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De cómo el Estado destruye el libre mercado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Quizá una de los argumentos que más se usan para justificar la acción del Estado en nuestras vidas es la imposibilidad del mercado de cubrir las necesidades de la gente en aspectos que no se perciben como un beneficio económico directo. Qué liberal no ha polemizado con alguien que no llega a convencerse de cómo los intercambios libres entre personas son capaces construir las calles, las carreteras que comunican municipios o pedanías poco poblados o prestar cualquier tipo de transporte público que los conecte con zonas de mayor densidad de población.

Y semejante duda sobre las capacidades del libre mercado tiene su lógica, no porque éste no sea capaz de cubrir esas necesidades, sino porque los hombres de estado llevan décadas, sino siglos, asegurando que es imposible y que sin su dirección y sus planes todo degeneraría hacia un caos destructivo. Sin embargo, la acción del Estado es causa de muchos de estos males y rara vez de la solución; diría que nunca. El Estado se convierte en un freno a la economía, en un agujero negro de la riqueza, en un destructor de la iniciativa, de la asociación libre y voluntaria, de la responsabilidad individual.

La inhibición de la acción humana se suele hacer evidente todos los veranos en España, cuando miles de hectáreas de montes y prados arden sin control. Los, a menudo, ineficaces sistemas antiincendio organizados por municipios y comunidades autónomas crean una falsa sensación de seguridad de la que muchos se despiertan de manera trágica. La gestión y cuidado de las fincas generaría un boyante sector empresarial, financiado en principio con lo que el sector público dedica a estos costosos sistemas, reduciendo el impacto de los fuegos a la vez que creando riqueza, puestos de trabajo, competencia por realizar esa labor de manera más eficiente, a la vez que se favorecería la responsabilidad de los dueños para con sus propiedades, que en muchos casos deja mucho que desear. El abandono de fincas a cambio de subvenciones, dentro de la política agrícola europea, es uno de los ejemplos de cómo el Gobierno destruye riqueza. La explotación de las fincas –turismo medioambiental, agricultura, ganadería, productos silvícolas o cinegéticos– dentro de un mercado libre sería suficiente para hacer compatible la generación de riqueza y su conservación, acercándonos de esa manera a uno de los objetivos de los grupos ecologistas, la conservación del medio ambiente.

Otro ejemplo donde el Estado desacelera y destruye la iniciativa individual es nuestro sistema de salud pública. Prácticamente todos hemos padecido o conocemos a alguien que ha sufrido la ineficacia de un sistema sobrepasado, donde la tardanza en realizar pruebas esenciales puede llegar a convertirse en tragedia, donde trucos administrativos transforman interminables listas de espera en éxitos electorales. Sin embargo, en España el sistema sanitario privado tampoco recibe excelentes valoraciones por parte de sus clientes. No es de extrañar, pues ha nacido como complemento al público, de forma que muchos casos clínicos terminan derivados al primero y, si bien esta situación se está corrigiendo, las primas de los seguros que cubren determinados tratamientos son inalcanzables para economías modestas. El Estado crea un sistema ineficiente que retiene recursos financieros que podrían ayudar a crear multitud de empresas que satisfagan a los ciudadanos, de forma que sean estos los que decidan qué relación calidad-precio quieren pagar por proteger su salud.

Un ejemplo similar es el que se vive en el sector de la educación. Los resultados no acompañan y cada vez son más los que nos quejamos de la calidad de la educación pública, que empeora año a año, y del sistema, ineficiente y poco preparado para los cambios tecnológicos y sociales que vive la sociedad española. A eso hay que añadir un adoctrinamiento moral que se pretende con asignaturas como Educación para la ciudadanía, pero que de alguna manera ya está presente en los contenidos y el ideario que actualmente se imparte. De nuevo las quejas hacia el sector privado se dirigen hacia su elitismo y su coste desorbitado, lejos de las economías del español medio. La concertación de colegios privados, es decir la alianza del sector público y privado, favorece esta situación y no permite que se genere una competencia real entre colegios para dar una educación adecuada y asequible a todas las economías y familias, pues los colegios se suelen limitar a cumplir con los requisitos que se les impone desde la administración. De hecho, el actual sistema hace imposibles otros sistemas de educación como el homeschooling, que permitiría a las familias controlar en todos los sentidos los contenidos y valores que quieren transmitir a sus hijos.

Cualquiera que sea el sector en el que el Estado tiene algún tipo de presencia o influencia, se produce un fenómeno parecido. Los ciudadanos creen que se les cubren una serie de necesidades cuando en realidad debían ser ellos, como individuos responsables, los que las satisficieran. Los sistemas públicos se vuelven ineficientes, muy pequeños para las necesidades reales, pero no pueden desaparecer porque ello supondría reconocer su propio fracaso. Se incrementa la presión fiscal y se crean nuevos aparatos burocráticos en forma de organismos públicos o comisiones que gastan estos recursos que los contribuyentes podrían invertir de una manera más apropiada en negocios y servicios que se adecuen más a sus verdaderas necesidades y no a las que ciertos políticos consideren esenciales.

Juguetes rotos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Mattel se ha visto obligada a retirar del mercado nada menos que 18,6 millones de juguetes. La mayoría de ellos porque tienen una pila pequeña y que se puede desprender fácilmente. Si los niños llegan a tragarla pueden sufrir daños muy graves e incluso fatales. Pero la prensa mundial, como la española, se ha centrado los que se han retirado porque la pintura que les cubría tenía niveles tóxicos de plomo. Como los niños se comunican con el mundo llevándose las cosas a la boca, entre otras formas, podían resultar peligrosos. La empresa ha facilitado a los consumidores el modo en que cambiar esos juguetes por otros, completamente gratis.

El asunto está siendo utilizado por quienes quieren frenar las importaciones chinas a los Estados Unidos y al resto del mundo. Son los mismos que por un lado acusan a los empresarios como Mattel de beneficiarse de unos pobres trabajadores que les entregan sus servicios a cambio de una miseria, como si en algún momento tuvieran el más mínimo interés por la situación de esas personas. Ello, mientras por otro quieren frenar un proceso que, en la última década, ha elevado los salarios de los trabajadores chinos en la industria una media del 14 por ciento al año. Ello supone haberlos multiplicado por 3,7.

