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Usted hace cola porque ellos no la hacen (y nosotros, a veces, tampoco)

Me sorprende que les sorprenda tanto.

Los sorprendidos son mis parientes y amigos. Esta Navidad, la del puñetero coronavirus que lo monopoliza todo, un tema de conversación recurrente han sido las restricciones a la movilidad, las vacunas, los test, las colas para conseguir un PCR… Y en esa conversación eterna que ya nos agota, había una pregunta que se repetía: ¿cómo pueden ser tan necios para hacerlo tan mal? ¿es que no se dan cuenta de que esto o aquello no tiene sentido? ¿es que no tienen familia?

Y ahí, al responder, llega mi sorpresa. Por supuesto que “No se dan cuenta. No tienen familia o no en ese sentido. Porque tienen familia, pero su familia no está sometida a las mismas restricciones que la tuya”.

Las medidas más absurdas de este 2020 se explican por una mezcla de incompetencia (son muy malos), arrogancia (se creen muy buenos), ideología (ese concepto del poder despótico que tan normal se ha vuelto en nuestras democracias, “yo mando y tú obedeces”), propaganda (“haremos lo que sea para cuidarte”) y control de los medios (las críticas se silencian o se mandan al rincón del frikismo). Pero también por una pura cuestión personal: a los que las aprobaron, esas medidas no les afectan directamente o les afectan mucho menos que al ciudadano medio. No sólo eso, los que deben controlarles (oposición, medios de comunicación…) también suelen tener vías de escape.

Hay muchas candidatas a peor ocurrencia del año: desde el retraso en la aprobación de test de antígenos en las farmacias para no darle la razón a la Comunidad de Madrid a la ausencia de alternativas imaginativas para el sector de la restauración. En mi lista, el primer lugar lo ocupa esa prohibición a los niños de salir de casa que estuvo vigente durante dos meses. Estúpida, inútil para controlar la pandemia y de una falta de humanidad que rozaba la crueldad. Y para valorarla, una queja habitual, pero que se lleva el viento, a la que no prestamos atención porque parece un cuñadismo, una expresión poco reflexiva del ciudadano cabreado: “Si vivieran en un piso de 65m2 con tres niños, no lo habrían hecho”. Cada día tengo más claro que ahí está la clave. Mucho más que en los análisis políticos, económicos, ideológicos, electorales, demográficos… Todas esas sesudas razones que los periodistas buscamos para explicar lo que está mucho más cerca: en el elemento personal, en cómo se aplican estas normas a los que las aprueban, en la distancia que hay del decreto al ministro.

Tengo para mí que el comunismo no habría sobrevivido 70 años en Rusia si la esposa del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética hubiera tenido que hacer cola en los economatos de los barrios obreros de Moscú, con la cartilla de racionamiento, para conseguir pan, leche o huevos. Sólo por no escuchar la matraca, cada día al volver a casa, sobre el frío, la incomodidad, la mala calidad de los productos… hasta Stalin habría recuperado el libre mercado. Me lo imagino en la reunión del PCUS: “Que sí, que lo sé, que nos estamos cargando el marxismo… pero no lo puedo aguantar más. Lo que sea, pero que mañana haya huevos en las tiendas”.

Es cierto que la coalición PSOE-Podemos nos ha ofrecido todo tipo de situaciones que claman al cielo: desde las vacaciones de Ábalos en Canarias con familia, amigos y la excusa de la crisis de los cayucos hasta el viaje a Bilbao de Celaá apenas unos minutos después de cerrar Madrid a cal y canto; desde la no-cuarentena del vicepresidente Iglesias a las copas de Armengol en Palma a las 2.00 de la madrugada o las cenas multitudinarias de Díaz en Madrid con sus compañeros. Y eso sin entrar en el Falcon y en las correrías de Sánchez con su señora y amigos. Pero no se engañen, situaciones similares se habrían vivido con otros partidos y protagonistas. Quizás menos sangrantes, porque este Gobierno destaca en incompetencia pero también en desfachatez, pero no tan distintas en el fondo. La diferencia es que Ferreras habría intentado que dimitiera algún pepero por lo mismo que ni siquiera ha entrado en la escaleta de los informativos de La Sexta. Pero poco más.

Que nos escandalicemos por estas noticias es lógico. Pero me gusta menos el enfoque unidireccional que le damos a ese enfado. Nos centramos en la ética y en el desprecio hacia el ciudadano de a pie. Y tenemos razón. Ponemos los ejemplos de esos países en los que un ministro dimite por una tesis doctoral con unos pocos párrafos plagiados o un director de Salud Pública se marcha a casa porque le pillan saltándose el confinamiento que aprobó. Y nos indignamos, con motivo, al hacer la comparación con España. Pero no debemos olvidar la parte práctica. Que los políticos tengan que seguir las mismas normas que el resto es una obligación moral… pero también es más eficaz. Las leyes estúpidas suelen tener una vida útil más corta cuando se aplican al que puede cambiarlas. Lo que vemos cada día es el principal motor de nuestros actos. No hay mejor empujón que el interés propio.

Además, si pensamos que es cuestión de maldad o falta de ética, entonces la lógica será echar al que hemos pillado en un renuncio. Si asumimos que el problema no es sólo que ellos ignoren una ley estúpida, sino la estupidez en sí misma, estaremos más cerca de la solución.

Hace un par de semanas hablábamos de la mala experiencia laboral de nuestros líderes y de cómo su carrera profesional se traducía en las leyes que aprobaban. Decíamos que no es sólo una cuestión de maldad o ideología, sino de lo que se aprende cada día. Un Congreso lleno de funcionarios, profesores de universidad y políticos profesionales produce de forma natural la legislación que tenemos: intervencionista, dependiente del Estado, piramidal, uniformadora, alérgica a las soluciones descentralizadas… Una oposición a registrador de la propiedad es uno de los retos más difíciles que puedo imaginar: exige dedicación, esfuerzo y renuncias durante años. Y todo en busca de un objetivo que no sabes si alcanzarás. ¿Cualidades de los que superan esas pruebas? Muchas y muy buenas: los opositores son muy trabajadores, constantes, tenaces, con visión de largo plazo… El problema no es ése. El problema es que en la vida real no hay oposiciones. El mercado no tiene exámenes de todo o nada cada 4 años.

En el tema que tocamos hoy, la clave reside en que ellos siempre podrán esquivar las consecuencias más molestas. Otra vez, la falta de skin in the game: y sí, es bueno, como decíamos, que viajen en transporte público para que sepan lo que es el Metro. Pero no seamos ingenuos: el día que realmente lo necesiten, cogerán el coche oficial (recuerden a Carmena o miren ahora a Colau). La solución no es perseguirles cada día para saber si mantienen la coherencia. La solución es arrancarles el poder de las manos y retomarlo nosotros; exigir menos normas y exigirles que ellos también cumplan la que aprueban (¿cuántas dimisiones ha habido en España en 2020 por esto?); acercar esas normas al ciudadano y reducir el ámbito de toma de decisiones (es más fácil controlar la coherencia diaria de un alcalde de un pueblo pequeño que la de un ministro); obligarles a usar los servicios públicos en igualdad de condiciones que los demás (y no, mudarse a 60km de distancia de tu barrio de origen para escoger la escuela pública deseada no es igualdad de condiciones); o mejor aún, exigir para nosotros el mismo grado de libertad de elegir que tienen ellos a la hora de acceder a esos servicios públicos (¡Muface para todos!).

En el impacto de las leyes también es importante el sesgo de renta-educación: sortear los peores efectos de cualquier medida arbitraria siempre es más fácil para los que tienen ingresos por encima de la media. O los que tienen amigos a los que pedir favores: para sortear una lista, conocer antes que nadie la aprobación de una medida, acceder a quién puede explicarte cuáles son las soluciones que necesitas, etc. Hablo de ese tipo de mini-corrupciones que todos aceptamos si podemos y con las que no sentimos que estemos haciendo algo malo. Aquí me incluyo yo mismo sin problemas: sé que mi año 2020 ha sido mucho menos complicado que el de una camarera a la que cerraron su bar durante seis meses o el de un dependiente de gasolinera que tenía que ir a trabajar y no tenía con quién dejar a los niños en casa.

El problema fundamental no es qué partido esté en el Gobierno. De hecho, la oposición suele poner poco empeño en estos temas porque en la mayoría de las ocasiones tiene vías de escape similares. Este 2020, es mejor ser Pedro Sánchez que Pablo Casado. Pero ya les digo yo que ni a Casado, ni a Arrimadas ni a Abascal les han fastidiado las normas covid como a usted. Cuando el Congreso aprueba excepciones (pensiones, dietas…) tienen siempre cuidado de que sean para todos los grupos. Hoy por ti, mañana por mí.

