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El avispero libio

Las revueltas que se producen en Libia constituyen el penúltimo episodio de inestabilización del mundo musulmán, que está cambiando los gobiernos o, al menos, algunos de los rostros que gobiernan los regímenes autoritarios que lo conforman. Sin embargo, el caso libio se diferencia de los anteriores tanto en la magnitud de su represión, con miles de muertos a manos de las tropas del tirano, como por su impacto en las economías de los países europeos de su entorno. El caso libio invita a algunas reflexiones que deberían hacerse los que tan pocos escrúpulos tienen en gastarse el dinero de los contribuyentes en aventuras exteriores.

Existe cierta esquizofrenia en la opinión pública y publicada occidental. Los "portavoces" de los muertos libios claman ahora por una intervención, básicamente americana, que pare la sangría; y, entre ellos, algunas organizaciones e individuos que han hecho del "antioccidentalismo" uno de sus dogmas. Semanas antes, ninguno de los peticionarios se atrevía siquiera a sugerir tan cara medida, pese a que la sangre corría en menor cuantía por las oscuras cloacas del régimen e incluso reivindicaban a Gadafi por su exacerbado antiamericanismo.

Cualquier intervención es una medida costosa, sobre todo, en un mundo en crisis, y debería tener unos objetivos muy concretos y claros. Pero como las variables son muchas y algunas ni las conocemos, todo puede venirse al traste en cualquier momento. Estamos acostumbrados a que estos conflictos los "solucione" Estados Unidos, pero en este caso los principales afectados son los europeos, por lo que no sería descabellada una mayor implicación francesa, italiana y española. ¿Están estos países dispuestos a arriesgarse social y económicamente? ¡A que es fácil especular con el dinero y la voluntad de los demás! Algunos deberían hacérselo mirar y a otros, deberíamos mirarlos con más atención.

Ciertos analistas describen estas revueltas como intentos, en algunos casos desesperados, de conseguir libertad y democracia. Quizá las expectativas son demasiado altas, incluso desviadas, pues se desechan otras posibilidades menos atractivas. Ahora vivimos en un mundo mucho más interconectado y la información llega, vía Internet, a lugares donde antes ni siquiera se soñaba, pero lo cierto es que buena parte de estos países permanece en un estado similar al de hace unas décadas. Las revueltas han afectado a las principales ciudades y se han extendido poco a poco a otras regiones, pero es aventurado decir que la libertad haya sido la motivación.

Los países árabes tienen como tradición política la autocracia, el liderazgo de un caudillo y el traspaso violento del poder. La regeneración moral es otro de los motivos que agita a las masas o, si no a las masas, a grupos que tienen poder en la sombra del régimen y que esperan a que éste se tambalee. La principal regeneración moral del mundo musulmán suele venir de la religión que lo sustenta. El integrismo, y no la democratización, es, hoy por hoy, su principal corriente filosófica y política. Así pues, todo invita, en el mejor caso, a cambios en los autócratas y, en el peor, a un incremento del poder integrista. El mundo islámico atraviesa la crisis económica con un empobrecimiento general y un incremento demográfico que ha propiciado esta inestabilidad regional de impredecibles consecuencias, como teme Israel.

Libia no es uno de los principales países productores de hidrocarburos, pero sí tiene un peso apreciable en algunos de los países del arco mediterráneo, entre ellos, España, y lo que ocurre en sus fronteras tiene un reflejo casi inmediato en sus bolsas y mercados energéticos. El sector energético siempre ha sido un sector estratégico para los Estados modernos y ello se ha traducido en un intervencionismo descarado, pero justificado en el bien común. La política se confunde con los intereses económicos y las empresas se ven obligadas en algunos casos a comerciar en zonas en las que no querrían hacerlo y, en otros, a simplemente hacer política (y en no pocas ocasiones con un entusiasmo increíble). El avispero libio podría ser un buen ejemplo de por qué los intereses políticos no son necesariamente los intereses del bien común, sino en este caso, del "mal" común que nos alcanza en forma de subida de los precios de los combustibles. Repsol y otras empresas podrían haberse planteado otras inversiones en otros países antes que en Libia –quizá más lejanos o con menos historia común– si el mercado mundial y nacional estuviera menos intervenido. En todo caso, asumiendo voluntariamente el riesgo de toda actividad empresarial.

El Particularismo

Ortega nos ofrece en La España Invertebrada dos hipótesis desiguales. En primer lugar, construye su obra en torno a una teoría del particularismo bastante contundente. Sin embargo, y en segundo lugar, presenta una visión deformada de la historia de España, diría que autoflagelante y superficial, que sólo se justifica por lo convulso y sombrío de la época en que fue escrito el ensayo.

Un repaso histórico de tipo comparativo con otras naciones del entorno puede hacer caer en el error de dar a entender que éstas carecieron en todo momento de semejantes tropiezos, desgastes y contradicciones. Ortega se fija exclusivamente en los éxitos y la gloria de las naciones extranjeras más potentes. Aunque no puede negarse que en España los hitos destacables fueron tan tempranos e inconsistentes que resulta axiomática su derrota si se compara con lo ocurrido durante la evolución política de otros pueblos.

Pero volvamos al aspecto más notable y acertado contenido en La España Invertebrada: la teoría del particularismo. A partir de la expresión nacionalista de este fenómeno disgregador, Ortega denuncia su preexistencia en todos los órdenes vivientes de la nación (recurriendo a sus tópicos), clase política, ejército, proletariado y cualquier otro gremio, profesión o sector industrial y empresarial. Puede apreciarse en todos ellos, y no sólo en aquellos que promueven la disgregación racial, cultural y nacionalista. La decadencia de la unidad española comenzó en aquel "no contar con el otro", que es igual a creerse dueño y señor del mando sobre lo común.

Centrémonos en la idea misma que nos ofrece este concepto de particularismo, aplicado a cualquier tendencia, artificial o espontánea, de agrupación singular dentro de fracciones integrantes de un todo que las precede. Quizá alguna de esas partes intente ser representada como anterior al todo, cuando en realidad la sustancia de lo que fue (si es que lo fue realmente) no podría equipararse de ese modo al rango que se descarta en la entidad atacada.

El nacionalismo periférico en España no pretende sólo erigirse como contrapoder particular frente al Poder central, sea éste absoluto o limitado, sino que busca además, desde la base social y cultural, construir un artefacto ideológico capaz de dominar las mentes individuales, homogeneizando voluntades en pos de un proyecto político que, en realidad, sirve únicamente a las expectativas e intereses de una suerte de aristocracia nacionalista que aspira a acaparar un nuevo y bien tramado dominio legitimado, esta vez, por ese sentimiento colectivo reforzado en lo particular.

