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Necedades buenistas de Mayor Zaragoza

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Según Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, la globalización "ha sustituido la justicia y el buen criterio político por las leyes del mercado". Típico de su forma chapucera de escribir de forma grandilocuente sin argumentar con un mínimo rigor, no aclara si se refiere a las leyes económicas descriptivas del funcionamiento de los mercados libres (como la formación de precios de los bienes según oferta y demanda) o al aparato jurídico inseparable de un sistema de intercambios voluntarios (respeto al derecho de propiedad, principio de no agresión y cumplimiento de los compromisos contractuales). Un mercado libre es en sí mismo justo, ya que da a cada uno lo suyo, pero los colectivistas pretenden sustituir la legitimidad ética de la libertad individual por la falaz "justicia social" (en realidad injusticia socialista) administrada por "el buen criterio político" (del cual afirmar que está en vías de extinción implicaría reconocer de forma en exceso generosa que ha existido alguna vez).

Mayor Zaragoza cree que para que los hambrientos del mundo no inicien una revolución que amenace la estabilidad mundial "hay que evolucionar a un nuevo sistema planetario" basado en el "desarrollo global" y no en la guerra y el dominio. Está muy bien que critique la guerra y la opresión, pero su odio al mercado y su profunda ignorancia de la ciencia económica le llevan a afirmar que el gasto bélico crece "por necesidades de la economía mundial" y que es la globalización del mercado la que "causa graves crisis como la alimentaria". El gasto bélico es político, lo realizan los estados, los mismos que con sus manipulaciones monetarias y crediticias, sus subvenciones y sus barreras comerciales han provocado la crisis alimentaria.

Los necios de altos vuelos que pasan casi toda su vida en la alta burocracia internacional parecen perder por completo el contacto con la realidad. No entienden que la sociedad humana es un orden complejo espontáneo que se coordina mediante ajustes locales, los únicos posibles para personas cuyos intereses y capacidad de conocimiento y acción son muy limitados. Su megalomanía les lleva a colectivizarlo todo a la mayor escala posible, en este caso la planetaria, e insisten en que todos deben sentirse afectados y participar en el "desafío común": "Los desafíos globales requieren soluciones globales, que implican a su vez cooperación a escala mundial."

Los buenos en este cuento de hadas son los estados integrados a gran escala bajo la tutela de unas Naciones Unidas bien dotadas "de los medios personales, financieros y técnicos necesarios": quizás un guiño en recuerdo de su etapa en la cúspide de la Unesco. Los malos son los que ahora tienen el poder real: las "grandes corporaciones supranacionales", esas empresas tan maléficas y omnipotentes que constantemente le están ofreciendo bienes y servicios a precios atractivos no vaya a ser que usted los rechace o decida recurrir a la competencia.

La "concentración progresiva del poder económico, tecnológico y mediático", esa que sucede voluntariamente por las múltiples y cambiantes decisiones de accionistas, trabajadores y consumidores, es denunciada. La concentración política, esa que llevan a cabo funcionarios no elegidos (o como mucho votados cada mucho tiempo sin opción de renuncia) y que se basa en el monopolio de la violencia, es alabada.

Como mediocre sermoneador que predica desde su presunta superioridad moral, no analiza la problemática ética sino que repite tópicos biensonantes, da órdenes e imparte exigencias tras las cuales camufla su ignorancia y sus preferencias particulares: "Los mínimos nutritivos deben garantizarse." "Existe ya el conocimiento. Debemos ser capaces de aplicarlo. Es incuestionable que la gran urgencia actual consiste en hacer posible el disfrute por parte de todos de los frutos del saber." Reclama grandes inversiones en investigación y producción para la energía, el agua, los alimentos, la vivienda: como si no hubiera ya ingentes cantidades de recursos dedicados por particulares y empresas privadas a estos ámbitos, que prosperan en ámbitos institucionales basados en la libertad individual; las que él propone serán con absoluta seguridad "excelente negocio", pero no parece estar recomendando su idea a ahorradores interesados en invertir sabiamente su capital. "Es inadmisible que se transfieran ‘al mercado’ deberes morales y responsabilidades políticas que corresponden a los gobernantes democráticos." Perdón, pero… ¿por qué cree que lo que él particularmente no puede admitir nadie podrá hacerlo? ¿Acaso cree que su nociva filosofía política es la única posible?

La ingenuidad de su ensoñación no parece conocer límites: "Podemos imaginar islas, incluso artificiales, con fuentes de energía eólica, termomarina, termosolar… produciendo grandes cantidades de energía y agua potable". Ni una mención a sus costes, a lo que habrá que renunciar, a si serán viables económicamente. Basta con imaginarlas, desearlas muy fuerte, ordenarlas desde arriba, y se harán realidad.

"Hay que dejar de depender, con un plan mundial de emergencia, de las energías fósiles, cuyo precio se ha duplicado en los últimos tres años, y favorecer lo que durante décadas las grandes compañías petroleras han desacreditado y ocultado descaradamente: la contribución que pueden aportar las energías renovables, la nuclear (de fisión y de fusión), el hidrógeno…" En este caso el plan obligatorio (¡Hay que!) no sólo es mundial sino además de emergencia. Es que las grandes compañías petroleras son tan malvadas que hacen buenas a las nucleares… Y eso que casi todas tienen su sección de renovables.

