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Supersticiones anticrisis

Mediados del Siglo XIV. La Peste Negra asola Europa. Nadie parecía a salvo. Ciudadanos y campesinos, jóvenes y ancianos, sacerdotes, soldados… "Vemos la muerte que llega en medio de nosotros como un humo negro". Pero la sociedad bajomedieval carecía de los conocimientos para luchar contra ella… Algunos se volvieron a la Iglesia en busca de ayuda, convencidos de que la Peste era un castigo divino ante los pecados del hombre. Otros, al ver que dicha Iglesia no conseguía detener las muertes, decidieron apelar directamente a la divinidad. Dicho movimiento, los flagelantes, buscaba el perdón divino mediante el método de azotarse tres veces al día durante 33 días (un día por cada año de Cristo…). Así, iban de pueblo en pueblo, reuniéndose en grupos multitudinarios que entonaban canciones, himnos y salmos mientras se desollaban la espalda y renegaban del demonio… Y, de paso, saqueaban los hogares y negocios de los judíos, como siempre culpables de casi todo…, pues la piedad, ni antes ni ahora, está reñida con el sentido práctico.

Comienzos del Siglo XXI. España se debate en medio de la Crisis. Las empresas se cierran, el paro se dispara… No hay trabajo, la gente no puede hacer frente a sus hipotecas, los precios suben… La gente se vuelve hacia esos políticos que durante años han respondido a sus ruegos, con subvenciones, con cheque bebés, con ayudas sociales… Pero ahora no funciona. En una primera etapa, la decisión es volver a apelar a dichos "proveedores". Huelgas, manifestaciones, eslóganes coreados en grupo… En una segunda etapa, al comprobar que dichos políticos han perdido su "magia", que ya no responden, las multitudes deciden luchar directamente contra la Crisis…

Se juntan en plazas por toda la geografía española, montando tenderetes en los que escriben salmos anticrisis, tocan el bongo, hacen caceroladas, organizan asambleas de las cuales salen delirantes propuestas contra "el capital y los mercados"… Y, de paso, a falta de judíos a mano, asaltan algún hipermercado propiedad de una pérfida multinacional, también culpables de casi todo.

Muy eficaz todo ello… Tanto como desollarse el lomo a latigazos para luchar contra una bacteria transmitida por una pulga que infecta a las ratas.

En ambos casos estamos viendo las mismas respuestas de la psiquis humana ante lo desconocido. Murray Gel Man en su obra "El Quark y el Jaguar" nos explica las claves de estas respuestas.

Según el prestigioso físico estadounidense, el cerebro humano, y el de todo ser vivo por extensión, busca identificar pautas reconocibles en el caos de información que recibe para establecer esquemas mentales que le ayuden a procesar dicha información.

Pero en la elaboración de dichos esquemas es muy fácil cometer dos errores; el primero, identificar falsas regularidades en modelos aleatorios, y el segundo, su contrario, no aceptar regularidades reales. El primer caso se denomina superstición, y el segundo, negación de la realidad. De la interacción de ambos surgen "creencias", "religiones" que tratan de explicar lo que percibimos y que, si encima son compartidas por un grupo, nos dan un sentido de pertenencia muy reconfortante…

Por ello, volviendo a los ejemplos de comienzo del artículo, hace siete siglos, antes de que la ciencia hubiese entrado a formar parte del acervo cultural humano, se carecía de los conocimientos técnicos pero, sobre todo, de los esquemas mentales para tratar de buscar una respuesta no religiosa, no basada en las creencias grupales de la época, ante una situación desesperada como era la Peste Negra.

Hoy en día la situación es parecida. Después de tantos años de hegemonía socialista en las mentes, en los cuales el socialismo se ha convertido en la nueva religión, con sus dogmas, con su panteón de santos encabezado por el "Che", con su promesa de un futuro paraíso, con su Dios en forma de un Estado omnipresente y salvador…, con sus demonios, los empresarios y especuladores y con El Capital como la encarnación del Maligno, es muy difícil para un importante sector de la población poder buscar respuestas no socialistas ante otra situación desesperada, la Crisis, y salirse de unos esquemas mentales que tiene grabados a fuego… y que son ampliamente compartidos.

Pues, aunque actualmente sí tenemos los conocimientos y las herramientas para poder entender la situación y tomar las medidas para salir de ella, dichos conocimientos están aplastados por toneladas de propaganda, de educación "social", de manipulación informativa, no siempre consciente… y sobre todo por el peso de la tradición cultural, una tradición contraria al libre mercado, a la iniciativa individual y a la libertad.

Y por supuesto, están los "sacerdotes y hechiceros", hoy en día los políticos, que siempre han sabido "colocarse" en dichos sistemas de creencias, reforzándolos, de paso, para combinar el liderazgo espiritual con beneficios materiales evidentes…

Eso sí, en un punto sí hemos progresado. En determinadas culturas primitivas, cuando por ejemplo catástrofes naturales como sequías o terremotos asolaban a la población y los hechiceros y sacerdotes eran incapaces de dar respuesta, ellos mismos eran los sacrificados como método de aplacar a la ira de los Dioses…

Aunque, ¿quién sabe? Quizá sea una pena que se hayan perdido dichas tradiciones…

Manipulaciones y contemplaciones

Parece que todo aconteció el siglo pasado y solo queda la bruma convertida en un manto de silencio. Pero la matanza más monstruosa acontecida desde la guerra civil española no ha traído todavía la búsqueda y captura de los culpables transcurridos más de siete años. Una fosa abisal ha quedado abierta en la conciencia de tantos que han preferido mirar a otro lado o, simplemente, se han tragado la descomunal operación de intoxicación desplegada para proteger a los participantes en los crímenes del 11M. Por el contrario, cada vez que las escasas personas entregadas a que esta causa no caiga en el completo olvido analizan aspectos concretos de esa estafa procesal que resultó ser la instrucción y juicio del caso principal, no se sabe ya que resulta más lacerante; si la masacre misma o la resignación generalizada a que quede impune, para mayor gloria de los canallas que la perpetraron, quienes disfrutan de una inmerecida libertad.

