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¿Aquí paz y después gloria?

El aluvión de noticias y los rumores sobre las maniobras que deben subyacer a la sintonía –hasta para expresar la discordia– entre los mensajes del gobierno y los de la banda terrorista ETA impiden ver el bosque de un guión repetido de forma repugnante demasiadas veces.

De nuevo, ante la inminente celebración de unos comicios electorales, se pone en marcha una farsa infame, donde los actores, que son al mismo tiempo guionistas, comienzan la actuación. No cabe duda que uno de los mayores placeres para esta pléyade de pícaros que detentan el poder en España consiste en mantener ese último resorte que distingue al poderoso del débil: reservarse la potestad de pronunciar lo que es legal e ilegal. Estar por encima de la ley. Esto es, actuar de forma arbitraria esgrimiendo la legitimidad que confiere –se apresuran a pregonar estos aprendices de brujo– la aritmética parlamentaria para hacer y deshacer lo que quieran. A menudo, cuando los estigmatizados críticos de estos apaños con una banda de criminales amalgamados por una ideología colectivista y esotéricamente milenarista espetan al primero su "debilidad" frente a los terroristas, yerran ingenuamente el diagnóstico.

Los gobernantes españoles o, mejor, los tiranos a los que los españoles en su conjunto han consentido durante largos años toda suerte de tropelías sin apenas rechistar no son débiles frente a una banda de dos mil miembros activos –y acaso doscientos mil pasivos– que solo en algunas zonas del País Vasco constituye un poder de facto paralelo. Al principio de esta historia, marcada por el error letal de conceder la amnistía a sujetos reos de asesinato en los primeros años de la Transición, pudo esgrimirse que el apoyo de regímenes totalitarios y la falta de colaboración internacional de supuestos países aliados –léase Francia– dificultaban el desmantelamiento de la ETA.

Pero esa coartada se acabó hace bastante tiempo. Una banda, por muchos apoyos que sume entre una población, acostumbrada, por cierto, a observar la impunidad añadida de que gozan los terroristas frente a los demás delincuentes, no puede compararse con un Estado como el español, moderada, pero no rematadamente, ineficaz e ineficiente, como tantos otros.

Éste cuenta con ingentes recursos económicos y humanos y, si sus gobernantes se lo proponen de veras, puede destinar a decenas de miles de policías, centenares de espías y decenas de jueces y fiscales a investigar las actividades de esos terroristas, detenerlos y juzgarlos. Por otro lado, aunque el fanatismo y el mesianismo del que hacen gala los ideólogos de la ETA sea parangonable a los imperantes en otros lugares del mundo donde parecen enquistados, como ocurre en ciertos países iberoamericanos e Irlanda del Norte, también saltan a la vista las diferencias entre las sociedades sobre las que se proyectan. Aunque la insidiosa extorsión de la banda ha destrozado la vida de miles de personas y enviado al exilio a otras decenas de miles, lo cierto es que el País Vasco continúa siendo una región relativamente próspera económicamente y dista mucho todavía de ser el infierno socialista en el Cantábrico que sueñan sus autoproclamados libertadores. Dentro de ese contexto, los etarras tampoco han reclutado masas de asesinos entre jovencitos pendientes de aprobar la enseñanza secundaria obligatoria, por mucho que los programas impartidos durante años de hegemonía nacionalista hayan sembrado de odio y mentiras la conciencia de varias generaciones.

Descartado que nos encontremos ante muestras de debilidad, se hace preciso plantear claramente qué ocurre en España para que sea el único país europeo donde su gobierno no ha relegado a la marginalidad al principal grupo terrorista local. Siempre dispuestos a saltarse la ley de una manera u otra, recordemos que los dirigentes actuales de la PSOE, herederos del GAL pero investidos de manos libres gracias a su mesianismo socialista, han ensayado políticas nada improvisadas para moldear la mentalidad de los españoles y exprimir las posibilidades del sistema electoral actual, urdiendo una trama de apoyos externos a su grupo que les permita detentar el poder en el gobierno central y el mayor número de comunidades autónomas y ayuntamientos sin abolir formalmente la democracia.

Cualquiera que sean sus motivaciones, uno de los puntales que han arrojado sobre la sociedad que dominan ideológicamente ha sido esa patraña de conseguir "la paz en el País Vasco" como eufemismo para describir el resultado que se derivaría de una colaboración estratégica para que los terroristas dejen de matar y alterar las relaciones de fuerzas en las elecciones. Bien sea por incapacidad o bien por malicia de los políticos del PP, quienes podrían intentar un discurso alternativo pero no lo hacen, lo cierto es que su tarea se ve facilitada por esa ausencia. Evidentemente el miedo puede adormecer conciencias, pero los beneficios que se pueden obtener de su canalización siempre han fascinado a los teóricos socialistas. Parece que fue el siglo pasado debido a la ausencia de análisis con perspectiva en casi todos los medios, pero los socialistas no solo instaron la aprobación de una moción en el Congreso de los Diputados que otorgaba carta blanca al gobierno para tomar las decisiones que estimara convenientes en una primera fase de esta negociación, sino que buscaron y obtuvieron un aval rocambolesco del Parlamento Europeo en octubre de 2006 por un estrecho margen.

Aconsejada otra vez la jugada en vísperas de otras elecciones en mayo de 2011, el gobierno de Rodríguez Zapatero muestra concesiones y la ETA se congratula el domingo de resurrección, día elegido por el difunto Sabino Arana para celebrar el día de la Patria Vasca. Niega negociaciones con la banda terrorista, pero al mismo tiempo abre las puertas para que las siglas que patrocina a los miembros de la banda (ahora se llama Bildu) participen en las elecciones municipales. Bien es cierto que retuerce las dotes para el disimulo utilizando las instrucciones del fiscal (de cuya supuesta independencia del gobierno ya ni se habla) para que impugne algunas candidaturas de esa coalición, pero… salve a otras. Los beneficios penitenciarios para los miembros de la ETA y los aparentes despistes sobre el control de la libertad provisional de otros gotean las portadas de los medios de comunicación, incrementando la sensación de inevitabilidad de las decisiones y de que el gobierno realmente lucha pero se enfrenta a imponderables en su sacrificada tarea.