Todo este asunto es ideal para ilustrar el comportamiento típico del capitalismo y del socialismo. Por lo que se refiere a la compañía, la segunda oleada de retiradas de juguetes ha obligado al presidente de la compañía a exponer en un vídeo que su empresa se siente verdaderamente concernida por la seguridad de sus productos, como demuestra que se haya ofrecido a cambiar los productos asumiendo todos los costes. Además ha aumentado los controles sobre la calidad de las pinturas. Por su parte, Toys ‘R’ Us ha aumentado en un 25 por ciento el presupuesto destinado a controles de calidad de los productos procedentes de China. "Descartamos juguetes continuamente", reconoce la portavoz de la empresa, Kathleen Waugh. Wal Mart va por el mismo camino. Todo ello por el propio interés, que está ligado a mantener la confianza de los consumidores, y sin necesidad de que un departamento de sanidad les obligue a tomar tales medidas.

Para ser honestos, el problema que ha generado la mayor parte de las retiradas no es culpa, ni puede serlo, de las empresas subcontratadas en el país asiático, ya que se debe a un mal diseño por parte de la compañía. Caso distinto es el del millón y medio de juguetes cubiertos de una pintura tóxica que tuvo que retirar recientemente Thomas & Friends. Los consumidores pueden reaccionar estas navidades y la continuidad de la empresa está en entredicho. La propia cotización de Mattel se ha desplomado desde junio por estos problemas. Si no responde con prontitud también el gigante puede ver comprometido su futuro por este asunto.

¿Cuál es la estrategia china para lidiar con este asunto? Hay un departamento de control de calidad de las exportaciones que hace la labor que en el mundo libre hace el mercado. ¿Funciona mejor la burocracia? Con ineficacia, incentivos perversos y corrupción. Recientemente el régimen ha ejecutado (lo han leído bien) a uno de sus funcionarios por haber aceptado sobornos por hacer la vista gorda. Así estén dispuestos a doblar sus escalofriantes cifras de ejecuciones, el régimen no logrará acabar con la maldad de la burocracia como no sea eliminándola.

Entonces, ¿qué queda por hacer? El problema, como señala el profesor Edward A. Snyder en un reciente artículo titulado The market’s place, es que

Las compañías chinas ni se acercan a la lista de BusinessWeek de las 100 primeras compañías del mundo en valor de su marca. La lista incluye empresas como la española Zara, la surcoreana Samsung y el renacido americano Apple. Pero ¿empresas chinas? Ninguna.

Las compañías chinas no están acostumbradas a la disciplina impuesta por el mercado. Pero eso irá cambiando, porque esa disciplina, que se inflige por los consumidores a productores y comerciantes, cae en cascada hacia los proveedores. No será la restricción de las importaciones desde China sino, por el contrario, la profundización de las relaciones comerciales lo que ayude a las empresas de allí a habituarse a los exigentes criterios de calidad y seguridad de los ricos consumidores occidentales.

Los Cristeros o defensa armada de la libertad religiosa

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910 contra el Porfiriato, triunfó oficialmente en Querétaro al promulgarse la Constitución de los Estados Unidos de México en febrero de 1917. Con dicho texto constitucional se quiso proyectar desde raíz el nuevo Estado mexicano e impulsar su modernización. También con ello se desterró, hasta el día de hoy, el incipiente liberalismo decimonónico de una de las naciones más importantes de América.

Fue la primera Constitución en el mundo (dos años antes que la de Weimar) en reconocer la función social de la propiedad y los derechos laborales colectivos que luego serían moneda corriente en el constitucionalismo contemporáneo. También se caracterizó por un laicismo exacerbado. Su artículo 130 establecía la saludable separación entre el poder público y el religioso, pero decretaba su férreo control y negaba la personalidad jurídica a las iglesias, con sus consiguientes efectos jurídicos. El artículo 3 del Texto fundacional, por su parte, decretaba que la educación sería otorgada por el Estado de manera laica y gratuita.

Las facciones victoriosas de la Revolución (carrancistas y obregonistas), en su actuación posterior, además, se distinguieron por un furibundo anticlericalismo a diferencia de los villistas o zapatistas. Demasiados planificadores estatales piensan insensatamente que el católico no puede ser un buen ciudadano puesto que su primera lealtad es con Roma y no con el Estado (y esto, por Dios, ha de cambiarse).

Años más tarde, nada más llegar al poder, el general Plutarco Elías Calles intentó, con escaso éxito, la creación de una Iglesia nacional mexicana (al estilo de la iglesia estatal china católica de hoy) y, mediante ley, desarrolló el texto constitucional en virtud del cual se facultó a los gobernadores de los estados de la República para imponer todo tipo de restricciones a los ministros de culto (en algunos estados obligaron a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, se determinaron el número de ellos y su nacionalidad; en otros se prohibió expresamente el culto católico). La Iglesia mexicana procuró eludir estos intentos por dificultar la libertad religiosa de sus fieles oficiando misas e impartiendo lecciones en la clandestinidad.

La puntilla la dio en junio de 1926 la famosa Ley Calles por la que se ilegalizaron templos, seminarios y conventos amén de equiparar las infracciones en materia de cultos y de enseñanza confesional con los delitos comunes (estos callistas eran todos unos modernos).

La reacción de los cristianos mexicanos no se hizo esperar: promovieron un boicot para no pagar impuestos y no consumir productos del Estado (lotería, gasolina…). La relación entre los representantes estatales y los católicos se deterioró progresivamente hasta que desembocó en la conocida como Guerra Cristera (1926-29) en la que gente sencilla, en su mayor parte campesina, mal pertrechada y sin ningún entrenamiento militar produjo una formidable resistencia al poder tiránico. Con el tiempo se les fueron uniendo incluso militares y participantes de la propia Revolución de 1910. Mantuvieron en jaque al ejército federal durante tres años. Se les llamó despectivamente "cristeros" porque antes de ser fusilados solían gritar "Viva Cristo Rey". Fueron asesinados por millares.

