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El dinero como institución evolutiva

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El dinero es una institución abstracta que puede concretarse de diferentes maneras. Cada sociedad o sistema económico utiliza un bien específico como dinero y lo produce de algún modo. La determinación de qué bien concreto se utiliza para cumplir las funciones abstractas del dinero no necesita ningún mandato centralizado ni ningún implausible contrato o consenso social.

El dinero es una institución, un patrón repetitivo de conducta que emerge de forma evolutiva mediante la generación de alternativas, selección y generalización de lo exitoso, y rechazo y desaparición de lo fracasado: múltiples agentes participan imitándose unos a otros y ocasionalmente probando algo nuevo. El uso generalizado de un mismo bien concreto como dinero se origina por difusión espontánea sin necesidad de coordinación central: múltiples acoplamientos parciales y locales generan un orden global.

El dinero permite la coordinación social: cada agente utiliza un dinero concreto y lo acepta como medio de pago porque sabe o cree que los demás individuos con quienes se relaciona habitualmente lo han hecho, lo hacen y continuarán haciéndolo. A cada usuario de un dinero concreto le interesa que los demás agentes económicos con quienes realiza o podría realizar intercambios usen el mismo dinero. La institución del dinero se mantiene por los intereses comunes y entrelazados de todos los participantes.

El dinero es un bien red: cuantos más agentes lo empleen, más útil resulta para cada usuario (realimentación positiva reforzadora). La existencia prolongada de competencia entre dineros alternativos en un mismo grupo o zona geográfica es anómala, ya que cuanto más popular es una variante más puede incrementar su popularidad y desplazar a las demás. Dineros diferentes pueden coexistir si son complementarios (oro para mucho valor, plata para poco valor) o en regiones limítrofes.

Otras instituciones como el lenguaje o el derecho constan de múltiples elementos que pueden tener variedad geográfica y evolucionar de forma relativamente independiente: vocabulario y sintaxis de diversos idiomas o dialectos (símbolos y reglas parcialmente arbitrarias), normas concretas de diferentes tradiciones o sistemas legales. El dinero en contraste es básicamente un solo bien (o unos pocos bienes) que no se elige de forma caprichosa: las características objetivas de los bienes materiales los diferencian claramente respecto a su funcionalidad monetaria.

La existencia de un único dinero concreto completamente universal es en principio posible pero no está garantizada. El camino histórico de una institución es determinante para su desarrollo futuro. Una variante institucional (una forma concreta de dinero) tiene un alcance espacial determinado por su lugar de origen y sus posibilidades de expansión. Es posible que grupos suficientemente separados tengan dineros o monedas diferentes por su evolución histórica independiente, la debilidad de las relaciones de acoplamiento y los costes de transición entre variantes institucionales.

Un determinado bien (como un metal precioso) puede ser técnicamente el mejor dinero posible (almacenamiento, transporte, manipulación, reconocimiento), pero su implantación exitosa es problemática y depende de la resistencia de las tradiciones culturales relativas a otros dineros preexistentes y de los intereses y las fuerzas relativas de los productores y poseedores de las diferentes variantes monetarias.

Los seres humanos han convivido históricamente en diversos grupos más o menos aislados entre sí: las relaciones son más frecuentes e intensas entre individuos más próximos pertenecientes al mismo grupo. Las fronteras o límites entre grupos pueden ser más o menos difusas (zonas de transición con influencias mixtas o pertenencia a varios conjuntos) y permeables (grupos abiertos o cerrados, aislados). Algunos individuos se especializan en relaciones entre grupos alejados (aventureros, exploradores, comerciantes importadores y exportadores).

La evolución institucional es histórica y gradual: cada situación se construye mediante cambios marginales a partir de la situación anterior. Pero la velocidad de cambio no es necesariamente constante: en algunas circunstancias un sistema complejo es muy sensible a ciertos cambios internos o ambientales, mientras que en otras circunstancias un sistema puede ser muy resistente al cambio. Algunos cambios institucionales suceden en momentos críticos, transiciones, cruces de umbrales o cambios de fase: influencia cultural o invasión e imposición exógena, aislamiento de un grupo pequeño con menos resistencia al cambio, cambios tecnológicos importantes (metalurgia, imprenta).

Durante la formación inicial de una institución pueden competir alternativas sin que ninguna tenga la ventaja de ya estar implantada. Una vez afianzadas, las implementaciones concretas de las instituciones sociales tienen una fuerte inercia, que por un lado las hace útiles (las expectativas de los agentes tienden a cumplirse) pero por otro dificulta los cambios adaptativos.

La estabilidad de las instituciones es fuerte pero no absoluta: una forma concreta relativamente peor puede ser sustituida por otra mejor si los costes de transición entre ambas no son demasiado elevados (o mantenerse en caso contrario). La adopción de una alternativa potencialmente mejor debe enfrentarse al gran coste que supone su promoción y el abandono generalizado de la anterior, considerando además el posible riesgo de fracaso de lo novedoso en comparación con la funcionalidad de lo ya conocido.

Los miembros de diferentes grupos, aunque utilicen los mismos metales preciosos (oro y plata) como dinero, pueden utilizar diferentes acuñaciones o monedas: la confianza en la certificación de la pureza y la cantidad declarada de la moneda por algún agente con buena reputación puede estar limitada a un área en la cual el prestigio del certificador es conocido; los imperativos legales tienen jurisdicción limitada (el curso legal forzoso sólo se extiende al ámbito de soberanía del gobernante).

La determinación de qué bien concreto se usa como dinero puede verse influida o distorsionada por algunos agentes especialmente poderosos que pueden imponer coactivamente su criterio o dificultar la competencia en su propio beneficio y a costa de los demás: monopolio de la producción, certificación o acuñación; exigencia del pago de impuestos en una determinada moneda; protección privilegiada de ciertos aliados productores de dinero o complementos monetarios (billetes y depósitos de bancos prestamistas del gobierno); imposición legal de algún dinero fiat con bajos costes de producción, sin valor intrínseco ni convertibilidad ni adecuado respaldo.

En una sociedad libre nadie está obligado a aceptar ningún bien concreto como dinero. En cada intercambio una parte propone y la otra acepta o no unas condiciones, entre las cuales puede figurar el medio de pago. Cada agente económico refuerza una institución mediante su uso voluntario.

Los 40 millones de jefes de Ana Pastor

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

No pude seguir en directo la entrevista que le hizo Ana Pastor a Mahmud Ahmadineyad (aunque he podido ver algunos pasajes en internet) pero, según me cuentan todos los que la vieron, la periodista española estuvo impecable: preguntó lo que tenía que preguntar, no se dejó avasallar por el tirano iraní y le molestó con cuestiones que pocas veces ha tenido que responder.

No me sorprendió, aunque eso no le quita mérito. En los últimos años, son habituales en los medios españoles las entrevistas a la carta, pero Pastor lleva tiempo demostrando que es posible para un periodista molestar a un político con cuestiones incómodas e, incluso, reprenderle si no responde a aquello que se le pregunta. Y lo hace desde una televisión pública, algo de lo que se enorgullece.