Y un apunte no menor: precisamente porque es tan importante controlarles, hay que mirar al controlador. Es decir, a nosotros, los periodistas. Tampoco somos un ejemplo de coherencia. Podríamos empezar con esto de las normas molestas relacionadas con la covid-19: que sí, que nosotros también las hemos cumplido… de aquella manera y casi siempre con más vías de escape que el ciudadano medio. No digo que hayamos estado de fiesta todo el año, tomando copas en las redacciones. Pero hemos sido una de las profesiones con más margen para organizarnos, sobre todo entre los que deciden, opinan, tertulianean. Lo que decía antes de Stalin y su mujer en el economato: les aseguro que si los directores de los periódicos madrileños hubieran tenido que estar dos meses encerrados en su casa de 65m2, sin salir de allí para nada, con tres niños de 6 a 10 años… habría habido más editoriales contra esa medida.

Todavía recuerdo, hace ya unos cuantos años, mi caída del caballo. Hacía muy poco tiempo que había comenzado mi carrera en los medios. En el periódico en el que trabajaba, se discutía uno de los primeros planes de conciliación anunciados por el Gobierno de turno. La conclusión estaba clara: “A favor, hay que impulsarlo, los horarios en España son absurdos”. Pues bien, el tipo que escribía el editorial para fijar nuestra posición terminó de redactarlo ¡a las 22.30! Y no fue una excepción: ¿quieren saber cuántas comisiones del Congreso, de 4-5 horas de duración, se convocan a las 16.00-17.00? ¿Cuántas ruedas de prensa comienzan a las 18.00 o las 19.00? ¿Cuántos actos hay programados a las 20.00 ó 21.00? Cuidado, no digo que periodistas o políticos debamos dar pena por estos horarios un poco enloquecidos. Al que no le guste, que se busque otra cosa. Lo que me parece un insulto es que seamos periodistas y políticos los que señalemos con el dedo a los demás. Y que, cuando nos indican la incoherencia, pongamos esa mueca de “hombre, nosotros somos especiales, no como un consultor que está en Azca a las 20.00 terminando un informe; ése es un esclavo moderno y eso no se puede consentir”. Ni siquiera es el caso más escandaloso: en pocos sectores se estira tanto la legislación laboral y el uso de becarios, contratos de formación, autónomos, etc. como en el sector que más lo critica… cuando lo hacen los otros.

De entre todas las razones que se dan para el crecimiento del populismo (algo que, por otro lado, cada día me parece más saludable), creo que la más importante es esa sensación de doble nivel de reglas y doble vara de medir. De élite que da lecciones que luego no se aplica. De una intervención asfixiante del Estado que asfixia sobre todo a los que no tienen vías de escape para evadirla. De economato en el que compran unos y tiendas especiales, de las que admiten divisas y productos extranjeros, para los privilegiados del Politburó y sus amigos.

En los días previos a esta Navidad, todos hemos visto las imágenes de larguísimas colas de ciudadanos que querían ver a sus familiares y que, de forma responsable y a veces con un elevado coste económico, se han hecho una PCR o un test de antígenos. En parte es lógico, porque todos queríamos hacernos la prueba a la vez y no había horas en el día para meternos a todos por el cuello de botella de los laboratorios. Pero lo que está claro es que ni Pedro ni Pablo han estado ahí ni han tomado ninguna medida para aliviar, aunque sea un poco, esa presión. Cuando ellos estuvieron cerca de un contacto o cuando sus familiares enfermaron o cuando simplemente querían mantener su agenda, los test y los resultados no escasearon. Les hicieron test incluso cuando la postura oficial del Gobierno era que no había que hacer pruebas a los asintomáticos porque podían dar lugar a falsos positivos o falsos negativos. No lo dude: si usted hace cola es, en parte, porque ellos no la hacen (y nosotros, cuando podemos, tampoco).

España toca fondo: ya es el peor país en salud y economía

“When you hit rock bottom and you’re there to stay” Paul Stanley, Ace Frehley.

El confinamiento masivo y el cierre forzoso de la economía por orden gubernamental pasarán a la historia como las medidas más incompetentes e ineficaces para preservar la salud y la economía. No solo han sido un fracaso absoluto a la hora de gestionar la pandemia, sino un desastre para cientos de miles de trabajadores y decenas de miles de empresas y, con ello, la salud de millones también.

El falso dilema “salud o economía” solo se le puede haber ocurrido a un burócrata. Se trata de proteger la salud y la economía. Y el gobierno de Sánchez e Iglesias ha fracasado en ambas.

Bloomberg Economics ha publicado el ranking de los países en gestión de salud y economía de 2020 y, usando datos de la John Hopkins University para el Covid-19, España aparece como el peor país de la OCDE y uno de los peores del mundo en salud y economía. No solo aparece por detrás de Argentina, México, Italia y países mucho más cercanos a China. 

España no solo aparece en el ranking como el peor país de la OCDE, sino que lo hace por una gran diferencia con respecto al siguiente peor, Argentina. 

¿Es por falta de gasto en sanidad? No. España queda en el peor lugar a pesar de tener uno de los mejores niveles, 91 sobre 100, en el ranking de sanidad de Bloomberg y mayor gasto en sanidad per cápita que países que han gestionado bien la pandemia y la economía como Corea del sur, Taiwán o Singapur.

¿Estábamos peor? No. España mantiene en el ranking de indicadores estructurales que publica Bloomberg una nota elevada, incluso por encima de la media. ¿Dónde colapsa? En “Confianza en el Gobierno”. Un 32%, solo peor en Brasil y al mismo nivel que Argentina.

¿Es por la exposición al turismo? El impacto en economía de las pobres, ineficientes y dañinas medidas del gobierno sitúan a España con un desastre económico muy superior al de países en los que el turismo también tiene una enorme importancia y además han sufrido el desplome de sus exportaciones.

México, Brasil, países exportadores de petróleo y con una fuerte exposición al turismo, caen menos y salen mejor en el ranking… Y eso que el desplome de más del 20% del petróleo es un factor que debería haber ayudado a la economía española al reducir las importaciones. Países con mayor exposición al turismo que España, como Malta (15% del PIB) o Croacia (15%) salen mucho mejor parados.

Ha sido un año desastroso, pero incluso con la mala gestión gubernamental, España se enfrenta a 2021 tocando fondo y con unas empresas que se han adaptado admirablemente a un entorno duro y con el gobierno en contra.

Los autónomos han visto dos subidas de cuotas en medio de una grave crisis, las empresas solo han recibido ayudas para endeudarse para pagar impuestos mientras el Gobierno llama a los ERTE “ayuda”. Un ERTE no es una ayuda del Estado, es un chollo para el Estado. Para el Ejecutivo es mucho menos costoso un ERTE que un parado y los ERTE son una muestra de que las empresas hacen todo lo posible por mantener el empleo incluso cuando les ponen la zancadilla.

Factores para ser un poco más optimistas en 2021: 

Primero, el acuerdo de Brexit. Para España, un Brexit duro habría sido devastador y un gran golpe para las empresas exportadoras. Es un buen acuerdo, aunque el gobierno de España no ha hecho nada por defender sus intereses de Gibraltar ni ha trabajado por apoyar los intereses de las empresas españolas.

Han sido muchos años de incertidumbre y por fin se aclaran las cosas para las empresas españolas. Desafortunadamente, el gobierno sigue empeñado en convertir a España en un infierno fiscal por lo que las oportunidades de atracción de capital se han cercenado.

Segundo, las vacunas. La importancia de las vacunas es clave, porque van a limitar la capacidad del gobierno de seguir usando la excusa de la pandemia para cercenar libertades y destruir el estado de derecho.

Tercero, las empresas. El sector empresarial español es uno de los héroes de esta crisis junto a los sanitarios y contribuyentes. Las compañías se han adaptado admirablemente al terreno más hostil posible, con una pandemia que ahogaba la actividad y un gobierno que la remataba.

Si en esta crisis no hemos tenido escasez de alimentos o cortes de suministro ha sido gracias a las empresas. Imaginen por un solo momento si el fracaso sanitario del Gobierno de Sánchez hubiera coincidido con ese mismo Gobierno controlando la economía. 

Lo mejor que se puede decir de 2020 es que ya está terminando. Lo mejor de 2021 será que, a pesar de todo, las empresas, autónomos y contribuyentes van a volver a levantar España, aunque intenten impedírselo. 

2020 ha demostrado lo grande que es España incluso sufriendo la condena de un gobierno anti-empresas y destructor. España puede volver a ser un ejemplo en cuanto a salida de la crisis, si se lo permiten los burócratas redistribuidores de la nada.

Las instituciones, como los baños

La frase que titula este artículo no es mía: la leí el lunes al periodista y amigo John Müller en Twitter, refiriéndose a la noticia de que se ha vetado la participación de escritores masculinos en un concurso literario sobre igualdad de género.

Pone de relevancia la importancia de que las instituciones, como los cuartos de baños, mantengan una pulcra limpieza y desinfección. Y, también, la constatación de que en muchos lugares públicos no se contemplan este prurito tan relevante para la salud. El avance en la construcción del alcantarillado, o en la adopción de costumbres higiénicas, como lavarse las manos, han supuesto un cambio muy notable en la evolución demográfica de las sociedades avanzadas.

