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A lo que nos enfrentamos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

¿Creyó usted que el derribo del muro de Berlín reduciría la batalla intelectual a dirimir las diferencias entre las distintas tendencias del liberalismo? Si en su día así lo pensó, parece claro que lo sucedido desde entonces le habrá hecho cambiar de opinión.

Pudiera haber sucedido de otra manera, pero mientras el socialismo fracasaba estrepitosamente durante el siglo pasado, se fueron larvando varias teorías que, tomadas por separado, parecían refutadas y apostilladas como vulgar charlatanería esotérica. Amalgamarlas y adoptar nuevas formas con las que superar la refutación del socialismo ha sido la misión de los postmodernos. Eso se desprende, al menos, del fascinante estudio filosófico de Stephen R.C Hicks, titulado Explaining Postmodernism.

La obra repasa las ideas que han confluido en ese movimiento autodenominado postmodernismo –más político que filosófico, según veremos– a través, principalmente, del análisis de los textos de pensadores de distintas épocas, desde Rousseau a Foucault, pasando por Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger y tantos otros. Hicks enuncia su tesis al comienzo de la obra: las quiebras en la epistemología hicieron posible el postmodernismo y el fracaso del socialismo hizo al postmodernismo necesario.

A grandes rasgos, modernismo y postmodernismo se diferencian desde una doble perspectiva, metafísica y epistemológica. El primero parte de una concepción realista y naturalista y supone que puede conseguirse el conocimiento objetivo con la ayuda de la experiencia y la razón, mientras que el segundo parte de lo inaprensible de la realidad y mantiene que todo conocimiento es subjetivo.

Podría parecer que una escuela de pensamiento con unos fundamentos tan romos no alcanzaría crédito alguno y, por lo tanto, aventurar que su presencia en el mercado de las ideas de las ciencias sociales y las letras sería marginal, como sin duda ocurre en las ciencias naturales. Antes al contrario, esta enésima rebelión contra la razón se ha convertido en una fuerza emergente desde finales del siglo pasado, tal como demuestra el increíble éxito de su derivada, la "corrección política". Superado el tiempo de incubación en las universidades, su influencia se deja notar en el resto de la enseñanza, los medios de comunicación dominantes, los juristas y… la política. No por casualidad, los Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Fish, Lentricchia y las MacKinnon y Dworkin querían llegar a este último campo.

Durante los años cincuenta del siglo pasado, el malestar que iba produciendo en ámbitos intelectuales la acumulación de pruebas contra el socialismo, y el paralelo triunfo del capitalismo, provocó continuas escisiones dentro del marxismo dominante. De esta manera, se pasó de considerar el bienestar material como un bien a vituperarlo como nocivo, cuando no destructor de la naturaleza. De la demanda de "liberación" de la necesidad se viró hacia la lucha por la igualdad material de los individuos, segmentados por sexo, raza o identidad étnica. De las abstractas invocaciones a la universalidad de los intereses del proletariado, se giró hacia un enfoque multiculturalista, que adaptara la difusión del socialismo a la mentalidad de unas masas que se consideraba incapaces de captar ese mensaje. Frente a la prosperidad y la relativa libertad traídas al Occidente de la posguerra, Marcuse lanzó conceptos tan chocantes –fruto de conjugar marxismo y psicoanálisis – como la "tolerancia represiva" del capitalismo hacia la naturaleza humana. El advenimiento del socialismo no derivaría del historicismo marxista. Antes bien, la acción de una vanguardia revolucionaria de intelectuales que no aceptara convertirse en el "hombre unidimensional" y estimulara los elementos irracionales, prohibidos y fuera del sistema, sería la encargada de destruir el capitalismo. El terrorismo encontró por esta vía una nueva legitimación intelectual.

A continuación, Hicks se plantea por qué la extrema izquierda asumió una estrategia epistemológica escéptica y relativista. En este sentido, Frank Lentricchia nos ofrece una respuesta: "El postmodernismo no busca los fundamentos y las condiciones de la verdad sino el ejercicio del poder con el propósito del cambio social."

Los maestros del movimiento consideran el lenguaje como la cuestión central de su epistemología. Es una herramienta que no guarda relación con la realidad. Más aun, la retórica es persuasión en defecto de conocimiento. Algunos postmodernos, como Rorty, han destacado el papel del lenguaje de la empatía, la sensibilidad y la tolerancia; lo que en España se ha traducido como "buenismo" y pensamiento "Alicia". Otros, como contrapunto, lo consideran un arma. De ahí que la retórica postmoderna acuda constantemente al ataque ad hominem, al intento de silenciar a las voces discrepantes y al argumento del "hombre de paja" para desviar la atención en los debates públicos.

Otro rasgo de este neosocialismo es que, en cuanto que reacción contra la razón y la lógica que desbarataron la ensoñación socialista, guarda semejanzas con el ofuscamiento de Kierkegaard para defender la fe religiosa. Para comprender la estrategia postmoderna, empero, debe subrayarse que justifica su doble vara de medir para inclinar la balanza a favor de los históricamente oprimidos.

