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Abolir a los abolicionistas

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

Desde que en el 39° Congreso Federal del PSOE se cerrase la puerta a debatir sobre la posible regulación de la gestación subrogada, los socialistas españoles han abrazado las tesis del feminismo radical que considera que actividades como la gestación subrogada, la prostitución o la pornografía constituyen una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer que resulta indefendible. El propio expresidente Zapatero así lo señaló durante el 40° Congreso del partido que tuvo lugar el fin de semana pasado. No obstante, estas tesis presentan graves problemas teóricos y empíricos. A continuación intentaré analizar algunos.

Andrea Dworkin (1993) y Catharine MacKinnon (1993) son dos de las teóricas abolicionistas más conocidas. La primera considera que la prostitución es una práctica “intrínsecamente abusiva” en la que el hombre paga y hace lo que quiere con el cuerpo de la mujer. Además, la contraprestación económica en ningún caso hace que esta experiencia le resulte placentera ni deseable. En línea con Dworkin, para MacKinnon la prostitución supone la negación de la humanidad de las mujeres. En esta actividad, “las mujeres son torturadas mediante violaciones repetidas […] son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a tratos crueles y brutales sin límites humanos; es la oportunidad de hacer esto lo que se intercambia cuando las mujeres se compran y venden por sexo” (MacKinnon, 1993: 13).

Las posturas abolicionistas, al contrario que las prohibicionistas, no defienden la prohibición legal del trabajo sexual ni la persecución de las prostitutas (utilizo el femenino porque en su mayoría son mujeres, aunque no hay que olvidar que los hombres homosexuales y los transexuales también son un porcentaje importante de los trabajadores sexuales), pero tampoco están a favor de un reconocimiento jurídico que la homologue con la provisión de otro tipo de servicio.

Manifestaciones pretéritas a favor y en contra de la prostitución.

El modelo sueco, la legislación que fue adoptada por ese país en 1999, es ejemplo abolicionista por antonomasia. Parte de la consideración de la prostitución como una forma de violencia de género, y criminaliza y persigue penalmente la compra de sexo, es decir, a los clientes, en vez de a las prostitutas. Este modelo se ha implantado además en Islandia, Noruega y Francia.

Este tipo de legislación asocia la prostitución con la trata con fines sexuales y la explotación sexual. Para los abolicionistas, no se puede diferenciar entre prostitución voluntaria y explotación. Nadie, si no fuese por obligación -coacción o necesidad económica-, podría prestar su consentimiento para acostarse con otra persona a cambio de dinero.

Este argumento esconde la idea de que una persona en situación de necesidad económica pierde su capacidad de agencia y, por lo tanto, la posibilidad de decidir libremente. No obstante, cabría preguntarse si el derecho a disponer del propio cuerpo debe ser un derecho exclusivo de quienes se encuentran en una mejor situación socioeconómica.

Lo que debemos valorar es si ese intercambio limita de alguna manera los derechos y las libertades de quienes participan en él. Y en ese sentido, es un error creer que la introducción de dinero en una relación la contamina hasta el punto de invalidar el consentimiento expresado por un individuo adulto, ni siquiera cuando dicho consentimiento se produce motivado por la necesidad económica. Esta, que es la motivación principal tras la realización de la mayoría de trabajos, no introduce un vicio en el intercambio que deba llevarnos a reprobarlo. Lo cual no quiere decir que no deba preocuparnos que una persona carezca de alternativas suficientes entre las que elegir para poder tener un sustento económico que le permita desarrollar sus planes de vida. Pero si de verdad nos preocupa que la situación económica personal condicione las decisiones de la gente, debemos enfocar nuestros recursos en mejorar su situación o en ofrecerles alternativas, pero en ningún caso en restringir las disponibles cortando su libertad y capacidad de decisión.

En definitiva, el modelo abolicionista parte de un enfoque paternalista e infantilizador, así como profundamente antiliberal. Para sus defensores, las mujeres adultas que acceden al trabajo sexual son como los menores, incapaces de dar su consentimiento. Desconocen que el consentimiento tiene que ver, precisamente, con la ausencia de coacción. Por ende, una persona será siempre más libre cuando pueda decidir sobre algo que si otra persona ha decidido de antemano por ello. De la misma manera en que aceptamos que una persona mantenga relaciones sexuales con otra persona sin que haya compensación económica, debemos aceptar la posibilidad de que una personas pueda consentir hacerlo a cambio de dinero.

Este modelo no solo parte de unos presupuestos, a mi juicio, equivocados. Una confusión grave alrededor del consentimiento o la creencia de que se debe poder legislar sobre lo que los adultos pueden hacer con su cuerpo. Además, yerra en su aplicación práctica, generando unas consecuencias nefastas para aquellas personas a las que pretende ayudar.

Temor a detención y condena

Estas políticas suelen empujar el trabajo sexual voluntario a la clandestinidad, haciéndolo todavía más inseguro: el temor a la detención y condena de los clientes hace que estos no estén dispuestos a dejar su información de contacto. Cabe añadir que contribuyen a aumentar el estigma, provocando que muchas trabajadoras sexuales confíen todavía menos en las autoridades y servicios de salud pública. (Holmström y Skilbrei, 2017)

Por último, también hay estudios que señalan que las prácticas policiales represivas, legales o ilegales, vinculadas a una criminalización, parcial o total, del trabajo sexual, están asociadas a mayores riesgos de infección por VIH o ETS, violencia física o sexual por parte de los clientes, así como un menor uso del preservativo durante la práctica sexual (Platt et al., 2018).

Por el contrario, su regulación está asociada con una disminución de los delitos sexuales (Ciacci & Sviatschi, 2018; Cunningham y Shah, 2018; Bisshop et al., 2017) y de ETS, debido a un mayor uso del preservativo (Cameron, Seager y Shah, 2020; Cunningham y Shah, 2018). Además, también se ha mostrado que la despenalización puede mejorar las relaciones entre las prostitutas y la policía al aumentar la capacidad de reportar incidentes violentos y facilitar el acceso a servicios de salud (Armostrong, 2016).

