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Irene Montero contra el deporte femenino

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

omo no podía ser de otra manera, la ley que impulsa Podemos para convertir la transexualidad en otro asunto con el que dividirnos entre buenos (ellos) y malos (la pérfida derecha, toda ella extrema y peligrosísima) se limita a importar punto por punto todas y cada una de las cruzadas de la izquierda norteamericana de los últimos años. Al segundo siguiente de que el Supremo norteamericano ilegalizara la prohibición del matrimonio homosexual, las políticas de identidad pasaron a centrarse en los llamados “transgénero” a sangre y fuego. Y se han llevado por delante muchas cosas, entre ellas el deporte femenino.

Si puedes competir en la categoría femenina simplemente porque has decidido que eres una mujer, todas las competiciones femeninas dejan de tener sentido. Los hombres poseen enormes ventajas físicas sobre las mujeres a partir de la pubertad, que no desaparecen por mucho que firmes un papel en el que declaras que ya no lo eres.

Esas diferencias pueden no ser tan importantes en nuestro día a día para quienes trabajamos delante de un ordenador y hacemos ejercicio de guindas a brevas, pero en el deporte son cruciales. En la élite resulta aún más obvio: no hay más que echar un ojo a las diferencias en las marcas de unos y otras. Florence Griffth-Joyner mantiene el récord de los 100 metros lisos desde 1988, con un registro de 10.49 que de hecho resulta más que sospechoso de haber sido logrado gracias a un error de la organización, que no contabilizó un viento trasero incompatible con una marca legal. Pero tomándola por buena, en 2018 había 35 hombres que tenían esa cifra como récord personal. Estaban empatados en el puesto 768 del ránking mundial.

Hay quien discute que esto sea así también en deportes más técnicos; aunque buscando quizá podríamos encontrar alguna excepción, lo cierto es que tenemos muchos ejemplos de que no es cierto. Selecciones de fútbol femeninas se han visto humilladas por juveniles masculinos que muy probablemente nunca llegarán a nada; las hermanas Williams, leyendas del tenis femenino, jugaron a finales de los 90 con un jugador situado más allá del puesto 200 de la ATP, que las venció con facilidad. Hasta el curling de las narices tiene campeonatos específicos para mujeres: por algo será.

Hay que recordar que pequeñas diferencias a nivel estadístico entre sexos pueden exacerbarse en los extremos de una distribución estadística, y los deportistas de élite se sitúan obviamente en uno de esos extremos, de ahí que las distancias sean mucho mayores en la alta competición que echando un partido entre amigos.

De ahí podría venir la única defensa que ésta ley podría tener, que admite –qué remedio—no permitir la participación de transexuales y transgénero en la categoría femenina en aquellas competiciones regidas por normas internacionales que lo impidan. Quienes piensen que esto lo arregla todo, porque sólo se admitiría esta participación en competiciones nacionales de poca importancia, que lo piense dos veces.

En primer lugar porque la presión moralista está haciendo que se relajen las reglas en muchos deportes: ahí tienen a Rachel MacKinnon batiendo récords mundiales de ciclismo en pista. Y segundo, porque hasta la deportista más exitosa ha empezado desde abajo, y nada resulta tan desmoralizante y destruye la motivación como saber que da lo mismo lo mucho que te entrenes y te esfuerces si el mejor puesto al que puedes optar en una competición es el primero que no esté ocupado por un transexual.

Es más, si las feministas de verdad se toman en serio aquello de la necesidad de tener modelos a seguir en todos los campos que inspiren a las mujeres a optar por esas carreras profesionales, ¿cuántas abandonaran antes de empezar si los puestos antaño reservados para las mujeres ahora son ocupados por transexuales?

No hay ámbito donde quede más clara la ficción que esta ley quiere sacralizar como verdad indiscutible que el deporte. Si alguien con un cuerpo masculino puede ser declarado mujer con sólo firmar un papel, el deporte femenino deja de tener sentido. Actualmente se mantienen dos categorías separadas de hombres y mujeres para que éstas últimas puedan competir, aspirar a triunfar y ver su talento y su esfuerzo reconocidos.

Si empiezan a ser hombres que han cambiado de sexo quienes dominan el deporte, carecerá por completo de interés y, sobre todo, pasará de ser femenino a ser otra cosa. Ese es el proyecto de la feminista Irene Montero por la igualdad.

La dependencia económica de la deuda

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Decía el economista Manuel Hidalgo en un didáctico artículo del domingo, en el que explicaba con pelos y señales los datos del PIB, que la cosa pinta regular para este 2021. Nevadas, bolas de fuego y terremotos aparte, coincido en el diagnóstico del profesor Hidalgo, cuando señala un notable agotamiento en las dos palancas que han aguantado el tirón en el tercer trimestre del 2020, y que apenas se sostenían ya en el cuarto: el consumo de las familias y el gasto público.

Lo previsible es que el consumo de las familias no mejore y cuando se vayan levantando los ERTEs menos aún. Tampoco hay esperanzas de que la actividad económica mejore de manera sostenible con el retroceso de la inversión. Un retroceso que, efectivamente, se podía adelantar debido a la naturaleza de la inversión. La incertidumbre, la estabilidad son factores que alejan a los inversores, que toman decisiones a largo plazo.

Los problemas con el ritmo de vacunación, el contrato con AstraZeneca, la tercera ola y la sensación de confusión por falta de una dirección común están agravando la recuperación de la inversión. La pandemia es mundial, pero la reacción ante sus consecuencias es particular de cada país y en el nuestro, falla bastante.

Las acciones del Gobierno tampoco parecen muy acertadas. En una contracción económica subir los impuestos no parece lo mejor. Y el mantra “sólo a los ricos” ya no cuela.

¿Vamos a seguir tirando de gasto público para sostener la maltrecha economía? Es lo más probable. Nos endeudaremos más. Y es en este punto en el que me gustaría hacer una reflexión.

Uno de los países enganchados en un proceso de crecimiento de la deuda pública en espiral es Argentina. Como es sabido, además del tango, Maradona y el mate, Argentina es famosa por sus psicólogos. Es un país donde visitar al terapeuta es una rutina. No hay miraditas, está socialmente normalizado.

Como no podía ser menos, hay psicólogos que han estudiado la adicción al endeudamiento. En concreto, el psicoanalista Eduardo Grispon publicó, en el año 2006, un artículo en la revista académica Actualidad Psicológica, titulado Adicción a endeudarse económicamente. Un tipo de solución adictiva cuando impera la necesidad de pagar y perder.

El autor explica cómo, en este tipo de adicción, el deudor se configura como el agente que decide finalmente cuánto paga y cuándo. El paciente aparece en la consulta eufórico y seguro porque sabe que, cuando la deuda es suficientemente grande, el coste para el banco de declarar un crédito incobrable y dotar esa provisión es demasiado grande.

Así que, le merece más la pena volver a darle crédito y refinanciar la deuda, haciéndole un importante descuento en el capital y en los intereses. Esta euforia empuja al adicto a pedir nuevos préstamos. Es muy interesante descubrir el círculo vicioso en el que estas personas entran, al que arrastran toda la familia y, cómo, en algunos casos, delinquen, creando una herida en sus allegados y una pérdida en el patrimonio familiar, a veces dramático.

La solución no es sencilla y requiere una acción conjunta de contables, abogados, terapeutas y familiares.

Cuenta el doctor Grispon que lo que llamó su atención acerca del comportamiento del deudor adicto fue una noticia de marzo de 2006, cuando Argentina atravesaba una situación de endeudamiento colosal.

“La idea que por estas horas analiza el presidente es no tocar las reservas para pagarle al FMI y destinar esos fondos para nuevas inversiones en obras públicas, infraestructura y en programas de crecimiento económico”. Es decir, frente a un monto de deuda descomunal, se prefiere no pagar, invertir con la idea aparente de solucionar, agrandando de manera sistemática el agujero de la deuda.

