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Hipoteca ZP

España es una fiesta. Desde que el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no se presentaría a las próximas elecciones generales, los españoles respiran aliviados. La población ha visto cómo el máximo responsable de la política económica prometía quitarse de en medio, el PSOE vuelve a mirar con optimismo los comicios y el PP cree haber descabezado al único candidato posible del socialismo español. Todos contentos, luego algo falla.

Zapatero se irá, sí, dentro de un año, pero ha prometido legislar hasta el último día aplicando su agenda de transformación social en todos aquellos ámbitos en los que los españoles no nos comportamos tal y como la utopía igualitaria ordena. La Ley de Igualdad de Trato y la de la Muerte digna serán sus prioridades en estos doce meses en los que aplicará las medidas económicas impuestas para intentar no llevar a la quiebra a todo un país. No importan las renuncias tácticas en materia de ‘ayudas’ y otras ‘conquistas sociales’ concedidas graciosamente por el Estado si el sacrificio puede evitar la zozobra de todo el sistema. La prioridad es apuntalar la estructura y, mientras tanto, continuar con el plan a largo plazo que nos hace menos libres y más dependientes. La guinda de una agenda mucho más amplia en la que Zapatero ni es el primero ni será el último.

Más allá de la hipoteca que dejará este gobierno a pagar a las futuras generaciones de contribuyentes, existe otra carga mucho más pesada que obstaculizará el progreso y desarrollo en libertad de nuestra sociedad. Todas las leyes que artificialmente pervienten los usos y costumbres de acuerdo a un diseño humano son las que terminan chocando con la realidad, caprichosa e imposible de abarcar en toda su complejidad por una sola mente o ideología, por muy preclara o completa que pueda ser.

El problema nunca ha sido Zapatero, ni siquiera el PSOE. La enfermedad que se ha propagado por todo Occidente no es otra que la del igualitarismo redentor que nos ofrecen los estados. Nos creemos singulares, pero la voracidad del los estados es el fruto mismo de la modernidad con la que nacieron. En la tensión entre libertad e igualdad, es la primera la que siempre tiene las de perder en un sistema de reparto de prebendas en las que los votantes esperan recibir privilegios de las riquezas expoliadas a otros conciudadanos que las han generado. Pueden contenerse las ansias liberticidas, pero a la larga terminarán triunfando.

Dentro del sistema no importan ni el apellido del inquilino de la Moncla ni las siglas del partido que consiga la mayoría parlamentaria ni las fronteras que delimitan el Estado; ley a ley, avanzamos hacia una sociedad regulada de forma centralizada en lugar de permitirnos que gestionemos nuestros asuntos de forma autónoma y responsable. El legado de ZP habrá sido contribuir como pocos a aumentar el montante de esta hipoteca, pero su origen se remonta tiempo atrás, y es ese error conceptual de partida en el que deberíamos centrar nuestra atención si queremos que, algún día, los hijos de nuestros hijos puedan decidir libremente sobre sus vidas sin las cadenas que los igualan por la base que les estamos dejando como herencia envenenada.

Los eurodiputados y la casta política

Los que denuncian que los políticos de los distintos partidos nunca se ponen de acuerdo se equivocan. Sí que lo hacen, y mucho más a menudo de lo que pensamos: siempre que tienen que defender a su casta, es decir, sus privilegios. Lo que pasa es que el ciudadano no es consciente de ello o no quiere serlo.

Salvo excepciones sin credibilidad, todos los eurodiputados se han opuesto frontalmente a reducir sus privilegios, entre ellos los vuelos en preferente. Alejo Vidal Quadras argumentaba: "Volar hasta 300 veces al año requiere unas condiciones físicas adecuadas intrínsecas a nuestro trabajo". Y todos nos preguntamos: ¿alguien obliga a punta de pistola al señor Vidal Quadras a ser eurodiputado?

Desde luego, el saneamiento de las cuentas públicas y la legitimidad de la política no pasan por quitar a los políticos unos cuantos vuelos en primera clase o quitarles el coche oficial. Ni muchísimo menos. Esto es el chocolate del loro. Nuestro problema principal no es ese.

Lo que ha puesto de manifiesto la situación no es lo mucho que gastan los políticos (cosa que ya sabíamos), sino la verdadera naturaleza de la política y de su casta. Siempre nos han dicho que los políticos son seres angelicales y sirvientes altruistas del ciudadano. También llevamos en nuestro ADN educativo (gracias a la educación estatal) que, a pesar de que los políticos de turno sean corruptos y malos, la política es honesta en sí misma; simplemente hace falta que suban al poder otros políticos que sean buenos y altruistas; si hubiera políticos honrados en el poder, dicen algunos, todo sería diferente. Estos son unos errores intelectuales insostenibles y negligentes a estas alturas.

Y es que la teoría de la acción humana también se aplica a los políticos. Es posible la aplicación y la extensión del análisis económico a las instituciones y procesos políticos. El análisis político puede resolverse en consideraciones a las que hace frente el individuo como agente decisor. Partiendo de esta base, que no es otra que la del individualismo metodológico, el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público, principalmente buscando sus propios intereses y después el bienestar social.

El político, como cualquier otro agente social, está motivado por la persecución de sus propios intereses y busca alcanzarlos teniendo en cuenta las limitaciones que tiene. Y para ello no duda en utilizar el presupuesto público, principalmente para proponer infinidad de programas públicos. No es difícil deducir que el beneficio (social) de la acción política es inferior a su coste.

De ahí se explica que el político no se limite a ser un garante de las reglas de juego. No se conforma con ser un árbitro. El político es un jugador activo del partido. Y se protege a él y a su equipo (la casta política) para no perder nunca.