Va ya para más de dos años que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del 11-M emprendió acciones contra el Jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, y la química del laboratorio de ese cuerpo policial por unas actuaciones que, objetivamente, revisten, cuando menos, la apariencia de encubrimiento de los atentados, dado que ellos mismos se hicieron responsables de la ocultación de pruebas en las sesiones del primer juicio oral. Esas cuestiones tendrían que haberse depurado durante la instrucción, ya que resulta insólito que al poco de cometerse estos auténticos crímenes de lesa humanidad, se destruyeran restos de los trenes y casi todos los demás vestigios, sin que nadie que estuviera al tanto de las investigaciones –así como del destino de unas muestras tan difíciles de soslayar sin levantar sospechas- hiciera absolutamente nada por evitarlo o denunciarlo inmediatamente. Más difícil de aceptar es el silencio posterior sobre estos extremos de cientos de funcionarios de la policía, de los juzgados y de la fiscalía, quienes forzosamente tuvieron que conocer esas irregularidades delictivas en algún momento.

Como se sabe, se desconoce todavía oficialmente quién dio la orden de destruir los trenes. El juez del Olmo, bajo cuya responsabilidad recayó la primera instrucción, no adoptó ninguna medida contra quienes lo hicieron, suponiendo que no fuera él mismo quien lo autorizó. Por el contrario, como si tratara de suplir el análisis de pruebas reales por remedos de diligencias, cubriendo un expediente que se piensa que nadie va a leer, un año después de la comisión de los atentados y de la destrucción de los trenes, encargó un informe a miembros de tres cuerpos policiales. La principal conclusión de ese documento fue que no podía llegarse a una conclusión segura sin analizar los restos aniquilados…

Aunque, cuando resolvió los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo manifestó su "sorpresa" ante una eliminación que constituye por sí misma la descripción de una modalidad del delito de encubrimiento, no llegó a la conclusión lógica que se deriva de ello: la deducción de testimonio para esclarecer quiénes intervinieron en un delito de una gravedad difícilmente repetible. Esa actuación no agotaría el asunto, ya que las investigaciones sobre esos aspectos podrían llevar a calificar esa intervención como complicidad o cooperación necesaria, dada la escasa distancia que separa a estas formas de participación del encubrimiento en los atentados.

Ahora bien, ese mismo Alto Tribunal, que tan solo se sorprendería tiempo después de la destrucción de los trenes, había rechazado la admisión de la querella de Manos Limpias contra el Magistrado titular y la Fiscal del Juzgado Central de Instrucción número 6, por ese hecho y otros relacionados con la instrucción, mediante un anodino auto de 1 de diciembre de 2006 que firmó el ponente Carlos Granados Pérez, un antiguo Fiscal General de Estado por nombramiento del último gobierno socialista de González Márquez. De una forma precipitada se cerró la posibilidad de que el juez instructor del 11M diera cuenta de sus actos antes incluso de que se conocieran públicamente todas las irregularidades de la instrucción en el juicio oral celebrado meses después. En un confuso y circular razonamiento jurídico cuarto, en aras de exculpar al magistrado sin ofrecer muchos detalles, la Sala concedió valor probatorio a un informe donde se confiesa que no se analizaron los restos de los trenes y apuntaló la barbaridad metodológica de que los informes periciales oficiales alcancen valor probatorio, prescindiendo de su consistencia y sin necesidad de conservar muestras materiales sobre el objeto de su estudio. Como colofón, incurriendo en el grosero defecto de hacer supuesto de la cuestión de que hubiera realmente pericias, tantas veces censurado por resoluciones de ese tribunal mejor articuladas, se avanzó una justificación peregrina a la destrucción de los trenes: "La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello".

Porque, digámoslo de una vez, ésta es una de las constantes que ha presidido el macabro juego judicial relacionado con los atentados del 11M: Aparte de las manipulaciones de elementos fundamentales del caso, las cuales solo pudieron organizarse y ejecutarse por parte de miembros de los llamados servicios de seguridad del Estado, se han producido también demasiadas contemplaciones, incluidas las de aquellos que alegan que fueron burlados por la actuación decidida y planeada de un simple jefe de los Tedax.

No puede creerse que ese mando medio de la policía, sin recibir órdenes de alguien, desplegara a sus subordinados de confianza para recoger y custodiar (es un decir) las muestras de los focos de explosión, analizarlos (también es otro decir) en el laboratorio de su unidad y evitar que llegaran a otro especializado dentro de la misma policía. Tampoco resulta de recibo que existan policías que declaran solo si se les pregunta expresamente, esperando siete años a que se les cite a declarar sobre la ocultación de pruebas imputada a Sánchez Manzano. Estas circunstancias les convierten a todos ellos en sospechosos. Cuando menos esa falta de iniciativa por denunciarlo por las vías adecuadas (son policías, no espectadores) podría constituir un delito de omisión de la obligación de perseguir otros delitos.

Siguiendo los criterios lógicos de investigación y las máximas de experiencia procesal penal recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este procedimiento tendría que haberse dirigido ya de oficio contra los superiores directos de Sánchez Manzano, contra sus subordinados y contra aquellos que no asumieron un papel activo en la persecución de los delitos cometidos, tomándoles declaración como imputados. Cuestión diferente podría ser el curso que siguieran las actuaciones, pues no cabe establecer responsables preconcebidos.