Tal y como sucede con la calidad institucional en las democracias del siglo XXI. El Estado de derecho, que implica una extremada pulcritud y asepsia por parte del ejecutivo, ha traído consigo una prosperidad pacífica inusual que, desafortunadamente, peligra más con cada día que pasa.

El foco de la sociedad se centra en los intereses de los partidos políticos que, de manera inexplicable, los ciudadanos parecen haber aceptado como superiores a los suyos propios.

La lucha de clases, fracasada en su versión original marxista, trató de renacer enfrentando a hombres contra mujeres, indigenistas contra mestizos, ecologistas contra innovadores, blancos contra las demás razas. Pero, la realidad es que el nuevo binomio dialéctico son los buscadores de rentas frente los generadores de rentas.

Entre los primeros, destacan aquellos ciudadanos que se arrogan el mérito de vivir a costa del otro y lo imponen mediante la coacción. Con el voto de quienes pagan su sueldo y sus dietas, se esconden detrás del tan mentado “servicio público”, pero buscan mantenerse en el poder porque no tendrían acceso a esas rentas si tuvieran que competir, de verdad, por un puesto de trabajo. Me refiero a muchos políticos, y en particular, a los que componen nuestro gobierno y sus aledaños.

La mayor sujeción de una persona bien sea a otra, bien sea a una institución, es un perjuicio para ella, pues no podrá tomar decisiones de manera completamente libre, sesgada, si acaso, por sus propios errores que, por otro lado, no hacen sino reflejar su humanidad.

Por eso, todo el mundo entiende que la emancipación económica es buena. Para algunos, como yo, esa es, además, una de las bases para defender la reducción de la dependencia del Estado por parte de los ciudadanos. Pero hay mirada diferente hacia la dependencia ciudadana del estado.

Para un Gobierno cualquiera, alardear de que el número de dependientes es mayor es un contrasentido, que sólo se entiende si se acepta que el objetivo de ese gobierno es simplemente someter.

Un Estado moderno, sano, que busca el bienestar de sus ciudadanos, debería tratar, por todos los medios, que todo el mundo disfrutara de la tranquilidad de espíritu que produce saberse independiente económicamente. Por supuesto, en una sociedad hipercompleja, todos dependemos de todos. Pero, cuando esa codependencia se manifiesta en forma de intercambio pacífico y voluntario, como sucede en el mercado, la cosa cambia.

Sin embargo, no parece que nuestros gobernantes se sientan frustrados por la mayor dependencia económica de los españoles y se jactan de lo que señala su fracaso. De hecho, la gestión de los fondos europeos nos va a arrebatar de un zarpazo, un importante pedazo de esa maltrecha independencia.

Por lo que se está filtrando del borrador del decreto ley que regulará la gestión de los fondos europeos, la idea es canalizar la participación del sector privado mediante la creación de sociedades de economía mixta, controladas por el gobierno. Es decir, el Gobierno pone en marcha todavía más incentivos para que se produzca lo que hoy se conoce como cronismo, la colusión entre intereses empresariales y partidistas, que abona el terreno político para que florezcan privilegios a empresarios afines al régimen y, probablemente, más corrupción.

También significa que el gobierno toma las riendas de la inversión y decide qué y dónde invertir. Y me temo lo peor. Porque llevo años estudiando innovación, en mi caso educativa, y sé lo fácil que es que te den gato por liebre.

Hay mucho cantamañanas que se arropa en esto de la innovación y la digitalización. Porque cuando se habla de transformación digital no se hace referencia a utilizar aplicaciones online intensivamente y ya está.

Se trata de darle la vuelta a los procedimientos como a un calcetín. Y eso implica cambiar, en muchas ocasiones, la estructura productiva, los recursos empleados, la estructura de costes, etc. Y para llevar a cabo esa transformación digital tiene que darse un entorno propicio en el mercado, para que sea éste, y no el gobierno, quien señale qué encaja mejor y qué no, con las necesidades del propio proceso.

Mi desconfianza del Gobierno no es un prejuicio: llevamos casi un año de gestión terrible de la pandemia, tanto sanitaria como económica, entre otras cosas. Y antes de la pandemia, diferentes medios se preguntaban por qué España no ahorraba, como otros países europeos, a pesar del incipiente crecimiento. Estamos marcados por el estigma del sobre endeudamiento y el sobre gasto político.

Así que la lectura de los titulares que apuntan al Gobierno Sánchez-Iglesias canalizando los fondos, liderando la inversión privada y llevando las riendas del proceso de innovación digital, a mí me produce vértigo. Además de la desconfianza que acabo de mencionar, porque el entorno en el que se va a producir es el de unas instituciones que, lejos de asegurar asepsia, están como los baños del peor bar de carretera que uno imagine.

Mientras tanto, espero que todos pasen una Nochebuena y una Navidad tranquila y con salud.

La Universidad de Cambridge, entre el respeto y la tolerancia

La revista universitaria The Tab acaba de publicar las fotos de las desnudas espaldas de varios de los universitarios de la Universidad de Cambridge. Todos ellos concursan en la competición por tener “el mejor culo” del año 2020.

Así, Caroline mira con descaro al impertérrito edificio de la Universidad, momento que el fotógrafo capta desde atrás. Jason, probablemente más recatado, lo hace a una considerable distancia. Angus, Matilda y Shannon prefirieron mostrarse subiendo una escalera de caracol metálica, mientras que Peggy emula a Gala frente a la ventana de Dalí, y Theresa lo hace con Mufasa, del Rey León. No he podido evitar acordarme de mi amigo Gonzalo, en nuestros años universitarios. Yo le contaba que en Japón había jóvenes que se pasaban años encerrados en sus cuartos, mirando a una pared. “Pues es como ir a la universidad”, me dijo con media sonrisa.

Para algunos la universidad es como el Hikikomori; para otros, como un concurso de traseros. Y todo ello tiene algo de inevitable. No pocos van a la universidad como ovejitas pastoreadas o porque es lo que toca por edad. También es cierto que la Universidad tiene algo de complemento de un sistema escolar fallido.

Pero también lo es que la producción de riqueza ha pasado de las manos a la cabeza, y la Universidad es la principal institución de gestión del conocimiento que tenemos. La Universidad de Cambridge es la segunda más antigua de Inglaterra, y es uno de los apoyos de la civilización que van quedando, en una época en que no te puedes fiar ni del belén del Vaticano.

La transmisión y creación genuina de conocimiento no sólo exige tener medios que ordenen el saber y contribuyan a su estudio, como son los libros o las instalaciones de una Universidad. La búsqueda del conocimiento es laboriosa e incierta, y sólo prospera si se deja actuar al curioso espíritu del hombre en plena libertad.

Pero la libertad está siendo hoy amenazada en las universidades. Y por ello, y no por el mentado concurso, es hoy noticia la Universidad de Cambridge. La institución ha restituido la libertad de expresión en sus instalaciones. Hoy, esa libertad es una antigualla, y el progreso viene pisando fuerte con nuevas y eficaces formas de censura. Cambridge intenta resistir a ese vendaval dogmático, antiintelectual, progresista.

La Universidad ha considerado el cambio de sus normas sobre libre expresión que proponía que toda exposición pública estuviese marcada por el principio de “respeto” a las opiniones e identidades de la audiencia. El mecanismo del “respeto” desemboca en la cancelación de todo discurso que pudiera interpretarse como lesivo de la visión progresista de determinados grupos. Esa visión es sagrada y no se puede mencionar sino con veneración.

The Regent House, el consejo que gobierna la institución, lo ha rechazado. El principio que imperará no es el de “respeto”, o censura, sino el de “tolerancia”. Herbert Marcuse acuñó el concepto de “tolerancia represiva”, que es la aceptación de la cultura occidental, que por su propia naturaleza es represiva de determinados grupos. Marcuse no tenía ningún problema con la intolerancia represiva de la URSS, eso sí.

En un informe sobre la libertad de expresión en el campus, la institución anuncia que “fomenta un entorno en el que todo su personal y sus estudiantes puedan participar plenamente en la vida universitaria y sentirse capaces de cuestionar y poner a prueba la sabiduría recibida, y de expresar nuevas ideas y opiniones controvertidas o impopulares dentro de la ley”.

A su vez, proclama que “La Universidad no se negará injustificadamente a permitir que los eventos se lleven a cabo en sus instalaciones ni impondrá condiciones especiales sobre la realización de esos eventos. La expresión legal de opiniones controvertidas o impopulares no constituirá en sí misma un motivo razonable para denegar el permiso para una reunión o evento”.

Sí considerará la denegación o imposición de condiciones especiales en algunos casos que menciona expresamente, como la incitación al terrorismo o a cometer actos violentos, o dar lugar a la ruptura del orden público, o plantear un riesgo a la seguridad. Pero la puerta que cierra a la censura tiene grietas, ya que prevé aplicar restricciones a “la expresión de opiniones que son ilegales porque son discriminatorias o acosadoras”. Pero defender la libertad dentro de la ley no es poco, a la oscura luz de las nuevas censuras.