Estas reflexiones encajan como anillo al dedo en la situación de las, cada vez más numerosas ’empresas zombies’, aquellas que apenas pueden cubrir con su margen normal el servicio de la deuda. Como afirmaba el profesor Emilio Ontiveros en El País, las vulnerabilidades son las que ya conocemos, lo malo es la acumulación, que hace que ante cualquier chispazo salte todo por los aires.

La zombificación, una especie de reflejo de lo que le sucede a los adictos a la deuda, que resta capacidad de reacción a las empresas, no es un fenómeno exclusivo de estas instituciones. También los países repiten este ciclo perverso, como Argentina.

Por desgracia para los españoles, da la sensación de que la incertidumbre persistente, el previsible empeoramiento con que hemos empezado el año y el agotamiento del empuje del consumo familiar va a ser anestesiado, que no solucionado, con un mayor endeudamiento. Será así en la convicción de que no pasa nada, porque nuestra incapacidad para devolverla es un problema mayor para el acreedor que para los deudores.

Hay un aspecto importante que diferencia la adicción a la deuda de una persona, o una empresa, de la adicción política a la deuda. El paciente del doctor Grispon se endeudaba para pagar la luz, los impuestos, para llenar la nevera.

Las empresas se están endeudando para sobrevivir. Los gobiernos se endeudan para seguir gastando, no siempre en vacunas o en dotar a los sanitarios de medios adecuados para que puedan desempeñar sus funciones en las mejores condiciones posibles. Parte de esa deuda, que van a heredar las futuras generaciones, se destina a gastos superfluos destinados a financiar medios de comunicación afines, subidas de los sueldos o multiplicación de cargos para pagar los favores electorales, por mencionar algunos.

Esta situación es posible porque no hay rendición de cuentas. Ningún político ha pagado nada, ni siquiera en forma de repudio social, por gastar mucho y mal el dinero de los españoles. Y sin rendición de cuentas no hay Estado de derecho. Dicho lo cual, ¿en qué tipo de democracia estamos viviendo?

Heteronormatividad y capitalismo: una crítica a Judith Butler

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa.

En el pensamiento de Judith Butler (2000; 2002; 2005; 2006; 2007) encontramos tres asunciones principales, a saber, (a) la idea de que el género no es el resultado causal del sexo, (b) la idea de que no existen dos géneros exclusivamente, y (c) la idea de que la lógica binarista (mujer-hombre) nos presenta la heterosexualidad como lo natural y la única posibilidad.

La autora feminista considera que el género, que es una construcción social generada por la heteronormatividad, estructura la división del trabajo en las sociedades capitalistas de dos formas. Entre trabajo “productivo” asalariado, asignado tradicionalmente a los hombres, y trabajo “reproductivo” y doméstico no pagado, llevado a cabo tradicionalmente por las mujeres, por un lado. Y entre aquellas ocupaciones mejor pagadas, que gozan de mayor estatus, y ocupadas mayoritariamente por hombres, y las ocupaciones de “cuello rosa” y de servicio doméstico, peor pagadas y ocupadas mayoritariamente por mujeres, por el otro. Ese, argumenta, es uno de los motivos por los que no se puede relegar a los nuevos movimientos sociales al terreno de lo “meramente cultural”. (Butler & Fraser, 2000)[1]. Como respaldo de esta idea utiliza unos extractos de Marx (1846) y Engels (1884) que resumen la idea de la importancia de la producción y reproducción de la vida en el mantenimiento de las desigualdades de clase y, por lo tanto, del sistema capitalista. Esta aportación será posteriormente rescatada y actualizada por otras feministas (Firestone, 1976; Hartmann, 1983; Rubin, 1986; Federici, 2004; Butler, 2007) que extenderán ese vínculo a la producción del género y la sexualidad heteronormativas: “En la medida en que los sexos naturalizados funcionan para asegurar la pareja heterosexual como la estructura sagrada de la sexualidad, contribuyen a perpetuar el parentesco, los títulos legales y económicos, así como las prácticas que delimiten quién será una persona totalmente reconocida como tal.” (Butler & Fraser, 2000: 86)

Por lo tanto, la situación que sufren las personas con identidades disidentes (aquellas personas que no encajan en el binomio mujer-hombre o que no responden a la tendencia sexual normativa) no es un problema “meramente” cultural y tiene relación con el modo de producción típico de las sociedades capitalistas.

¿Qué nos dice la evidencia?

Para dar respuesta a algunas de las cuestiones que presenta Butler, es importante analizar ciertos conceptos. El primero de ellos es la división sexual del trabajo.

Esta no tiene un origen reciente. En todas las sociedades humanas, tanto en las primitivas como en las modernas, ha existido cierta diferenciación de tareas. Las mujeres se han dedicado históricamente a tareas más relacionadas con los cuidados de los niños y del hogar y los hombres a la protección y la provisión. Inicialmente esto era, sobre todo, una cuestión de supervivencia. En las sociedades primitivas y hasta que los descubrimientos tecnológicos no mejoran las condiciones de higiene y salubridad, el elevado índice de mortalidad genera una especialización de las mujeres en aquellas tareas que permiten ser combinadas con la crianza, mientras que los hombres actúan como proveedores y defensores del grupo. (Riddley, 2003) La propia Gerda Lerner (1986) comenta de forma acertada que fue cuando los hombres pudieron generar excedentes de actividades como la ganadería o la agricultura, que se apropiaron de estos convirtiéndolos en su “propiedad privada”. Para asegurar esa propiedad, no solo para ellos sino también para sus herederos, se institucionalizó la familia monógama. Asegurándose que las mujeres no tenían ni sexo premarital, ni tampoco fuera del matrimonio, podían asegurar la “legitimidad” de su descendencia y así evitar invertir en la descendencia de otro hombre. Posteriormente, esta división se extiende también a la producción y distribución de bienes y servicios.

Si atendemos a la evidencia empírica, no solo sabemos que existen diferencias anatómicas (dimorfismo sexual) entre hombres y mujeres, sino que presentan diferencias también en su comportamiento. Estas diferencias son en parte producto de la evolución de ciertas adaptaciones psicológicas generadas como consecuencias de la inversión parental y las estrategias reproductivas diferenciadas (Kingsley, 2002; Campbell, 2002; Petersen & Hyde, 2010; Buss & Schmitt, 2011; Seabright, 2012; Schmitt et al., 2017; Schmitt & Buss, 2018) e influyen sobre la organización de otras actividades económicas o sociales. La división sexual del trabajo es una prueba de ello. Esta puede deberse a diferencias de capacidades e intereses y puede estar regulada mediante normas sociales formales o informales. “Algunas de estas adaptaciones generan diferencias de género culturalmente universales, y muchas están además diseñadas para ser sensibles a los contextos socioecológicos locales en formas que generan facultativamente diferentes tamaños de diferencias de género entre culturas. También es cierto que las diferencias de género evolucionadas en la personalidad pueden acentuarse o atenuarse por factores que tienen poco que ver con las sensibilidades evolucionadas a los contextos socioecológicos (Schmitt, 2015).” (Schmitt et al., 2017: 52)

Pero no solo la división sexual del trabajo es una institución universal, también lo son el patriarcado[2], la dominancia masculina y el logro masculino. Estas son manifestaciones de diferencias neuroendocrinológicas entre hombres y mujeres tal que “la presencia de los estímulos ambientales de jerarquía, estatus y miembros del otro sexo van a hacer surgir en el varón una mayor tendencia a dejar de lado todo lo que haga falta (tiempo, placer, salud, seguridad física, afecto, relajación…) para conseguir la posición jerárquica más alta, el estatus y la dominancia en las relaciones” (Malo, 2018).