Al final, hubo un precario acuerdo con el Gobierno por el cual la Iglesia podría sobrevivir en una situación más o menos consentida dentro del Estado mexicano (el llamado "modus vivendi"). La enseñanza oficial mexicana omite oportunamente hasta el día de hoy toda referencia a esta resistencia armada de la sociedad civil que aún cuenta con supervivientes. En relación con este asunto, el católico Graham Green escribió en 1940 una de las mejores novelas contemporáneas (sin moraleja y asombrosamente moderna).

Las persecuciones a los católicos en el pasado siglo XX no fueron, por desgracia, exclusivas de la Revolución Mexicana, también la España de la segunda República vivió, una década más tarde, "modernizaciones" semejantes (1,2). Asimismo católicos alemanes y, en menor medida, italianos vieron restringidas sus libertades de culto, expresión y enseñanza durante los regímenes totalitarios (1,2), al tiempo que los nazis masacraban impunemente a los judíos. En otro ámbito distinto, los budistas tibetanos siguen aún hoy sufriendo represión por no someterse a los dictados del Estado chino (1,2).

Todo Estado confesional es una aberración comunitaria. El Estado aconfesional es, sin duda, un logro de las sociedades libres y una garantía para las libertades religiosa y de conciencia de todos. El Estado laicista, por el contrario, no es neutral sino que se posiciona contra las creencias de algunos de sus súbditos: es activa e intencionalmente anticatólico. A su manera, es otro tipo de Estado confesional.

Sus métodos son hoy, por fortuna, otros, pero el moderno laicismo persigue los mismos fines de numerosos racionalistas estatales que ha habido en los países marcadamente católicos desde la Revolución francesa: suplantar a la Iglesia (percibida como rival), demoler los valores morales (católicos) y adoctrinar en idolatría y fidelidad hacia el Estado para formar ciudadanos convenientemente adocenados. De esto sabe mucho el socialismo.

Esperanza perdida

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La esperanza tal vez sea lo último que se pierde, pero a veces también. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la presuntamente menos liberticida de los actuales políticos en el poder, ha decidido (¿ella sola o asesorada por alguna lumbrera?) prohibir la construcción de edificios de altura superior a tres plantas (incluida la baja) más ático. Esta nueva agresión contra la libertad al menos se limita a suelos no programados o rústicos y no afecta a los planes urbanísticos municipales ya aprobados: los gobernantes son tan magnánimos que suelen respetar la irretroactividad normativa del Estado de Derecho y presumen de ello; estaría feo prohibir hoy lo que ellos mismos permitieron ayer. Además habrá excepciones para los edificios singulares o con valor arquitectónico, "que enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural": los tecnócratas y burócratas de turno impondrán sus preferencias subjetivas particulares (camufladas como "valor arquitectónico" objetivo) sobre las apreciaciones subjetivas de los ciudadanos de a pie para la aprobación de "rascacielos o edificios emblemáticos". Sus "razones" (por llamarlas de alguna manera) para todo esto, recogidas en diversas declaraciones, son penosas.

Quiere "un urbanismo más humano y que aporte más calidad de vida. Los madrileños quieren más calidad, tienen todo el derecho a disfrutarla y ahora existen las condiciones para ofrecérsela, ha llegado la hora de iniciar el camino de un urbanismo renovador y más humano". ¿Cómo sabe lo que quieren los madrileños, cada uno de ellos, en detalle y con precisión? ¿Todos quieren lo mismo? ¿Sabe qué costes está dispuesto a asumir cada uno para conseguir lo que quiere? Lo de querer más calidad en abstracto es una perogrullada obvia y demagógica, no vamos a pedir menos calidad (salvo si un precio menor lo compensa, claro). Ese derecho a disfrutar de la calidad, ¿tiene alguna justificación ética o jurídica o es simplemente un guiño a los votantes? ¿Tiene alguna relación con el derecho de propiedad que fundamenta la libertad humana y es violado por esta nueva coacción legal? ¿Quién va a ofrecer esa calidad? ¿Los políticos? (Risas) Lo del urbanismo "más humano" es especialmente patético: ¿qué pasa, que las alternativas son "inhumanas"? ¿A qué especie animal pertenecen los residentes en Manhattan o en Hong Kong? Qué mala es la densidad de población, vivir todos juntos y rodeados de mucha gente y así poder tener un millón de amigos y además todos cerca de casa.

Afirma Aguirre que "no podemos hacer el mismo urbanismo que en las décadas de los 50, 60 ó 70, un urbanismo apelotonado y deshumanizado, con edificios de más de diez alturas". Si se refiere a que no somos capaces de construirlos, se equivoca; si se refiere a que está prohibido, efectivamente ella acaba de hacerlo. Con la excusa de demonizar la densidad de población refiriéndose a ella como "apelotonamiento" (deshumanizado, claro).

Aguirre cree en "un país de propietarios que no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas en páramos periféricos"; esto supondrá "limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas"; esta medida conferirá a los ciudadanos "más contacto con la naturaleza, más sol y más espacio". Tal vez crea en los propietarios pero no acaba de entender qué es la propiedad. De los diez pisos límite ahora pasamos a 12 o 14 (de moles de hormigón, que suena muy feo, y además en páramos periféricos, muy sonoro y evocativo); igual es posible hacer edificios de viviendas altos y atractivos pero no conviene mencionarlo si se va a prohibir; la precisión del número de pisos a partir del cual un edificio no es "humano" no es su fuerte y no se entiende muy bien por qué de estas cantidades al final la ley fija el límite en 3 plantas (¿numerología?). Ahora concreta algo más lo que quieren los madrileños por si nosotros mismos no lo sabemos: contacto con la naturaleza (debe de referirse a esos jardincillos artificiales que abundan en los nuevos barrios), sol (como no creo que controle el tiempo atmosférico seguramente quiere decir viviendas exteriores y que unos edificios no hagan sombra a otros; lo que tiene más crudo es que el sol entre por la mañana por todas las ventanas, a no ser que exija por ley que todas las viviendas se orienten al este) y espacio (efectivamente en los nuevos desarrollos urbanísticos ya se notan aceras y calzadas enormes casi siempre vacías y todo muy lejos de todo, quizás para fomentar el saludable hábito del paseo o el desarrollo de la industria automovilística); donde quizás no haya tanto espacio es el interior de las viviendas dado lo cara que está la superficie edificable (¿por qué será?).