Elecciones a la vista

Vamos a disfrutar mucho con el escenario político que tendremos a la vista. Tal parece que el PSOE se llevará un bien ganado revolcón electoral y que el PP obtendrá un inmerecido encumbramiento en ámbitos de poder que jamás había catado. La estrategia de la fruta, no tanto madura como ya podrida, parece que le da resultado a Rajoy y sin mojarse lo más mínimo. Lo que importa, no obstante, es cómo gestionará el PP tanto poder regional y local como parece que va a alcanzar.

El poder en las regiones lo detentan unas baronías políticas de cada partido cuyo objetivo es maximizar su poder, sus competencias y el volumen de presupuesto a gestionar. Y eso es válido tanto para lo que ya existe como para lo que ha de llegar. Porque no podemos obviar que, allí donde el Partido Popular aún no gobierna, ya mantiene una penetración en los intereses de esas regiones, unos núcleos empresariales y funcionariales afectos que buscan llevar al grado óptimo su influencia. Y eso se reduce a sustituir la estructura existente por otra cuya diferencia con aquella es más de grado que de calidad.

Y eso cuando no se da el caso de que los intereses de unos políticos, los socialistas y otros, los peperos, son los mismos, como es el caso de Asturias, donde la todopoderosa Cajastur maneja un "convoluto" formado por el ayuntamiento de la capital, del PP, y el gobierno regional, del PSOE. El reparto de influencias está, de este modo, dado y cada uno juega a perder en campo contrario y no recibir oposición alguna cuando juega en el propio.

Empecemos por considerar la que llamamos "cultura de la subvención". Sin duda, la izquierda es nominalmente más afecta a dicha práctica. La lleva a cabo tan descaradamente que la compra de votos es, sencillamente, algo asumido por todos, protestado por algunos y deseado por la mayoría. Respecto del presupuesto público, el comportamiento de los ciudadanos es analizable con una mera teoría de juegos. Cada jugador está dispuesto a obtener del erario público tanto como le sea posible, evitando que otros grupos tengan prioridad y rechazando la carga impositiva sobre sí mismo tanto como pueda.

Como ya sabemos, la capacidad de presión de cada grupo es directamente proporcional al volumen del interés que tiene e inversamente proporcional al tamaño del grupo, pero no de una manera matemática, lógicamente. Lo que quiere decir esta fórmula es que los grupos de presión de cada autonomía no van a cambiar en su estructura porque ganen unos u otros sino que, en muchos casos, serán los mismos y, en otros, serán los nuevos amigos quienes se hagan cargo de la nueva situación.

A pesar de eso, sí es cierto que los socialistas saben trabajar este aspecto mejor que el PP y, salvo los casos de Galicia y Valencia, todo parece indicar que la victoria del PP en otras regiones (Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha) podría mantenerse solamente en futuras convocatorias electorales si es capaz de desmontar el entramado bien trabado que el PSOE ha montado. Y, dentro de ese entramado, no es lo menos importante, el aparato ideológico. Dada la timidez y el bajo perfil del PP en este aspecto, poco se puede esperar. Y, al fin y al cabo, para practicar un neosocialismo con otras siglas, no nos hacen falta alforjas.

Lecciones de la campaña electoral peruana

Tras la dictadura militar, Perú ha vivido épocas complicadas y convulsas. La década los años ochenta fue un completo desastre y finalizó con el país preso del binomio, tan característico en América Latina, corrupción-hiperinflación. Con el inicio del Fujimorismo (1990), el país mejoró económicamente pero desde el gobierno se vulneraron los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, sin olvidar la práctica del terrorismo de Estado. La conclusión fue que las dos cabezas visibles de la política peruana, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, dieron con sus huesos en la cárcel.

Los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García (2006-2011) hicieron que la estabilidad fuese la protagonista tras décadas de ausencia y, con ella, el crecimiento económico. Así, Perú se convirtió en una de las naciones latinoamericanas más estables, alejada de toda influencia albista. Igualmente, García no dudó en más de una ocasión en convertirse en el enemigo dialéctico principal del Chavismo. En consecuencia, Perú se unió al selecto y cada vez más numeroso grupo de países de América Latina que respeta a las instituciones del Estado de Derecho y apuesta por su permanencia.

Sin embargo, todo esto no parece suficiente y actualmente es Ollanta Humala el que ocupa el primer lugar en las encuestas, lo que no significa que se vaya convertir en el ganador final; y Keiko Fujimori, "la hija del Dictador", le sigue en las preferencias del público. Es evidente que, entre determinados sectores, la obra social que realizó su padre (más como instrumento de lavado de imagen que en servicio de sus compatriotas) sigue pesando mucho, de ahí que haya mantenido siempre buenos resultados en las encuestas, a lo que han ayudado sus reiteradas manifestaciones afirmando que se opuso a la tercera reelección (la vulneración constitucional final perpetrada por su progenitor).

Una vez más, el continente hermano muestra que una de sus grandes carencias es la capacidad de crear organizaciones políticas que estén por encima de la personalidad de sus líderes. Todo lo contrario, son estos últimos los que crean el partido una vez que su mensaje retórico y demagógico ha calado entre sus compatriotas. El caso de Humala ilustra significativamente esta tesis, sin olvidar que el partido de Alan García (el APRA) ni tan siquiera ha presentado candidato para estos comicios.

Ollanta Humala es el representante de la izquierda nacionalista (concepto que supone una clara contradicción, ya que la doctrina marxista clásica enfatizaba el internacionalismo y repudiaba el nacionalismo). Asimismo, con la finalidad de dulcificar su discurso, ha preferido señalar que su modelo es Lula (aunque sin repudiar a Chávez). Desde las filas del socialismo del siglo XXI, de forma deliberada tampoco se está acentuando el apoyo a la candidatura de Humala. El Presidente venezolano optó por una estrategia defensiva en su reciente viaje a Uruguay cuando afirmó que, con los intentos de vincular a Humala con él, se busca minar el apoyo al candidato de Gana Perú. Hugo Chávez parece asumir que su proyecto político, además de pasar por serias dificultades económicas, no está en condiciones de permitirse un retroceso más.