Aunque es evidente que, a lo largo de la historia, muchas mujeres no han podido elegir qué roles desarrollar, esto ha ido cambiando con el tiempo y, la persistencia de las diferencias es difícilmente atribuible en su totalidad a la socialización. Cuando se atribuye un factor causal a la socialización se confunde causa con consecuencia. Si bien es verdad que la socialización exagera la importancia del dimorfismo fisiológico al hacer cualitativa, discreta y absoluta la diferenciación sexual que, a nivel fisiológico-conductual, es cuantitativa, continua y estadística. Se tiende a hacer que la observación estadística sea absoluta y se convierte en estereotipos sociales que afirman que “los hombres son agresivos” y “las mujeres son pasivas”. Esta exageración da como resultado una mayor diferenciación de comportamiento que la que engendraría la fisiología por sí sola. Y sin lugar a dudas, esto conduce a la discriminación. Pero no es esa observación, ni los estereotipos ni la discriminación los que provocarían las diferencias en el comportamiento entre hombres y mujeres y, por lo tanto, institucionalizarían la división sexual del trabajo y el patriarcado, sino precismaente al revés. (Goldberg 1973; 1993)

Es cierto que gracias a los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos que se han producido, la división sexual y social del trabajo se ha modificado y hecho más compleja y diversa. Poco a poco hombres y mujeres han ido cambiando las tareas de las que se ocupaban. Algunas de estas han sido apoyadas por máquinas (electrodomésticos) o personas externas a la familia (servicio doméstico encargado de tareas como la limpieza, la cocina o el cuidado de niños y dependientes) o sustituidas por el Estado (guarderías, escuelas, centros de mayores). Sin embargo, todavía siguen persistiendo diferencias. Ni siquiera en aquellos sitios en los que existen menos barreras y menor discriminación para la mujer, e incluso políticas públicas dirigidas a atenuar las desigualdades de género, se han eliminado (Pinker, 2008). Precisamente, diversos estudios apuntan a que las diferencias en las preferencias asociadas al género son mayores en aquellos países con mayor igualdad de género y mayores oportunidades para las mujeres (Su, Rounds & Armstrong, 2009; Schmitt et al., 2016; Falk & Hermle, 2018[3]; Breda, Jouini, Napp & Thebault, 2020). Este fenómeno se conoce como la “paradoja de la igualdad”[4].

Otro ejemplo es el de los Kibbutz en Israel, surgidos a principios del siglo XX. Uno de los paradigmas de estas comunidades fue el rechazo de la familia tradicional y los roles de género y su sustitución por la vida comunal. En ese intento por borrar todo rastro de roles diferenciados por género, los trabajos eran ejercidos por hombres o mujeres indistintamente, los niños eran cuidados por profesionales y las tareas de elaboración de comida o limpieza eran realizadas por la comunidad. Sin embargo, a medida que pasaron las generaciones la división sexual se desarrolló cada vez de forma más marcada: entre un 70% y un 80% de mujeres fueron desplazándose a trabajos orientados a personas, mientras que la mayoría de hombres lo hicieron a trabajos orientados a cosas (construcción, mantenimiento…). Además, la familia se institucionalizó como unidad básica y eje vertebrador de la estructura social. Lo sorprendente es que este proceso se acentuó en las generaciones que se habían criado en los Kibbutz, y estaban menos expuestas a los roles y estereotipos de género, y no en las que las fundaron. (Tiger & Shepher, 1977; Pinker, 2008)

La universalidad de estas instituciones es una prueba de su existencia independiente a la del capitalismo. De hecho, ni siquiera podemos decir que las sociedades más capitalistas (con mayor libertad económica) sean las que mayor discriminación por género presentan o en las que las mujeres o las personas LGBTQ gozan de peor bienestar, sino todo lo contrario. Varios estudios sugieren que la libertad económica está correlacionada con mejor bienestar, educación e independencia financiera para las mujeres (Fike, 2018) y mayor inclusividad de las personas LGBTQ (Badgett, Waaldijk & van der Meulen, 2019)[5]. Esta relación se da independientemente de la dirección del vínculo causal que sea.

Todo lo mencionado hasta el momento se relaciona con una última cuestión: la heteronormatividad. Efectivamente y como bien apunta Adrienne Rich (1980), durante mucho tiempo se ha supuesto que todas las mujeres eran heterosexuales por naturaleza y que el lesbianismo era un fenómeno “menos natural”, una “mera preferencia sexual”, una desviación o incluso una enfermedad. Para la autora, las mujeres no tienen otra opción más que la “heterosexualidad obligatoria”.

La heterosexualidad, según Adrienne (1980), es una “institución política” que permea todas las relaciones sociales y se ve reforzada por las atribuciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Que la universalidad de la heterosexualidad pueda sostenerse es consecuencia, en parte, de que “la existencia lesbiana ha sido borrada de la historia o catalogada como enfermedad, y en parte porque ha sido tratada como excepcional y no como intrínseca” (Rich, 1980: 35).

Efectivamente la evidencia apunta que la orientación sexual no es el producto de una elección caprichosa ni de una enfermedad mental, sino que tiene una base biológica importante (LeVay, 1993, 2016; Bailey et. al., 2016; Bailey, 2018). No obstante, también es cierto que el número de homosexuales es prácticamente constante en todas las sociedades (inferior al 5%) y lo único que cambia cuando aumenta su permisibilidad es la expresión (Bailey et. al., 2016). Nos guste o no, la heterosexualidad es la orientación sexual más común y hasta el surgimiento de las técnicas de reproducción asistida, la única que aseguraba la reproducción de nuestra especie. Es hasta cierto punto lógico que se considerase la norma.

Ahora bien, esta mayor extensión no justifica que la homosexualidad no fuese aceptada y se marginalizase. Pero también es verdad que la normativización de la heterosexualidad no ha impedido la aceptación progresiva del resto de orientaciones sexuales. Prueba de ello es que reivindicaciones como el matrimonio igualitario o la adopción por parejas del mismo sexo se han hecho realidad en la mayoría de países desarrollados en los últimos 15 años (29 hasta el momento).

Entonces, ¿todo es biológico o cultural?

Defender que las diferencias entre hombres y mujeres no son principalmente producto de la socialización y de los roles que se les imponen, sino que se basan en gran medida en factores psicobiológicos, suele asociarse a posiciones deterministas que consideran que lo natural es bueno o correcto y que es imposible de modificar. Pero que algo tenga una base biológica ni lo hace correcto ni inalterable. Además, esta dicotomía entre “lo natural” o lo que tiene un origen “en la naturaleza” y lo “socialmente construido” omite una tercera alternativa: que algunas categorías son productos de una mente compleja diseñada para encajar con lo que está en la naturaleza” (Pinker, 1997: 57). Si bien no hay que negar que la socialización tiene algún poder, esta es “una variable dependiente que recibe sus límites y su dirección de una variable independiente, que es la diferencia fisiológica entre hombres y mujeres. Las expectativas sociales y la socialización se ajustan a las diferencias entre hombres y mujeres que la población observa.” (Malo, 2018)

Por todo ello podemos concluir que los roles de género diferenciados no son el producto caprichoso de una sociedad patriarcal que quiere sojuzgar a las mujeres, sino la institucionalización, a veces exagerada, de unas diferencias reales. Que hombres y mujeres no son solo diferentes anatómicamente, sino que por regla general también tienen deseos, aptitudes y capacidades distintas. Y que esto no tiene porqué ser necesariamente malo.

Ahora bien, cuando estos roles se exageran, se estereotipan y se intentan imponer a quienes se alejan de los mismos, devienen problemáticos. Y la situación que sufren las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes se enmarcan en esta problemática. Sin embargo, no es una cuestión relacionada con el modo de producción típico de las sociedades capitalistas, sino que tiene que ver con la forma en la que los individuos asumen las diferencias y la pluralidad de modos de vida. Generalmente, los patrones normativos (aquello que es más común) generan una serie de tendencias y unos estereotipos que se exageran y arrojan a todo el que se sale de la norma. Y solo a través de la defensa de valores como el pluralismo y la tolerancia mutua es cómo podemos abordarlo.