Esta decisión no ha contentado a todos, ni podría hacerlo. Javier Benegas me ha llamado la atención sobre este artículo, escrito por Priyambada Gopal y Gavan Titley para The Guardian. Para ellos, “proteger verdaderamente la libertad de expresión” pasa por censurarla. Pues esa libertad podría “convertirse en un caballo de Troya para ganar espacio y atención para ideas retrógradas que realmente no merecen debate”. Ellos saben qué ideas merecen ser debatidas y cuáles no, lo que explica que quieran cercenar el debate. Pues si ya se sabe qué ideas son correctas, ¿qué sentido tiene permitirlo? Al parecer, que se pueda publicar un artículo en la prensa con un argumento contra la libertad de expresión más antiguo que la propia Universidad de Cambridge entra dentro de lo aceptable.

Sólo hay que recordar, como ha hecho la revista Bloomberg, que hace sólo ocho meses la Universidad de Cambridge censuró una conferencia de Jordan Peterson, por el simple hecho de que su pensamiento cruza todos los lindes de la corrección política.

La tolerancia es un valor liberal de larga tradición. Pierre Bayle distinguió la fe de la aprehensión de la verdad, lo que abrió un boquete en la posición a favor de la intolerancia religiosa. John Locke dijo que es materia del Gobierno velar por los intereses civiles, pero no por “el cuidado del alma”. Este argumento ha sido utilizado por quienes quieren separar Iglesia y Estado, pero despreciado por quienes quieren imponer sus ideas paganas desde el mismo Estado. Y en muchas ocasiones son los mismos. John Stuart Mill, que escribió en una época de cambios más rápidos, volvió a defender la tolerancia alegando que la función del Gobierno es evitar que alguien infrinja un daño grave a otra, no ser paternalista. Y que el encuentro de las ideas verdaderas con las falsas permite el aprendizaje de la sociedad.

La idea liberal del respeto es que el otro tiene un conjunto de derechos, y la actitud tolerante es la de respetar el ejercicio que hace el otro de sus derechos, aunque personalmente condene moral o estéticamente ese uso. La actual concepción de respeto es que cualquiera (aunque quizás no los hombres blancos heterosexuales) puede imponer la censura al otro, porque cualquier opinión que no le guste será un ejercicio irrespetuoso.

Este asunto muestra hasta qué punto el asalto a los valores liberales, como los de la tolerancia y el respeto, han sido desfigurados por una ideología dogmática e intolerante, que no puede aceptar que cada uno piense como quiera porque pretende que cada uno de nosotros sea una copia salida de su molde.

Otro ‘hachazo’ fiscal tras el engaño del salario mínimo

“You got to be cruel to be kind in the right measur”. Nick Lowe.

Con el cuento del salario mínimo, el Gobierno de Sánchez cuela otra subida de impuestos al trabajo a la mayoría de los asalariados al subir automáticamente y por tercera vez las bases mínimas de cotización. Mientras, el mismo Gobierno retrasa la edad de jubilación y aumenta los años cotizados para cómputo. Un aumento de costes de contratación vía cuotas de casi un 10% y un recorte de las pensiones futuras de al menos un 5%. Todo, de nuevo, muy “social”.

Un Gobierno que lleva a decenas de miles de empresas al cierre y a millones de trabajadores al paro, que además no paga muchos ERTE, no protege a nadie subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando no hay salario que percibir.

La subida del salario mínimo esconde otro brutal aumento de los impuestos al trabajo. En realidad, lo que el Gobierno y sus socios hacen es imponer el equivalente a un arancel a la contratación.

Una subida del Salario Mínimo Interprofesional de un 1% es equivalente a un aumento de un 1,395% en los costes laborales para el empleador. Es decir, un sueldo de 950 euros, que supone ya un coste total de 1.471,3 euros para el empleador, subiría aún más.

Un asalariado medio en España percibirá menos salario neto al subirle los impuestos al trabajo. Más del 60% de los trabajadores de España volverán a ver un recorte en su sueldo neto.

Ya en 2020 el incremento de coste de contratación por trabajador para el empleador fue de 929 euros al año, pero si se compara con 2018, el incremento en dichos costes de contratación para autónomos y empresas fue de 3.980 euros al año por cada trabajador.

Hablamos de un aumento de costes para el empleador del 29,9% desde 2018. Si se lleva a cabo la subida de impuestos escondida bajo el salario mínimo anunciado, un asalariado medio en España percibirá menos dinero neto en su cuenta y los costes para el empleador aumentarían más de un 35% desde 2018.

Ya desmontamos los mitos y mentiras del salario mínimo en mi artículo Diez mitos sobre la subida de impuestos disfrazada de SMI. El efecto de las subidas de impuestos al trabajo de los dos últimos años escondidas bajo el SMI ha sido una evidente ralentización en la creación de empleo en tiempos de crecimiento y una destrucción sin precedentes en crisis.

El Gobierno de Sánchez vuelve a sus políticas más populistas que, en realidad, no protegen a nadie. En vez de atraer inversión, facilitar el empleo y mejorar las condiciones para que las empresas contraten, hacen exactamente lo contrario. Destruyen lo que fingen proteger.

Si atendemos al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, no se dan las condiciones para subir el salario mínimo ya que no se cumple ninguna de las cuatro motivaciones que justifican la subida del salario mínimo.

Además, en España, el SMI ya está en el 65% del salario mediano. En vez de atraer inversión, favorecer el crecimiento de la productividad y crear empleo, lo que hacen es aumentar los escollos a la contratación.

 Algún día el votante de los populistas de ultraizquierda se dará cuenta de que la razón por la que España es el único país del mundo con el nivel de paro que tenemos no es por casualidad, sino por las trabas al crecimiento empresarial y a la contratación que sufrimos.

España se enfrenta a una crisis sin precedentes con un Gobierno secuestrado por gente que jamás ha creado un empleo y cuyo objetivo no es el progreso sino el control. Y los más perjudicados, de nuevo, serán aquellos que cayeron en la equivocación de creerse las ideas mágicas del populismo destructor.

La eutanasia ‘liberal’

En los últimos días he tenido varios debates en Twitter, con amigos, conocidos o contactos de redes sociales, sobre la eutanasia. Debates que se han desarrollado en dos niveles: el segundo nivel es el que tiene que ver con el fondo del asunto, si la eutanasia debería ser legal o no, razones a favor o en contra, argumentos sobre la regulación concreta que se ha adoptado en España, etc. Es un tema delicado, en el que es sencillo caer en el trazo grueso, en la gracieta fácil (“asesino de viejos” vs. “no me dejan ni morir a gusto”) y en los argumentos que bien desarrollados podrían ser interesantes pero en 280 caracteres suenan a simplezas de niño de 8 años.

De hecho, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la cantidad de gente a la que admiro y respeto que parece pensar que puede zanjar un tema tan complejo con una ocurrencia tuitera. Será el signo de los tiempos y de estas formas de comunicación tan absurdas que nos hemos dado.

Pero ha sido casi más tenso el debate del primer nivel. Que en mi caso se ha sustanciado alrededor de la naturaleza liberal o antiliberal de la eutanasia (podríamos incluir otros asuntos, como el aborto o la gestación subrogada… pero ya tengo bastante lío por hoy). Me imagino que le habrá pasado algo parecido a personas de izquierda: recuerdo, hace años, a una amiga que me contaba asombrada que le habían expulsado (es un decir, digamos que le abrieron la puerta y le animaron a cruzarla) de una asociación por su postura sobre el aborto.

Más allá del absurdo en términos comerciales (con la definición de liberalismo que algunos practican se quedarían en el grupo tres y el del tambor… eso sí, muy puros todos ellos), me sorprende una barbaridad que haya quien crea en serio que estos asuntos son la prueba de fuego para determinar quién puede o no puede llamarse liberal. Lo cierto es que en muchos de estos aspectos, muy límites, creo que la postura sensata entre aquellos que nos tenemos por liberales debería implicar la aceptación de que 1) es imposible que nos pongamos de acuerdo porque implican cuestiones muy complicadas sobre la vida, la libre voluntad, el consentimiento y el arrepentimiento y (2) lo lógico es que cada uno intente convencer al resto en el segundo nivel.

Y no, no me vale el argumento de “que la ley lo admita y cada uno haga lo que quiera”. Por todo lo que expongo debajo y por las preguntas que planteo, ese argumento es muy endeble: ese “lo que quiera” es lo que está en cuestión en la mayoría de las ocasiones.

Quizás esto sea parte de mi propio sesgo, pero en general he visto muchas más expulsiones y anatemas de los proeutanasia (los puros) que del bando contrario. Por cierto, en ocasiones con una actitud y unas maneras muy poco liberales… pero eso lo dejaremos para otro día.

Sobre la eutanasia y el liberalismo obligatorio: el razonamiento gira en torno a la libertad del individuo. Un tema muy sensible en el campo liberal, porque, efectivamente, alrededor de esa libertad, de la dignidad y del control de cada uno sobre su propia vida se articulan la mayoría de nuestros argumentos.

El problema es que no es tan sencillo.

