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Una política económica liberal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Generalmente se plantea la política económica como el conjunto de saberes que, partiendo del conocimiento de la ciencia económica y de los instrumentos del Estado, ayudan a la consecución de una serie de objetivos sociales. En función de cuáles sean esos objetivos y los fines perseguidos se puede hablar, en principio, de una política económica socialista o liberal, en mayor o menor grado. De hecho, lo hacemos constantemente. Pero, así planteada, no puede haber una política económica plenamente liberal.

En primer lugar por lo que se refiere a los objetivos sociales. Generalmente están definidos como la mejora económica de ciertos grupos sociales o la prevalencia de ciertos valores morales, estéticos a veces, sobre otros. O la prestación de determinados servicios o la remoción de determinados comportamientos que se consideran negativos o antisociales. También se definen sus objetivos en términos más etéreos si se quiere, menos aprehensibles, de carácter macroeconómico.

El planteamiento de estos objetivos parte de dos errores. Uno de ellos es tan viejo como el pensar sobre cuestiones comunales o sociales, y es la idea del bien común. Los bienes tienen un valor subjetivo. Y puesto que las valoraciones personales son muy distintas y además son cambiantes, no puede haber un bien común. Literalmente, el bien común es una utopía. Cuando pronunciamos juntas las palabras "bien" y "común" sentimos una llamada atávica, impresa durante generaciones a fuego en nuestra alma, acaso en nuestros genes. Resulta duro separarse de una idea tan querida. Pero es una contradicción en los términos, tal como es la naturaleza humana, y la búsqueda de un imposible sólo puede causar decepción, desesperación y acaso melancolía.

Relacionado con este hecho está el error hayekiano, es decir, el de creer que podemos conocer o definir cuál sea ese bien común, y cuáles de los objetivos sociales que nos podamos plantear son los que más se acercan a esa quimera. Además, los políticos tienden a hacer promesas o a plantearse objetivos con un objetivo concreto (reducir la pobreza a la mitad en 15 años, crear un millón de puestos de trabajo en una legislatura, etc.). Pero los efectos concretos de unas u otras medidas dependen del comportamiento concreto de las personas sobre las que recaigan. De este modo, el que se puedan cumplir ese tipo de objetivos más concretos depende, además de que la medida adoptada acerque a ellos o sea compensada por otros factores, de circunstancias que condicionan el comportamiento concreto de las personas, parte de las cuales todavía no se han producido. Por ello insistía Hayek en que lo más que puede plantearse un político, honradamente, son objetivos generales tales como reducir la inflación, aumentar el empleo, etc., sin formular promesas más concretas.

Más adelante nos encontramos con los problemas de los medios, de las medidas concretas de política económica. La literatura sobre el tema es amplísima, y aquí el liberalismo muestra, por escoger la formulación también de Mises, que el intervencionismo provoca efectos que, o bien no son deseados por sus promotores, o bien no son previstos por éstos y son generalmente considerados negativos.

Entonces, ¿es inconcebible una política económica liberal? No, siempre que se tenga claro que toda política económica ha de tener el desmantelamiento del Estado como último objetivo. Puesto que el liberalismo confía en los procesos sociales espontáneos y ve al Estado como un órgano basado en la coerción, que no juega un papel en una sociedad basada en el contrato y el acuerdo voluntario, toda política económica ha de encaminarse a reducir su influencia, acaso hasta hacerlo desparecer.

Rothbard propone una estrategia radical, ya que reducir una medida intervencionista a la mitad supone mantener el intervencionismo, con los efectos negativos que, sabemos, creará. Como, además, hay que contar con que un sector de la población y especialmente de la política se opondrá a cualquier liberalización, lo conveniente es aceptar este inconveniente desde el comienzo y llevar los objetivos tan lejos como sea posible. Milton y Rose Friedman mostraron, además, que "la tiranía del statu quo", de los intereses creados, logra paralizar cualquier medida liberalizadora si se demora más allá de los primeros meses de Gobierno. La reforma ha de ser, pues, radical y rápida en la medida de lo posible.

No obstante, en ocasiones es imposible restablecer la plena libertad de los ciudadanos, pero sí se pueden arbitrar políticas que se acerquen suficientemente, como puede ser el cheque escolar o la municipalización de la gestión educativa. Una vez implantados, se puede proponer el siguiente paso hasta eliminar la influencia del Estado en la vida ciudadana.

Cadena de valor, café y comercio justo

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Una de las falacias más habituales con las que las asociaciones de agricultores intentan que los consumidores nos pongamos de su parte en tanto que contribuyentes, es el porcentaje exiguo que reciben del precio total por el que se venden sus productos. De hecho, en una manifestación reciente, ese fue el argumento que encontró más eco en los medios, especialmente porque se escogieron como ejemplo unos productos (los cítricos) no demasiado representativos, en los que a día de hoy la diferencia es mucho mayor de la media.

El problema es que, intuitivamente, consideramos que la fruta que recolecta un agricultor en el campo es el mismo producto que adquirimos en la tienda de la esquina o en el gran hipermercado que tenemos más o menos cerca de casa. Es, después de todo, el mismo objeto físico. Sin embargo, económicamente, no se le puede considerar el mismo bien. La naranja recién recogida en una huerta valenciana no tiene ni puede tener para mí, que vivo en Madrid, el mismo valor que esa misma naranja a la venta en el supermercado que hay al lado de mi casa.

No hay que ser un lince para darse cuenta de la razón. Para conseguir esa naranja recién recogida debería coger el coche, trasladarme a Valencia, conseguir que el agricultor no me mande a freír espárragos por molestarle (ya que él no se dedica a la venta) y volver a Madrid con mis naranjas. No cabe duda de que los costes, tanto en dinero como en tiempo y molestias, son indudablemente superiores a los de ir a la tienda a comprar. Y es que un bien de consumo no se define sólo por sus características físicas sino por otras muchas como situación, garantías de calidad, etc. Llevar el producto al consumidor tal y como éste lo quiere necesita de la intervención de muchas empresas, de mucho trabajo y capital, que necesita también de remuneración.