Pedirle a la gente que ignore la existencia de diferencias basadas en el sexo con base biológica solo puede generar que las diferencias producidas sean más difíciles de entender y abordar. Las políticas públicas que se plantean el objetivo de revertir situaciones de desigualdad de género tienen que ser conscientes de estos límites y estar basadas en evidencia empírica. Y deben entender que puede que la igualdad formal no termine de traducirse nunca en igualdad real.

Referencias

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[1] Esta cuestión forma parte de la crítica concreta que Butler realiza a Nancy Fraser (Butler & Fraser, 2000).

[2] Definiendo el patriarcado como el sistema en el que “los hombres alcanzan los puestos superiores en todas las jerarquías de liderazgo y en todas las demás jerarquías de las que no están excluidos” (Goldberg, s.f.).

[3] Sus resultados destacan el papel fundamental de la disponibilidad de recursos materiales y sociales, así como el acceso equitativo a estos recursos con independencia del género, como forma de facilitar la formación y expresión independientes de preferencias específicas de género.

[4] Esto puede deberse a una gran variedad de motivos y puede dar pie a diversas lecturas. Por un lado, que las mujeres cuando tienen mayor libertad de elección, cuentan con más recursos y mayores opciones, se decantan por sus preferencias personales, y que, en aquellos países en los que su situación es peor, lo hacen por aquello que les reporta mayores ingresos (Easting & Prakash, 2013).

[5] Este estudio nos habla de los países con mayor PIB per cápita que, a su vez, corresponde con los países en los que mayores cotas de libertad económica existen.

Bitcoin, la gran apuesta

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

Es indudable que Bitcoin ha sido uno de los activos estrella del último año. En tal solo doce meses, su cotización se ha multiplicado por seis. Partiendo de los 7.200 dólares en los que cerró el año 2019, y tras romper la barrera histórica de los 20.000 dólares en noviembre de 2020, ha protagonizado un ascenso acelerado que le ha permitido alcanzar los 41.900 dólares durante los primeros días de enero de 2021.

Es habitual leer a analistas que tratan la cotización de Bitcoin como si fuera una fiebre sin sentido. Muchos consideran que el valor de uso de Bitcoin es, y siempre va a ser, cero. Estos detractores consideran que su precio sube y baja sin más criterio que el efecto rebaño de especuladores codiciosos que no saben lo que hacen. O que, sabiendo que compran un activo sin valor, creen que van a poder colocarlo a un precio mayor antes de que la música deje de sonar.

La realidad es bastante más compleja. Bitcoin no es un “tulipán” sin utilidad que sube y baja de precio en un juego de las sillas especulativo que terminará inexorablemente colapsando. Al contrario: si Bitcoin es hoy protagonista de una gran especulación es precisamente por la enorme utilidad que este protocolo de transmisión de valor puede tener en el largo plazo.

La cotización de Bitcoin en el presente responde a una gran apuesta sobre el futuro. La pregunta a la que tratan de responder quienes participan en los mercados de esta criptomoneda es: ¿Será Bitcoin utilizado en el futuro como medio de intercambio generalmente aceptado? Es decir, ¿existirá una masa crítica de gente que utilizará Bitcoin como forma de dinero? Y, de ser así, ¿qué extensión tendrá su uso?

Bitcoin nació precisamente tratando de cumplir con las condiciones que debería tener un buen dinero. Un buen dinero debe de ser fácil de almacenar, de transportar, de intercambiar, de dividir y de validar; al mismo tiempo, debe ser difícil de falsificar y de producir, de forma que el incremento de su cantidad sea escaso y estable en relación con el stock total de dicho bien.

Bitcoin no sólo se diseñó de forma que cumpla de mejor manera que las monedas actuales los requisitos que debe tener un buen dinero. Además incorpora, mediante su tecnología criptográfica y su protocolo descentralizado, la capacidad adicional de ser anónimo, muy difícil de intervenir, e imposible de manipular, confiscar o destruir por los Estados.

Además, en la actualidad incluye una característica muy importante con la que no se puede nacer, pero que Bitcoin ha tenido la suerte de desarrollar: una imagen de marca que es reconocida en el mundo entero.

Sin embargo, convertirse en una forma de dinero con un uso amplio es algo muy difícil, sobre todo por dos motivos. El primero es que el dinero es un bien que se caracteriza por su efecto red, es decir, que su utilidad se deriva de cuántas personas lo usen. Esto hace que, aunque estén mal gestionadas, sea difícil reemplazar las monedas fiat actuales, como el dólar, el euro o el yuan.

En segundo lugar, las monedas fiat actuales tienen una ventaja muy relevante sobre las criptomonedas: tienen una enorme demanda cautiva por ser la forma en la que, por obligación, todos los ciudadanos del mundo tienen que pagar sus impuestos. No hay que olvidar que la moneda fiat, en última instancia, es una deuda fiscal de los gobiernos que da derecho a los ciudadanos a cancelar sus obligaciones de pago de impuestos. Dicho de otra forma, si no tienes al menos una mínima cantidad de euros para pagar tus tributos al gobierno español, por mucha criptomoneda que tengas, éste confiscará tus bienes.

La gran demanda que tiene Bitcoin a día de hoy no es una demanda monetaria. Si el público demandara hoy Bitcoin para usarlo como medio de intercambio, es decir, si demandara saldos de tesorería en Bitcoin para realizar sus pagos y aceptara cobros de manera cotidiana, el valor de esta criptomoneda tendría que ser enormemente estable.

El dinero se caracteriza por ser el bien más líquido de la economía. Y la liquidez, en última instancia, es estabilidad del valor en el tiempo y ante cualquier tipo de cambio. Un bien cuyo valor se multiplica por seis en un año no está actuando como un buen dinero, ya que no cumple la necesaria estabilidad en el valor. Bitcoin hoy no es demandado como dinero, sino como apuesta de que pueda ser un buen dinero en el futuro.

Considerando las ventajas competitivas de Bitcoin y sus desventajas frente a las monedas fiat actuales, serán los usuarios quienes, con el tiempo, decidirán no solo si esta tecnología va a ser utilizada como dinero generalmente aceptado o no lo va a ser en absoluto, sino también sobre cuál va a ser la extensión de su uso.

Es difícil, pero posible, que Bitcoin termine teniendo la extensión monetaria que ahora mismo tiene el dólar, el euro o el yuan. Pero en caso de que llegue a la extensión las actuales monedas dominantes, sería razonable suponer que en el futuro su valor total alcanzará el que tienen éstas ahora mismo, que es entre 44 y 22 veces superior al actual de Bitcoin.

Su valor podría ser incluso mayor si, en lugar de quedarse en la extensión que tienen hoy las grandes monedas nacionales, se convirtiera en un patrón monetario internacional como fue en su día el oro.

Más probable que lo anterior es que Bitcoin se sitúe como un activo monetario de nicho, bien reemplazando progresivamente a las monedas fiat peor gestionadas, como el bolívar venezolano, el rial iraní, el dong vietnamita o la rupia indonesia, o bien siendo predominante en ciertos sectores como el comercio digital.

De ser así, ¿qué extensión tendrá en todo el mundo? ¿Qué poder adquisitivo total estarán dispuestos a mantener sus usuarios en saldos de Bitcoin? Si la respuesta es que dicha extensión mundial será similar al que tiene actualmente el dólar australiano o el franco suizo, el valor de Bitcoin puede aún multiplicarse por 2 o 3 veces respecto al actual.

Sin embargo, si su extensión solo alcanza la que en la actualidad tienen el rublo ruso o el peso mejicano, a su valor le quedaría ya poco recorrido al alza. Por supuesto, si en el futuro su uso fuera menor que el de estas monedas, la cotización actual ni siquiera estaría justificada. Y si sus mayores detractores tuvieran razón, y se confirmara que Bitcoin jamás será usado como medio de intercambio, irremediablemente terminará colapsando.