Llegados a ese punto, nos encontramos con la deliberada utilización de discursos contradictorios como estrategia política. Si bien claman por el subjetivismo y el relativismo, cuando los postmodernos llegan al poder, el absolutismo dogmático se instaura. Nos hallamos, pues, ante un maquiavelismo pegado a la lucha por el poder, que utiliza el relativismo para desconcertar a sus adversarios y forzar mientras tanto su agenda política. Asegura Foucault: "Los discursos son elementos tácticos u obstáculos que operan en el campo de las relaciones de poder: puede haber discursos diferentes e incluso contradictorios dentro de la misma estrategia." De esta manera resulta que el postmodernismo no tiene nada de relativista, aunque lo finja. Es una estrategia a largo plazo que se puede observar claramente en la "deconstrucción" –palabra clave– de los logros de la civilización occidental, que se pone en práctica en la educación formalizada. Éstos se habrían conseguido como resultado de la explotación sexista, racista o de otro tipo. De este modo, se comenzará socavando la creencia en la superioridad de las ideas que hicieron posible esas obras. Una vez que se ha vaciado de creencias al alumno mediante argumentos relativistas, resultará más fácil llenar el vacío con los principios correctos de la izquierda.

El nihilismo y el resentimiento hacia la civilización occidental son las notas finales que Hicks percibe en la estrategia postmodernista. Una cita de Focault nos ayuda a situarnos: "El hombre es una invención reciente que será borrada pronto, como una cara dibujada al borde de la playa." Esta sugerente frase no desmerece aquella otra exhortación de Marcuse de usar la filosofía para la aniquilación absoluta del mundo del sentido común.

En definitiva, un libro muy interesante para conocer en profundidad los fundamentos del neosocialismo actual, al que todo liberal se enfrenta. Ayuda a entender la procedencia de la inspiración de una gran parte de la casta política e intelligentsia españolas actuales, aunque muchos de ellos ni siquiera la conozcan. Es una lástima que, aunque fuera reseñado parcialmente por Gorka Echevarría hace tiempo, no se haya traducido al español.

La libertad nos hace más “libres”

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La libertad nos hace más “libres”

No hay virtualmente ningún movimiento ideológico que no reclame para sí el concepto de libertad. Los comunistas dicen defender la libertad, lo mismo que los social-demócratas o los liberales. Cada grupo, claro, entiende por "libertad" cosas distintas, pero las diferentes acepciones tienen cierto sustrato común, que es lo que permite a cada uno apelar a las intuiciones éticas de los demás, buscando la sistematización de un principio o la coherencia con una idea básica o un prejuicio que el interlocutor ya tiene interiorizado.

Así, los liberales apelamos, por ejemplo, al celo de la gente por proteger sus posesiones y quedarse con el fruto de su trabajo para defender el concepto de la propiedad privada y el libre intercambio, o animamos a nuestro interlocutor a que extrapole al ámbito público sus opiniones sobre el robo y la coacción privada, o explicamos por qué el sistema capitalista es el único que puede generar la prosperidad social que ellos también ansían.

La libertad tenía en sus inicios un sentido negativo, definía una esfera de no interferencias. La gente era libre cuando podía perseguir sus fines sin interferencias violentas. El progresivo énfasis en la consecución de esos fines corrompió el significado primigenio en favor de una libertad positiva, que define un conjunto de capacidades o posibilidades de acción. La gente es libre cuando puede alcanzar determinados fines, y deja de serlo cuando no es capaz de alcanzarlos, aunque no haya coacción de por medio. La ausencia de coacción ya no equivale a libertad, la libertad es ausencia de coacción y algo más: tener los medios necesarios, materiales o de otra índole, para alcanzar determinados fines.

La libertad positiva, aunque pretenda incorporar la libertad negativa y se presente como una evolución natural de la misma, está lógicamente en contradicción con ésta. Si a una persona deben garantizársele, aparte de una esfera de no interferencias, unos medios, otras personas estarán obligadas a proveérselos, en perjuicio de su propia libertad negativa. La libertad negativa exige a todos lo mismo: abstenerse de utilizar la violencia contra el prójimo. La libertad positiva concede a un grupo derechos sobre el prójimo.

Si quiere defenderse la libertad positiva (el aumento de los medios disponibles para alcanzar fines) sin conculcar la libertad negativa, entonces no es necesario emplear aquel término. Hay otros más indicados para definir un "aumento de los medios para alcanzar nuestros fines", como puede ser el de "riqueza" o "prosperidad". Equiparar riqueza con libertad lleva a conclusiones sin calado ético (como que somos más libres si ganamos la lotería o menos libres si un huracán arrasa nuestra casa), y resta claridad conceptual, pues "libertad" pasa a significar lo contrario de lo que significaba antes. Si los intervencionistas quieren redistribuir e imponer sus preferencias que al menos lo llamen por su nombre.

Esta reflexión no sugiere que a los liberales, proponentes en general de la libertad negativa, no nos preocupa "el aumento de los medios disponibles para alcanzar fines". De hecho una de las principales razones para defender la libertad negativa es que ésta genera las condiciones necesarias para que aquellos medios puedan producirse. Los liberales aborrecemos la libertad positiva en la medida en que se utiliza con afán redistribucionista, violentando la libertad negativa, no en la medida en que se utiliza como sinónimo de mera creación de riqueza.

Will Wilkinson nos pone una trampa a los más ortodoxos. Dice Wilkinson que los liberales equiparamos una reducción de impuestos con un aumento de libertad. Pero un impuesto más bajo no es menos coercitivo que un impuesto más alto. O eres coaccionado o no lo eres. El daño puede ser menor, nuestras oportunidades o posibilidades de actuación habrán aumentado. Entonces, ¿por qué hablamos de un "aumento de nuestra" libertad (negativa) cuando en realidad queremos decir un "aumento de nuestras oportunidades" o de nuestra libertad positiva?