Un par de días después de volver de Irán, acudió a Buenafuente y esta vez sí pude ver en vivo las respuestas que daba cuando se le preguntaba por su trabajo: “[Quiero] ofrecer una televisión pública de calidad. La entrevista [a Ahmadineyad] es un símbolo de esta televisión pública en la que creo y de la que estoy orgullosa de formar parte. A mí nadie me dice cómo tengo que hacer las entrevistas”.

En un momento dado, Andreu incluso le reconoce que la visita a Teherán puede que sea la mejor campaña de marketing de RTVE: “Dices, hombre, ya que tenemos una tele pública, que trabaje gente buena, ya que la pagamos”. La respuesta de Ana no tiene desperdicio: “Sí, eso es verdad, nuestros jefes son los cuarenta y picos millones de españoles que espero que crean, y lo sé, en este modelo, que pienso que tiene que perdurar”. Es una pena que el cómico catalán no sea tan buen entrevistador como Pastor, porque de sus palabras se pueden sacar muchas cuestiones que no se deberían haber dejado en el aire.

Es fácil para un liberal criticar un servicio público de mala calidad, pero todo se vuelve más complicado cuando lo que te ponen enfrente es a un funcionario haciendo bien su trabajo. En realidad, esto parte de un equívoco habitual en la literatura anti-estado. Como no nos gusta el modelo, usamos los ejemplos negativos como si fueran la norma exclusiva. De esta manera, satirizamos al funcionario, criticamos la ineficiencia del burócrata o nos cebamos con el político en abstracto, como si todos los que trabajan para el poder político fueran malvados, inútiles o perezosos.

La realidad nos desmiente a poco que abramos los ojos. Tengo numerosos familiares y amigos que trabajan, de una u otra forma, para el Estado y la inmensa mayoría son amables, inteligentes e industriosos. De hecho, no sólo mis conocidos cumplen estas características: en la mayoría de las ocasiones que he tenido que acudir a solucionar un problema con la Administración, me he encontrado con funcionarios cordiales, deseosos de ayudarme y competentes profesionalmente. El problema no es de personas, es de modelo.

Ana dice que sus jefes son “los cuarenta y pico millones de españoles”, pero ella misma sabe que eso no es verdad. Sus jefes son los burócratas nombrados a dedo por el Gobierno para dirigir RTVE. Si ella quiere conservar su trabajo, deberá convencerles a ellos, y no a los telespectadores, de que lo merece.

Cuando afirma que sabe que los españoles creen en “esta de televisión pública”, alguien debería preguntarle: ¿y cómo lo sabes? ¿Les has preguntado a todos? ¿Les has pedido su dinero, uno a uno, para pagarla? RTVE cuesta unos 1.200 millones de euros al año Sale a unos 70 euros al año por hogar aproximadamente. No parece una cantidad desaforada. Puede que haya muchos españoles dispuestos a pagarla a cambio de ver las entrevistas de Pastor y las series sin anuncios. El problema es que Ana no parece darse cuenta de que sus palabras se contradicen. Porque sus jefes no son los ciudadanos, ni éstos son libres de pagarle su sueldo.

Puede que a una gran mayoría de nosotros nos guste Pastor como entrevistadora: incluso aunque sepamos que no comparte nuestras ideas políticas, nos agrada como realiza su trabajo. Seguramente, esa estima del público le garantizaría un puesto en otras muchas cadenas y allí lo haría igual de bien: la diferencia estaría en los incentivos que hay en uno y otro lugar.

En cualquier trabajo, el objetivo es mantener el puesto, ascender si es posible y ganar más dinero si se tercia. En la empresa privada, para lograrlo, uno tiene que convencer al cliente (o a tu jefe) de que su labor merece la pena, y de que el sueldo que recibe es merecedor de esa confianza. Eso no elimina a los inútiles, que pululan también por los pasillos de las grandes compañías, pero les hace más difícil avanzar. Una empresa sólo puede sobrevivir si es lo suficientemente eficiente en su organización interna como para obtener beneficios y esto sólo se logra ofreciendo al público bienes que éste desea a un buen precio. Cada departamento debe estar enfocado a este objetivo. Puede que en un momento determinado haya un jefe poco preparado o un trabajador incapaz, pero la propia dinámica del negocio los sacará a la luz, puesto que de no hacerlo, la compañía lo acabará pagando. Es decir: hay ineficiencias, errores y fallos cada día, pero los incentivos de todos los que participan en ella los llevan a minimizarlos.

En la empresa pública la decisión final no está en el público, sino en el burócrata. Es éste quien tiene en sus manos el control del dinero y de sus trabajadores. No quiere esto decir ni que el político sea malo per se, ni que el funcionario vaya a ponerse a sus órdenes y a olvidar al ciudadano. Lo que significa es que el que decide donde se gasta el presupuesto, cómo se organiza una oficina o quién ocupa una vacante tiene como prioridad satisfacer al político y no al público. Esto crea incentivos perversos y provoca que, de media, haya más ineficiencia y derroche en el sector público que en el privado.

De la misma manera, una película, obra de teatro o programa de televisión subvencionado no tiene por qué ser malo: simplemente, no se sabe, porque quien la paga (contribuyente) no es quien se beneficia de ella (artistas, políticos,…). Por eso, el antiguo ente público RTVE acumuló hasta 7.500 millones de euros de deuda, una cantidad que habría llevado a la quiebra a casi cualquier otro grupo de comunicación.

Ana Pastor dice que los cuarenta millones de españoles somos sus jefes. Dudo de que ella misma se lo crea, pero desde ese pequeño puesto de honor que me concede, me gustaría decirle: “Gracias por tu entrevista a Ahmadineyad; fue un gran trabajo. Eso sí, la próxima vez, deja que sea yo el que decida si quiere pagar mi (pequeña) parte de tu billete de avión, del hotel, del equipo técnico y de tu sueldo. Estaría encantado de hacerlo”.

¿La guerra del mundo nuevo?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Quede claro que un posible derrocamiento del Coronel Gadafi no merece ni una sola lágrima. Para quienes se asoman a los acontecimientos de la política internacional con aspiraciones de objetividad, el tinglado llamado Yamahiria montado por ese militar libio después de su golpe de estado de 1969 siguiendo la estela de los regímenes comunistas a las órdenes de Moscú, siempre fue una banda de criminales.

Como especialmente execrable cabe recordar el atentado contra el avión de la PAN-AM (vuelo 103 Londres-Nueva York) cuando el 28 de diciembre de 1988 sobrevolaba Lockerbie, donde fueron masacradas doscientas setenta personas, incluyendo a todos los tripulantes y algunos vecinos de ese pueblo escocés que tuvo la desgracia de sufrir la caída de los restos de la aeronave. Un par de años antes el presidente norteamericano Ronald Reagan había lanzado a la poderosa aviación norteamericana contra distintos objetivos militares en Trípoli y Bengasi, incluidas las residencias de este tirano histriónico, después de que el 5 de abril de 1986 se produjera un atentado en una discoteca de Berlín Occidental, frecuentada por soldados norteamericanos, que segó la vida de tres personas.