En definitiva, el abolicionismo, en lugar de perseguir el ejercicio coactivo del trabajo sexual, proteger la salud y garantizar los derechos y libertades de estas trabajadoras, encarna una comprensión reduccionista y paternalista que, a través de un marco de victimización de estas mujeres, socava su agencia, autonomía y capacidad de decisión. Pero ni ha conseguido proteger a las prostitutas ni ha conseguido abolir la prostitución.

Cómo nos manipulan los verificadores malditos y neutrales

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los métodos que emplean las agencias de verificación de noticias para funcionar como agentes de la izquierda es la selección de aquello que consideran digno de evaluar como cierto, falso o engañoso. Incluso un mero retraso a la hora de abordar un tema ya permite que una mentira dé la vuelta al mundo mientras la verdad aún no ha tenido tiempo de ponerse las botas. Esta indolencia contrasta en muchas ocasiones con la velocidad con la que se ponen en marcha cuando un político de derechas dice algo falso o que, sin serlo, se puede calificar de engañoso con cierta imaginación.

Esto no sólo sucede en España, claro. Fue en Estados Unidos donde surgió esta moda ante el bulo de que Donald Trump había ganado las elecciones gracias a las fake news. Mientras, los periodistas ganaban premios Pulitzer por propagar la mentira de que había ganado gracias a la colaboración con el régimen ruso de Putin, sin que los verificadores profesionales, untados con dinero de los gigantes de internet, les pusieran ni un pero. La verificación de noticias fue una tabla a la que la credibilidad de la prensa hubiera podido agarrarse, pero desde el minuto uno de partido pudimos ver lo contrario.

Por ejemplo, este lunes, con la concesión del Premio Nobel de Economía diversos popes de la izquierda, desde el todólogo Euprepio Padula hasta la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, pasando por el subvencionado Rubén Sánchez y el periolisto Javier Ruiz y medios como el panfleto de Escolar, el de Maraña o Zoom News, hicieron circular que uno de los galardonados, David Card, había demostrado que el salario mínimo no provoca paro. Así, empleaban al economista como reivindicación de la reciente subida del SMI en nuestro país, a los que Echenique por ejemplo aprovechó para insultar, que el Banco de España determinó que destruyó hasta 170.000 empleos utilizando la misma metodología por cuya invención David Card ha recibido el Nobel.

Y es que el premio se ha otorgado a los tres economistas por sus técnicas para analizar de forma empírica los resultados de diferentes políticas, estudiando cada caso por separado. Card, en concreto, inventó el método de la diferencia en diferencias, que es uno de los dos empleados por el Banco de España en su estudio. Y lo aplicó al caso concretísimo de cómo afectó una subida del salario mínimo en 1992 al sector de la comida rápida en Nueva Jersey mediante la comparación con la vecina Pensilvania, que no lo aumentó. Su método, que es por lo que ha recibido el premio, puede aplicarse a otros casos. Sus resultados, en cambio, no. De hecho, generalizar de un suceso tan concreto va en contra del espíritu de la concesión del Nobel, que se ha otorgado a quienes han avanzado en el estudio empírico de casos específicos.

¿Y qué han dicho de este mar de falsedades nuestros fact-checkers patrios? A estas horas, absolutamente nada. Maldita lleva en portada un reportaje en el que acusa al Zendal de no haber alcanzado su máxima ocupación posible mientras que Newtral tiene un largo listado de mentiras de políticos de derecha salpimentado aquí y allá con alguna de un político de izquierdas, tan escasas que parecen hechas para disimular. Quizá les entre la vergüenza torera y saquen algo a lo largo de la semana, cuando la mentira de la izquierda haya sido publicada y proclamada a los cuatro vientos y aceptada como real por ese público al que se supone que los verificadores están dedicados a proteger. Porque, al final, las agencias de verificación se han transformado en una herramienta más de descrédito de unos medios enfocados esencialmente a sostener el discurso hegemónico. Algo que, como demuestra el caso de Estados Unidos donde nacieron, fue siempre la intención.

Las cinco grandes aberraciones de PSOE y Podemos en los Presupuestos para 2022

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Suben impuestos a las empresas para pagar subsidios electoralistas y subidas salariales para los funcionarios. Las pensiones, contra las cuerdas.

Nada más conocerse el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el gobierno para 2022, Libre Mercado alertó de los numerosos peligros que esconden los planes del Ejecutivo para la economía española. Se trata, sin duda, de unas cuentas caras y fantasiosas, repletas de castigos al sector productivo y dádivas electoralistas.

Ya hemos hablado de cómo la propuesta de Sánchez incluye un descarado maltrato a Madrid, que recibe la mitad de la inversión que Cataluña. Pero hay muchas más sombras en los PGE 2022, que repasamos a continuación.

1. Más gasto que en plena pandemia

El Presupuesto consolidad de gasto sigue creciendo y, pese a haber crecido con fuerza en 2020 y 2021, se incrementa otro 0,6% en 2022. De modo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera necesario seguir aumentando el gasto a pesar de que la pandemia ha remitido y la mayoría de las restricciones económicas se han levantado.

2. El agujero de las pensiones ya alcanza los 43.000 millones

El gobierno se ha comprometido a revalorizar las pensiones con la inflación media. El problema es que la caja de la Seguridad Social no se alimenta del IPC, sino de las cotizaciones sociales. Por tanto, lo único que está haciendo el Ejecutivo es ensanchar el agujero del sistema de pensiones. Solo en 2022, la subida será del gasto será del 4,8%. No sorprende, pues, que el agujero del sistema siga sin cerrarse y ya ascienda a 43.000 millones de euros.

3. Fondos europeos con políticas anti-europeas

El Ejecutivo plantea un nivel nunca antes visto de inversión pública, hasta llegar a la cifra de 40.000 millones, incluyendo 28.000 millones que se financiarían a través del fondo activado por los socios europeos para el “rescate” de la economía tras la pandemia. Pero dicho programa está vinculado a ciertas condiciones, entre las cuales está la reforma del sistema de pensiones o la reforma del mercado laboral. Y, en ambos casos, los planes del gobierno son diametralmente opuestos a las recomendaciones de Bruselas, hasta el punto de que estamos hablando de auténticas contrarreformas. Por tanto, no está tan claro que la Unión Europea vaya a desembolsar estas ayudas y permitir que, al mismo tiempo, el gobierno se salga con la suya en cuestión de pensiones y trabajo.