En primer lugar, ¿cuál es el límite de esa libertad? ¿Permitiríamos que una persona se vendiese libremente como esclava para el resto de su vida? Si decimos que sí, que es posible aunque casi nadie dice que sí, surge otra pregunta complicada: ¿y si luego cambia de opinión? Pero con la eutanasia no se puede cambiar de opinión.

Y si, como la gran mayoría de las personas, respondemos que no, que no puedes venderte como esclavo para el resto de tu vida, la pregunta es más compleja: ¿puedes pedir lo más (que te maten) y no lo menos (vivir, pero como esclavo de otro)?

En segundo lugar, hay cientos de situaciones en las que se imponen límites a la libertad. Este año es un buen ejemplo. Muchos liberales han defendido algunas de esas restricciones, y no siempre o no sólo por el daño que se podía hacer a los demás, también en razón de la situación excepcional, la emergencia, la coordinación, etc. En mi opinión, muchos columnistas que se denominan liberales han justificado la intervención del Gobierno mucho más allá de lo razonable (la diferencia es que yo no les expulso del grupo, porque creo, de nuevo, que el tema es complejo).

Pero vuelvo a la eutanasia: ¿límites a la libertad con los que convivimos y que aceptamos? Cientos: desde el suicida al que se detiene para que no se tire a las vías del tren (¿tenemos derecho?) hasta las decenas de causas por las que una persona es declarada incapacitada, total o parcialmente.

Aquí está el verdadero punto de debate de la eutanasia: ¿hasta qué punto una persona que pide la muerte toma esa decisión de forma independiente, consciente, etc.? Excelente la columna de Cristina Losada sobre el tema. ¿Cuánto dolor elimina tu raciocinio y te convierte en incapaz? ¿Qué es un sufrimiento insoportable? ¿Insoportable durante cuánto tiempo? ¿Y si me echo para atrás, como el esclavo? No, en este caso no puedes.

¿Y el suicida? ¿Debe ser libre? ¿Por qué evitar su acto voluntario? ¿En qué momento una obligación de todos (también del Estado) como es cuidar de la vida, en ocasiones incluso contra la voluntad del individuo, se convierte en la obligación contraria?

Es más, el tema del suicidio deja abiertas otras preguntas que son muy interesantes. Supongamos que admitimos la eutanasia para grandes inválidos (por ejemplo, casos como el de Ramón Sampedro; aunque cada vez más estas personas, gracias a la tecnología, tienen numerosas opciones a su disposición). Pero incluso si admitimos esos casos (que son muy pocos), ¿debería estar permitida la eutanasia para una persona que tenga la capacidad de suicidarse? Es decir, si realmente quieres morir y puedes causarte la muerte, ¿debemos permitir que impliques a otra persona? ¿Por qué necesitas a esa otra persona?

Para cada una de estas preguntas hay cientos de respuestas. Complicadísimas todas. De hecho, sé que la formulación de algunas de estas cuestiones están lindando con la demagogia facilona (la misma que usan los de “es mi vida y hago lo que quiero”). Por eso, vuelvo al comienzo del artículo: menos dogmas tuiteros y más argumentos sobre un tema complejísimo.

Porque, además, aquí entraríamos en el tercer nivel del debate: la aplicación práctica.

En esto reconozco una cierta perplejidad. Cada vez que se habla de eutanasia o aborto, los defensores de una legislación más flexible… usan como ejemplos ¡los casos de eutanasia o aborto que no se dan! Cuando digo que no se dan, no quiero decir que no haya ni uno (por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro), lo que digo es que no representan el caso típico. Por ejemplo, al hablar del aborto la discusión siempre empieza igual: “Imagina que tu hija de 12 años es violada y que el feto está enfermo y que los médicos le dan un 1% de esperanza de vida a ese feto”. Y yo siempre pienso: “¡Qué caso tan complicado! Espero no verme nunca en esa tesitura”. Y mi respuesta suele ser: “Si ese es el problema, legislemos que en ese caso concreto esté permitido el aborto. Puede haber una discusión ética interesante, pero está claro que en una situación tan límite nadie puede imponer sus creencias”.

Pero es que ése no es el problema. Es un hombre de paja del tamaño del Coloso de Rodas. Nunca me he encontrado un partidario del aborto que empiece su exposición diciendo: “Imagina a una pareja de treintañeros en la que ella se queda embarazada y decide abortar porque le viene mal en el trabajo, porque le acaban de ascender”. Pues bien, este caso es mucho más representativo del aborto real, el que se practica cada día en las clínicas españolas. Y repito: no quiero zanjar aquí la discusión. No digo que este caso deba estar prohibido o permitido. Yo estoy en contra de estos abortos, pero no voy a caer en el error que critico: este tema tan complejo no se sustancia en un tuit ni en un párrafo. Si alguien quiere discutir de esto, hagámoslo con tiempo, argumentos, posibilidad de que el otro te rebata, etc.

Lo que digo es que no nos hagamos trampas. En el tercer nivel, el de la práctica, debatamos de los abortos y eutanasias reales, los que conforman la gran mayoría de las situaciones reales que se dan en los hospitales. Porque en la eutanasia, además de los principios, está el tema de la aplicación: esa pendiente resbaladiza que a algunos nos da tanto miedo. Para empezar, las clínicas especializadas: ¿qué incentivos tiene esta gente?, ¿quién les paga? Y los familiares o herederos: ¿tiene derecho a influir en la decisión una persona que se verá beneficiada de la muerte? Desde los mensajes que llegan desde los medios de comunicación a la definición de “voluntad libre” o de “voluntad declarada de forma continuada”: ¿durante cuánto tiempo?, ¿asumiendo las consecuencias?, ¿quién diagnostica?, ¿y si escogemos médicos que sea más fácil que diagnostiquen que sí?, ¿tiene pleno uso de sus facultades un paciente que va buscando al médico que le recete eutanasia?, ¿y qué le diferencia del suicida que busca una pistola o un décimo piso?

Lo he repetido unas cuantas veces en los últimos días, en las redes sociales y con mis amigos que opinan diferente. No creo que sean asesinos; sólo pienso que están equivocados y lo digo mientras todas las dudas del mundo se agolpan en mi cabeza. Me parece uno de los debates más complejos que puedan existir.

Eso sí, si responder a todas esas preguntas de forma contraria a la respuesta canónica de los libertarios (y uso esta etiqueta con miedo, sólo por no alargar más el artículo; odio las etiquetas incluso cuando sólo son un intento de aclarar las cosas)… pues bien, si responder a todas las preguntas de este artículo de forma contraria me saca del club liberal: “Aquí tienen mi carnet”. Está claro que no formo parte de ese club. Ni ganas, oigan.

La difícil recuperación del mercado de trabajo en España

La pasada semana, Podemos puso encima de la mesa la posibilidad de reducir la semana laboral a cuatro días. ¿Es una medida factible o deseable? Ni una cosa ni otra. Si la productividad del trabajo en nuestro país es baja, esta política no es la más acertada.

La productividad laboral no indica que los trabajadores sean más o menos vagos: es el resultado de un conjunto de factores mucho más complejos. Por ejemplo, la proporción de trabajadores empleados en empresas y actividades de baja productividad.

En España, el lastre en lo que respecta a la productividad se debe a la importancia del sector de la construcción y de los servicios, porque requieren de trabajadores poco cualificados.

En el informe del pasado febrero de la Comisión Europea sobre España, en el que se evaluaban los avances en las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se explicaba que en España existe una proporción relativamente alta de sectores con una menor productividad laboral. Y también, que hay una mayor proporción de empleo en empresas más pequeñas.

Las empresas más pequeñas tienden a ser menos productivas que las grandes por diferentes razones, como las economías de escala. Pero hay que añadir el acceso más difícil a la financiación y una intensidad de capital más limitada.

En lugar de plantearse si, para que haya una mayor productividad, sería conveniente analizar las razones detrás de estas circunstancias, Podemos sale con la reducción de la semana laboral, como si dar empleo fuera tan sencillo como “ceder” horas de trabajo para que “quepamos más”.

Muy lejos de la realidad, porque no existe una cantidad de trabajo homogénea, estática, que se puede repartir como si fuera una tarta. En realidad, nada es como una tarta que se reparte en economía. Al revés, tanto el empleo, como la riqueza, como el capital, se comportan mas como flujos que aumentan y disminuyen en función de muchos factores.

Sí, todo es muy complejo, hipercomplejo, para ser más exactos. Y eso hace que los analistas, por razones didácticas, nos sometamos a simplificaciones que nos permitan observar las relaciones económicas, con el único objetivo de lograr resolver esos desajustes económicos, como en nuestro país es el desempleo. Es decir, el problema a resolver es cómo crear puestos de trabajo sostenibles que generen mayor valor añadido.

Ahogar al empresario no parece la solución. Por el contrario, generar incentivos que animen a los empresarios a producir en sectores que aportan más valor añadido, y que contraten trabajadores, siempre sin coacción, suena mucho más sensato. Porque, no hay que olvidar que el pequeño empresario y el autónomo, que son la gran mayoría de nuestros empresarios, se juegan sus ahorros.