Es difícil prever si esta recompensa a los terroristas por haber asesinado durante años invocando razones políticas cuajará en primera instancia, pero tiene bastantes posibilidades, dada la desarticulación de sus críticos y el ninguneo de las víctimas que simplemente quieren justicia. Lo que sí está claro es que los elementos que se conjugan juegan con la subversión de un régimen constitucional que hace aguas por todos los costados. El apaño que están urdiendo estos aliados de ahora anuncia luchas brutales por el poder en el futuro, dada la concepción totalitaria de ambos. No habrá ni paz ni gloria.

La producción de dinero

El dinero es un bien duradero, no perecedero: la masa monetaria o su cantidad existente en un momento dado en una región determinada (o en posesión de una persona o grupo) está constituida por las existencias monetarias acumuladas en un momento anterior más los flujos que la incrementan o reducen durante el periodo comprendido entre ambos instantes. Flujos positivos son la producción local de nuevo dinero y la recepción de dinero del exterior; flujos negativos son las pérdidas o deterioros locales del dinero y las entregas al exterior.

El dinero no es algo dado sino que es necesario producirlo. En un mercado libre qué es dinero y quién y cómo lo produce son cuestiones relacionadas pero diferentes: qué bien se utiliza como dinero es una cuestión institucional en la cual participan todos los individuos que lo entregan y aceptan como medio de pago. La producción de bienes monetarios debe ser tal que su poder adquisitivo sea alto y estable: en un buen dinero, como el oro, la nueva producción a nivel global es relativamente pequeña en comparación con las existencias acumuladas y no sufre grandes oscilaciones; además la producción de dinero debe estar acoplada a la producción de todos los demás bienes y servicios (no ser independiente del resto de la actividad económica).

En una sociedad libre con división del trabajo todo el mundo emplea el dinero, lo ofrece y lo demanda al comprar y vender bienes y servicios: pero no todo el mundo produce dinero, y sus productores no disfrutan de ningún privilegio especial. La producción de dinero es como cualquier otra actividad empresarial privada, especializada, y en competencia, con costes e ingresos y posibilidad de beneficios o pérdidas: producir dinero no garantiza beneficios. Un agente económico decide producir el bien monetario si cree que es la alternativa más rentable dadas sus circunstancias particulares.

Poseer minas de metales preciosos no implica automáticamente su extracción efectiva, procesamiento, purificación, y producción estandarizada de lingotes o monedas: esta sólo se realiza si es rentable en función de los costes asumidos y el valor de lo producido según los precios de los factores necesarios y el poder adquisitivo del dinero. Además la rentabilidad debe compararse con la de otras oportunidades de negocio potencialmente más beneficiosas. El dinero se produce o importa según las ventajas comparativas de la producción y los costes de transacción.

Es absurdo exigir que se mantenga constante o congele la cantidad total de dinero, algo disfuncional e innecesario (aunque puede ser preferible a las fuertes oscilaciones debidas a los abusos o la incompetencia de los agentes estatales que monopolizan coactivamente su producción). El productor de nuevo dinero no comete ningún delito contra los poseedores de dinero: no les genera una externalidad negativa punible por causar una disminución del valor de cada unidad monetaria al incrementar la masa monetaria. Por el contrario, la producción de nuevo dinero acoplada a la producción de nuevos bienes y servicios sirve para mantener estable el poder adquisitivo del dinero, lo cual es su principal característica.

El valor o poder adquisitivo del dinero es el inverso del nivel general de precios, y este es el precio medio de todos aquellos bienes y servicios o derechos sobre los mismos que se intercambian por dinero en un periodo determinado: este promedio debe incluir a todos los bienes y servicios (no sólo los de consumo, también bienes de capital, y salarios) y debe considerar cuántas unidades de cada bien o servicio se intercambian (no es simplemente una media de los precios de cada clase).

La ecuación de intercambio monetario (MV=PY) representa la interdependencia entre la masa monetaria, la velocidad de circulación del dinero (número de veces que se intercambia cada unidad monetaria en un periodo de tiempo), el precio promedio y la cantidad de bienes y servicios intercambiados por dinero en un periodo de tiempo; es la identidad contable que expresa que los pagos totales en una economía son iguales a los cobros totales, que la suma de los precios de todo lo que se vende es igual a la suma de los precios de todo lo que se compra.

Cuántos intercambios se producen depende de cuántos agentes económicos existen, cuánta división del trabajo hay (nivel de especialización o producción para intercambio frente a producción para consumo propio) y cómo de productivos sean los agentes. Una economía libre tiende hacerse más compleja y productiva, a profundizar la especialización y a generar más cantidad y variedad de bienes que se intercambian. Para mantener el poder adquisitivo del dinero con un incremento de la cantidad de intercambios es necesario que crezca la masa monetaria, la velocidad de circulación del dinero, o ambas.

Es absurdo definir la inflación como cualquier incremento de la cantidad de dinero y criticarla como algo destructivo para la economía. La definición adecuada de inflación es el incremento excesivo de la cantidad de dinero que reduce su poder adquisitivo; igualmente la deflación es el crecimiento insuficiente (o incluso disminución) de la cantidad de dinero que incrementa su poder adquisitivo.

La producción libre de dinero no es perjudicial para la economía y tiende a estabilizar su poder adquisitivo: las expectativas de incremento (disminución) del valor del dinero tienden a estimular (desincentivar) su producción respecto a los bienes y servicios con los cuales se intercambia, lo que reduce la fluctuación.

En una sociedad no libre algunos agentes especialmente poderosos pueden influir coactivamente sobre qué bien se utiliza como dinero porque tienen alguna ventaja en su producción a bajos costes y se apropian de considerables beneficios (señoreaje): los gobernantes se apropian por la fuerza de las minas de metales preciosos, monopolizan su acuñación, disminuyen el contenido metálico exigiendo el mantenimiento del valor nominal de la moneda, o emiten papel moneda e imponen leyes de curso legal forzoso.

Sobre la viabilidad de un sistema sin Estado

Una de los temas más apasionantes y polémicos para el anarco-capitalismo es la posibilidad real y práctica de una sociedad en la que no exista Estado. Para la mayor parte de la gente, anarquía es sinónimo de caos y desorden, pero no así para el anarco-capitalista, que limita el significado al etimológico, esto es, ausencia de Estado.

Desde un punto de vista teórico, una sociedad sin Estado es perfectamente viable. En efecto, Rothbard, en su clásico Power, and the Market, demuestra que no existe ningún servicio que necesariamente haya de ser proporcionado a los individuos por una entidad monopolista de la violencia. Más en concreto, el primer capítulo de dicho libro se dedica a explicar de qué forma se podría dar la competencia en los servicios de protección y defensa, bastión irrenunciable para los estatistas.