Pero sí existen grados de coerción. Desde luego Wilkinson no dirá que ser violado o secuestrado durante 20 años es igual de coercitivo que recibir una bofetada o sufrir un secuestro de unas horas. Tampoco es igual de coercitivo pagar un 95% de impuestos que pagar un 10%, pues en el primero la coacción abarca casi todas nuestras acciones (trabajamos un 95% del tiempo para el Estado), mientras que en el segundo abarca relativamente pocas. Wilkinson quiere hacernos creer que o bien hablamos de coacción/libertad negativa, o bien hablamos de nivel de oportunidades/libertad positiva. Pero lo cierto es que podemos hablar perfectamente de oportunidades y libertad negativa cuando las oportunidades nos son vedadas por la fuerza. Unos impuestos más bajos suponen un aumento de la libertad negativa con respecto al uso que podemos hacer de nuestro dinero.

Con las cosas de comer no se juega

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Acabamos de asistir al nacimiento de otro indicador económico agregado, de los que tanto gustan a los economistas. Se trata del IPOD (nada que ver con el cacharrito de Apple), el Índice de Precios en Origen y Destino. Se nos presenta por cortesía de diversas organizaciones de consumidores (la UCE y la CEACCU) al alimón con los grupos que representan a agricultores y ganaderos (COAG).

¿Cuál es el propósito del recién nacido índice? Ni más ni menos que mostrarnos las diferencias que hay entre el precio que tienen determinados alimentos en origen, esto es, el que paga la cadena de distribución al agricultor o ganadero, y el precio en destino, o sea, el que el último distribuidor cobra al cliente final. Evidentemente, de forma directa, esta diferencia nos ilustrará sobre el margen de este precio final que retiene la cadena de distribución.

Como cabe esperar, habida cuenta de las partes interesadas en publicar esta información, la citada diferencia resulta ser escandalosa. Si bien los datos oficiales aún no están publicados, los referidos en la rueda de prensa hablaban de una diferencia media del 483% para los 25 alimentos controlados, siendo extremo el caso de los plátanos, que se pagan en origen a 12 céntimos/kilo y se venden a 1,83 Euros/kilo al consumidor.

Hasta aquí el estudio es perfectamente legítimo, y no deja de añadir transparencia al mercado. Es una forma barata mediante la que posibles emprendedores podrían encontrar nuevas oportunidades de negocio. La preocupación viene después, cuando, como también cabía esperar, las entidades elaboradoras instan al Gobierno a intervenir para que se acabe con la "abusiva especulación" que provoca la injusta formación de precios y de márgenes comerciales.

Y esto es una preocupación porque si, por azar o populismo, el Gobierno cayera en la trampa tendida (y a la que seguro que no faltarán voces que le empujen), entonces sí tendríamos un problema real y cierto: el desabastecimiento de los mercados de alimentos.

Tanto la historia como la teoría económica nos demuestran que si el Gobierno regula los precios o los márgenes de una determinada actividad comercial, provoca la escasez del bien regulado. Esto es fácilmente entendible: al precio que fija libremente el mercado, los productores están dispuestos a ofrecer sus bienes hasta equilibrar oferta y demanda. Pero en el momento en que dicho precio es inferior al de mercado, habrá más cantidad demandada de la que la oferta está dispuesta a proporcionar, por lo que se producirá desabastecimiento.

En la medida en que las actividades de distribución de alimentos están libres de injerencias de la regulación, los precios que se establecen entre cada actividad sucesiva son libres. Si el Gobierno interviene fijando margen, justiprecio o lo que se le ocurra, se reducirá la oferta en estas actividades, trasladándose esta merma por toda la cadena de distribución hasta el consumidor final.

Y sí, puede que el precio para éste sea menor, puede que se consiga reducir el "abusivo" margen comercial que el mercado ha fijado para la cadena de distribución, pero lo que es seguro es que la demanda quedará insatisfecha. Podremos comprar los plátanos más baratos… si los encontramos.

Por eso, hay que pedir un poco de responsabilidad a los grupos de interés que solicitan la intervención en la distribución de alimentos. Está muy bien que informen sobre las diferencias de precios de origen y destino, pero que no vayan más allá, por favor: con las cosas de comer no se juega.

Violencia

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Violencia es una de las palabras que mejor definirían la situación actual. El parón de cierto sector de los transportistas está causando estragos, afectando al conjunto de la economía española y generando violencia en muchos aspectos.

Ya ha habido un miembro de un piquete muerto tras ser atropellado por otro camionero y un herido en trágicas circunstancias, que sufrió quemaduras importantes por el incendio de su camión, presuntamente provocado por compañeros suyos mientras él dormía. Personas que probablemente tengan comportamientos diarios pacíficos y normales, pero que en circunstancias como éstas, en las que el efecto arrastre de la masa tiene mucha relevancia, manifiestan lo peor de ellas mismas; algo similar a lo que podría ocurrir en los campos de fútbol. Estos hechos serían lo más visible del brote de violencia que estamos padeciendo, pero no los únicos.

En segundo lugar tenemos la violencia que los huelguistas están ejerciendo hacia los que no quieren parar. Como era de esperar en una huelga, no se conforman con no trabajar (perjudicando a otros sectores e individuos no relacionados directamente con ellos) y reivindicar lo que crean oportuno, sino que se dedican a coaccionar ilegítimamente a los que sí quieren trabajar. Y el gobierno, supuesto garante de nuestros derechos y libertades, tardando en reaccionar y mirándolas venir durante los primeros días; una actitud que debería extrañar a muy pocos a estas alturas.

Además, como nos enseñó el fantástico economista francés del siglo XIX Bastiat, debemos mirar más allá de los efectos que se ven a primera vista, y prestar atención a lo que permanece más oculto. Este parón, con todas sus implicaciones, también puede causar sentimientos violentos en parte de la población hacia los transportistas, hayan participado o no de la huelga. Algo que contribuye a caldear el panorama social en tiempos no excesivamente tranquilos.