4. Ingresos tributarios inflados

El crecimiento económico que plantea el gobierno en los Presupuestos Generales del Estado es claramente superior a las estimaciones que barajan la mayoría de los organismos públicos y privados. Esto también significa que los cálculos referidos a la mejora de los ingresos están “inflados”, puesto que el aumento de la producción al que está ligada tal subida recaudatoria va a ser mucho más tímida de lo que plantea el gabinete de coalición entre PSOE y Podemos. Si a esto le sumamos el hecho de que, lejos de hacer una estimación conservadora, el gobierno planteaba una subida de los ingresos tributarios del 10,8%, parece evidente que las cuentas están alejadas de la realidad, con el agravante de que los gastos sí se realizan, de modo que el agujero resultante es la deuda de mañana. Para ilustrar la dudosa fiabilidad de las estimaciones del gobierno, es importante recalcar que la recaudación planteada, de 233.352 millones, supera holgadamente los ingresos de 2019, antes de la pandemia, cuando los recursos tributarios ascendían a 212.808 millones.

5. Más impuestos para subsidios y sueldos públicos

La deducción que se aplicaban las empresas dedicadas al alquiler de vivienda en el Impuesto de Sociedades bajará del 80% al 45%, una reducción de casi un 50%. En dicho gravamen, se planteará igualmente un “suelo” del 15% que afectará a las empresas que facturen más de 400 millones de euros. También sube el Impuesto de Matriculación, con un repunte del 20% que encarecerá en 1.000 euros la compra de un automóvil promedio. Además, suben las cotizaciones que abonan las empresas (un 1,7% extra en los salarios más altos), empeora el tratamiento de los autónomos y se reduce más aún la deducción del IRPF por aportaciones a planes de pensiones. Y, no lo olvidemos, se anuncia un “catastrazo” que elevará los ingresos obtenidos en tributos de todo tipo: Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal… En cambio, los gastos de personal aumentan un 3,4% e incluyen una subida salarial del 2% para los empleados públicos. No solo eso, sino que se anuncian subsidios de corte electoralista para los jóvenes, incluyendo el “bono de alquiler” o el “bono cultural”.

Las socimis no controlan el mercado del alquiler

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

PSOE y Podemos regularán el mercado del alquiler o, mejor dicho, permitirán que los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales lo regulen (los primeros podrán topar o congelar los precios y las segundas establecer recargos sobre el IBI de las viviendas vacías). Ambas formaciones dicen confiar en solucionar de este modo los problemas del mercado inmobiliario, a saber, los crecientes precios del alquiler que dificultan la accesibilidad de muchas personas a una vivienda. Pero para que, en efecto, el problema de accesibilidad de la vivienda pueda resolverse regulando precios, es necesario partir de un presupuesto como poco discutible: a saber, que los altos precios se deben a la existencia de poder de mercado.

La regulación de precios amenazan al ya hiper regulado mercado de alquiler de las grandes ciudades. (En la foto: El “Skyline” de Madrid, España)

En particular, si la vivienda no es accesible porque existe un desequilibrio entre la oferta existente y la demanda —hay mucha más demanda que oferta y, como consecuencia, los precios suben—, regular los precios no conseguirá que ese desequilibrio desaparezca: seguirá habiendo una oferta insuficiente para abastecer la demanda y el racionamiento de vivienda dejará de efectuarse vía precios para empezar a practicarse a través de otros criterios (vía lista de espera, vía sorteo, vía discriminación por solvencia…). En cambio, si el problema no es que el ‘stock’ de vivienda resulte insuficiente para abastecer la demanda, sino que ese ‘stock’ está concentrado en muy pocas manos, las cuales exigen alquileres artificialmente elevados a costa de dejar desocupada parte de su cartera de viviendas, entonces la regulación de precios sí podría llegar a funcionar: al impedirles que aumenten los precios de mercado dejando viviendas vacías, se incentiva que oferten en alquiler todos los inmuebles de que disponen.

La narrativa oficial que habitúan a desplegar desde PSOE y, sobre todo, desde Podemos apunta en esa dirección: durante los últimos años han entrado en España diversos ‘fondos buitre’ (socimis) que se han apropiado de una cantidad ingente de viviendas para lucrarse elevando los precios. El poder de mercado de las socimis, pues, sería el principal causante de la inaccesibilidad de vivienda y el control de precios, la solución.

Ahora bien, ¿es verdad que las socimis tienen capacidad de controlar el mercado? En un reciente informe, el Banco de España estudió la evolución del negocio de las socimis en España desde 2013, momento en que despegaron con unas inversiones en activos inmobiliarios de apenas 100 millones de euros, hasta 2019, año en que amasaban activos inmobiliarios por valor de 46.000 millones de euros. Hasta aquí, pues, el relato de Podemos podría tener cierto fundamento, pero el problema es que la práctica totalidad de esas inversiones no se concentra en activos inmobiliarios residenciales (vivienda para el alquiler) sino en oficinas, hoteles o locales comerciales. En particular, las inversiones en vivienda apenas ascendían a finales de 2019 a 5.800 millones de euros. ¿Y cuánto son 5.800 millones de euros en inmuebles para arrendar? Pues, de acuerdo con el propio Banco de España, el 1% del mercado de alquiler español y el 0,1% de toda la vivienda residencial.

Resulta absolutamente inverosímil que controlando el 1% de la oferta (y ni siquiera a través de una sola empresa, sino de varias socimis que compiten entre ellas) se cuente con poder de mercado para mover los precios en el conjunto del país. Tal vez haya alguna zona caliente en alguna ciudad donde alguna de esas socimis sí concentre un porcentaje más significativo de la oferta de alquileres y allí hayan influido en parte de la subida de los alquileres, pero desde luego no puede imputárseles la responsabilidad de que los arrendamientos se encarezcan en las grandes ciudades del país.