En cambio, la evidencia histórica parece jugar en contra de la viabilidad del anarco-capitalismo. Así, se aduce que la historia de la humanidad parece probar que la existencia de un Estado, de un grupo de privilegiados que mantiene su preponderancia mediante la violencia, es casi consustancial al ser humano. No se han registrado periodos históricos prolongados, quizá ni siquiera significativos, en que la sociedad humana no haya convivido con un Estado.

Sin embargo, aun siendo una evidencia contundente, lo cierto es que la presencia continuada del Estado no resulta una prueba de que el anarco-capitalismo sea inviable. Estamos ante una instancia de la falacia del "cisne negro" popularizada por Taleb en su ensayo del mismo nombre: el hecho de que únicamente se hubieran visto cisnes blancos en Occidente durante más de 3000 años no probaba la inexistencia del cisne negro. Únicamente probaba la existencia del cisne blanco.

También en el ámbito de la evidencia histórica hay que destacar que prácticamente todos los servicios que en uno u otro momento se han usado para justificar la necesidad del Estado han sido, en algún otro momento histórico, suministrados por el libre mercado. Al respecto, conviene la lectura de The voluntary city, editado por D.T. Beito.

Sea como fuere, lo cierto es que hasta el día de hoy el Estado es una realidad en nuestras vidas, como lo ha sido durante casi toda la historia de la humanidad, con una u otra denominación.

Antes de proseguir, quizá convenga aclarar qué se entiende por Estado, por lo menos a efectos de estas líneas. Estado es aquella entidad a la que se atribuye el monopolio de la violencia legal; la violencia practicada por otras entidades es reputada como contraria al ordenamiento, y (supuestamente) condenada y perseguida por el Estado. Al concentrar todo el ejercicio de la violencia en el Estado, los individuos pueden (supuestamente) dedicarse libremente a sus quehaceres pues sus derechos de propiedad están protegidos.

Volviendo a la evidencia histórica, el Estado ha demostrado ser una solución manifiestamente mejorable para el fin al que (supuestamente) se dirige. Por un lado, ha demostrado una discutible eficacia a la hora de proteger a los ciudadanos y a sus derechos, como se observa en el nefasto funcionamiento de la justicia y demás organismos del orden público. Por otro lado, ha demostrado una indiscutible eficacia en extender su ámbito de acción mucho más allá del originalmente encomendado por la sociedad, hasta llevarlo a extremos totalitarios, con casos también sobradamente conocidos.

En resumen, el Estado ha resultado ser una solución chapucera y muy poco efectiva para un problema básico en la convivencia humana y el funcionamiento del mercado, cual es la protección de los derechos de propiedad.

Llegados a este punto, volvamos la vista a la teoría económica para recordar de qué forma consiguen mejorar los individuos el desempeño de sus distintas actividades. Como es bien sabido, la productividad solo se puede mejorar mediante estructuras productivas más largas y complejas.

Robinson Crusoe puede recolectar muy pocas bayas si lo hace con sus manos; en cambio, multiplica la producción si puede utilizar una vara para sacudir los matorrales. Pero la elaboración de dicho palo hace que se dilate en el tiempo la obtención de las bayas. Y para que pueda subsistir durante ese periodo más largo, resulta imprescindible que Robinson haya ahorrado unas cuantas bayas que le proporcionen sustento mientras se hace con la vara.

Dicho de otra forma, para conseguir mejorar la eficacia de una estructura productiva, es necesario previamente disponer de un ahorro, de un cierto nivel de riqueza que permita la subsistencia mientras se pone en marcha el nuevo sistema productivo.

¿Y si fuera esto lo que ha pasado en la historia de la humanidad en relación con el Estado? Quizá las sociedades se han tenido que conformar con una solución low cost, con una solución cutre, para satisfacer su necesidad de protección de la propiedad. Quizá durante toda la historia, la humanidad no ha sido capaz de acumular el ahorro suficiente para pasar a soluciones más caras, aunque más productivas, con que obtener esta protección. Y quizá por eso, durante toda su historia, el hombre se ha tenido que conformar con el Estado para dar solución a sus conflictos.

Pero parece que la humanidad sigue aumentando su riqueza (y ello pese a la nefanda acción de los Estados). La sociedad del siglo XXI es más rica que la del siglo XX, como ésta lo era que la del siglo XV. Si sigue este proceso de acumulación, ¿cabe alguna duda de que en algún momento llegará a ser asumible una solución para la protección de la propiedad mejor que el Estado?

La cuestión entonces pasa a ser en qué momento se habrá acumulado suficiente riqueza. ¿Podría ser ya ese momento?

El Sitio Escolástico del Rector Ibargüen

Escribo con alegría estas líneas, a un mes vista de la V Cena de la Libertad en la que se entregará el correspondiente Premio Juan de Mariana a Giancarlo Ibargüen, rector de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) en Guatemala. Poco más voy a añadir sobre sus méritos a la información que pueden encontrar en esta misma página y sus enlaces: Giancarlo es un liberal reconocido internacionalmente (vendrán al Acto directores del Acton Institute, Atlas Economic Foundation, Liberty Fund o la Mont Pelerin Society) que asumió joven la dirección académica de esta brillante Universidad UFM, tan cercana a nuestro Instituto y que ha sufrido recientemente la pérdida de otro gran defensor de la libertad, Manuel F. Ayau, III Premio Juan de Mariana.

Me enorgullezco de conocerle personalmente y de haber sido acogido con esa cálida hospitalidad chapina durante un viaje a la Antigua ciudad de Guatemala. Allí, junto al Secretario de la UFM, Cayo Castillo, me enseñaron despacio la Casa Popenoe, restaurada por la Universidad como un centro de Convenciones. Pues bien, paseando entre orquídeas y cafetos por su jardín me encontré nada menos que con nuestros amigos escolásticos Diego de Covarrubias, Juan de Mariana o Francisco de Vitoria en uno de los pabellones artísticamente restaurados, y donde se han celebrado varios encuentros para jóvenes liberales bajo el patrocinio de El Cato y la UFM. Otras imágenes similares de aquellos doctores adornan también el Campus de la Universidad en Guatemala.

Pero, más allá del buen gusto estético, no puedo menos que admirar el gran sentido académico que ha mostrado la UFM al reconocer la importancia de los Maestros de Salamanca en los orígenes del liberalismo económico y político, o en los fundamentos del Derecho Internacional moderno. Algo sobre lo que no les voy a insistir ahora, pero que ya es una tesis científicamente asentada a pesar de que en este lado del Atlántico todavía la desconozca demasiada gente.