Los nacionalismos son siempre particularistas, procedan éstos del ámbito de lo regional, o se acaben convirtiendo en ideología y religión secular de naciones agregadas e independientes, y, al mismo tiempo, fuertemente estatizadas. Mientras que el primer tipo de nacionalismo trata de quebrar una entidad más amplia frente a la que concentran su acción política, el segundo tipo pretende elevar su potencial a fin de ser partícipe dentro de un orden internacional ecuménico (sin que exista ningún espacio físico indómito en el que algún Estado, o concierto de Estados, ejerza su propia jurisdicción).

Cuando Mises habla de "nacionalismo liberal", lo hace desde una perspectiva histórica muy concreta, atribuyendo las bondades de la revolución liberal al movimiento disgregador que se enfrenta al absolutismo de ciertos poderes, artificiales o no, que establecieron su dominio sobre pueblos que eran, política, racial o culturalmente distintos. En principio, la unidad política, en determinados ámbitos, representa una ventaja para aquellos pueblos que sepan utilizarla como instrumento de integración social y económica. Sin embargo, la práctica de los gobiernos absolutos en imperios plurinacionales fue incapaz de contener las legítimas pretensiones nacionales promovidas y alimentadas por un espíritu que era en verdad liberal. Esto no ha sucedido en España. Las tendencias particularistas de corte nacionalista crecieron y se alimentaron a partir de una idea de decadencia que se corresponde, en cierto modo, con la realidad social, cultural, económica y política de ese conjunto nacional llamado España, pero en ningún caso porque España resulte asimilable a los Imperios Austro-Húngaro y Ruso, Yugoslavia o a cualquier ejemplo colonial que pueda plantearse.

El particularismo gremial, regional o municipal puede confundirse en diversas fases de su expresión e intensificación con la configuración de contrapoderes. Como se dijo en otro lugar, el contrapoder, en su cometido, debe limitar al poder frente al que se erige. El poder absoluto lucha por la homogenización, toma su fuerza de la masa agitada, deforme e idiotizada. El contrapoder sirve a la convivencia y es un instrumento para esa limitación de la tendencia fatal que conduce al poder centralizado al dominio irresistible del cuerpo social y cultural. No obstante, una excesiva tensión entre contrapoderes debilita su propia existencia, lo que sucede también cuando se establecen fuertes alianzas entre aquellos bajo el cometido de derrumbar la hegemonía del poder más amplio. Del resultado de esa tensión entre tales empujes (el de coordinar particularismos en contra del poder absoluto o común, y el esfuerzo de éste último en homogeneizar y atomizar el cuerpo social) nacerá un tipo efectivo de orden político.

Las sociedades de "Hombres libres" no surgen de la nada, ni resisten sin que confluyan todas estas expresiones políticas que pugnan entre la agregación, la extensión, la disgregación y el particularismo de cualquier clase. Pese a que todo particularismo debería tender a encontrar su propio contrapeso que lo convierta en inofensivo para la continuidad del orden político y social efectivo, existen ideologías, creencias y aspiraciones que son, ciertamente, peligrosas y fuente de una clase de disenso de consecuencias calamitosas para la convivencia y el sosiego público. No se trata de preferir naciones férreamente tramadas frente a aquellas naciones en cuyo seno conviven realidades dotadas de atributos diversos dentro del acervo común de valores, reglas e instituciones. Sino de defender la necesidad de que la tensión particularista no comprometa, en primer lugar, la primacía del individuo frente a los grupos en los que se integra, y en segundo lugar, la independencia de los poderes representativos comunes, electos o autoritarios, al margen de los límites políticos razonables nacidos del ineluctable juego de contrapoderes.

Quizá el particularismo perverso que denunció Ortega en España deba servirnos para desechar completamente la idea de que en su versión nacionalista periférica se trate de un legítimo movimiento libertador de pueblos oprimidos en términos colectivos (menos aún de las personas que los forman, en términos individuales). Pero es que además, en la medida que se pretenda que la Unión de los pueblos y naciones de Europa no sea un mero concierto entre sus Estados, los particularismos deberán, en primer lugar, filtrarse al teatro continental, incluso cuando su aspiración básica sea un interés localizado territorialmente (que será positivo para la libertad del individuo siempre que reconozca los fundamentos y los límites del consenso social dentro del que actúa). En segundo lugar, debe el individualismo primar sobre la aspiración colectiva y, en todo caso, dada la naturaleza plural de los caracteres nacionales que se pretenden soldar bajo una misma unidad política, sólo este factor occidental, claramente cosmopolita y liberal, proporcionará la sustancia que espontáneamente llegue a consolidar una futura nación europea.

Buen Gobierno: la responsabilidad de los cargos públicos

Hace poco se ha publicado el libro de un doctor de Salamanca menos conocido, Juan Zapata y Sandoval, titulado De iustitia distributiva et acceptione personarum, traducido por primera vez al castellano por el equipo de investigadores del CSIC: Ana María Barrero, Carlos Baciero y Jesús María García Añoveros.

Juan Zapata fue un criollo nacido en la ciudad de México, descendiente de oidores y presidentes de la Audiencia de Nueva España. Ingresó allí en la Orden de San Agustín en 1590, viajando a la Península en 1602 como rector y catedrático de Teología en el Colegio San Gabriel de Valladolid. Formado en la Universidad de México, que por aquellos tiempos era perfectamente comparable en altura intelectual y en maestros a las españolas, podemos considerarle un miembro ultramarino de la Escuela de Salamanca; al menos, juzgando los autores que luego citará: Pedro de Aragón, Luis de Molina, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Domingo Báñez, Pedro de Ledesma, Francisco de Vitoria o Diego de Covarrubias. Posteriormente regresaría a México al ser nombrado obispo de Chiapas y luego de Guatemala, donde falleció en 1630.

En 1609, el mismo año que Juan de Mariana publicara su tratado De monetae mutatione, Zapata y Sandoval editaba en Valladolid este largo estudio sobre La justicia distributiva y la acepción de personas. Se trata del análisis de un interesante aspecto de la virtud de la justicia, menos frecuente en los doctores escolásticos. Conocemos bien un elevado número de tratados sobre la justicia en los cambios, el precio justo, los salarios justos… Todos ellos centrados en la llamada justicia conmutativa, que se refiere a las relaciones entre iguales en los intercambios, y que permitió a los Maestros de Salamanca avanzar algunas importantes intuiciones sobre el comportamiento económico, como la teoría cuantitativa, la teoría subjetiva del valor o la paridad del poder adquisitivo entre distintas divisas.

La justicia distributiva, sin embargo, se refiere a la ordenación del todo entre las partes, o sea, "la distribución de los bienes comunes de la república entre los individuos". Desde el punto de vista económico, su aplicación más inmediata es el análisis sobre la fiscalidad y los impuestos, algo que también estudiaron nuestros doctores (Juan de Mariana, como bien sabemos, condenaba las alteraciones monetarias como una medida inflacionaria que ocasionaba, a la postre, un impuesto injusto y oculto).

