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Victimas apaleadas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

No descubriré la pólvora si digo que nuestro sistema judicial se ha convertido en una farsa en la que la restitución de la víctima brilla por su ausencia y dónde ingentes recursos se dilapidan en lograr que los delincuentes salgan cuanto antes de la cárcel, sean felices a lo largo de su estancia o en que ni siquiera lleguen a entrar. Sin embargo, contar casos en los que el sistema trata a la víctima como criminal y encima le obliga a indemnizar al agresor muestra el grado de perversidad al que se ha llegado con el abandono de la justicia a secas y el abrazo a la justicia social.

El pasado mes de julio se produjo la encarcelación de un honrado ciudadano cuyo delito fue tratar de defenderse de un agresor. Es el último episodio de una historia en la que Luis (de 63 años) y su familia han tenido la oportunidad de conocer en profundidad las entrañas de la bestia: el sistema judicial del estado. Todo comenzó en 1998 cuando nuestro infortunado protagonista descubrió que alguien entraba en su finca, le robaba y destrozaba la cosecha. El suceso se repitió en varias ocasiones y Luis, pensando ingenuamente que la misión de la policía es proteger nuestra propiedad y nuestra vida frente a los agresores, acudió a denunciar los hechos a comisaría. Así una y otra vez sin obtener ayuda o respuesta alguna. En vista del absoluto desamparo, la víctima decidió vigilar él mismo y proteger su propiedad con una escopeta de perdigones. El primer día de septiembre de 1998 un hombre de unos 30 años de edad trató de invadir su propiedad a través de un hueco en la pared de su invernadero y salió con un perdigón en el hombro.

Llegados a este punto, el lector pensará que a esta historia sólo le queda la detención del agresor, la imposición de una pena que restituya a Luis y el punto final. Quizás, en algún extraño país las peripecias de Luis podrían prolongarse incluso un poco más con la concesión de alguna condecoración a nuestro protagonista por haber colaborado de manera decisiva en la detención de un criminal que ponía en riesgo la propiedad de los vecinos de la zona. Nada más alejado de lo que ha sucedido desde entonces.

Aquel exitoso acto de defensa propia fue el comienzo de una pesadilla urdida por el monopolio del uso de la fuerza y la justicia. El primer paso lo dio la policía. Pero no precisamente metiendo al invasor en el calabozo sino denunciando y deteniendo a Luis, la víctima que había decidido solventar la incompetencia policial con su propio esfuerzo. A Luis le debió resultar difícil de entender que la agencia monopólica que sufraga coactivamente a precios abusivos decidiera arrestarle por solucionar su problema de inseguridad por su cuenta. Después vino la sentencia del juez de turno: culpable de homicidio en grado de tentativa. Es el mundo al revés. Condenan a la víctima a pagar 30.000 euros al agresor; bonita forma de entender la justicia.

Para saldar su deuda con la sociedad (quien sabe si por haber reducido la productividad de un ladrón o por haber dejado en evidencia a los incompetentes fuerzas del (des)orden público), ha sido penalizado con 4 años de prisión. Una razonable forma de entender este injusto despropósito es que el aparato estatal trata de imponer un escarmiento que sirva de ejemplo a todo el que se crea en el derecho de defender su propiedad o su vida. Las imágenes de la familia de Luis, un hombre de 63 años, llorando el encarcelamiento de su ser querido es un fenomenal desincentivo a la hora de mover un dedo para evitar que te quiten lo que es tuyo. La visión de una familia que está perdiendo su hogar de toda una vida porque la persona productiva de la familia se encuentra en la cárcel y no puede contribuir al pago de la hipoteca que hicieron para pagar al agresor, tampoco debe ser una imagen que estimule las ganas de protegerte.

Esta infame historia ha tenido lugar en Gran Canaria, pero podría haber sucedido en cualquier otro punto de cualquier estado moderno. Es el resultado lógico del monopolio del uso legitimado de la violencia y de la justicia a cargo del aparato estatal. A Minerva no sólo le han quitado la venda de los ojos sino que le han encargado que detenga cualquier atisbo de individualismo que ponga en peligro el estado y la justicia social.

Sobre la adopción

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

No existe nada parecido a un "derecho a adoptar", sostienen algunos, existe sólo el derecho del niño a ser adoptado por una familia cualificada, que satisfaga unos requisitos necesarios para el desarrollo adecuado del menor. Carece de rigor, sin embargo, referirse al derecho del niño a ser adoptado por una familia en concreto cuando esta decisión no puede tomarla el niño y recae, necesariamente, en terceras personas. Los valedores de la tesis anterior aseguran defender un supuesto derecho individual del niño cuando en realidad no hacen sino arrogarse arbitrariamente el derecho a decidir quiénes y en qué términos pueden ser adoptantes.

¿Qué significa poseer un derecho sobre algo? Significa tener derecho a decidir con respecto a su uso. El propietario de una parcela de tierra, por ejemplo, es aquél que tiene derecho a decidir con carácter exclusivo sobre su uso. En el caso de los menores decimos que sus padres (y sólo ellos) tienen derecho a tutelarlos, esto es, a decidir con respecto a su formación y desenvolvimiento. Entendemos, en este contexto, que un niño tiene derecho a no ser agredido físicamente, a no ser coaccionado en el que caso que quiera abandonar el hogar y, si aceptamos el principio de la responsabilidad parental, derecho también a obtener sustento por parte de los padres. Pero cuando hablamos de si el niño debe recibir una educación laica o religiosa, por ejemplo, no aludimos al "derecho del niño a un tipo de educación concreta", sino al derecho de los padres a decidir el tipo de educación que debe recibir su hijo. Del mismo modo, cuando hablamos de la adopción no cabe hablar del derecho del niño a ser adoptado por un tipo de familia en concreto, como si fueran sus preferencias las que primaran, pues en tanto no disponga de juicio suficiente no va a pronunciarse en ningún sentido. Forzosamente la decisión corresponde a terceros, de modo que la cuestión a dirimir no es en qué se traduce ese derecho del niño a ser adoptado, sino qué terceras personas tienen derecho a decidir con respecto a la adopción.