Así las cosas, las reformas en el mercado de la vivienda que han acordado PSOE y Podemos pretenden atajar un problema que es muy distinto de aquel al que nos enfrentamos. El problema no reside en el poder de mercado de unos pocos jugadores, sino en que hay insuficiencia de vivienda en relación con la demanda. Y para solventar el auténtico problema de fondo —la falta de oferta— no se ha acordado ni una sola medida: acaso porque PSOE y Podemos han terminado creyéndose sus propias mentiras o, más bien, porque el propósito de fondo de estas reformas no sea solucionar los problemas de los ciudadanos, sino aparentar que lo están haciendo.

Ni vientres de alquiler ni compra de niños

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

La semana pasada, en el programa Hoy por Hoy que dirige Àngels Barceló en Cadena Ser, algunos asistimos incrédulos a las declaraciones del crítico de televisión, Roberto Enríquez (alías Bob Pop), sobre la gestación subrogada, que no sólo no fueron puestas en duda por la presentadora del programa sino que contaron con su aprobación. El interviniente afirmaba que nunca “compraría” un niño, que nunca pagaría por “explotar” a mujeres, y que fomentar ese negocio, el de la gestación subrogada, implica no dedicar esfuerzos a ayudar a que la adopción sea más sencilla. Bob Pop no sólo yerra en la forma de sus planteamientos sino también en el fondo. Resulta sorprendente la irresponsable contundencia con la que algunos hablan en los medios de comunicación sobre temas que desconocen, y que tienen profundas implicaciones éticas y morales, sin apoyo de datos o estudios empíricos. Esto, unido al uso muchas veces deliberado, que hacen de la mentira y la manipulación, supone un insulto a la inteligencia de los espectadores.

La mayoría de los mantras que repiten los que se oponen a esta práctica están ampliamente refutados por la evidencia empírica disponible y me gustaría aprovechar el espacio que me brinda esta columna para comentar alguno de ellos. Nos guste o no, esta forma de acceder a la paternidad se ha convertido en una realidad social. Una realidad mucho más complicada de lo que algunos intentan vender. El apoyo a la gestación subrogada, o por lo menos a su regulación, no parte (o no debería) de ningún supuesto derecho a la paternidad, sino de algo mucho más fundamental. Parte del derecho de los individuos adultos que se encuentran en posesión de plena capacidad de obrar para llegar a cuantos acuerdos o contraer cuantos contratos deseen libremente, siempre y cuando estos no supongan una agresión no consentida a los derechos y libertades de terceras personas. El mercado únicamente amplía las posibilidades reproductivas, sin vulnerar los derechos de nadie, y da acceso a la paternidad a quienes no podrían tenerla de forma natural.

Comparar la gestación por sustitución con la compra de niños denota una profunda ignorancia, cuando no un descuido deliberado. Aunque no debería ser necesario hacer esta puntualización, en el mercado no solo se intercambian bienes, también se pueden intercambiar servicios. Este es el caso de la gestación por sustitución. El objeto de los contratos de subrogación no es el niño, no puede serlo; es la provisión del servicio de gestación. Además, este se contrae antes de que la inseminación tenga lugar. De hecho, ni siquiera podemos decir que la gestante esté alquilando, y ni mucho menos vendiendo, una parte de su cuerpo. A su vez, esta no suele compartir material genético con el niño, con lo cual tampoco podemos referirnos a una transferencia de la patria potestad.

Otra acusación típica es la que alude al componente “explotador” de la GS. Para sus críticos, esta explota a las mujeres que gestan, ya sea de forma altruista o a cambio de una contraprestación económica. La explotación suele confundirse con la ausencia de consentimiento, pero ambas tienen diferencias. Se suele hablar de explotación cuando alguien se aprovecha de su posición dominante para conseguir algo de otra persona a la que no compensa “debidamente”. Sin entrar a discutir conceptos valorativos como qué supone compensar “debidamente”, resulta cuanto menos atrevido asumir que las mujeres que se prestan a gestar para otras personas se encuentran siempre en una situación más vulnerable que la de los padres comitentes (como se suele llamar a los padres de intención), que pone en riesgo que sus intereses sean debidamente tomados en cuenta.

Si bien es cierto que las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad pueden tener mayores incentivos que el resto, la evidencia nos muestra que, lejos de lo que muchos piensan, el perfil de las mujeres gestantes en los países desarrollados no atienden al estereotipo de mujer soltera, joven, parte de una minoría religiosa, inmigrante o con problemas económicos Busby y Vun (2010). Destacan estudios como el de Ciccarelli & Beckman (2005), que evidencia que la mayoría de mujeres gestantes en Estados Unidos tiene entre 20 y 30 años, son blancas, cristianas, están casadas y tienen hijos. También Fuchs & Berenson (2016) que muestra que solo 1 de cada 4 de las gestantes estadounidenses que participaron en el estudio reportaron un ingreso familiar inferior a los 50.000 dólares al año. Además, la mayoría tenían un nivel educativo alto, ingresos familiares moderados o altos y estaban casadas o tenían pareja. A su vez, Loreanceau et. al (2015) señalan que el 70% de las gestantes, australianas y americanas, que participaron en su estudio, deseaban repetir la experiencia.

Beneficia a los menores

Reducir la gestación subrogada a la compra de niños y la explotación de mujeres supone una forma reduccionista, sectaria y poco rigurosa de tratar una cuestión tan seria y con tantas implicaciones. En declaraciones como las mencionadas subyace la intolerante voluntad de imponer unos principios morales concretos que no están debidamente justificados y una nula intención de entender las situaciones que le son ajenas y que desconoce. Dedicar recursos a regular la gestación por sustitución o a facilitar la filiación a los padres que deben acudir a otros países para poder llevarla a cabo, no solo no detrae esfuerzos ni recursos de cuestiones como la mejora en los procesos de adopción, sino que beneficia a los menores que son los principales damnificados por la falta de seguridad jurídica y el señalamiento y a las mujeres que libremente quieren gestar para otros y pueden acogerse a un marco que garantice que sus derechos y libertades sean tenidos en cuenta.