A pesar de esta táctica bien calculada, Humala no puede ocultar dos aspectos que lo convierten en potencialmente peligroso si finalmente se convierte en Presidente. Por un lado, aspira a modificar la Constitución. En su utopía, quiere crear una "nueva república de mayoría progresista", objetivo que desde su punto de vista no puede llevarse a cabo bajo la actual Carta Magna. Por otro lado, cuando habla de "economía nacional de mercado", se refiere a un proteccionismo económico en el cual el Estado es el principal actor en lugar del sector privado. Hacia este último las advertencias son más que veladas, lo que lleva a pensar que podría quebrarse el modelo económico seguido en los últimos años, el cual ha generado prosperidad y ha tenido como una de sus piedras angulares la firma de Tratados de Libre Comercio.

Ensayos (fallidos) de persuasión

Uno de los puntos negros de quienes se autodenominan liberales (incluyo a los libertarios) es la expresión. Es paradójico que sea tan difícil la persuasión cuando lo que se defiende es una idea tan "vendible" como la libertad: todos apreciamos la nuestra.

Y, sin embargo, son los líderes cuyas propuestas más constriñen la libertad de los individuos quienes se han llevado el gato al agua. Empezando por los apelativos. A unos se les llama "fachas", que proviene de un régimen dictatorial como el fascio italiano, ideología prima hermana del nazismo alemán. No voy a profundizar en las connotaciones negativas del término. Pero desde luego no son comparables con las que inspira el apelativo del otro bando: progre. Viene de progresista, que indica al menos un avance en el camino. Si alguien hace una crítica al sistema socialista mundial en que vivimos, es un facha; si defiende el saqueo al bolsillo del contribuyente, es progre. ¿No resulta paradójico?

Estos sesgos en el lenguaje empleado por unos y otros es máximo en todo lo que tenga que ver con lo artístico y, últimamente, con los temas dos punto cero. Si se cuelga de internet un vídeo sobre lo que sea y el conferenciante es conservador americano, un progre no resistirá la tentación de criticar el sesgo neocon, ya que el conferenciante es republicano; incluso si dentro del partido republicano el ponente está situado en la esquina más centrista y suavona. Pero suponiendo que fuera al contrario, que se tratara de un ponente que pertenece al partido demócrata, lo normal es que se haga caso omiso de su filiación. Las críticas de libertarios y liberales van a dirigirse no tanto a su pertenencia a un partido como a los argumentos defendidos. Es más, muchos son los libertarios que, igual que rechazan el intervencionismo, venga del partido que sea, por la misma razón aceptan las medidas liberales, provengan de donde provengan.

Otra asimetría que nos perjudica es que un liberal o un libertario acusará los eslóganes demagógicos y espurios tanto dentro de sus pares como en los contrincantes intelectuales, mientras que los socialistas de todos los partidos, pero especialmente los de izquierdas, son maestros de la demagogia y la manipulación. Y de esta forma, nos vemos expuestos a ser tachados de mil y una vilezas referidas a los débiles (niños, enfermos, ancianitos…, pobrecitas mujeres…) a sabiendas de que no vamos a caer en lo mismo, sencillamente por escrúpulos.

¡Lo social vende tan bien! ¿A qué capitalista malévolo se le ocurre quitarle a esa niña necesitada el pan de la boca? Pero nadie recrimina a los socialistas que le roban el futuro a esa misma criatura al aumentar la deuda del Estado, o que trata de irresponsables y tontos a los padres de los niños pobres cuando se aboga por la enseñanza gratuita y obligatoria. Nadie cae en la cuenta de que la paridad es una falta de respeto a la mujer y que se pone en duda su capacidad para fijarse los objetivos que le vengan bien y de encontrar el camino que le lleve a su consecución. Nadie piensa que, además de mi bolsillo, son los bolsillos más precarios los que se ven afectados por los derroches de los gobiernos socialistas.

Eso sí, ninguno de los críticos del liberalismo puro y del libertarianismo se piensa dos veces tachar de radical, facha, ultra y lo que haga falta a quienes lo que pedimos es que se nos deje buscar nuestro modo de llevar nuestra vida, incluyendo nuestra forma de ser solidarios, de relacionarnos como seres sociales que también somos. Y ésta es una cuestión importante que proviene de uno de esos errores convenientes de los intervencionistas. Los defensores de la libertad individual no creemos que hay que vivir aislados, ni somos necesariamente egoístas (o más que los socialistas). Tenemos amigos, creamos empresas, damos trabajo o trabajamos en ellas, pertenecemos a clubes, vamos o no al fútbol… somos normales. Eso sí, creemos que hay que respetar la responsabilidad individual como punto de partida irrenunciable para vivir armónicamente en sociedad. Y en eso consiste la libertad. Lo contrario fomenta irresponsabilidad (porque el que la hace no la paga), obstaculiza el planteamiento de metas y la búsqueda de caminos para su consecución, porque lo colectivo está por encima de lo individual. Como si lo colectivo no procediera de lo individual, como si no estuviera ligado el buen funcionamiento de ambos niveles, y como si alguno de ellos fuera ajeno a la naturaleza humana.

La balsa de Saramago

¿Qué sucedería si una inmensa falla se abriera a lo largo de los Pirineos y la Península Ibérica se desgajara del viejo continente y flotase como una balsa a la deriva por el océano Atlántico con sus pobladores –españoles y portugueses– dentro de ella?