Pues bien, el texto que estamos comentando nos sitúa fuera del marco económico, y en un campo de gran interés actual: el ejercicio de la actividad política. Cada semana nos levantamos con un nuevo caso de corrupción y abuso de poder que refleja, en mi opinión, una lamentable calidad moral en algunos de los representantes de los ciudadanos. Y a ellos se podrían aplicar muchas de las consideraciones de fray Juan Zapata en su crítica a la acepción de personas: se trata de un ejercicio contrario a la justicia distributiva, en concreto en el reparto de los cargos públicos. En vez de elegir a los mejores, teniendo en cuenta sus méritos y su dignidad, se prefieren otros individuos generalmente en razón de intereses personales, familiares, etc.

Zapata escribió pensando en el derecho de los nacidos en América a los cargos eclesiásticos y civiles. Cuestión muy sugerente, que demuestra la sensibilidad política de tantos españoles de nuestro Siglo de Oro, pero que no vamos a tratar aquí por falta de espacio. Me interesaba solamente destacar algunas exigencias morales en el ejercicio del poder que, entonces y ahora, parecen necesarias para los gobernantes. Por ejemplo, a la hora de nombrar los oficios civiles en las Indias recomienda que los candidatos sean hábiles, es decir, competentes por su sabiduría, ingenio y destreza; que haya una previa investigación de la dignidad de las personas, sus dotes y méritos; que sean sinceros, esto es, que no engañen a nadie; que sean enemigos de la avaricia; o que fueran preferentemente personas cercanas a la sociedad y el cargo en cuestión (aquí es donde instaba a promover a los criollos y aún a los indios americanos), en detrimento de extranjeros y advenedizos. En definitiva, se les exigirá "integridad de vida, perfecto conocimiento de las funciones que han de desempeñar, educación cívica, preocupación por la república y destreza en la dirección de la función pública, ciencia, moderación, nobleza, fortaleza y justicia".

Asunto distinto y espinoso, aunque frecuente en aquella época, era la venta de cargos públicos; con lo que Zapata no estaba de acuerdo pensando que ofrecía muchos más inconvenientes que ventajas. Aunque, dada la costumbre y su legalidad formal, propuso varias condiciones para que fuera moralmente lícito en lo que concierne al precio de venta, las cualidades de las personas que los adquieren, etc.

Termino con una cita literal: "si el soberano o la persona a quien se le ha encomendado hacer provisión o recabar informes para hacerla, al proveer estos oficios… pospone a los dignos a favor de los indignos, delinque sin duda contra la justicia distributiva con pecado de acepción de personas y está obligado a restituir el daño que resulta de la incompetencia del ministro". Menuda responsabilidad ésa de la restitución, algo perfectamente vigente en aquellos tiempos y que nuestra sociedad moderna e ilustrada parece que quiere olvidar a toda costa.

Dinero, unidad de cuenta y cálculo económico

Si no existiera dinero, en un sistema económico con N bienes (o servicios) intercambiables habría N(N-1)/2 precios o relaciones de intercambio posibles. Estos precios no serían completamente independientes entre sí: si el precio de un intercambio directo entre dos bienes no coincide con lo que se conseguiría con un intercambio indirecto entre esos dos mismos bienes (con uno o varios bienes diferentes como intermediarios), habría oportunidades de arbitraje para utilizar el proceso de intercambio que procurase más beneficios; las variaciones de demanda y oferta de bienes por estos mecanismos alterarían los precios relativos hasta ajustarlos de modo que solamente queden N-1 precios independientes (este proceso se verá limitado por los costes de transacción y de recopilación y procesamiento de información).

Los agentes en este sistema sin dinero pueden operar conociendo y recordando todos los precios de los intercambios que suelen realizar o computándolos a partir de un conjunto básico arbitrario (potencialmente diferente para cada agente) de precios independientes que permita generar todos los demás según sea necesario (conociendo el precio de A respecto a B y el precio de B respecto a C es posible calcular el precio de A respecto a C), o con una combinación de ambos sistemas (recordando algunos precios y calculando otros). Para un sistema complejo con un elevado número de bienes ambas opciones son problemáticas, ya sea por la cantidad de información a almacenar o por la necesidad de su procesamiento. Además estos precios de trueque directo pueden variar constantemente.

La existencia de dinero con un poder adquisitivo o valor estable minimiza estos problemas de información sobre precios relativos: los N-1 precios fundamentales a utilizar son los de todos los demás bienes respecto al dinero; la relación de intercambio entre dos bienes cualesquiera se calcula a partir de sus precios monetarios.

El dinero utilizado como unidad de cuenta común simplifica el problema de la contabilidad, del cálculo económico de los resultados de los negocios. Siempre es posible comparar el patrimonio de dos agentes económicos, por muy distinto que sea, y las variaciones del mismo, mediante los precios de todos los bienes involucrados respecto a algún otro bien arbitrario que sirva como referente de comparación o unidad de cuenta. Pero si se utilizan referencias diferentes es posible que la relación entre ambas no sea estable y estas variaciones pueden dificultar las comparaciones relativas. El dinero sirve como estándar o lenguaje universal mediante el cual expresar precios, valoraciones del patrimonio o capital y resultados de la actividad del negocio (beneficios o pérdidas).

El uso de diferentes nombres para referirse a cantidades distintas del mismo dinero mercancía (monedas) es un problema de conversión relativamente sencillo. Es mucho más problemático utilizar unidades de cuenta referidas a bienes distintos cuyo valor relativo puede cambiar.

En una economía con finanzas desarrolladas el dinero se transforma en algo progresivamente más abstracto: los agentes pueden preservar o incluso aumentar valor mediante instrumentos financieros muy seguros, y pueden utilizar complementos o sustitutos monetarios en lugar de intercambiar materialmente el dinero físico. Estos hechos pueden llevar a algunos a caer en el error de creer que el dinero puede ser cualquier cosa sin valor real decretada coactivamente por el gobierno como referencia común, que la unidad de cuenta es un estándar arbitrario (como los de las unidades de las magnitudes físicas) que puede y debe imponerse y optimizarse desde el poder político intervencionista en lugar de dejar funcionar la adaptación evolutiva institucional.

También se puede recurrir a alterar el valor del dinero para presuntamente ajustar de forma fina diversas variables macroeconómicas (más crecimiento y empleo a cambio de inflación). En realidad los tecnócratas al mando del monopolio monetario estatal fracasan sistemáticamente en sus empeños de optimizar la actividad económica, no son capaces de estabilizar adecuadamente el valor del dinero, distorsionan la unidad de cuenta, dificultan el cálculo económico y provocan ciclos recurrentes de auges y depresiones.

La existencia de múltiples divisas nacionales de curso legal forzoso, no convertibles en dinero físico a tasas fijas y de variaciones relativas arbitrarias agrava aún más el problema de encontrar unidades comunes estables a nivel universal: el problema se reduce si los ciudadanos pueden al menos escoger libremente entre estas divisas en competencia para sus transacciones comerciales.