Me gustaría terminar con una breve reflexión que nos deja María Soledad de la Fuente, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, y que debería servir de guía para nuestros legisladores: “La función del derecho debe ser regular la realidad social, si es que quiere tener alguna utilidad”.

Muere Clive Sinclair, el creador del ZX Spectrum y la primera calculadora de bolsillo

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Sir Clive Sinclair fue un genio, con un CI de 161, pero nunca fue un empresario exitoso. Lo que lo apasionaba “eran las ideas, el desafío”, según ha declarado su hija, Belinda Sinclair, al Guardian. “Si se le ocurría una idea decía: ‘No tiene sentido preguntarse si alguien lo quiere porque no pueden imaginárselo’”. De ahí que su vida fuera una sucesión de empresas en bancarrota después de que uno o varios inventos fracasados se engulleran las ganancias de sus éxitos.

Hijo de ingenieros, en lugar de estudiar quiso trabajar pronto a fin de lograr el capital necesario para fundar su propia empresa. Tras unos años en el sector editorial, dirigiendo revistas y escribiendo libros de electrónica, pudo fundar su primera compañía en 1961, pocos días antes de cumplir los veintiún años. Sinclair Radionics comenzó vendiendo kits de electrónica para equipos de radio y alta fidelidad. Su primer gran éxito tuvo lugar en el verano de 1972 con la Sinclar Executive, la primera calculadora de bolsillo, cuyo tamaño era más o menos parecido al de un iPhone. Sus ingenieros lograron reducir el consumo de estos aparatos de 350 a 30 milivatios, cortando la corriente doscientas mil veces por segundo. Al ser tan rápido, ni a la pantalla ni a los chips les daba tiempo a apagarse del todo, de modo que recordaban qué estaban haciendo y podían cumplir su cometido. Gracias a ello pudieron emplear pilas de botón en lugar de las que se empleaban entonces, mucho más grandes.

Pero en lo que sería una constante en su vida, un reloj digital lanzado en 1975, el Black Watch, llevaría a su empresa a la ruina. Era un cacharro tremendamente sensible a la electricidad estática, tanto que en muchas ocasiones ya salía de fábrica estropeado, o se fastidiaba cuando lo rozaba una prenda de nylon. Para colmo de males, las baterías duraban sólo 10 días, y se atrasaba o adelantaba dependiendo de la temperatura ambiente. Lo salvó el Gobierno laborista, pero tras otros fracasos lo acabaron despidiendo de su propia compañía en 1979.

Sinclair Research y el ZX Spectrum

Clive Sinclair tenía una empresa en la reserva, llamada Sinclair Instruments, que revivió cuando fue despedido y utilizó para lanzar más dispositivos. Un artículo del Financial Times que auguraba que en el plazo de cuatro o cinco años habría ordenadores por menos de cien libras lo impulsó a llevar ese lejano futuro al presente. En enero de 1980, ocho meses después de la publicación de aquella predicción, y con la empresa renombrada a Sinclair Research, lanzó el ZX80, que costaba 80 libras en forma de kit y 100 libras ya montado, al que seguiría al año siguiente el ZX81, que era 30 libras más barato. Ambos ordenadores utilizaban diversos trucos para reducir su precio que compartirían con su exitoso sucesor: una poco duradera membrana táctil como teclado, un televisor como monitor y un casete como sistema de almacenamiento, no incluidos en el precio, naturalmente. El primero vendió medio millón de unidades y el segundo millón y medio.

El ZX Spectrum fue lanzado en 1982. Venía en dos versiones, de 16 y 48Kb, y podía mostrar colores en pantalla y emitir sonidos. El teclado había mejorado, levemente, con la introducción de teclas de goma encima de la membrana táctil que seguía registrando las pulsaciones. Entre el modelo original y sus sucesores se venderían unos cinco millones. Era más caro y ya no se vendía como kit, pero por 125 libras, o 175 si se quería con más memoria, se disponía de un ordenador bastante completo que para muchos británicos (y españoles) supuso su primer contacto con la informática.

Pese a su intención educativa, lo cierto es que el Spectrum terminó convirtiéndose en una máquina dedicada principalmente a los videojuegos; de ello se encargarían principalmente los mismos jóvenes que gracias a él pusieron sus zarpas encima de un ordenador por primera vez. Se han programado para el Spectrum alrededor de 20.000 títulos, que a pesar de incluir software profesional como bases de datos o procesadores de texto fueron principalmente juegos.

La ruina vino con el coche eléctrico

Sinclair empezó a ser una figura popular en Gran Bretaña, donde se le conocía como “tío Clive”. El Gobierno de Thatcher, al que apoyó incansablemente, le otorgó el título de caballero. Pero llegaron los fracasos, y con ellos la ruina. El primero fue el ordenador destinado a suceder al Spectrum, al que llamó QL, más caro e incompatible con éste, pensado para un mercado profesional que ya se estaba volcando hacia el PC. Pero lo peor, no obstante, fue el desarrollo y lanzamiento del C5, un viejo empeño que arrastraba Sir Clive desde los años 70. Era un vehículo eléctrico que alcanzaba sólo los 25 kilómetros por hora y era incapaz de subir cuestas si no se le ayudaba pedaleando. Encima se presentó en el duro invierno británico, y el cacharro no tenía techo: se vendieron 12.000 unidades. En la ruina, Sinclair se vio obligado a vender su empresa a Amstrad, su principal competidor, que produciría nuevas versiones del Spectrum hasta 1990.

El tío Clive siguió en activo pese a todo. En 1990, ya sólo tenía dos empleados. En 1997 él era el único que trabajaba en Sinclair Research. Se centró en las bicicletas plegables y construyó un prototipo de bicicleta eléctrica en 2010 que nunca llegó al mercado.