Más aun, la estupefacción y la conmoción posteriores a la perpetración de los atentados no debería ser óbice para que las personas que se enteraron de aspectos parciales de la instrucción depusieran ante la juez de instrucción. Lo cual puede extenderse perfectamente tanto a los empleados y directivos de Renfe como a los políticos del gobierno de Aznar. No olvidemos que éste declaró en sede parlamentaria que "los que idearon los atentados no están ni en montañas lejanas ni en desiertos remotos". Si él o alguno de los miembros de su gobierno conocen algún dato o circunstancia que ayude a esclarecer como se produjo este cambiazo de pruebas deberían ofrecerse inmediatamente como testigos. Todavía están a tiempo. No basta con que sus sucesores anuncien que entregaran papeles inútiles que solo sirven para confirmar que la policía no puede destruir las pruebas de un caso, aunque alegue que tiene buenas intenciones.

Por otro lado, el poder judicial no debía tolerar que en un procedimiento penal de esta naturaleza un ministro se burlase durante más de un año sobre las peticiones de certificaciones y los nombres de los Tedax que participaron en la recogida de muestras.

Sin embargo, el dominio de los políticos sobre el poder judicial ha alcanzado cotas de sumisión reverente de los jueces a sus respectivos padrinos. La falta de independencia e imparcialidad de éstos – que nunca ha tenido una gran tradición en España, dicho sea de paso – quiso declararse contraria a esa Constitución tan defectuosa de 1978. Su fracaso objetivo por investigar y juzgar este caso del 11M por encima de las presiones políticas sustenta la convicción de que muchas costumbres y modos deben cambiar para limpiar la miseria y la corrupción que aquejan al moribundo régimen constitucional. Los españoles necesitan un par de rescates, pero solo pueden protagonizarlos ellos mismos. Antes que el económico, necesitan uno moral, pues la demanda de justicia debe estar por encima de la conveniencia en una sociedad que se respete a sí misma y quiera liberarse de las cadenas de una mentira tan terrible. Solo entonces, cuando una masa crítica de individuos se atreva a exigir que se deje de marear la perdiz, se conocerá la verdad del 11M. Sin manipulaciones ni contemplaciones.

La importancia de los vínculos débiles en las interacciones sociales

Cualquier persona interesada en el estudio de los órdenes sociales en general, y cualquier estudiante de las ideas de la Escuela Austriaca en particular, podría sacar un buen jugo de la lectura del artículo The strength of weak ties (La fortaleza de los vínculos débiles, de 1973), del sociólogo norteamericano Mark Granovetter. Así también lo creen autores actuales de esta tradición como Peter Boettke o Sanford Ikeda.

En este trabajo, publicado en el American Journal of Sociology, Granovetter realiza una importante contribución a la literatura sociológica de su momento, tratando de indagar en los nexos de unión que existen entre la realidad micro de las interacciones personales y el paisaje sociológico macro –como la agregación de aquellas– mediante el análisis de las redes o vínculos que emergen en el contexto social. Los fenómenos macro que busca explicar son el de la difusión y transmisión de la información, la movilidad social, la organización política y la cohesión social.

Si bien en la literatura existente hasta 1973 solía hacerse énfasis en la importancia de los vínculos personales de naturaleza fuerte –aquellos que exigen gran dedicación de tiempo, elevada intensidad emocional e intimidad, y fuertes servicios recíprocos–, la tesis de Granovetter es que los vínculos que mayor importancia tienen, tanto para los individuos como para las comunidades, son precisamente los débiles.

Un concepto clave en el trabajo es el de ‘puentes’, que serían aquellos nexos que sirven para conectar, y hacer más corto el camino, distintos círculos de amistad o relaciones personales, y que son cruciales para la difusión de la información y la influencia entre un grupo y otro. Sostiene que todos estos ‘puentes’ son vínculos débiles, y no fuertes. Así, concluye que, para que algo se difunda entre el mayor número de personas posible y atraviese una mayor "distancia social", los vínculos débiles son más efectivos que los fuertes, principalmente porque con aquellas personas con las que desarrollamos vínculos débiles, es más probable que se muevan en círculos de relaciones diferentes a los nuestros, con lo que pueden aportarnos mayor variedad de contactos e informaciones. Amplían así el abanico de realidades que están a nuestro alcance. En cambio, con los vínculos fuertes solemos compartir las amistades, y la difusión de la información tiene un camino mucho más corto.

Un campo muy fértil para aplicar estas ideas es el de las redes sociales y la difusión de información e ideas, cuestión que está de rabiosa actualidad tras las revueltas en el mundo árabe y las protestas de indignados en España. Todo grupo o movimiento que se precie, ya sea de liberales –tratando de difundir las ventajas de minimizar el poder, alcance y tamaño del gobierno sobre las actividades privadas– o de austriacos –tratando de difundir las ideas de esta tradición del pensamiento económico por el mayor número de foros posibles–, haría bien en tener en cuenta la importancia de estos vínculos débiles.

Pero tener presente estas ideas también puede ser útil para cualquier persona, independientemente de que pertenezca a un grupo o no. Como pone de manifiesto el autor con un estudio empírico acerca del mercado laboral, un mayor número de vínculos débiles puede proporcionar mayor probabilidad de encontrar empleo. Según el caso de estudio, el método más efectivo para encontrar un nuevo empleo era a través de contactos personales indirectos, personas con las que se habían contraído vínculos débiles.

En términos generales, una red intensiva en vínculos débiles puede proporcionar oportunidades que de otro modo permanecerían desconocidas. Al fin y al cabo, la transmisión de información a la que estas redes contribuyen es una de las bases de una economía de mercado exitosa.

España sí es Grecia y no es Suecia

Grecia adeuda ahora mismo más de 350.000 millones de euros. Casi un 160% de su PIB. Y aunque la cifra tendría que dejar sin aliento a cualquiera, su mayor problema es que no puede devolver ni los intereses de esta deuda. La UE lo puede disimular tanto como quiera, y el FMI le puede “obligar” a hacer las medidas correctivas que desee, pero el país está en quiebra. La nefasta gestión de sus gobernantes y el fraude que estos cometieron (entró en la UE falseando sus cuentas entre muchas otras mentiras), han provocado que el país heleno haya entrado en un punto de no retorno.