No se les puede pedir que lo hagan siguiendo las directrices del partido. Siguiendo la misma lógica, perseguir el ahorro y la inversión tampoco son medidas que permiten el crecimiento del tamaño de las micro y pequeñas empresas.

Ya hablaba de este problema Sergio Ricossa en El fin de la economía, cuya traducción revisada por mí, gracias a la generosidad del profesor Alberto Mingardi, saldrá en poco tiempo.

El economista italiano, fallecido hace casi cinco años, planteaba dos perspectivas de la economía: la imperfectista y la perfectista. La segunda es la defendida por autores como Marx, Keynes y, salvando las distancias siderales que les separan, los economistas podemitas. Este punto de vista pretende lograr que, al final, el estado todopoderoso provea todo y los trabajadores, en ese mundo perfecto, no tengan que trabajar.

El imperfectismo parte de la base de nuestras limitaciones y estudia, dada la naturaleza humana, en qué condiciones podemos lograr nuestras metas económicas sin perjudicar al resto. El imperfectismo real exige que no se demonice al empresario, sino que se reconozca su labor social al crear puestos de trabajo.

El mensaje populista en momentos como los que vivimos, en los que se prevé que la crisis que tenemos encima va a ir a peor, pero no sabemos cuándo, es inmoral. La necesidad de aprobar como sea los presupuestos, de hacer tiempo hasta que lleguen los fondos europeos sin montar mucho alboroto es lo que lleva a presentar propuestas que no se sostienen ni sobre el papel.

Personalmente, estoy esperando la llegada de los requisitos concretos asociados a los fondos europeos. Estoy preparada para que Pablo Iglesias se quite el disfraz y retome lo que defendía hace dos años en la campaña electoral andaluza.

Ya entonces, además de proclamar que la Transición española se hizo mirando al norte y olvidando a Andalucía, cargaba contra la Unión Europea. Su principal objetivo a derribar era Angela Merkel, por supuesto, a la que acusaba de neoliberal (miren, ojalá) y de abrir las puertas con sus políticas a fascistas como Salvini en Italia. Y escenificaba toda esta rabia en una frase memorable: “Si Europa no mira al sur, se acabó Europa”.

El ombliguismo narcisista de nuestro vicepresidente olvida a los países de la antigua Unión Soviética que se están aplicando para tener una economía fuerte, y que nos ven como la cigarra del cuento. Ya se ha cuestionado qué pasó con los fondos europeos de la crisis del 2008. Nuestros socios europeos se preguntan cómo los hemos invertido y por qué otros países (que no son Alemania) han logrado desarrollar una economía más sólida estando en una situación similar.

Pero también estoy preparada para que Iglesias traicione sus principios y descargue la culpa en Sánchez acusándole, como ya hizo en el 2018 cuando, al ser rechazados los presupuestos por la Unión Europea, señaló a Sánchez por no haberlos defendido bien. Vamos a ver dónde quedan las bravuconadas cuando se dispare el desempleo al finalizar la prórroga de los ERTE.

La suerte de Sánchez se alimenta de una oposición dividida y con poca coherencia en su actitud hacia el PSOE. Ojalá que para cuando se produzca la escisión Sánchez-Iglesias, las cosas sean de otra manera y se acabe la pesadilla.

Polilogismo e ideología identitaria

Ludwig von Mises es uno de los mejores pensadores del pasado siglo. Tiene numerosas contribuciones a la ciencia económica, varias de ellas de primer orden. Pero su obra muestra que sus intereses iban mucho más allá de la ciencia económica. Esto encaja con la visión que tenía Mises de ella, pues a su juicio era sólo una rama de lo que consideraba una ciencia general de la acción del hombre.

Se esforzó por descubrir el entorno científico de la economía y de las ciencias sociales. Tanto, que le dedicó nada menos que cuatro obras. La primera, del año 1933, cuando estaba perfilando sus ideas, se titula en español Problemas epistemológicos de la economía. Luego reformuló sus ideas en su gran tratado de economía, que es también una obra de filosofía, La acción humana (1949). En Teoría e historia (1957) vuelve a exponer sus ideas al respecto de la metodología de las ciencias sociales, y especialmente de la historia. Y en 1962, con 81 años, publica Los fundamentos últimos de la ciencia económica, en que vuelven a aparecer algunos de los problemas que se plantea el estudio de la acción del hombre, como la incertidumbre, el monismo o el positivismo. Todos ellos publicados en español por Unión Editorial.

Tanto esfuerzo destinado a pensar, con una sólida base filosófica de raíz kantiana, sobre el papel de la ciencia económica y del resto de ciencias sociales, le llevaron en su magnum opus a acuñar el concepto de polilogismo. Es una idea fundamental para entender algunas de las corrientes de pensamiento que marcaron el siglo pasado y, como veremos, nos sigue siendo útil para entender el asalto a la razón en el pegajoso siglo XXI.

Para Ludwig von Mises, el economista participa de la naturaleza de su objeto de estudio: el hombre y su acción. Ese conocimiento de primera mano le permite describir un conjunto de afirmaciones que son evidentes por sí mismas, y que no se pueden negar sin contradicción. Son los axiomas de la acción (actuar consiste en buscar fines acudiendo a medios, la acción no es instantánea y se desarrolla en el tiempo, toda acción se desarrolla con un cierto grado de incertidumbre….). A partir de ese número de axiomas, y sobre ciertos presupuestos de la acción (cómo se valoran n’ bienes iguales, o qué ocurre si sobre una parcela de terreno añadimos sucesivas unidades de trabajo), se elaboran las leyes económicas. Luego seguimos ampliando el acervo de las leyes económicas sobre nuevos supuestos, y con el apoyo de las leyes económicas ya descubiertas. Es, como se ve, un método hipotético-deductivo.

Esto es necesario saberlo, porque así podemos entender que, para el autor, el uso de la razón es primordial. En La Acción Humana dedica nada menos que un capítulo a defender la ciencia económica de lo que llamó “la rebelión contra la razón”. Una rebelión que procede de la frustración de ciertos intelectuales ante la dificultad de mantener sus ideas sobre el afilado contorno de la razón, sin que éstas queden cortadas, y descompuestas.

Así, Carlos Marx se tuvo que enfrentar a “la inquebrantable dialéctica de los economistas”. Y lo hizo rompiendo la razón en pedazos. “La razón humana, arguyó, es, por naturaleza, incapaz de hallar la verdad. No existe una razón universalmente válida. La mente normalmente sólo produce ‘ideologías’; es decir, con arreglo a la terminología marxista, conjuntos de ideas destinados a disimular y enmascarar los ruines intereses de la propia clase social del pensador”. Eso, en el caso de que se trate de un burgués, pues “las ideas que la lógica proletaria engendra no son ideas partidistas, sino emanaciones de la más pura y estricta lógica” (en palabras del marxista Eugen Dietzgen). A esta situación en la que la lógica está quebrada, en la que hay distintas lógicas que se corresponden con distintas fuentes sociales, económicas o raciales, Ludwig von Mises lo llamó polilogismo.

Así, “el polilogismo racista difiere del anterior tan sólo en que esa dispar estructura mental la atribuye a las distintas razas, proclamando que los miembros de cada una de ellas, independientemente de su filiación clasista, poseen la misma estructura lógica”.

Como señala el economista, los polilogistas nunca detallan en qué consisten estas necesarias diferencias entre las distintas lógicas, ni en consecuencia ofrecen una explicación de las mismas. Igualmente, cuando un alemán no razona como prescribe la teoría nacional socialista, los polilogistas en lugar de reconocer el fracaso de su posición dicen de él que “no habla como un verdadero alemán”. Como señala Mises, “los defensores del polilogismo, para ser consecuentes, deberían sostener que, si el sujeto es miembro de la clase, nación o raza correcta, las ideas que emita han de resultar invariablemente rectas y procedentes”. Pero, al final, “los marxistas, por ejemplo, califican de ‘pensador propietario’ a cualquiera que defienda sus ideas”, independientemente de su clase social. Por supuesto, la práctica totalidad de los pensadores marxistas resultan ser burgueses. Como los propios marxistas han roto a pedazos la razón, este hecho no supone para ellos ninguna contradicción.

Este polilogismo se renovó a partir de los años 20’. En esos años, el marxismo entró en cierta crisis intelectual, precisamente cuando sus ideas empezaban a aplicarse trágicamente en Rusia. No era ajena a esa crisis precisamente el libro Socialismo del propio Ludwig von Mises. El nazismo, sin embargo, germinaba sobre el fértil terreno del nacionalismo y del socialismo alemanes. En esa década, Karl Manheimm inició lo que se llamó sociología del conocimiento. Esta rama de la sociología, entre otros problemas, quería describir el modo en que las ideologías respondían a condiciones económicas o sociales precisas. Tú no piensas como individuo, sino que tu pensamiento es una secreción de las condiciones sociales en las que vives.