Sin embargo, ésta no es una realidad intuitiva, capaz de llegarle a la gente con facilidad, lo que propicia que surjan movimientos como el "comercio justo", cuyo producto estrella es el café. La teoría detrás de este movimiento no es más que marxismo puro: considera que los agricultores de los países pobres están explotados por los intermediarios y los minoristas, que se enriquecen así injustamente con el sudor de los parias de la tierra. De modo que ofrece a los consumidores café pagado a los productores a precio por encima del mercado y que tiene la "garantía" de que se recolecta pagando a los trabajadores un salario que sea igual o superior al mínimo impuesto por el Gobierno del país.

La puesta en práctica de esta teoría se ha encontrado con muchos obstáculos, el mayor de los cuales, sin duda alguna, es el hecho de que el mercado de "consumidores concienciados" es más bien pequeño; de hecho, las campañas sobre la crueldad del negocio del café hacen más probable que se deje de consumir que se pase a hacerlo con una marca de "comercio justo". Al poner un precio mínimo por el café se produce un exceso de oferta, como no podía ser de otra manera, que se traduce en colas en el proceso de certificación como "productor de comercio justo", lo que beneficia a los que ya están instalados frente a los nuevos competidores.

Pero en lo que nos atañe, lo cierto es que el precio puesto por las organizaciones de "comercio justo", dado que según su base ideológica el objetivo es eliminar intermediarios, obliga a las organizaciones de productores a realizar tareas que antes hacían éstos, como comprar el café a sus miembros, clasificarlo y procesarlo, y organizar la logística de la exportación. Muchas de esas tareas consumen buena parte de la diferencia entre el precio pagado por los comerciantes justos y los comerciantes no ideológicos, especialmente porque estas organizaciones no están especializadas en ellas y les resulta más caro llevarlas a cabo que si las hicieran los pérfidos intermediarios. En algunos casos, los costes han sido suficientes como para provocar que algunos productores vendieran en el mercado normal, porque no les salía a cuenta hacerlo "con justicia". Pero una consecuencia clara es que muchos de los trabajadores del café justo no cobran el salario mínimo, tal y como publicitan los promotores de la iniciativa, porque los patronos no pueden permitírselo.

Puede que exista un mercado, en todo caso previsiblemente pequeño, de consumidores que desean que se pague más a los agricultores aún a costa de pagar más ellos por el producto. Pero para que funcione, las organizaciones de "comercio justo" tendrían que olvidar la retórica de la "cadena de valor" y los intermediarios que "explotan a los agricultores". Claro que, en ese caso, no está muy claro si lograrían mantener a sus concienciados clientes.

Ciudadanos de segunda y proteccionismo lingüístico

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Ciudadanos de segunda y proteccionismo lingüístico

El reportaje Ciudadanos de Segunda emitido por Telemadrid el pasado mes de abril relata la discriminación de que son objeto los castellano-hablantes en Cataluña por parte de la administración autonómica, desde padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano a comerciantes multados por rotular solo en ese idioma. En su denuncia de las injusticias el documental es muy acertado, pero su tono excesivamente dramático y su desconexión con las verdaderas inquietudes de quienes apoyan esta discriminación no lo hacen apto para una audiencia catalana.

En Cataluña no se vive un conflicto lingüístico en la calle, la gente practica el bilingüismo con naturalidad. La insinuación de que existe un tenso conflicto social entre castellano-hablantes y catalano-parlantes sería interpretada por una audiencia catalana como una distorsión de la realidad y vendría a alimentar las suspicacias sobre las intenciones de "los de Madrid". Como señala Antonio Robles: "[El documental] expone una realidad que es incontestable (menos para los nacionalistas), pero deja de exponer otra que falsifica el conjunto. La exclusión de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes se circunscribe a los organismos oficiales de la administración de la Generalitat de Cataluña (…) pero la sociedad civil en general no vive estos avatares con exclusión y mucho menos con angustia."

Por otro lado, la mayoría de partidarios de la normalización lingüística no quiere desterrar el castellano ni finiquitar el bilingüismo, sino proteger una lengua y una cultura que perciben amenazada. Sin duda algunos albergarán el deseo oculto (o no tan oculto) de catalanizarlo todo, pero por lo común las políticas lingüísticas son vistas como una ayuda a la lengua débil, una lengua que sin la protección del Estado temen que podría desaparecer. Si se tiene por finalidad convencer a los catalanes que no están convencidos es preciso dar respuesta a sus argumentos y a sus temores, en lugar de pasarlos por alto o atribuirles razones e intenciones que les son ajenas.

La idea de que el catalán compite en inferioridad de condiciones con el castellano está arraigada en Cataluña, y en mi opinión no es ningún disparate. La mitad de la población catalana es castellano-hablante, en los medios predomina el castellano con diferencia, en el cine, en la empresa, en la literatura o entre la comunidad inmigrante. Los catalano-hablantes suelen adoptar de forma automática el castellano cuando se dirigen a desconocidos o cuando algún miembro del grupo es castellano-hablante. Pocas veces sucede lo contrario, aunque los catalano-hablantes sean mayoría en el grupo, y esta situación tiende a multiplicar las interacciones en castellano. Yo mismo soy catalano-hablante y hablo en castellano con gente catalano-hablante porque cuando nos conocimos nos dirigimos mutuamente en castellano. Es raro encontrar ejemplos de castellano-hablantes que hablan entre ellos en catalán. En última instancia el castellano tiene una ventaja evidente sobre el catalán: es más útil.

El lenguaje posee lo que se denomina "efectos red": la utilidad que asigna un individuo a una determinada lengua depende del número de individuos que hacen uso de ella, y la incorporación de nuevos hablantes añade valor a la misma. De este modo, cuanto más individuos hablan una lengua, más atractivo resulta para los demás sumarse a ésta, y en la medida en que se incorporan nuevos hablantes, aún más atractivo es para el resto adherirse, y así sucesivamente en un flujo de retroalimentaciones positivas que a menudo fortalecen la posición de las lenguas más extendidas y debilitan la posición de las que lo están menos.

Es en este contexto en el que se enmarca la defensa de la discriminación positiva en favor del catalán. Albert Bastardas, por ejemplo, sostiene en su artículo De la normalització a la diversitat lingüística que "la tentación de los grandes grupos lingüísticos de ocupar el máximo de funciones y de dificultar el uso de las lenguas de los grupos menores o medios (…) crecerá y aumentará con fuerza. Es aquí donde el papel de los Estados (…) deviene crucial. En lugar de tener una relación de ignorancia o bien de hostilidad, deberán pasar a una de solidaridad y manifiesta ayuda (…) [Es necesaria] una actuación de carácter compensatorio y equilibrador favorable a los grupos lingüísticos proporcionalmente más débiles".