Esta inverosímil historia constituye el eje de la novela La balsa de piedra (1986) del escritor José Saramago en la que dos mujeres, tres hombres y un perro se dan cita en este viaje simbólico plagado de misteriosos acontecimientos que sirven a su autor para defender la cultura ibérica frente a la preponderante de la Europa septentrional y, de paso, arrear un mandoble ideológico al predominio de los EEUU sobre el mundo. Todo ello sazonado con las consabidas fobias progresistas contra la vida moderna, insolidaria y consumista. 

Extraña utopía ésta de hermanamiento entre España y Portugal que se llevó incluso al cine por George Sluizer en 2002 con la actuación de gente tan comprometida como Icíar Bollaín, Federico Luppi (el del cinturón sanitario), Gabino Diego o Antonio San Juan.

En 1998 se convirtió Saramago en el primer escritor luso en obtener el Premio Nobel de Literatura. Se le reconocía así una obra original y una forma de pensar directa, atea, social y crítica, muchas veces polémica, pero sobre todo muy sincera. Le faltó tiempo para realizar en su discurso de aceptación del galardón una defensa del ambiente rural en el que nació. Nada más comenzar, les espetó lo siguiente a los académicos reunidos en Estocolmo: "El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir".

Sus luchas sociales fueron múltiples: desde el apoyo al pueblo saharaui y a los indios de América Latina ("víctimas de cinco siglos de humillación") hasta la defensa de la causa del juez Garzón. Nunca olvidó su compromiso con los más desfavorecidos de la tierra. Por supuesto fue un enemigo de la globalización. He aquí a uno de los intelectuales de referencia más destacados de la izquierda. Llegó a definirse a sí mismo como "comunista hormonal". Así, sin anestesia; comprensible para alguien que es todo corazón.

Desolado, como el mundo entero, por el terremoto de Haití, reeditó su libro La balsa de piedra con la única intención de ayudar a las víctimas de aquel aciago terremoto. Todos los ingresos que se obtuvieron de su venta fueron destinados íntegramente a la Cruz Roja Internacional. Fue una iniciativa que ciertamente le honra. Dicho esto, sin embargo, parece que no captó las condiciones necesarias para la creación de riqueza en una población. En su blog hizo un paralelismo con lo sufrido en Lisboa en 1755. "No hay noticia –escribió– de que un solo haitiano rico haya abierto sus bolsas o aliviado sus cuentas bancarias para socorrer a los siniestrados". Para él, la riqueza estaría dada y habría que repartirla inmediatamente. Un alivio temporal y, sin duda, necesario en determinadas condiciones; pero de persistir dicha actitud en el tiempo sería el camino más directo para mantener empobrecida a esa misma población. Hay mejores soluciones para paliar el sufrimiento humano (1, 2, 3, 4, 5).

Ahora que Portugal va a ser tal vez rescatado, me ha venido a la memoria esta Jangada de pedra ideada por Saramago. La tercera baja en el pelotón de la eurozona nos acercaría a una simbólica escisión de la Península Ibérica con respecto a la UE, tal y como ingresaron ambos países al mismo tiempo en la CEE (1986) y luego en la Unión Monetaria (1999). ¿Seguirá España a Portugal en su destino?; o, más bien, ¿será Portugal el que se una al sino de España? No faltan propuestas interesantes al respecto (1 y 2).

Pese a las fructíferas relaciones comerciales actuales entre ambos países, lo verdaderamente importante en estos momentos es que los dirigentes de ambos lados hagan en serio un necesario ajuste para salir del atolladero en que nos encontramos. A saber, la reducción de su déficit público desbocado así como de su pesada deuda, la flexibilización de sus anquilosados mercados, el alivio de la carga tributaria de sus empresas y ciudadanos, el fomento de la actitud emprendedora entre su población y el favorecer el aumento de la productividad de su respectivo tejido empresarial sin perder un minuto más para participar activamente en la presente globalización.

Sólo así marcharemos, hispanos y lusos, por la senda de un saludable crecimiento. Los demás atajos o aventuras ibéricas –al alimón o no– dejémoslos a los fabuladores de utopías.

Pronuclear o antinuclear: usted no decide

El pasado 11 de marzo, un terremoto de grado 9 y un tsunami proporcional a dicha magnitud arrasó Japón provocando miles de muertos y desaparecidos. El agua afectó a no pocas infraestructuras situadas en la costa, entre ellas, algunas centrales nucleares que, si bien aguantaron los efectos del seísmo, en algunos casos no lo hicieron con el tsunami y el agua anegó e inutilizó los generadores que ponían en marcha los mecanismos de refrigeración de los núcleos que ya habían entrado en parada. Los efectos de este incidente: explosiones, fugas radiactivas, mediciones elevadas de radiactividad, trabajos en condiciones límites, aparición de contaminación en zonas tan lejanas como Tokio, fusiones parciales de los núcleos, daños en los edificios y en las vasijas de los reactores, evacuaciones masivas y afectados por la radiactividad empezaron a aparecer en los medios de comunicación a partir del día siguiente sin apenas respiro. Una mezcla de hechos ciertos y cierta histeria en torno a lo nuclear se ha adueñado de los medios de comunicación por todo el mundo, generando debates acalorados entre los antinucleares y los pronucleares.

Los antinucleares aducen, entre otros argumentos: problemas de seguridad; que es una energía con efectos irreversibles en el entorno y en las personas cuando hechos como los acaecidos sobrevienen; que la seguridad nuclear no es perfecta y sus fallos, catastróficos; que los residuos son también extremadamente peligrosos y que los costes no son los que se aseguran. Por el contrario, los pronucleares argumentan que esta energía no es tan peligrosa; que, comparada con otras, apenas ha provocado víctimas mortales; que sus medidas de seguridad son de las más desarrolladas; que sus costes son comparativamente bajos y que es la más eficiente.