Sencillamente quería destacar el enorme impulso que le está dando a ese argumento un Rector "de ciencias", brillante ingeniero de telecomunicaciones y hombre de negocios, que ha sabido descubrir (y hacer patente) la tradición humanístico-liberal de la Escuela de Salamanca. Para difundir estas ideas y dar a conocer a sus autores puso en marcha el Sitio Escolástico, un espacio en la web que completa las intuiciones visuales de la Casa Popenoe. El Instituto Juan de Mariana también ha colaborado en ese proyecto, del que todavía queda mucho recorrido (y al que por supuesto animo a que se incorporen ustedes). Tan solo por este motivo creo que nuestro Rector se merece con honores el V Premio Juan de Mariana.

¿Es absurdo enterrar la basura?

Todos hemos participado una y mil veces en las típicas discusiones de café con los compañeros del trabajo o en las sobremesas de las cenas familiares, donde te toca intercambiar puntos de vista con el compañero o cuñado de turno sobre temas tan variopintos como la energía nuclear, la pesca masiva, el tercer mundo o el tema que trato hoy: por qué narices enterramos la basura en vez de reciclarla (o no producirla directamente).

La respuesta, para cualquier persona que conozca el tema o tenga algo de formación económica y sentido común, no puede ser más sencilla: porque es más económico que las alternativas. La respuesta común del ciudadano "comprometido" y desinformado es que será más económico para quien se beneficia de ese sistema, pero mucho más costoso para la sociedad. Hay incluso quien lo compara con esconder lo que se barre debajo de la alfombra.

Ante estos argumentos te toca remangarte e intentar poner un poco de raciocinio en las mentes de tus sorprendidos y algo cabreados contertulios.

Hay que empezar intentando aclarar qué alternativas hay a día de hoy al enterramiento de ciertos residuos urbanos. Son dos:

  • Reciclar estos residuos, aumentando el coste de gestión.
  • Y no generar este tipo de residuos, aumentando el coste de ciertos productos al tener que utilizar alternativas más caras.

Cuando ya tenemos claro que no enterrar los residuos también tiene un coste alto para la sociedad, podemos compararlo con el de enterrarlos. Los vertederos, o rellenos sanitarios, son lugares especialmente diseñados para depositar todos aquellos desechos que no se reciclan y, siguiendo ciertos métodos de ingeniería, son enterrados en capas para que finalmente, una vez saturado, se reutilice el lugar para otros fines (normalmente parques naturales). El coste es fácilmente cuantificable: el precio del terreno usado más las externalidades (principalmente, malos olores a los terrenos colindantes).

Si el vertedero se ha realizado correctamente, una vez saturado el terreno, éste vuelve a ser útil y apenas quedan señales del uso que se le dio durante su época operativa. Por tanto, ni la sociedad presente ni la futura van a pagar ningún precio extra por haber escogido este método. Dicho de otra manera: nadie va a tener que recoger lo que otro ha dejado debajo de la alfombra, de la misma manera que nadie recoge los sedimentos que hay enterrados sobre un terreno a no ser que tengan algún valor.

Otra cuestión es que, según se vayan saturando las localizaciones válidas para ser utilizadas como vertedero, más costoso será utilizar nuevos emplazamientos (más lejanos y/o menos idóneos). Por lo que los costes de enterrar se elevarán aproximándose a los de reciclar y no usar, potenciando el desarrollo de nuevas técnicas de reciclado y nuevos materiales, y haciendo que disminuyan los residuos a enterrar.

Pero esto último es un proceso que de forma natural llevará décadas realizar y que será transparente para las personas que no nos dediquemos al mundo del tratamiento de residuos. Eso siempre y cuando los compañeros y cuñados de turno no voten a políticos demagogos que nos obliguen a decantarnos por la opción más cara sin que estemos preparados y provoquen, por tanto, el consiguiente empobrecimiento de la sociedad en beneficio de quienes venden soluciones aún no optimizadas.

Por la despenalización, desregulación y liberalización de la eutanasia y el suicidio

Si nuestro cuerpo es nuestro, ¿qué derecho tienen otros a decidir sobre él? Si el suicidio y la eutanasia (término procedente del griego que significa muerte digna) son una necesidad de algunos individuos, ¿por qué no despenalizar, desregular y liberalizar tal acción para que se creen grupos de apoyo al suicidio, empresas y dar así una respuesta a una realidad que, por más que cerremos los ojos, existe?

Los católicos creen en el Derecho Natural. Es la misma ética en la que se basa el liberalismo aunque con diferencias importantes de base. Un católico no se puede suicidad ni tiene ‘opción’ al aborto. Sus principios teóricos se deben a la inalienabilidad de los derechos (otros autores liberales no necesariamente religiosos como Randy Barnett también consideran los derechos del hombre inalienables). Para la Iglesia Católica el cuerpo y la vida de un hombre no son suyos, sino de Dios, y solo Éste puede arrebatarlos. La inalienabilidad de los derechos es una visión que solo se sostiene desde la fe —o raramente no considerándola— ya que implica que los derechos son anteriores al hombre. Desde un ángulo no religioso, ¿cómo se explica que los derechos existan antes que el primer hombre? Prescindiendo de la fe, solo podremos llegar a la conclusión de que los derechos del hombre nacen, ya no cuando se crea el primer hombre, sino cuanto éste interactúa con el resto (Praxeología). ¿Están los católicos en su derecho a no suicidarse o no aprobar la eutanasia? Por supuesto. Pero eso no niega que exista más vida fuera de la moral católica y que otras personas crean que el cuerpo es en realidad su propiedad privada (Locke). Si el cuerpo es nuestro, solo nosotros tenemos la última palabra sobre él.

Ludwig von Mises llegó a decir que "en una sociedad absolutamente totalitaria, la única libertad que se le deja a la persona —porque no se le puede negar— es la libertad de cometer suicidio". Pues no tanto. En todos los países occidentales el suicidio y asistencia al miso está prohibido o regulado. La razón lógica que sustenta tales leyes es que la propiedad de nuestro cuerpo es del Poder. Las razones morales para prohibirlo, al ser contingentes, no son más que excusas morales y propaganda. La única razón por la cual se nos prohíbe el suicidio y la eutanasia es porque el político, el juez y el burócrata son propietarios de nuestro cuerpo. Son el Dios terrenal que obra milagros mediante la ley. Cuando un hombre es propietario de otro se vuelve un esclavo. Como dijo recientemente Roderick Long, el liberalismo se puede resumir en: "otras personas no son tu propiedad". Un Estado que desprecia tal concepto es una sociedad de dueños y esclavos.