A su juicio, "los madrileños que tienen parte de sus zonas urbanas fruto de lo que fueron en los años 50 y 60 la llegada masiva de inmigrantes del resto de las provincias españolas demandan ahora un urbanismo más humano y más adaptado a lo que es una región que está en vanguardia en Europa y que pretende que sus familias puedan vivir de una forma más parecida a la del resto de miembros de la Unión Europea. Lo que queremos es un urbanismo más humano donde las familias madrileñas puedan vivir entrándoles el sol por las ventanas, teniendo garantía de zonas verdes, de parques y jardines en vez de vivir en torres en medio de los páramos como al parecer los urbanistas socialistas autorizan". Qué malos son los urbanistas socialistas que autorizan cosas así, mejor prohibir y presumir de liberal. Sigue abusando de lo humano, demasiado humano. Y afirma, como buena colectivista, que la región (somos los mejores, oé, oé, oé) pretende (la región es la entidad que pretende, suena como colectivista) que sus familias vivan más como los otros europeos, nos guste o no. Como hay diversidad de europeos, ahora va a concretar.

Este modelo urbanístico tiene su base en países como Reino Unido, Alemania, Bélgica u Holanda, cuyas ciudades Aguirre considera "un ejemplo de urbanismo humano, de calidad y respetuoso con el medio ambiente, por eso aquí también habrá un urbanismo de calidad"; los madrileños "no tienen por qué vivir de forma diferente a los europeos ni en cajas de cerillas". Más humanismo y calidad, se hace pesado. Los madrileños ya vivimos en cajas de cerillas y su prohibición agravará el problema al dificultar el uso inteligente de la tercera dimensión (la altura) y la generación de superficie y volumen habitable. A Aguirre le gusta cómo viven en algunos países y tenemos que imitarlos; no nos deja elegir por nosotros mismos, no permite que sean unidades de gestión más pequeñas (los municipios, o los barrios, por ejemplo) los que experimenten diversas alternativas urbanísticas: café para todos. De no estar obligados a vivir de forma diferente a los europeos vamos a pasar a estar obligados a vivir igual que ellos: eso es progreso.

"En lo que se refiere a las alturas de las viviendas, países como el Reino Unido, Holanda o Bélgica, con superficies territoriales muy inferiores a la de España, y con una arraigada tradición de defensa del medio ambiente, tienen mucho más suelo urbanizado que nuestro país. Y ciudades como Ámsterdam o Bruselas, que son referencias mundiales en materia de urbanismo, de transportes y de calidad de vida, son ciudades extensas y ajardinadas, donde predominan las viviendas unifamiliares con parcela y donde es casi imposible ver edificios residenciales de más de 4 alturas fuera del centro. El modelo de urbanismo que se practicó en España en los años 60 y 70, con moles de 15 alturas rodeadas de páramos, quizá fuera necesario entonces, como solución de urgencia frente al éxodo masivo del campo de las ciudades. Pero hoy es innecesario e incompatible con las necesidades y las aspiraciones de los madrileños a una vivienda de calidad. Es necesario un modelo de urbanismo más humano, más transparente, más ágil y menos arbitrario. Y, en este sentido, establecer un máximo de alturas elimina de raíz la posibilidad de retener suelo con fines especulativos, a la espera de que el lápiz de algún político o de algún funcionario incremente arbitrariamente el número de alturas permitido y, por tanto, los beneficios de los especuladores."

Sigue insistiendo en lo estupendos que son los países y las ciudades que a ella (y quizás a sus asesores) le gustan. Ahora las moles son de 15 plantas. Y al mencionar los páramos, tal vez no ve que todo eso es suelo disponible para otras viviendas o para parques, y si el urbanismo se empeña en la baja altura el suelo se ocupa más rápidamente. No aclara por qué o para qué es necesario su urbanismo: va a ser que porque sí o porque lo digo yo. ¿Ha pensado en que el alto precio de las viviendas en el centro de Madrid, altas, apelotonadas y sin naturaleza por medio, indica algo sobre las preferencias de los compradores? Bajo su mandato la norma ya no es arbitraria: prohibido más de tres alturas, ¡qué avance en el rigor legal, todos igualmente fastidiados! Y acabamos hablando mal de los especuladores, que siempre queda bien, y mencionando la posibilidad de que los políticos (otros, ella no) y los funcionarios se corrompan. Mejor que se cumpla la ley estrictamente, por absurda e inadecuada que sea, ¿no?

Abuso de poder

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

La demanda de AMD contra Intel por supuesto abuso de posición dominante no ha caído en saco roto. La Comisión considera que "Intel ofreció ventajas a algunos clientes para que rechazasen productos de AMD con el fin de expulsar a esta empresa del mercado". Concretamente, según relata Libertad Digital, fue la cadena Media Markt a quien Intel trató de convencer de no "vender ordenadores con componentes electrónicos fabricados por AMD".

La primera cuestión que suscita el tema es si Intel puede ofrecer descuentos competitivos a sus clientes para que éstos compren productos que lleven incorporados sus procesadores en lugar de los que fabrica su competidor, AMD, la segunda fabricante mundial de estos bienes.

La comisión europea probablemente ataque implacablemente a Intel como ha hecho con Microsoft en el pasado. A la empresa de Gates, la castigó con una multa de 500 Millones de Euros por otro supuesto abuso de posición dominante. En aquella ocasión, Microsoft tuvo que pagar un peaje por añadir a su sistema operativo Windows un reproductor multimedia, Windows Media Player, porque la competidora Real Networks, propietaria del software Real Player, sintió que eso le hacía perder cuota de mercado. Pero el verdadero perjudicado será una vez más, como el lector se puede imaginar, el pobre consumidor. Ese consumidor que, aunque tenga el Windows Media Player pre-instalado en su ordenador, puede bajarse de la web el programa de Real Networks, debe ser protegido de la avaricia de Gates, el Scrooge de nuestro tiempo.