Tengo una mala noticia para los partidarios de ambas posiciones: su opinión importa poco. Lo que digan, argumenten o griten no sirve de mucho porque la supervivencia de esta fuente de energía, o de cualquier otra, no está en manos del mercado, de los oferentes o los demandantes, sino en las del poder político, las del presidente del Gobierno, las del ministro del ramo, en las del Estado que diseña la política energética.

Pensar que los acontecimientos de Japón van a hacer decantar la decisión de los políticos hacia posiciones que favorezcan a cualquiera de los dos lobbies es no conocer la naturaleza del poder. Aunque la canciller alemana Angela Merkel fue la más rápida en anunciar medidas, como que las centrales anteriores a 1980 serían cerradas sin consultar a sus dueños, en la práctica, Merkel hacía frente a esta cuestión en un momento muy delicado de las elecciones regionales. La polémica nuclear se planteó en ese momento como un argumento que socavaría su poder y le haría perder votos. Actualmente, RWE disputa en los tribunales la decisión de la canciller.

Pero más allá de situaciones concretas, la política energética debe estar diseñada para hacer frente a una continua demanda de energía. Los cortes en el sistema pueden ser tan peligrosos para su continuidad en el poder como desastres nucleares en lejanos países. Sólo países con sistemas populistas, con regímenes dictatoriales y totalitarios como Venezuela o Irán se pueden permitir justificar cortes de energía. Si Merkel quiere eliminar la energía nuclear de la ecuación, esta deberá sustituirla por otra fuente que tenga características parecidas de continuidad y eficiencia, y eso lleva tiempo, tanto tiempo que ciertas circunstancias pueden hacer que la nuclear "resucite", como los derivados de la inestabilidad de las zonas petrolíferas (Oriente Medio y norte de África, Rusia y sus vecinos, etc.).

La política energética se decide desde el poder. Desde el poder se dicen qué centrales producen hoy y ahora y cuáles no[*]. Desde el poder se da paso a las centrales eólicas o las fotovoltaicas y se pide a las de cogeneración o a las térmicas que paren. Y el poder es voluble. Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en España, las energías alternativas, la eólica y la fotovoltaica principalmente, fueron favorecidas de manera descarada con subvenciones y otros favores, mientras que la nuclear pasó a ser la "mala" del cuento. Se anunció el cierre de Garoña y la revisión de las demás centrales. Cuatro años después, la pésima situación económica llevó al mismo Presidente a revisar esta política y, aunque las alternativas seguían teniendo cierto favor, las primas y subvenciones se recortaron, provocando la queja de los beneficiados, y se reconsideró el cierre de las nucleares (al menos, hasta Fukushima).

Lo acaecido en Fukushima puede favorecer a los antinucleares, pero las necesidades energéticas crecientes favorecen a los pronucleares, pues las ventajas de esta son evidentes frente a las renovables. Así pues, la política del Gobierno se traduce en un difícil ejercicio de equilibrismo que pretende contentar, o al menos no hacer enfadar, a los principales grupos de cada posición para que estos no socaven su autoridad. Y esta realidad es aceptada por todas las partes.

El lobby ecologista es tan consciente de ello que, pese a sus campañas y argumentos, que serían propios de la sociedad civil, busca su alianza con el poder o incluso entrar en el poder a través de partidos políticos de ideología "verde". No es casualidad que Juan José López Uralde haya saltado de la presidencia de Greenpeace España a un proyecto de carácter político. No es casualidad que los diferentes partidos de ideología ecologista se alíen con los partidos de la izquierda, sobre todo, con aquellos que, desde la caída del bloque soviético, andan dando tumbos para encontrar de nuevo su nicho político. Ideológicamente coinciden en mucho.

Tampoco es casualidad que las empresas, que en principio deberían ser los principales valedores de la energía nuclear, mantengan un silencio inquietante. Quien se moleste en ver la titularidad de las centrales nucleares en España puede sorprenderse cuando vea que son las mismas empresas que poseen buena parte de las centrales de energías alternativas. Si la empresa piensa en términos de beneficio y este beneficio se deriva de la política energética estatal (subvenciones, precios intervenidos, regulación, permisos, etc.), éstas pueden aceptar que lo que dejen de ganar por el desmantelamiento de las centrales nucleares españolas pueden ganarlo por las subvenciones a las renovables u otro tipo de ayudas, y todos contentos, menos los contribuyentes. Las grandes empresas, incluso las medianas, se mantienen también al lado del poder político, en parte porque no les queda más remedio, en parte porque en la práctica les favorece su carácter de monopolio regional u oligopolio nacional, que les salva de una incómoda competencia. En dicho panorama, ¿importa la posición de cada uno con respecto a la energía nuclear, o a la renovable, o a la que se obtiene de los hidrocarburos?



[*] En la práctica REE es la que toma la decisión técnica, pero prevalecen los criterios que fija el Gobierno.

Riesgos y costes de la energía nuclear

La crisis vivida en la central nuclear de Fukushima tras el catastrófico maremoto del pasado 11 de marzo ha puesto de manifiesto la profunda brecha que separa a partidarios y detractores del aprovechamiento energético de la fisión atómica.

Las conquistas científicas y tecnológicas que caracterizan a nuestra era han venido a sustituir en el imaginario colectivo la fascinación por lo extraordinario e inexplicable, dotando de un halo de misterio a los artefactos en los que se traduce todo ese conocimiento y desarrollo. Esto, casi sin poder evitarlo, atrae miedos y superchería. Los nuevos demonios proceden de la técnica. Las maravillas que disfrutamos nos resultan sorprendentes, incluso cuando su explicación racional resulte especialmente sencilla y accesible para cualquiera.