Si los padres tienen un derecho de tutela sobre sus hijos, en razón del vínculo natural que les une, ¿en base a qué no pueden ceder ese derecho de tutela a terceros? Y si pueden, ¿por qué no a un determinado precio? Desde un punto de vista liberal no hay motivo para oponerse a un libre mercado de adopciones, en el cual distintas familias consienten en traspasarse ese derecho de tutela. ¿Por qué deberían prohibirse esta clase de intercambios, como hace el Estado en la actualidad? Los padres biológicos elegirían a los adoptantes, nadie impondría desde fuera los requisitos que éstos debieran cumplir. De este modo podrían ceder la tutela a parejas heterosexuales, parejas homosexuales, personas solteras… lo mismo que a orfanatos o agencias intermediarias (que también podrían fijar sus propios criterios de adopción, más o menos restrictivos) encargadas de hacer llegar los niños a otros adoptantes. En cuanto a los menores que fueran abandonados, dejados al pie de la escalinata, ¿quién devendría su legítimo tutor? Pues, como en el caso de cualquier objeto abandonado sobre el que se pueda tener derechos, lo lógico sería aplicar la regla del homesteading o "primer ocupante": aquél o aquellos que primero recogiesen al pequeño y aceptasen su custodia devendrían sus tutores. "Pero el niño tiene derecho a un tipo de familia en concreto…". Hablemos con propiedad: ¿quién debe decidir qué familia es "adecuada" para el menor? ¿El Estado u otra entidad externa que no guarda relación alguna con el menor, o sus progenitores, que son quienes le han dado la vida? ¿Debe decidirse democráticamente qué tipo de familias son adecuadas para el cuidado de un niño? ¿Debe decidirlo un comité de expertos? Además, ¿por qué el derecho del niño a una familia adecuada sólo afecta a los adoptantes y no a los padres biológicos? Si el Estado puede negar la licencia de paternidad a una pareja de homosexuales por considerar que priva al niño de la indispensable figura materna o paterna, ¿no debería poder retirarle la licencia a una madre soltera o a un padre viudo que ya cuidan de su hijo? De acuerdo con el argumento de que un niño tiene derecho a una familia "adecuada" que no menoscabe su normal desarrollo, ¿es coherente denegar la licencia a una pareja de homosexuales y no retirársela, por ejemplo, a unos padres biológicos que educan a sus hijos en valores comunistas o neonazis? Lo que se deja en manos del Estado no es sólo la facultad de imponer requisitos a los adoptantes, es la propia definición de lo que debe ser una familia y la potestad de emitir licencias de paternidad.

Algunos objetarán que esto de liberalizar las adopciones equivale a convertir a los niños en simples mercancías. Consignas emocionales aparte, lo que deberían preguntarse estos críticos es si vetando la liberalización benefician a los menores a quienes pretenden proteger. Varias razones sugieren lo contrario. En primer lugar, prohibir un libre mercado de adopciones supone incentivar el aborto: si una pareja o una mujer embarazada que no desea tener un hijo no puede ceder la tutela a un tercero una vez haya dado a luz (a cambio de una suma de dinero, por ejemplo), tiene menos incentivos para tenerlo y viceversa, tiene más incentivos para abortar. Al mismo tiempo, la liberalización desincentiva el abandono al pie de la escalinata, pues los padres biológicos tendrían la atractiva posibilidad de darlo directamente en adopción a cambio de dinero. Por otro lado, prohibir los intercambios entre familias que quieren dar en adopción a sus hijos y familias que quieren adoptarlos equivale condenar a estos niños a convivir con una familia que no los quiere en lugar de permitir que sean acogidos por una familia que sí quiere hacerse cargo de ellos. Luego prohibir la cesión (retribuida o no) de los derechos de tutela será todo lo políticamente correcto que se quiera, pero es dudoso que beneficie a los niños que serían objeto de adopción.

En el caso de las adopciones, como en tantos otros, no corresponde al Estado ni a ningún agente externo decidir, sino a quienes guardan relación con el niño: los padres biológicos, los orfanatos privados y aquellos que primero aceptasen la tutela del menor abandonado.

La riqueza según Benjamin Franklin

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

En 1758 Benjamin Franklin publicó "The Way to Wealth", texto básico acerca del pensamiento económico republicano dentro de la sociedad capitalista en los Estados Unidos de América. El texto es una recopilación de proverbios que Franklin había publicado veinticinco años antes en su célebre almanaque "Poor Richard". Este almanaque, que le proporcionó fama y prosperidad, a su vez era un vademécum de cultura popular abundante en refranes, poemas, recetas de cocina, remedios indios y hasta predicciones meteorológicas.