Por último, habría que tener en cuenta las exigencias de los huelguistas, que como decía Juan Morillo, consisten básicamente en "sacar dinero del bolsillo de los contribuyentes en beneficio de unos pocos privilegiados… socializar las pérdidas y vulnerar derechos". Es decir, piden más violencia y coacción institucionalizadas a través del estado, produciendo más tiranteces y conflictos sociales entre distintos agentes, ya que si el gobierno les concede lo que piden, ¿por qué no protestamos todos? Quizá haya suerte y consigamos algo, siempre a expensas de los demás, pero eso importa poco con tal de conseguir lo que queremos. Y es que así es como funciona el intervencionismo, generando incentivos inadecuados que hacen que unos se beneficien a costa de otros, algo que no sucede mediante el intercambio voluntario característico del sistema de libre mercado. Cuanto mayor sea el peso y tamaño del estado, mayores posibilidades habrá de que un grupo o sector de la sociedad presione al gobierno para conseguir ciertos privilegios por encima del resto de la sociedad.

Mientras tanto, se culpa al "neoliberalismo radical" (estaría bien que nos explicara la vicepresidenta en qué consiste eso exactamente) de los problemas de nuestra economía. Algo totalmente absurdo, pero que no sorprende en absoluto viniendo de quien viene.

Sin embargo, ya no hay razón por la que preocuparse: el Gobierno se ha puesto manos a la obra. Rubalcaba acaba de invitar a los transportistas a salir a trabajar "porque no existe ningún riesgo", y si tienen alguna duda o problema, que llamen a la policía. Y Zapatero advirtió que "el Gobierno tendrá tolerancia cero con cualquier acto de coacción o de violencia". ¿Se refiere también a todos los actos coactivos que realiza el Estado coartando la libertad y los derechos de los individuos? Me temo que no.

Desmontando algunos mitos de la democracia pura

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Según diversos historiadores, podríamos ubicar el surgimiento de la democracia en Grecia como sistema político en torno al s. VI a.C. Pero ¿cómo vivían la Política aquellos primeros demócratas de la historia? Existen ciertas evidencias que nos permitirían afirmar que la vida política en Atenas difería en mucho con respecto a sus teóricos ideales y principios.

Si bien la polis clásica se caracterizaba, al menos en teoría, por su unidad, solidaridad y participación, no es menos cierto que contaba también con una ciudadanía sumamente restrictiva. El ámbito de la actividad e intervención públicas afectaba de manera intensa y profunda a la vida de los ciudadanos, puesto que la Asamblea se constituía como órgano soberano supremo, pero ésta incumbía única y exclusivamente a una pequeña proporción de la población total existente en la comunidad. Tan sólo los atenienses varones mayores de 20 años podían optar a la deseada ciudadanía.

Ni las mujeres, ni un gran número de residentes en Atenas, como por ejemplo los extranjeros o inmigrantes, disponían del derecho a participar en los procedimientos formales. Por supuesto, quedaban también excluidos los esclavos, que en la Atenas de Pericles conformaban un elevado porcentaje sobre la población total (al menos tres esclavos por cada dos ciudadanos libres).

Así pues, los ciudadanos no sólo se ocupaban de la Administración, el servicio militar, la formulación de leyes, la Justicia o las ceremonias religiosas, sino que también se encargaban de la supervisión y control de un gran número de personas, las cuales carecían de ciudadanía plena. Es decir, la democracia antigua se convertía así en un sistema de elitismo social, cuya práctica derivaba en una auténtica tiranía de los ciudadanos sobre la mayoría de la población.

Mientras, el ejercicio político, mediante la participación activa y multitudinaria en la Asamblea, dependía en gran medida de las habilidades oratorias de cada uno. Con toda probabilidad, la mayoría de discursos e intervenciones corrían a cargo de un número comparativamente pequeño de dirigentes, los cuales se configuraban como ciudadanos de arraigada reputación, excelente oratoria y liderazgo reconocido por el demos y que, por tanto, dispondrían de un auditorio atento.

Por otro lado, si bien la participación ciudadana en la Administración Pública era excepcionalmente intensa (al menos en Atenas), existen motivos para suponer que tan sólo una minoría bastante reducida asistía de hecho a las reuniones de la Asamblea, ya que los líderes procurarían que sus partidarios acudiesen en su apoyo, con lo que muy probablemente fueran sólo esos grupos de adeptos los que concurrieran de forma asidua a tales sesiones deliberativas. Además, como tales grupos consistían, sobre todo, en coaliciones basadas en parentesco y amistad, es muy probable que no asistiesen los ciudadanos más pobres o peor relacionados.

Al mismo tiempo, tal proceso se caracterizaba, en realidad, por el enfrentamiento existente entre grupos de líderes rivales, la existencia de redes informales de comunicación e intriga, y el surgimiento de facciones abiertamente opuestas que ejercían determinadas presiones para el logro de sus intereses y objetivos. Se trata, pues, de una contienda dura y difícil donde los problemas comunes a menudo quedaban subordinados a ambiciones e intereses personales y sectoriales.

Igualmente, resultacurioso que tanto la Asamblea como el Consejo (otro órgano central de Gobierno) tendieran a estar fundamentalmente dominados por ciudadanos de "alta cuna" o rango social elevado. Una elite de familias ricas y bien posicionadas socialmente que disponían del tiempo suficiente para cultivar sus contactos e influir políticamente en función del particular logro de sus intereses. Además, se originaban con relativa frecuencia batallas políticas de tinte personal que, normalmente, finalizaban con la eliminación física de los oponentes a través del ostracismo o la muerte.