"La especulación sobre materias primas, con el petróleo y los alimentos en primer lugar, ha llegado a niveles intolerables." Y el nivel tolerable, ¿cuál es? ¿Quién lo decide? ¿Algún análisis intelectual mínimamente informado además de esta protesta llorona? Exige "aplicar, de una vez por todas, impuestos sobre las transacciones de divisas que, según las palabras del propio secretario general de Naciones Unidas, no afectarían el funcionamiento del mercado". Pero ¡cómo es posible que el mandamás supremo de la ONU no nos hubiera asegurado esto antes para así poder proceder con el saqueo financiero a gran escala! El principio de autoridad ante todo, especialmente si se cita lo más penoso de alguien como Amartya Sen, premio Nobel de Economía: "El Estado, no el mercado, debe ser el responsable del bienestar de los ciudadanos, sobre todo de los países en vías de desarrollo." Que nadie se dé cuenta de que hemos vuelto de la ciencia de la economía positiva a la manipulación de masas de la moralina política.

Como visionario agitador, Mayor Zaragoza parece dado al forofismo: "Los diagnósticos ya están hechos. Ahora es necesario aplicar los tratamientos adecuados a tiempo. En momentos de gran aceleración histórica, son más necesarios que nunca los asideros morales. Se avecina una nueva era."

De los polvos del “servicio público de televisión”

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

“Riñen los ladrones y descúbrense los hurtos a voces”
Refrán castellano

El artículo 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, comienza proclamando que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, el cual comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin consideración de fronteras, y sin que las autoridades puedan interferir en ese derecho.

Sin embargo, el estatismo de los políticos europeos –el cual podía considerarse atávico ya en los años 50 del pasado siglo, que fue cuando se promulgó el convenio– frenó las veleidades liberales que podía despertar un enunciado como el anterior. De esta manera, un último inciso aclara que esa libertad no obsta para que los Estados sometan a un régimen jurídico de autorización previa a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión. Como consecuencia de ello, todavía a finales de los años setenta del siglo pasado, los gobiernos europeos del llamado mundo libre tenían sometido el sector audiovisual a un férreo control. De hecho, en la mayoría de ellos un monopolio televisivo gestionado por empresas o agencias estatales se encargaba de transmitir sus contenidos.

Aun con todo, el intervencionismo tiene grados. Y los servidores del Estado que negociaron en 1977 la firma del convenio en nombre del Gobierno de España quisieron dejar claro que el monopolio televisivo estatal surgido durante el franquismo no iba a ser amenazado en el futuro. El tribunal europeo podía interpretar que autorización previa no equivale a aplazar sine die el reconocimiento de un derecho individual a fundar empresas que se dediquen a esa actividad televisiva, invocando su derecho a la libertad de expresión. Si hubiera sido de otro modo, no habrían añadido que el Estado español interpretaría las disposiciones de ese precepto como “compatibles” con el régimen de organización de la radiodifusión y televisión en España.

Entre el momento de la rúbrica y la ratificación del convenio se promulgó la constitución de 1978, cuyo artículo 128.2 proclama que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

La doctrina administrativista española –siguiendo el campo trillado por teóricos decisionistas franceses e italianos– ya había puesto a disposición del régimen de Franco la “técnica” de considerar la radio y la televisión como servicios públicos. Nótese que dentro de esa lógica ordenancista cabe que la titularidad pública de un servicio no condicione a un gobernante para adjudicar su gestión a una empresa privada mediante una concesión administrativa. Pero esta fórmula podría entenderse como incompatible con un régimen de libertad de empresa y de expresión –intervenida, eso sí– como la implícita en el convenio europeo. Después de todo, se puede deducir de ese texto que corresponde al Estado otorgar licencias a todos aquellos particulares que cumplan una serie de requisitos previamente establecidos, dentro de las limitaciones del espacio radioeléctrico. Con el paso del tiempo, no obstante, el desarrollo tecnológico hizo añicos los pretextos para coartar la libertad con base en la socorrida escasez de ese espacio.

Después de la aprobación de la constitución y los estatutos de autonomía, comenzó una loca carrera entre las comunidades autónomas por fundar televisiones públicas que replicaran en sus respectivos ámbitos al “ente público” por antonomasia: RTVE. En la actualidad, casi todas ellas cuentan con uno o varios canales de televisión. Como era de esperar, visto su modelo, las deudas del juguete favorito de los políticos no tardaron en llegar, ya que los ingresos que obtienen no cubren los gastos de explotación ni, claro está, sirven para amortizar el desembolso que se hizo para su puesta en funcionamiento con cargo a los presupuestos públicos.

Tiempo después, uno de los gobiernos de González Márquez promovió la concesión de tres canales de televisión analógica de ámbito nacional a la gestión privada. Una ley de 1988, que calificó a ese servicio público como esencial, dio la cobertura legal a esa iniciativa. Ya se sabe que los dirigentes socialistas españoles, en algunos aspectos alumnos aventajados del intervencionismo que aprendieron durante el franquismo, han conseguido profundizar esa línea de actuación política proclamándose antifranquistas. Una penúltima intervención legislativa, promovida por el actual Gobierno, amplió a cinco los canales privados de ámbito nacional que se permiten antes del llamado apagón analógico.

Dentro de este contexto, cuando el pasado viernes se conocieron los tres acuerdos de la UEFA con RTVE, la FORTA y Mediapro para adjudicar los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol de la liga de campeones europea, durante tres temporadas a partir de la temporada de 2009, comenzó un debate cuyo desenlace podría resultar interesante, si se extrajeran las lecciones adecuadas de la situación.