Estas excursiones de algunos filósofos por la sima del irracionalismo, o antirracionalismo, tienen una versión práctica en los debates en la sociedad en su conjunto. Lo que ha quedado en el uso común de ese polilogismo es el mecanismo de cancelación del otro porque no tiene la ideología aprobada. En Teoría e Historia, dice Mises: “puesto que los marxistas no admiten que las diferencias de opinión puedan resolverse por medio de la discusión y la persuasión, o decidirse por el voto de la mayoría, no hay ninguna otra solución que no sea la guerra civil”. Pero en una sociedad democrática, ese recurso a la guerra civil es más complicado. El polilogismo desemboca en el silenciamiento del contrario, pero tiene que ser por otros medios.

Lo interesante del caso es que el polilogismo ha encontrado nuevas ideologías sobre las que prosperar. El argumento de que tú no tienes razón porque eres judío y piensas como un judío, sin haber desaparecido del todo, ha perdido su antiguo prestigio. Pero hoy vemos un racismo renovado. Los negros piensan como negros, los mapuches como mapuches, y en el fondo del todo, los blancos, que piensan como blancos.

Así mismo, los hombres piensan como hombres. Cada uno de ellos adquiere, no está claro si por vía genética como el racismo, o puramente cultural, una concepción de la vida patriarcal. Esa concepción de las relaciones personales, de la vida en sociedad, se auto perpetúa sobre el interés común de todos los hombres de ejercer un poder sobre las mujeres. Por eso ellos piensan en patriarcado. De nuevo, aparece el polilogismo.

La ideología identitaria borra al individuo, lo subsume en un grupo al que achaca cualidades propias, que alcanzan a cada uno de sus miembros. Entre ellas está la razón propia de cada identidad (sexual, racial…). Sólo el individuo tiene la capacidad de razonar. Y, uno a uno, la razón que utilizan en sus enfrentados discursos, ha de ser la misma. El identitarismo es una nueva rebelión contra la razón.

Por qué se equivoca el Banco Central Europeo

“Don’t waste your time always searching for those wasted years”. Adrian Smith

Una de las grandes equivocaciones entre los economistas es recibir las medidas de los bancos centrales como la verdad revelada. Sorprende y preocupa que se considere como obligatorio defender todas y cada una de las acciones de los bancos centrales. Eso, por supuesto, en público.

En privado, una gran parte de colegas se llevan las manos a la cabeza ante la acumulación de desequilibrios. Y, como en tantas ocasiones, la falta de crítica constructiva lleva a la autocomplacencia y a una cadena de errores que posteriormente lamentamos todos los ciudadanos.

La política monetaria en Europa ha pasado de ser una herramienta para ayudar a los estados a hacer reformas estructurales a convertirse en una excusa para no llevarlas a cabo.

La financiación constante de déficits de países que perpetúan desequilibrios estructurales no solo no ha ayudado a fortalecer el crecimiento, ya que la Eurozona ya sufría constantes rebajas de estimaciones antes de la crisis de la Covid-19, sino que está blanqueando los populismos que ponen en peligro el progreso y el crecimiento de la eurozona. El populismo no se combate blanqueándolo, y el impacto a medio y largo plazo en la eurozona es incuestionablemente negativo.

Se introduce la idea en el ciudadano de que las reformas estructurales y la prudencia presupuestaria son cosas que se implementaron para fastidiar por políticos con mala intención, y se blanquea la idea de que hay dinero ilimitado para lo que sea, cuando sea y como sea.

Sorprende escuchar a algunos economistas del Banco Central Europeo o la Reserva Federal que no entienden cómo se extiende la idea de que se puede imprimir dinero eternamente sin riesgo cuando son ellos los que están dando esa falsa sensación de seguridad. Porque el banco central disfraza el riesgo durante un tiempo, pero no lo elimina.

Grecia, Chipre, Lituania, Eslovaquia, España, Portugal, Eslovenia se financian ya a tipos negativos reales. Los tipos negativos no son una señal de confianza en el gobierno, sino una aberración de una política monetaria que esconde el verdadero riesgo. Y tarde o temprano salta.

Decir que los tipos negativos de deuda son el reflejo de la confianza de los mercados en el país es una broma cuando el BCE compra la totalidad de las emisiones netas después de vencimientos.

Esa “confianza” en la capacidad del BCE solo se sostiene si la eurozona crece y Alemania sigue financiándolo. Y no es eterna. Lo expliqué en detalle en mi artículo La deuda no es un apunte contable.

Por supuesto, ustedes dirán que esto es una política excepcional por la crisis de la Covid, que requiere medidas excepcionales. Solo hay un problema con ese argumento: que es falso.

La política ha sido ultra-expansiva desde hace más de diez años, en crisis, recuperación, crecimiento y estabilización. De hecho, el banco central se convierte en rehén de unos estados que no reducen sus desequilibrios estructurales, sino que los perpetúan porque el coste de la deuda es bajo y el BCE “apoya”.

No es una casualidad que el impulso reformista en la Eurozona se haya parado en seco desde 2014. Coincide exactamente con la mal llamada barra libre de liquidez.

Los tipos bajos y la alta liquidez nunca han sido un incentivo para reducir los desequilibrios, sino un claro incentivo para aumentar la deuda.

Ese es el gran problema. Una vez puesta en marcha, la política monetaria mal llamada expansiva no se puede parar. ¿Se cree alguien en el BCE que estados con un déficit estructural superior al 4% anual van a eliminarlo mientras haya tipos negativos? ¿Sinceramente se cree alguien en el BCE que, tras la crisis de la Covid, no se van a inventar decenas de excusas para perpetuar una política fiscal y monetaria cuyos resultados son, como mínimo, decepcionantes considerando el enorme volumen de recursos utilizados?

La peor excusa de todas es que “no hay inflación”. Es como conducir un coche a 300 km/h por la autopista, mirar por el espejo retrovisor y decir “aún no nos hemos matado, acelera”.

No es una casualidad que en la eurozona se hayan disparado las protestas por el aumento del coste de la vida mientras nos dicen que “no hay inflación”, pero además es, como mínimo, imprudente decir que no hay inflación sin considerar los activos financieros que dicha política ha disparado.

Bonos de países insolventes a 10 años con tipos negativos reales es enorme inflación. El aumento de los precios de los bienes y servicios no replicables, que triplica la inflación oficial en muchos casos, como muestra un estudio reciente de Bloomberg Economics, es especialmente preocupante cuando la política monetaria incentiva el gasto improductivo y perpetuar la sobrecapacidad en sectores de baja productividad, que significa menores salarios reales en el futuro por menor crecimiento de la productividad.

Un estudio reciente de Alberto Cavallo de la Harvard Business School y de Bloomberg Economics precisamente alertan sobre ese diferencial entre la inflación real que sufren los consumidores, especialmente los más pobres, y el IPC oficial. Tomen, por ejemplo, el IPC de la eurozona de noviembre. La cifra es -0,3%.

“No hay inflación” ¿verdad? Sin embargo, en ese mismo dato los alimentos frescos suben un 4,3%, los servicios un 0,6% y el componente de energía ha caído un 8,3%… sin embargo, ningún ciudadano europeo ha visto una caída del 8,3% en su factura energética, porque ni la gasolina ni el gas natural o la electricidad incluyendo tasas e impuestos han caído tanto.

De hecho, si analizamos el coste de la vida con los bienes y servicios que realmente usamos con frecuencia, nos damos cuenta de que en una crisis sin precedentes recientes como la de 2020 los precios para las capas más pobres suben casi el triple de lo que muestra el IPC, y eso, añadido al factor distorsionador de la enorme inflación en activos financieros, genera enormes diferenciales sociales.

Cuando, además, el BCE ignora la tendencia demográfica (la longevidad reduce las presiones inflacionistas), el efecto de la sobrecapacidad y la tecnología y lanza billones de euros que inflan los mercados y la deuda pública, se acumulan riesgos mucho mayores que los supuestos beneficios que pueda generar la política.

Todos estos incentivos perversos y errores se solventarían con una regla de Taylor que impidiese la discrecionalidad del banco central.

1.- Centrar las medidas en resultados y datos concretos y, con ello, delimitar la acción es clave para mitigar -tal vez no eliminar- los incentivos perversos. En mi conversación con John B Taylor lo explicábamos. Hay una enorme diferencia entre criticar que los bancos centrales pueden hacer todo siempre y sin control a pensar que eso es decir que no deben hacer nada.

2.- Adicionalmente, el banco central debe dar guías claras y definitivas sobre la temporalidad y máximo de las medidas. Uno de los más peligrosos incentivos perversos lo vimos en 2018 cuando, ante la posibilidad de una normalización más que moderada de la política monetaria, estados e inversores fuerzan la mano de los bancos centrales para que prosigan con las inyecciones masivas. En menos de dos meses los bancos centrales cambiaron su política 180 grados.

3.- El papel del banco central no es combatir el cambio climático ni justificar presupuestos insostenibles. Es funcionar como garantía de liquidez, no garantía de coste bajo ni mucho menos garante de primer recurso. Es aterrador que Estados europeos que ya se financiaban a tipos reales negativos antes de la crisis entrarían en colapso por un aumento raquítico del coste de la deuda de 0,5%… Muestra la gravedad de la burbuja creada.