En este sentido, los líderes políticos de las facciones llegaban incluso a apelar al ostracismo por votación en las asambleas para suprimir a sus adversarios por un período de diez años.

Además, el verdadero autogobierno, tal y como era concebido en la democracia ateniense, requería que el ciudadano se dedicara por completo al servicio público. En este sentido, el grado de implicación exigido en política era tan absorbente que llegó incluso a originar profundos desequilibrios y disfunciones en lo que respecta al modo de compaginar vida pública y privada. El ciudadano se entregaba por entero al Estado: le daba su sangre en la guerra y el tiempo en la paz. No tenía libertad siquiera para dejar aparte los negocios públicos para ocuparse de los propios.

Por ello, al tiempo que la democracia se perfeccionaba, más se empobrecían los ciudadanos, creándose así un círculo vicioso en el que para compensar la insuficiente producción de riqueza se hacía necesario confiscar un mayor número de recursos a la población gobernada, con el objetivo de resolver el acuciante problema económico a nivel estructural propio de la polis.

Por último,si bien es cierto que la democracia ateniense disfrutó de períodos relativamente largos de estabilidad política, tal estabilidad se debe probablemente más a su particular historia como victorioso "ente conquistador", y no tanto al funcionamiento interno de su sistema político.

El desarrollo de la democracia ateniense vino posibilitado por el éxito de sus campañas militares, ya que tales victorias suponían importantes beneficios materiales para casi todos los estratos de la ciudadanía de Atenas lo que, sin duda, contribuía a la formación de una base común entre ellos, base que debió de ser bastante sólida mientras los éxitos militares tuvieron vigencia.

La democracia ateniense perduraría así hasta que fue derrotada por el ejército macedonio en el año 322 a.C., y durante un siglo y medio de existencia mantuvo una cierta hegemonía comercial y militar en el Egeo, pero también tuvo que hacer frente a diversas crisis y cruentas reacciones oligárquicas a lo largo del siglo V a.C., la segunda de las cuales, el régimen de los "Treinta Tiranos" (404- 403 a.C.), acarreó el asesinato de no menos de mil quinientos ciudadanos.

Cómo evitar el cambio de régimen en España

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Intranquiliza pensar en la instrumentalización política del Tribunal Constitucional para que sus sentencias otorguen una patina de legalidad a cambios legislativos, redactados en contra de los artículos de la Constitución Española de 1978 que protegen los derechos individuales. La irresponsabilidad de los políticos y la maleabilidad de ciertos jueces están sustentando un cambio de régimen político hacia el confederalismo, la nación asociada o el secesionismo radical que surja de la actual deriva nacionalista.

Aunque solemos desconfiar de la justicia por su politización, se podía pensar que el artículo 53 impediría a la máxima instancia judicial en temas constitucionales intervenir sobre los derechos a la vida (artículo 15), a la libertad (artículos 17) y a la igualdad ante la ley (artículo 14).

Sin embargo, precisamente, el último párrafo del apartado primero del artículo 53 permite cualquier atropello de derechos sea certificado legalmente por el Tribunal Constitucional, para gozo de los políticos que legislan leyes intervencionistas en los Parlamentos autonómicos y/o en el Parlamento nacional, para realizar ingeniería social y alcanzar utopías pisoteando los derechos de millones de ciudadanos.

Hace unos meses comentábamos la necesidad de lograr la independencia del Tribunal Constitucional (TC) y se proponía una nueva redacción del artículo 159 de nuestra Constitución Española de 1978 (CE). La falta de independencia del TC se comprueba al observar que, aplicando el apartado primero del actual artículo 159, hasta 8 miembros son elegidos por los políticos del Parlamento y no tienen necesariamente que haber sido jueces de carrera, pudiendo ser abogados, profesores universitarios o, incluso, funcionarios.

Debidamente cocinadas, las sentencias del TC obedecen a los designios de sus amos y dan legalidad oficial a leyes que serían inconstitucionales si las dictaminasen jueces que no debiesen sus cargos a favores pasados, presentes o futuros.

Ingenuamente, no imaginábamos que la plasticidad de los miembros del TC ante las exigencias de los políticos que los han elegido diera lugar a una sentencia favorable a la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género que, permite al Gobierno introducir discriminación "positiva" a favor de la mujer y, con ello, vulnerar claramente el artículo 14, según el cual "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer alguna razón de nacimiento, raza, sexo…".

Con estos antecedentes y con los procedimientos empleados por la presidenta del TC, ya vislumbramos que dicha institución dará visos de legalidad a la reforma encubierta de la Constitución que se introduce por medio de la ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Poco importa que el Consejo General del Poder Judicial haya informado acerca de su inconstitucionalidad, que se opriman los derechos individuales de cientos de miles de ciudadanos no nacionalistas, que haya sido aprobado por una minoría de los catalanes con derecho a voto, que se vaya a iniciar un régimen político confederal o, que se ataque la existencia de España como nación.

Poner freno al secesionismo totalitario va a ser prácticamente imposible con el actual Tribunal Constitucional, ya que no ejercerá la tutela judicial redactada en el artículo 53 para defender los derechos individuales de los ciudadanos no nacionalistas sino para certificar su defunción.

En lo que respecta a la tutela judicial efectiva, una reforma necesaria sería garantizar la independencia de los jueces que alcancen el Tribunal Constitucional (artículo 159), el Tribunal Supremo (artículo 123) y/o el Consejo General del Poder Judicial (artículo 122).