Su problema se agrava cuando vemos el bochornoso espectáculo de sus ciudadanos. Han sido complacientes durante décadas con el sistema que ahora repudian. Creen que no estamos en crisis, sino ante un robo. Pero a un pobre no se le puede robar porque no tiene nada de valor. Grecia nunca ha sido rica, solo vivía una ilusión de riqueza fundamentado en la deuda y dinero barato a la que ahora no quiere renunciar. Tal sistema de vida es insostenible ya sea a nivel particular, empresarial o de una nación entera.

España es Grecia en este sentido. Los movimientos vistos últimamente del 15-M y Democracia Real Ya, entre otros, muestran el mismo sentir que el de los ciudadanos griegos. El victimismo, las ideas trasnochadas ligadas al hedonismo e irresponsabilidad, y los nulos conocimientos de cómo funciona nuestro sistema fundamentado en el dinero barato y el nefasto sistema de gestión centralizado llamado Estado del Bienestar, nos dan soluciones absurdas para mejorar nuestro presente y futuro.

Suecia pasó por una crisis fiscal en los años 90. Se enfrentaba a la bancarrota o a hacer algo para solucionarlo. Modificó su Estado del Bienestar con privatizaciones, liberalizó su mercado interior y adoptó un sistema donde incluyó la iniciativa privada en la sanidad (el sistema de un solo pagador) y educación (cheque escolar). Está muy lejos de ser un sistema libre, pero tales cambios permitieron al país salir de la crisis.

España se enfrenta a un futuro negro. Por una parte, tenemos a la casta política que es incapaz de tomar medidas realistas y aún piensa en comprar votos para mantener sus privilegios a costa del ciudadano. Por otra parte, tenemos movimientos civiles irresponsables que no saben muy bien lo quieren excepto pedir más socialismo y más Estado Omnipotente. A esto se ha añadido otro actor: la figura fiscalizadora de los mercados internacionales que ya no se fían de ningún país y son extremadamente cautelosos a la hora de colocar sus inversiones. Ya no les sale gratis a los Gobiernos mentir y comprar votos irresponsablemente como hacían antes, pero tampoco saben manejar la situación actual. Todos los políticos del establishment son clientes cautivos de un ciudadano socialmente mal criado y de los exigentes mercados internacionales. Evidentemente los burócratas han tomado la única solución que se podía esperar de ellos: no hacer nada y exprimir las últimas gotas de riqueza que tiene el obseso Estado del Bienestar con más impuestos, multas y creación de funcionarios.

Solo hay una solución real para evitar el desastre, y es hacer una toma de conciencia. El sistema está mal. En Suecia se dieron cuenta a tiempo y eso les salvó momentáneamente. Nuestro estilo de vida va a cambiar de una forma u otra. Téngalo por seguro. Ahora tenemos la oportunidad de decidir si queremos que cambie a peor con más intromisión estatal (estilo Democracia Real Ya y modelo griego) u otorgando más libertad a la sociedad civil con un papel más proactivo en el manejo de la economía. El camino que tomó Suecia solo ha de ser el principio de una larga carrera a la independencia y a la responsabilidad económica y personal. Nuestro bienestar es demasiado importante como para que lo manejen los gobiernos, ya sean del estilo español, griego o sueco.

Nueva ofensiva contra la libertad de expresión

La libertad de expresión es un "bien" cada vez más escaso en los países bajo el mandato de presidentes adscritos al denominado Socialismo del Siglo XXI, así como en aquellos que están gobernados por políticos cercanos a ellos. Aunque el proceso comenzó hace ya tiempo, en determinados momentos se acelera el desmantelamiento de dicha libertad o vemos episodios que anuncian que esto va a ocurrir.

Aunque menos conocido fuera de sus fronteras que el Aló, presidente de Hugo Chávez, Rafael Correa tiene su propio programa televisivo creado a imagen y semejanza del protagonizado por el venezolano. Y fue en una emisión de este espacio, llamado Enlace ciudadano, donde el mandatario ecuatoriano se dedicó a arremeter contra los medios de comunicación privados que no le son afines y realizó dos afirmaciones sumamente preocupantes para la libertad de expresión. Por una parte, propuso que aquellos periodistas que proporcionaran informaciones erróneas pudieran ser sancionados. Por otra, anunció que va a actuar para tratar de impedir por ley que los medios de comunicación "puedan decidir qué información emiten o no".

Correa pide la sanción por equivocarse para los que él llama "periodistas mala fe". El problema es cómo se decide si es un mero error involuntario o una tergiversación consciente. Como es prácticamente imposible saberlo, la discrecionalidad a la hora de imponer castigos sería absoluta. Y aunque no fuera así, esto no es admisible. Ni tan siquiera la mentira en los medios debería ser punible. El mal que causa cualquier restricción a la libertad de expresión es siempre mayor que aquel que pretende evitar.

Pero más tremendo aún es negar el derecho a decidir qué información se emite o no. Esto incluye censura, por supuesto, pero tiene consecuencias más novedosas y crea una inseguridad aún mayor. Un medio o un periodista sería castigado no sólo por informar sobre algo de lo que está prohibido hacerlo. Podría ser sancionado por no informar sobre algo en concreto, con independencia de que lo valorara como algo poco importante o quisiera silenciarlo por otro motivo. La discrecionalidad del poder en este caso sería absoluta y se convertiría en una permanente espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas.

Más estrambótico que Correa, Evo Morales también ha hecho unas declaraciones que hacen temer un nuevo retroceso de la libertad de expresión en Bolivia. Fiel a su estilo, lo ha hecho de manera que puede hacer dudar sobre su capacidad intelectual. El presidente boliviano ha dicho: "Yo estoy seguro en un 60-70 por ciento, si hay divorcio, es por culpa de las novelas" (televisivas). Para rematar, ha añadido que "por culpa de las novelas, hombres y mujeres nos ponemos los cuernos".