En resumen, los precios de Bitcoin de hoy reflejan una gran apuesta sobre el futuro: ¿Será utilizado masivamente como forma de dinero? ¿Será usado solo como activo monetario de nicho? ¿No será utilizado en absoluto? La respuesta estimada a estas preguntas es lo que está detrás de la volátil cotización de Bitcoin.

Es el optimismo de un gran número de inversores sobre su uso futuro lo que explica el incremento que ha vivido durante el último año. Si el pasado sirve de guía, la cotización seguirá alternando crecimientos acelerados con grandes correcciones: será el relativo optimismo o pesimismo de los inversores lo que seguirá explicando la magnitud de estas subidas y caídas futuras. Y, en última instancia, será su adopción o no como medio de intercambio por los usuarios lo que determinará su consolidación como un activo monetario de muy alto valor, o su colapso.

En definitiva, Bitcoin se trata de una apuesta de alto riesgo que muchos inversores están dispuestos a asumir, sencillamente porque acertar puede tener un alto premio.

Impuestos malos

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

El pensamiento único a propósito de los impuestos es muy claro: los únicos impuestos realmente malos son los que aún no se pagan. De ahí su permanente insistencia en la valerosa “lucha contra el fraude fiscal”, un fraude que por descontado es lo peor del mundo y sólo se explica por la maldad y el egoísmo de unos indeseables.

Nada de esto soporta un análisis ni siquiera somero, porque resulta patente que tal enfoque brota de una pura comodidad política, dado que parte de la base de ignorar a los ciudadanos, que podría explicar sin mucha molestia que los impuestos que sí se pagan no son precisamente santos de su devoción. Los mismos ciudadanos, además, sirven para demostrar que el fraude no es un mal social sino una reacción lógica de defensa ante la presión fiscal.

La explicación es doble. Por un lado, la maldad humana podría dar cuenta de los ladrones, los asesinos o los violadores, pero el llamado fraude fiscal es demasiado numeroso como para argumentar que brota de dicha maldad. En efecto, una sociedad con millones de asesinos sería inviable, mientras que hay millones de defraudadores que, aparte de dicha rebeldía, no resultan sujetos antisociales. Por otro lado, si la economía sumergida en España ha sido estimada en torno al 17 % del PIB, tampoco es ello tan espectacularmente alejado del 10 % de la circunspecta Alemania o el 12 % de los admirados socialdemócratas nórdicos.

También es absurda otra estratagema que consiste en aducir que los contribuyentes son en España esquilmados por culpa de los defraudadores, y que si el fraude disminuyera podrían bajar los impuestos. En décadas recientes en nuestro país ha aumentado considerablemente el número de personas sometidas a Hacienda, al mismo tiempo que la presión fiscal también se incrementaba hasta niveles récord.

Cuba, el modelo de nuestro ministro de consumo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El próximo ministro de Consumo del Gobierno de España, el comunista Alberto Garzón, considera que “el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es… Cuba”. Lo escribió en un tuit de 2012 recientemente borrado (supongo que en aras de la transparencia y la fiscalización política) donde a su vez se nos remitía a un texto del marxólogo Carlos Fernández Liria en el que se loaban las virtudes de la sostenibilidad económica de la castro-cárcel cubana y en el que se contenían aseveraciones tan deplorables e insultantes como que los balseros que han huido de la miseria y de la represión de la isla hacia Estados Unidos son “irresponsables, criminales y suicidas” por intentar mejorar sus estándares de vida personales y familiares.

El quid de la cuestión, más allá del incienso con el que Garzón suele rociar a toda la recua de criminales filomarxistas que el mundo haya conocido, como Castro, Lenin o el Che Guevara, es que el próximo ministro de Consumo de España estaba poniendo como paradigma de consumo sostenible a Cuba. ¿Y cuál es ese nivel de ejemplar consumo sostenible en opinión de Garzón?

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la isla, el salario medio en Cuba en el año 2016 era de 740 pesos cubanos; al cambio, unos 28 pesos convertibles (26,5 pesos cubanos = 1 peso convertible) o 28 dólares antes de retenciones fiscales (un peso convertible = un dólar). En 2012, cuando Garzón publicó su tuit, ese salario medio (que no mínimo) era todavía menor: de 466 pesos convertibles o 17,5 dólares mensuales. Sí, han leído bien: el trabajador cubano medio malvive hoy con un salario de 28 dólares mensuales: una cifra que muchos (incluido el propio Garzón cuando no se rompe las manos aplaudiendo a la dictadura cubana) reputarían inaceptablemente baja en términos diarios (no digamos ya mensuales) para España.

Por supuesto, uno podría pensar que un salario medio de 28 dólares en Cuba cundirá mucho más que uno de 25 euros en España. Pero no. Dado que Cuba no produce prácticamente nada salvo turismo, todas las mercancías esenciales deben ser importadas y, en consecuencia, se importan a los altos precios de los países que las fabrican. De hecho, y para despejar cualquier duda, las autoridades cubanas también publican una larga lista de precios regulados para productos de primera necesidad: por ejemplo, cinco huevos tienen un precio de 0,6 pesos convertibles (0,6 dólares), un kilo de pechuga de pollo deshuesada asciende a 4,35 pesos convertibles, un kilo de leche en polvo cuesta 5,5 pesos convertibles, un tercio de cerveza supone un peso convertible y 100 gramos de pasta de dientes tienen un precio de 1,2 pesos convertibles. O expresado con otras palabras, el sueldo mensual del cubano medio se extingue en una cesta compuesta por tres kilos de pechuga de pollo, dos kilos de leche en polvo, dos docenas de huevos y un tubo de pasta de dientes. Su sueldo no da para más en todo un mes. Y ya si ese cubano medio quisiera optar por un bien de mucho más lujo como un televisor de tubo de rayos catódicos de 21 pulgadas (nótese el sarcasmo), necesitaría el sueldo íntegro de 10 meses (dado que el salario medio en España es de 1.950 euros al mes, sería equivalente a que un televisor de segunda nos costara casi 20.000 euros).

Probablemente, muchos lectores se estén preguntando cómo es posible sobrevivir en tan paupérrimas condiciones. Y, desde luego, la clave está en que aquellos cubanos que no han podido exiliarse de ese infierno sobreviven malviviendo. Existen, empero, dos complementos a ese exiguo salario medio que palían en cierto grado la extrema carestía en las condiciones de vida de los cubanos. Uno son las remesas de los exiliados (esos “irresponsables, criminales y suicidas”, que no solo se jugaron la vida escapando de la cárcel comunista sino que además evitan el colapso socioeconómico del país con sus transferencias exteriores) y el otro es la llamada ‘libreta de racionamiento’, a saber, una canasta de productos básicos que el régimen ofrece a sus ciudadanos a precios subsidiados. ¿Qué bienes están incluidos en esa libreta de racionamiento? En el año 2014, alrededor de la fecha en que Garzón publicó su tuit, con 20 pesos convertibles podían adquirirse, merced al subsidio de la tarjeta, los siguientes alimentos: tres kilogramos de arroz, 230 gramos de frijoles, dos kilos de azúcar, 230 gramos de café, medio litro de aceite, cinco huevos, 454 gramos de pollo, 340 gramos de pescado, 226 gramos de embutido, 230 gramos de carne de soja molida, una caja de cerillas, un kilo de sal (cada seis meses) y 80 gramos de pan diarios. Es decir, miseria racionada y administrada políticamente: ese es el modelo de consumo sostenible que tanto gustaba a nuestro futuro ministro de Consumo.