"The Way to Wealth" se dirigía a los emigrantes, sobre todo alemanes y escoceses de origen calvinista, que llegaban por aquellas fechas a Pensilvania, de cuyo parlamento Franklin era miembro relevante. El objetivo consistía en despertar políticamente a esta nueva clase emergente de mechanics o artesanos emprendedores que escaparon de la miseria, temerosos de la prepotencia de aristócratas y cuáqueros en los territorios de acogida. "The Way to Wealth" llegó a ser durante el siglo XIX uno de los textos más leídos en las escuelas estadounidenses y fue durante generaciones una suerte de método práctico para lograr el sueño americano.

Abatir la pereza, vigilar con los propios ojos los negocios y no descuidar el ahorro son los tres grandes mensajes que caracterizan a "Wealth" entre sus lectores.

Respecto de la primera recomendación –apartar la indolencia– dice Franklin con donosura: "la pereza se mueve tan despacio, que pronto la pobreza la alcanza… gobierna tus negocios, no dejes que sean ellos los que te gobiernen a ti". El gran bostoniano insiste en una idea atinada de lo que hoy denominaríamos gestión eficaz del tiempo: el mejor tiempo posible debe ser aquel que se vive en ese preciso instante. "Trabaja mientras dure el día, porque no sabes si podrás hacerlo mañana".

Franklin aconseja circunspección y cuidado en los oficios por cuenta propia. Hay que ser asentados y no abandonar los asuntos al albur de terceros. Para ello no interesa el disimulo; "no manejes tus herramientas como si llevaras puestos guantes de seda". Además sobre la competencia profesional plantea una sutileza de estimable alcance: "Muchos que no dan golpe vivirían de su astucia, sino fuera porque el deseo de tener objetos superfluos acaba con ellos".

Acerca del ahorro y el abandono de lo superfluo, Franklin es afortunado en imágenes dignas de un flamante vídeo clip consagrado a la moda: "satenes y sedas, rojos y púrpuras apagan la lumbre de las cocinas". En unas ocasiones se muestra grandilocuente ("el orgullo que almuerza con la vanidad termina cenando con el desprecio") y en otros momentos irónico y burlón ("los acreedores forman una secta muy supersticiosa, fieles observadores de los días y las horas convenidas").

Benjamin Franklin, de quien se cumplen en 2006 trescientos años de su nacimiento, contemporáneo de Hume, Voltaire y Jefferson, personalidad destacada en la Independencia Norteamericana, sigue ofreciendo en "The Way to Wealth" útiles consejos intemporales, impregnados de sentido común, para personas con dificultades.

Capitalismo y felicidad

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Sostenemos que estas verdades son por sí mismas evidentes: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Probablemente este es el fragmento más famoso de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776); y la incorporación del derecho a la búsqueda de la felicidad, su aportación más original y debatida. Han pasado 230 años y los americanos siguen celebrando su revolucionaria proclamación con un fervor patriótico desconocido en nuestras latitudes. Los Padres Fundadores hicieron de la búsqueda de la felicidad una cuestión política, encomendando a los gobernantes la custodia de las instituciones que permitieran la defensa de éste y del resto de derechos "inalienables" del hombre.

En estos años Estados Unidos ha consolidado su posición como primera potencia económica mundial, pero su hegemonía moral, atacada con renovado ímpetu desde dentro y fuera de sus fronteras con ocasión de la guerra de Irak o, más recientemente, por su apoyo casi incondicional a Israel en la guerra del Líbano, es cuestionada permanentemente y, en no pocas ocasiones, con instrumentos harto ridículos. Tal es el caso del panfleto titulado "El índice de felicidad planetaria" (HPI, en sus siglas inglesas).

Según sus conclusiones Estados Unidos ocuparía el puesto 150 entre los 178 países "estudiados", sería, por lo tanto, un país triste, tristísimo si seguimos nuestra intuición o idea de lo que significa la felicidad y no reparamos en la definición de la misma en la que se ampara este "ranking". Un país lamentable, sólo algo mejor que Costa de Marfil, Ruanda o Sierra Leona… eso sí, bastante más agradable que Rusia, traidora al comunitarismo ecologeta, que se sitúa en el puesto 172, por delante de otros traidores al comunismo como Estonia o Ucrania. ¿Y España? La España del talante deberá conformarse con una meritoria equidistancia, un limbo gris ni triste ni contento, un puesto 87, por delante del libérrimo Hong Kong y del corral feudal Saudita. Pero no se preocupen, que la pérfida Albión, aliada de Bush, se desliza con el dorsal 108 hacia regiones más oscuras. En realidad, el primer país de los Unión Europea que aparece en esta lista prodigiosa es Austria, con un meritorio puesto 61.

¿Y el "top ten"? Casi estoy por dejar que lo adivinen… ¿Recuerdan el anuncio de una conocida marca de licor en el que unos simpáticos lugareños con acento caribeño pretendían huir del estrés a toda costa? Pues eso, junto a un paraíso digno de Gaugin, la isla de Vanuatu en el Pacífico Sur, se encuentran Cuba o Dominica. ¡Cuba! Claro que, en puestos de avanzada felicidad todavía pueden verse lugares como Bhután, Guatemala y otros paraísos bolivarianos. Rigor.

Como se ve, en realidad Estados Unidos, campeón del capitalismo global, sólo es el ejemplo que resulta más revelador de la auténtica intención de este informe: probar que el capitalismo es el responsable de la miseria de muchos, felices a pesar de las dificultades, y culpable de la infelicidad de unos pocos, ricos más que les pese. Casi una reedición del mito del buen salvaje, ocurrencia atribuida a Rousseau, principal aliento intelectual de la Revolución Francesa.