Privado de uno de sus productos estelares, uno de los grandes grupos beneficiarios del oligopolio legal de esos servicios de televisión se dio cuenta de los perjuicios que causa ese modelo de regulación, basado en la falaz noción de servicio público esencial, del que resultan paganos forzosos los contribuyentes.

Como muy bien dice ahora el periódico del grupo Prisa, el mantenimiento de todas las televisiones públicas genera un despilfarro de recursos que, tarde o temprano, se arrebata a los contribuyentes. Incluso cuando esas empresas públicas no pujan por los codiciados derechos de retransmisión del fútbol, añadiría yo. Ahora bien, vistos los intereses creados, mucho me temo que todo esto quede en una nueva escaramuza entre grupos de comunicación que buscan los favores del Gobierno de turno. Una cortina de humo que esconda la urgencia de desterrar esa ficción de que la televisión sea un servicio público que justifica la gestión directa o indirecta por parte del Estado, en primer lugar.

Despejada esa fantasía, podría iniciarse un verdadero proceso privatizador y liberalizador de ese mercado. Dada la carga que el endeudamiento de las televisiones públicas tiene para los contribuyentes, el siguiente paso debería ser bien su enajenación en subasta pública, al tiempo que se garantizase a los potenciales postores que la adjudicación les permitiría tomar las decisiones empresariales que considerasen oportunas, o bien su liquidación, si las subastas quedaran desiertas. Se perdió la oportunidad –sobre todo allí donde se anunció– de iniciar un proceso privatizador antes de que la aparición de nuevos modos de difusión (internet, TDT, satélite) redujera el atractivo potencial de todos esos activos de titularidad pública. Pero, cuanto más tiempo se tarde, más gravoso será tapar tamaño agujero sin fondo.

Suicidio y eutanasia

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El derecho a suicidarnos es una extensión lógica de nuestro derecho de auto-propiedad o derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.

Negar el derecho de auto-propiedad (negar que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo) plantea irresolubles preguntas y absurdas conclusiones a un liberal: ¿Cómo se fundamenta el derecho de propiedad privada sin el derecho de auto-propiedad? ¿Cómo se justifica el derecho a la autodefensa sin el derecho de propiedad sobre nuestro cuerpo? ¿Tenemos derecho a drogarnos, a emborracharnos, a tomar un cigarrillo etc. o tenemos que esperar a que un tercero nos dé permiso? Más interesante aún: si nosotros no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿quién lo tiene?

Los detractores del derecho al suicidio a menudo argumentan que el suicidio no debe ser permitido por sus graves consecuencias, a saber, su irreversibilidad. Pero lo cierto es que hay numerosas decisiones en la vida que tienen consecuencias irreversibles muy graves. No creo que ello sea un motivo para impedir por ley que la persona tome esas decisiones. ¿Puede arrepentirse en el futuro? Sí. Pero también puede no hacerlo, y de hecho la asunción detrás de la defensa de la libertad individual (al menos por parte de los liberales) es que nosotros sabemos mejor lo que nos conviene que los demás, y en particular mejor que el Estado.

El derecho al suicidio asistido se sigue del derecho al suicidio. La persona que nos asiste a morir es el medio de nuestra voluntad, como podría serlo una pastilla o una pistola. Si tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo también tenemos derecho a decidir cómo queremos quitarnos la vida, a través de qué medios, y terceras personas igualmente tienen derecho a decidir si van a ayudarnos o no.

La diferencia entre quitarle la vida a una persona sin su consentimiento (asesinato) y quitarle la vida con su consentimiento (suicidio asistido) es la misma que hay entre quitarle 50 euros sin su consentimiento (robo) y tomarlos con su consentimiento (donación). El consentimiento con respecto a la propiedad de uno mismo es la clave.

Los que se oponen al derecho asistido por la presencia de una tercera persona, ¿qué argumentarán en un hipotético futuro en el que existan robots que ejecuten nuestras órdenes mentales y sean éstos los que nos ayuden a morir? ¿También alegarán que se ha cometido un asesinato, por parte de una máquina, de una mera herramienta que obedece nuestras órdenes?

Algunos utilizan el ejemplo de Holanda para argumentar en contra de la eutanasia en general, incluido el suicidio asistido con consentimiento expreso del paciente. Pero el ejemplo de Holanda no es en realidad un argumento para prohibir cualquier tipo de eutanasia, voluntaria o no, es en todo caso un argumento para permitir el suicidio asistido y prohibir/perseguir/penalizar duramente la eutanasia involuntaria.

Quienes equiparan eutanasia involuntaria con asesinato lo hacen en base a una asunción que normalmente no explicitan. Es verdad que el paciente no ha expresado su consentimiento, pero ni en un sentido ni en otro. En este tipo de casos el paciente suele estar incapacitado para expresarse. Luego solo podemos asumir, intentar adivinar, cuál hubiera sido su elección. Los detractores de la eutanasia involuntaria asumen sin más que si no existe un consentimiento expreso formalizado el individuo hubiera elegido vivir. ¿Pero es razonable hacer esta asunción en todos y cada uno de los casos en los que no existe consentimiento expreso?

Creo que es válido asumir en general que el paciente quiere vivir si no se ha pronunciado, pero también pienso que hay que dejar la puerta abierta a la posibilidad de que esa asunción quede invalidada en casos particulares si se aportan pruebas o indicios suficientes que sugieren que la persona hubiera preferido morir. Es decir, la carga de la prueba recae en quienes piensan que el paciente hubiera elegido morir, pero no debe estar vedada esa posibilidad.