El problema es que Bastardas se refiere a estas fluctuaciones como si sucedieran al margen de las acciones y las preferencias de los individuos. Alude a la "tentación" de los grandes grupos lingüísticos de ocupar más funciones y dificultar el uso de las otras lenguas, pero son los individuos de las otras lenguas los que realmente se ven tentados, en razón de los efectos red mencionados, a incorporarse a los grandes grupos lingüísticos. En un escenario no-intervenido, el grupo lingüístico mayor sólo desplaza a las otras lenguas porque los hablantes de éstas últimas se trasladan voluntariamente al primero para beneficiarse de su mayor alcance. Bastardas y el resto de proponentes de las políticas lingüísticas, al invocar una actuación compensatoria y equilibradora por parte del Estado, están abogando por "compensar" y "equilibrar" las elecciones de los individuos. Están, y ese es el problema, apelando al Estado para imponer sus preferencias a todos.

La lengua debe emanciparse del Estado para que evolucione espontáneamente, hacia donde quieran llevarla sus hablantes. Para ello no basta con que el Estado sea "neutral" dentro de la Administración y los servicios públicos. Lo mismo que la religión sólo puede separarse del Estado si las iglesias son privadas, el Estado sólo puede separarse completamente de la cultura y la lengua si devuelve los espacios y servicios públicos a la sociedad civil. En el ínterin lo mejor será permitir la diversidad y libertad de elección en los espacios públicos (por ejemplo en la enseñanza), ajustándose al máximo a las preferencias de los contribuyentes intentando reproducir así el resultado que tendría lugar en el mercado.

Sinceramente, no sé si el catalán, sin la "protección" del Estado, tenderá a quedar arrinconado y acabará por extinguirse en el largo plazo. Es posible, y no es una visión que me agrade, pero si ocurriera sería porque sus hablantes no lo han promovido con el ímpetu necesario y han preferido adherirse a otras lenguas. Nada de esto justifica convertir a los hablantes de una u otra lengua en ciudadanos de segunda.

De fármacos, patentes y demagogia

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La imagen pública de la industria farmacéutica es pésima pese a que sus servicios y productos no sólo mejoran la calidad de vida de muchos millones de personas, sino que salvan vidas de otros tantos. El juicio que enfrenta a la farmacéutica Novartis y el Gobierno indio arroja luz sobre las razones que explican esta aparente contradicción. La demagogia anticapitalista puede ayudar a que en los próximos años se dispare el número de personas que mueran por falta de investigación y de medicinas.

El Glivec es un anticancerígeno desarrollado por Novartis y que se usa para tratar a enfermos de leucemia y otros tipos de cánceres, entre ellos algunos de escasa incidencia. Pese a que el 99% de los pacientes indios reciben este medicamento gratuitamente gracias a una donación que hace Novartis dentro de su programa de Responsabilidad Social Mundial, la empresa se ha visto obligada a demandar al Gobierno indio y a la Oficina de Patentes India por prohibirles registrar la mejora de este medicamento, ya que este país prohíbe patentar las mejoras sobre fármacos ya existentes si estas no aportan una innovación real. El juicio quedó visto para sentencia a finales de marzo.

En torno a este juicio se han generado dos líneas de opinión. Una la protagoniza el Gobierno indio, las ONG’s y otras asociaciones de su misma cuerda que entienden que de ganar la farmacéutica se producirá un efecto cascada y todas las empresas pedirán que se renueven sus patentes, en virtud de supuestas mejoras, lo que terminaría con los medicamentos “baratos”, es decir, los genéricos a los que acceden los pobres. El éxito mediático de este sentir es indiscutible y las opiniones que lo defienden imperan en los medios más generales. La otra se debe a la propia Novartis y en general todas las farmacéuticas que entienden que una decisión en contra provocaría una pérdida significativa en sus ingresos y beneficios, lo que repercutiría negativamente en las inversiones en investigación, en la productividad, en el empleo y en última instancia, en la vida de los enfermos, vivan o no en países del Tercer Mundo.

Ni la existencia de los medicamentos genéricos responde a una visión tan idealista como pretenden hacernos creer ni, si Novartis gana el juicio, provocará la desatención de millones de pobres en el mundo. Los medicamentos genéricos, es decir, los principios activos sin marca de comercialización, nacen por la presión de los Estados que ven el gasto farmacéutico como uno de los más elevados dentro de sus hipertrofiados sistemas de sanidad pública. Este gasto se incrementa año tras año pese a inútiles medidas estatales.

Un buen ejemplo de ello es la Ley del Medicamento cuya puesta en marcha ha generado incertidumbre en el los titulares de las farmacias y ha reducido el precio de varios miles de medicamentos con la repercusión consiguiente. Dicha ley supone el descenso de los precios de referencia de 4.200 medicamentos, lo que prevé un ahorro público de 640 millones, la misma cantidad que dejará de ganar la industria. Así pues, la mezquina excusa de que un genérico ayudará a los pobres del mundo aprovecha un buenismo cada vez más extendido y traslada parte del creciente déficit sanitario a las cuentas de resultados de las farmacéuticas, que se ven obligadas a vender estos medicamentos a los estados, uno de sus principales clientes, a precios mucho más bajos que los comercializados bajo marca. Cabe preguntarse si los precios de los medicamentos podrían ser más baratos de no existir estos productos y si las farmacéuticas tendrían más maniobra para investigar nuevos y más eficientes medicinas.

La mayoría de los medios que tratan el conflicto de Novartis y el Gobierno indio lo hacen desde el enfrentamiento entre el derecho a la salud pública de los ciudadanos de los países del Tercer Mundo y los beneficios de la farmacéutica. Semejante dislate enmascara una verdad más profunda, que la ineficacia de los sistemas de sanidad pública, la ineficacia estatal en definitiva, es responsable en última instancia de la mala asistencia a los pacientes y, en los casos más extremos, de su muerte. Insinuar, como hacen desde Médicos Sin Fronteras, que las 30.000 personas que, según sus cifras, mueren todos los días de enfermedades tratables lo hacen por no acceder a los medicamentos genéricos es en el mejor de los casos una simplificación de un problema y en el peor un engaño, una mentira.