A pesar de las diatribas contra el imperialismo norteamericano por hacer lo mismo que él está haciendo ahora, lo cierto es que este bandido sobrevivió al ataque norteamericano. Tras la demolición del Muro de Berlín, buscó un barniz islámico, redujo sus intervenciones para dominar a sus vecinos africanos y su apoyo a grupos terroristas occidentales entró en una fase de letargo. Por el contrario, se concentró en apuntalar un pintoresco régimen posrevolucionario para convertirlo en una especie de monarquía despótica y sanguinaria, al modo sirio, por ejemplo. Gracias a los grandes yacimientos petrolíferos que se encuentran en las costas y el territorio libio, él y los suyos probablemente deben gran parte de su fortuna a las comisiones por las concesiones de explotación de esos pozos y la adjudicación de grandes proyectos de obras públicas a empresas italianas, francesas, británicas, españolas…

Sorprendente y significativo fue el episodio de las enfermeras búlgaras liberadas por la intervención del presidente francés Sarkozy, que recordó tanto los rescates de rehenes desamparados en manos de los piratas berberiscos del siglo XVI. A ello siguió una visita a Libia, en julio de 2007, para sellar unos acuerdos de venta de material militar y un reactor nuclear para "desalinizar agua". Hace apenas un año, no obstante, este rufián amenazó a las autoridades helvéticas con la "yihad" por el hecho de que los suizos aprobaran en referéndum prohibir la construcción de nuevos minaretes en las mezquitas, lo cual se añadía a la supuesta afrenta que había sufrido su familia cuando la policía de ese país tuvo la prosaica idea de detener en julio de 2008 a su primogénito, Hannibal (¡ojo al homenaje al caudillo cartaginés!) y su esposa por haber infligido malos tratos a sus criados en una de sus estancias en Ginebra.

Dentro de las recientes revueltas en distintos países árabes ocurrió que le llegó el turno a la satrapía libia, la cual había sobrevivido a la caída de antiguos mentores en la Unión Soviética. Por el momento, la información disponible sobre cuál sea la orientación de esos rebeldes dista mucho de ser completa. ¿Miembros de tribus distintas a la de Gadafi? Cuarenta años de dictadura sanguinaria implacable permiten suponer que habrá un número relativamente importante de exiliados. Probablemente un primer gobierno que se hiciera con el control de todo el país quedaría profundamente agradecido por la colaboración de los países que han decidido intervenir. Pero nadie desde fuera puede asegurar su estabilidad y cuál será su evolución posterior. Tampoco cabe descartar que haya sucesivos golpes de mano y que, al final, los extremistas islámicos se alcen con el poder político.

En todo caso, el factor que se ha presentado como crucial en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una zona de exclusión aérea en el territorio libio ha venido determinado por las agresiones militares a la población civil, aunque sea allí, precisamente, donde se han hecho más fuertes los rebeldes. La última resolución [1973/2011] autoriza a los gobiernos involucrados (EEUU y países europeos miembros de la OTAN como Reino Unido, Francia, España) a "adoptar todas las medidas necesarias (…) para proteger a los civiles amenazados de agresiones militares dentro del territorio libio, incluyendo Bengasi". De momento, sin embargo, no se autoriza la intervención de ninguna "fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase sobre cualquier parte del territorio". Asimismo, se prohíben todos los vuelos sobre Libia para proteger a esa población civil, salvo aquellos que transporten alimentos y medicinas o personal de ayuda para esa población civil, y se autoriza a aquellos países que hayan notificado a los Secretarios Generales de la ONU y de la Liga Árabe su participación para que adopten todas las medidas necesarias para hacer cumplir la prohibición de vuelos. Otras medidas complementarias contra el gobierno de Gadafi vienen dadas por el embargo de armas y la congelación de todo tipo de fondos y activos del gobierno libio y de una lista de personas y agencias que actúan en su nombre en todos los bancos e instituciones financieras del mundo.

No obstante la fragilidad del acuerdo en el seno del gobierno interestatal mundial embrionario que constituye el Consejo de Seguridad (Alemania, Rusia, India y China se abstuvieron), la resolución permite emprender la guerra más allá del marco perfilado originalmente en el tratado de las Naciones Unidas "para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales" (Capítulo VII del Tratado de las Naciones Unidas). Se arguye que el coronel Gadafi ha vulnerado principios de Derecho Internacional Humanitario e, incluso, se recuerda una denuncia ante el Fiscal de Tribunal Penal Internacional para que investigue los hechos acontecidos en Libia desde el 15 de febrero de este año, principalmente con objeto de hallar a los responsables de las agresiones aéreas y navales dirigidas a la población civil. Obviamente es muy probable que, en efecto, Gadafi sea responsable de crímenes contra la humanidad, pero esto ha ocurrido en otras partes del mundo (Chechenia, Tibet o países dominados por dictaduras sanguinarias como Corea del Norte, Cuba y otras dictaduras emergentes) sin que se hayan dado siquiera los pasos para condenar esas acciones.

Aparte de cuestiones como el doble rasero de la ONU para abordar situaciones similares de manera muy diferente, y la falta de legitimidad de la mayoría de los estados del planeta para exigir a otro el respeto de derechos humanos pisoteados, estas guerras plantean el dilema de si resulta plausible para los países occidentales emprenderlas cuando también pueden suponer en principio una vulneración de los principios de no intervención en los asuntos internos de otro estado, a no ser que éste haya agredido a otro. Sus políticos parecen muy interesados en alcanzar un perfil internacional demostrando su dedicación a estos asuntos de una manera selectiva, pero los individuos que sufragan las aventuras de esos líderes tienen ya suficientes problemas. Pueden invocarse razones humanitarias y cualesquiera otras, pero, para empezar, habría que exigir a los políticos de los mal llamados países capitalistas libres que no compadreen con criminales de baja estofa. La llama de la libertad, si alguna vez ha de prender en todos esos lugares, vendrá acompañada de una difusión más amplia de los ideales y las prácticas que sirven para cultivarla; de la propagación del libre comercio sin mediatizaciones mercantilistas y corruptas y de la asimilación de las libertades fundamentales proclamadas por el liberalismo clásico. Mientras tanto, las intervenciones puntuales solo quedarán justificadas en caso de que las vidas y las propiedades de personas de los países concernidos sean atropelladas.

El mando de la RAF estacionado en Italia ha informado de que las fuerzas aéreas libias y sus sistemas de control aéreo han dejado de ser operativos debido a los ataques de la aviación aliada. Ante la ausencia de una habilitación para tomar posiciones en tierra, esperemos que la situación no se prolongue hasta convertirse en un avispero.

La competencia perfecta de las tribus nómadas

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

El modelo de competencia perfecta es el signo más distintivo de la economía neoclásica y, por ende, de la economía mainstream que domina en la actualidad en círculos académicos y políticos.

La gran mayoría de decisiones regulatorias con pretendido fundamento económico utilizan dicho modelo para su justificación. A modo de ejemplo, todo el derecho de la competencia o antitrust tiene sus bases en dicho modelo; o sea, que cuando se persigue a Microsoft o se sanciona a las compañías aéreas, es porque alguien está mirando a ese modelo y echando la culpa a estos agentes de que no se cumpla lo predicho por el mismo.

El modelo de competencia perfecta descansa en una serie de supuestos que, como bien han señalado muchos autores, más que supuestos son condiciones para hacer que haya solución de equilibrio. Esto es, no se simplifica la realidad para hacerla manejable, sino que se simplifica con el objetivo de que el modelo tenga solución.