Los fundamentos del poder sindical

Todavía hoy sorprende la influencia que tiene la casta dirigente sindical (principalmente de UGT y CCOO) a pesar de los magros índices de afiliación de los trabajadores (y funcionarios) a los sindicatos.

Hemos visto con estupor cómo un apaño "acordado" entre el gobierno, esos dirigentes sindicales y los de la organización hermana entre los empresarios (la CEOE) para recortar las pensiones de jubilación presentes y futuras se celebraba con alborozo en la prensa del neomovimiento. Pocos reparan en las evidentes similitudes de esa manera de tomar decisiones colectivas con las propias de los estados corporativos fascistas, tan denostados sin saber por qué por el "progresismo" hispano. Ese regusto antiparlamentario de canalizar la voz del pueblo a través de órganos de representación –natural, se atrevieron a decir los ideólogos del primer franquismo, respecto a la "familia, el municipio y el sindicato"– distintos a las asambleas democráticas se encuentra, no obstante, en la contradictoria Constitución española de 1978.

Dependiendo de las caprichosas y variables necesidades del gobierno, pueden pisotearse los derechos fundamentales, pero, si se trata de las prescripciones para la planificación económica concertada con los "agentes sociales" que asoman en los apartados relativos a la constitución económica (Arts. 128 a 131), no cabe discusión alguna.

Asimismo, la estúpida consigna del "diálogo social", cuando se trata de imponer sordina al planteamiento de alternativas al modelo de seguridad social heredado del franquismo, atenaza como una camisa de fuerza a los dirigentes del partido de la domesticada oposición. No en vano, durante su estancia en el gobierno, participaron en ese pasteleo, aunque, ciertamente, no consiguieron romper la estrecha cooperación de los sindicatos mayoritarios con socialistas y comunistas. Aunque parezca algo lejano, como respuesta a las zalamerías gubernamentales, los sindicatos convocaron dos huelgas generales: una contra la guerra (de Irak, claro) y otra contra una fallida reforma laboral.

De cualquier modo, debemos remontarnos en el tiempo para encontrar una Ley de Libertad Sindical, aprobada en 1985 durante el primer mandato de González Márquez, que abrió las puertas a los privilegios sindicales que ya se atisbaban en el estatuto de los trabajadores. Si bien los socialistas españoles se abstuvieron de introducir trapacerías del estilo de los closed shops británicos, es decir, la exigencia de afiliación a un sindicato para trabajar en una empresa, sentaron las bases del poder posterior de estos auténticos apéndices del estado. Ya entonces se dio pábulo a la aparición de liberados (del pesado trabajo) por doquier; se estimuló el predominio en grandes empresas de los sindicatos más proclives a los socialistas (a pesar de la pugna puntual con Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT, por la reducción de las pensiones de 1985), se abrió paso a la percepción de un canon sindical por la negociación colectiva (sustituida en la práctica por los "clavos" en los EREs), se declaró la inembargabilidad de las cuotas sindicales, la práctica irresponsabilidad de los sindicatos por actos de sus afiliados (¿quién paga los destrozos de las huelgas y "las jornadas de lucha"?) y el anuncio de un régimen fiscal excepcional. En este sentido no tiene parangón –ni siquiera los partidos políticos gozan de ese privilegio– el hecho de que las cuotas sindicales sean un gasto deducible de los ingresos derivados del trabajo, a efectos del Impuesto sobre la renta (IRPF), del mismo modo que las cotizaciones a la seguridad social.

No obstante, la voracidad de estas criaturas del estado del bienestar se demostró insaciable. Al poco tiempo de su primera estancia en el poder, el gobierno hermano, en vez de subastar y repartir proporcionalmente el producto de la venta entre los trabajadores y empresarios forzados a contribuir a su sostenimiento, promovió una suerte de rapiña del patrimonio inmobiliario de la Organización Sindical a favor de los privilegiados sindicatos más representativos (UGT y CCOO, pero también ELA-STV). Gracias a la aprobación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado y su reglamento, esos sindicatos (y en menor medida la organización empresarial CEOE) se subrogaron en la posición del antiguo sindicato vertical como propietarios de un ingente patrimonio que se había adquirido, en parte, con las citadas contribuciones obligatorias.

En aquella época, cuando las palabras "social", "solidaridad" y "colectivo" adquirieron pleno significado, nos enteramos de que los sindicatos asumirían técnicas de gestión modernas y nuevos retos para prestar servicios a sus afiliados y a la sociedad. Nacieron la cooperativa de viviendas PSV (Promotora Social de Viviendas) y su gestora IGS (Iniciativas de Gestión del Suelo), como muy bien recordará el actual Ministro de Trabajo, encargado en 1994 de rescatar con dinero ajeno del Instituto de Crédito Oficial (ICO ) a la UGT de las responsabilidades civiles que debería haber asumido por auspiciar aquella empresa frente a los 20.000 cooperativistas perjudicados. Así lo reconoció la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2003, que mantuvo, no obstante, la condena a Carlos Sotos por apropiación indebida.

Lejos de saciar ese apetito, los sindicatos y las organizaciones empresariales demostraron una capacidad camaleónica para gestionar las subvenciones destinadas a formación por el Fondo Social Europeo (F.S.E), cuya caja abrieron los gobiernos entusiasmados. Cuestión distinta era la formación.

Ni por esas. Los sindicatos no han perdido la ocasión de acaparar otras subvenciones diversas del Estado y de recibir más dinero de las expansivas Comunidades Autónomas. La promiscuidad o el nepotismo más obsceno alcanzarían ribetes desternillantes en lugares como Andalucía, si no fuera por la gravedad de algunos de los delitos que se cometen. Pero hay más. En 2005 el gobierno socialista dio una nueva vuelta de tuerca. Nada menos que mediante un decreto-ley, aprobó el reparto inmediato entre estos parásitos del llamado patrimonio sindical histórico. No debe sorprender que tiempo después el presidente de ese gobierno reclamase al sindicato más beneficiado (UGT, cuyas siglas existían ya durante la II República) su "cariño" y "apoyo".

El viscoso régimen partitocrático forjado durante los treinta y tres años de evolución de la Constitución de 1978 –la cual, por cierto, resulta ya irreconocible– transformó el antiguo sindicato vertical en tres pivotes que sustentan una parecida estructura clientelar. En algún momento, los españoles deberán acometer la labor de desembarazarse de esta estructura parasitaria que drena sus recursos y limita tanto sus libertades como sus posibilidades de prosperar. Ahora bien, ese desmantelamiento debe partir de un conocimiento de los mimbres reales de ese poder sindical, una concienciación de su perversidad y una propagación de la necesidad de doblegarlo. A continuación, una vez que el asunto forme parte del debate político democrático, acaso no sea tan difícil dar pasos efectivos. Pronto tendrá lugar un relevo generacional masivo de la esclerotizada nomenclatura de prebostes políticos y sindicales que han disfrutado durante tanto tiempo de esta situación. Quienes lleguen nuevos a la política tendrán menos cortapisas para acabar con esos intereses creados y reformar decididamente este tinglado, más aún en un momento de austeridad necesaria.