Quizás, en aras a garantizar la independencia judicial respecto del poder legislativo y el poder ejecutivo, los ciudadanos deberían elegir periódicamente los fiscales (artículo 124) y los jueces (artículo 122) que deberían tutelar sus derechos en cada jurisdicción judicial, sin el concurso de instancias superiores. O, como mínimo, deberían elegirse los altos cargos que administrarán los cuerpos de jueces y de fiscales, en vez de hacerlo los políticos del Parlamento.

Y, adicionalmente, el Tribunal Constitucional (artículo 159) tendría más sentido judicial integrado como sala quinta del Tribunal Supremo (artículo 123), encargado de los asuntos constitucionales pero estando formado exclusivamente por jueces de carrera, profesionales y experimentados.

En estos momentos, aunque desearía equivocarme, sólo existe una única posibilidad de proteger eficientemente los derechos y libertades individuales en todas las regiones de España frente a la ofensiva nacionalista.

La primera mitad de la solución, es ardua y compleja, ya que sería convencer a los dirigentes de los principales partidos nacionales sobre las indudables ventajas de un cambio en la ley electoral para que sean favorecidos por la instauración de doble vuelta y circunscripción electoral nacional.

La otra mitad de la solución pasa por lograr que, dicha nueva ley electoral, vaya acompañada de una propuesta de reforma constitucional que proteja los derechos individuales de todos los ciudadanos y corrija las enormes fisuras normativas de nuestra ley básica como, entre otras, el infame Tribunal Constitucional.

La PAC, un virus que se transmuta

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El alumbramiento de la PAC (1962), buque insignia de la Comunidad europea, vino con una tara inicial: los políticos quisieron proteger al agricultor y ganadero europeos de los fríos (y eficaces) brazos del mercado. Los primeros treinta años de la PAC fueron un verdadero despropósito interventor. Todos tenemos en mente los perniciosos efectos de las subvenciones directas a la producción, los precios de intervención, el barbecho impuesto, las cuotas a la producción, los subsidios a la exportación o los aranceles a la importación.

Las presiones fruto de las rondas del GATT (hoy OMC) y la perspectiva de la incorporación de nuevos miembros allanaron el camino de las diversas reformas de la PAC que se han ido sucediendo. Las más importantes –como la del comisario Ray Mc Sharry (1992), la Agenda 2000 (1999) o la última reforma de 2003 (que se empezó a aplicar en 2006)– han cambiado el modus operandi de la PAC, pero no su filosofía intervencionista.

De esta guisa, los sabios burócratas han eliminado (desacoplado) gradualmente casi todas las ayudas directas a la producción y las han sustituido por un pago único en forma de renta (por hectárea o por subvenciones medias históricas) independientemente de lo producido realmente. Asimismo, mediante el mecanismo denominado modulación, una parte significativa del presupuesto de la PAC se dirige ahora a planes de desarrollo rural.

Como se ve, pese a su lavado de cara, los empresarios agrícolas y ganaderos de Europa siguen rehenes de lo que los funcionarios decidan y proyecten para el campo. Cualquier desarrollo de la función empresarial, introducción de innovaciones o mejora de la competitividad en el sector será problemática. El virus sigue muy presente.

Recientemente la Comisión ha hecho un “chequeo médico” de la situación y ha propuesto nuevas reformas a los 27 Estados miembros, tales como mayores recortes en las ayudas directas todavía existentes, el aumento de la modulación, la supresión paulatina de las cuotas lecheras, el abandono del barbecho obligatorio del 10% de la superficie para el cultivo de cereales o la reducción de las subvenciones a los biocombustibles. Incluso la nueva comisaria del ramo nos ha lanzado recientemente sus “inefables” consejos para no comprar más comida de la debida (hay que tener la faz como el granito).

Por su parte, los diferentes lobbies agroganaderos se han movilizado de inmediato para pedir a sus políticos y al millar de funcionarios que gestionan la PAC que no se precipiten en dichas reformas. Toca a finales de este año la confección del presupuesto de la PAC para el 2013 y con los dineros “de uno” no se juega.

En un contexto actual de encarecimiento mundial de los productos alimenticios, la agricultura europea, además de haber distorsionado el mercado mundial durante décadas, se ha visto completamente impotente para acudir en ayuda efectiva de los más vulnerables (las rigideces de la PAC impiden a nuestros subsidiados productores crear excedentes puntuales). La mala conciencia aflora con propuestas de ayuda a los países afectados. No obstante el ministro francés del Agro, Michel Barnier ha superado a todos en hipocresía al decir, refiriéndose a la crisis alimentaria internacional, que lo que estamos presenciando en el mundo es una consecuencia de “demasiado liberalismo que fomenta la especulación”.

Triunfe o no la ronda de Doha, está claro que el agro-proteccionismo tradicional tiene sus días contados, pese a sus excepciones o prórrogas más o menos significativas. No obstante, la PAC se transmutará. Manejará sus fondos de otra forma. La nueva tendencia será que las ayudas vengan ahora “eco-condicionadas” para promover difusos proyectos (cofinanciados por los Estados) que cumplan con la prolija normativa europea de sostenibilidad medioambiental, salubridad alimenticia, protección de la biodiversidad, mejora en la gestión del agua, bienestar de los animales y lucha contra el cambio climático (ahí es nada).

El ignorar las señales del mercado durante casi medio siglo ha supuesto un condicionante empobrecedor y paralizante para muchos empresarios agrícolas y ganaderos que se han acostumbrado a mirar más al boletín oficial (europeo o nacional) que a las oportunidades de negocio, al consumidor final y, si me apuran, a la climatología. No parece que sea ésta la estrategia más adecuada ante un futuro de alza generalizada de precios de los alimentos.