Y es que la metodología empleada para llegar a semejantes conclusiones se basa en una ecuación aparentemente simple:

Felicidad = Vivir mucho tiempo + Identificarse a uno mismo como satisfecho + Usar los recursos naturales en cantidades apropiadas.

Los datos necesarios para rellenar los sumandos de cada país se obtuvieron acudiendo a diferentes estudios, cuyos resultados, a su vez, podrían discutirse, aunque por sí solos no resultan tan evidentemente manipuladores. Al introducir el factor "ecologeta" queda claramente en evidencia la voluntad de medir una cierta "eficiencia" en la consecución de la felicidad, es decir, no se mide la felicidad subjetiva, como queda claro, sino lo que cuesta conseguirla, señalando una doblemente falsa antinomia entre felicidad y riqueza.

La vida, la libertad y la propiedad fueron los ejes del discurso filosófico y político de los revoltosos americanos. Jefferson, responsable principal de la Declaración, no sólo recibió la influencia de Locke, autor del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, sino que formaba parte de un nutrido grupo de intelectuales entre los que se encontraban figuras menos reconocidas por la Historia, tales como el terrible Benjamin Rush, todos ellos materialistas científicos con un elaborado concepto de la naturaleza humana. Elaborado, gris y desconfiado, como lo prueba la redacción de la Constitución americana.

Jefferson estableció que la "búsqueda de la felicidad" era un derecho inalienable. La felicidad es un sentimiento moral y por lo tanto subjetivo. Al dar a los gobiernos la responsabilidad de la defensa de ese derecho, Jefferson y los Padres Fundadores estaban introduciendo una cuña en la privacidad de la persona con consecuencias imprevisibles, pero ciertas para su libertad, como demuestra la historia. Para Jefferson la felicidad era el objetivo de la vida y la virtud el fundamento de la felicidad, por lo tanto no concebía felicidad sin virtud, que es la cualidad indispensable en la reconciliación de los intereses individuales. El tiempo, las enmiendas y un occidente seducido por la maléfica influencia de la revolución de los sans-culottes han devaluado aquel e pluribus unum llegando a la conformación de políticas públicas basadas en dudosas encuestas que, en el caso de la felicidad, pierden u olvidan su carácter individual y dinámico.

Dinamismo imprescindible para comprender que la "búsqueda de la felicidad" nos hace seres fugazmente felices sí, pero productivos. Adelante, capitalismo.

Infierno… fiscal

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Para muchos, al llegar el verano llega el infierno. No sólo hace calor sino que también se suda al cumplimentar la declaración de la Renta. Tras hacer un minucioso acopio de papeles y rellenar las casillas pertinentes, el resultado sale a pagar. Entonces, no hay círculo de Dante en el que halle más calor que en su interior.

Observa que en su cuenta corriente tenía algo de dinero para comprar un aparato de aire acondicionado pero que quizás ya quede tan lejos como cerca en último día de plazo para pagar el impuesto.

A pesar de que cada mes, más de doscientos euros salían de su nómina con destino a las arcas del Estado y de que no ha hecho otra cosa que pagar tributos como el IVA, el impuesto de circulación o el de los Hidrocarburos, todavía el Gobierno le reclama más y más.

Su voracidad carece de límites. Es el taxman que glosaba la famosa canción de los Beatles. "Hay uno para ti, 19 para mí porque soy el recaudador. Si conduces, gravaré la calle. Si andas, gravaré tus pies".

Para colmo, al leer el genial libro de Carlos Rodríguez Braun "Tonterías Económicas" se encuentra con que un reputado escritor, del cual pensaba comprar alguna novela, Juan José Millás, ha lanzado vivas a la declaración de la renta.

Ya no le queda duda de que hay verdaderos canallas que se ríen de quienes trabajan la mitad del año para el Estado. Esa gente es la misma que recomienda creer a los políticos cuando justifican la necesidad de los impuestos para satisfacer las necesidades colectivas cuando, en realidad, como advierte Jorge Valín, el dinero lo van a entregar a los suyos o "se van a quedar una generosa parte".

Llegado el día del juicio, cuando tenga que darle a Belcebú, un trocito de su alma en forma de modelo D/100, al menos, piense que le están tomando el pelo y que todo cuanto trabaje, antes o después le será esquilmado.

Incluso, cuando quiera descansar en paz, el Estado se lanzará sobre su cadáver. Pedirá que unos pocos meses después su fallecimiento, sus herederos liquiden el impuesto sobre sucesiones… con lágrimas en los ojos.

Ha pasado un año más. Como usted lo ha soportado, Taxman le espera sonriente el año que viene. Bienvenido al averno fiscal.