Acaso se nos intente justificar la extrema miseria del socialismo cubano responsabilizando al embargo (que no bloqueo) estadounidense: pero este sería un debate aparte. Repito: lo relevante (y preocupante) es que Garzón estaba aplaudiendo los misérrimos niveles de consumo de Cuba (sea cual sea su origen) en aras de una (mal entendida) sostenibilidad medioambiental. El próximo ministro de Sánchez ve en la pobreza —forzada, administrada y racionada políticamente desde el Estado— un modelo de consumo que exportar al resto de la humanidad. No se trata, claro, de que el líder comunista vaya a poder trasponer en España el sistema cubano —ni el Gobierno en su conjunto, ni mucho menos un capitidisminuido Ministerio de Consumo tendrían competencias para ello—, sino de que semejantes anteojeras ideológicas —“necesitamos empobrecernos colectivamente y que el Estado sea el encargado de distribuir igualitariamente entre la población la escasez resultante”— serán las que presidirán las medidas que pueda adoptar desde esa rama de la Administración pública.

No más productividad como camino a la sostenibilidad medioambiental (minimizar ‘inputs’ incrementando los ‘outputs’), sino más pauperismo gestionado por políticos bajo el pretexto de la sostenibilidad. El progreso.

Fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico: ¿medida acertada o más impuestos?

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

El Ministerio para la Transición Ecológica presentó el pasado 16 de diciembre el anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Según el documento oficial, este anteproyecto persigue un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años. Lo consigue, al menos en intención.

Como hemos visto estos días, el precio de la luz no va a bajar mucho y sin embargo, sí va a subir, vía impuestos, el de hidrocarburos. Por eso hay que avanzar en reducir los desequilibrios actuales, ya que España carga con más impuestos a la energía que la mayoría de países de nuestro entorno.

Para ello, se establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Este fondo se nutrirá de la recaudación de impuestos a la generación y de las subastas de CO2 (2.500M€/año) y de las contribuciones que realicen las empresas del sector energético, hasta cubrir el total del coste.

De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejaría de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. Un coste que supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

En definitiva, se transfiere parte del coste desde unos agentes del sector eléctrico a otros sectores energéticos, también usados masivamente. Se ha fraccionado el pago de las subvenciones a las renovables entre varios agentes según su consumo de energía.

De esta manera, los hidrocarburos (petróleo y gas) pasarán a contribuir a la descarbonización, reduciendo la factura para los consumidores de electricidad. Los hidrocarburos son los principales causantes de las emisiones de CO2 y que la electricidad pagaba 8 veces más impuestos que el gas y un 50% más impuestos que las gasolinas.

Las subvenciones a las renovables vieron la luz en el año 2007, bajo el argumento de que para fomentar el despegue de energías que hicieran posible una economía sostenible era necesario un impulso económico vía subvenciones o primas.

Según la previsión del Gobierno en 2009, el sobrecoste que suponían estas primas ascendía a 4.008 millones de euros. La previsión del gobierno es que dicho coste sea de unos 6.500/7.000 millones de euros en 2025, similar al actual.

Desde el gobierno se impulsó un sistema de intervención en las energías renovables a cargo del contribuyente que se ha demostrado ineficiente cuando el sector ha sido capaz de ser competitivo sin subvenciones en muy poco tiempo.

Desde el punto de vista del usuario, la principal diferencia con la nueva regulación es que los 7.000 millones anteriormente eran trasladados a la factura de la luz, y ahora al menos serán compartidos por todas las empresas energéticas que operen en el país, generando un menor cargo al consumidor eléctrico en coste unitario.

Es positivo despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética de forma más homogénea entre todas las energías. El riesgo es que se convierta en un “todavía más” que no reduzca la factura eléctrica si se sigue cargando de costes regulados e impuestos, y además suba la factura de combustibles.

Si se evitasen los incentivos perversos y los sobrecostes sumados, hay elementos que pueden ser favorables:

– Favorecer la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general. Favorece también a toda la industria asociada a la descarbonización.

– Puede abaratar para los ciudadanos, si se hace bien, el consumo de energía limpia, dando una señal clara a la hora de decidir apostar por equipos sin emisiones (vehículo eléctrico, calefacción con bomba de calor, etc) y puede mejorar el retorno de la inversión para la industria de sus procesos de descarbonización.

– Puede ayudar a que nos lleguen las ayudas europeas. Es coherente con las recomendaciones del Semestre Europeo, que son la hoja de ruta de la UE para desbloquear las ayudas Next Generation EU de hasta 140.000 millones de euros.

– También es coherente con el informe del Comité de Expertos para favorecer la electrificación y con la metodología de cálculo de los cargos del sistema de financiación de las actividades del sistema eléctrico emitida por la CNMC.

– Y es una medida que está en línea con las que ya se están adoptando en otros países de la UE, como Dinamarca, Alemania o Francia, con el objetivo de reducir emisiones y lograr una economía descarbonizada.

Las empresas más afectadas, según el diario Expansión, serán Repsol (que aportará entre 900 y 1.400 millones), Endesa (600-930), Cepsa (506-721), Naturgy (463-721), Iberdrola, BP y Galp.

Esta factura se irá digiriendo progresivamente hasta el año 2025, cuando todas las empresas de hidrocarburos (43,7%), de gas (24,8%) y de electricidad (31,5%) tendrán que aportar a dicho fondo hasta 4.765 millones de euros.

Todo ello tiene el objetivo de abaratar la factura de la luz un 13%. Una reducción que, si se da en su totalidad y de manera absoluta y no “en términos equivalentes”, tiene un impacto importante y puede apoyar la descarbonización y electrificación, aunque es insuficiente. Bajar el IVA de la luz y eliminar los actuales impuestos a la generación eléctrica serían dos medidas adicionales clave.

Para el sector, esta reducción deja espacio para medidas necesarias tales como los pagos por capacidad, retribuciones pendientes de redes o para el incremento del límite de inversión de redes, entre otras cosas.

Los combustibles fósiles y el gas natural van a subir hasta un 11% por un mayor peso del componente tributario, y se deben tomar medidas para evitar que agricultores e industrias sufran un mayor aumento de costes en un momento en el que el petróleo y el gas, además, están subiendo.

El objetivo de esta reforma es hacer más competitiva la electricidad frente a los combustibles fósiles. En España los costes energéticos son de los más elevados de toda Europa, donde la factura eléctrica de los españoles es la quinta que más cargos e impuestos soporta. Esto hace a las familias más pobres y a las empresas menos competitivas; y más difícil hacia la transición hacia una electrificación de la economía sin minar su competitividad.

Esta reforma puede ayudar, aunque muy levemente, a recuperar la competitividad energética que necesita el país. Lo que es más importante es, además, que no se convierta en una excusa para incluir en la factura de la luz más impuestos y en el fondo elementos que no tienen nada que ver con la cifra antes descrita.

Monitorizaremos que el fondo no se convierta en una fuente de aumento de impuestos constante si la demanda, los precios o los ingresos destinados a ese fondo son menores a lo estimado.

No debemos olvidar que en cuanto a los combustibles fósiles, también somos uno de los países más caros en relación con el precio pagado por el consumidor final. El sector de los transportes, responsable del 24% de las emisiones de CO2 en Europa, lleva a cabo lentamente la migración hacia un modelo basado en energías más limpias. Los vehículos eléctricos empiezan a ser un sustitutivo a la altura de los de combustión.

La recuperación económica de España ha de contar con agentes privados eficientes, y el sector energético puede adoptar un papel clave en ella.

Deloitte estima que la transición energética puede suponer unos 240.000 millones de euros de inversión en España entre 2021 y 2030. De ellos, 42.000 millones serán en redes, una inversión que, a su vez, permitirá realizar 118.000 millones de euros por parte de agentes de otros sectores, entre los que destaca la generación de energías renovables.

Estamos hablando, por lo tanto, de un modelo energético adaptado a la demanda, cada vez más electrificado, competitivo y próximo a los objetivos medioambientales europeos.