Más allá de lo poco ortodoxo en las formas, esto hace temer un incremento del control político sobre los contenidos televisivos. Máxime cuando, acto seguido, propuso que los medios eliminen "las películas de violencia, de terrorismo, que traen problemas a las familias" y que, además, emitan "de forma gratuita" mensajes educativos. Esto último significa, no nos engañemos, la obligación de emitir contenidos impuestos por el estado para el adoctrinamiento de los ciudadanos.

Son sólo dos ejemplos del retroceso permanente de la libertad de expresión, y cualquier otra libertad, en los países del eje bolivariano o con gobiernos cercanos a ese grupo. Incluso en España, donde el Gobierno sigue adelante con su plan de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Este, nombrado por el Parlamento, tendría capacidad de sancionar a los medios por múltiples motivos sin tan siquiera tener que presentar el caso ante un juez. Todo, eso sí, en nombre de la defensa del pluralismo y la verdad.

La errónea regla monetaria de los índices de precios

La pauta de actuación más seguida por los bancos centrales a la hora de determinar su política monetaria es la estabilización de algún índice general de precios. Primero se define una cesta de bienes cuyo precio se pretenda monitorizar; acto seguido se establece el objetivo de fluctuación del índice de precios; y, por último, se compara la variación real del índice con el objetivo: si aumenta por encima del objetivo, se relajará el ritmo de expansión crediticia, si lo hace por debajo o incluso decrece, se intensificará.

Parece claro que el banco central que adopte semejante regla monetaria o bien considera que el objetivo último de su actividad es influir en el nivel de precios o bien asume que la evolución de ese nivel de precios es el parámetro que mejor permite regular otras variables relevantes del sistema económico, como la liquidez de la banca o la estabilidad macroeconómica.

Pero en el diseño de la regla monetaria y en la fijación de sus objetivos ya observamos sus principales defectos: el índice de precios es arbitrario (por lo general, multitud de precios, especialmente de activos, quedan fuera), la tasa de variación óptima de ese índice también es arbitraria (los hay que prefieren una ligera inflación, otros una estabilidad absoluta y algunos una cierta deflación), y la relación entre las decisiones de política monetaria y los cambios en el índice es cuando menos difusa.

Este último punto es muy probablemente el más débil de las políticas monetarias de estabilización de precios. Y lo es en un doble sentido: un índice de precios acorde al objetivo prefijado no garantiza ni la liquidez bancaria, ni la minimización de desequilibrios macroeconómicos, ni siquiera la estabilización de precios en un sentido lato (entendido como la totalidad de los precios, también de aquellos que quedan fuera del índice); una política monetaria expansiva por parte del banco central no arroja en cualquier contexto un incremento del índice de precios (si la destrucción de crédito privada en otras partes de la economía supera la creación que efectúa el banco central) al igual que una política monetaria contractiva tampoco arroja necesariamente una desaceleración del índice de precios (si la demanda privada de crédito es muy elevada y el resto del sistema bancario está en condiciones de inflarlo).

Así pues, tomar como referencia de la política monetaria un índice de precios tenderá a arrastrar al banco central a errores sistemáticos. Su política monetaria podrá ser tan expansiva como para que la liquidez bancaria se degrade de manera acelerada o como para que el precio de ciertos activos se incremente muy sustancialmente, pero si el índice de precios no supera el umbral de inflación permitida, no optará por enfriarla. Es justo lo que sucedió con la Gran Depresión y la Gran Recesión: los bancos centrales creyeron estar actuando rectamente debido a que el IPC se mantenía dentro de los límites fijados como razonables (debido a los aumentos de productividad que compensaban en parte el crédito inflacionario), pero mientras tanto se estaban gestando una enorme burbuja de activos (en la bolsa o en la vivienda, dos precios excluidos del IPC) y una inquietante degradación de la liquidez bancaria que, finalmente, colapsaron en forma de crisis.

Por supuesto, incorporar, como se estudia hacer ahora, al índice de referencia los precios de todos los activos de la economía permitiría corregir levemente las distorsiones de juicio a las que este indicador nos aboca. Pero tampoco sería la panacea: lo preocupante de las crisis no son los incrementos de precios per se, sino la formación de burbujas con base al crédito. Y para detectar una burbuja hay que ir más allá de los aumentos de precios: es pertinente recurrir al uso de distintas ratios (de manera muy primaria, la relación entre las rentas futuras y el precio presente del activo, o PER) y, sobre todo, a un juicio analítico con perspectiva empresarial; pero ninguno de estos elementos puede incluirse en un índice de precios. Ello por no hablar de la circunstancia de que no todas las burbujas vienen ocasionadas por expansiones del crédito, lo que nos podría llevar a la torpe decisión de que el banco central restrinja el crédito para tratar de calmar el apetito especulativo de algunos agentes económicos.

En definitiva, la política monetaria basada en la estabilización de un índice de precios está condenada al fracaso. Primero porque, observando las variaciones del índice, no queda claro cuándo la economía realmente necesita facilitar o restringir el crédito –como ha sucedido en las grandes fases de auge artificial de un ciclo económico–; y segundo porque, una vez decidido en qué dirección queremos influir la evolución del índice, no es ni mucho menos seguro que la política monetaria del banco central vaya a conducirnos por ese camino –como ha sucedido en las grandes fases de depresión de un ciclo económico–. Al final, pues, con este tipo de regla monetaria ciega ante la realidad económica subyacente seguiremos padeciendo expansiones o contracciones crediticias excesivas.