Otro de los argumentos contra la eutanasia y suicidio es la llamada eugenesia del Estado. ¿Qué ocurría si un Gobierno abiertamente ecologista se dedicara a matar a personas incómodas según su doctrina para preservar la Tierra de la pérfida intromisión y superpoblación del hombre? Bien, haría lo que todos los liberales ya sabemos: que el Estado es la mayor organización criminal de la historia, y que la eugenesia es un medio para hacer lo que siempre han hecho los medios políticos, conseguir beneficios mediante el crimen (guerras, encarcelamientos, tortura, ocupación, matanzas…). Estar en contra del suicidio y eutanasia por un motivo así tiene tanto sentido como prohibir llevar dinero porque existen ladrones en la calle. El problema no es el derecho del individuo, sino las organizaciones criminales. El Estado, como monstruosa organización criminal que es, ha de ser apartada de una sociedad civilizada.

La explicación real por la cual aún están prohibidos el suicidio y la eutanasia es porque la gran mayoría de ciudadanos aún cree en los efectos mágicos de la ley (falacia del Nirvana). La realidad es que la prohibición al suicidio no evita que la gente se suicide. Y de la peor manera posible: tirándose desde balcones, al tren, a la carrera… Una sociedad que entiende y tolera el suicidio evitaría espectáculos así, que influyen tan negativamente en los espectadores involuntarios. Despenalización del suicidio significa que se le reconoce al hombre que su cuerpo es suyo y puede hacer con él lo que quiera. La desregulación significa que se otorga la máxima responsabilidad del hombre sobre sí mismo sin que un órgano central tenga que dar "licencias de libertad". Ni los burócratas ni médicos ni jueces ni políticos son nuestros dueños. Están para servirnos, no para condenarnos. Liberalización total y absoluta es el colofón final a la libertad de elección donde la sociedad civil maneja sin la extorsión de los medios políticos sus acciones. Psicólogos, asistentes, consejeros y médicos privados satisfarán el deseo del suicida —incluso curándolo— y del que sufre.

Tal vez piense que trato el tema de forma sórdida y frívola. Hace mucho tiempo una amiga mía se suicidó. Se tiró al tren. En los últimos meses de su vida iba literalmente drogada por órdenes del psiquiatra. Era una zombi. Tenía una convicción firme y los denostados esfuerzos de sus padres, familiares, innumerable cantidad de médicos que la atendieron y amigos no sirvieron de nada. Solo sirvió para eternizar una agonía. La sociedad y el Estado le negaron un derecho porque consideraban que ella era "nuestro" patrimonio. Es decir, propiedad estatal. A veces pienso en ella y se me ocurre que, tal vez, si el suicidio no fuese un tabú ilegalizado, al menos habría tenido la opción de tener una muerte digna en lugar de escoger forzosamente el brutal medio a la que le obligó la ley. Podemos persuadir a las personas para curarlas o convencerlas de nuestra moral, pero el mayor de los crímenes es considerar que la vida y deseos de otra persona sobre sí misma son nuestros.

Referéndum obligatorio frente al intervencionismo del Estado

Los ingresos tributarios de España son incapaces de soportar desde hace años el coste del Estado central, de los nuevos "Reinos de Taifas" en los que se han convertido las Autonomías y de sus entidades locales. Dado que la casta política sigue instalada en el limbo de la utopía electoral y dado que su despilfarro alcanza niveles imposibles de soportar con la actual recaudación de tributos, el déficit presupuestario está siendo cubierto mediante emisiones de deuda soberana.

Endeudamiento Soberano

Los analistas reflejan en sus informes la incertidumbre y el riesgo generado por la irresponsabilidad del Gobierno de turno en la gestión de las cuentas públicas, como está sucediendo con las primas de riesgo de las deudas soberanas de Grecia, Irlanda y Portugal, donde ya comienza a ser verosímil la posibilidad de aplicar quitas.

La situación de la deuda soberana de España es también delicada y si no se desea generar incertidumbre que pueda desembocar en una situación de quiebra, los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales deberían alcanzar lo demandado por los prestamistas para proporcionar certeza sobre el pago de las deudas contraídas. 

Sin embargo, el endeudamiento soberano tiene límites de solvencia que una vez rebasados hacen que las cuentas del Estado queden pendientes de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo o, cuando los socios europeos se cansan de prestar dinero, por parte de fondos de inversión extranjeros, provenientes, por ejemplo, de una dictadura como la República Popular China.

Lo cierto es que esos préstamos los deberemos pagar los contribuyentes españoles mediante los impuestos futuros, por lo que lastran el crecimiento económico de las familias y, principalmente, de la clase media del país, que son los que más impuestos pagan para mantener el gasto del Estado.

Decisiones políticas trascendentales y el principio de consentimiento

Por dicho motivo, convendría plantearse si los ciudadanos españoles deberían decidir en asuntos económicos tan serios para el futuro del país, por medio de un referéndum vinculante y de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, que expresaría el principio de consentimiento (o no) de los ciudadanos para adoptar las decisiones políticas trascendentales que afronten una situación de crisis institucional, económica y financiera.

Puede que los ciudadanos españoles deban opinar si desean que su dinero –vía impuestos del presente o vía endeudamiento que será pagado con los impuestos futuros— sea empleado para inyectar liquidez en bancos y en cajas de ahorro que han sido mal gestionados y han asumido un elevado riesgo hipotecario en activos sobrevalorados que, ahora, deben corregirse a la baja para que la contabilidad refleje en los balances el valor real de mercado tanto de las hipotecas suscritas como de los inmuebles embargados a los clientes.

Y, desde luego, puede que los ciudadanos españoles también deseen elegir si prefieren crecer sin padecer un endeudamiento que estrangule su economía familiar. De hecho, algunos opinamos que la única vía para crecer de un modo financieramente saludable es realizar una drástica reducción presupuestaria en las partidas ociosas del Estado —empresas públicas, comisiones y agencias gubernamentales, infraestructuras innecesarias o funcionarios desocupados— y eliminar las múltiples prebendas —subvenciones, ayudas, oligopolios o precios públicos— tanto en el ámbito central como en las administraciones públicas regionales y locales.