Precisamente es en los países del Tercer Mundo –donde no se ha desarrollado un sistema capitalista, donde no existe libertad, donde no hay una sociedad estable– donde las bondades de la medicina moderna no pueden desarrollarse, ni en su variante privada, ni siquiera en la pública y no por su condición de pobres, sino por la existencia de factores que les hacen pobres, o mejor dicho, que no les permiten prosperar. La inexistencia de infraestructuras, una corrupción galopante, una sociedad quebrada en guerras y conflictos que duran décadas, una cultura más cerca de principios tribales que de los que ha hecho grande a Occidente no son las condiciones que mejor garantizan que un enfermo reciba un tratamiento, que se disponga de un servicio médico. Engañan las ONG’s, a sí mismas y a los que las tienen por veraces cronistas de la realidad, cuando anuncian que la existencia de medicamentos baratos solucionarán los males del Tercer Mundo. Esto no es una cuestión de dinero, de riqueza o pobreza, esto es una cuestión de libertad.

Las pensiones a Bolsa y el socialismo como fracaso

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Gobierno y agentes sociales (CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT) han decido que el estado ha de invertir el Fondo de Reserva de las pensiones en Bolsa. El Fondo de Reserva es el excedente destinado a las pensiones públicas del futuro, que actualmente representa unos 40.000 millones de euros en España.

Independientemente de los acuerdos que lleguen los políticos entre ellos mismos, que pueden ser de cualquier tipo y no tendría sentido ahora empezar a especular sobre qué pasará, podemos ver la medida como un claro fracaso del socialismo y del Estado del Bienestar.

El estado, y cada uno de sus gobiernos, han sido incapaces de guardar el dinero que nos han incautado por la fuerza y mucho menos revalorizarlo de una forma sostenible. Su solución ahora será copiar, curiosamente, el sistema del que querían que huyéramos: el libre mercado y el capitalismo. Se han dado cuenta que sólo el capitalismo es lo suficientemente eficiente como para generar beneficios netos para todos.

Aún así, el estado nunca aprende. Hacer burdas imitaciones de la eficiencia capitalista nunca funciona. Un ejemplo lo tenemos en Cataluña donde, a raíz de la nefasta gestión de la administración en el tema de la sanidad, la Generalitat decidió privatizar su gestión. La consecuencia es que ahora va peor que antes. La sanidad pública que no busca fines lucrativos ni se mueve en un entorno de competencia, así no puede ser sostenible en el tiempo.

La pregunta que a todos nos tendría que surgir ahora es: ¿por qué si incluso el gobierno se ha dado cuenta, y hasta los sindicatos, que la gestión capitalista es la única forma eficiente de gestionar los recursos, no privatiza totalmente las pensiones, o aún mejor, abole el sistema? Los planes de pensiones privados son gestionados por expertos en riesgo y mercados financieros, igual que lo que pretende hacer ahora el gobierno, pero además, los sistemas privados tienen enormes ventajas adicionales que dan continuidad al sistema.

Una de las más básicas es que si la entidad o producto no funciona, el cliente se va, sin mencionar las posibles denuncias que pueda recibir la empresa financiera. El estado no tiene este incentivo, le da igual hacerlo bien o mal, los súbditos no nos podemos desprendernos del estado ni exigirles nuestro dinero. Una entidad privada, además, ha de competir mejorando día a día, el estado no. Si algo no le funciona aplica una ley contra su competencia les sube los impuestos y problema resuelto. Una empresa privada ha de responder ante sus clientes e inversores. Esto le dificulta enormemente cualquier tipo de fraude o comportamiento poco moral. Al estado esta cuestión le es indiferente del todo. Cada día vemos en la prensa muestras de este comportamiento corrupto y antisocial. La empresa privada sólo piensa en el beneficio económico de todos, pues es la única forma de retener a los clientes e inversores. Al estado sólo le interesa mantener contentos a sus lobbies, grupos mediáticos y votantes; y para ello hace cualquier cosa.

La apertura y aportaciones a un plan de pensiones privado son voluntarias, término que no aparece en el diccionario del estado. Además, hay un plan de pensiones por cada tipo de inversor. Si usted visita cualquier entidad financiera le hará un pequeño test para ver su perfil inversor y según la edad que tenga le amoldarán al plan más oportuno. Encima le regalarán algo; todo lo contrario que hace el estado que sólo sabe incautar. Evidentemente, podrá traspasarlo a otra entidad sin que la primera le amenace con multarlo, perseguirlo o encerrarlo en la cárcel por llevarse su dinero. Tampoco le llamarán criminal por hacer lo que quiera con su dinero. El estado se lo repetirá una y otra vez.

El estado no tiene autoridad alguna a decidir cómo gestionar nuestro dinero, a decidir si hemos de guardarlo para el futuro, gastarlo ahora mismo o a imponernos un tipo de gestión determinada.

En el fondo, al estado no le importa en absoluto nuestro destino ni bienestar. De no ser así, no se habría gastado en el pasado nuestro dinero reservado a nuestra vejez en tanques, subvenciones al cine, a amigos suyos o a saber qué. Si una empresa pierde nuestro dinero, sabemos contra quién hemos de actuar judicialmente, pero cuando lo hace el estado no existe responsable alguno. Eso es lo que le convierte también en un funesto gestor, y por más que invierta el Fondo de Reserva en Bolsa, mercados OTC, derivados o donde le dé la gana, sólo conseguirá poner en continuo peligro nuestro dinero ganado con esfuerzo y trabajo, y por ende, hará peligrar nuestro bienestar. Para una muestra el presente: incluso invirtiéndolo en renta fija, pierde. Es que es el súmmum de la incompetencia e irresponsabilidad.

El socialismo ha fracasado, demos paso al libre mercado de una vez en lugar de hacer parches que sólo alarguen la agonía.

Violencia y armas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La vida y la violencia están íntimamente relacionadas. Muchos seres vivos utilizan su fuerza o capacidad de acción contra otros seres vivos (también de su misma especie), para alimentarse de ellos o en competencia por territorio y sus recursos asociados o por acceso a parejas sexuales. Diversos organismos han desarrollado evolutivamente diferentes rasgos adaptativos que sirven como herramientas de ataque y defensa: dientes, garras, cuernos, caparazones, espinas, venenos.