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Un húngaro burgués ante el comunismo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Sándor Márai fue un importante novelista húngaro y burgués, cuya vida se extendió a lo largo de casi todo el siglo XX, desde 1900 a 1989, unos pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Su obra reflejaba el mundo de la burguesía de su época, y estaba llena de reflexiones sobre la naturaleza humana, la amistad o el sentido de la vida.

Pero Márai también nos dejó dos volúmenes de memorias: Confesiones de un burgués, que trata sobre el primer tercio de siglo, y ¡Tierra, Tierra!, que fue escrita en los años 70, exiliado en EEUU, donde acabó de un tiro con su vida años más tarde. En esta última el autor narra sus experiencias durante los últimos años que pasó en su tierra natal; años muy convulsos, caracterizados por el final de la guerra y el cambio del régimen nazi al soviético, que experimentó en sus propias carnes. A lo largo de las más de cuatrocientas páginas desfilan brillantes reflexiones sobre su gran y única pasión, la literatura y la lengua húngara (en la que escribió durante toda su vida, a pesar de contar con unos 10 millones de lectores en esa lengua, como el mismo autor afirma), así como sobre la libertad y el comunismo, dejándonos un testimonio interesantísimo de lo que sucedió en esos años.

Buena parte del libro consta de sus observaciones sobre el "hombre soviético", fruto de varias semanas en las que se vio sometido a compartir casa con unos treinta soldados rusos; tiempo que dedicó observarles con detalle. Llegó a conclusiones sumamente interesantes: para él, el ser soviético era algo totalmente desconocido, e incluso llega a decir que tras esa convivencia forzada, "nunca, ni por un solo instante, sentí que tuviéramos algo en común", y que convivían "como si fuésemos animales del mismo redil".

Asimismo, apunta diversas características de esas personas que conoció, que demuestran las terribles consecuencias morales de la coacción sistemática, como las siguientes:

  • La negación de devolver lo prestado y el descaro que tenían al incumplir su palabra: ausencia de costumbre de cumplir con los contratos.
  • El "yermo vacío de sus vidas": ausencia de libertad para llevar a cabo los proyectos vitales de cada uno y la total represión de la conciencia y los comportamientos existentes en el régimen soviético.
  • Las diferencias que existían entre los mayores, que habían sido educados en familia (y de los que dice que "a veces se atisbaba –por detrás de la máscara del bolchevique y del soldado rojo– un fenómeno muy entrañable: el del ser humano ruso") y los jóvenes que habían sido adoctrinados en los campos de educación marxista-leninista: adoctrinamiento estatal y usurpación de la familia como legítimo educador.
  • La aniquilación de todo lo individual (como el reconocimiento y logro personales, incentivos existentes en una economía de mercado), el convertir al individuo en un simple número que es manipulado desde una autoridad central: "el ruso sabe que su persona no importa mucho… sólo importa si es posible utilizar al hombre en cuestión, es decir, el material disponible", llega a decir Márai.

Tampoco faltan ejemplos particulares de la miseria oculta que vivían los soviéticos, como el del soldado ruso que le confiesa al autor, mirando alrededor con cautela: "si yo hablara algún idioma no volvería a Rusia… en mi país no se está bien… Además, no hay libertad. No nos enseñan idiomas porque no quieren que podamos leer libros extranjeros". También cuenta el caso de un prisionero, que habiendo estado encarcelado por húngaros y soviéticos, afirmaba que, a pesar de que los primeros le trataban con crueldad, en su cárcel seguía existiendo como individuo, mientras que con los segundos su individualidad había desaparecido.

Igualmente exquisitas son sus reflexiones sobre el comunismo, algo que no puede existir sin el Terror, "porque un sistema cuyas dimensiones no son humanas sólo puede ser aceptado por la fuerza, con métodos inhumanos"; y aprovecha para criticar la pasividad y aquiescencia de los intelectuales europeos de la época, que "fingían ignorar que un régimen que solo puede sobrevivir si les arrebata a los seres humanos su libertad –la del derecho a la propiedad privada, de empresa, del derecho al trabajo, de expresión, la de escribir…– no puede renunciar a la tiranía porque ésa es la única posibilidad de salvaguardar el poder". También habla del comunismo como una nueva religión represiva, que consiste en la "estatalización o expropiación del alma", consecuencia de coartar la libertad individual al máximo y de abolir la propiedad privada.

Hasta se encuentra una observación que apoyaría ciertas tesis de los anarquistas de mercado acerca del periodo inmediatamente posterior al cerco de Budapest por parte del Ejército Rojo: "Cuando no existían ni el Estado ni la Administración, la gente se las arreglaba bien, por extraño que parezca, basándose en un orden personal e individual. No existía ningún tipo de sistema, pero había un orden personal que funcionaba", orden que se rompió cuando los comunistas trataron de planificar la sociedad húngara, siempre desde el aparato centralizado de Moscú.

Finalmente, harto del sistema soviético que se había implantado en su país, Márai se plantea el exilio. Se sentía asfixiado, como "un dato numérico dentro de una categoría dada", totalmente despojado de la libertad, no solo para escribir sino especialmente para callar libremente, porque comprendió que con su mera presencia estaba justificando la violencia existente, y ese "es el momento en que hay que abandonar el área infectada" y decir no; debía marcharse de Hungría para que no pudieran comprarle como individuo.