La senda del crecimiento sólo se caminará con la realización previa de grandes reformas que reduzcan el tamaño del Estado, eliminen las barreras autonómicas y estatales a la libre competencia en los mercados nacionales, flexibilicen el mercado laboral y faciliten la empresarialidad.

Las tímidas reformas que se han venido legislando en los últimos meses no han sido reflexionadas por la casta política española y tampoco han recibido el consentimiento oficial de los ciudadanos dado que en las pasadas elecciones generales todavía no se sentía la crisis económica y financiera en la cesta familiar. Al contario, las reformas vienen impuestas por los socios de la Unión Europea, que no están dispuestos a prestar más dinero sin que las autoridades españolas hagan bien sus deberes institucionales.

Eso sí, los irresponsables políticos que han esquilmado los ingresos de nuestro trabajo ahora se disculpan por los millones de parados, por el exagerado endeudamiento, por la sempiterna corrupción, por la merma en nuestro poder adquisitivo y por el descenso en la calidad de vida del español medio durante la próxima década. Y, acto seguido, piden que nos ajustemos el cinturón del gasto familiar, aflojemos el bolsillo para pagar más impuestos y les apoyemos con nuestro voto en las próximas elecciones para tener más de lo mismo. Pero, antes de acudir a las mesas electorales, preguntémonos:

 ¿Qué tal si el Gobierno de España prueba a preguntarnos en referéndum si deseamos o no el rescate de bancos y cajas de ahorro con nuestros impuestos presentes o futuros?

 ¿Y qué tal si los políticos nos preguntan oficialmente si deseamos que nos endeuden masivamente y aumenten los impuestos o, por el contrario, preferimos una drástica disminución del tamaño del Estado y la cofinanciación publico-privada de servicios públicos como la educación, la sanidad, la prestación por desempleo o las pensiones para garantizar su viabilidad financiera en las próximas décadas?

Lo anterior sería un sano ejercicio de democracia directa, y podría realizarse sin más que aplicar el artículo 92 CE, que permite la convocatoria de referéndum en las decisiones políticas trascendentales. Sin embargo, no verán nuestros ojos ni un referéndum ni una constitución económica que pudiese limitar el déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Créanme cuando les digo que lamento ser agorero, pero me temo que la recuperación económica será una larga y lenta travesía por el desierto.

Vimos la posibilidad de realizar un análisis por teoría de juegos del deterioro institucional que permite afirmar que, salvo que ocurra una gran movilización social, nunca llegarán las reformas estructurales con la seriedad y la intensidad que requiere la actual crisis y la "casta" seguirá robando institucionalmente a las familias españolas hasta que no quede más dinero privado que esquilmar y se rompa en mil pedazos la España de las autonomías nacionalistas.

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El simplismo sobre la desigualdad

El pensamiento políticamente correcto está plagado de soluciones e ideas simplistas para tratar problemas complejos. Curiosamente, estas propuestas casi siempre acarrean una mayor coacción política y no una mayor libertad individual. Para resolver problemas sociales, se confía en la mano santa y eficaz de unos pocos superhombres (burócratas), y no en la de cientos de miles de individuos (sociedad).

La ayuda externa al desarrollo, como vía de solución de la pobreza extrema, es un ejemplo paradigmático. Con frecuencia distintos organismos y políticos se ponen medallas a sí mismos, por el mero hecho de haber dedicado grandes sumas de dinero a la llamada lucha contra la pobreza. Pero ya sabemos que las buenas intenciones no bastan para solucionar un problema, incluso pueden agravarlo.

La desigualdad es otro de los temas estrella, caballo de batalla de los socialdemócratas defensores del Estado del Bienestar. Para la gran mayoría de la gente, economistas de prestigio incluidos, la desigualdad es una cosa inmoral e injusta que hay que evitar y contener, apelando a la justicia social. Sociedades más igualitarias, como las escandinavas, serían mejores que otras más desiguales, como la americana. Aunque existen numerosos tipos de desigualdad, ésta suele ser automáticamente relacionada con la desigualdad de rentas. Se admite que las personas más valiosas y mejor preparadas deberían cobrar más, pero no se duda un momento en afirmar que las rentas más altas deberían pagar mayor porcentaje de su renta en impuestos (progresividad).

En este enfoque se sitúan ciertos indicadores que suelen acompañarse con juicios de valor implícitos altamente discutibles. Así, el indicador por excelencia de la desigualdad de rentas es el Índice de Gini, que divide a la población total en distintos grupos de población de acuerdo a su renta, y mide los grados de desigualdad de 0 (igualdad total, donde cada grupo de población cobraría la misma proporción de la renta total) a 1 (máxima desigualdad).

Si bien un indicador así puede aportar luz sobre algunos aspectos interesantes, lo pernicioso viene cuando se considera el valor 0 del Índice de Gini, es decir, la igualdad absoluta, como un punto de referencia positivo (similar al concepto de competencia perfecta en la teoría de los mercados microeconómica). Esto se hace explícito cuando, por ejemplo, se incluye el aspecto de la desigualdad en indicadores de desarrollo humano: a mayor igualdad, mayor será el índice de desarrollo humano, llegando al absurdo de que una sociedad en la que todo el mundo cobra la misma renta sería la que mayor puntuación obtendría en esta rúbrica.

Sin embargo, este simplismo en cuanto a la consideración de la desigualdad deja mucho que desear. Lo cierto es que, como parece obvio, un cierto grado de desigualdad es necesario y beneficioso, y sociedades más igualitarias no tienen necesariamente por qué disfrutar de un mayor bienestar que otras con mayor desigualdad.

Entonces, ¿es una mayor desigualdad buena o mala? En un excelente artículo titulado "¿Es una mayor igualdad económica mejor?", Robert Higgs afirma que "la distribución social del ingreso o la riqueza, cualquiera que ésta sea, es moralmente neutral: ni un aumento ni una reducción del grado de desigualdad tiene un significado moral inequívoco. Todo depende de por qué cambia la distribución".

Así por ejemplo, atendiendo al enfoque convencional de los indicadores al uso, sería indistinto que el gobierno se embarcara en políticas de favores a sus amiguetes de las grandes corporaciones, o que los bancos centrales tomaran medidas en favor de la gran banca que confiscan rentas a contribuyentes de clase media, a que una parte de la población acumulara mayor capital humano y con ello obtuviera mayores ingresos gracias a su incremento en la productividad. Ambos escenarios incrementarían la desigualdad, pero su valoración debería ser totalmente diferente. Las primeras serían claramente injustas y perjudiciales, mientras que la segunda todo lo contrario.