Ahora el peligro se llama Intel. Es una empresa como otra cualquiera, pero con un pequeño inconveniente que, a juicio de los responsables de su competidor, AMD, "perjudica la competencia y a los consumidores". El mantra de la competencia es una burda excusa de los artistas de la incompetencia, los estados, para intervenir en el mercado, impulsados por algunas empresas que no aceptan las reglas del juego. En nombre de la competencia deciden si el éxito de una compañía es un problema para la sociedad.

Con el tiempo se descubre que las predicciones monopolísticas de los gurús mediáticos y los eurócratas son totalmente infantiles. Lo vemos con el propio Microsoft. Debido a sistemas operativos como Linux o Mac y programas gratuitos como Google Docs y Open Office, así como navegadores como Firefox u Opera, el gigante de Redmond ve como su maldecido monopolio es amenazado hasta un grado preocupante.

El mercado es duro y premia la innovación y la adecuación a las preferencias de los consumidores. Por eso no hace falta ninguna legislación que ponga obstáculos a algunos corredores para que otros lleguen a la meta. Los únicos "abusones" suelen ser los estados, quienes determinan las condiciones de acceso a los mercados y, de esa forma, cierran el paso a muchas empresas. Aunque de esto no se suele hablar.

Si el objetivo es poner a Intel en su sitio y hacerle pagar por sus méritos, entonces la multa tendrá un claro efecto en los precios de los ordenadores porque la empresa norteamericana se verá obligada a subir sus precios y, por tanto, los fabricantes de ordenadores tendrán que hacer lo propio. Llegado el caso, los consumidores podremos demostrar nuestro agradecimiento a Neelie Kroes, guardiana de nuestra salud consumista.

Con mucha sorna, Wall Street Journal ha subrayado que si "Europa no puede ser un líder en tecnologías de la información, puede convertirse al menos en el regulador mundial de la industria. Si esto sucede, el mundo está destinado a ser menos competitivo e innovador, bueno, tal como Europa".

Las empresas pasan por malos tiempos cuando tienen que invertir más en abogados que en investigación y desarrollo, más en hacer lobby que en mejorar sus productos.

Sin duda, este es un claro ejemplo de cómo la ley se utiliza no para proteger los derechos de propiedad sino para conculcarlos en nombre del interés común…Y a esto le llaman competencia.

El papel monetario (y civilizador) del oro

Escrito por José Ignacio del Castillo en . Publicado en Análisis diario.

Richard Salsman en su libro Gold and Liberty señala que el papel monetario “oficial” del oro depende del sistema político imperante en cada tiempo y lugar. Cuando el papel moneda inconvertible no es avalado por leyes de curso forzoso y los poderes del Estado son limitados, el oro es reconocido oficialmente como dinero. Cuando el Estado goza de amplios poderes para manipular el signo monetario y el oro es hostigado más o menos abiertamente, el metal amarillo pasa a convertirse en refugio frente a la depreciación monetaria y eventualmente medio de cambio en economía sumergida. Sea como fuere, las propiedades monetarias del oro no desaparecen por mucha desmonetización de iure que los estados aspiren a establecer.

Decía Percy Greaves que “el oro será desmonetizado cuando las mareas obedezcan las órdenes de retirarse que les daba el rey Canuto”. En la actualidad, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, la inmensa mayoría de la demanda de oro tiene como finalidad su atesoramiento, no su consumo. Eso es lo que le hace distinto de la práctica totalidad resto de bienes. El oro tiene una idoneidad objetiva para satisfacer las necesidades de acumular riqueza, intercambiar sin sufrir quebranto y calcular el beneficio o pérdida de las actividades con ánimo de lucro. Esta idoneidad objetiva que el mercado descubrió en el oro está en relación con las cualidades que posee: ser atractivo y precioso, escaso por persona, tener una altísima proporción stock/flujo anual, ser divisible, fungible, cómodo y barato de transportar y además no perecedero.

No se trata de que el oro tenga un valor intrínseco. Tampoco de que en torno a él exista una suerte de fetichismo místico o las reminiscencias de una bárbara reliquia. Se trata de que es objetivamente mejor dinero que el papel moneda inconvertible –que no es ni atractivo, ni precioso, ni tiene garantizada una alta proporción entre el stock existente y el flujo anual que se crea cada año y además es notablemente deficiente a la hora de conservar valor a través del tiempo. Su supuesto bajo coste de fabricación (y las ventajas de economía en el empleo de recursos) no tiene en cuenta los enormes costes para la economía que acompañan a su empleo en términos de coberturas por tipos de cambio y tipos de interés, la reducción ahorro, las burocracias de los bancos centrales, la proliferación de dinero caliente y su efecto desestabilizador, etc.

El economista sueco A. Okun expresó esta misma idea de otra forma: en el régimen de inconvertibilidad la conservación del valor de los ahorros depende de la especulación acertada y la sofisticación financiera. Cuando existe papel moneda no hay ancla estable de ningún tipo. Incluso el valor del oro se vuelve volátil a corto plazo según fluctúa la confianza en el papel moneda. El valor de los ahorros de la gente pasa a estar a merced de la actitud de los banqueros centrales, de los programas políticos, de la calidad de los activos y de las reservas sistema bancario, de la deuda pública flotante, de la estabilidad del estado y de sus cuentas, de la incertidumbre geopolítica. No es extraño que todo ello lleve a acrecentar la preferencia temporal eliminando uno de los principales factores de civilización como es la atención del largo plazo, a socavar las clases medias y a infantilizar a la gente que se vuelve hacia el Estado como supuesto salvador.

Ecologismo incendiario

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Los principales responsables de los incendios que han asolado Canarias este mes de agosto no cabe duda que son las personas que prendieron fuego al monte. En otros sitios he tratado de mostrar que tanto los políticos como quienes dirigieron el operativo  contribuyeron a ampliar el efecto de las llamas y que los verdaderos héroes de la lucha contra el fuego fueron los vecinos de algunos de los pueblos afectados.

Sin embargo, hay otro grupo que tiene un buen pedazo de (i)responsabilidad en el desastre que han vivido miles de familias en Gran Canaria, Tenerife y la Gomera. Se trata del movimiento ecologista. Estos autoproclamados defensores de la naturaleza le pusieron una alfombra roja al fuego y están dispuestos a aliarse con quien haga falta para centralizar la gestión de futuros desastres.