Falta de crédito

Uno de los comentarios que más se suele repetir en tertulias de carácter político y económico es que la banca comercial está dificultando la salida a la crisis por no conceder créditos. Esta acusación suele formularse con bastante frecuencia en ámbitos como el inmobiliario, donde los vendedores culpan a las entidades de crédito de haber sido la causa de la cancelación de operaciones de compraventa al negarse a realizar un posible préstamo a un potencial comprador. También en el ámbito de la pequeña empresa suele oírse numerosas veces esta queja, cuando, por ejemplo, pólizas de crédito que antaño se renovaban sin ninguna dificultad no siguen el mismo proceso.

Las entidades de crédito obtienen una fuente considerable de sus beneficios a través de la concesión de préstamos y créditos. Por tanto, a priori, resultaría extraño que se negasen a realizar dichas actividades si no existiese algún motivo. El mercado financiero, como cualquier otro mercado, tiene su propia oferta y demanda. Por un lado, demandan dinero todo tipo de personas, sociedades e instituciones que solicitan algún tipo de crédito, préstamo o empréstito. Por otro lado, la oferta estaría formada por los propios fondos propios de estas entidades de crédito (capital y reservas) más su pasivo exigible, es decir, el dinero que a su vez solicitan prestado a ahorradores, bajo la forma de cuentas corrientes, libretas de ahorro, imposiciones a plazo fijo, y otras figuras. Dado que el sector bancario está fuertemente apalancado, los fondos ajenos son considerablemente superiores a los propios, por lo que la oferta estaría fundamentalmente representada por el ahorro.

El mercado financiero, además, presenta otra serie de peculiaridades. El primero proviene del hecho de que todas las operaciones se realizan a crédito. Es decir, mientras que si acudimos a comprar un determinado bien o servicio normalmente se puede optar por pagar al contado o a crédito, en el mercado financiero, el pago siempre se va a producir a crédito: se solicita un préstamo o un crédito que se devolverá en un determinado plazo de tiempo. Además, se da la circunstancia de que la diferencia entre los plazos de los ahorradores y los demandantes de crédito suele ser considerable. Por ejemplo, una persona que abra una cuenta corriente puede demandar la totalidad de su importe en cualquier momento, sin previo aviso. Cuestión distinta ocurre en las imposiciones a plazo fijo, donde el ahorrador se compromete a mantener su dinero inmovilizado durante un plazo de tiempo cierto. No obstante, la demanda de crédito suele tener plazos superiores. Así, una póliza de crédito de campaña puede acordarse por un plazo de seis meses, mientras que los préstamos hipotecarios pueden tener una vida de décadas.

Por tanto, las disponibilidades de crédito, en principio, dependen del ahorro existente y del plazo en que éste se haya materializado, y su coste también dependería de esos factores. También influirían otros factores como la solvencia del demandante, las garantías que pueda ofrecer o los plazos en que pretenda materializar la devolución.

Sin embargo, el sistema presenta más actores. De un lado, las instituciones financieras pueden a su vez prestar y pedir prestado dinero en el denominado mercado interbancario. Y, por otro lado, existe el banco central, que actuaría como banco de bancos, presentando una peculiaridad importante, y es que él mismo se fija su retribución unilateralmente dada su condición de monopolio. Esto tiene un efecto inmediato sobre el mercado, dado el volumen e importe de operaciones que puede realizar. Por tanto, en un mercado sin banco central, si se demanda mucho crédito, pero apenas existe ahorro, la retribución subiría hasta que más ahorradores se sintiesen motivados y más demandantes de créditos desechasen realizar las operaciones por el alto coste. En sentido contrario, si el ahorro es elevado, pero existe muy poca demanda por dicho ahorro, el interés de las operaciones irá bajando de forma que el crédito se haga más atractivo, y el ahorro baje.

Al aparecer el banco central, las reglas cambian, y ya no son los ahorradores, los demandantes de crédito y los plazos los que van a fijar el interés de las operaciones, sino que éstos se van a ver influidos en extremo por el tipo que fije el órgano correspondiente de dicho banco. Esto trae consecuencias, ya que el ahorro y la demanda de crédito se ven influidos fundamentalmente por un tercero, que no tiene que tener en cuenta las condiciones que los anteriores hubiesen pactado en un mercado libre. De hecho, durante casi una década, los bancos centrales han estado impactando en estos tipos de interés hacia la baja, sembrando las condiciones que luego dieron ocasión a la actual crisis, cuando los inversores acometieron proyectos de muy reducida rentabilidad, inducidos por su política de “dinero barato”.

Tampoco debemos olvidar el hecho de que si un banco decidiese unilateralmente y sin motivos restringir el crédito a un cliente, y que la competencia inexplicablemente siguiese sin concedérselo, éste podría acudir a otros canales, ya que la banca comercial no tiene el monopolio concesión de préstamos, cuestión que puede comprobarse en las emisiones de empréstitos que realizan con periodicidad grandes empresas e instituciones (en las que la banca no deja de ser un mero intermediario y es el cliente quien presta directamente dicho dinero al emisor). Adicionalmente, a nivel particular siempre se han producido operaciones crediticias (aunque de menor importe) entre sociedades o particulares. Por tanto, las instituciones de crédito no pueden denegar operaciones sin responder a la lógica económica de la oferta y la demanda, o a las condiciones que fijan los propios bancos centrales, que son los únicos que pueden escapar en cierta medida al libre juego de la oferta y la demanda.

Doce consejos clave para invertir en bolsa

Batir las rentabilidades que ofrece el mercado en bolsa a través de los diferentes índices bursátiles está tan sólo al alcance de un puñado de privilegiados, los grandes conocedores del Value Investing. A continuación, sus doce principios básicos para invertir.

1. Peter Lynch (1944), gestor de Magdellan Fund: “La renta variable es el activo más rentable a largo plazo”; “la gran ventaja de invertir en acciones, para quien acepte la incertidumbre, es la extraordinaria recompensa por tener razón”.

En los últimos 200 años, frente a una inflación media del 4%, las letras y los bonos han ofrecido una TAE del 5%, mientras que la renta variable arroja una rentabilidad media anual cercana al 10%.

2. Warren Buffett (1930), presidente de Berkshire Hathaway: “La renta variable es el activo menos arriesgado a largo plazo”; “el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo”.

La evolución de la renta variable está ligada al crecimiento económico y los beneficios empresariales. Por el contrario, los bonos del estado dependen de las políticas económicas que adopten los estados correspondientes, muchas veces inflacionistas y, por tanto, destructoras del valor.

3. Mario Gabelli (1942), presidente de Gamco: “Pocos gestores consiguen batir a los índices bursátiles en el largo plazo”. ¿La clave? “El conocimiento convencional sólo arroja rendimientos convencionales”.

