Aunque parezca sorprendente, los agentes del Estado no han respondido una de las preguntas más elementales que cabe formular ante la monstruosa masacre del 11 de marzo de 2004 en Madrid. No podía esperarse que el Tribunal Supremo contestara esa pregunta, dadas sus funciones. Sin embargo, después de conocerse la sentencia que cinco magistrados de su sala de lo penal dictaron el 17 de julio –diez días después de la celebración de la vista– resurge la pregunta crucial que no podrán acallar los disimulos autocomplacientes de la casta político judicial: ¿quiénes fueron?

Es cierto que la resolución judicial tenía que limitarse a dirimir los treinta y un recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la audiencia nacional. En la línea marcada por el tribunal de instancia, el Supremo ratifica que sólo tres individuos –Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras– participaron en los atentados con conocimiento de ello. Aparte de confirmar la absolución de otros tres acusados por la fiscalía de haber inducido los crímenes –Rabei Osman, Hassan el Haski y Youssef Belhad–, el Tribunal Supremo estima los recursos de tres condenados por pertenencia a banda terrorista –Mouhannad Almalah, Abdelilah Fadual Akil y Basel Ghayoun– y los absuelve de todos los cargos, a despecho de las tesis que les atribuían una implicación directa en los atentados.

Ahora bien, el TS apuntala la comisión de los atentados sobre unos mimbres tan sueltos, que ha defenestrado la reconstrucción histórica y la teoría explicativa que subyacía en la sentencia de la Audiencia Nacional. Me pregunto, pues, si esos magistrados no deberían haber anulado la mayor parte de las actuaciones (artículo 240.2 LOPJ), y, en consecuencia, haberlas devuelto al juez instructor para que continuara una investigación que proporcionara un relato de los hechos consistente con lo realmente acontecido. Cuando estos magistrados mutilan la "verdad judicial" hasta reducirla a un rompecabezas tan incompleto y contradictorio, cabe plantearse si, entonces, no tendrían que haber reconsiderado lo poco que admiten como probado, pues precisamente ese conocimiento fragmentario no resiste un contraste con un relato coherente de los hechos.

Dicho de otra forma, la cuestión esencial reside en la imposibilidad de juzgar este sumario definitivamente cuando sus diligencias no han servido para averiguar la identidad de un número mínimo de participantes cuya interrelación explicara la dinámica de lo ocurrido. Tal vez si los magistrados del TS hubieran analizado el asunto de manera menos acelerada, habrían constatado el rotundo fracaso de una instrucción que no sirvió para preparar el juicio oral y quedó totalmente adulterada para el fin que tiene señalado en las leyes procesales. Téngase en cuenta, por ejemplo, que los únicos tres condenados por su participación en los hechos no tenían ninguna relación personal entre sí, según las propias sentencias. Por un lado, se da por supuesta la pertenencia a la trama criminal de los suicidados del piso de Leganés. Pero, por otro lado, se absuelve de participar en los crímenes a un supuesto huido de ese inmueble –Abdelmajid Bouchar–. Un misterioso personaje denominado Jamal Ahmidan "El Chino", a la sazón encontrado muerto en la misma vivienda, habría organizado materialmente el transporte de los explosivos que se utilizaron en los atentados. Sin embargo, quien se presentara en las tesis del fiscal como lugarteniente de ese muñidor resulta absuelto de todos los cargos que se formularon contra él. Desaparecida de la verdad judicial la implicación de Al-Qaeda, sostenida por algunas acusaciones, los magistrados del TS mantienen la "inspiración" islamista de los atentados. Sin embargo, tal apostilla se revela como un marco inane que contradice la ausencia de toda referencia sobre este particular en los condenados musulmanes y que choca frontalmente con el perfil del supuesto suministrador de los mortíferos explosivos. Un sujeto que uniría a su condición de cristiano de dudosa reputación el haber servido de confidente policial al mismo tiempo que cooperaba con los terroristas.