¿Quién es Javier Milei?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Javier Milei fue uno de los claros ganadores de la noche electoral del pasado domingo en Argentina. Aunque se trataba de unas primarias de cara a los comicios legislativos del próximo mes de noviembre, dado que el voto a las mismas fue obligatorio, los resultados permiten anticipar —con solo un cierto margen de error— qué terminará ocurriendo dentro de dos meses. Y, en ese sentido, los resultados de Milei fueron mucho mejores de los que nadie había previsto: el futuro diputado cosechó el 13,6% de los votos en la ciudad de Buenos Aires y convirtió su partido en tercera fuerza política (solo por detrás de la coalición macrista de Juntos por el Cambio y de la coalición peronista del Frente de Todos).

Pero ¿quién es Javier Milei? Los medios españoles, a falta de mejores etiquetas que les permitan comprender el fenómeno sin caricaturizarlo, se han apresurado a calificarlo de “candidato de extrema derecha”. Si, desde la óptica de la izquierda nacional, Macri es la derecha argentina, entonces aquel que se ubica a la derecha de la derecha necesariamente habrá de ser de ultraderecha. No hay más.

En realidad, sin embargo, Milei es un fenómeno que debería distinguirse nítidamente de otros como Trump o Bolsonaro (aun cuando en algunos aspectos pueden exhibir ciertos puntos en común). Milei es un liberal (‘libertarian’, en la acepción estadounidense del término) frontalmente opuesto a la política estatal. Su máxima es extender las ideas de la libertad por toda Argentina, entendiendo por tales “el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo” (en la feliz definición de Alberto Benegas Lynch, hijo): algo, por cierto, de lo que jamás ha hecho bandera la extrema derecha (más preocupada con salvar la patria de los individuos que la asedian que de salvar a los individuos de las patrias que se les quieren imponer).

Para Milei, el sistema económico capitalista no solo es el mecanismo que ha permitido sacar a más gente de la pobreza en toda la historia de la humanidad —algo que es rigurosamente cierto—, sino que es un marco institucional civilizatorio: el capitalismo promueve buenas costumbres como el ahorro, la cooperación o el emprendimiento, y el comercio pacifica las sociedades. Nuevamente, nada de esto encaja con el discurso arquetípico de la extrema derecha, más comúnmente obsesionada con proteger las empresas nacionales de la invasión de la competencia extranjera o con poner coto al imperialismo cultural capitalista que atente contra las tradiciones patrias (en ese sentido, por cierto, el peronismo al que se opone Milei tiene más que ver con la extrema derecha que, desde luego, el propio Milei).

Acaso la parte más polémica de su discurso, aquella que podría sonar más populista, es la que proclama que los impuestos son un robo y que el Estado es una banda de delincuentes. Pero, aun cuando semejantes proposiciones puedan sonar exageradas, son estrictamente ciertas: los Estados modernos no son más que la evolución de los bandidos estacionarios de Mancur Olson (y, de hecho, los Estados fallidos terminan degenerando en bandidos itinerantes ante la incapacidad de organizar un expolio estable a largo plazo). Y, nuevamente, la extrema derecha jamás consideraría el Estado como una banda de ladrones: al contrario, lo considera un instrumento al servicio de la realización histórica de la nación.

Finalmente, Milei también mantiene posiciones tan heterodoxas desde una perspectiva ultraderechosa como la de desestatalizar el matrimonio civil para que cualquiera pueda acogerse a él (incluyendo también, claro está, a los homosexuales) o despenalizar las drogas y dar la bienvenida a los inmigrantes a condición de que no se socialicen los costes de estas reformas entre el conjunto de la población a través del estado de bienestar (personalmente, no comparto este tipo de condición y soy partidario de despenalizar las drogas y de flexibilizar nuestra legislación migratoria aun con estado de bienestar de por medio, pero desde luego la de Milei no es una postura que pueda compartir la extrema derecha).

Hoy por hoy —veremos en el futuro, que la política la carga el diablo—, las ideas que han llevado a Javier Milei a ser la tercera fuerza en Buenos Aires son en esencia las ideas de la libertad: y en la medida en que esas ideas comiencen a arraigar en parte del electorado argentino, es algo de lo que todos —salvo los liberticidas— deberíamos alegrarnos.

Política de bloques, callejón sin salida

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa.

El multipartidismo surgido en 2015, en parte como institucionalización de las demandas del 15-M, transformó el panorama político imperante desde la Transición. Parecía que los partidos de la “nueva política” (Ciudadanos y Podemos) podían romper con la tradición de gobiernos monocolor y monoideológicos, sustituyéndola por gobiernos de coalición más transversales que permitieran la realización de reformas de calado y potenciasen una mayor rendición de cuentas. Sin embargo, diversos acontecimientos y dinámicas recientes parecen confirmar que ese escenario está cada vez más alejado.

La primera causa del bibloquismo español es la destrucción de Ciudadanos como partido capaz de llegar a acuerdos a izquierda y derecha. Tras la descomunal crisis de 2008, se abrió paso en España un escenario multipartidista que reemplazó al bipartidismo imperfecto que funcionaba hasta el momento. Una época en la que quedaba patente la necesidad de reformas estructurales, que requerían del establecimiento de acuerdos sólidos (no únicamente de investidura, sino también de legislatura) entre las distintas formaciones. Sin embargo, las encuestas parecían mostrar a un Ciudadanos con potencial para arrebatar al PP la primacía en el centro-derecha e incluso de liderar un gobierno alternativo al PSOE. A la luz de estos resultados, Albert Rivera decidió romper con cualquier posibilidad de pacto con Pedro Sánchez y tomar al PP como socio preferente también en autonomías y municipios.

La segunda causa se encuentraen lo que Juan Millán ha denominado “la catalanización de la política española”. Esto es la traslación de muchos de los rasgos del procés a la política española, como la polarización, la inexistente asunción de responsabilidad de los gobernantes y la ausencia de actividad legislativa sustancial.