La industria contaminante se desarrolló de la manera en que hizo gracias a la vulneración sistemática de los derechos de propiedad de quienes fueron víctimas directas de la polución generada. Los gobiernos, movidos por su particular interés estratégico unas veces, otras, como mera correa de transmisión de las artimañas de algunos industriales, contribuyeron a que éstos quedaran exentos de muchos costes, gracias al privilegio y la arbitraria concesión del Estado. Instalar una industria altamente contaminante exige indemnizar de algún modo a las personas y propietarios que sufren o padecen dichos efectos perniciosos sobre su salud o sus heredades.

Una central de producción energética a partir de la fisión nuclear genera dos tipos de emisiones: vapor de agua y residuos radiactivos. El primero es inocuo, siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso pasaría a formar parte del segundo tipo de emisión. Los residuos radiactivos se tratan de tal manera que acaban siendo confinados en una piscina, como paso previo a su definitiva clausura en un cementerio nuclear aislado y sellado. Fugas y residuos con un potencial contaminante que, en el peor de los casos, puede comprometer la misma habitabilidad en un amplio territorio en torno a la central. El empresario nuclear, al plantearse la instalación de una planta de esta clase, debe considerar todos y cada uno de los costes que intervienen en su proyecto de inversión (también los eventuales, con la peculiaridad que ello conlleva). Y dado que las consecuencias de un accidente pueden ser terribles, este riesgo concreto debe asumirse, quizá, como el elemento central y más importante dentro de su proyección empresarial.

Cuando nos vemos obligados a asumir cierto riesgo como coste eventual de nuestra actividad productiva, tenemos dos maneras de incorporarlo en nuestro cálculo intelectual: bien a través del coste previsto para ciertas infraestructuras de seguridad, que limiten y acoten dicho riesgo lo máximo posible; o, en todo caso, a través de su transformación en una prima de riesgo. Dado que el riesgo no puede eliminarse por completo en ninguna actividad que emprende el Hombre, incluso siendo adoptadas las medidas de prevención más minuciosas, el empresario nuclear se verá obligado a ajustar su diseño y funcionalidad a los requisitos que le imponga la entidad aseguradora, fijados además como requisito ineludible para darle cobertura en su normal actividad mediante la contratación de una póliza de seguro.

El problema de las centrales nucleares es que, aun demostrando con el día a día su excelente funcionamiento, y a pesar de la eficacia de sus instalaciones de seguridad y contención incluso ante el peor de los escenarios imaginables, siempre estarán sometidas a un riesgo de consecuencias incuantificables. Sin olvidar que este tipo de producción energética exige tener en cuenta la necesidad de gestionar y mantener confinados los residuos radiactivos, muchos de ellos con una vida de miles de años, lo cual también compromete la seguridad incluso en un remoto futuro.

¿Se habría desarrollado como lo ha hecho la tecnología civil nuclear sin la intervención de los Estados o la coordinación internacional lograda por éstos? La respuesta es no. Pero negativa es también la contestación si nos hacemos la misma pregunta sobre cualquier otra industria contaminante. Todas ellas son hoy como son, están donde están, y han tenido el desarrollo que han tenido, gracias al parapeto del Estado, haya servido éste como agente activo e independiente en el diseño y distribución de la industria o, sencillamente, por haber cumplido un papel instrumental gracias al que muchos empresarios se ahorran costes de manera injusta.

Los empresarios de los sectores históricamente más contaminantes, han conseguido eludir la incorporación de unos costes que, en un sistema de Derecho privado, con toda seguridad se les habría exigido tarde o temprano por los individuos afectados.

Toda la vigente legislación dedicada a la protección de la salud de la población, la calidad del aire, el agua o los alimentos, y las restricciones planteadas sobre las emisiones contaminantes de todo tipo de industria o artefacto, tiene un carácter paliativo que es incapaz de sustituir el espontáneo desarrollo de límites jurídicos estrictamente privados. Sus fines últimos podrían asimilarse a los resultados de un orden social basado en un escrupuloso respeto de la propiedad privada, pero, sin embargo, estas políticas, al estar sometidas al ejercicio de la distribución centralizada de costes, adolecen de todos los vicios y contradicciones que le son propias a la legislación organizativa.

No sabemos cómo sería hoy la industria contaminante si los gobiernos nunca hubieran privilegiado a los industriales en sus relaciones con el resto de agentes. Posiblemente, estarían ubicadas en otros lugares o, sencillamente, y con mucha antelación que lo sucedido las últimas décadas, se habría conducido la investigación y la consecuente inversión en el sentido de resolver los problemas contaminantes más lesivos como parte de una estrategia especulativa centrada en disminuir costes futuros gracias a inversiones en calidad y eficiencia técnica. Hoy es el Estado quien distribuye entre los ciudadanos la pesada carga de corregir los efectos de sus anteriores juegos de planificación. Sanear zonas industriales o minimizar el impacto de industrias como la que utiliza el petróleo como fuente principal para la obtención de energía, materia prima que, con toda seguridad, habría sido pronto relegada mucho antes incluso en el ámbito de los vehículos a motor.

Las centrales nucleares acomodan su diseño, garantías y ubicación a los requisitos que imponen los gobiernos y los organismos internacionales en los que se reúnen y coinciden. El empresario nuclear acude a este tipo de inversiones porque conoce perfectamente que podrá librarse de ciertos costes o, en todo caso, recibir ingresos adicionales en forma de subvenciones. Esto no niega a la energía nuclear su evidente superioridad en términos de eficiencia técnica. Sí impide que sepamos exactamente cuál es su coste económico y si éste merece la pena ser asumido a cualquier precio de mercado, o en cualquier circunstancia física, social o política que se nos ocurra.