No hace falta estar indignado

Colocar los sentimientos en el centro de la política, algo que tiene perversos antecedentes, cortocircuita el uso de la razón. Los sentimientos desatan la acción que, con un ánimo más sereno, se deja guiar por las normas de la moral y la razón. Sería en extremo chocante que un movimiento que se coloca el cartel de la indignación no derivara en una violencia abierta. Tenuemente amenazadora, en sus primeras horas, y creciente a medida que sus acciones cubren con impunidad el vacío dejado por la respuesta del Estado. Es un ejemplo de cómo la proscripción de la violencia ampara y fomenta la violencia.

A pesar de las asambleas sin fin y de los debates en Internet, los indignados parecen adolecer de una falta de claridad de ideas. No es ya por qué se indignan o al menos por qué protestan. La confusión se da también en cuáles deben ser los medios para encauzar esa protesta. El grito más repetido, y el que tiene más coherencia con sus acciones, es el de “no nos representan”, proferido ante los políticos electos y acompañado de violencia. Pero sus fines, que exigen más control de la vida ciudadana por la política, son contradictorios con el discurso antipolítico. Muestran cierta violencia, pero no la suficiente para una revolución. Piensan en cambiar las cosas por medio de la opinión pública, pero su mensaje es confuso y contradictorio. Es una rebelión estéril.

Pero hay una alternativa. Por lo que se refiere a los fines, la rebelión puede buscar que los políticos nos dejen en paz. Que nos dejen, como trabajadores, llegar a un acuerdo con los empresarios en los términos que a ambos nos compensan. Que nos permitan como padres elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, o que nos permitan educarnos a nosotros con plena libertad. Que nuestro consumo dependa de la libre oferta de los productores, nuestras preferencias y nuestra disponibilidad económica, sin las prohibiciones y regulaciones impuestas por el Estado. Que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo sin que nos lo quite el Estado. Que nos dejen disponer de nuestro sueldo para elegir la forma de proveernos de capital para el futuro. Que no se violen nuestras libertades con la excusa de la lucha contra el crimen. Que no se cercene nuestra libertad de expresión o la de aquellos medios que nos gustan. Los ejemplos, por desgracia, son innúmeros.

Por lo que se refiere a los medios, no hay que recurrir a la violencia. Basta recordar nuestro derecho a la desobediencia civil. El Estado nos impone normas que invaden nuestros derechos, cercenan nuestras libertades y nos roban nuestro tiempo y nuestro dinero. Son injustas. Somos dueños de nuestros derechos y podemos ejercerlos, contra tales leyes. Como dice Thoreau, el gobierno “no tiene la vitalidad y fuerza de un solo hombre: porque un solo hombre puede doblegarlo a su antojo”. No hace falta recurrir a la violencia, basta con la resistencia pacífica. El poder del Estado se basa en la violencia. Pero tiende, entre la violencia y el cumplimiento de sus objetivos, un manto de legitimidad que en la mayoría de los casos es falso. Descubrámoslo con la desobediencia; pacífica, esto es. Tenemos el derecho a ignorar al Estado, si no es un instrumento de nuestra conveniencia. Muchos ya lo hacen.

Además, los indignados tienen un problema de representación y legitimidad. Ellos no aceptan a los políticos como representantes suyos. Y no tienen por qué, el derecho a sentirse representado es enteramente suyo. Claro, que lo mismo ocurre con sus asambleas y sus portavoces. En una rebelión de verdad, basada en la desobediencia pacífica, este problema se disuelve. Cada uno se representa a sí mismo, que es quien se niega a cumplir las leyes.

Aunque para todo ello no hace falta estar indignado. Pero sí es necesario tener una idea clara de cuáles son nuestros derechos, de cómo los viola sistemáticamente el Estado y de cómo éste se interpone constantemente en la consecución de nuestros fines.

La sociedad abierta y sus enemigos

El filósofo Karl Popper describió magistralmente las dificultades que enfrenta nuestra civilización en su libro "La Sociedad Abierta y sus Enemigos". Los "indignados" del Movimiento 15M deberían leer esta obra intelectual que critica el "historicismo" determinista y explica el proceso de lenta transición sociocultural desde una sociedad tribal (o cerrada) de decenas o cientos de individuos hacia una sociedad abierta (o civilizada) caracterizada por la interacción en libertad de millones de ciudadanos.

En el año 1945, Popper explicaba cómo se pueden producir involuciones que son "guiadas" por la ingeniería social utópica de colectivos que difunden prejuicios, anatemas y falacias que, si se imponen, imposibilitan las reformas que conducen hacia mayores cotas de libertad y democracia.

Conviene recordar cómo, bajo la demagogia populista del "peronismo", la bella Argentina abandonó el club de los países desarrollados durante la segunda mitad del siglo XX y, lamentablemente, el proceso de emigración de argentinos brillantes y emprendedores ha sido incesante desde entonces. Y, desde luego, conviene observar con atención otros procesos de involución institucional aún más agresivos como los que padecen Venezuela, Ecuador o Bolivia.

El maremágnum de ideas utópicas, la carencia de propuestas concretas más allá de cuatro parrafadas, los intentos de manipulación desde grupos de extrema izquierda, la estética radical y las recientes performances en las sesiones de investidura de los Parlamentos y Ayuntamientos han terminado por desenmascarar un movimiento de "democracia asamblearia" que parece determinado a llevarnos hacia la argentinización de España.

Las últimas encuestas [1][2] muestran una elevada desafección ciudadana con los partidos políticos, las ideologías y la casta dirigente y, al menos inicialmente, cierta simpatía hacia los "indignados" del Movimiento 15M, que ha ido descendiendo aceleradamente después de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo.

Por ello, algunos entendemos que lo mejor que pueden hacer los indignados es organizarse legalmente en un partido político y ofrecer sus propuestas al conjunto del electorado por los cauces legalmente establecidos, actuando de forma pacífica y respetando a las demás personas, sin presiones ni coacciones callejeras, y sin molestar ni increpar a los ciudadanos.