Cuando se tiene un virus, lo deseable es destruirlo. Los objetivos señalados en el artículo 33,1 del Tratado de Roma se pueden conseguir mucho mejor mediante relaciones comerciales libres y voluntarias entre productores y consumidores, no mediante la planificación política de un bello jardín.

¿Qué es un neocon?

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

La doppiezza intelectual y el sfumato moral son características típicas de políticos profesionales y activistas más interesados en la recolección de votos que en la clarificación de ideas. Por desgracia, estos vicios resultan altamente contagiosos.

El pasado de mes de enero, Albert Esplugas comentaba en un artículo lo que él denominaba los siete pecados liberales. Entre ellos, el anti-izquierdismo instintivo que nubla la razón y nos lleva a defender cualquier cosa que la izquierda critique. Y el contrarianismo, que nos hace tan políticamente incorrectos que a veces nos pasamos de frenada.

Este tipo de corrupción se verifica en aquellos que jalean como liberal todo y a todos los que manifiestan su repugnancia hacia el actual presidente del Gobierno de España o que simplemente se autodefinen como "no socialistas". Como si el afán intervencionista sólo anidara en una parte del espectro político. Conviene no confundir política y politiquería, ambición e impostura. Otra de las falacias de los libero-oportunistas consiste en afirmar que un neocon es simplemente alguien que está a favor de la invasión de Irak.

Existen varias hipótesis sobre el llamado "neoconservadurismo". La más convincente es la que sitúa esta corriente política en la reflexión que en los años sesenta iniciaron Daniel Bell, Irving Kristol y otros acerca de los efectos nocivos de la nueva sociedad de consumo, las vanguardistas artísticas y la cultura pop sobre la familia, la religión y las virtudes cívicas. Les recomiendo The Cultural Contradictions of Capitalism, una de las obras fundacionales del movimiento. Esta idea subyace el tímido conservadurismo social de Reagan y Thatcher y fue popularizada por revistas como The New Criterion, Commentary y The National Review. La colonización neoconservadora ha dado lugar a un equívoco a mi juicio dañino para el liberalismo: el nuevo liberal-conservadurismo que a menudo no tiene de liberal más que el nombre. Intervencionismo económico, prohibicionismo y comunitarismo se hacen pasar por liberalismo en nombre de la oposición a una izquierda cuyos objetivos de control y experimentación social suelen diferir bien poco de la agenda neoconservadora. Así, el conservadurismo compasivo de George W. Bush y sus aliados se saldó con una explosión de gasto público y un déficit del 5% promovidos por el presidente y por un Congreso dominado por los republicanos durante seis de sus ocho años de presidencia.

Antes de esto, la alianza de los neocon con la Christian Coalition, afianzada cuando el astuto reverendo Pat Robertson decidió adoptar una retórica pro-capitalista (sin embargo, sus pupilos Ralph Reed y Grover Norquist, de la organización pantalla American for Tax Reform podrían acabar muy mal) se había cobrado varias víctimas en las filas republicanas. Docenas de candidatos moderadamente libertarios y periodistas e intelectuales que habían desempeñado una importante labor en publicaciones neoconservadoras fueron derrotados en elecciones primarias, despedidos u obligados a abandonar cuando alguien decidió que su negativa a comprometerse con la "agenda cristiana positiva", sus estilos de vida, amistades o gustos artísticos ("alguien que ha escrito un libro así sobre Picasso no puede seguir trabajando aquí") no concordaban con los objetivos de la cruzada.

En la actualidad, este movimiento sufre un gran desprestigio en los EE.UU y ha sido arrinconado en Gran Bretaña. Asimismo, el súbito auge y la estrepitosa caída de los partidos confesionales y la sangrante división del centro-derecha en algunos estados de Europa por la influencia de movimientos político-religiosos norteamericanos demuestra que el modelo es difícilmente exportable al Viejo Continente.

La política española sufre de un curioso jet-lag ideológico que a menudo se traduce en la importación y defensa sin matices de fórmulas fracasadas en todo o en parte. Confiemos en que el proyecto neocon, o al menos su innecesario corolario teoconservador, no sea una de ellas.

Inseguridad alimentaria

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Desde luego, el problema de la inseguridad alimentaria es político. Lo ha dicho Jacques Diouf, Director General la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la apertura de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial que se ha celebrado en Roma.

Se trata del reconocimiento de un error y, claro, la demanda de una solución. El problema se complica extraordinariamente cuando, como señaló Josep Borrell en su intervención, recordamos que la Unión Europea y el resto de países participantes persiguen como mínimo un doble objetivo: "alimentar a un 50% más de seres humanos y reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí a 2050". Es decir, el ubicuo cambio climático, la lucha contra un riesgo incierto, será el lastre con el que habrán de diseñarse las soluciones al problema real de la subida de los precios de los alimentos básicos y su desabastecimiento. Y dado que los principales responsables del incremento antropogénico del CO2 son los países desarrollados, en justicia, "la justicia del carbono", serán éstos los que financien mayoritariamente su solución. Pero no es la única falta para la que debieran hacer penitencia, y es que los países desarrollados, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, gracias a la constante presión de grupos ecologistas, han acumulado un despropósito político-agroalimentario tras otro.