Es en el momento en que se pregunta hacia dónde ir, cuando se plantea a sí mismo la siguiente reflexión, que sigue muy vigente en la actualidad: "¿En qué parte de Europa existe un verdadero afán de libertad con todas sus consecuencias? Si la gente desea realmente la libertad, ¿por qué aguantar sin rechistar todo tipo de servidumbre?"

Mamá, ¡quiero ser político!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En la actualidad, desempeñar la actividad política, más allá de ocupar un alto cargo de responsabilidad, se ha convertido en un auténtico chollo. No sólo por la percepción de elevados ingresos, sino por el hecho de contar con una serie de privilegios ajenos a cualquier otra profesión que se desempeñe en el ámbito privado.

Con sospechosa frecuencia, políticos de toda índole y condición se defienden argumentando que el desarrollo de la actividad pública ha de ser entendida como un sacrificio puesto que, en general, el desarrollo de una carrera profesional en el ámbito de la empresa privada les reportaría, incluso, mayores ingresos económicos. ¿En serio? De ser realmente así, ¿no resultaría del todo absurdo optar por una profesión menos ventajosa en caso de poder elegir libremente entre ambas ocupaciones, una pública y otra privada?

Más allá del poder y de la influencia que implica ostentar un cargo de esta índole, ya sea como mero diputado raso, ministro, alcalde o director general, la profesión política reporta cuantiosas ventajas. Así, por ejemplo, los miembros del parlamento nacional cobran de media algo más de 3.100 euros al mes. Sin embargo, dicho montante se ve incrementado de modo sustancial en función de los cargos complementarios que la mayoría de ellos desarrollan como miembros de las diversas comisiones y mesas parlamentarias.

Así, por ejemplo el presidente de la Cámara dispone de un complemento mensual de 3.605 euros, más una cuantía, también mensual, nada desdeñable, de 3.915 euros para gastos de representación, y otros 3.210 en concepto de gastos de libre disposición (es decir, para lo que guste). Hagan ustedes las cuentas.

Por su parte, los vicepresidentes, secretarios, portavoces y portavoces adjuntos de Mesa parlamentaria perciben, a su vez, de una a tres pagas extra que oscilan entre los 700 y 1.400 euros mensuales. Mientras, los presidentes de Comisión disponen de casi 1.600 euros al mes para "gastos de representación". Una cifra algo inferior en caso de ocupar simplemente el cargo de secretario o portavoz de esa misma Comisión parlamentaria.

Pero, no se engañen, que la cosa no queda ahí. Según el reglamento de la Cámara, además de las percepciones individuales correspondientes a la asignación constitucional, los diputados tienen derecho a "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". Así, todos los diputados de circunscripciones distintas a Madrid cobran 1.823 euros al mes para afrontar los "gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara". En el caso de los diputados por Madrid, esta cantidad se reduce a 870 euros extra al mes.

A ello hay que añadir, por supuesto, todos los gastos de transporte de sus señorías, cuya tributación está además exenta, siempre y cuando no cuenten con un chófer oficial. Algo que, por cierto, ocurre en la mayoría de los casos. "A partir del 1 de enero de 2006, la cuantía de las dietas devengadas por los desplazamientos que los Diputados realizan en misión oficial se cifran en 150 euros por día en el supuesto de desplazamientos al extranjero, y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional". Es decir, y hablando en plata, no sólo los contribuyentes sufragamos la vuelta a casa de sus señorías, fin de semana sí y fin de semana también, sino que tan sólo es necesario argumentar la celebración de algún acto institucional o político en su ciudad de origen para que, encima, perciban 120 euros extra al día.

Ordenador portátil, teléfono móvil, despacho propio en el Congreso y asistente personal son algunos de los privilegios añadidos que poseen los políticos españoles por el mero hecho de ser un "diputado raso", tal y como lo denominan. No está nada mal si se tiene en cuenta que su horario laboral se extiende, en la mayoría de los casos, únicamente hasta el jueves por la mañana. Aunque, en realidad, muchos de los residentes fuera de Madrid (la mayoría) ya abandonan el hemiciclo el miércoles por la tarde, tras la sesión de control al Gobierno.

Y eso en cuanto a las retribuciones visibles y, hasta cierto punto, transparentes. El tema de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos españoles es cosa aparte y de sobra conocida por todos. Sirva como ejemplo que ciertos directores generales de algunos municipios medianos (de más de 100.000 habitantes) de la geografía nacional cobran más de 60.000 euros al año.

En el caso de los eurodiputados, el salario medio mensual asciende a cerca de 9.000 euros, dietas y complementos aparte. Es decir, los políticos perciben ingresos económicos que en nada tienen que envidiar a las retribuciones medias de los altos ejecutivos de la mayoría de empresas privadas. Aunque éstos carecen, sin duda, de la influencia y poder que ostentan sus señorías. No obstante, son los encargados de articular las leyes y decidir lo que está o no permitido en el ámbito privado. Qué mayor poder que ése, ¿no creen?

Por último, tan sólo recordar que la mayoría de los cargos políticos no han desarrollado prácticamente actividad alguna en la empresa privada. Muchos de ellos son funcionarios o han ido ascendiendo poco a poco en el escalafón jerárquico del partido hasta ocupar su ansiado sillón en el Congreso, organismo oficial o ayuntamiento de turno. Es decir, más allá de su carrera pública, dudo mucho de que cualquiera de ellos, con su formación académica, lograran un cargo de similares características a nivel retributivo en el mundo de la empresa privada. Así que, por favor, déjense ya de milongas.

