Casi 35 millones de españoles estamos llamados a las urnas el próximo 22 de mayo en lo que la corrección política de licenciados en periodismo moldeado por las universidades estatales ha llamado en denominar "fiesta de la democracia". Una fiesta en la que se sacrifican nuestras libertades para el disfrute de los socialistas de todos los partidos y que pagamos los de siempre, los contribuyentes.

No debe llamarnos la atención que entre las tres formas puras de gobierno establecidas por Aristóteles se encontrara el gobierno de muchos que degeneraba en demagogia cuando dejaba de buscar el bien común. Los griegos ya lo pesaron casi todo antes y mejor de lo que nosotros podamos añadir ahora, pero lo que ya se sabía entonces parece haberse olvidado hoy.

El argumento cuantitativo no es ni debería ser el hecho que define lo que se conoce como "democracia", elevando un simple mecanismo de selección de élites a la categoría de sistema político en el que la aritmética es la única regla que valida el ordenamiento jurídico por el que nos regimos. La separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos que mantienen en equilibrio todo el sistema frenando los excesos sin convertirse en un lastre son una parte tan fundamental de una "democracia" como el conteo de votos.

De lo contrario, el mercado político se convierte en campo abonado para el socialismo de todos los partidos, que pugnan por el voto de una ciudadanía dependiente de las prebendas que estos ofrecen. Al iniciar este camino cuesta abajo, el crecimiento del Estado se vuelve incontenible y, prácticamente, irreversible, la red clientelar sustituye los esfuerzos y méritos individuales para convertir la iniciativa emprendedora en sujeto paciente a la espera de las concesiones distribuidas por los gobiernos. El propio sistema se cierra sobre sí mismo y a ningún partido ni a ninguno de los ciudadanos-beneficiarios les interesa poner coto a esa escalada, pues el coste aparece diluido entre toda la sociedad donde la ausencia de precios libres nos impide valorarlo en su dimensión real. Los políticos pasan a ser la casta que controla los mecanismos de poder mientras que los ciudadanos son receptores de renta, ya sea en forma de estudiantes eternos, pensionistas que nunca cotizaron, padres que tienen hijos u organizaciones subvencionadas de todo tipo. En mayor o menor medida, a ninguno le interesa parar la vorágine de explotación del contribuyente pues todos aspiran a beneficiarse de forma que el saldo de lo que aportan les resulte favorable, aunque jamás lo podrán llegar a comprobar.

Nuestro sistema constitucional está viciado en origen al tratarse de una carta otorgada por la clase política en la que se da forma al Estado y de éste surgen todos los derechos y deberes que los ciudadanos deben aceptar. De esta forma es el Estado el que controla a los ciudadanos y no al revés, que como hombres libres pactan una Constitución que defina y limite un poder político que tendrá como deber sagrado respetar los derechos previos de aquella comunidad reunida.

Un sistema que se justifica por sí mismo, que se autolegitima sin apelar a un cierre exterior o anterior, es maleable y corrupto en su propia esencia. Es, en definitiva, el mal del que adolece el sistema jurídico kelseniano sobre el que se levantan nuestras leyes. Si el Derecho se justifica en el Derecho, resolver la constitucionalidad y adecuación de las normas se limita a una simple cuestión formal, que aunque importante, permite trastocar la ley desde la ley vulnerando el espíritu de la misma hasta convertir todas las garantías constitucionales que nos protegen en un mero armazón inoperante. Ley que los políticos pueden saltarse siempre y cuando adecuen los atropellos formalmente, es decir, cumpliendo simplemente los procedimientos, aunque la letra y sus efectos sobre nuestras vidas sean aberrantes.

Esta doble trampa de nuestro nos atrapa en la vorágine de un sistema aparentemente legítimo pero cuestionable, sin dejar margen al necesario control que limite el poder político.

EL Poder único tiene dos formas: personal e impersonal. La primera forma, en su estricto desarrollo, tiende a la segunda o cede ante ella. La monarquía absoluta genera su propia burocracia, como cualquier poder extenso que multiplica sus facultades a medida que complica el ejercicio de las mismas. Las organizaciones, sean o no políticas, públicas o privadas, acaban burocratizándose (Mises), momento en el que comienza su decadencia. El Estado representa la segunda forma, la impersonal, y surge a su vez de dos factores: la necesidad organizativa del poder extenso (y expansivo), y la convergencia de intereses particulares, ya sean estos políticos, morales o económicos, que acaban definiendo la naturaleza de este tipo singular de organización. La forma del Poder plural es la República, entendida como cúmulo de poderes públicos coordinados y contrapesados, en relación federativa entre sí, y en interdependencia con otros poderes particulares que pueden o no terminar adoptando la categoría de contrapoderes institucionalizados.

La unificación del Poder exige que tanto el poder político como el económico se fundan bajo una misma organización sin que esto suponga necesariamente la centralización de la dirección empresarial o la colectivización de la propiedad de los bienes (principalmente los de orden superior), sino que se expresa en las distintas versiones intervencionistas (Mises). Sin embargo, el proceso integrador al que tienden las grandes organizaciones originalmente competitivas o sometidas a un régimen de propiedad plural y Derecho común tiene en lo económico un límite insuperable (Coase), mientras que en lo político, puede darse la existencia de varias voluntades no dispuestas a dicha integración por motivos que exceden un análisis praxeológico (Mises) o cataláctico (Hayek). 