Diversos informes publicados por EsadeEcPol (aquí y aquí) nos muestran cómo la polarización afectiva, entendida como la “distancia emocional entre el afecto que despiertan quienes simpatizan con nuestras mismas ideas políticas en contraposición con el rechazo hacia quienes tienen opiniones distintas” ha aumentado en los últimos años y se ha disparado muy especialmente en los períodos electorales. De hecho, España se encuentra entre los países con mayor polarización afectiva del mundo. Esta polarización se produce, en mayor medida, dentro de los propios bloques ideológicos. “Las afinidades con los partidos del mismo bando parecen aumentar a la par que crece la animadversión hacia los partidos de la otra orilla ideológica”, comenta Orriols, politólogo y autor de uno de los informes antes mencionados. Además, cuanto más extrema es la posición de un partido, más polarizados se encuentran sus votantes, imposibilitando así cualquier trasvase de votos y cualquier tipo de pacto transversal.

Esta polarización ha institucionalizado en España una política de bloques cerrados en relación al eje izquierda-derecha, pero también a la cuestión nacional. Por un lado aparece el bloque de la izquierda, con PSOE, Podemos y Más País, al que se han sumado nacionalistas e independentistas; y por el otro el bloque de la derecha, con el PP y Vox, así como Ciudadanos de forma intermitente; UPN (dentro de Navarra Suma), Foro Asturias, e incluso Coalición Canaria. Dentro de cada sector del espectro, los partidos más extremos ejercen una fuerza centrífuga que termina por radicalizar las posiciones de los partidos mayoritarios ante el temor de perder votos en favor de los primeros, lo que hace cada vez menos atractivo el centro. La imposibilidad (por falta de voluntad) de pactos interbloques otorga un poder de veto sin precedentes a esas formaciones minoritarias de cada bloque. Esta capacidad de chantaje desincentiva este tipo de pactos lo que aumenta su coste electoral. Cuando estas alianzas se intentan, como hizo Inés Arrimadas durante la negociación de los presupuestos del Gobierno de coalición, los partidos que las promueven suelen ser acusados de traición por sus compañeros de bloque. Traición que se consagra no sólo con la alianzas puntuales sino incluso por la votación conjunta de algunas leyes. Esto último le pasó a Vox cuando apoyó el decreto de los Fondos Europeos.

La supremacía de lo identitario (ideología, identificación partidista o identidad nacional) a la hora de decidir el voto, tan característica de las sociedades polarizadas, frente a la valoración de cuestiones como la gestión y las políticas públicas, dificultan todavía más la rendición de cuentas. Un votante muy polarizado, que anteriormente podría haber oscilado entre las dos formaciones del bipartidismo, tiene escasos incentivos para salir de su bloque. Los ciudadanos no castigan debidamente la mala gestión y las malas decisiones porque son los sentimientos los que dirigen su voto. Y mientras estas dinámicas no sean desplazadas, los partidos saben que no cumplir su programa e incluso traicionar algunas de sus reivindicaciones históricas, puede salirles gratis. La política catalana es el ejemplo más claro de ello.

Si comparamos los resultados de las últimas elecciones en Cataluña con los de 2017, percibimos mucho movimiento, movimiento que no se traduce en grandes cambios. Ciudadanos pasaba de ser primera fuerza política con 36 escaños, a conseguir solo 3, y era sorpasado por un partido hasta el momento extra-parlamentario como Vox; el PSC pasaba de cuarta a primera fuerza, doblando su número de escaños; y ERC le arrebataba a Junts per Catalunya el liderazgo del bloque independentista. Pero si nos fijamos más detenidamente, ese cambio en los resultados no se ha traducido en un cambio en las mayorías: el bloque independentista sigue teniendo mayoría para gobernar.

Aunque existía una mayoría alternativa de izquierdas que pasaba por unir a ERC, PSC y Els Comuns, una opción que había sido posible en la Cataluña pre-procesista hasta en dos ocasiones, esta vez se aventuraba imposible. Y lo era porque la presión que ejercen las formaciones más “radicales” en uno y otro bloque, pero sobre todo y en este caso en el bloque independentista, había provocado que una decisión así pudiese tener unos costes muy elevados. Finalmente, las principales organizaciones civiles independentistas terminaron por dinamitar esta posibilidad obligando al líder de los republicanos a firmar un documento -junto al resto de fuerzas independentistas- por el que se comprometía a no pactar un gobierno con los socialistas.

En Cataluña, en las últimas dos legislaturas, apenas se han aprobado leyes relevantes, muchas de las cuales han invadido competencias estatales y se ha abusado como nunca de la figura del decreto-ley. Esto es un problema cuando existen retos que es preciso abordar como la redacción y aprobación de una ley electoral propia o la reforma de la función pública. Empero, cuando se institucionaliza una política de bloques como la que lleva años instalada en esta comunidad y que se ha trasladado al resto del Estado, todo se mueve para que en realidad no cambie nada. Únicamente se reajustan las fuerzas de cada partido dentro de su respectivo bloque. Esta situación favorece la política de gestos, la falta de ambición política y la ausencia de diálogo y actividad legislativa relevante. ¿Para qué voy a llegar a acuerdos con los diferentes si puede que mi electorado lo castigue en unas futuras elecciones?

Consecuencias de ignorar la insostenibilidad de las pensiones

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

Decía la filósofa Ayn Rand que podemos ignorar la realidad, pero que lo que no podemos ignorar son las consecuencias de ignorar la realidad. No hay frase que mejor describa la estrategia que está siguiendo nuestra clase política respecto al grave problema al que se enfrenta el sistema público de pensiones.

Los sistemas de pensiones de reparto, como el español, se basan en ir pagando las pensiones actuales con las cotizaciones aportadas por los trabajadores actuales. A cambio, los trabajadores actuales reciben la promesa de que serán los trabajadores futuros quienes pagarán sus pensiones.

Por tanto, es fácil averiguar si el sistema es o no sostenible: si, de forma estructural, las cotizaciones cobradas a los trabajadores son suficientes para cubrir las pensiones a pagar, el sistema será sostenible. De lo contrario, solo quedarán dos opciones: o se reforma el sistema para volver a hacerlo sostenible, o se entrará en una espiral de acumulación de deuda que por su propia insostenibilidad terminaría conduciendo a la insolvencia.

En este sentido, el sistema de pensiones español no puede tener peores perspectivas. Desde 2011, el coste de pagar a los pensionistas es estructuralmente superior a los ingresos que el sistema es capaz de recaudar. El agujero, de entre 16.000 y 20.000 millones de euros anuales, se agranda año a año, y no tiene perspectivas de dejar de crecer.