Libertad económica y libertad política

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

El socialismo democrático, trasunto descafeinado del socialismo totalitario, nos dice que es perfectamente compatible mantener un sistema de alta coacción institucional y garantizar al mismo tiempo el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Para dictaminar sobre la veracidad de este aserto, conviene recurrir a la experiencia histórica y entonces constataremos que ningún sistema político respetuoso con los derechos de sus ciudadanos ha prescindido de un orden económico similar a lo que hoy conocemos como el libre mercado. Es que no hay otra opción si buscamos un sistema que garantice el ejercicio de los derechos civiles, puesto que la libertad económica es el principal soporte del resto de libertades del individuo. Los intelectuales suelen despreciar la libertad económica bajo el prisma de que es únicamente una forma de cubrir las necesidades materiales (además ineficiente, comparada con el socialismo al que dedican sus constantes soflamas). Sin embargo, la libertad económica es un fin en sí misma, comparable al ejercicio del resto de los derechos civiles que caracterizan a una sociedad libre, pues cuando se anula la libertad económica, se priva al ser humano del ejercicio de una de las capacidades primordiales que le distinguen de los seres irracionales. Hablamos de la "empresarialidad", según el término acuñado por los profesores Kirzner y Huerta de Soto, esto es, la facultad humana que le empuja de forma innata a buscar nuevos fines y objetivos vitales, empleando para ello los medios que considere oportuno. No se trata, por tanto, de una mera asignación de recursos para solventar unas determinadas necesidades de soporte vital, sino de una aspiración humana que entra de lleno en el terreno de lo espiritual. Un hombre no es libre si no se le permite luchar por los fines que subjetivamente considera le van a hacer feliz, por más que el Estado le faculte a depositar una papeleta en una caja de metacrilato cada cuatro años.

El sistema de libre mercado, además, permite separar el poder económico del poder político, algo que bajo los regímenes totalitarios se acumula en el mismo órgano rector. Esta separación de los ámbitos económico y político resulta esencial para garantizar la libertad política, pues permite la existencia de centros de poder alejados que se contrarrestan mutuamente.

A comienzos del Siglo XIX, los liberales ingleses, de la mano de Bentham, sugerían lo contrario, es decir, que la libertad política era un medio para la libertad económica. Su escuela filosófica mantenía que si la mayoría del pueblo pudiera votar lo haría a favor de limitar al máximo la capacidad coercitiva del Estado, aunque sólo fuera por una cuestión de mero utilitarismo. En cambio, a los terremotos políticos de comienzos del siglo XX siguieron dos Guerras Mundiales y una fuerte tendencia al colectivismo en la mayoría de países occidentales. Fue el "camino de servidumbre" del que advirtió Hayek con profética intuición.

La libertad política llega siempre después de la libertad económica y el desarrollo de las instituciones capitalistas. Hacer el trayecto en sentido contrario supone un riesgo evidente de no llegar nunca a la meta. La Historia es fecunda en este tipo de ejemplos.

¿Lo privado es más caro pero lo público sale gratis?

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Una de las objeciones más típicas a cualquier propuesta de liberalización, desregulación o privatización es que las empresas privadas harán pagar más al sufrido consumidor. De donde se deduce una segunda objeción, a saber: que este precio resulte prohibitivo a los consumidores y, por ende, que ninguna empresa privada lo ofrezca.

Así, por ejemplo, nos suelen asegurar que si privatizamos todo el sistema de transporte, las empresas privadas se negarán a ofrecer sus servicios a los pueblecitos lejanos porque la demanda sería insuficiente. Lo mismo para las operaciones quirúrgicas más costosas y los pacientes más pobres.

La réplica liberal típica es que si no se lo puede pagar el propio interesado, podría pagárselo un tercero, pero sólo si éste lo hace voluntariamente. Y, de ahí, la importancia de una presión fiscal baja y una regulación suficientemente refrenada como para permitir el desarrollo de las instituciones caritativas. Eso, a parte de otros muchos "detalles" importantísimos, como que con un mercado libre se posibilitará la experimentación empresarial para reducir costes, aumentando la productividad y así mejorar precios y salarios. Y que, a fin de cuentas, todo lo que se gaste el estado alguien lo tendrá que pagar, mientras aquel no siente ningún apremio para reducir costes, mejorar salarios o elevar la productividad, sino todo lo contrario.

Y, sin embargo, en nuestra vida diaria nos encontramos con ejemplos que dejan en evidencia estas objeciones antiliberales. La televisión, por ejemplo. Tanto si usted ve algún canal público (estatal, autonómico o local) como si no, paga por él con sus impuestos. En cambio, puede pasarse el día viendo canales privados sin tener que gastar un céntimo. Esos canales los pagan los consumidores de los productos que se anuncian en esos canales. Si los consumidores dan la espalda a los productos anunciantes, la cadena pierde financiación y habrá de rectificar o cerrar. Si dan la espalda a la propia cadena, con más motivo se impondrá un cambio de política empresarial. Pero a las cadenas públicas eso les trae sin cuidado: cuanto más pierdan, más podrán reclamarle al estado que les financie con cargo de los impuestos que paga usted.

Pongamos un caso extremo: la carrera espacial. Durante décadas, ha habido economistas y comentaristas criticándola en base a que ese dineral podría dedicarse a paliar problemas aquí abajo en la Tierra. Lo que casi nadie ponía en duda eran los faraónicos presupuestos que tal empresa requería y los nulos beneficios económicos que podía obtener. Por todo ello la alternativa privada resultaba impensable.

Y, efectivamente, tan pronto como el estado de turno se ponía a derrochar para poner algo en órbita, se daba el llamado efecto expulsión o "crowding out" por adelantado, es decir, si el estado derrocha a lo loco en un determinado sector, las empresas privadas, constreñidas por su propia naturaleza a evitar el déficit, se veían incapaces de competir.

Pero, ante la menor posibilidad de entrar en ese sector, la empresarialidad descubre caminos insospechados hacia el lucro y el progreso. Como el X Prize, por el que se la nave espacial privada SpaceShipOne recibió diez millones de dólares por realizar vuelos suborbitales. O la primera estación espacial privada Genesis I, con la que Bigelow Aerospace está por impulsar el programa "Fly Your Stuff" (Haz volar tus cosas). La idea es que por cierta cantidad, uno puede enviar cierto objeto al espacio, los de Bigelow Aerospace lo fotografían y así consiguen financiación.