La obsesión del movimiento ecologista por crear reservas naturales donde la mano del hombre quede totalmente erradicada y donde impere la "armonía de la naturaleza" les ha jugado una mala pasada a los canarios. Dicho de otro modo, las medidas ultraproteccionistas que impedían tareas de explotación en las zonas afectadas multiplicaron el efecto de los incendios. Esto lo han denunciado repetidamente los agricultores y ganaderos de las ahora no tan afortunadas islas y anteriormente de toda España.

Mientras el incendio avanzaba sin encontrar obstáculo alguno, un representante de este gremio denunció que "los que tradicionalmente cuidaban el campo parecen ser los delincuentes", y añadía que "los incendios llegan a un calibre tan grande porque el campo está abandonado" ya que "parte del incendio se debe también a que no se hacen los cuidados que el campo merece". Respecto a la pinocha que cae de los pinos y que causó el rápido avance de las llamas el mismo agricultor comentaba que «eso ya no nos dejan tocarlo y hay zonas en las que se acumula medio metro de altura de este material que cuando hay fuego se convierte en gasolina».

La fundación Foresta, un interesantísimo proyecto para el estudio y la reforestación en el archipiélago canario, también se ha unido –quizá sin siquiera ser consciente de ello– a las voces sensatas de quienes ven en el radicalismo ecologista un peligro para la ecología y para el ser humano. Según esta institución, una de las principales causas de la expansión del incendio es "la normativa que impide a los propietarios realizar las actividades tradicionales de aprovechamiento forestal".

En medio de los debates que se abrieron al calor del fuego, el propio presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria renunció a defender la política ultraconservacionista que lleva abanderando su institución en diversas zonas de la isla bajo la influencia del movimiento ecologista señalando, no sin razón, que esta política lleva ya décadas instaurada. Vamos, que él seguía la inercia de políticos anteriores; y aquellos la del empuje ecologista.

El gran problema consiste en que acciones como las entresacas, la quema controlada o la explotación maderera han sido demonizadas por los colectivos rojiverdes poniendo a gran parte de la población y de los políticos contra las actividades de aprovechamiento y cuidado de parajes naturales como los pinares isleños. De hecho, el presidente señaló durante los días del incendio a ese movimiento radical como el principal opositor a las medidas de limpieza del monte que tanta gente echaba entonces de menos.

Esta filosofía de no permitir ni tocar la pinocha de los árboles también ha sido criticada por ingenieros de montes que indican que gran parte del problema está en los planes de uso y gestión de los espacios naturales como el de Inagua, donde su condición de reserva lo convertía en una zona virtualmente intocable.

Hay otras formas de prevenir y luchar contra los incendios aparte de invitar al fuego para luego combatirlo con medios exclusivamente públicos. En primer lugar habría que ignorar los delirios de la fiebre ecologista y devolver a los dueños de las tierras el derecho de explotar el monte. De este modo se reestablecería el vínculo entre propiedad e incentivo a cuidar el pinar y otros entornos sujetos al riesgo de incendio. En segundo lugar, el Estado debe evitar las ayudas indiscriminadas que perjudican el establecimiento de contratos que incentiven a las compañías aseguradoras para buscar nuevas formas de lucha contra el fuego. En tercer lugar, hay que descentralizar las decisiones sobre el riesgo en situaciones como la vivida. A menudo son los lugareños quienes mejor saben cómo proteger su propiedad y sin embargo no se les deja participar en las labores de extinción. Cuando la solución es centralizada, un error hace que muchísimas familias se vean afectadas. En cambio, cuando se permite la competencia entre diferentes alternativas sobre cómo combatir una catástrofe como esta, surgen nuevas formas más efectivas. En estos días hemos podido conocer la propuesta de Alberto Vázquez-Figueroa que, según cuenta el escritor, fue ignorada por la administración con la excusa de que tenía que desarrollarla hasta el último detalle. La puesta en práctica de diferentes soluciones que compitan bajo el incentivo de la conservación de la propiedad es la mayor garantía de descubrir los mejores sistemas de extinción de fuegos.

Pero todas estas medidas son precisamente las que atacan los ecologistas. Para la mayoría de los militantes verdes lo natural no incluye al ser humano –y menos aún sus instituciones– así que mientras menos se note su existencia, parecen pensar, mejor para la naturaleza. Por otro lado, una vez se ha declarado un incendio, su política suele defender la mayor centralización posible en la gestión pública de los recursos contraincendio. Por eso no debería extrañar a nadie que los responsables de WWF-Adena y de Greenpeace hayan defendido la miope propuesta de Mariano Rajoy de crear una agencia nacional para la gestión de las situaciones de crisis; lo que no les impidió atacar al líder popular por no haberla propuesto antes.

El desprecio del movimiento ecologista radical por el individuo, la propiedad privada y el mercado libre les ha llevado a ignorar los incentivos (tanto positivos como perversos). De este modo han aumentado el riesgo de incendios al igual que su oposición a los diques "artificiales" les condujo a catapultar el huracán Katrina hasta convertirlo en un cataclismo para los habitantes de Nueva Orleáns. Parece como si los ecologistas no se hubiesen dado cuenta de que, si bien el fuego es "natural", quema un montón. Claro que si lo que quema son propiedades privadas, a lo mejor hasta se alegran.

Reforma electoral, ¿para qué?

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Los textos de Ciencia Política suelen analizan los sistemas electorales según dos criterios: gobernabilidad y representatividad. Sin embargo, pocos aluden a un aspecto fundamental subyacente a la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes politicos: la relación que se supone aquéllos tienen con éstos. Algo que me temo estará ausente de la apasionante discusión que se avecina en España.

Como la mayoría de las democracias de la llamada Tercera Ola, la española obedeció la regla de la estabilidad, consistente en la creación de un sistema de dos partidos fuertes y disciplinados con implantación nacional. De ahí el sistema de listas cerradas y bloqueadas y la abundancia de provincias que eligen tres o cinco diputados como prima a los dos partidos más votados. Por si esto fuera poco, las provincias más pobladas –Madrid, Barcelona, Valencia– se encuentran infrarrepresentadas. Nuestra Constitución establece que ninguna provincia podrá exceder el 10% de la representación y que todas enviarán al menos dos representantes al Congreso de los Diputados. Así, Madrid cuenta con 17 diputados menos de los que le corresponderían de acuerdo a su población, un obstáculo más a la obtención de representación por parte de partidos pequeños.