El problema de fondo es que la demografía española va a ser implacable durante las próximas décadas: mientras que el número de pensionistas se va a disparar, cada vez va a haber menos españoles en edad de trabajar. Si en 2019 ya estábamos en dos trabajadores por pensionista, inevitablemente esa ratio se va a ir estrechando hasta que, en 2050, cuando mi generación empiece a jubilarse, solo habrá en torno a un trabajador por pensionista. Cada trabajador, dicho de otro modo, va a tener que pagar con su salario la pensión de un pensionista.

¿Qué están haciendo nuestros gobernantes para afrontar este abismo al que se enfrenta el sistema de pensiones? En una palabra: nada. El Gobierno está siguiendo la estrategia del avestruz, ignorando por completo la insostenibilidad en la que está ya inmersa la Seguridad Social. Pedro Sánchez y sus ministros tienen la vista puesta, no en el auténtico problema al que se enfrentan los españoles, sino en las próximas elecciones.

 El Gobierno está siguiendo la estrategia del avestruz, ignorando por completo la insostenibilidad de la Seguridad Social

Esta semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció a bombo y platillo que el Gobierno, los sindicatos y la patronal habían alcanzado un acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Sin embargo, bien podría decirse que lo que se ha alcanzado es un acuerdo para hacer las pensiones aún más insostenibles.

Por un lado, han anunciado que van a revertir la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, volviendo a indexar las pensiones anualmente al IPC y derogando el factor de sostenibilidad, cuya finalidad era ir adaptando el cálculo de las pensiones a pagar a los ingresos reales que fuera capaz de recaudar el sistema. Esto supondrá un desequilibrio adicional que alcanzará un importe anual del 5% del PIB en 2050.

A cambio, la reforma del Gobierno contempla dar incentivos para retrasar la edad de jubilación efectiva, en el mejor de los casos, en dos años. De acuerdo a la AIReF, esto recortaría el agujero en un importe que no llegaría al 0,8% del PIB al año para 2050. Es decir, que el efecto combinado de la reforma del Gobierno parece destinada a agravar el problema. 

Lo que se ha alcanzado es un acuerdo para hacer las pensiones aún más insostenibles

El Gobierno admite que a esta reforma le hace falta una segunda parte que aborde la insostenibilidad financiera del sistema. Pero todo apunta a que la estrategia va a seguir siendo dar patadas hacia adelante, por si con suerte puede terminar siendo un Gobierno de signo contrario quien lleve a cabo las inevitables medidas impopulares.

La realidad es que, de no abordar este enorme desequilibrio, la Seguridad Social podría tener que sumar a la deuda pública ya existente, que cerró en 2020 en el 120% del PIB, un 100% adicional del PIB durante las próximas tres décadas. Es decir, una cifra completamente insostenible para una economía como la española, que quedaría abocada a la insolvencia.

En este sentido, el anuncio de que el Estado realizará transferencias anuales de hasta el 2% del PIB a la Seguridad Social con cargo a Presupuestos Generales del Estado, no cambia en absoluto la mala situación del sistema: con independencia del epígrafe al que se apunte, o se cierra el agujero entre lo que cobran los pensionistas y lo que pagan los trabajadores, o se seguirá generando la misma dinámica de endeudamiento. Lo que no salga de un bolsillo de los españoles, tendrá que salir del otro.

En definitiva, quien debería exigir que se lleve a cabo una reforma en profundidad que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones en ningún caso tendría que ser la Unión Europea, que es a quien se pretende engañar con esta tramposa contrarreforma.

Deberíamos ser los propios ciudadanos españoles quienes lo reclamemos. Nuestros gobernantes podrán optar por ignorar la realidad, pero somos nosotros quienes sufriremos las consecuencias.

Muere Steve Horwitz, puntal del liberalismo austriaco

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Si hace escasos días conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Juergen B. Donges, referente del ordoliberalismo alemán muy vinculado a España, hoy recibimos otro mazazo para la “familia” liberal: el deceso del economista estadounidense Steve Horwitz, uno de los más destacados divulgadores de la Escuela Austriaca en Estados Unidos.

Horwitz nació en Detroit. Tras estudiar Economía y Filosofía en la Universidad de Míchigan, completa su maestría y su doctorado en la Universidad George Mason, donde coincidió con algunos de los pensadores liberales más importantes de las últimas décadas, caso de James M. Buchanan, George Selgin, Don Lavoie, Karen Vaughn, Don Boudreaux o Richard E. Wagner.

Su carrera académica no tarda en despegar y, desde comienzos de los 90, ostenta cargos de gran responsabilidad en la Universidad de St. Lawrence. Además, ha sido profesor visitante en el Mercatus Center, un prestigioso think tank liberal adscrito a la Universidad George Mason. En los últimos años, era Profesor Distinguido de Libertad Empresarial en Ball State University.

En paralelo, ha participado de forma frecuente en conferencias y seminarios organizados por el Institute for Humane Studies o la Foundation for Economic Education. Igualmente, pertenció a la Sociedad Mont Pelerin desde 1996 y ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Instituto Fraser, el centro de estudios liberal más influyente de Canadá.

Larga lucha contra el cáncer

Horwitz se ha especializado en el estudio de la historia del pensamiento económico, así como en el análisis de los fundamentos del dinero y la economía. Seguidor de Friedrich Hayek, su popularidad fue a más tras el estallido de la Gran Recesión, a raíz de sus influyentes escritos y vídeos sobre la crisis financiera y económica que sufrió el país estadounidense. También ha sido muy celebrado su trabajo en Libertarianism.org, una web de divulgación liberal-libertaria del Instituto CATO.

Durante años, colaboró frecuentemente con Bleeding Heart Libertarians, un influyente blog donde combinaba escritos sobre la libertad de mercado con artículos sobre otros aspectos sociales. Desde hace más de dos años, lidiaba con un cáncer de células plasmáticas (mieloma múltiple) que finalmente se ha cobrado su vida.

Descanse en paz.