A consecuencia de la técnica moderna, las organizaciones tienden a desarrollarse, unirse y a aumentar su campo de acción. La consecuencia inevitable es que el Estado político debe aumentar incesantemente sus funciones económicas o abdicar parcialmente a favor de grandes empresas privadas suficientemente poderosas para desafiarle o fiscalizarle. Si el Estado no exige la supremacía sobre esas empresas, se convierte en su muñeco y ellas se convierten en el verdadero Estado. De un modo o de otro, dondequiera que existe la técnica moderna deben ser unificados el poder económico y el político.

B. Russell. El Poder. Un nuevo análisis social.

Esta lección posee un fondo de verdad que, no obstante, parece no ser coherente con las teorías que el autor maneja sobre el Poder (muy consistentes y completas).

Sólo el estatismo genera las condiciones para que el Poder político, en su versión extensa, tienda a unificar el resto de órdenes bajo su halo homogenizador (D. Negro). Russell asume que la única forma de Poder viable en el mundo industrial es el ilimitado, o Estado, descartando por completo la República. El anarquismo soluciona la cuestión eliminando de su razonamiento todos los órdenes que no sean el estrictamente económico, pudiendo así dar aparente verosimilitud a unas teorías claramente desconectadas de los rasgos inteligibles propios de los fenómenos que trata de explicar. En ambos casos se produce idéntico error intelectual: considerar el Poder como una fuerza que no se halla también sujeta a las vicisitudes y contingencias del proceso social, sean estas de tipo moral, jurídico, político o económico. Es decir, en ambos casos se realiza un análisis parcial de los fenómenos sociales, lo que conduce al fracaso explicativo de sus teorías.

El Poder social (distinto del poder físico), en cualquiera de sus versiones, se manifiesta como una fuerza fundamental que afecta a la coordinación de intereses y el consenso civil básico que a su vez posibilita la convivencia. Sin embargo, queda sometido a otras muchas fuerzas que impiden esa tendencia agregadora que inspira el ideal estatista. El Hombre es un ser moral, que se comporta también de un modo jurídico, y que participa de intercambios motivados por sus valoraciones subjetivas. El tipo de conocimiento relevante que hace posible la coordinación de intereses particulares y su satisfacción impone una grave limitación a la concentración del dominio económico, haciendo irrelevante semejante temor en la consideración de la acuciante necesidad de compensar en lo político la temida aparición de un poder extenso en el ámbito estrictamente mercantil. De igual modo, tampoco es cierto que el poder moral, o el poder religioso, puedan alcanzar la uniformidad, poniendo a disposición de una estructura de dominación organizativa la facultad de provocar el cambio social en una dirección concreta sin que este hecho experimente crisis, revoluciones y una constante tendencia a la disgregación, la novación y la singularidad.

El estudio del Poder no debe verse condicionado por el mito de la unificación, se entienda esta desde la perspectiva estatista o desde la que podemos denominar anarquista. La primera hace deseable, o al menos preferible, que el poder se unifique en torno a lo político. El anarquismo elimina por completo la fuerza que representa el Poder social, prescindiendo de sus todas sus formas, con excepción de la económica (idealizada al margen de sus inevitables extensiones políticas), en su versión capitalista o, exceptuando el poder moral, en su versión estrictamente comunista.

El estatismo es ingenuo al pensar que cabe uniformizar dando primacía a lo político, domando así las otras tendencias bajo el mito de la integración del individuo en lo público organizado, hallando un justo equilibrio entre el interés común y los intereses intensamente particulares. El anarquismo peca de idéntica ingenuidad partiendo como parte de la misma concepción que tiene el estatismo sobre el poder, todo ello en su objetivo de resolver la paradoja social mediante la eliminación abstracta de la inevitabilidad del Poder social en todas sus expresiones, salvo en lo que considera sometido a fuerzas suficientes como para limitarlo: la competencia, el mercado y la propiedad privada (versión anarco-capitalista).

La alternativa a todo esto es el esfuerzo por estudiar y comprender el Poder expresado en sus distintas formas, identificando la unificación, desde cualquiera de ellas, como un artificio que se sostiene gracias a la anulación del propio proceso social, total o parcialmente, en alguno o en todos los órdenes que lo componen (D.Negro). El Poder social, sea éste privado o público, asistemático o institucional, es limitado mientras que el poder desnudo del absolutismo no logre adquirir la condición de tradicional (Russell). Esta actitud permite explorar las distintas posibilidades históricas o aquellas que quepan imaginar y poner en práctica por el Hombre, en el sentido de potenciar el carácter plural del Poder, aislarlo en sus distintas expresiones (moral, político, jurídico, económico, intelectual…), dentro de un proceso dinámico y competitivo que se adapte a la naturaleza misma del orden social, frente a la ciega confianza en la capacidad humana para organizar la sociedad de manera centralizada y a través de mandatos de contenido suficiente.