Tan sólo el 9% de los gestores norteamericanos ha logrado batir al índice S&P 500 a lo largo de 16 años. La razón es la ausencia de disciplina y los continuos cambios de estrategia en los que incurren la mayoría de los gestores de fondos. El no mantener una misma filosofía y estrategia de inversión resulta devastador para el rendimiento a largo plazo.

4. Charlie Munger (1924), vicepresidente de Berkshire Hathaway: “Toda inversión inteligente es value investing, adquirir algo por menos de lo que vale”. Los gestores de vlue investing son los únicos que consiguen batir a la bolsa a largo plazo.

5. Friedrich A. Von Hayek (1899-1992), premio Nobel de Economía, referente de la Escuela Austríaca: “La volatilidad y la liquidez de una acción no son representativos de su riesgo”. La mayoría de modelos de inversión tan sólo miden lo que es medible “no lo que importa”.

6. John Templeton (1912-2007), fundador de Templeton Funds: “Las crisis bursátiles son inevitables y permiten una importante creación de valor”; “las cuatro palabras más peligrosas en la historia de la inversión han sido esta vez es diferente“.

7. John Neff (1931), inversor norteamericano: “Tener un mal comportamiento a corto plazo es inevitable”; “No es simpre fácil invertir en lo que no es popular, pero es la forma de obtener rendimientos sobresalientes”.

8. Jim Rogers (1942), cofundador de Quantum Fund: “No merece la pena guiaerse por las previsiones económicas”; “para tener éxito invirtiendo es necesario entrar pronto, cuando las cosas están baratas, cuando hay pánico, cuando todo el mundo está desmoralizado”.

9. Christopher H. Browne, presidente de Tweedy Browne Funds: “No invertir nunca en empresas sobrevaloradas”; “hay que buscar el valor intrínseco de la acción, de la manera que harías en cualquier otra compra”.

10. Benjamin Graham (1894-1976), precursor del value investing: “No dejar que las emociones guíen las decisiones de inversión”: “conseguir rendimientos satisfactorios es más sencillo de lo que la gente piensa. Obtener rendimientos sobresalientes es mucho más duro de lo que la gente imagina”.

11. Walter Schloss (1916), inversor estadounidense: “No intentar predecir el movimiento de la bolsa a corto plazo”; “la timidez generada por fracasos del pasado provoca que la mayoría de los inversores se pierdan los mercados alicisas más mimportantes”.

12. Francisco García Paramés (1963), director de inversiones de Bestinver: “Entender que la paciencia es la principal virtud del inversor exitoso”; “lo más fascinante del Value Investing es que el tiempo siempre juega a tu favor”.

Estos doce consejos e ideas básicas para invertir están contenidas y desarrolladas en el cuaderno 12 Principios del Value Investing, editado por Bestinver.

Libertad de comunicación y censura política en Internet

La cleptocracia se caracteriza por mantenerse un gobierno en el poder mediante el ejercicio de un control exhaustivo sobre la concesión de licencias de prensa, radio o televisión, la asignación subjetiva de publicidad institucional o la aplicación de leyes de censura que permiten desde procesar periodistas hasta multar y cerrar los medios críticos cuando alertan a la opinión pública acerca de los escándalos de corrupción y prevaricación de la casta político judicial.

A comienzos del siglo XXI, el despotismo de una dictadura o el intervensionismo de una partitocracia, medrando sobre la mayoría de la población, ya no se sostienen con el habitual control político de los medios de comunicación. Ahora, si una cleptocracia quiere perpetuarse en el poder también tiene que ejercer la censura sobre la libertad de comunicación. 

 Internet

El nacimiento comercial de Internet hace poco más de 15 años ha cambiado las reglas del juego y los requisitos para ejercer el control de una población de millones de individuos.

Las múltiples aplicaciones de Internet están interconectando a más de 1700 millones de personas, con una red que alcanza a cerca de una cuarta parte de la población mundial, lo que convierte el mundo en una aldea “global” en donde el intercambio instantáneo de voz y datos entre personas, distantes cientos o miles de kilómetros, está permitiendo el acceso libre a la comunicación.

Internet permite la descentralización de los flujos de información y, por tanto, confiere un enorme poder de decisión a los ciudadanos que se transforman en decision makers anónimos. El poder de Internet radica en que permite que critiquen abiertamente los actos de los gobernantes y facilita que se organicen de modo espontáneo y deslocalizado, ajenos al control del Gobierno.

Adicionalmente, la integración de las aplicaciones de Internet en nuevos dispositivos de telefonía móvil ha incrementado exponencialmente la comunicación y está permitiendo que, allí donde parecía imposible, sociedades civiles aparentemente frágiles y oprimidas logren denunciar la corrupción y el aplastamiento de los derechos civiles por parte de sus gobernantes, y organicen protestas por medio de aplicaciones como Facebook, YouTube o Twitter

El mundo árabe y las movilizaciones populares de los ciudadanos en contra de las corruptas dictaduras que los oprimen en Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos, Yemen, Jordania… ponen de manifiesto la enorme importancia que están adquiriendo las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC). Queda todavía por demostrar que el grado de evolución socio cultural de las naciones árabes y la lucha por el poder de los diferentes clanes permitan realizar procesos de transición institucional que instauren democracias liberales y les doten de un Estado de Derecho real que garantice, entre otros aspectos, la separación de poderes, la existencia de jueces independientes y el respeto por la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley.

 Censura en Internet

Precisamente, por el peligro que representa la libertad de comunicación para la estabilidad de los gobiernos corruptos, la cleptocracia está intentando limitar la libertad de los ciudadanos de comunicarse y transmitir información.

Existen dictaduras, como Corea del Norte o Myanmar, donde se condena a los ciudadanos por el simple hecho de tener equipos de comunicación, como un móvil o un módem para Internet, y en donde tan sólo la clase dirigente puede disfrutar libremente de la tecnología. Otros tiranos también impiden la libertad de comunicación con una pésima infraestructura y con autorizaciones de instalación de difícil obtención, como ocurre en Cuba.

Si el desarrollo de las telecomunicaciones ya se encuentra con un cierto grado de desarrollo, el sátrapa de turno siempre puede legislar alguna comisión especial de funcionarios que se encarga de investigar y aplicar sanciones a los portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos que utilicen Internet de forma “indebida” y “antiética”, como sucede en Venezuela

Por supuesto, las dictaduras más sofisticadas como China, que utilizan la economía de mercado abierta para sostener los privilegios de los dirigentes del Partido Comunista de China y la privación de libertades al resto de la población, necesitan contratar miles de “supervisores” y lanzar aplicaciones propias que permitan el uso de Internet bajo un estricto control gubernamental.

La libertad de comunicaciones también está siendo pisoteada por las democracias occidentales con la excusa de dotar de mayor “seguridad” a la población. Desde el año 2001, existe la Patriot Act que vulnera la cuarta enmienda (que protege al ciudadano de un gobierno tiránico) y permite que todos sus organismos de seguridad puedan intervenir la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Por otro lado, la administración Obama sigue manteniendo criterios intervencionistas en materia de comunicaciones. 