Ya va siendo hora de abandonar un discurso tan simplista acerca de una realidad compleja como es la de la desigualdad. Un discurso que, además, suele dar rienda suelta a políticas redistributivas e intervenciones estatales que pueden generar más problemas de los que pretenden resolver.

Los radicales en la II República

Este 14 de abril se cumplen 80 años del advenimiento de la II República. Eugenio D’Ors relata admirablemente el ambiente de esperanza con que advino, que contrastaba con el profundo hastío y la total indiferencia con que se vio el derrumbe de la Monarquía. Quienes ocuparon el poder, abandonado por el régimen anterior, habían planeado tomarlo previamente (en diciembre de 1930) por medio de un golpe de Estado. Esto es importante, porque da una medida del aprecio de aquellas fuerzas por el sistema democrático.

Muchos describen aquel régimen político como una conquista de los españoles, largamente deseada por amplios sectores de nuestra sociedad. Pero esta idea choca con la realidad histórica de que prácticamente todos, especialmente quienes más debieran identificarse con la República, se rebelaron contra ella. No hace falta descender a los detalles. Basta recordar unos cuantos hechos muy conocidos.

Los anarquistas convocaron una huelga en julio de 1931 y de nuevo tres huelgas generales con pretensiones revolucionarias en enero de 1932, enero de 1933 y diciembre de este mismo año.

El 10 de agosto de 1932, el General Sanjurjo protagoniza el último de los pronunciamientos de la Historia de España, que resultó ser un resonado fracaso. Sus intenciones no pasaban claramente por acabar con la II República, aunque sí por torcer la dirección política del país, y ésta estaba marcada por un Gobierno elegido democráticamente.

Tras las elecciones de 1933, en noviembre, los socialistas y los republicanos de izquierdas exigieron al presidente de la República que anulara las elecciones; Niceto Alcalá-Zamora se negó a esas pretensiones en cuatro ocasiones. Su plan era cambiar las normas de modo que asegurasen que un resultado así (una victoria del centro y la derecha) no volviera a repetirse. La llamada "revolución de Asturias" fue una revuelta largamente planeada y cuyo objetivo era desalojar al centro y la derecha del poder, subvertir el régimen e instaurar otro en el que los sectores entonces en el poder no volverían a ocuparlo jamás.

Por cierto, que la CEDA tuvo una oportunidad de oro para darle la razón a los socialistas, que habían tildado al partido de Gil Robles (pese a saber que la acusación era falsa) de fascista. Sin embargo, no aprovechó la revolución de 1934 para liderar otra de signo contrario e instaurar un régimen autoritario. Respetó la legalidad y, a pesar de caer en algunos excesos, si de algo se le puede acusar es de no haberla defendido con más denuedo.

El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó elecciones anticipadas durante el período radical-cedista sin más razones que la de finiquitar un gobierno que él consideraba demasiado derechista y articular un partido de centro en torno a su hombre, Portela Valladares. Manuel Azaña, epítome de aquel régimen, no contento con haber pedido a Alcalá Zamora que no reconociese las elecciones de 1933, manipuló las de 1936, alterando inicuamente la concesión de 32 escaños, inicialmente adjudicados a la derecha y al centro.

Se podrían poner incluso más ejemplos, y ello sólo por parte de quienes fueron favorables a la II República, contribuyeron a traerla o se creían los únicos (o de los pocos) legitimados para ocupar el poder bajo ese régimen. Hecha sea la salvedad, claro está, de los anarquistas, aunque más tarde se sumarían al Frente Popular y al bando republicano durante la Guerra Civil.

Si todo ello resulta chocante, lo es igualmente otro hecho: Hubo un partido que creyó firmemente en la II República, al menos en cuanto lo que se ha pretendido que fue: una democracia. Y, lejos de ser elogiado por quienes más se identifican con aquel período histórico, recibe de ellos las más amargas críticas. Se trata, claro es, del Partido Republicano Radical. Los radicales de quienes Stanley G. Payne dice que eran un partido "centrista y de nombre equívoco" fueron la única formación de masas netamente republicana. Como tal, estaban llamados a ejercer un papel central, en cualquier sentido de la palabra, en la República. Creían en la democracia independientemente de cuáles fueran sus resultados, lo que les distinguía de otros partidos, tanto a la izquierda como a la derecha.

La primera crítica que se dirige contra los radicales es la falta de moralidad de algunos de sus miembros por asuntos turbios como el del estraperlo. Aunque es innegablemente certera, esa corrupción se queda en mera anécdota frente a la que vemos hoy todos los días en la prensa. Y, desde luego, por más condenable que fueran esas corruptelas, nada tenían que ver en comparación con los crímenes a los que se entregaron sus críticos, a izquierda y derecha, durante la guerra. La segunda crítica desde la izquierda es que sostuvieron un gobierno con participación de la derecha. Un juicio que se vuelve contra quienes lo profieren, pues dejan en evidencia, hoy como entonces, su poco aprecio por una democracia auténtica. También traslucen que ven en la II República no un sistema de turnismo con elecciones libres, sino un programa político concreto.

El valor de la contribución de Alejandro Lerroux y los suyos a la democracia en aquel régimen lo prueba que en cuanto se descalabraron, en las elecciones de febrero de 1936, la política se radicalizó y desembocó, en sólo cuatro meses, en una sangrienta guerra civil.

A pesar de todo ello, los radicales siguen teniendo mala prensa. Esto es interesante no sólo para apreciar las violaciones de los derechos individuales en aquel período de nuestra historia, sino para observar que muchos estilitas de la democracia sienten un desprecio auténtico, todavía hoy, por la defensa de aquellos derechos.

Antisemitismo, un odio profundamente antiliberal

Los odios hacia las personas que forman parte de un determinado grupo (pues, aunque se suelan enfocar como dirigidos hacia "colectivos", los objetos finales de la fobia y las víctimas de los actos motivados por la misma son individuos concretos) son en esencia, junto con otras características, profundamente antiliberales.

La xenofobia, el racismo, la homofobia, la crisitianofobia, la islamofobia y otros sentimientos similares tienen en común el hecho de que quien las siente no valora a cada persona como objeto del odio como un ser individualizado. Al contrario. Tan sólo importa de ella la pertenencia a un grupo, y se le atribuye toda una serie de características personales por el hecho de formar parte de ese "colectivo" al que se percibe como un "todo" homogéneo, nocivo y, en ocasiones, hostil. Esta característica convierte a estos odios en algo de por sí antiliberal, pues niega el valor de cada persona en sí misma.