Ante el descontrol de las movilizaciones acaecidas, resulta conveniente recordar a Popper en estos momentos, porque señalaba cómo los marxistas llaman ‹‹mera libertad formal›› a la democracia para justificar el incumplimiento del ordenamiento jurídico establecido:

Esta ‹‹mera libertad formal››, es decir, la democracia, el derecho del pueblo a juzgar y expulsar del poder a sus gobernantes, es el único medio conocido para tratar de protegernos del empleo incorrecto del poder político, su esencia consiste en el control de los gobernantes por parte de los gobernados.
(Popper, 2010: 342).

Y, efectivamente, la democracia constituye la base de la libertad de los ciudadanos siempre que arraigue con una estructura institucional que proteja de modo eficiente los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley por encima de las actuaciones de los Gobiernos y Parlamentos de turno.

Sin embargo, se constituyen en enemigos de la sociedad abierta los intervencionistas "de todos los partidos", e incluso de fuera de los mismos, porque critican el régimen democráticamente establecido para defender menos libertad, más Estado, más impuestos y expropiaciones y, si se les permite, movilizaciones y revoluciones para tomar el control de la calle y lograr por la fuerza el poder que les niegan las urnas.

Por otro lado, después de observar los eslóganes y protestas de los "indignados", es preciso recordar como Karl Popper señalaba que:

… debe desecharse el dogma de que el poder económico se halla en la raíz de todo mal, sustituyéndolo por la concepción de que han de tenerse en cuenta todos los peligros derivados de cualquier forma de poder incontrolado.
(Popper, 2010: 343).

Y otro tanto ocurre con las instituciones morales como la familia, el lenguaje, el dinero, el comercio, el mercado o la banca, cuando no son comprendidas y acaban siendo irracionalmente atacadas por "revolucionarios" que pretenden "guiar" el orden social según sus utópicas convicciones de lo que "debería ser" una sociedad.

Por mucho que los "indignados" del mundo no alcancen a entenderlo racionalmente, esas instituciones han sido generadas en un proceso de lenta evolución sociocultural, de un modo espontáneo y situado a medio camino entre lo racional y lo irracional, permitiendo al ser humano progresar desde los primitivos órdenes tribales de convivencia y economía de subsistencia hasta un orden extenso, complejo y abierto de colaboración que constituye la sociedad civilizada.

No deseo castigar en exceso a aquellos ciudadanos bienintencionados que se hayan sumado al movimiento 15M por motivos fundamentados como, por ejemplo, protestar por la deriva intervencionista de las autonomías, o por los privilegios y prebendas de la casta política. De hecho, aunque pecaban de generalistas y poco elaboradas, algunas conclusiones finales parecen sensatas cuando reclaman separación "real" de poderes, independencia judicial, control de las decisiones de los políticos (referéndum) o mejora del sistema electoral.

Sin embargo, entiendo que algunos deben aprovechar el verano para leer mejores libros que el panfleto político ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel, para poder reflexionar con seriedad, porque las reformas que necesita España deben ser coherentes con el desarrollo socioeconómico.

De hecho, existe un único camino para salir de la crisis institucional que, nuevamente aludiendo a Popper, nos insta a "interpretar la historia del poder político desde el punto de vista de nuestra lucha por la sociedad abierta", y solicita de los ciudadanos un permanente racionalismo crítico para "la defensa y el fortalecimiento de aquellas instituciones democráticas de las que depende la libertad" (Popper, 2010: 491).

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La “democracia real” es sinónimo de marxismo

La democracia representativa ha sido objeto de numerosas críticas desde su implantación. La denominada "crisis de representación" o de "legitimidad" ha sido frecuente objeto de estudio en el seno de las teorías neomarxistas (Macpherson, Barber, Bachrach, Pateman o Green, entre otros). Estos autores reclaman sustituir la representación actual por una "democracia directa", que permita una plena participación ciudadana en el ámbito público. Se trata, pues, de una perspectiva de análisis puramente democrática, que nada tiene que ver con la limitación del poder estatal y la defensa de libertades, ya que tan sólo se centra en cómo elegir representantes y elaborar leyes.

Este debate no es nuevo. A finales de los años 60 y principios de los 70, los indignados de entonces ya reclamaban una "democracia de audiencia". Y ello se explica por varios motivos: los militantes dejan de ser esenciales para la estructura partidista; la irrupción de nuevos medios de comunicación implica un tipo de campaña más centrada en candidatos que en programas; los partidos de masas se transforman en "catch-all" tras la II Guerra Mundial, lo cual conlleva su desideologización, un fortalecimiento de los dirigentes y la búsqueda de un electorado más amplio; el fuerte crecimiento de las rentas medias erosiona la conciencia de clase y se van así difuminando los clichés partidistas; el surgimiento de nuevas demandas sociales (valores postmateriales como el medio ambiente o la igualdad) son difíciles de formular sobre la base exclusiva de un partido y, como resultado, surgen nuevos movimientos que le restan protagonismo.

El electorado se ha ido haciendo más heterogéneo y menos abarcable. Además, el ciudadano posee nuevas herramientas para llevar a cabo acciones políticas por su cuenta y más autonomía y nuevos valores, lo cual provoca una mayor expectativa de participación al margen de los partidos. Todo ello configura la tan manida  "desafección" hacia las tradicionales formaciones, según esta visión neomarxista.

Y puesto que la actual legitimidad política deriva de la satisfacción de los ciudadanos, tales teóricos reclaman una mayor participación de éstos en el sistema. Su alternativa es la "democracia participativa". ¿Cómo? Permitiendo que los grupos afectados por una decisión o ley participen en el proceso de elaboración de la misma, aumentando el número de decisiones sometidas a su voluntad, ya sea vía referéndum o "democracia virtual" (voto electrónico); consultas periódicas; programas y procesos de deliberación en el seno del partido previos a la toma de decisiones; buzones de demandas…

Asimismo, pretenden establecer nuevos mecanismos de control para que los políticos sean sancionados si los electores no están satisfechos con su actuación. Entre sus propuestas, destacan las siguientes: listas abiertas; creación de agencias estatales independientes dotadas de autoridad para emprender acciones, controlar y sancionar actos u omisiones ilícitas de otros agentes o entes del Estado; intensificación de los mecanismos de control del Parlamento; rendición de cuentas; democracia interna en el seno de los partidos, etc.