Desde el punto de vista procesal, puede suponerse que el asunto llegará al Tribunal Constitucional español por la vía del recurso de amparo de alguna de las partes del proceso y, probablemente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

De cualquier modo, aunque se entendiera que la resolución del TS fuera acertada, conviene precisar que la lógica del sistema procesal penal español no impide la investigación y enjuiciamiento de otros aspectos no abordados en este sumario. Un ejemplo de éstos sería la participación como autores, cómplices o encubridores de personas distintas a las ya juzgadas. Por otro lado, la ley también prevé un recurso especial de revisión contra sentencias firmes de los tribunales penales –a salvo de lo pudiera ocurrir en las instancias extrajudiciales indicadas– si, por ejemplo, sobreviniera el conocimiento de hechos nuevos u otras pruebas evidenciasen la inocencia de los condenados. Asimismo, si algún condenado consiguiese una sentencia criminal firme que declarase la falsedad de los documentos o los testimonios que fundamentaron su condena, tendría abierto el camino para instar esa revisión.

Entre las reacciones a dicho fallo, no faltaron escalofriantes apelaciones a dar por cerrado el asunto. En contra de cualquier análisis racional de las sentencias judiciales y de las diligencias sub iudice, nada menos que toda una vicepresidenta llegó a afirmar que la justicia había despejado toda sombra de duda. Un portavoz en el Senado del partido que gobernaba cuando ocurrió la matanza se apresuró a declarar que "hoy por hoy, no hay nada más que investigar sobre el 11-M". En lugar de reclamar a los poderes del Estado que agilicen las investigaciones pendientes en torno al caso, una abrumadora mayoría de los medios de comunicación aplaudieron la última rebaja judicial del número de condenados y el buen funcionamiento de las instituciones (¡!). Debe mencionarse a la COPE, El Mundo y Libertad Digital como las honrosas excepciones a esa degeneración ética circundante.

¿Y a qué viene tanta autocomplacencia, si parece muy verosímil que anden libres muchos implicados en esta muestra del horror y el mal absoluto? Provoca estupefacción que, dado el tiempo transcurrido, las diligencias que el propio instructor segregó del sumario principal, algunas de las cuales tenían como objeto averiguar la procedencia de los explosivos que estallaron en los trenes, no hayan avanzado. Y ello a pesar de que el propio Tribunal Supremo manifiesta su "sorpresa" ante la incineración de los restos de los trenes pocos días después de los atentados, obstaculizando objetivamente un análisis completo de los vestigios que hubieran servido para determinar con total certeza la naturaleza y el origen de todos los empleados para asesinar alevosamente. Durante el juicio oral se pusieron de manifiesto conductas injustificables por parte de aquellos elementos de la policía que asumieron diligencias de investigación, particularmente aquellos encargados de la recogida y la custodia de restos de explosivo en los trenes. Escuchar las evasivas y las declaraciones parciales de numerosos policías durante el juicio, a pesar de que deponían como testigos y que, por las funciones de su cargo, tenían la obligación de contar todos los hechos, circunstancias y datos que hubieran conocido, aunque no se les preguntara por ello, producía repugnancia y alarma. El desarrollo de la prueba pericial para analizar la composición de los explosivos sobre unas muestras ridículas y el enfrentamiento que se produjo entre los peritos hicieron aún más clamorosa la omisión de esa prueba durante la instrucción.

Dentro de ese contexto, no parece sorprendente que una reciente encuesta revele que tres de cada cuatro españoles consideran que no se conoce aún "toda la verdad sobre el 11-M". Pero no es suficiente. Solo una sociedad envilecida por el terror o el cinismo más canallesco puede renunciar a reclamar una investigación que descubra la realidad de lo sucedido. Las dobleces exhibidas durante estos cuatro años no sirven para ocultar la cuestión fundamental: no se conoce la identidad de los individuos implicados en el planeamiento, preparación y ejecución de unos atentados, cuyo primer objetivo fue causar una masacre entre las personas que se trasladaban a la gran ciudad en trenes de cercanías.

Para las víctimas era una mañana cualquiera.