Entre estos supuestos, cabe señalar los siguientes:

  • Todos los agentes tienen información perfecta.
  • Hay un gran número de oferentes, que confrontan una curva de demanda horizontal (esto es, solo se puede vender a un precio, y a ese precio se puede vender cualquier cantidad ofrecida).
  • No hay barreras de entrada ni de salida al mercado.
  • La capacidad y la tecnología están dadas y son exógenas al modelo.
  • El producto que se vende es perfectamente homogéneo.

Los economistas neoclásicos demuestran que, en estas condiciones, el mercado está en equilibrio. Y, más importante aún, dicha situación de equilibrio es un óptimo Paretiano: ningún intercambio puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Así pues, el mercado en competencia perfecta no es solo una situación de equilibrio, sino que es la situación óptima para la sociedad. Cualquier mercado que se separe de este funcionamiento es ineficiente, por lo que se puede justificar la intervención estatal para mejorar la eficiencia del mercado y el bienestar de la sociedad.

De nuevo, numerosos autores se han encargado de atacar los supuestos y resultados del modelo de competencia perfecta, con escaso éxito a la vista de que se mantiene imperturbable en su posición de referencia para la regulación. Entre ellos, es de destacar el ataque de Hayek con base en el supuesto de información perfecta, argumentando que es precisamente la ausencia de información la que hace necesario el proceso competitivo. Si se asume información perfecta, entonces el mercado está necesariamente en equilibrio, pero precisamente porque se ha descartado el factor que hace necesaria la competencia.

No obstante, interesa aquí otro de los supuestos, cual es el de la "preexistencia" de una determinada capacidad y tecnología. Para el economista neoclásico, el individuo encuentra capacidad a su disposición, y únicamente tiene que optimizar su uso siguiendo las valoraciones de la gente. Nunca se pregunta de dónde ha salido esta capacidad o esa tecnología. En este sentido, tiene una visión infantil: ve una tarta y quiere repartirla; y, como los niños, no se pregunta quién ha hecho la tarta y qué pasará cuándo se gaste. Ese es otro problema.

Reisman sostiene que el modelo de competencia perfecta esconde una visión tribal de la economía: La capacidad es de la sociedad, y el empresario únicamente está autorizado a distribuirla de la forma óptima que da el modelo (esto es, igualando la utilidad al coste marginal). Si ello supone pérdidas para el empresario, bueno, es su problema.

Pero habría que añadir que realmente es una visión tribal, pero no de cualquier tipo de tribu. Ha de ser una tribu nómada, no nos vale una de cavernícolas. En efecto, el hombre neoclásico se encuentra la capacidad instalada y se la distribuye. ¿Qué pasa cuando se agota la capacidad? Pues fácil, se va uno a otro sitio a buscar capacidad.

Es un poco como las tribus nómadas. Sin ser experto en antropología, imagino que llegarían a un sitio. Allí encontrarían árboles frutales y animales para una temporada. Se dedicarían a recolectar lo primero y cazar lo segundo, intercambiando entre ellos según la ley de la utilidad marginal. Ello seguiría así hasta agotar los frutos de la naturaleza, momento en que los sabios decidirían que había que emigrar en busca de otros sitios con suministros intactos.

Como se observa, el modelo de competencia perfecta refleja bien esta situación: no hay que preocuparse por la capacidad y la tecnología (los árboles, la caza), pues milagrosamente se regenera con el tiempo. Solo hay que preocuparse por repartir adecuadamente entre los miembros de la tribu el producto de la recolección.

Sin embargo, en cuanto la tribu se hace algo más sofisticada, digamos que se instala en unas cuevas, el modelo se derrumba. Aquí ya aparece una capacidad instalada (la residencia de los trogloditas) que hay que mantener (aunque solo sea protegerla de las fieras, o limpiarla), lo que fuerza a algún individuo de la tribu a no poder intercambiar su producto al coste marginal que entienden los neoclásicos. En efecto, si el dueño de las cuevas da cobijo a precio cero a sus congéneres, se morirá de hambre, y desaparecerá la cueva, en cuanto que bien económico.

Ahora ya sabemos a qué aspiran gobiernos y reguladores cuando toman sus decisiones sobre el mercado. Ahora ya entendemos cuál es el paraíso dorado que buscan para nosotros: la vida nómada de las tribus de antaño. Por lo menos haremos ejercicio.

De la recesión al estancamiento

Escrito por Luis Torras en . Publicado en Análisis diario.

Después de un invierno de mucho frío y mucha lluvia llega la primavera a los mercados, aunque por desgracia no desde un punto vista metafórico, ya que el cuadro macro de la economía española sigue sin dar motivos para el optimismo. En las últimas semanas, se han empezado a dar los datos macroeconómicos para 2010, que vienen a confirmar lo que ya se sabía: la economía española confirma su tercer ejercicio consecutivo con crecimiento negativo o próximo a cero (para 2010 el dato ha sido de un crecimiento del PIB de entre el 0,1-0,2%). Este dato se convierte en aún más "malo" cuando tenemos a toda la Zona Euro empezando a crecer a tasas medias del 1,7%, con una Alemania que tira del carro creciendo al 3,5%. Nos volvemos a quedar atrás.

Las causas del estancamiento económico son diversas y ya las hemos comentado desde esta tribuna en diversas ocasiones. En primer lugar, los planes de contención fiscal diseñados por el ejecutivo, aun yendo en la buena dirección, se quedan cortos, como lo demuestra la hipersensibilidad de los mercados financieros a cualquier desvío en las cuentas públicas o mala noticia relacionada con nuestra economía. Es necesario aliviar las necesidades de financiación del Estado de forma estructural para que las finanzas públicas sean sostenibles y creíbles, y no estemos sometidos a continuados repuntes del riesgo país, lo que encarece el endeudamiento del sector público y privado de la nación.

Relacionado con este punto, y en el centro del debate político, se encuentra la necesidad de emprender reformas estructurales de calado en el ámbito de las pensiones y los mercados de trabajo. Patronal y sindicatos parece que desde enero han emprendido un diálogo serio con la voluntad firme de llegar a acuerdos que han avanzado en la buena dirección. Sin embargo, como lo acredita nuestro anémico crecimiento y la incapacidad de nuestra economía de generar empleo (que más que generar empleo, lo destruye), se hace perentoria la necesidad de alcanzar acuerdos más agresivos, que descentralicen de forma efectiva la negociación colectiva de manera que los salarios se ajusten a los incrementos de la productividad de cada empresa. Punto fundamental para que nuestra economía recupere parte de la competitividad perdida y vuelva a generar crecimiento y empleo imprescindibles, como decíamos antes, para aliviar de forma sostenida las tensiones existentes en las finanzas públicas del Estado y Gobiernos autonómicos y regionales.

Por último, pero no menos importante, resulta apremiante completar de forma rápida la reestructuración del sistema financiero, condición previa e imprescindible para recuperar la normalización de los flujos de crédito. Se trata de depurar aquellas entidades cuyos procesos de gestión interna sean insalvables y recapitalizar las entidades resultantes. El coste de esta recapitalización recaerá inevitablemente sobre el contribuyente, así que es de esperar que el regulador ponga las salvaguardas necesarias para que dichos fondos vayan destinados a depurar los balances de activos ilíquidos (o tóxicos), dotar las provisiones necesarias, y por último sufragar las pérdidas derivadas de todo ello.