Hay, sin embargo, un odio de naturaleza similar a los anteriores que resulta más profundamente individual que el resto: el antisemitismo o judeofobia (utilizaremos ambos términos, si bien el segundo es más preciso). Recientemente, se hizo público el Informe Sobre el Antisemitismo en España 2010, según el cual el 36% de los españoles tiene una opinión desfavorable o totalmente desfavorable de los judíos. No se trata de algo sorprendente, puesto que el antisemitismo en España tiene unas raíces profundas. Sin embargo, otros datos sí llamaron la atención de quienes presentaron los datos del estudio.

Es cierto que resulta llamativo que la extrema derecha tenga mayor simpatía por los judíos (4,9 en una escala de 10) que la media de los españoles (4,6). Esto puede deberse a una percepción pervertida del conflicto de Oriente Medio, según la cual, en un análisis poco riguroso y sin profundizar en las raíces del problema y la actuación real de cada bando, "los judíos matan árabes". Sin embargo, no debería considerarse tan sorprendente que la proporción de personas con sentimientos antisemitas sea superior en el centro izquierda que en otros sectores de la población.

Esto se debe a que la judeofobia ha estado tradicionalmente ligada al odio al comercio. Ya el sentimiento antijudío medieval identificaba al hebreo con la usura, y el antisemitismo moderno nacido en el siglo XIX era profundamente anticapitalista. De hecho, y aunque en determinados momentos de finales de esa centuria y a lo largo del S. XX la izquierda hizo suya la defensa de los judíos frente a la discriminación, algunos de los grandes impulsores del antisemitismo contemporáneo se situaban en el bando del socialismo. La obra de Karl Marx que más han intentado ocultar sus seguidores (del nazismo y el Holocausto) es un librito titulado Sobre la cuestión judía, en el que el autor de El Capital hace afirmaciones como:

¿Cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta.

¿Cuál es el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? El dinero.

Pues bien, la emancipación de la usura y del dinero, es decir, del judaísmo práctico, real, sería la autoemancipación de nuestra época.

O esta otra:

Nosotros reconocemos, pues, en el judaísmo un elemento antisocial presente de carácter general, que el desarrollo histórico en que los judíos colaboran celosamente en este aspecto malo se ha encargado de exaltar hasta su apogeo actual, llegado al cual tiene que llegar a disolverse necesariamente. La emancipación de los judíos es, en última instancia, la emancipación de la humanidad del judaísmo.

O esta, que recuerda a uno de los prejuicios reflejados en el Informe Sobre el Antisemitismo en España 2010 (el 58,4% de los españoles creen que "los judíos tienen mucho poder porque controlan la economía y los medios de comunicación"):

Un judío que tal vez carece de derechos en el más pequeño de los Estados alemanes, decide la suerte de Europa.

Y como último ejemplo, otra cita que recuerda a las ideas posteriores del nazismo de que los judíos corrompen a los ciudadanos de los países en los que viven:

El judío se ha emancipado a la manera judaica, no sólo al apropiarse del poder del dinero, sino por cuanto que el dinero se ha convertido, a través de él y sin él, en una potencia universal, y el espíritu práctico de los judíos en el espíritu práctico de los pueblos cristianos. Los judíos se han emancipado en la medida en que los cristianos se han hecho judíos.

Todo ello enlaza directamente con el odio no sólo al dinero, sino a la libertad individual en su conjunto.

Los mayores sistemas totalitarios del siglo XX, la Alemania nazi (es el caso más brutal, genocida y extremo) y la Unión Soviética, fueron en distinta medida profundamente antisemitas. Mientras las medidas antisemitas del nazismo y el Holocausto son sobradamente conocidas, no suele serlo tanto la judeofobia estalinista y las consecuencias (mucho menos graves, pero reales) que tuvo. A pesar de que hubo desde el primer momento dirigentes judíos en el Partido Comunista soviético, la URSS fue un país profundamente antijudío en el que se dieron varios episodios importantes movidos por la judeofobia del régimen. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda y los medios de comunicación ocultaron a la población soviética el Holocausto, al mismo tiempo que el comunismo sí hablaba de este "Crimen Contra la Humanidad" en su propaganda exterior.

En agosto de 1952, Stalin ordenó fusilar a varias decenas de intelectuales judíos con la excusa de que estaban conspirando para independizar Crimea y establecer en dicha península una sociedad con el doble carácter de burguesa y sionista. Ese mismo año, cientos de judíos checoslovacos fueron detenidos bajo la falsa acusación de colaborar con una Embajada de Israel en Praga, a la que se señaló como un centro de espionaje mundial. Y por volver a la URSS y sin salir de 1952, catorce altos cargos de PCUS fueron detenidos acusados de conspirar contra el Estado soviético. Once eran judíos.

Un año después, Stalin se inventó el famoso Complot de las batas blancas, fruto de lo cual se detuvo a numerosos médicos judíos acusándoles de asesinatos y, una vez más, conspiración contra el Estado soviético. Se daba por hecho que se producirían persecuciones masivas e incluso deportaciones, pero la muerte del tirano cambió algunas cosas en la URSS. En las medidas antijudías no estaba sólo implicado Stalin, sino que participaron otros altos cargos del régimen comunista.

Ya en la actualidad, el que se ha convertido en el impulsor y paladín del llamado Socialismo del Siglo XXI, Hugo Chávez, ha demostrado tener amplias credenciales antisemitas. Uno de los sitios web desde los que cualquiera se puede descargar de forma gratuita Sobre la cuestión judía es en el del canal oficial Vive, que se define como una "televisora informativa, cultural y educativa". En alguna de sus mediáticas expropiaciones, la judeofobia es un elemento fundamental, en alguna cierta sostuvo que sus enemigos eran "los que mataron a Jesús" (idea herencia de un viejo prejuicio antijudío ya rechazado por la Iglesia católica) y tuvo como asesor a uno de los principales negadores del Holocausto, el peronista argentino (ya fallecido) Norberto Ceresole.

El antisemitismo es, por tanto, un odio con profundas raíces antiliberales y que tiene buena acogida entre muchos de los que profesan ideas contrarias a la libertad, tanto en economía como en otros aspectos de la vida.