Por cierto, la Constitución también establece que la circunscripción electoral para Congreso y Senado es la provincia, así que la próxima vez que escuchen o lean a algún plumilla hablar de la implantación del sistema alemán –mitad de diputados elegidos en circunscripciones uninominales, mitad elegida en listas nacionales– mediante una Ley Orgánica, ríanse a mandíbula batiente, pues tal reforma exige la modificación de la Constitución.

Como excepción a la regla de la estabilidad, o gobernabilidad, sobre la representación, el sistema español introdujo un mecanismo que beneficia a los partidos pequeños localistas, aquellos que se presentan en un pequeño número de provincias donde sin embargo cuentan con un apoyo importante. Son las reglas para la formación de grupos parlamentarios, que exigen bien la obtención del 5% de los votos, 15 diputados o al menos 5 diputados habiendo obtenido el 15% de los votos en todas las provincias en las que se presentaron listas. Este mecanismo ha permitido que partidos como el PNV, que nunca han superado el 2% de los votos u obtenido más de 8 diputados, hayan podido contar con un grupo parlamentario propio. La voz de los nacionalistas ha sido amplificada mientras que partidos como el comunista o el CDS han sido duramente castigados por un sistema diseñado precisamente para evitar que existan, o al menos para dificultar su desarrollo y expansión.

De esta aproximación sucinta al sistema electoral español cabe inferir al menos dos conclusiones preliminares:

  1. Sesgo partitocrático e irresponsabilidad de los representantes. Son las cúpulas de los partidos, en su calidad de "instrumento fundamental para la participación política" (C.E., art. 6) que deciden quién es o no elegido. De esta forma, la independencia de los representantes y el papel de los afiliados sin cargo orgánico en el partido quedan inhibidos. No existe posibilidad de compromiso entre representantes y representados ni de rendición de cuentas. La consecuencia de todo esto es el cinismo y la alienación que caracteriza la cultura política española y que reflejan todas las encuestas realizadas en los últimos veinte años.
  1. Comunitarismo. A pesar de que el sistema electoral español permite que más del 90% de los votos se traduzca en representación –el sistema de dos vueltas francés suele dejar a más del 20% de los votantes sin un solo diputado en la Asamblea Nacional– la mayoría de los grupos parlamentarios, que son nacionalistas, defienden proyectos políticos basados en identidades construidas, excluyentes y discriminatorias que juzgan el valor de una persona de acuerdo a criterios como el manejo de una determinada lengua o el nacimiento en una región o provincia particular. A pesar de no representar más del 12% de los votos, se las arreglan para formar grupos parlamentarios –cuatro en la actualidad de un total de ocho– de forma que la apelación a principios intangibles y maleables como la identidad nacional, el hecho diferencial –"la voz de la tierra"–, socava otros criterios políticos como la prosperidad económica personal o la libertad individual, valores secundarios frente a la defensa de una identidad grupal presentada en estado de conflicto permanente e irresoluble contra otra u otras.

¿Ciudadanos o vasallos? ¿Seres pensantes o ganado? ¿Personas capaces de determinar lo que más les conviene y obrar en consecuencia o miembros de tal o cual "colectivo"? ¿Cómo nos ven los políticos? A la hora de valorar un sistema electoral o apoyar o rechazar una reforma determinada sería conveniente que todos nos hiciéramos estas preguntas. Puesto que hasta la fecha no ha habido ningún sistema político que no implique un cierto compromiso entre libertad y estabilidad, autodeterminación y orden –soy de los que piensan que el poder es como el dinero; si se aboliera hoy, alguien lo reinventaría mañana–, al menos deberíamos ser conscientes de lo que estamos dispuestos a entregar, y a cambio de qué.

El valor de la jurisprudencia frente a la legislación

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La distinción que establece la doctrina liberal entre derecho, economía y política, resulta fundamental para poder controlar de manera efectiva el poder y ceñir así el Estado a su función originaria de garante del Derecho. El problema de la soberanía se encuentra ligado, pues, al nacimiento y formación del Derecho, de cuya particular interpretación resultan dos concepciones políticas contrapuestas: democracia y liberalismo.

Desde el liberalismo, el derecho no coincide con el conjunto de leyes emanadas de los políticos para alcanzar fines específicos, sino que se trata de un conjunto de normas de carácter general y abstracto, universalmente aplicables, que tienen la finalidad de hacer previsibles las consecuencias de las acciones con las que los individuos se proponen conseguir determinados fines subjetivos. De ahí deriva que el Estado liberal tenga como función básica asegurar la certeza del Derecho y no convertirse en un mero instrumento con el que las mayorías cambiantes se proponen salvaguardar sus propios intereses, pues éste debe ser un conjunto de normas a las que todos se hallan sometidos (rule of law) en tanto ciudadanos, políticos o burócratas.

En este sentido, el derecho, al igual que otras importantes instituciones sociales, surge como producto espontáneo de voluntades colectivas no orientadas hacia el fin concreto de su creación. La "primacía de la ley", su soberanía y su título para gobernar derivan, pues, precisamente, de que el derecho no es el producto de una sola voluntad, sino el resultado, a menudo imprevisto, del encuentro de una pluralidad de voluntades individuales y de experiencias orientadas a eliminar aquellos obstáculos que impiden a los individuos participar en condiciones de libertad en el proceso de crítica y, por consiguiente, modificación de las instituciones sociales.

Se trata de un proceso de selección cultural tendente a eliminar las instituciones que no son capaces de resolver los problemas y las situaciones nuevas en cuanto a su universalización. Así, su función básica consiste en, por un lado, evitar la formación de monopolios, tanto económicos como legislativos, que privarían a los individuos de una libertad real de elección; mientras que, por otro lado, garantizar la competencia entre los fines individuales, así como evitar que su persecución provoque consecuencias negativas que constituyan un límite para el disfrute de las libertades de los demás.