Así pues, nos espera un invierno largo en cuanto a lo económico. La economía española está en una posición de extrema fragilidad. El escenario base para 2011 es la consolidación de un escenario de crecimiento anémico (recuperación en L, que ya anticipamos a principios de 2010), pero el riesgo de una recaída (double dip) es especialmente alto para nuestra economía.

Consecuencias de una reforma institucional radical: la Revolución Francesa

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El debate acerca del papel de las instituciones sobre el desarrollo económico es uno de los debates más interesantes en la literatura económica reciente. Aunque se han hecho aportaciones desde la teoría económica, el estudio de la historia juega un papel fundamental en este debate, dado que las instituciones son por su naturaleza elementos que, salvo disrupciones importantes, suelen perdurar durante largos periodos de tiempo y evolucionar lentamente. Además, se da el fenómeno de la dependencia de la trayectoria (path-dependence): el presente depende de una manera crucial del pasado; son los acontecimientos históricos los que abren o cierran las puertas de lo que pueda suceder en el futuro. Esto no obstante, no implica la existencia de un determinismo histórico. Un país que comienza con unas condiciones iniciales malas no está condenado al fracaso, como lo demuestran casos históricos como el de los países del sudeste asiático.

La Historia económica es el campo de trabajo de donde los economistas pueden obtener gran cantidad de ideas para desarrollar teorías más o menos generales, además de una especie de laboratorio enormemente complejo donde las teorías pueden ser contrastadas o ilustradas (dependiendo de la concepción metodológica que se tenga).

En este sentido se sitúa un reciente artículo de Acemoglu, Cantoni, Johnson y Robinson, The consequences of radical reform, que utiliza precisamente este enfoque para el caso de la Revolución Francesa, donde a través del estudio de este episodio histórico tratan de extraer ideas importantes para el debate sobre la relación entre instituciones, cambio institucional y desarrollo económico.

Según contribuciones de distintos científicos sociales, desde Friedrich Hayek a Dani Rodrik, pasando por William Easterly, se ha pensado que las reformas institucionales más efectivas son las que se realizan paulatinamente, evolucionando más desde abajo (bottom-up, a partir de las interacciones de los agentes económicos) que siendo diseñadas desde arriba (top-down, a partir de decisiones rupturistas por parte de las autoridades); y son más efectivas las que se realizan teniendo en cuenta las condiciones locales, por lo que las reformas impuestas externamente tendrían poca probabilidad de éxito.

En el trabajo citado, se explotan las diferencias en las reformas institucionales en Europa generadas por la Revolución Francesa con el objetivo de analizar las consecuencias de aquellas radicales e impuestas desde el exterior sobre el crecimiento económico posterior. El episodio es ilustrativo, dado que la Revolución Francesa tuvo impactos institucionales fundamentales en algunos países europeos, pero no en otros. El caso de Alemania es especialmente destacable, como señalan los autores, debido a que determinadas regiones alemanas tuvieron influencia francesa mientras que otras no. ¿Fueron los países o regiones más afectadas por la revolución más exitosos económicamente en el largo plazo (en la segunda mitad de siglo XIX)?

Estas reformas institucionales que trajo consigo la revolución, indican Acemoglu et al., consistieron en poner fin de forma radical o mermar algunas de las instituciones del Antiguo Régimen. Se eliminaron importantes privilegios típicos del feudalismo de la aristocracia, el clero y la nobleza. Se abolieron poderes de los gremios en las ciudades, que eran fuentes notables de barreras de entrada e ineficiencias económicas. Y se introdujo la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Básicamente, la Revolución Francesa atacó los privilegios de las oligarquías feudales, que eran muy reacias y resistentes a la industrialización, a la innovación y al cambio económico, tanto en el campo como en la ciudad.

La hipótesis de partida de los autores es que el papel principal de estas reformas fue el de generar un ambiente institucional favorable a la innovación y a la actividad empresarial, acabando así con un ambiente institucional perjudicial para estas actividades que conducen al desarrollo económico.

El ejercicio empírico econométrico que llevan a cabo avala esta hipótesis. Se construyen regresiones en las que la variable dependiente es un proxy de la prosperidad económica (tasas de urbanización) o, secundariamente, crudas estimaciones del PIB per cápita, y la variable independiente son proxies del impacto que tuvo la Revolución Francesa sobre los distintos países (como la duración de la ocupación francesa). A partir de este análisis estadístico-econométrico (que no olvidemos puede tener sus limitaciones), llegan a una serie de conclusiones interesantes:

  • Se refuerza la importancia del papel de las instituciones y las reformas institucionales como explicación del desarrollo económico.
  • La Revolución Francesa tuvo una influencia positiva, lo que es consistente con la opinión de que las instituciones del Antiguo Régimen eran una rémora para el crecimiento.
  • No se apoya la tesis de que las instituciones francesas, entre ellas la imposición de su código civil, fueran negativas en términos económicos.
  • Tampoco se apoya la tesis de que las reformas radicales, diseñadas o impuestas externamente (en este caso, a través de invasiones del ejército revolucionario francés) deban tener necesariamente efectos perjudiciales.

En contra de lo que se suele aducir acerca de la no deseabilidad de reformas radicales, Acemoglu et al. opinan justo lo contrario y afirman que posiblemente las reformas asociadas con la Revolución Francesa funcionaron porque "fueron mucho más radicales de lo que sucede normalmente". Es precisamente esta radicalidad, según los autores, la que modifica de un plumazo un equilibrio político, social y económico altamente ineficiente, haciendo casi imposible que las antiguas elites vuelvan al statu quo anterior, iniciándose así una senda positiva en cuanto al desarrollo económico se refiere.

Estas conclusiones dejan abiertas varias cuestiones para la discusión que dejo en manos del lector: ¿se pueden diseñar las instituciones desde arriba, en lugar de evolucionar orgánicamente en el sentido hayekiano?, ¿pueden ser las reformas institucionales radicales e impuestas de forma externa efectivas para promover el desarrollo?

La refutación de la teoría cuantitativa (y IV)

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

La última de las hipótesis en las que se basa la teoría cuantitativa es la de que los aumentos en M darán lugar a incrementos automáticos y mecanicistas en los precios con independencia de cómo se haya originado y extendido ese incremento en M. La proposición puede tener dos significados: uno más restrictivo y otro más flexible. El primero se correspondería con sostener que todos los precios particulares se mueven en idéntica proporción a la variación de M; el segundo, que P (el nivel agregado de precios; una media de todos los precios de la economía) aumenta o disminuye en la misma proporción que lo hace M, lo que permite que haya precios particulares que suban o bajen siempre que la variación de la media de todos ellos sea proporcional a la de M.

La primera de estas dos interpretaciones, que coincide con la célebre hipótesis de la neutralidad del dinero, es indudablemente falsa. Como ya descubriera Richard Cantillon –de ahí el famoso Efecto Cantillon– las variaciones en los precios particulares de la economía dependen de los circuitos por los que se introduzcan los nuevos medios de pago. Con independencia de que el aumento de M proceda de un aumento de dinero (M’) o de promesas a entregar dinero (M’’), lo cierto es que los precios que con mayor intensidad y rapidez se incrementarán serán los de aquellos bienes en los que primero se gasten los nuevos medios de pago.