Los seres humanos fabrican y acumulan herramientas y tecnología que incrementan su capacidad de acción, y son hipersociales: sus principales relaciones no son con el entorno no humano sino con otros seres humanos, de quienes proceden las principales oportunidades y amenazas. Las personas pueden utilizar su fuerza y habilidad física y sus armas para agredir y dominar a sus semejantes o para defenderse de esas mismas agresiones.

La posesión y habilidad en el uso de armas puede compensar las diferencias entre individuos fuertes y débiles, pero las armas pueden incrementar mucho las diferencias entre personas si una está armada y la otra desarmada (y según la calidad y potencia del armamento). El agresor considera los posibles beneficios, costes y riesgos de su acción, en especial qué capacidad de defensa o represalia tiene su víctima o sus aliados (a terroristas suicidas y locos muy desequilibrados o resentidos que odian y buscan venganza tal vez apenas les importe la disuasión). Si la diferencia entre sus capacidades marciales es muy grande es fácil que los fuertes dominen y exploten a los débiles, que los delincuentes asalten y roben a sus víctimas, que los tiranos reinen de forma totalitaria sobre sus súbditos. Es común a los dictadores y genocidas prohibir las armas a quienes quieren esclavizar o masacrar. Un pueblo armado es difícilmente víctima de sus propios gobernantes sin escrúpulos o de otros pueblos belicosos.

La ética busca normas de conducta universales, simétricas y funcionales. Para evitar agresiones con armas podrían prohibirse completamente a todo el mundo, lo cual suena muy bonito, a paz perpetua, pero es tremendamente ingenuo. No elimina las agresiones sin armas, impide la defensa con armas ante agresores más fuertes (una mujer y un violador), olvida que una simple piedra puede ser un arma letal y que muchas herramientas tienen múltiples usos (a los que habría que renunciar si pueden ser utilizadas como armas), y es una situación evolutivamente inestable e irrealizable: si una persona incumple la norma tiene un poder enorme muy difícil de contrarrestar por otros ciudadanos honestos desarmados (que tendrían que romper también la norma para hacerla cumplir).

La fuerza tiene una característica muy peculiar que la diferencia de otros bienes y servicios: es el medio de intercambio involuntario universal. Es muy peligroso que esté muy concentrada, con grandes diferencias entre individuos. Si una persona no tiene armas está a merced de quienes sí las tienen. Que haya más armas no implica necesariamente que haya más actos violentos utilizándolas, ya que no se trata de hechos independientes: el agresor tiende a inhibirse ante la posibilidad de defensa armada de sus víctimas. Es posible que se produzcan menos agresiones cuando todo el mundo está armado y puede repeler los ataques. Es especialmente importante el marco legal e institucional: que los violentos sepan que pierden su derecho a la vida cuando asesinan, y que los sistemas judiciales sean eficientes y sea difícil escapar de ellos.

La ética de la libertad se basa en el derecho de propiedad y en la legitimidad del uso proporcional de la fuerza para defenderlo. Los propietarios individuales pueden agruparse en asociaciones o cooperativas para facilitar su defensa o contratarla a especialistas (a quienes conviene controlar para que no se conviertan en agresores). Utilizar un arma para defenderse o defender a otros es un derecho pero no un deber, e implica una gran responsabilidad, ya que es posible herir o matar a inocentes de forma accidental (víctimas colaterales) o causar daños desproporcionados a un delincuente. Conviene disponer de armas cuyo efecto sea localizable y graduable con precisión. La posibilidad de usar un arma puede servir como enseñanza de autocontrol y responsabilidad.

El agresor puede temer el uso defensivo de las armas en el mismo momento de la agresión, o su uso posterior por la justicia. En general el criminal tiende a asumir que no lo atraparán, teme menos la posible condena que la defensa inmediata, así que no le importa demasiado el incumplimiento de la ley respecto a la posesión y uso de armas. Si los defensores están cerca de las víctimas (o si los agredidos pueden defenderse) quizás puedan repeler inmediatamente la agresión y evitar o minimizar los daños; si están lejos los daños serán mayores y seguramente irreversibles e irreparables aunque se capture y condene al criminal (quien tal vez teme más una defensa en caliente de alguien amenazado que la justicia fría y burocrática de extraños). En las modernas sociedades estatalizadas muchas personas se despreocupan de su seguridad y se vuelven pasivos, confían su defensa en el monopolio ilegítimo, ineficiente e ineficaz del estado; los gobernantes no confían en que sus ciudadanos puedan defenderse de forma responsable y les restringen el uso de las armas, pero exigen que los ciudadanos confíen en ellos a pesar de sus sistemáticos fracasos y demostraciones de incompetencia. En algunos países el uso defensivo de las armas es frecuente pero suele ser menos llamativo que las matanzas anecdóticas de unos pocos locos (facilitadas por la indefensión pasiva de sus víctimas) o las sangrientas batallas de los traficantes de drogas (que incrementan mucho las víctimas por arma de fuego).

Una persona puede tener armas en su propiedad, pero nadie tiene el derecho a portar armas en la propiedad ajena sin consentimiento del dueño. El propietario puede excluir a quien desee del uso de su propiedad y puede imponer las condiciones o normas particulares que quiera a sus invitados como condición para compartirla, ya sean sus domicilios o ámbitos de acceso público (parques, comercios, escuelas). Algunas personas se sienten más seguras si están cerca de individuos armados en quienes pueden confiar (sean particulares u organizados de alguna forma); otras personas prefieren zonas libres de armas, quizás porque no confían en algunos de sus semejantes. Ambas preferencias son legítimas y pueden ser tenidas en cuenta por empresarios que ofrezcan recintos con diversas normativas en competencia en un mercado libre para atender a los deseos de seguridad de sus clientes. Pero si en un determinado lugar se prohíbe de forma absoluta la posesión de armas y se anuncia públicamente, es necesario controlar que nadie con intenciones destructivas pueda acceder armado, ya que si lo hace puede provocar una matanza sin riesgos; los responsables del lugar deberán discriminar acertadamente a quienes consideren amenazas potenciales.

Las claves de la inflación

Escrito por José Ignacio del Castillo en . Publicado en Análisis diario.