Una excentricidad, dirán algunos. Una chorrada, dirán otros. Un derroche burgués, dirán los de siempre. Les fastidia que los emprendedores se salgan con la suya sin tener que meter mano en el bolsillo del contribuyente, de paso dejando en evidencia al Estado del Malgastar. Es lo mismo que dijeron hace un siglo cuando unos entusiastas se empeñaron en desafiar la ley de la gravedad autodenominándose aviadores. Hoy, todos nos beneficiamos de la libertad que disfrutaron esos pioneros de la nueva.

Quedan muchas fronteras por conquistar, con libertad podremos con ellas.

No a la guerra

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Muchos padecen lo que podríamos denominar síndrome de Jekyll y Hyde en lo que respecta a la intervención del Estado dentro y fuera de sus fronteras: son radicalmente anti-estatistas en política doméstica, pero en cuestiones de política exterior se vuelven fervientemente pro-estatistas, clamando por la intervención del Estado con el mismo énfasis con el que antes la criticaban. Lo sorprendente es que no entrevean lo contradictorio de sostener ambos planteamientos simultáneamente.

En política interior resulta que el Estado es el enemigo. Hay que limitarlo, reducirlo o desmantelarlo, nos impone injustas restricciones, confisca nuestras propiedades y es inherentemente incapaz de gestionar de forma eficiente los recursos que incauta. Sospechamos de sus intenciones, no damos crédito a sus promesas y sabemos distinguir entre el Estado y la sociedad civil. Pero en política exterior los enemigos están en otra parte, por doquier, y es el Estado nuestro principal aliado. Ya no hay que limitarlo o reducirlo, sino expandirlo. Tiene que intervenir aquí y allí para promover la democracia, lanzar ataques preventivos para sofocar posibles amenazas, reconstruir naciones enteras y poseer bases militares en todas las regiones del mundo. Lejos de sospechar de sus intenciones creemos sinceramente que aspira a protegernos. No desconfiamos de sus declaraciones ni de sus promesas, antes al contrario, arremetemos contra aquellos que las ponen en duda. El Estado y la sociedad pasan a ser una misma entidad, no es el gobierno el que está en guerra sino "nosotros", el país entero, y no luchamos contra un gobierno foráneo sino contra la "nación enemiga". De pronto el Estado se vuelve también eficiente, no puede planificar exitosamente el sector eléctrico pero sí puede planificar guerras y reconstrucciones nacionales. Tan virtuosa deviene la causa del intervencionismo militar que debemos estar dispuestos incluso a soportar "temporalmente" más impuestos y a sacrificar parte de nuestras libertades civiles. De este modo el mayor y más violento de los programas estatales ya no se considera una imposición con efectos no intencionados y potencialmente devastadores, sino una actuación necesaria y justa en aras del interés general. ¿Es éste un planteamiento coherente? Por supuesto, como señala Lew Rockwell, esta paradoja no es exclusiva de "la derecha". "La izquierda" peca exactamente de lo mismo, aunque en sentido inverso: en política exterior el Estado es una máquina brutal al servicio de intereses especiales que sólo conoce la destrucción y la injusticia, pero en política interior el Estado se preocupa por la gente, contribuye al bienestar colectivo y si no es más justo es por falta de fondos y atribuciones insuficientes.

Al Estado hay que juzgarlo con la misma severidad con la que juzgaríamos a un individuo cualquiera. Si el ejército bombardea un objetivo equivocado por accidente matando a decenas de civiles no puede valernos una simple disculpa, del mismo modo que no aceptaríamos una simple disculpa de un individuo que accidentalmente hubiera disparado su bazuca contra un autobús lleno de gente mientras practicaba en el patio de su casa. La doble vara de medir que se emplea para juzgar las agresiones de los Estados, y en particular de los Estados en guerra, es el resultado de lanzar los principios liberales por la borda y acogerse a la máxima de que el fin justifica los medios.

Naturalmente uno tiene derecho a utilizar la fuerza para defenderse y exigir restitución, pero una agresión no legitima en absoluto cualquier tipo de respuesta. El uso de la fuerza será legítimo en tanto sea defensivo / restitutivo y se dirija contra el agresor. En caso de que el agresor se halle parapetado entre civiles, el derecho a la auto-defensa podría justificar en determinadas circunstancias la muerte de individuos inocentes, pero eso no convierte en aceptables todos los "daños colaterales". Tomando la analogía de Rockerick Long, supongamos que Eric, con un niño a cuestas, nos empieza a disparar, y que no podemos defendernos sin matar al niño. En este contexto podríamos considerar que aún tenemos derecho a defendernos, pero la legitimidad de la represalia parece depender de cuatro factores: primero, el alcance relativamente pequeño de los daños colaterales (sólo un niño); segundo, la alta probabilidad de que disparando a Eric le detendremos; tercero, el hecho de que Eric es una parte importante de la amenaza (en este caso él es toda la amenaza); y cuarto, la ausencia de alternativas que no pongan en peligro la vida del niño. De esta forma, la justificación de los daños colaterales se debilita conforme alteramos alguna de estas variables: si Eric está escudado por miles de niños en lugar de uno, si no estamos seguros de que Eric se encuentra entre los niños, si Eric es simplemente una ínfima pieza del aparato militar y su muerte en concreto apenas contribuirá a poner fin a la amenaza, si hay modos de neutralizar a Eric sin dañar a los niños que le rodean… Cuanto más nos alejamos del escenario inicial menos diferencias encontramos entre el daño colateral y el ataque directo contra objetivos civiles. En las guerras modernas, ¿la mayoría de los daños colaterales son como el ejemplo de Eric?