Sin embargo, y aun contando con los anteriores reparos, deseo resaltar cómo Google ha informado ante el Congreso de EEUU de que más de 25 países han bloqueado sus servicios en los últimos años. Y, por supuesto, entre esos países se encontraba España, un país europeo en donde la legislación y los tribunales politizados van mermando año tras año la libertad de los ciudadanos.

 España: Libertad de Comunicación y Censura Política en Internet

La libertad de comunicación quedó consagrada en España en el apartado primero del artículo 20 CE, que reconoce y protege los derechos “a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Y el apartado segundo del artículo 20 CE señala explícitamente que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Sin embargo, parece que “empezamos a parecernos a China con listas negras de páginas Web”, y algunos ciudadanos entendemos que la redacción final del proyecto de ley de Economía sostenible (LES) vulnera el artículo 20 CE cuando modifica el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Se introduce la posibilidad de adoptar la censura previa con “medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos”. Y se crea una Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en el Ministerio de Cultura que permite que funcionarios públicos puedan actuar para “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”. Finalmente, se ha introducido la “previa autorización judicial”, lo que no significará una sólida garantía jurídica en un país como España, en donde el órgano directivo de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) es elegido por los políticos y son habituales las presiones y los cambios de criterio.

En realidad, con la excusa de proteger la propiedad intelectual se permite la posibilidad de que un Gobierno se dedique a cerrar páginas Web y otros servicios de Internet cuando sean críticos.

Si se convence a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ésta autorizará mediante un auto la ejecución de una “resolución administrativa” de cierre de página Web adoptada por el CPI del Ministerio de Cultura. Sólo algunos años más tarde, se podrá intentar subsanar judicialmente el daño que se hubiese podido ocasionar al gestor y a sus clientes.

Por tanto, se introduce una situación procesal kafkiana, que significa que la posible subsanación de un “error” administrativo sólo llegaría años más tarde, cuando se hayan terminado los plazos establecidos por la Ley 30/1992 del procedimiento administrativo común y, si el interesado recurre adecuadamente, cuando acabe el posterior juicio ante el tribunal de lo contencioso-administrativo.

Desde luego, no será un Tribunal Constitucional politizado el que corrija este ataque al artículo 20 CE, cuyos párrafos hemos citado arriba. La Constitución Española de 1978 es papel mojado en las manos de la casta político judicial que está imponiendo nuevamente una legislación liberticida que impide la libertad de comunicaciones en España.

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Capital social, acción colectiva e intervención estatal

La concesión del Premio Nobel de Economía 2009 a Elinor Ostrom (junto a Oliver Williamson) levantó gran entusiasmo entre algunos economistas, mientras que otros, acaso la mayoría del mainstream, recibieron la noticia con gran frialdad, en gran parte por la ignorancia acerca de su persona y obra. Una ignorancia que es sintomática, puesto que refleja el escaso interés que despierta entre buena parte de la ortodoxia académica el tipo de discurso que la caracteriza, cuya formación original está en las ciencias políticas.

Sin embargo, las contribuciones de Ostrom aportan realmente luz para comprender mejor los procesos sociales. Un ejemplo de ello es su trabajo donde sintetiza y sistematiza las aportaciones que en las últimas décadas se han realizado en torno al capital social y su relación con la acción colectiva. El capital social engloba diversos aspectos como el nivel de confianza entre los agentes, la existencia de redes entre éstos, o las normas sociales e instituciones informales. La acción colectiva se ocupa de estudiar los procesos de provisión de bienes colectivos.

El trabajo de Ostrom nos ofrece una alternativa a la perspectiva hobbesiana de Mancur Olson en su clásico libro La lógica de la acción colectiva. Olson, como exponente de las teorías de la acción colectiva que Ostrom llama de "primera generación", piensa que las potencialidades de la cooperación voluntaria son muy reducidas para resolver problemas de acción colectiva, por lo que considera necesario recurrir a la intervención de una autoridad externa (el gobierno mediante el uso de la fuerza). Por el contrario, Ostrom, como exponente de las teorías de la "segunda generación", confía en la capacidad de autoorganización de los propios individuos –lo que, no obstante, no quiere decir que consideren el papel del gobierno irrelevante–.

El contraste entre estas dos perspectivas no es nuevo, sino que ha estado presente en muchos puntos de la historia de las ideas. Por ejemplo, guarda cierta relación con la tradición hobbesiana por un lado, y la tradición de la Ilustración Escocesa por el otro.

El aspecto determinante que puede explicar esta divergencia en las perspectivas está en los supuestos o concepción del agente social, objeto de estudio. Como señala Ostrom en su trabajo, los teóricos tipo Olson suponen individuos atomizados, y totalmente egoístas –en coherencia con la tradición neoclásica básica–. En cambio, Ostrom apuesta por un enfoque notablemente más realista y rico, suponiendo el caso de Olson como un caso particular dentro de una gran variedad de situaciones, en que diferentes tipos de individuos (entre totalmente altruistas y totalmente egoístas) coexisten, relacionándose entre ellos, compartiendo experiencias y transmitiéndose información.

Esta segunda es la perspectiva que denomina del capital social, cuya definición no es clara ni fácil de acotar, pero cuyo potencial se hace manifiesto en la lectura del detallado survey que realiza Ostrom sobre la literatura más relevante. Destacan, por poner un caso, las referencias que utilizan esta perspectiva para estudiar los problemas de desarrollo económico en el continente africano.

Dentro del capital social aparecen conceptos importantes para la explicación de los fenómenos sociales. Resalta el importante papel del grado de confianza existente en una sociedad para determinar el desempeño económico. Como dijo Kenneth Arrow (otro Nobel), "prácticamente toda transacción económica posee un elemento de confianza, ciertamente cualquier transacción conducida en un periodo de tiempo. Se puede argumentar plausiblemente que gran parte del atraso económico en el mundo puede explicarse a partir de la falta de confianza mutua".

En efecto, en aquellas sociedades donde solamente existe confianza entre individuos con fuertes lazos familiares, el grado de división del trabajo y del conocimiento, de especialización productiva o de economías de escala se limita en gran manera. Así es normal encontrar en las sociedades más atrasadas, o de menor confianza mutua, estructuras empresariales más cercanas al modelo familiar y de pequeña empresa.

Interesante es también el énfasis que pone Ostrom, a modo muy hayekiano, en la importancia del conocimiento de las circunstancias locales y particulares a la hora de resolver problemas de acción colectiva –tema que ilustra con el caso de la construcción de infraestructuras–, lo que da luz sobre un enfoque de las instituciones más complejo, en el que la interpretación de éstas es tan importante como su contenido formal.