El premio Nobel de Economía Milton Friedman definía la inflación como un proceso generalizado y persistente de subida de precios. Friedman añadía que tal fenómeno debía tener necesariamente su origen en un incremento continuado de la cantidad de dinero. Ludwig von Mises, a mi entender el más grande economista del siglo XX, ofrecía la explicación subyacente al aserto de Friedman. Los precios han de subir en la proporción en que el aumento de la cantidad de dinero sobrepasa el incremento de los saldos en dinero que los sujetos desean mantener. Obviamente todo dinero disponible que exceda dicho importe será utilizado para comprar algo y consecuentemente presionará al alza los precios, pues, como en el caso de una subasta, sólo ofreciendo mayores precios será posible eliminar de la puja por unos mismos bienes a los otros aspirantes.

Desafortunadamente, ni Friedman ni Von Mises dieron entrada en su definición de inflación a un aspecto, el de la calidad de la moneda que es objeto de la inflación, que ayuda todavía más a comprender este pernicioso fenómeno. En una ilustración enormemente gráfica, Faustino Ballvé escribía que el fenómeno de la inflación era similar al de aguar el vino. No sólo se incrementaba la cantidad disponible, sino que la calidad resultante era notablemente inferior. O, como dijo Jacques Rueff, el padre de la reforma monetaria francesa de finales de los años 50, inflar la moneda es conceder a sus beneficiarios la potestad de demandar sin ofrecer, de sacar bienes y servicios de la economía sin que haya habido una aportación previa de riqueza por igual valor. Es por ello que la definición más precisa de inflación sería probablemente la de “deterioro en la calidad de dinero mediante la incorporación al circulante monetario de numerario sin las cualidades dinerarias necesarias”.

El proceso de inflación en épocas pasadas, principalmente, se llevaba a cabo mediante una rebaja en el contenido de metal precioso de la moneda. Con la generalización del uso del billete o de los depósitos bancarios, el proceso inflacionario pasó a materializarse a través de la concesión de créditos sin respaldo de ahorro previo. En general los bancos envilecen el dinero produciendo inflación cada vez que lanzan a la circulación billetes o depósitos de nueva creación a cambio de activos no líquidos, de los cuales la deuda pública es el más conspicuo aunque no el único representante –añádanse hipotecas, letras de peloteo, préstamos para financiar inversiones a largo plazo, préstamos al consumo, etc.–.

Una vez aclarado el fenómeno, es fácil deducir algunas conclusiones sobre la cuestión. En primer lugar, podemos desterrar la falacia que trata de vincular inflación con crecimiento económico. La inflación es un fenómeno independiente del crecimiento. Por un lado, dos de las fases de crecimiento económico más espectacular de los últimos 150 años, el milagro económico alemán de la posguerra y el surgimiento de los EE.UU. como potencia industrial en las últimas décadas del siglo XIX, se produjeron con entornos de moneda sana (creación del DeutscheMark, vuelta al patrón oro tras la Guerra de Secesión). Por otro lado, la inflación ha estado presente en variados episodios de estancamiento o contracción: los EE.UU y Europa en los años 70, por no hablar de los numerosos periodos hiperinflacionarios de Latinoamérica o África.

Bien es verdad que existe un caso en que la inflación puede tener un efecto temporalmente estimulante. Es cuando ésta se canaliza a través del crédito para financiar industrias y los precios al consumo logran mantener cierta estabilidad. Sin embargo, tal efecto no sólo termina tan pronto cesa la inflación, sino que es embrionario del conocido ciclo recurrente de expansiones y recesiones que asolan a las economías que tratan de sustituir la formación de capital a través del ahorro real con procesos inflacionarios de dinero abundante y barato. Más aún, cuando la inflación es esperada, los agentes económicos ajustan sus previsiones. Así, se generalizan procedimientos como la indexación de salarios y contratos o una creciente prima de riesgo incorporada al tipo de interés. Todo ello, al incrementar los costes empresariales, diluye cualquier efecto estimulante del crecimiento que la inflación pudiera haber pretendido.

Los efectos son incalculablemente más perniciosos si para combatirla se adoptan controles de precios y cambios. Si no se permite a los precios transmitir información sobre la escasez relativa existente en cada rama de la economía, se desajusta la producción y se hace imposible calcular. No sólo tales controles son ineficaces, sino que tienden a agravar la situación debido a los desabastecimientos que provocan y a la cantidad de horas que se pierden haciendo cola para obtener las raciones que se establecen. Los controles, por un lado, corrompen a funcionarios que trafican con cartillas de racionamiento, asignación de cuotas, permisos de importación, divisas, etc., y, por otro, ponen en funcionamiento un mercado negro que necesariamente tiene que cargar los mayores precios y las menores calidades asociadas a los costes de la ilegalidad. Los controles de precios y cambios, en resumen, restringen gravemente las libertades, además de servir de coartada para demorar el cese del envilecimiento monetario, pues los gobernantes pretenden hacer creer a la población que se está haciendo algo. Aparecen los grandilocuentes discursos contra los especuladores, los acaparadores, el mercado…

Se atribuye a Lenin haber comentado que “el mejor modo de destruir el sistema capitalista era envilecer la moneda. Mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos son capaces de confiscar, en secreto y sin que la gente se dé cuenta, una parte importante de la riqueza de los ciudadanos. Mediante este método no sólo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente, en un proceso que empobrece a muchos y enriquece a algunos; afectando así no sólo a la seguridad, sino a la confianza en la justa distribución de la riqueza”. Conseguir, de paso, echar la culpa al mercado y proponer como salvación la nacionalización de todos los precios, los cambios y la economía en general es algo que sólo una población tan envilecida como la moneda puede llegar a ser capaz de admitir.

Vota a nadie

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En un muro leí una vez un lema que jamás se me borrará de la mente: "Vota a nadie porque nadie arreglará tus problemas". Cada vez que llegan unas elecciones, me acuerdo de aquella leyenda porque, no nos engañemos, todos los políticos buscan una única cosa, el poder. Necesitan que les satisfagamos sus ansias de dominio, que les hagamos sentir que son importantes, que mandan, que pueden dirigir a la sociedad en conjunto. Su esencia es claramente parasitaria. Nos necesitan para ser. Su autoestima depende de nuestros aplausos.