Y dado que al comienzo esos nuevos medios de pagos se gastarán antes de que el conjunto de precios de la economía haya aumentado, todos los agentes económicos se verán forzados o incentivados a modificar sus patrones de gasto y con ellos los patrones de producción dentro de la economía. Es decir, aunque podría resultar verosímil la afirmación de que si todos los precios (incluidas las rentas) aumentaran un 10% no se producirían cambios en los patrones de gasto y producción de la economía, en el caso de que sólo la renta monetaria de un solo agente aumenta un 10%, parece claro que sí acaecerán redistribuciones en la disposición y producción de los bienes y servicios de una economía.

En definitiva, los aumentos de M no pueden traducirse en incrementos equiproporcionales de todos los precios por el simple hecho de que el dinero y las promesas de pago entran en la economía a través de ciertos circuitos (el gasto de los productores de dinero o el gasto de los deudores que generan promesas de pago) y es a través de esos circuitos por donde se va extendiendo la inflación de precios.

Nos queda, sin embargo, valorar el realismo de la interpretación flexible de esta cuarta hipótesis de la teoría cuantitativa, a saber, que la variación de la media de los precios es proporcional a la variación de la cantidad de medios de pago. En principio, de manera aislada nada tenemos que objetar contra la misma, pues si el resto de erróneas hipótesis de la teoría cuantitativa se asumen ciertas, la interpretación flexible de esta cuarta hipótesis deviene cierta por una necesidad lógica y matemática. Es decir, si V y Q no varían ante cambios en M (es decir, si todos los medios de pago se emplean para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios en idéntico lapso de tiempo) por fuerza la variación en la media de los precios ha de ser proporcional a la variación en la cantidad de medios de pago. Es, como ya hemos venido diciendo, una simple identidad contable que tan sólo iguala el importe de los pagos efectuados (M*V, siendo en este caso V constante) con los cobros recibidos (P*Q, siendo en este caso Q constante).

Por ejemplo, si en una economía donde cada año (V) se gastan 1.000 onzas de oro (M) en comprar un televisor y un automóvil (Q) que cuestan 200 y 800 onzas respectivamente (P), aumenta la cantidad de medios de pago a 2.000 onzas de oro y los patrones de gasto se modifican de tal forma que esa economía pasa a gastar 1.500 onzas en comprar un televisor y 500 en comprar un automóvil, tanto el índice Paasche como el índice Laspayres de precios se incrementarán en un 100%, que es justo lo que ha aumentado M (de hecho, si Q no varía ambos índices son iguales), por mucho de que el precio de los televisores haya aumentado y el de los automóviles haya caído. Estamos ante una simple identidad: si ahora gastamos 2.000 onzas en comprar los mismos bienes que antes, la suma de los precios de todos ellos será igual a 2.000 onzas (justo el doble que cuando gastábamos en esos mismos bienes 1.000 onzas).

Otra cuestión es la relevancia que esta conclusión merezca dentro del análisis económico. Al cabo, lo que guía las decisiones individuales no es el nivel agregado de precios, sino los precios relativos y como vemos los precios relativos sí pueden variar, originando cambios a medio plazo en Q y por tanto volviendo inaplicable la teoría cuantitativa como marco teórico para una economía dinámica.

Por tanto, siendo generosos podemos concluir que la teoría cuantitativa será casi siempre falsa (cuando se incumpla alguna de sus tres principales hipótesis) y en las pocas ocasiones en que resulte cierta, será irrelevante. Muy pocas nueces para todo el ruido teórico que ha generado en los últimos cien años.

Autónomos

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos días se ha popularizado un corto dirigido por Juan Fernando Andrés Parrilla y Esteban Roel García Vázquez denominado 036, donde se narran, de forma irónica y en clave de humor, las peripecias de una persona para darse de alta como autónomo en la Tesorería de la Seguridad Social, y los obstáculos que recibe por parte del representante de dicha administración.

Cuando una persona desea iniciar una actividad empresarial de forma habitual, personal y directa, incurre en la obligación legal de lo que comúnmente se denomina “darse de alta como autónomo”. Este proceso conlleva una serie de trámites que se han de realizar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la administración local correspondiente.

Así, la peripecia del futuro autónomo comienza en la Administración Tributaria cumplimentando la denominada declaración censal, que precisamente es la que da nombre al anterior corto, ya que se plasma en el modelo 036 (o 037 si es simplificada). Este primer documento suele presentar una cierta complejidad para aquella persona neófita en términos fiscales al deber comunicar a Hacienda aspectos desconocidos a priori para ella, como por ejemplo, las autodeclaraciones que está obligada a presentar.

Posteriormente, deberá acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar su afiliación y alta en el denominado Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos mediante el correspondiente modelo. Si fuese a contratar trabajadores, tendrá que solicitar a su vez el número de patronal y, posteriormente, deberá dar de alta al trabajador. Si éste no estaba afiliado a la Seguridad Social, previamente deberá hacerlo mediante el formulario correspondiente. Una vez afiliado, o si ya lo estaba, ya podrá solicitar su alta mediante otro modelo. Asimismo, si abre un centro de trabajo, deberá comunicarlo, al igual que si no tiene libro de visita, solicitarlo.

Finalmente, si va a abrir un local, tendrá que solicitar la licencia de actividades e instalaciones (comúnmente conocida como licencia de apertura) al ayuntamiento donde se encuentre.

Varios de estos trámites, a su vez, exigen la presentación de documentación adicional o previamente ya presentada. Aunque a lo largo de los años se ha realizado una cierta simplificación al poderse presentar parte de la documentación de forma telemática e incluso haberse sustituido una parte por declaraciones responsables, no obstante, aquella persona que inicia una actividad no deja de enfrentarse a una serie de trámites de cierta complejidad y redundancia. Si bien en teoría no se deberían exigir al administrado documentos que obren en poder de la administración actuante, en la práctica nos encontramos con que esto no siempre es así, perdiendo el administrado tiempo, dinero y esfuerzo en proporcionar otra vez la misma documentación.

Por ello, y aunque el corto incurra en determinadas inexactitudes, sacrificando su precisión por el humor, representa la percepción que parte de la población tiene de la Administración. Cabría preguntarse si dicha impresión tiene algún tipo de fundamento real. Si se compara con el resto de la Unión Europea, parece ser que sí al ser España el país de la Unión Europea donde más días se tarda en abrir una empresa, por lo que es evidente que sí existen más dificultades que en otros países. La simplificación de estos trámites evitaría, en primer lugar, que posibles emprendedores abandonasen la idea de poner en práctica un negocio ante la perspectiva de tener que enfrentarse a una serie de procedimientos burocráticos de gran complejidad. Y en segundo lugar, parte del tiempo, dinero y esfuerzo que tienen que destinar los emprendedores en estas labores, de simplificarse, pasarían a poderlos emplear en tareas directamente relacionadas con su actividad empresarial, mejorando su gestión, y por tanto, su rentabilidad.

Teoría de juegos y deterioro institucional

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Es esencial para el arraigo de una sociedad civilizada que el sistema judicial garantice un verdadero Estado de Derecho. Es decir, un sistema judicial dotado con recursos humanos y materiales suficientes, respaldado por leyes que permitan actuar con contundencia frente a los delitos y, especialmente, funcionando con absoluta independencia de los poderes ejecutivo y legislativo.