Por último, sus argumentos acerca del papel del gobierno y la intervención pública en la acción colectiva son de sumo interés. Así, sostiene Ostrom que "[l]as soluciones que se basan en la autoridad externa pueden fácilmente conducir a un intento de imponer reglas uniformes que no toman en cuenta las condiciones locales. Las reglas uniformes impuestas no sólo no logran movilizar al capital social en el nivel local para resolver problemas concretos, sino que pueden dar como resultado la destrucción total de los recursos de capital social ya existentes".

O que las instituciones gubernamentales "[f]acilitan la creación de capital social cuando se autoriza un espacio amplio para la autoorganización fuera del ámbito de la acción gubernamental requerida". Por el contrario, "cuando se hacen completamente responsables de grandes ámbitos de las actividades humanas, no permiten la entrada a otros esfuerzos en estos campos. Cuando los gobiernos nacionales se vuelven propietarios de todos los bosques u otros recursos naturales o cierran escuelas y hospitales manejados por grupos religiosos con la intención de proporcionar ellos mismos todos los servicios educativos y de salud, destruyen una inmensa provisión de capital social que es de por sí escasa. Rara vez puede remplazarse esto con rapidez. La creación de ciudadanos dependientes en vez de ciudadanos emprendedores reduce la capacidad de los individuos para generar capital".

Es de reseñar, además, que esta perspectiva de la intervención pública no nace de su particular ideología liberal, ni siquiera solamente de la reflexión teórica, sino que surgen de numerosos estudios de caso donde la misma Ostrom ha observado con detalle las instituciones y reglas prácticas locales, y la forma en la que se llegaban a acuerdos cooperativos sin necesidad de una autoridad externa.

Universitarios… ¿emprendedores?

Uno de los tópicos más al uso cuando se habla de desarrollar la economía y generar riqueza es el de destacar el papel que desempeñan la formación y, más en concreto, la universidad. Se tiende a pensar que son necesarias buenas universidades para que la economía se desarrolle, y, por tanto, la formación de alto nivel debe de ser una prioridad en la agenda económica de los gobiernos.

Y, sin embargo, cuando uno mira alrededor, se encuentra con que la mayor parte de los emprendedores no son universitarios; es más, la mayor parte de los principales emprendedores de nuestro tiempo no pasaron por la universidad o, si lo hicieron, no concluyeron sus estudios.

Sin hacer un estudio exhaustivo, ni Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple) o Mark Zuckerberg (Facebook) tienen un título universitario. Más cerca de nosotros, Ramón Areces (El Corte Inglés) o Amancio Ortega (Inditex) no visitaron las universidades hasta que fueron a contar sus historias de éxito. El arquetipo de emprendedor lo constituye el empleado que empieza como ascensorista o botones, y termina dirigiendo la empresa.

No parece que la preparación universitaria sea un requerimiento para ser emprendedor. Es más, la breve evidencia empírica aportada parece apuntar en la dirección contraria. Y quizá esta aparente contradicción podría tener explicación en la teoría económica austriaca. En concreto, en el concepto de conocimiento empresarial (entrepreneurial knowledge).  

Es difícil definir con precisión este concepto, pero constituye el punto de partida del proceso de emprendimiento. Es la típica “idea feliz”, algo que de repente se le ocurre al individuo. Por ejemplo, la idea de Steve Jobs de comercializar el iPhone es conocimiento empresarial.

Huerta de Soto lo define en base a seis características básicas:

  1. Es subjetivo y práctico, no científico.
  2. Es exclusivo, solo se le ocurre al actor.
  3. Está disperso por las mentes de todos los individuos; cada individuo tiende a descubrir la información que le interesa, sobre lo que le preocupa.
  4. Es tácito, no estructurado. El actor sabe cómo hacer algunas acciones, pero normalmente no identifica sus elementos o si son ciertos.
  5. Se crea de la nada, precisamente a través del emprendimiento; no se puede buscar sistemáticamente.
  6. Se puede transmitir a través de procesos sociales complejos, normalmente de forma inconsciente y no sistemática.

Como se observa, son características prácticamente opuestas a las del que podríamos llamar “conocimiento universitario”, el que adquieren los estudiantes durante sus años de carrera. El conocimiento universitario tiende a ser científico y teórico; es común a todos los receptores (aunque el grado de comprensión y su interpretación varía de unos individuos a otros); es estructurado; se puede obtener sistemáticamente (mediante la investigación o la deducción) y se transmite de forma consciente, por ejemplo, en las clases.

Del puro conocimiento universitario, no salen ideas para los negocios. Aunque también es cierto que dicho conocimiento enriquecerá al individuo, permitiéndole la creación de conocimiento empresarial en ámbitos que previamente no le eran alcanzables.

Así pues, son compatibles el conocimiento universitario y el conocimiento empresarial. El problema es el coste de oportunidad que supone la adquisición del primero, y que dificulta a los universitarios la obtención del segundo. En efecto, la formación universitaria exige unos cuantos años de nuestras vidas, y un grado de ocupación importante en las mismas para obtener el codiciado título. Durante ese tiempo, la atención del individuo se dirige, normalmente, a sus estudios (bueno, y a otros aspectos de su vida social…).

Esto no significa que no esté generando “conocimiento empresarial”. Pero se está generando sobre aquello que preocupa al individuo en ese momento: cómo aprobar las asignaturas, cómo soslayar la vigilancia del profesor en ese examen tan difícil, qué hacer la noche del viernes o cómo conseguir la atención de la chica o chico de enfrente.

Mientras tanto, el recadero de los almacenes “El Encanto”, el sastre de batas para bebé, el programador de instituto y el ascensorista están aprendiendo de su negocio. Están generando el conocimiento empresarial que a ellos les preocupa y que será el fértil suelo del que surgirán ideas para cambiar la forma en que las empresas hacen negocios. Y para ello no se necesita ninguna preparación especial, más que atención e imaginación.

Son como los niños que montan en bicicleta. Ninguno de ellos es capaz de explicar por qué la bici no se cae cuando da pedales y sí cuando deja de darlos. Pero saben dar pedales y saben que si dan, llegarán a su destino. Un universitario será capaz de explicar (espero) el movimiento y estabilidad de la bicicleta aplicando las leyes físicas que tan duramente ha estudiado. Pero sería terrible que uno no pudiera montar en bici sin conocer dichas bases teóricas: ¿quién podría montar en bici antes de los 20 años?

Así pues, no nos engañemos. Los emprendedores no salen de la universidad; la creación de riqueza no tiene allí sus mimbres. De la universidad salen instrumentos de gran productividad, pero que siguen necesitando la orientación del emprendedor para ser útiles. Es más, el tiempo que los universitarios invierten en formarse lo pierden de conocer las necesidades de la gente y de emprender. En fin, la historia demuestra que son compatibles la pobreza de un país y la alta cualificación de sus universitarios.

En resumen, la enseñanza universitaria no es la solución para que un país salga de la crisis y comience a crear riqueza. Menos aún, cuando dicha enseñanza es pública y ni siquiera viene guiada por las necesidades del mercado. De la crisis no nos sacarán ni universitarios ni políticos. Habrá que buscar en otro sitio.