Los españoles estamos asistiendo a un proceso de cambio institucional que se está realizando de espaldas a los ciudadanos, aprovechando las fisuras normativas que presenta la Constitución Española de 1978 para imponer a los ciudadanos una hoja de ruta de "ingeniería social", con una prepotencia y una inmoralidad que permiten catalogar al régimen que padecemos de partitocracia.
Una errónea Primera Transición hacia la partitocracia
La primera transición se realizó por medio de un proceso constituyente que desembocó en el texto constitucional que fue aprobado por los ciudadanos en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Los "padres" de la democracia negociaron durante meses para integrar a la mayoría de partidos en un régimen democrático multipartidista. Sin embargo, se produjeron excesivas concesiones a los partidos minoritarios de ideología independentista, razón principal por la cual el Título VIII se aprobó sin que se fijasen competencias bien definidas, fijas y estables, entre el Estado central (art. 149 CE y art.150 CE) y el Estado autonómico (art. 148 CE).
Adicionalmente, el "consenso" no instauró un sistema electoral que asegurase un Gobierno de España fuerte (art. 99 CE) y un Parlamento (art. 68 CE) independiente y, por otro lado, tampoco se preocupó de garantizar la independencia del poder judicial (art. 122 CE) dotando al país de elecciones de jueces o, simplemente, de un Tribunal Superior (art. 123 CE) en donde pudiesen actuar jueces con carrera profesional brillante y carácter vitalicio, lo que, desgraciadamente, no sucede en el tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional (art.159 CE).
Si a lo anterior sumamos la carencia de financiación transparente y de democracia interna en los partidos políticos, es fácil comprender las razones principales por las cuales puede calificarse la primera transición de erróneamente guiada hacia una partitocracia. Desde luego, ha proporcionado 30 años de desarrollo económico, gracias principalmente a la incorporación al mercado común europeo y a la acción humana de millones de españoles trabajando con amplias libertades civiles respeto de la dictadura.
Sin embargo, lejos de ser complacientes, debemos observar cómo muchos de los errores constituyentes han permitido la degeneración de la democracia, formándose una casta político-judicial que ha instaurado una partitocracia con el poder político repartido en clanes regionales "autonómicos" que reparten prebendas públicas entre los ciudadanos, organizaciones y empresarios locales, con múltiples casos de corrupción y prevaricación que desprestigian las instituciones y aíslan los partidos políticos, frente a una mayoría de ciudadanos de bien.
Una errónea segunda transición hacia la cleptocracia
Pues bien, ya analizamos cómo la degeneración institucional evoluciona desde una partitocracia hacia la cleptocracia que, en el caso de España, se produce con una constante centrifugación del poder hacia clanes regionales autonómicos. Y este proceso de involución podría ser la principal razón que podría estar impulsando la realización de un segundo proceso de cambio institucional que ha roto el contrato institucional, aprobado en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una amplia mayoría de los españoles, porque ataca el espíritu de la ley base del ordenamiento jurídico español y prescribe la validez de los principales artículos de la Constitución.
De hecho, el Tribunal Constitucional actúa como un tribunal político que está proporcionando la cobertura "legal" a un proceso de cambio institucional que pretende realizar una segunda transición, gradual y errónea, hacia un estado confederal, con integración del terrorismo en las instituciones, con desvertebración territorial, legislativa y presupuestaria y, en definitiva, con constante enfrentamiento futuro entre las regiones.
Hoja de ruta "errónea"
Y resulta elocuente comprobar el silencio de muchos medios de comunicación ante las protestas ciudadanas, actuando como cómplices del Gobierno en su estrategia de ningunear las voces discrepantes.
Tal y como hemos explicado [1][2][3][4], existen alternativas para racionalizar el sistema autonómico y frenar el secesionismo sin necesidad de recurrir a pactos inmorales con delincuentes terroristas.
Según ha avanzado en repetidas ocasiones el ex-Ministro de Interior, el proceso de "ingeniería social" que pretende imponer el irresponsable Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, conduce España hacia un camino de servidumbre al nacionalismo separatista. Permítanme que esboce la probable hoja de ruta del proceso de negociación y rendición frente al nacionalismo separatista que parece contar con los siguientes hitos:
Con el listado de hitos anterior no pretendo reflejar la verdad absoluta sobre un proceso de negociación con el secesionismo. Sí pretendo que el lector visualice el alcance del problema que debemos enfrentar los ciudadanos de bien en España para analizar lo errado de un proceso de negociación con el nacionalismo separatista.