Por otro lado, las guerras se financian mediante impuestos, esto es, mano de obra esclava: el Estado obliga a todos los ciudadanos a trabajar al servicio de la maquinaria bélica, lo quieran o no. De este modo los que toman la decisión de ir a la guerra no son los mismos que soportan sus costes, lo cual es un incentivo para emprender guerras. Si quienes deciden tuvieran que pagar la factura a lo mejor serían menos propensos al aventurismo militar. Además, ¿en base a qué se supone que quienes toman estas decisiones ansían proteger a los ciudadanos? ¿Es eso cierto en los demás ámbitos? ¿Por qué no presumir que en este caso, como en el resto, lo que a menudo intentan proteger son sus propios intereses y los de otros grupos de presión?

Asimismo, ¿de dónde se sigue que el Estado será eficiente protegiendo a sus ciudadanos de amenazas externas? ¿Es incapaz de proveer una educación de calidad y ahora resulta que puede liberar países y exportar la democracia allí donde se lo proponga? Estamos hablando de planificaciones centrales a gran escala, lo cual comporta despilfarro ingente de recursos y multitud de consecuencias imprevistas. No en vano Noriega, Husein y Bin Laden fueron en su día patrocinados por el gobierno de Estados Unidos y luego pasaron a ser sus enemigos. "Es fácil decirlo cuando ya ha sucedido, pero en su momento era imposible predecirlo", objetarán algunos. ¿Pero acaso no es ésta una buena razón para no intervenir en primer lugar? Como apunta David Friedman, el problema con las intervenciones militares es que hacerlo mal es mucho peor que no hacer nada, y puesto que los encargados de tomar decisiones son los mismos que gestionan Correos, es probable que lo hagan mal.

No hay que olvidar tampoco que el Estado del Bienestar crece a la sombra del Estado imperialista, erosionando libertades civiles en el interior del país y aprobando restricciones que jamás serán derogadas. La guerra aparta las miradas de los problemas nacionales y es una buena excusa para vigorizar el aparato estatal.

El liberalismo no casa bien con el intervencionismo militar. El Estado es despótico e ineficiente en todos los campos, también en el campo de batalla. Por este motivo en un contexto estatista lo más prudente y acorde con los principios liberales es reivindicar una política exterior no-intervencionista, aislacionista, estrictamente defensiva y en todo caso encaminada a eliminar quirúrgicamente a los agresores.

John Calhoun y la teoría de la anulación

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Hay dos tradiciones centrales en la historia política de los Estados Unidos. La de Jefferson, liberal y defensora de los derechos de los Estados, y la de Hamilton-Henry Clay-Lincoln, intervencionista y mercantilista, partidaria de un poder federal (central) fuerte. Esta última se tuvo que construir sobre mitos históricos, ya que no representaba la intención de los padres fundadores: los poderes implícitos y la "mentira espectacular" de que primero fue el poder federal y luego los Estados.

La primera dice que el Gobierno Federal tiene no sólo los poderes expresamente citados en la Constitución, sino aquellos que implícitamente son necesarios para conseguir los objetivos reconocidos por ésta. La segunda se cae con sólo leer cualquier historia de ese país, incluso las hamiltonianas. Fue creada por Daniel Webster con el objetivo de justificar la unión frente a la teoría de la anulación (nullification).

Esta última fue formulada expresamente por John Calhoun, pero está basada en sólidos precedentes históricos. La teoría constitucional de la anulación dice que cualquier Estado tiene el derecho de declarar nula cualquier ley creada por el Congreso, si la considera inaceptable e inconstitucional. Su origen no está en Carolina del Sur, sino en Massachussets, que ha alegado al derecho de los Estados a la secesión en cuatro ocasiones: al comienzo de la República cuando se discutían los ajustes de las deudas de guerra, con la compra de Luisiana por Jefferson, durante la guerra de 1812 y tras la anexión de Tejas. En la Convención de Hartford, en 1814, se planteó la secesión por la guerra contra Inglaterra. Plantearon una reforma de la Constitución que daría más poder a los Estados. Por otro lado, Madison y Jefferson habían reconocido el derecho de los Estados a la secesión en las resoluciones de Virginia y Kentucky, en 1798.

La cuestión volvió a revivir cuando se aprobó el arancel de las abominaciones de 1828. En su contra, el entonces vicepresidente John Calhoun escribió su South Carolina Exposition and Protest, un documento liberal que recogía la tradición jeffersoniana y lockeana de la primacía de los derechos individuales frente al poder central, y la del Estado de Derecho y la Constitución frente a cualquiera otra consideración. Los aranceles, junto con la venta de tierras, eran los principales ingresos del gobierno federal. Pero el de 1828 no tenía afán recaudatorio, sino proteccionista. Limitaría la competencia de las manufacturas foráneas, lo que beneficiaba al industrial norte y perjudicaba gravemente al sur, que necesitaba hacer esas compras para desarrollarse.