4.- El papel del banco central no es rescatar a inversores y gobiernos que juegan a “cuanto peor, mejor” y compran los activos más arriesgados o gastan sin control asumiendo que la política monetaria les va a rescatar eternamente, sino evitar que esas apuestas apalancadas a gastar sin control o comprar basura porque sube mucho -cuando sube- no se generen o, desde luego, no incentivarlas.

5.- El papel del Banco Central no es copiar los desequilibrios de otros. El BCE no es la Reserva Federal, ni el euro es el dólar, moneda de reserva del mundo. El balance del BCE ya pesa el 61% del PIB de la eurozona, mientras el de la Fed solo el 34%. No podemos jugar de manera peligrosa con la credibilidad de la eurozona a largo plazo solo porque a corto plazo “no pasa nada”, sobre todo cuando sí pasa.

6.- Apoyar la recuperación no es apoyar los desequilibrios estructurales ni mucho menos el gasto político improductivo. El objetivo de un banco central no es que un estado financie cualquier cosa a tipos artificialmente bajos sin distinción. Compromete la independencia y genera enormes efectos negativos sobre los ciudadanos a medio plazo, al erosionar los salarios reales y la productividad.

7.- Algo que no funciona bien en crecimiento no es por culpa de no hacer más. La liquidez excedentaria en el BCE es más de 3,4 billones de euros. Ya era más de 2 billones en periodo de crecimiento. Si la política monetaria no ha funcionado no es porque sea un problema de inyectar más liquidez, cuando sobra claramente, sino de solvencia. Y eso no se soluciona con una política que incentiva la deuda, penaliza el ahorro prudente y perpetúa los problemas de zombificación con tipos artificialmente bajos. No es una casualidad que el porcentaje de empresas zombi se haya disparado en época de crecimiento con los tipos negativos.

8.- Una política monetaria que genera burbujas y riesgo financiero no se soluciona con la misma política, pero destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Si la política monetaria no ha funcionado no es porque no se cree “dinero para el pueblo” a la venezolana o argentina, sino porque la inversión productiva y el crecimiento vienen del ahorro y de la prudencia con el riesgo, no del gasto desbocado y la deuda. No se soluciona un problema de incentivos perversos con uno de mayor destrucción y empobrecimiento.

Que, de momento, no se perciban enormes riesgos -o no los perciban los gestores del banco central- no significa que no se creen. La deuda con rentabilidad negativa, que ha alcanzado a nivel global un récord de 18 billones de dólares, liderado por la eurozona y Japón, no es una señal de confianza, sino de un enorme riesgo de estancamiento secular.

Cuando el banco central argumenta que sólo ofrece una herramienta, pero a la vez da recomendaciones de política fiscal y presupuestaria incentivando a “no temer a la deuda” y gastar mucho más, no solo pierde la independencia a medio plazo, sino que es igual que un camarero que no para de servirte copas, te incita a beberlas (ojo) y luego te culpa de la borrachera.

Introducir estos enormes desequilibrios tiene importantes riesgos, y no son especulaciones a futuro. Son realidades. Enorme desconexión entre activos financieros y economía real, Estados insolventes financiándose a tipos negativos, burbujas, deuda de empresas zombi o deuda basura con rentabilidades exigidas a mínimos históricos, aumento agresivo de inversiones apalancadas en sectores de alto riesgo, perpetuación de sobrecapacidad en sectores de renta de posición. Ignorar todos estos factores en una institución monetaria es más que peligroso, es irresponsable.

No es hora de “hacer todo a cualquier coste y pase lo que pase”. Es hora de defender la cordura o la credibilidad de las instituciones va a hundirse todavía más mientras el coro de consenso canta Aleluya con el edificio en llamas.

Gobernar a empujones

En todas las situaciones de emergencia que se producen en espacios públicos con gran afluencia de público, una de las reglas de oro es mantener la calma y salir ordenadamente. La manera en que se encamina uno a la puerta y el cómo se sale son fundamentales para no perecer en el intento.

Pasa igual con las emergencias nacionales, también con las sanitarias, como la pandemia por coronavirus. Hay que activar medidas urgentes que cubran diferentes aspectos: además de los estrictamente sanitarios, también los económicos y los sociales. Pero hacerlo de cualquier manera puede ser contraproducente. La realidad habla por sí sola.

El último ejemplo es el borrador del Real Decreto-Ley (RDL) por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿No hay otra manera de sacar adelante esos dos temas tan relevantes más que el decreto-ley? Claro que lo hay: una ley con trámite de urgencia.

Merece la pena leer los artículos del profesor Rafael Jiménez Asensio, tanto en la página de hayderecho.com como en su propia página web, dedicados al tema de los decretazos. No solamente me refiero al del pasado 30 de noviembre, donde da cuenta del borrador que menciono (extrañamente filtrado antes de ser presentado).

A pesar de ser un artículo muy acertado y oportuno, a mí me parece que, para entender la anomalía que vivimos, hay que empezar por el artículo “Genio y figura de los decretos-leyes”, aparecido en su blog, La Mirada Institucional, en marzo del 2019. En este texto se explica algo fundamental que los profanos no siempre tenemos en cuenta. En derecho, el procedimiento no tiene un objetivo estético, ni ritual. Existe para proteger al ciudadano.

Así, históricamente, el decreto-ley es un recurso a la desesperada de los gobernantes que vieron que la democracia liberal comportaba un sistema de contrapesos que le impedía hacer de su capa un sayo y legislar sin control. Las leyes, se tramiten de urgencia o no, han de ser aprobadas por el órgano correspondiente: el Parlamento. Es en ese ámbito en el que los representantes electos han de manifestar sus quejas, sus mejoras, sus matices, de forma que nadie legisle dictatorialmente.

El profesor Jiménez Asensio aporta datos muy interesantes que muestran la génesis de la anomalía del decretazo. Entre los años 2008 y 2015, justo los años de la crisis, los decretos leyes representaron el 56 % frente a las leyes ordinarias. Si esa cifra se antoja demasiado elevada, qué decir del año 2018, cuando esa proporción casi se triplica.

Si mis datos son correctos, en lo que llevamos de 2020, se han aprobado ocho leyes, una de ellas orgánica, y 37 decretos-leyes. Eso quiere decir que los decretos-leyes suponen más del 80% de la legislación. ¿Por qué esta desmesura?

El argumento de la emergencia ya no se sostiene, y menos en el caso del presente RDL. Que era necesaria la modernización de la administración se sabe desde hace varios lustros. Que para agilizar las ayudas esa revisión es imperativa, lo sabemos desde que se planteó que la Unión Europea debería aportar fondos a los países miembros.

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesita de una estructura sencilla, ágil, que asigne y ejecute los fondos eficientemente es algo que se sabe mucho antes de que el Plan tuviera nombre. De hecho, el pasado mes de julio, participé en una de las reuniones con expertos organizadas por el Parlamento Andaluz encaminadas a orientar acerca de cómo, dónde y de qué manera se podrían canalizar los fondos europeos.

¿Qué sentido tiene plantear todas estas cuestiones en un decreto-ley? Desde mi punto de vista, estamos ante una ley ómnibus. Los decretos-leyes que se aprueban en el Parlamento, no pueden matizarse, es decir, se vota a la totalidad. De esta manera, si un grupo vota en contra del RDL está rechazando todas las propuestas sensatas, y si vota a favor, está aceptando cualquier arbitrariedad que Sánchez tenga a bien incluir.

Es fácil imaginar la escena. Los partidos que rechacen el RDL serán acusados de empobrecer España por poner trabas a la tramitación de la ayuda europea. Es una extorsión política en toda regla.

Pero hago una segunda lectura. El debate en el Parlamento dejaría en evidencia la situación política que vivimos. El Gobierno bicéfalo Sánchez-Iglesias, la esquizofrenia de Pablo Iglesias que se disocia en vicepresidente y en activista anti-sistema según su conveniencia, los intentos desesperados de Ciudadanos de pintar algo en el panorama político, la tendencia del PP a ponerse de perfil, los intereses particulares de los nacionalistas y la sobreactuación de Vox que acaba por perder el favor de los sensatos incluso cuando tienen razón.

Ante este espectáculo, es posible que Sánchez y sus asesores hayan pensado que mucho mejor el decretazo. ¿Para qué exhibir la incapacidad para gobernar más aún? Mucho mejor pisotear los contrapesos democráticos y gobernar a empujones, legislando por decreto.

Como si hubiéramos aceptado estos modos dictatoriales como parte de la terrible “nueva normalidad”, exhaustos ante la sobre información, la confusión, el ruido mediático, los españoles protestaremos porque en Madrid han puesto una bandera española como decoración navideña o criticaremos si la ministra hace pucheros. Pero lo gordo, la agonía de nuestro estado de derecho, pasa desapercibido ante nuestros ojos, y no lo vemos.

Me permito cerrar con una frase que el profesor Jiménez Asensio rescata de David Runciman: “El intento de puentear a un legislativo muy dividido por el enfrentamiento entre partidos empeora ese enfrentamiento”. Y así está sucediendo.