Garantizar la educación libre, el uso y la enseñanza del castellano

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Cuando las políticas intervencionistas del Estado se convierten en el credo de una nueva religión a la cual rendir una fe ciega, se incrementan de modo exponencial los ataques a los derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Cuando se impone la ingeniería social y se intentan establecer nuevos valores morales, los dirigentes liberticidas guían a los países hacia su particular utopía y, de modo lento pero constante, se perjudica la convivencia pacífica en el medio y largo plazo.

Después de tres décadas de democracia, las fisuras normativas de la Constitución Española de 1978 han permitido que se impongan las políticas independentistas, de diferenciación sentimental y de adoctrinamiento segregacionista en Cataluña, País Vasco, Galicia y algunas otras regiones.

El Manifiesto por la Lengua Común denuncia la instrumentalización del idioma y de la educación para conseguir determinados fines políticos y, solicita las reformas legislativas que sean precisas para devolver a los ciudadanos sus derechos. Sin ánimo de ser exhaustivo, permítanme analizar brevemente algunos de los artículos de la Constitución que deben valorarse a la hora de garantizar la educación libre en castellano.

Para empezar, podemos observar como el artículo 14 que, en teoría, garantiza que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de (…) opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", está siendo vulnerado sin que ningún Gobierno se atreva a aplicar el artículo 155.

Diversas comunidades autónomas están imponiendo la lengua regional propia (también española) con legislaciones, actos y sanciones administrativas que dificultan o imposibilitan el empleo del castellano, como lengua común oficial de España: en la educación, en el uso institucional u oficial y, en el acceso a la función pública en igualdad de condiciones.

Debido a las vergonzosas sentencias del nada independiente Tribunal Constitucional, el que quizás sea el único artículo bien redactado de la Constitución, el artículo 3, ha dejado de ser válido en muchas comunidades autónomas que penalizan el uso del idioma español, llegando incluso a imponer reglas a empresas para etiquetaje, rotulación, facturación o contabilidad, aunque se traten de negocios privados, en su particular paranoia independentista de regulación sobre la vida de los demás.

Para garantizar su uso y aprendizaje, es necesario reformar el artículo 148 y el artículo 149 para restituir las competencias en educación y en el uso y enseñanza del castellano dentro del ámbito del estado central.

Junto con lo anterior, una vez bien definidas las competencias en ésta y otras áreas, puede eliminarse el apartado 2 del artículo 150. Así se cerrará una de las principales deficiencias constitucionales por la cual se han ido centrifugando competencias hacia las autonomías hasta duplicar el tamaño del Estado, se ha incrementado la opresión de los derechos individuales y se ha disparado la corrupción local.

Para garantizar el modelo de educación, pública o privada, que elijan los padres para sus hijos, aparentemente la redacción del artículo 27 es adecuada, pero precisa ciertos retoques para garantizar la enseñanza en español y para limitar que el Estado sólo pueda definir el nivel de conocimientos básicos para las diversas titulaciones: sin imposiciones morales ni religiosas, sin discriminación, y sin adoctrinamiento.

En cualquier caso, es imprescindible abordar una redefinición del artículo 53 para garantizar una tutela directa "efectiva" por los jueces sobre el derecho a la educación y el uso del castellano, junto con el derecho de propiedad y la libertad de empresa, entre otros.

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La Lex Mercatoria ha renacido con la globalización

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La antigua Lex Mercatoria precedió la llegada de los Estados modernos. Fue creada por los mercaderes durante el espectacular despegue comercial de las ciudades europeas entre los siglos XI y XIII. Su función había consistido en derogar los estrechos cauces del derecho civil romano de entonces para dar soluciones satisfactorias de forma privada a las nuevas relaciones mercantiles internacionales que se empezaban a dar por aquellos años.

Hoy día, las obsoletas normas fragmentadas de los derechos mercantiles codificados no cubren las necesidades de las complejas situaciones del derecho comercial transnacional. El creciente desencanto de las sociedades mercantiles por los ordenamientos jurídicos nacionales ha favorecido el renacimiento de una nueva Lex Mercatoria. Su función ahora consiste en superar dicha discontinuidad jurídica y disolver los particularismos de los distintos sistemas jurídicos con motivo de la presente actividad comercial mundial.

Esta Lex Mercatoria de la globalización es un orden legal autónomo basado principalmente en los usos y costumbres mercantiles que cuenta con jurisdicción propia (antes consular, hoy arbitral). Es administrada no por jueces nacionales sino por los propios comerciantes que hacen de árbitros o mediadores. Sus procedimientos de resolución de conflictos, a diferencia del formalismo del derecho convencional, son informales, flexibles y rápidos, lo que conviene siempre a la societas mercatorum.

No tiene órganos propios de coerción. Es un derecho no autoritario y anacional (sin Estado) fruto de las necesidades mercantiles transfronterizas (globalizadas) y creado por la clase empresarial/comercial sin la mediación de ningún poder legislativo estatal.

El uso permanente en el comercio mundial de los Incoterms, los créditos documentarios, los diversos acuerdos marcos (master agreements) internacionales y el creciente sometimiento voluntario a arbitrajes o mediadores internacionales en caso de discrepancias son manifestaciones evidentes de estos nuevos usos comerciales al margen del Estado.