Mientras tanto, las petroleras mantendrán su dominio a pesar de la propaganda y el sainete de las energías "renovables". Se sigue invirtiendo en nuevas perforaciones y se buscan los yacimientos que garantizarán el suministro de dentro de 20, 40 o 60 años. Tampoco la industria petrolera asume por completo el riesgo que comporta la explotación de pozos, el refinado del crudo o su transporte en barco o a través de conducciones. Sin embargo, su mañana es muy prometedor a la vista de sus esfuerzos por hallar nuevos yacimientos, aprovechar hasta la última gota de los ya explotados o, sencillamente, la manifiesta confianza en el precio futuro del petróleo demostrada por los inversores.

La catástrofe de Fukushima puede servir a dos causas muy distintas: en primer lugar, a la causa de la superchería tecnológica, en los términos comentados al principio, y en un segundo lugar, a la causa de quienes apostamos por ofrecer una crítica liberal de las circunstancias, analizando sus orígenes, identificando a los agentes responsables de las consecuencias más terribles, y proponiendo una reflexión racional sobre el futuro del mercado energético.

La Utopía y Marco Aurelio

¿Qué espacio puede tener en un entorno liberal la figura de un viejo emperador romano? Aquellos dirigentes eran la cúspide de un régimen autoritario basado en el ejército. No olvidemos que el sentido primigenio del sustantivo imperator era el de "general en jefe".

Marco Aurelio (121-180 d.C.) es uno de esos emperadores. Está catalogado entre los "buenos". Los hubo "malos" y fueron muchos más que los otros. Marco Aurelio es, además de emperador, el autor de un libro cuya traducción ha venido siendo en español Meditaciones y que en el griego original de su redacción recibió el título de Palabras para uno mismo. Donde pongo Palabras, bien pudiera haber puesto Reflexiones, ya que el original griego es tan ambiguo que la mejor traducción sería Cosas. Pero ese término en español resulta poco aceptable como título. Si alguien se pregunta por qué escribió el libro en griego y no en latín, la respuesta es que el griego en aquel momento era el idioma de la filosofía, de la reflexión, del saber. Marco Aurelio llevaba barba como su antecesor Adriano, quien la puso de moda porque era un amante de Grecia. Grecia era símbolo del pensamiento y sus filósofos llevaban barba.

Las Meditaciones fueron escritas en buena parte durante las campañas fronterizas del emperador contra partos y marcomanos. Están no ya teñidas, sino sumergidas en un estoicismo omnipresente. Hay una suave melancolía, una resignación serena ante la caducidad de la vida. Hay un orgullo contenido de ser romano y una temperada conciencia del inmenso poder del cargo. Hay apelaciones a la razón como guía y ciudadela ante las asechanzas de la fortuna. En fin, Marco Aurelio despliega ante el lector toda una panoplia de reflexiones sobre el ser y el vivir que han convertido su obra en un modelo literario y filosófico.

Ahora bien, vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué espacio puede caber para un monarca absoluto en una página liberal? Ninguno, a priori. No obstante, durante la lectura del libro, uno se topa repentinamente ante esta frase: "No esperes la República de Platón; por el contrario, considérate satisfecho si lo más nimio progresa y considera que el resultado de esto mismo no es algo insignificante"(Meditaciones, IX 29). Lo que hubiera sido el sueño de Platón, ver a un filósofo en la cúspide de la sociedad y con un poder casi absoluto, se torna, una vez vuelto realidad, en una abrumadora confesión de realismo. Las palabras de Marco Aurelio evocan en el lector liberal a Karl R. Popper y sus juicios sobre Platón en La sociedad abierta y sus enemigos, donde el ateniense aparece como el primer propugnador del totalitarismo precisamente con su diálogo La república. Luego, vienen a la memoria las palabras que el filósofo austríaco dedica a lo que él llama "los ingenieros o técnicos fragmentarios": "Aunque albergue algún ideal concerniente a la sociedad como ‘un todo’ –su bienestar general quizá–, no cree en el método de rehacerla totalmente. Cualesquiera que sean sus fines, intenta llevarlos a cabo con pequeños ajustes y reajustes que pueden mejorarse continuamente"(La miseria del historicismo, trad. Pedro Schwartz, Madrid, Alianza-Taurus, 1995, páginas 79-81).

Consciente del anacronismo y llevada por encima del oleaje de la historia en una travesía a contracorriente de su curso, la fantasía del lector empuja a pensar que Marco Aurelio fue uno de esos "ingenieros fragmentarios". Frente a ellos desfilan quienes, llevados por la utopía de la sociedad perfecta imaginada por Platón, pretenden instaurar un paraíso en la tierra cuyas máximos logros, al final, suelen reflejarse en el cartel de entrada a un GULAG o en una montaña de calaveras humedecidas por los monzones de un remoto confín asiático.

Quizá sea este mensaje del viejo emperador uno de los que la intelligentsia políticamente correcta contemporánea desee evitar que nuestros escolares hallen en el curso de sus estudios. De ahí, no dejaré de insistir, su odio a todo lo que huela a las raíces de nuestra civilización. Es lógico que les resulte humillante comprobar cómo hace muchos siglos alguien desvela sus falacias.

En otra veleidad de la fantasía, se puede llegar a pensar que no vendría mal grabar esa frase en los frontispicios de todos los centros de poder para que el político de turno no creyese que su función es cambiar el mundo, sino contribuir modestamente a mejorar algo, un poco, las condiciones de quienes lo han alzado al puesto que ocupa, sobre todo dejándoles que hagan su vida libremente. Y sentirse, a continuación, totalmente satisfecho con esa tarea.