A pesar de ello, oímos a unos y a otros y evidentemente hay algunos que parecen defender valores similares a los que se sostienen en este Instituto. Incluso hay veces en los que, escuchando a un político, creemos haber encontrado un nuevo Jefferson que nos deleita con bellas palabras hasta embriagarnos… Lo malo de ello es que, cuando llega la resaca, nos percatamos de cuán equivocados estábamos.

En todo momento, no hay que perder de vista que si el político necesita, cual vampiro, la sangre de sus víctimas, perdón, votantes, hará lo imposible para contentarlos. Por tanto, quienes mejor se organicen y expresen sus demandas como una necesidad del colectivo conseguirán captar la atención del político, que les dará lo que pidan porque, al fin y al cabo, lo que demanden nunca será pagado de su bolsillo.

Limitarse a defender la propiedad privada, la libertad económica y política y el Estado mínimo, es una quimera para un político porque con ese programa no le votaríamos más que unos pocos liberales. Ese político acabaría por transigir un poco… y de un poco a un poco más, tampoco hay demasiado trecho y ya que nos ponemos a ampliar el Estado, ¿por qué no dejarlo como está y, si acaso, proponer medidas "más realistas" como cambiarlo todo para que todo siga tal cual?

Además, no existen partidos liberales. Por mucho que alguien les diga que el PP o el Partido Republicano norteamericano son liberales, no se lo acabe por creer o cualquier día acabará por dejar sus calcetines el día de reyes y esperará nervioso a que el famoso trío llegue desde muy lejos con su saca de regalos.

Lo mismo sucede con la pasión que ha embargado a algunos con Sarkozy. Agapito Maestre señala en Libertad Digital que el francés es "el político que busca Europa desde la caída del Muro de Berlín. Es la única esperanza" (sic). Pensar que un ególatra lenguaraz salvará el mundo es como confiar en que Batman salga de su cueva para proteger a Gotham del malvado Joker.

Más bien, la actitud razonable es la del escéptico al que nunca ningún político acaba por convencer y menos seducir, aquel que pone en solfa lo que escucha porque no cree que nadie que quiera poder será capaz de limitar sus atribuciones por principio. Este es el caso de José García Domínguez, quien, con su habitual brillantez, nos recuerda frente a los Agapitos, Arísteguis y demás entusiastas fervorosos de Sarkozy que "la derecha española, siempre tan fiel a esa tradición suya de comprar cualquier burra ciega que huela a perfume francés, bien haría en releer a Revel antes de echar las campanas al vuelo por el candidato favorito de Giscard d´Estaing. Es más, hoy no debería abrir la boca sin haber memorizado aquella advertencia con que el viejo Jean-François nos previno contra los tipos como ese falso vaquero de Marlboro: ‘Hablan de Tocqueville pero, no te engañes, sólo es por buscar en sus páginas el rostro de Luis XV’."

Si un político está llamado a algo es a seguir el ejemplo que nos brindó Mises cuando fue preguntado por lo que haría si llegara a la presidencia y respondió que no le cabía ninguna duda: dimitir.

Cuando no lo hacen siquiera tras reducir sin pausa el Estado hasta su mínima expresión, entonces, ese político será otro más de la larga lista de mentirosos que nos llevan explotando día a día, año a año, esquilmando de nuestros salarios lo que precisan para seguir encaramándose a la cumbre, desde la que mirarnos como a súbditos.

Llegue o no Sarkozy al poder, Francia seguirá siendo un país carcomido por el socialismo, podrido por la corrupción a que conduce la teoría de "cada quien según sus necesidades a cada cual según sus capacidades".

Y en España, no se equivoquen, probablemente sin Zapatero estaríamos mejor, incluso muchísimo mejor, pero sólo porque no tendríamos a un tipo cuyas palabras rechinan al oído y cuyos actos producen vergüenza ajena… no porque Rajoy fuera a aparecer con una capa negra en su batmóvil para defendernos de los malignos.

Por eso, en las próximas elecciones, ya sé a quién votaré. A nadie porque nadie me solucionará mis problemas, salvo, claro está, yo mismo. Por tanto, ¿qué necesidad tendré de votar?

Paradojas sobre la energía

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Pocos asuntos hay tan controvertidos y polémicos como la energía en general y, no digamos ya, la energía eléctrica. Todos, sin excepciones, hacemos un uso intensivo de ella pero sólo unos pocos se muestran a favor de generarla en abundancia para que su precio caiga y aumente nuestro nivel de vida. De hecho, la de la electricidad es la única industria cuya publicidad insiste en que se consuma menos y no más, como sería lo lógico. Si algo así sucediese con, pongamos por caso, los fabricantes de automóviles o las cadenas hoteleras pensaríamos que sus dueños han perdido el juicio, pero en el caso de la energía estamos, por principio, a aguantar cualquier cosa que tengan a bien echarnos.

El origen de esta relación de amor-odio que nos produce la generación de electricidad está en la persistente propaganda ecologista, que ha encontrado en este tema un talismán que nunca falla. Así, por ejemplo, después de años de dar la paliza con las centrales nucleares y térmicas, de predicar a los cuatro vientos que el futuro reside en las renovables, parte del movimiento ecologista ha derivado en una curiosa postura consistente en demonizar cualquier modo de generar energía eléctrica, aunque sea con un molinillo de papel. Si las antiguas centrales de carbón contaminaban la atmósfera, los actuales parques eólicos afean el paisaje, las novísimas granjas solares son depredadoras de suelo y así hasta el infinito.

Lo que habita tras la llantina ecologista es conocido por cualquiera que tenga ojos en la cara: odian el mundo tal cual es y quieren convertirlo en algo hecho a su medida. Como los comunistas de antes pero sin tomar el Palacio de Invierno y con grandes dosis de buenismo naif que los hace parecer iluminados de una nueva fe cuya revelación sólo conocen ellos. El misterio, por lo tanto, no radica en los profesionales del ramo sino en los que no son ecologistas, es decir, en los que cuidan y disfrutan del medio ambiente una vez tienen atendidas otras necesidades más perentorias.

¿Por qué adoramos la electricidad con una mano y aborrecemos de ella con la otra? Probablemente sea por lo mal informados que estamos y lo dados que somos a creernos cualquier patraña. Queremos seguir disfrutando de las comodidades que la vida moderna nos ofrece pero, a la vez, nos culpabilizamos por ello. Rara vez pensamos que, para que una bombilla se encienda, hay que generar la electricidad que hace posible el milagro, y hay que hacerlo en el mismo momento en que apretamos el interruptor. Llevan treinta años diciéndonos que ese acto tan inocente, y por el que las generaciones que nos precedieron hubieran dado cualquier cosa, tiene un coste altísimo: el aire que respiramos, el agua que bebemos o, ya metidos en catastrofismos, el planeta mismo que habitamos.