Desde el famoso caso Norsolor (1983-5), la Lex Mercatoria se está expandiendo de manera acelerada. La jurisprudencia arbitral internacional está consolidándose con la incesante labor de cortes arbitrales privadas de prestigio entre los comerciantes (ICC, LCIA, AAA, ICCA…). También existen ya desde mediados de los noventa diversas compilaciones o sistematizaciones oficiales de sus reglas y principios (CENTRAL, UNIDROIT, PECL…).

Desde la Segunda Guerra Mundial, por su parte, los Estados han ido ratificando numerosos tratados o convenciones internacionales y han creado organismos interestatales de gobierno mundial de la economía tales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, la OMC (antes GATT) o la propia Unión Europea. Pese a su gigantesca burocracia, han llegado a magros resultados sectoriales y de escaso éxito a la hora de favorecer el comercio internacional (más bien todo lo contrario).

Pero, no nos confundamos, la nueva Lex Mercatoria no es un derecho cuya fuente sea el derecho internacional público refrendado por los Estados, ni tampoco el derecho privado internacional que remite sistemáticamente a los ordenamientos nacionales según los elementos del contrato o las situaciones que puedan apelar el principio de territorialidad. Las verdaderas fuentes de la Lex Mercatoria son, en esencia, las prácticas y costumbres de los propios comerciantes que se despliegan espontáneamente en su diaria actividad.

Las legislaciones nacionales se están volviendo irrelevantes en lo que se refiere a muchos contratos comerciales transnacionales. La business community no está para perder el tiempo. Si hubiera de esperar los resultados efectivos de los Estados o de sus entes interestatales antes de actuar, sería hoy el mundo humano más pobre de lo que ya es.

Mientras persista una visión meramente espacial y soberanista de la realidad jurídica (es decir, la visión iuspositivista hoy predominante del Derecho), se tendrá una percepción inadecuada de la realidad jurídica de la presente globalización. Esta visión estrecha del Derecho no podrá analizar la producción normativa descentralizada; tan sólo será capaz de reconocer un mapa jurídico incompleto del mundo hecho a base de mosaicos normativos estancos producidos por legisladores nacionales.

La globalización ha cambiado definitivamente muchas cosas, entre otras, la manera de concebir el Derecho.

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¿Protege la garantía a los consumidores?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Existe una norma por la cual se establece una garantía mínima para los bienes de consumo duradero. Un primer y apresurado análisis de los efectos para los consumidores de esta obligación para los fabricantes sería posiblemente positivo: como el fabricante se tendrá que hacer cargo de los posibles defectos del producto, tratará de no engañar al cliente.

Sin embargo, cualquier fabricante o vendedor que quiera sobrevivir en el mercado, está interesado en "no engañar" al cliente. Si su producto se muestra consistentemente como defectuoso, y no es capaz de proporcionar un servicio postventa razonable, aquellos fabricantes que sí lo ofrecen le desplazarán y obligarán a salir del mercado.

Por tanto, el incentivo normativo de la garantía no tiene efecto alguno apreciable sobre los competidores, al menos en un sentido beneficioso para el cliente. De hecho, en ausencia de la norma, es muy posible que muchos productores ofrecieran la garantía junto al producto, de la misma forma que, en la actualidad, hay fabricantes que ofrecen espontáneamente mayores plazos que los normativamente estipulados. El periodo de garantía se constituye así en un parámetro de diferenciación del producto.

Pero, desde otro punto de vista, la normativa que obliga a dar una garantía al producto no deja de constituir un empaquetamiento de servicios, que obliga a adquirir al consumidor un producto que desea (la TV o el coche) junto a otro que tal vez no (el servicio postventa de garantía).

Resulta evidente que ambos bienes tienen por separado un precio, y que el precio del producto sin la garantía normativa sería inferior al que tiene con garantía. Sería el consumidor quien decidiera si comprar más barato un producto sin garantía o más caro el que la incorpora. El prestigio y la fiabilidad del fabricante podrían ser suficientes para que determinados clientes prescindieran de la garantía. En general, se incrementaría la oferta para el cliente, al menos en gama de precios.

Con la normativa lo que ocurre es que se obliga a pagar más al cliente por algo que tal vez no quiera, lo que supone más ingresos para los fabricantes. Además, se excluye del mercado a los servicios técnicos independientes durante el periodo de la garantía normativa, cuya adquisición forzosa impedirá en la práctica que uses servicios de otros distribuidores. Finalmente, impide la competencia entre marcas en el servicio postventa.

Como se observa, la garantía, más que proteger al consumidor, parece beneficiar a los suministradores: les otorga más ingresos y disminuye la rivalidad entre ellos, y de terceros. Todo eso, por vía legal. Es fácil imaginar quiénes habrán estado detrás de estas exigencias al Gobierno… ¿o no?

La garantía viene a suponer un empaquetamiento forzoso de productos. Recordemos que una de las conductas por las que la CE sancionó a Microsoft en 2004 fue, precisamente, el empaquetamiento forzoso de Media Player con Windows. Los empaquetamientos forzosos de productos (que son constantes en todos los mercados) no tienen por qué ser malos para el consumidor, y en un mercado libre nunca lo serían.

Pero es precisamente esa la condición que no se cumple con las garantías de productos duraderos en España, y lo que despierta la duda sobre los beneficios de la medida para los consumidores.

Beneficio empresarial

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Cuando una empresa da beneficios significa que los factores productivos han sido utilizados correctamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente.

