciones) y dinero. Los bienes de consumo satisfacen directamente deseos humanos. Las herramientas son productivas, pueden emplearse para generar riqueza. El dinero es inerte, apenas tiene valor de uso, prácticamente sólo tiene valor de intercambio. En la medida de lo posible los agentes económicos intentan economizar en el uso de dinero manteniendo pequeños saldos de tesorería. El dinero tiene un poder adquisitivo estable, pero atesorarlo tiene un coste de oportunidad: los bienes de consumo que no se disfrutan o los posibles rendimientos de las inversiones que no se realizan. Para economizar dinero los agentes económicos pueden recurrir a sistemas de pago que no requieran de su presencia física.

El dinero es el medio de intercambio generalizado, pero esto no significa que el dinero deba estar presente de forma directa e inmediata en todos los intercambios. El trueque es siempre posible, y también se pueden intercambiar bienes y servicios no por dinero sino por promesas de pago de dinero en el futuro, o dar dinero a cambio de la promesa de entrega futura de algún bien o servicio. No todos los intercambios se completan en el momento pagando al contado: algunos intercambios son separados en el tiempo (adelantados o aplazados, diferidos), el pago definitivo no se produce en el mismo instante en que se entregan las mercancías o se proporciona el servicio. En un intervalo de tiempo pueden intercambiarse bienes sin dar o recibir dinero a cambio (se dio o recibió antes o se dará o recibirá después), y también puede intercambiarse dinero sin dar o recibir bienes a cambio (porque se dieron o recibieron antes o se darán o recibirán después). También son posibles los intercambios de dinero presente por promesas de pago de dinero en el futuro (préstamos de dinero).

Un pago por adelantado genera una deuda o compromiso de entrega de un bien o servicio: el vendedor debe el bien al comprador. Una venta con pago aplazado genera una deuda o compromiso de entrega de dinero: el comprador debe el dinero al vendedor. El acreedor tiene un derecho de cobro respecto al deudor; el deudor tiene un obligación de pago respecto al acreedor. Pero los compromisos de pago de dinero (o de bienes) no necesitan siempre cumplirse mediante la entrega efectiva de dinero (o de los bienes): a veces es posible cancelar una deuda con otra deuda de sentido contrario. El pago por adelantado es poco común y es raro poder compensar deudas de bienes o servicios específicos. La venta a crédito es muy común y al ser el dinero un instrumento utilizado de forma universal es relativamente fácil compensar unas deudas monetarias con otras.

Un vendedor puede aceptar un pago aplazado porque quiere garantizar una venta (que si no tal vez no se realizaría) y sabe (o al menos cree) que recibirá el pago en poco tiempo con gran seguridad. Algunos agentes económicos tienen riqueza o la capacidad de generarla pero ocasionalmente pueden no disponer de dinero (o pueden tener dinero pero no llevarlo consigo en el momento de la compra). Las personas compran (gastan dinero) y venden (ingresan dinero), pero la distribución temporal de sus ingresos y sus gastos monetarios puede estar descompensada: es común recibir unos pocos pagos concentrados (el salario de un trabajador, la venta de la cosecha de un agricultor) y realizar frecuentes pequeños pagos (compra diaria).

En la venta a crédito el vendedor o proveedor entrega su mercancía y el comprador reconoce una deuda pendiente de pago. La deuda es una promesa de pago de dinero que el acreedor acepta en la medida en que juzga que el deudor es solvente: es necesaria la confianza del acreedor acerca de la voluntad y la capacidad de pago del deudor; el acreedor da o reconoce crédito al deudor (estima su honradez y su capacidad económica).

La confianza en que los intercambios diferidos se completen satisfactoriamente surge de forma natural en relaciones entre agentes próximos o con contactos frecuentes, repetidos, estables: compradores habituales y tenderos; diversos eslabones de la estructura de producción, suministro y distribución mayorista o minorista. Los tenderos apuntan los pagos pendientes de sus clientes; los proveedores entregan mercancías a cambio de letras de cambio pagaderas a corto plazo.

Un comprador puede generar una nueva promesa de pago para entregársela al vendedor, pero también puede ofrecerle un derecho de cobro ya existente, una promesa de pago que le entregó un tercero: la deuda circula, se acepta como medio de pago; algunas promesas de pago de dinero se usan como dinero. Si los componentes de un grupo de agentes que comercian entre sí compran y venden por el mismo valor económico en un intervalo de tiempo, no necesitan utilizar dinero en sus intercambios si se dan cuenta de que lo que cada uno debe a los demás por sus compras queda compensado por lo que los demás le deben por sus ventas. El dinero se utiliza principalmente como unidad de cuenta y referencia, y se intercambia solamente para saldar las deudas que no puedan ser compensadas.

La deuda no sólo tiene cantidad: también tiene plazo y riesgo. No es lo mismo un derecho de cobro a corto plazo que un derecho de cobro a largo plazo. No es lo mismo un derecho de cobro contra un deudor muy solvente que contra un deudor poco solvente. Las deudas se compensan y anulan entre sí con más facilidad en la medida en que tengan plazos y riesgos semejantes. Normalmente sólo se usan como medio de pago las deudas a corto plazo y bajo riesgo, con buenas garantías, avaladas por personas fiables y respaldadas por colateral líquido (de valor estable y fácilmente realizable).

El uso de deuda como dinero puede estar inicialmente limitado a grupos pequeños con fuertes lazos internos de confianza, como los comerciantes. La banca comercial extiende esta posibilidad a una población más amplia: certifica el crédito de los agentes económicos, emite deuda propia (billetes y depósitos) que puede usarse de forma generalizada como dinero, y compensa las deudas entre sus clientes (y entre los clientes de bancos diferentes mediante las cámaras de compensación interbancaria). El dinero en sentido estricto (monedas metálicas, dinero básico) se complementa con instrumentos de pago derivados (billetes y depósitos bancarios, dinero en sentido amplio).