El riesgo de esta medida es que suponga un coste superior en media de la factura energética de los hogares y empresas españolas. Es decir, que se añadan más impuestos y no se reduzca la tarifa de la luz ni la energética total.

Se ha demostrado que la tecnología y la competencia son mucho mejores aliados de la producción de energías renovables que las subvenciones, pero el coste de descarbonización debe ser compartido por todas las energías bajo un esquema de “pago por polución”.

La reducción de impuestos y cargas injustas y su distribución equitativa según contaminación son esenciales, pero la competencia es un arma mucho más potente si lo que queremos realmente es reducir la factura energética de los agentes económicos y a la vez incentivar el cambio.

Este cambio en la regulación, por lo tanto, va en la buena dirección y sigue las recomendaciones del comité de expertos creado en la anterior administración, aunque es insuficiente ya que no elimina los actuales impuestos a la generación en España que nos hacen perder competitividad con los países de nuestro entorno, y conlleva riesgos que se deben monitorizar para asegurar que se cumplan los objetivos planteados.

Esperemos que no se convierta en un incentivo perverso para subir los costes a todas las energías, que no se convierta en doble imposición encubierta y que no ponga escollos a la reindustrialización.

Parler y la censura de los grandes de internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

En 2018 tuvo lugar la expulsión de Alex Jones de las grandes plataformas de internet, que describí ese mismo año en mi desgraciadamente profética conferencia Libertad de expresión: ¿en manos de la izquierda californiana? Jones es un personaje repugnante, que vive muy bien de explotar las paranoias de un sector marginal de la derecha sin el más mínimo escrúpulo, llegando a afirmar que en realidad nadie murió en la masacre de Sandy Hook de 2012, que las supuestas víctimas eran niños actores y que se podía ver en la cara de sus falsos padres en los funerales que en realidad estaban fingiendo. Su expulsión fue rápida, y mostró un patrón que hemos visto varias veces desde entonces. Primero fueron las redes sociales y en general las web que se nutren de contenido creado por sus usuarios quienes lo expulsaron de sus plataformas: sus vídeos quedaron fuera de YouTube, sus podcast de Spotify y Apple y sus perfiles sociales de Facebook, LinkedIn, Pinterest y Twitter. Luego algunos servicios no esenciales, en este caso el de newsletters de Mailchimp, le dieron de baja. Más tarde las tiendas de aplicaciones para móviles de Apple y Google. El último clavo en el ataúd son los servicios financieros como Paypal o directamente Visa y Mastercard.

Este patrón se ha repetido en numerosas ocasiones, en algunos casos sumándose a la pira incluso proveedores esenciales para el funcionamiento de servicios y páginas web de internet, como proveedores de alojamiento, bases de datos, dominios, protección contra ataques de denegación de servicio… Está por verse que suceda algo parecido con ninguna web o servicio que cuente con la aprobación de la izquierda. Sin ir más lejos, ni BLM ni Antifa han sufrido nada similar pese a haber hecho arder varias ciudades estos últimos meses. En nuestro país, ni los etarras de Bildu ni los golpistas catalanes han tenido tampoco ningún problema similar.

Con ocasión del asalto al Capitolio, el patrón se ha seguido con mucha mayor rapidez. En poco más de 24 horas, el aún presidente de los Estados Unidos era expulsado de Twitter, Facebook, Shopify, YouTube, Twich, Instagram, Tiktok, Pinterest y seguramente alguno más que me deje. La indignación ante semejante magnicidio digital llevó a muchos usuarios a una red social alternativa llamada Parler, donde ya había una fuerte presencia de la derecha norteamericana mainstream –incluyendo numerosos periodistas y políticos, incluyendo senadores y representantes– desde el momento en que Twitter empezó a etiquetar como falsos los tuits de Trump, y sólo los de Trump, en un momento en que varias ciudades norteamericanas ardían, de forma literal, merced a las mentiras de la izquierda. Ante el mero rumor de que Trump podría abrirse cuenta allí, la reacción del oligopolio ha sido aún más rápida:

– Viernes: Google elimina la app de Parler de su Google Play Store y Apple le da 24 horas para censurar sus contenidos a su gusto antes de retirarla.

– Sábado: Apple cumple su amenaza. Se da el caso de que, al contrario que en Android, donde se pueden instalar aplicaciones sin usar la tienda de Google, en los dispositivos de Apple es obligatorio usar la App Store. Otros proveedores de servicios digitales, como Twilio y Okta, dejan de darle servicio.

– Domingo: Amazon, propietaria de los servicios en la nube AWS, donde se aloja Parler, le da hasta medianoche para censurar sus contenidos. Esto es un movimiento bastante más inédito, equivalente a que Vodafone, Orange o Movistar te cortaran el teléfono y el acceso a internet porque no les gusta lo que escribes o dices.

– Lunes: Parler ha desaparecido de internet hasta que pueda migrar a otra plataforma, lo que según su CEO podría llevar su tiempo, ya que las mismas empresas que estaban la semana pasada deseando hacer negocios con ellos ahora les niegan el pan y la sal.

Naturalmente, es imposible que sea casualidad que todos los grandes de internet se hayan dado cuenta al mismo tiempo de que Parler es un servicio malo malísimo. Tampoco es casualidad que todos ellos les hayan puesto deberes imposibles de cumplir en un plazo casi inexistente. La izquierda ha tomado el asalto al Capitolio como una excusa para imponer una dictadura digital en la que sólo esté permitido el pensamiento único. Es el capitalismo moralista que denuncia Quintana Paz: aquel que nos dice qué debemos pensar por nuestro bien, en el que los jefes de las grandes empresas prefieren quedar bien ante sus pares y ante ellos mismos antes que aumentar los beneficios, en el que presionan a países y gobiernos regionales para cambiar las leyes de modo que se ajusten al pensamiento único.

Algunos que a estas alturas ya sólo pueden ser llamados idiotas o mentirosos dirán que es una respuesta razonable a una situación de polarización y violencia sin precedentes. Pero es mentira. Llevamos cuatro años, el último de ellos con violencia en las calles, de polarización extrema y de ataques de la izquierda a la derecha, ataques apoyados y en muchos casos financiados por los mismos grandes de internet que ahora se ponen tiquismiquis. ¿Se piensan acaso que así van a acabar con Trump, el trumpismo o, más en general, la Derecha? Eso nunca ha pasado ni pasará. Simplemente tendrán a la mitad de la población odiándoles a muerte y deseando alcanzar el poder para destruirlos. Y cuando caigan, que no esperen que los liberales que hemos sido siempre defensores de la libre empresa derramemos ni una sola lágrima. Bastante será que no estemos al frente de la turba encendiendo la antorcha.

El emprendedor que no se juega lo suyo, no es emprendedor

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los fenómenos más repetidos en la historia reciente es el descubrimiento de cosas que ya están inventadas, como el “nuevo hombre”, “el nuevo periodismo” o “el Estado emprendedor”.

En el libro escrito conjuntamente por Deirdre McCloskey y Alberto Mingardi, The Myth of the Entrepreneurial State (El Mito del Estado Emprendedor), publicado recientemente, se desvela la falacia del descubrimiento del estado emprendedor por la economista italo-estadonuidense Mariana Mazzucato.

La exitosa autora es asesora de Naciones Unidas, del presidente de la OCDE, de gobiernos como el escocés o el italiano, de la Comisión Europea, de la NASA; ha recibido todos los premios; tiene cuatro doctorados honoris causa, y un CV que hace palidecer al lucero del alba.

Y, sin embargo, en su libro más famoso, Mazzucato descubre, de nuevo, la cuadratura del círculo. Por eso es tan importante el trabajo de Mingardi y McCloskey, que recuerdan lo trasnochada que está esa idea de un Estado que, actuando cual emprendedor, beneficia a todos y es eficiente.