En primer lugar, intentar integrar al terrorismo en una sociedad libre significa no entender la naturaleza psicopática de los terroristas y sus secuaces y, por tanto, no comprender el desafío que suponen las ideologías totalitarias ya que, para sobrevivir intelectualmente, necesitan recurrir a la dominación política de la sociedad mediante la coacción y la violencia sobre los ciudadanos que piensan diferente.
La delincuencia terrorista se combate eficientemente con persecución policial, financiera y jurídica y con cumplimiento íntegro de las penas. Nunca con erróneas negociaciones ni con concesiones políticas que sólo proporcionan justificaciones para que intenten nuevamente la consecución de sus fines políticos mediante la aplicación de más terror en determinados territorios gobernados por políticos susceptibles de arrodillarse y rendirse ante los violentos.
En segundo lugar, intentar reformar una Constitución sin el consenso de la mayoría de la población, que se obtiene vía referéndum, significa no entender cómo funciona una sociedad civilizada, entendida como un orden extenso, abierto y complejo de cooperación humana.
Por ello, muchos ciudadanos de bien consideramos que los objetivos de la errónea segunda transición están diametralmente alejados de los valores morales y la organización territorial de un Estado moderno que arraigan instituciones que permiten una convivencia pacífica entre regiones y ciudadanos.
Invalidación constituyente
Deseo más que nadie que no se cumpla la hoja de ruta que he esbozado, dado que los errores en el marco institucional de un país se pagan caro, cuando las autoridades y la sociedad civil no saben actuar a tiempo, con honestidad, valores morales y sentido de Estado, con inteligencia y una estrategia constitucional a largo plazo.
En el año 1978, la primera transición se realizó con una ratificación legal de los ciudadanos y se buscaba la integración de un amplio espectro político a cualquier precio, pero ya contenía errores de bulto porque se realizó sin tener en cuenta la importancia de ciertas instituciones para el desarrollo de una sociedad abierta.
Y, ahora en la segunda década del siglo XXI, estamos asistiendo al deleznable espectáculo de una errónea segunda transición que se realiza sin contar con la opinión de los votantes –que pagan con sus impuestos los salarios y las prebendas de la casta político-judicial—, por lo que queda invalidada constitucionalmente al no recurrir al Título X que especifica cómo proceder legalmente con una reforma constitucional.
Lo que es más grave, la errónea Segunda Transición se desarrolla contrariamente al espíritu constituyente de la primera transición, empleando un tribunal controlado por políticos para otorgar una pátina de "legalidad" a un espuria hoja de ruta –diseñada para transformar España en una confederación de autonomías que operan como "Reinos de Taifas"—, mediante sentencias que no gozan de los principios judiciales de la independencia o de la imparcialidad, puesto que los miembros del Tribunal Constitucional han sido elegidos por los mismos políticos cuyas leyes y actos administrativos deben enjuiciar.
Punto de inflexión institucional
El paso dado por el Tribunal Constitucional, permitiendo la presencia de la coalición Bildu (*) en las elecciones municipales, muestra claramente cómo la apuesta de la casta político-judicial es un órdago que no se retirará salvo que exista una crisis institucional con miles de ciudadanos en la calle reclamando, un día sí y al otro también, tanto memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo como respeto estricto por el espíritu constitucional de convivencia pacífica ratificado el 6 de diciembre de 1978.
Lo impresentable jurídicamente es que un tribunal político invalide la sentencia de ilegalización de Bildu por el Tribunal Supremo (**) con el pobre argumento de la "insuficiente entidad" de las pruebas presentadas contra ellos, entrando a valorar nuevamente las pruebas ya aceptadas por expertos juristas profesionales, y cuando se presentaron hasta nueve documentos de ETA y formaciones de la coalición, intervenciones telefónicas a miembros de Herri Batasuna, cartas o declaraciones judiciales.
La sentencia del Tribunal Constitucional es como si la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ofreciese cobertura "legal" a las organizaciones y mezquitas afines al extremismo islámico de Osama Bin Laden y su organización terrorista Al Qaeda para que presentasen candidaturas a las elecciones locales, integradas por testaferros de los terroristas, con el objetivo de lograr el poder en municipios y condados desde donde promover el hijadismo, la fragmentación y el odio a los EE.UU.
Nuevamente, veremos cómo aquellas instituciones locales que controlen los testaferros del entramado terrorista de ETA, seguirán otorgando fondos a las organizaciones afines y continuarán amenazando ciudadanos, extorsionando empresarios y arrinconando socialmente a aquellos que, sin ser abiertamente separatistas, pretendan seguir viviendo en municipios intervenidos por el separatismo radical y asesino de ETA.
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