Así pues, todas estas medidas se centran en cómo involucrar más a los electores en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como partidista. Y es que, según esta corriente, la participación implica el control ciudadano del poder. Si se fijan, todos los acampados de Sol, el movimiento "Democracia Real Ya", firmarían punto por punto este tipo de reivindicaciones. De hecho, han lanzado propuestas muy similares, centradas tan sólo en cambiar los cauces de participación política.

Son éstas, precisamente, y no tanto las medidas sociales y económicas concretas -claramente izquierdistas, por cierto-, las que han aglutinado un apoyo mayoritario entre la población y los grandes medios. Sin embargo, pese al consenso que parecen aglutinar, no dejan de ser peligrosas ideas neomarxistas de consecuencias desastrosas. En este sentido, cabe recordar que democracia y liberalismo significan cosas muy distintas y, si bien el actual modelo representativo tiene ya muy poco de liberal, la "democracia directa" o "pura" no es más que otro traje para vestir al Estado totalitario.

Los empresarios tienen pánico a contratar… ¡y con razón!

Los empresarios tienen pánico a contratar. Esto es lo que dijo Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el gobernador del Banco de España. Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo.

La lástima es que luego dice aquello de "flexibilizar el mercado laboral manteniendo la protección social" (ya se sabe que el Estado del Bienestar es sagrado e intocable). Esto es un sinsentido intelectual y moral, una contradicción en sí misma, porque son precisamente las supuestas medidas para conseguir esa "protección social" las que producen que exista más destrucción de empleo y que los obstáculos para crearlo sean insalvables.

Por mucho que nuestros sabios gobernadores, economistas, intelectuales y políticos nos den grandes discursos sobre la reducción de empleo, el mercado laboral y nos hablen de las grandes utopías de la humanidad, la realidad diaria es la que es.

Y lo que nos encontramos en el día a día no es que los empresarios no contraten porque son avariciosos o porque los bancos no den crédito. Las razones por las cuales los empresarios no contratan son sencillísimas de entender:

1.- La Seguridad Social que tiene que pagar la empresa por los trabajadores

Las cuotas de la Seguridad Social que la empresa debe pagar le suponen un aumento de costes laborales del 35% (de media). Brutal. La empresa no puede disponer de ese 35% para mejorar su negocio. Debido a este incremento espectacular en los costes, la mayoría de PYMES ven reducidos sus márgenes hasta el punto en que una gran cantidad de negocios acaban cerrando. Y hace que la mayoría de las empresas que empiezan no puedan ser viables. Así de simple. Aquí no hay poesía.

2.- Las indemnizaciones que deberá pagar la empresa en caso de despido

Por si fuera poco el elevado incremento que suponen las cuotas de la SS para la empresa, el empresario debe correr el riesgo de tener que desembolsar mucho dinero en caso de tener que despedir al trabajador. Abaratar el despido haría que la contratación de nuevos trabajadores aumentase automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable). Las indemnizaciones son otro evidente motivo para tener pánico a contratar a alguien.

3.- Los convenios y negociación colectiva

Las negociaciones individuales entre trabajadores y la empresa no son posibles. En su lugar, estas negociaciones deben hacerlas los "representantes" de unos y de otros. Lo que acaba pasando es que los salarios no pueden adaptarse a la situación concreta que atraviese la empresa. ¿Y esto que significa? Pues que las empresas no pueden fijar libremente los salarios que les permitan sobrevivir. Si las empresas tienen problemas empresariales no pueden negociar los sueldos con los trabajadores. Este hecho, claro está, será muy tenido en cuenta por el empresario que está pensando en contratar a alguien.

4.- Salarios mínimos

Con el salario mínimo el Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. En la mayoría de los sectores, los principales afectados no son las empresas sino los jóvenes, inmigrantes y, en general, a personas con poca formación porque siempre habrá alguien que aporte más productividad por el mismo salario.

Sin embargo, existen sectores en los que los márgenes son muy ajustados. Tal es el caso de los servicios de limpieza o de hostelería, por ejemplo. Estos servicios que las empresas subcontratan no forman parte de su core business, y por tanto la productividad demandada es muy baja. En la mayoría de los casos, la productividad necesaria es inferior al salario mínimo. Esto significa que la empresa sólo será viable si el empresario contrata a trabajadores en negro. No es de extrañar que la contratación de trabajadores deje al empresario sin dormir unas cuantas noches.

5.- La Infinidad de regulaciones que impone el Estado

Una economía regulada y burocratizada significa que las empresas trabajan para el gobierno y no para la sociedad, además de suponer un gran aumento de costes. Las regulaciones laborales penalizan el crecimiento, la inversión y la creación de empleos. Cuantas más obligaciones y costes se impongan a las empresas, menos empleados podrán ser contratados.

6.- Los impuestos de sociedades que deberá pagar la empresa

Hay una última cosa para acabar de desincentivar la contratación de personas y la creación de empresas: el impuesto de sociedades. En caso de que la empresa llegue viva a final del año y tenga algunas ganancias, deberá pagar un 35% de impuestos sobre estas ganancias. La puntilla para la empresa.

Éstas, y no otras, son las principales razones por las cuales los empresarios tienen pánico al contratar. Todas ellas les hacen asumir un elevadísimo riesgo. Una vez más, la paradoja del intervencionismo: todas estas medidas impuestas coactivamente por el gobierno que están destinadas a alcanzar esa "protección social" lo único que consiguen es la destrucción de empleo y empresas.