Así, en los años 80 del siglo pasado, los gobiernos de la Europa occidental prácticamente prohibieron el suministro de fertilizantes a África, mientras que el Banco Mundial y fundaciones como la Ford abortaron la mayoría de sus proyectos en el continente, frustrando así el desarrollo de una versión africana de la Revolución Verde. Como dice Paul Collier, desgraciadamente, la agricultura comercial de gran escala no es algo romántico, es decir, no es sostenible según los parámetros ecoestéticos de moda en Occidente. Una moda que los países desarrollados se pueden permitir pero que en África ha significado el estancamiento, cuando no el retroceso, de su agricultura comercial en favor de una producción más humana, poco competitiva y con una productividad que se ve aún más amenazada por el incremento de los precios de los fertilizantes. Una moda que ha llevado a los gobiernos africanos a desestimar el cultivo de transgénicos, dado que la Unión Europea, tan progresista para otras cosas, ha prohibido la importación y exportación de productos genéticamente modificados. Proteccionismo con coartada ecologista, la imposición de una "moral" paternalista y retrógrada de la que los países más pobres son las principales víctimas.

Eso por no hablar de los 100 millones de toneladas de cereales, alimento para 450 millones de personas al año, que se transformarán en biocombustible con un coste adicional de hasta 12.000 millones de dólares en subsidios. Y es que el presunto cambio climático, las políticas para paliar sus efectos apocalípticos y otras lindezas ecologetas son una amenaza real a la productividad del sector primario, ya que detraen tiempo e ingentes recursos económicos que podrían destinarse a la investigación productiva o a la mejora de las infraestructuras.

Pero no todo es culpa de los países desarrollados; el proteccionismo de los países más pobres es una causa muy importante de la subida de los precios de productos como el arroz. Tyler Cowen nos cuenta que pese al incremento estimado de la producción, que según la FAO alcanzará este año el 1,8%, se espera que el comercio internacional se reduzca un 3% el año próximo en países productores como India, Indonesia, Vietnam o China.

Eso sí, nada comparable, denuncia Diouf, a la "contradicción básica" que se observa en "que en 2006 los países de la OCDE hayan provocado la distorsión de los mercados mundiales con 372.000 millones de dólares de subvenciones a sus agriculturas".

Tiene razón el director general de la FAO: "Se trata de una cuestión de prioridades ante las necesidades humanas más esenciales." Lástima que la asignación de los recursos en este tablero dependa de las decisiones que adopten los gobiernos.

Aranceles a la exportación

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

A la hora de adquirir bienes de países distintos al de residencia estamos acostumbrados a tener que pagar un impuesto especial llamado arancel. Este tributo recae sobre los bienes provenientes de países extranjeros por el simple hecho de no haber sido fabricado en el nuestro, por lo que soportan un coste extra del que están exentos los nacionales. La justificación que suele emplearse para el empleo de este tributo es que, de alguna manera, protege las empresas nacionales frente a las de otros países. Este argumento suele ser muy contestado, al obviar el hecho de que los consumidores se ven obligados a comprar a un precio superior dichos bienes, con el perjuicio económico que les supone.

No resulta tan conocido otro impuesto sobre las transacciones internacionales que se imponen a los productos que abandonan un país, los llamados aranceles a la exportación. Tradicionalmente era empleado por países con yacimientos petrolíferos, aunque últimamente son más conocidos a raíz de su imposición por parte de países con fuerte producción agrícola. El motivo por el que el legislador suele justificarlos es doble, de un lado evitar el desabastecimiento interno, y de otro amortiguar el traslado de los precios internacionales de dichos bienes al mercado interno.

Aunque a primera vista pueda parecer un objetivo loable, la lógica económica nos indica que este tipo de medidas tiene un efecto contrario, ya que empobrece a los habitantes de dichos países. Una subida del precio mundial de estos productos, en los que tiene ventajas competitivas un país (ya sea por su clima, suelo o por cualquier otro motivo), aumenta el beneficio de sus productores. Este aumento en su beneficio provoca que otras personas se animen a producir dichos bienes, ya que obtendrían un mayor beneficio en dicho sector. Este mayor número de emprendedores trae consigo que también deba aumentar el número de trabajadores dedicados a estas labores. Al existir un aumento en la oferta de empleo el salario de los trabajadores también aumenta, por lo que dicha riqueza también se extiende a los mismos. A su vez, los mayores beneficios provocan una mayor inversión en técnicas de mejora en la obtención de dichos productos, por lo que se logra una mayor producción. Por lo tanto, un mayor precio internacional de dichos bienes tiene un quíntuple incremento, en los beneficios, en el empleo, en los salarios, en las técnicas y en la producción.

Por el contrario, si se gravan estos bienes destinados a la exportación, cae el beneficio de los productores, por lo que aquellos que tienen más dificultades para producir, normalmente los más pobres, dejan de ser rentables y acaban cerrando su negocio. Por lo tanto el efecto es precisamente el contrario, menor beneficio, menor empleo, bajadas de salarios, empleo de técnicas menos avanzadas y una caída en la producción.

Cabría argüir si a pesar de todos estos inconvenientes los habitantes más pobres de estos países se ven beneficiados de alguna manera por la existencia de estos aranceles a las exportaciones. La respuesta es también negativa, ya que tanto el empleo como los salarios disminuyen con este tipo de medidas. Por otro lado, los trabajadores se ven desplazados hacia otros sectores que en los que su país no cuenta con dichas ventajas competitivas, por lo que el valor añadido de su producción es inferior, y por tanto también lo es su retribución.

Por tanto, si se desea realmente ayudar a la parte más pobre de la población, los aranceles a la exportación deben ser eliminados, de manera que gracias a su trabajo y esfuerzo, los ciudadanos de estos países puedan poner en venta aquellos bienes en los que tienen algún tipo de ventaja competitiva, obteniendo un mayor beneficio por ello.