Teoría de Juegos

La teoría de juegos ofrece un campo de trabajo bastante amplio en el ámbito de las ciencias sociales, dado que permite analizar muchas situaciones en donde la gente decide su acción basándose parcialmente en cómo piensa que otros reaccionarán y/o en cómo ellos mismos probablemente reaccionarán frente a las acciones de los otros.

Es decir, las partes en un juego frecuentemente tienen en cuenta el comportamiento anticipado de los otros cuando toman sus decisiones, ya sea en los negocios, en la abogacía y, en general, en las interacciones sociales en donde diversos jugadores tienen el objetivo de maximizar su ganancia en el juego.

Juego de Deterioro Institucional

Permítanme que, a continuación, realice un planteamiento inicial de cómo se podría elaborar un estudio del deterioro institucional de un país por teoría de juegos, analizando las estrategias de juego que siguen diversos grupos poblacionales de jugadores, cuando no queda garantizada la independencia judicial y tampoco existe una financiación transparente de los partidos políticos.

Desde luego, no pretendo dejar ligados todos los pormenores de un análisis por teoría de juegos en un texto breve, pero sí deseo introducir las líneas generales que pueden permitir observar la espiral de degeneración del régimen político cuando carece de contrapesos para evitar la delincuencia y la intervenciones de los políticos contrarias a la Constitución. 

En primer lugar, encontramos una estructura institucional en el país, basada en una Constitución y el ordenamiento jurídico soportado por los pilares normativos de esa ley básica, lo que determina un esquema de incentivos y permite aplicar diferentes estrategias ganadoras a los diferentes grupos de jugadores.

Se trata de un juego de longitud infinita (superjuego) con millones de jugadores interactuando. Se realiza con información imperfecta y asimétrica, dado que algunos pocos jugadores tienen mejor información y mejores contactos para usarla que la inmensa mayoría de la población. Y se trata de un juego de suma "no-cero" en donde la ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la pérdida de otro.

Como elemento de contraste del juego estaría el grado de respeto que cada grupo de jugadores tiene por las instituciones morales que permiten el arraigo del Estado de Derecho en una sociedad civilizada. Por ejemplo, entre otros, el grado de respeto por los derechos individuales (vida, libertad, propiedad privada e igualdad ante la ley), por el cumplimiento de los contratos, por el mercado, por la empresarialidad, por el dinero…


Grupos de jugadores

Propongo que se consideren cuatro grupos principales de jugadores que interactúan en el esquema de la figura. Un grupo A formado por una amplia mayoría de millones de ciudadanos que, en mayor o menor medida, respetan las instituciones morales arriba mencionadas.

Un grupo B que está formado por diversas minorías de delincuentes que están organizadas en tramas de corrupción, en mafias y, también, en grupos terroristas, ya que no dejan de ser mafias que infringen las normas legales establecidas por el derecho positivo y, por tanto, atacan las instituciones de modo reiterado y contumaz.

También encontramos un grupo C, que está formado por los jueces que, bien en oposiciones como en España bien en elecciones judiciales como en Estados Unidos, acceden a administrar la Justicia. En principio, suponemos que los jueces trabajan con profesionalidad e independencia, salvo cuando intentan acceder a los puestos directivos en donde, si quieren prosperar, en muchos casos acaban sometiéndose a los criterios políticos y, entonces, consideramos que se terminan integrando en el siguiente grupo de jugadores.

Los auténticos "decision makers" (tomadores de decisión) del juego forman el grupo D de la casta político judicial, ya que definen la reglas del juego con sus intervenciones.

En el caso de España, la casta político judicial está formada por los cerca de 80.000 altos cargos políticos y por sus compañeros de partido que logran prebendas en ayudas, subvenciones, concursos públicos, etc., valiéndose de información y contactos no accesibles al resto de los ciudadanos. Pero, tal y como hemos comentado antes, también incluye aquellos jueces que se integran o se acercan a un partido político para medrar y acabar siendo elegidos miembros de un Consejo General del Poder Judicial o de altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo.

Desarrollo del juego

En función de la estructura institucional de cada país, los actores del juego perciben mayores o menores incentivos para, respectivamente, bien actuar con respeto por las instituciones morales que hemos introducido como elemento de contraste del juego, o bien atropellar los derechos civiles y contar con impunidad para la comisión de delitos.

La estructura institucional y, de modo especial, la presencia o ausencia de la independencia de los jueces y sus órganos directivos, determinan las diferentes estrategias "ganadoras" que adopta cada grupo de jugadores en el desarrollo durante décadas del juego, lo que hace evolucionar las instituciones hacia una democracia con un Estado de Derecho fuerte o involucionar hacia una democracia débil frente a la corrupción y la violencia organizadas.

Si analizamos el caso de España, el Consejo General del Poder Judicial es elegido por los políticos al igual que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, por lo que muchos ciudadanos observamos que es nula la independencia judicial, los recursos son escasos y la legislación debe mejorar la persecución de los delincuentes.

Pongamos el desarrollo del juego en nuestro país. Por un lado, tenemos el grupo A de la mayoría de los ciudadanos de bien que realiza su vida y su trabajo respetando las instituciones y, conforme avanza el proceso de deterioro institucional, su estrategia "ganadora" se distancia más y más de los políticos y los jueces para refugiarse en el ámbito estrictamente privado de la familia, los amigos y los negocios.

Enfrente de los anteriores se sitúa el grupo B de delincuentes cuya estrategia "ganadora" consiste en vulnerar los derechos individuales para lograr su beneficio por medio de las diversas variedades delictivas. Entendemos que la delincuencia también puede analizarse desde el ámbito de la teoría de juegos, dado que dependiendo del grado de independencia de los jueces, de los recursos con los que son provistos y, especialmente, de la contundencia de la legislación (reforma del código penal) que se implemente en cada país, existen mayores o menores incentivos en el grupo B para delinquir.

Justo en medio de ambos grupos de jugadores, se emplazan los dos grupos de tomadores de decisiones que son la clave para el desarrollo del juego de deterioro institucional o "decision makers": el grupo C (jueces) y el grupo D (casta político judicial).

Democracia liberal versus democracia deteriorada

En una democracia liberal, el grupo C sigue una estrategia clara de aplicación estricta de la ley, de un modo independiente respecto del grupo D que se debe limitar a legislar las leyes y gestionar las administraciones públicas. De hecho, el funcionamiento independiente de ambos grupos es la clave para evitar el prohibicionismo y los atropellos reiterados de derechos civiles. Es decir, en ese caso, las acciones del grupo C favorecen al grupo A mayoritario, cuando tienen independencia del grupo D.

Pero, sin embargo, en una democracia deteriorada, donde no queda garantizada una verdadera independencia judicial, los grupos C y D terminan gestionando erróneamente las instituciones.

El grupo D mantiene una estrategia "ganadora" que consiste en lograr el apoyo del mayor número de electores posibles para lo cual financia campañas electorales y de comunicación muy costosas.

Y, a su vez, el grupo B plantea su estrategia buscando alianzas con el grupo D para conseguir sus objetivos delinquiendo del modo más impune posible. Es más, el grupo B de delincuentes puede aprovechar la carencia de financiación transparente de los partidos políticos para comprar sus favores.