Juan Márquez y el gobernador cristiano (1612)

En nuestro repaso de los autores de la Escuela de Salamanca, verán que vamos saltando con facilidad del pensamiento económico al político y viceversa. Por ejemplo, la cuestión de los tributos legítimos permite consideraciones tanto en el ámbito de la justicia distributiva como en la discusión sobre los límites del poder. Precisamente ambas cuestiones se contemplan en un interesantísimo libro de Javier López de Goicoechea sobre Juan Márquez y dos escritos suyos: El governador christiano (un encargo del duque de Feria "para los que han de tocar las cosas del gobierno") y su Respuesta a la consulta del Consejo de Castilla sobre la licitud y justicia de la aprobación de nuevos tributos (1619).

Juan Márquez (1565-1621) fue un teólogo agustino, nacido en Madrid, formado en los estudios de la Orden en Toledo y profesor de la Universidad de Salamanca. Allí sufrió diversos avatares en la provisión de las cátedras (una vieja costumbre académica que lamentablemente vemos que se mantiene hasta nuestros días), ganando finalmente la de Vísperas de Teología en 1607; al tiempo, ocupó los cargos de Predicador en la Capilla Real y censor del Santo Oficio.

En 1604 don Gómez Suárez de Figueroa, II duque de Feria y Virrey en Sicilia, escribió al fraile agustino para que compusiera "un escrito de conformidades, para los que andan ocupados en cosas públicas y peligrosas, debido a las contradicciones de lo útil y lo honesto que tales cosas conllevan". Ocho años tardó en publicarse el libro, del que en seguida celebraremos el cuarto centenario. Fue casi un modelo en su género, siendo reimpreso en 17 ocasiones, incluidas sendas traducciones al francés e italiano.

No podemos "catalogar" en pocas palabras el contenido de esta obra dentro de la literatura política del Siglo de Oro. En medio del maquiavelismo y tacitismo, los defensores de la razón de estado, los críticos del poder absoluto o la corriente jesuítica sobre los límites del gobierno, esta obra es más bien un tratado bíblico-moral del que se pudieran deducir reglas de prudencia cristiana para los que ocupan puestos de responsabilidad pública. Veremos en seguida que Márquez no tuvo el arrojo del padre Mariana en su crítica del aumento los tributos reales; pero sí manifiesta esa cierta independencia de los doctores de Salamanca frente al ejercicio del poder.

Ya en los Preliminares señala que "las leyes de una República quiere san Agustín que sean pocas y constantes; porque siendo muchas se vendrían a quebrantar por menosprecio o por olvido, y mudadas cada día llegarían a causar turbación y confusión en el pueblo". Enseñanza que nos parece muy conveniente en todo tiempo; así como la de "alargar los ojos a ver las necesidades que padecen sus vasallos, mayormente cuando nacen de las injustas opresiones"; o su recomendación de que "los hombres impacientes de sinrazones son buenos para gobernar". Lo que traduzco libremente como aquellas personas que se rebelan contra la estulticia general y lo políticamente correcto.

En sus consejos para el Gobernador cristiano, Márquez trata a continuación de los tributos, citando con perspicacia a Mariana: "Por lo cual, deben los príncipes examinar con grande atención la justicia de las nuevas contribuciones; porque cesando ésta, como los Doctores resuelven, sería robo manifiesto gravar en poco o en mucho a los vasallos. Tan cierta y tan católica es esta verdad, que aun los tributos necesarios afirman hombres de buenas letras (J. de Mariana) que no los podría imponer de nuevo el Príncipe sin consentimiento del Reino". Pero decíamos que no llega a la postura firme del jesuita: "Estos Doctores hablan cristiana y piadosamente, deseando cerrar la puerta a las tiranías de los malos Príncipes: mas tampoco es razón estrechar tanto la autoridad de los Reyes, que se venga a hacer cortesía lo que es deuda debida y natural".

Como señala el prof. López de Goicoechea, "Lo que no niega Márquez es la legitimidad de condicionar la elección del soberano a la no imposición de mayores cargas sin consentimiento popular. Pero si el pueblo ha conferido todo su poder y autoridad al monarca, como habitualmente sucede según comenta, no se puede exigir a aquél otra cosa que magnanimidad en sus decisiones, ni se le podrán atar las manos a la hora de estimar los tributos necesarios para el mantenimiento de la Hacienda Real".

Vemos, por tanto, una postura más tibia en lo referente a los límites del poder que la mantenida por Juan de Mariana, Francisco Suárez o, antes que ellos, Juan Roa Dávila. Siendo que los doctores de Salamanca, en general, comprendieron la vieja teoría pactista del Medievo que reformuló Francisco de Vitoria, luego unos y otros adaptaron esos criterios a la realidad del gobierno con mayor o menor exigencia. En el caso de Márquez, el otro documento que estamos comentando nos da la medida de su compromiso.

Efectivamente, su Respuesta a la consulta del Consejo de Castilla sobre la licitud y justicia de la aprobación de nuevos tributos (de 1619) nos muestra la imagen de un viejo maestro ya acomodado a la cercanía al poder. Y es que desde 1616 ejercía como predicador del Rey; lo que por una parte le trajo ciertas complicaciones con la Universidad de Salamanca por el abandono de su docencia (en esto tampoco hemos avanzado demasiado cuatrocientos años después); pero sobre todo le vemos mucho más transigente en cuanto a las limitaciones impositivas: "Es más probable la parte de que este tributo es justo que la contraria… Lo uno, porque en caso de duda se ha de presumir que el tributo que el Príncipe propone es justificado. Lo otro, porque hay muchos doctores que dicen que basta que el Príncipe siga opinión probable, para imponerle con justicia".

En fin, sin dejar de reconocer la erudición e inteligencia de nuestro doctor agustino, parece que se le debe situar más cerca de la llamada "razón de estado" que de la postura crítica mantenida por otros maestros de Salamanca.