Con certidumbres semejantes pocos se plantean que casi cualquier actividad humana modifica el entorno y que esta modificación no es siempre para mal. Evidentemente, hay muchos modos de generar energía pero todos conllevan un coste que no sólo es medioambiental. La electricidad está sometida a las mismas leyes que cualquier otro bien y su producción es sujeto de idénticos avances en materia tecnológica. La desinformación y su inevitable consecuencia, la regulación estatal, nos está llevando a producir mal y a alto precio. Nadie, naturalmente, se queja de ello. Se impone el pensamiento mágico que actúa como un bálsamo para la conciencia herida del que tiene el cerebro lavado. Los mismos que no tolerarían precios abusivos en otros productos pagan sin rechistar la factura de la luz. Una paradoja más a añadir al reino del sinsentido en que se ha convertido todo lo que toca a la energía, la misma que le ha permitido comer caliente hoy, la misma que ha hecho posible que usted llegue hasta este punto del texto, la misma que, según algunos, se va a cargar el planeta.

Virginia Tech y el derecho a portar armas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

La masacre de Virginia Tech ha conmocionado a toda la población de los Estados Unidos. Al parecer, un cúmulo de coincidencias hizo que la policía siguiera una pista equivocada mientras el asesino, Cho Seung-Hui, cruzaba el campus universitario para continuar con la matanza. Un criminal, supuestamente desequilibrado, dispuesto a atentar contra la vida de los demás con un arma de fuego y unos servicios públicos de seguridad que vuelven a cometer un error de bulto a la hora de proteger a los ciudadanos han reavivado un gran debate. Sorprendentemente la discusión no gira en torno a cómo superar los fallos del sistema público de protección sino que se enquista, como un gatillo oxidado, en el cuestionamiento del derecho constitucional a tener armas.

Los detractores de las armas, sobre todo fuera de los Estados Unidos, sacan a relucir que cerca de 14.000 ciudadanos americanos murieron en el año 2005 asesinados por medio de armas de fuego y que en el país hay unos 240 millones de armas. Por otro lado, argumentan que si la posesión de armas sigue siendo legal es por culpa de una minoría bien organizada. En este caso los perversos antagonistas de quienes critican el derecho a tener armas son los lobbies –especialmente de la Asociación Nacional del Rifle– o, incluso, el partido republicano. Es posible que todos esos argumentos sean ciertos, pero lo son de manera tan parcial que no sirven para concluir lo que pretenden: la idoneidad del control estatal de las armas de fuego.

En efecto, son miles los norteamericanos asesinados con armas de fuego cada año. Sin embargo, los críticos olvidan compensar este buen y visible argumento utilitarista contra el derecho a la tenencia de armas con un efecto menos visible del derecho a su posesión. Y es que nadie niega que sean muchas miles de vidas las que se salvan cada año en Estados Unidos gracias a esos 240 millones de armas en manos de la población civil. Estas vidas no salen en el telediario, pero están ahí. Las investigaciones de John R. Lott, por ejemplo, han puesto de manifiesto cómo aumentaban los asesinatos cuando se restringía el derecho a las armas en numerosos estados. Como dice el dicho, cuando las armas están proscritas, sólo los proscritos tienen armas. Además, en Estados Unidos, los crímenes dentro de la propiedad privada son inferiores a muchos países europeos. Al parecer, a los criminales no les es indiferente si la gente puede tener un arma en casa para defenderse o no.

Sin lugar a dudas, la National Rifle Association y otras colectivos civiles se esfuerzan por defender el derecho a la tenencia de armas. También es cierto que en el partido republicano hay una clara mayoría de representantes que defienden este derecho recogido en la segunda enmienda. Pero no es menos cierto que en el demócrata ocurre lo mismo. Estos datos son el reflejo de una sociedad en la que existen algo más de 55 millones de ciudadanos adscritos a asociaciones de caza, tiro o defensa del derecho a tener armas (y algo más de 76 millones de dueños de armas de fuego). En 1996 algo más de un 37% de los votantes norteamericanos y casi el 40% de la población total poseía un arma. A la luz de estos datos, el argumento de que una pequeña minoría tiene secuestrada la voluntad de los norteamericanos sueña a perorata majadera.

Pero es que, además, la defensa del derecho a tener armas tiene un fundamento ético. ¿En qué queda el derecho a la vida y a la propiedad privada si no tenemos derecho a defender ambas? Tal y como lo expresó el ex fiscal de la ciudad de Nueva Cork, David B. Kopel, "si sólo el Gobierno tiene armas, sólo están seguras aquellas personas cuya protección le interesa al Gobierno". El Gobierno lo podrá hacer mejor o peor, pero de lo que no cabe duda es de que no ofrecerá el servicio dónde y cuándo el ciudadano necesita hacer valer sus derechos más fundamentales.

Esta cuestión nos lleva al último aspecto que merece ser destacado y que queda bien reflejado en un conocido dicho suizo: "si el Gobierno no confía en la gente, la gente no puede confiar en el Gobierno". El derecho a tener armas no sólo sirve al propósito de defender la vida de uno y de su familia. Una población armada es la última barrera frente al totalitarismo político. Hace más de cuatro siglos Juan de Mariana destacaba la importancia de contar con una población civil bien armada y advertía al rey que "el tirano teme necesariamente a los que le temen, a los que trata como esclavos, y para evitar que éstos preparen su muerte, suprime todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas, no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres libres para que no robustezcan su cuerpo con ejercicios militares y desmoronar la confianza en sí mismos."

No sé hasta qué punto el padre Mariana era consciente de la importancia de sus palabras. En cualquier caso, el siglo XX le daría tristemente toda la razón. En 1942 Hitler reconocería que "el error más estúpido que podríamos cometer sería permitir tener armas a las gentes conquistadas del este." El Führer era un tirano genocida pero no un idiota y repetía que "la historia enseña que todos los conquistadores que han permitido poseer armas a las razas sometidas han preparado su propio declive al hacerlo."