Por ello, es conveniente que la actividad legislativa se encuentre limitada y en ámbito distinto al de la actividad del Gobierno, con el fin básico de evitar el monopolio de la producción del derecho. Así pues, la soberanía es entendida aquí como la producción jurisprudencial de normas capaces de regular la dinámica social a través del derecho, pero éste ha de ser concebido no como un mero atributo de los hombres, sino como descubrimiento de un orden de las cosas que trasciende a los actores sociales (derecho natural), o como un proceso evolutivo de selección de comportamientos tendentes a asegurar un determinado orden.

Por el contrario,las teorías contractualistas conciben el derecho en sentido contrario, pues, se centran en cómo concebir la producción política del derecho, así como las normas necesarias para hacer funcionar de forma efectiva la estructura institucional del Estado moderno. En este sentido, el hecho de que el derecho pueda ser concebido como producto de la voluntad humana, pero es más, de una voluntad concreta (la de la clase política en tanto legisladores), contrasta enormemente con la tradición del derecho natural y del derecho romano. Pero aún más importante es la transformación que de ello se deriva en cuanto al papel que debe jugar el Estado: de garante del derecho natural a fundador legítimo del mismo.

Así pues, en torno a tal fundamental cuestión surgen dos concepciones plenamente contrapuestas, siendo el modelo liberal un régimen político que se encuentra caracterizado por los siguientes principios básicos:

  1. En el liberalismo, es la sociedad y no el Estado la que representa el carácter natural de la vida asociativa, siendo ésta el resultado involuntario de una serie de actos de intercambio en los que confluyen motivaciones y expectativas diversas y subjetivas. Se basa, pues, en el respeto a lo pactado y en la conciencia de que los intercambios comportan consecuencias previstas e imprevistas, de carácter positivo o negativo.

  2. En tal concepción, el derecho constituye el único bien común de una asociación civil, un intento de hacer previsibles los resultados de las acciones. Por ello, consiste en normas de carácter negativo que prohíben comportamientos que no es posible universalizar como no sea a costa de cuestionar la existencia misma de una sociedad.

  3. El derecho, como conjunto de normas de comportamiento universales y abstractas, no se propone alcanzar fines, sino hacer posible la coexistencia de una pluralidad de expectativas subjetivas. De este modo, una acción socialmente buena será sólo una acción que no tiene consecuencias indeseadas para otras personas.

  4. De aquí parte el recelo que los liberales tienen ante las teorías políticas que atribuyen al Estado un papel distinto del mantenimiento del derecho, ya que toda intervención del Estado tendente a la consecución de finalidades éticas puede tener la consecuencia de aumentar el poder discrecional de los gobernantes sobre lo que ha de entenderse como bien, en tanto interés general. Y es que, nuestra idea acerca de lo que es verdadero y bueno no tiene por qué coincidir con lo que los demás conciben como beneficioso para la sociedad.

  5. En definitiva, atribuir a los gobernantes el poder de realizar el bien significa exponerse al riesgo de aumentar su poder. De este modo, la intervención del Estado a favor de la justicia social termina por convertirse en un modo de "despotismo iluminado", tal y como advertía Hayek.

De todo ello se concluye que, no por casualidad, el fundamento jurídico de la tradición política democrática sea el concepto de "obligación jurídica", mientras que el de la tradición liberal gire en torno a la fundamental idea del "derecho de resistencia".

Fiat se hace liberal

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

John Elkann, 31 años, vicepresidente de Fiat y heredero del mítico grupo empresarial, se declara liberal sin ambages. Entrevistado recientemente por varios medios, Elkann descubre oportunidades en la globalización, defiende reglas claras para el mercado y se dispone a ejercer la empresarialidad durante largos años. Es inusual entre emprendedores palabras y hechos de esta índole. Por ejemplo, en nuestro país, la tercera generación al frente de grandes firmas no suele participar, al menos cara al público, del ideario que el descendiente de los Agnelli proclama.

Si Corea del Sur –pura montaña, lugar incómodo– se ha convertido en la décima economía del mundo, existen motivos más que suficientes, según el joven líder de Fiat, para el optimismo europeo. Elkann no cree en los "campeones nacionales": para él la italianidad no debe ser excusa que altere la calidad de servicio a los clientes. Su vocación es permanecer; no quiere involucrarse con los reguladores del mercado en operaciones tipo Alitalia o luz y gas estatales, sino con el mercado mismo.

John es hijo del escritor Alain Elkann y la pintora Margherita Agnelli, nieto por tanto del célebre Gianni, patriarca del clan. De Alain se sabe poco; de Margherita se conoce su litigio con el resto de la familia acerca del reparto de la fortuna. La llegada de John a la cúpula de Fiat es una historia rocambolesca digna de monarquía electiva al uso, pero parece incumplirse con él la ley de hierro del fin de saga familiar. Desde que en 1899 el fundador Giovanni implantara en Turín la línea de ensamblaje de Ford, la connivencia de Fiat con el poder de turno ha sido constante. Gianni, viejo zorro plateado, auténtico rey sin corona, que hizo de su vida una obra de arte, antes de su muerte enseñó al novicio John las mañas de gobernar a los hombres. Tras una década de capa caída, ahora levantan el vuelo con el modelo Fiat 500, del que guardan elevadas expectativas de éxito.

Dice el historiador David S. Landes que "cuando Fiat quiere algo, el Estado se lo cede a precio de ganga; y cuando a Fiat le sobran limones, el Estado desarrolla una predilección irresistible por el zumo de limón". ¿Qué hay de impostura o veracidad en el rumbo de Fiat? Lo veremos en los próximos tiempos. En cualquier caso, si Elkann, junto a Luca Cordero di Montezemolo, jefe máximo, pretenden consolidar Brasil y expandirse por el resto del globo, no parece que la mundialización les permita cometer demasiadas trapacerías. John fue operario durante un período en Detroit, conociendo las raíces del oficio; prefiere tener una visión más panorámica que profunda de los temas, fue valiente en su afirmación liberal. Quiere hacer cosas, no buscar rentas. Falta, desafortunadamente, mucha gente así.