Calhoun expuso claramente este hecho, al destacar que con el arancel de las abominaciones se había abusado del poder de imponer aranceles con fines recaudatorios para "convertirlo en un instrumento para favorecer la industria de una sección del país y arruinar a otra". Más adelante recalca que "el gobierno constitucional y el gobierno de la mayoría son mutuamente incompatibles, si el único propósito de una Constitución es imponer las limitaciones y contrapesos sobre la mayoría". Calhoun apela a "restituir la Constitución en su original puridad" para llamar a "su sagrado deber de imponer su veto" al arancel.

En 1932, la legislatura de Carolina del Sur declaró la anulación (nullification) de las aduanas de 1828 y 1832 y acordó negarse a recoger los pagos del arancel a partir del primero de febrero de 1833. El presidente Andrew Jackson, del que se ha dicho que fue un defensor de los derechos de los Estados, declaró que la anulación es incompatible con la unión, y que no era sino un acto de traición. Destacó a varias fuerzas en Charleston bajo el mando del general Scott e hizo aprobar la Ley de la Fuerza (Force Act) en enero de ese año. Esta ley permitía al Gobierno Federal enviar fuerzas federales para recoger los pagos en la aduana.

La Unión se había salvado, pero lo hizo por una combinación de fuerza y buen sentido. Una generación más tarde, el conflicto entre norte y sur llevó a una guerra civil que sería la más sangrienta de la historia hasta entonces. Ahora nos podemos plantear qué hubiera sido de los Estados Unidos de haber triunfado la teoría de la anulación. Resulta muy difícil, pero numerosas leyes que atentan directamente contra la Constitución hubieran resultado impracticables.

El malévolo plan de Lex Luthor

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

El fin de semana pasado estuve viendo la nueva película de Superman. Aunque mi acompañante la disfrutó mucho más que yo, debo reconocer que me pareció tremendamente entretenida. Mejor sin duda que Superman III y, obviamente, Superman IV. Repleta de guiños a las películas de Christopher Reeve, tiene escenas muy logradas, como el salvamento aéreo que marca el retorno del héroe o el momento en que el malvado Lex Luthor, con la inestimable ayuda de la kriptonita y de unos cuantos matones, le da la paliza de su vida al hombre de acero. Hay hasta un guiño del Daily Planet al nuevo "periodismo ciudadano" que se nos viene encima. Otras cosas, en cambio, no son tan aceptables, como su exagerado metraje.

Sin embargo, no tengo intención de hacerles una crítica de la película que no es éste el lugar. De lo que quería hablar es del extraño y absurdo plan con el que Lex Luthor pretende hacerse el hombre más rico del mundo. Si ya Superman incluye grandes imposibilidades científicas en sus superpoderes y aventuras a lo largo de cómics y películas, entre las cuales destaca quizá lo poco que le afecta la teoría de la relatividad, en esta nueva incursión en la pantalla grande sorprende lo muy ignorante en economía que puede llegar a ser la mente criminal más grande del mundo.

Su plan es una reelaboración a lo grande del que ocupaba sus pensamientos en la primera película. Entonces planeaba provocar un terremoto que acabara con la costa de California, tras haber adquirido los terrenos desérticos que, después del cataclismo, se convertirían en zona costera, el terreno más valorado por los compradores. Si aquel plan tenía su lógica era por su relativamente pequeña escala. La desaparición de California hubiera sido sin duda un cataclismo económico, pero uno del que se hubiera podido salir con relativa facilidad.

Sin embargo, en esta ocasión el plan es crear un continente nuevo de su propiedad que, en el camino de expandirse, acabaría con casi todo Estados Unidos, Canadá y México, lo que produciría la muerte, en sus palabras, de "miles de millones de personas". Luego, la gente compraría terreno en su nuevo continente y él se forraría, claro. Aceptemos la exageración en el número de muertos porque siempre se puede suponer que en el mundo de Superman viva allí más gente. Aceptemos que haya quien necesite tierra, pues el mismo plan presupone que quienes se encontrarían con su hogar destruido morirían; los demás mantendrían el suyo intacto. Aceptemos que haya quien encuentre atractivo vivir en un continente hecho a imagen y semejanza de la poco habitable casa de Superman en el polo norte. Aceptemos que tiene "la tecnología suficiente", tal y como asegura sin dar muestra alguna de ella, para evitar que lo maten después de haber destruido medio mundo. El problema es, ¿con qué le van a pagar para hacerse rico?

Al contrario de lo que se suele indicar, el dinero no es riqueza; es el medio por el que se obtiene la riqueza, y más aún en un mundo en el que hemos eliminado los patrones metálicos y el dinero que utilizamos no vale nada por sí mismo sino por la fe que tenemos en que servirá para intercambiar bienes y servicios y como depósito de valor. Tras haber destruido la principal fuente de prosperidad del mundo, el lugar con los recursos humanos más productivos, el mercado más ávido para los demás productores, ¿qué quedaría para respaldar ese dinero? Lex Luthor podría vender por altas sumas sus nuevos terrenos. Y podría luego emplear ese dinero como papel higiénico, pues seguramente sería la manera de la que podría extraer más valor de su uso. La humanidad retrocedería décadas, si no siglos, en su desarrollo económico. En definitiva, y en términos reales, Luthor hubiera sido más rico –tras heredar de una viuda acaudalada al comienzo del film– antes de llevar a cabo su malévolo plan que después. Supongo que es lo que pasa cuando pones a guionistas de Hollywood a pensar en cómo se puede hacer uno rico. Si lo supieran, quizá no fueran guionistas.

De acuerdo, prometo relajarme más en la próxima película de superhéroes que vaya a ver.