Finalmente, al existir una dependencia jerárquica del grupo C respecto del grupo D, en principio, muchos delincuentes del grupo B buscarán sus objetivos realizando sus fechorías, pero también buscando "pactar" con el grupo D.

En los casos de mayor deterioro moral, el grupo D de la casta político judicial puede terminar "negociando" con mafias terroristas, en lugar de luchar contra la violencia organizada.

Y, en las situaciones de mayor degeneración institucional, también el grupo D puede acabar mirando para otro lado y empleando las dilaciones judiciales y la prescripción de delitos para librase ellos mismos y al grupo B de la cárcel, en lugar de luchar contra la corrupción.

En resumen, en una democracia deteriorada, un estudio por teoría de juegos puede llevar a la conclusión de que los grupos C y D parecen terminar favoreciendo a aquellos colectivos que hemos agrupado en el grupo B de los delincuentes, en vez de trabajar para que prevalezcan los derechos civiles del grupo A, es decir, en vez de defender a los ciudadanos de bien.

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El ‘efecto Keynes’ en España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Las cuentas públicas españolas acaban de cerrar su tercer año consecutivo en números rojos, con un déficit público del 9,24% del PIB en 2010, equivalente a la astronómica cifra de 98.227 millones de euros, tras el 11,1% registrado en 2009 y el 4,1% en 2008. ¿Cómo se ha fraguado este brutal desequilibrio presupuestario?

Para empezar, debemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas dentro del trienio 2008-2010, al que ya podemos considerar histórico en términos de deterioro fiscal. Tras el estallido de la crisis financiera internacional a mediados de 2007, y su posterior materialización en lo que se ha venido a denominar la Gran Recesión, los países más desarrollados del planeta, agrupados en torno al G-20, pusieron en marcha amplios y extensos planes de estímulo (gasto público) con el ilusorio fin de impulsar la ansiada recuperación económica.

Su aplicación se concentró fundamentalmente en 2008 y 2009, al menos en lo que se refiere a la zona euro. Posteriormente, y sólo tras el estallido de la crisis de deuda soberana en 2010, los gobiernos se vieron forzados a dar marcha atrás, frenando en gran medida la extensión de tales estímulos ante el riesgo inminente de quiebra por parte de algunos países. Este cambio de rumbo se observa perfectamente en las cuentas españolas:

Evolución de gastos (interanual): 8,8% en 2008; 7,4% interanual en 2009; -1% en 2010.

Evolución de ingresos (interanual): -6,6% en 2008; -9,6% en 2009; 3,8% en 2010.

De este modo, el gasto público aumentó un 15,7% si compramos los Presupuestos de 2007 con los de 2010, mientras que la recaudación cayó un 12,3%.

Ahora bien, medir el déficit público en términos de PIB maquilla, en gran medida, el despilfarro presupuestario del Gobierno. En este sentido, las cuentas pública deberían ser analizadas empleando términos contables similares a los aplicados por las empresas.

Es decir, no tiene sentido medir el déficit en términos de PIB. Es más correcto medirlo el déficit en términos de ingresos fiscales. De este modo, observamos las siguientes cifras: mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas gastaron en 2007 un 4,6% menos de lo que ingresaron; en 2008 gastaron un 11,2% más; un 32% más en 2009; y un 25% más en 2010.

Así pues, el caso más paradigmático en este campo se produjo en 2009, año culmen de los planes de estímulo a nivel internacional y, sobre todo, nacional. Durante ese ejercicio el déficit del Estado (excluyendo CCAA y Ayuntamientos) alcanzó la cifra récord de 99.258 millones de euros. En concreto, sólo el Estado, gastó 205.000 millones de euros frente a unos ingresos no financieros de 105.000 millones. Es decir, gastó un 93,8% más de lo que ingresó por vía fiscal, casi el doble.

Entre 2007 y 2009, Irlanda, Grecia, España y Portugal han registrado los déficits públicos más elevados de la zona euro, e incluso de toda Europa si se excluye a Reino Unido y a la ya quebrada Islandia. En concreto, a lo largo de estos tres años, España ha acumulado un déficit público total de 260.000 millones de euros, equivalente al 25% de la riqueza que produce todo el país en un año. Una cifra descomunal. Empleando la contabilidad presupuestaria señalada anteriormente, el Gobierno ha gastado de media un 22,6% más de lo que ha ingresado por vía fiscal entre 2008 y 2010.

¿Resultado? El Gobierno español ha incurrido en uno de los mayores deterioros presupuestarios del mundo desarrollado, tan sólo superado por Islandia e Irlanda: un desequilibrio fiscal neto superior al 13% del PIB entre 2006 y 2009 (últimos datos disponibles de la OCDE).

Todo este descuadre, como es lógico, se ha materializado en un espectacular aumento de la deuda pública, que ha crecido desde el 36% del PIB en 2007 hasta el 60% en 2010. Es decir, 24 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a esos 260.000 millones de déficit acumulado. De hecho, según las propias previsiones que maneja el Gobierno, la deuda pública rondará el 70% del PIB en 2011, con lo que el Ejecutivo habrá duplicado la deuda existente en apenas 4 años, hasta el punto de rozar el nivel de Alemania.

En resumen, estamos asistiendo a uno de los mayores deterioros presupuestarios de la historia reciente de España y del mundo desarrollado en el contexto de la actual crisis financiera y económica internacional. Y la razón esencia estriba en la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno español.

Esta política keynesiana made in Spain está contenida en el denominado Plan E, "Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo", que incluye un total de 99 medidas. El plan de estímulo se puede dividir en tres bloques básicos: medidas directas de impulso fiscal, centradas en mayor gasto público para paliar el paro y tratar de activar la demanda; medidas de impulso financiero (financiación pública a bancos, familias y empresas); y los tradicionales "estabilizadores automáticos" (prestaciones públicas).

La cuestión es que dicho deterioro presupuestario se debió, por igual, tanto al aumento de gastos como al desplome de ingresos. Así, casi la mitad del déficit público acumulado hasta 2009 se debe a la reducción de ingresos y la otra mitad al aumento de gastos (responsabilidad directa del Gobierno). De este modo, si el Ejecutivo hubiera congelado el gasto público desde 2007, España habría registrado en 2009 un déficit próximo al 7% del PIB. 

Y es que, entre 2008 y 2009, el Gobierno puso en marcha políticas de gasto discrecionales cuyo coste ascendió al 4,2% del PIB, muy superior a la media europea (1,5%), mientras que el coste de los estabilizadores automáticos fue del 4,9%, unos 53.000 millones de euros, frente al 3,3% de la UE-27.

Así pues, España ha realizado una de las políticas keynesianas más activas y amplias de los países desarrollados sin haber logrado impulsar la ansiada recuperación. De hecho, el único resultado ha sido disparar el déficit hasta cifras récord y duplicar el volumen de deuda en apenas 4 años, levantando de paso serias dudas acerca de la solvencia del Estado español. Si a ello se suma la grave situación del sistema financiero español, podemos concluir que esta política no sólo ha sido errónea sino catastrófica para el futuro de la economía nacional, pendiente ahora de si finalmente es rescatada o no por la UE y el FMI.