Juan Pablo II

Es común, en muchos medios de comunicación, caricaturizar a los empresarios como personas sin escrúpulos, ávidas de poder y dinero, que no dudan en explotar y estafar a cuantas personas sea posible a fin de obtener un cuantioso beneficio con el que financiar un ostentoso nivel de vida personal. Estos críticos, no obstante, rara vez se plantean el papel que tiene el beneficio empresarial y la ética del mismo.

En un mercado donde los consumidores eligen libremente los bienes y servicios, la única manera que tienen los empresarios de venderlos es ofertando productos cuya adquisición sea provechosa. Para ello, el empresario debe buscar la satisfacción de las necesidades del consumidor de forma que su producto le complazca más que el de la competencia. Normalmente esto se consigue desarrollando productos que se adapten mejor al consumidor y a un menor precio. El consumidor retribuye al empresario que más se adapta a sus necesidades comprando dichos productos, lo que a su vez eleva su beneficio.

Por tanto, una forma de obtener beneficio tiene su origen en la satisfacción del consumidor. La segunda forma de incrementar el beneficio es mediante la optimización del empleo de los factores productivos en el proceso de obtención de un producto. Así, si se puede obtener la misma cantidad de producto empleando para ello menos recursos, el coste de obtención del mismo habrá sido menor, y por tanto, se incrementará la ganancia de la empresa.

Es por ello que los dos únicos caminos para la obtención de un beneficio, en un mercado libre, son completamente éticos, ya que tienen su origen en la satisfacción del consumidor y el empleo de los recursos productivos de la manera más provechosa posible.

Hay quien podría argüir que mediante el engaño se podría hacer creer al consumidor que un determinado producto tiene unas ventajas inexistentes, y así se obtendría un beneficio inmoral. Si bien es cierto que existen empresarios que pueden utilizar estos medios para enriquecerse, tales mecanismos tienen dos límites. En primer lugar, los contratos de compraventa son de obligado cumplimiento, por lo que si la parte vendedora no entrega el bien o servicio en las condiciones pactadas, el consumidor puede reclamar ante los tribunales la ejecución del contrato o en su defecto, la devolución de lo pagado y posibles indemnizaciones, lo que minoraría el beneficio. En segundo lugar, la búsqueda del beneficio por parte de otros empresarios les motivará a estos últimos a ofrecer productos que sí satisfagan al cliente, sin incurrir en engaños, por lo que la competencia se convierte en un limitador de este tipo de comportamientos no éticos.

Se puede concluir que, cuando el mercado es libre, el beneficio no es sino el resultado de la adaptación de la empresa a las necesidades del consumidor y al empleo óptimo de los recursos productivos.

Caros modelos

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

En un artículo del pasado marzo, John Tierney se preguntaba en el New York Times si realmente los críticos, es decir, los negadores de los negadores, pensaban que había más prebendas en la negación del cambio climático que en ir con la mayoría de quienes lo dan por cierto.

Aclaraba que no dudaba de la integridad o la competencia de los investigadores y de los grupos ecologistas que están embolsándose billones de dólares provenientes de diversas agencias gubernamentales, corporaciones o fundaciones privadas. No.

Pues bien, quieren más, muchos más dólares. Como señala el editorial de la revista Nature del 15 de mayo, ahora que el consenso es universal, los modeladores climáticos miran al futuro cercano, quieren desarrollar nuevos modelos que ayuden a diseñar políticas para la prevención o mitigación de los efectos del cambio climático. Efectos que, por cierto, se han previsto con la ayuda inestimable de modelos muy sensibles a los prejuicios de sus creadores.

Al término de la cumbre de cuatro días que mantuvieron en Reading, los científicos plantearon la necesidad de un proyecto para la predicción del clima de escala semejante al Proyecto Genoma Humano. Costaría algo más de un billón de dólares y podría traducirse en la creación de un nuevo centro de investigación mundial o, tal vez, global (sic), competencia para los centros ya existentes y, es de esperar, un motivo para el "desconsenso".

En fin. Richard Lindzen nos recordaba en 2007 que el principal argumento para la atribución del calentamiento reciente al incremento antropogénico del CO2 se debe al Centro Hadley (Gran Bretaña). Los investigadores asumían, lógicamente, que el modelo que habían desarrollado era correcto. Comprobaron que, considerando los efectos (forzamientos) de volcanes y de la variabilidad solar, podían replicar la temperatura global media observada desde 1880 hasta 1976. Sin embargo, dijeron, el incremento de dicha temperatura desde entonces, apenas unas décimas de grado, no se podría explicar sin añadir nuevos forzamientos que habría que atribuir al hombre y su CO2. Lindzen se preguntaba si era suficiente evidencia del forzamiento antropogénico el hecho de que un modelo no pudiera replicar un calentamiento de apenas unas décimas de grado. Un problema, nos decía, es que los modeladores, en general, no consideran que pueda existir una retroalimentación negativa, es algo que no aceptan entre las hipótesis sobre las que construyen sus modelos predictivos. Así limitan los resultados, los orientan y nos orientan.

Los modelos, los algoritmos, podrán mejorar gracias al mejor conocimiento de la ciencia y a la mayor potencia de cálculo, pero no creo que palabras como las de Jeffrey Sachs, al comienzo de la cumbre de Reading, ayuden a confiar en la naturaleza humana:

[Habría] mucho interés entre los políticos en invertir los millones de dólares necesarios si los científicos pudieran dar respuestas a preguntas fundamentales, tales como el suministro futuro de alimentos.