Sin embargo, la ocurrencia de que los gobernantes deberían ser exitosos industriales se remonta al aristócrata inspirador del socialismo utópico, Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon. En su Catecismo de los industriales (1823-24), Saint-Simon defendía que los industriales eran quienes debían llevar las riendas del país ya que son los más interesados en mantener la tranquilidad, en la economía pública, en limitar la arbitrariedad, y son los administradores más eficientes.

Lo que le parecía intolerable es que una nación esencialmente industrial esté dirigida por quienes no son productivos. No es la propuesta de Mazzucato, es la opuesta, pero es de esta semilla de la que surge la moda del estado emprendedor.

A mediados del siglo XIX, fallecido el maestro, sansimonianos como Michel Chevalier defendían el libre mercado y la empresa como medio para aumentar el poder del Estado. Un país rico que pague altos impuestos permitirá el fortalecimiento del Estado.

De esta manera, el gobierno podrá acometer, como empresario, grandes infraestructuras. No en vano, Chevalier fue quien, en 1860, firmó, junto con Richard Cobden, el tratado de libre comercio entre Francia e Inglaterra.

Chevalier participó en la creación del Canal de Suez y el de Panamá, y tenía la la idea de construir el ferrocarril transmediterráneo. Fue un digno discípulo de su maestro, Saint-Simon, quien ya había planteado la unión de los océanos Atlántico y Pacífico, a través de un canal.

Como recuerdan Mingardi y McCloskey, es a partir de John Maynard Keynes cuando, después de dos guerras mundiales y una depresión económica global, se pone en cuestión la necesidad de que sea el Estado quien estimule la demanda y adquiera protagonismo en el mercado. 

Pero si damos la razón a Mazzucato y sus muchísimos seguidores, y concedemos que los inversores, como explica Thaler, actúan dominados por sesgos; si aceptamos que la sociedad es infantil e inmadura; si es verdad que las personas no vemos más allá de nuestras narices y necesitamos depender de alguien que nos ayude, ¿por qué tenemos que creer que los ministros del gobiernen no van a actuar dominados por sesgos, no van a ser infantiles e inmaduros y van a mirar a largo plazo?

Sobre todo, si analizamos las decisiones políticas de nuestro propio Gobierno, no ya en este año 2020, sino desde hace varios lustros, no se puede afirmar que sean los mejores líderes para guiar a nadie. Lo que se observa es, más bien, lealtad ciega al partido por encima del interés de los votantes, cortoplacismo patológico, superficialidad extrema y mucho gesto vacuo.

Esta reflexión viene al caso tras leer a María Vega quien, en su artículo de ayer, al hilo de las ideas de Mariana Mazzucato, señalaba la falta de experiencia de la clase política española en el mundo de la empresa. Podría excluirse a Marcos de Quinto y a pocos más. Efectivamente, el papel emprendedor del Estado no está exento de peligros, porque no puede darse.

Un emprendedor, por definición, como recuerda siempre Nassim Taleb, es alguien que se juega la piel, pierde su dinero, apuesta lo que es suyo. Los malos resultados de experimentos empresariales por el estado no lo pagan los causantes del desaguisado, ni en dinero, ni en votos. Siempre hay un culpable ajeno a la gestión del gobierno que permite tapar esos agujeros. Mazzucato tampoco se juega su dinero como consejera de Enel: los gurús saben cómo salir indemnes.

Pero Mariana Mazzucato no es la excepción, es la economista ortodoxa más exitosa, y más en los tiempos que corren. Como recordaban McCloskey y Mingardi, tras las catástrofes hay que esperar un crecimiento del rol del Estado.

El miedo, la debilidad económica, y en el caso de la pandemia, lo inesperado y la confusión informativa, son todos ellos factores que hacen temblar las rodillas de cualquiera y seguir al que nos dice que nos va a salvar.

Y ahí está Pedro Sánchez, que en todos los medios de comunicación se arroga la victoria de haber traído la vacuna, una llegada que nos alegra a todos, pero que es obra de la Unión Europea.

Si el presidente de España fuera Espinete, la Unión Europea la habría distribuido en nuestro país igualmente. Otra falsedad esparcida por las redes sociales es que es gratis: los fondos de la Unión Europea los aportamos los ciudadanos de la Unión Europea.

Como recordamos Carlos Rodríguez Braun, Luis Daniel Ávila y yo en Hacienda somos todos, cariño, libro que verá la luz el próximo 20 de enero, la maquinaria propagandística gubernamental nos engaña para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien.

Por supuesto, la llegada de la vacuna es una muy buena noticia y yo soy optimista. Creo que poco a poco iremos recuperando el pulso y que siempre sale el sol tras la tormenta. Lo que nos encontremos cuando recuperemos la consciencia, eso es otra cosa. Feliz año a todos.

Conspiraciones y paranoias conspiranoides

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las reformas más espectaculares de la era progresista en los Estados Unidos fue la prohibición del consumo y tráfico de alcohol. El movimiento progresista tenía una base religiosa. Eran pietistas: entendían que la salvación propia depende de la decisión personal de encontrarse con Dios (nacer de nuevo) y alejarse por completo del pecado. Las confesiones y organizaciones religiosas no tenían ahí ningún papel, pero sí el Estado como agente de Dios en la Tierra. Y eran posmilenaristas: para la segunda llegada de Jesús al mundo era necesario acercar el reino de Dios en la Tierra, eliminando todo rastro de pecado. Y el alcohol era el vehículo del diablo. Había que terminar con él, y eso se hizo con la aprobación de la 18ª enmienda (1919-1933).

Eso se hizo, o eso se intentó hacer. Porque el fracaso de la prohibición fue inmediato, y espectacular. La prohibición no sólo no acabó con el consumo, sino que llevó a crear alcoholes más concentrados, más fáciles de provocar la embriaguez con menos cantidad y, por tanto, con mayor facilidad para el tráfico ilegal. La prohibición está en el origen del crimen organizado en los Estados Unidos. Y los pecados asociados al alcohol no remitieron un solo paso. Pese a todos sus esfuerzos, el Gobierno de los Estados Unidos no fue capaz de impedir que los ciudadanos produjeran, vendieran y consumieran alcohol. Una de las medidas que adoptó fue la de envenenar las botellas. En 1926 empezaron a acumularse las noticias sobre las muertes causadas por el consumo de botellas envenenadas, y el ovillo del hilo conducía a las decisiones adoptadas por el Gobierno Federal. Éste negó toda responsabilidad, pero luego tuvo que admitir que las acusaciones eran ciertas. Se calcula que debieron de morir unos 10.000 estadounidenses por el consumo de botellas envenenadas.

Justo cuando terminaba esta malhadada política, el Gobierno de los Estados Unidos inició un experimento. El Servicio de Salud Pública inició un programa de estudio de la sífilis en la ciudad de Tuskegee, Alabama, con la colaboración de la Universidad de aquella ciudad. Para el estudio escogieron a 600 negros analfabetos y pobres, a los que engañaron diciendo que les iban a dar un tratamiento sanitario gratuito. Dos tercios de ellos tenían sífilis, y el objeto del estudio era saber si el tratamiento que estaban estudiando tendría más beneficios que efectos secundarios nocivos. El estudio continuó hasta 1972, y sólo la filtración a la prensa pudo poner fin a este proyecto, que había durado exactamente 40 años.

Hermann Göring escribió una carta al comandante de seguridad del II Reich, Reinhald Heydrich, en la que le conminaba a preparar una “solución final de la cuestión judía”. La orden es del verano del 41; en otoño Himmler concibió un plan para exterminar a los judíos en el territorio ocupado por el Gobierno alemán, que sin más dilación se empezó a llevar a término en Polonia, y luego en otros lugares.

¿Qué tienen en común estas tres historias? Que son conspiraciones. Una conspiración es la organización de un plan para causar daño a terceros. Por su naturaleza dañina, y como parte de la búsqueda de la eficacia del plan, las conspiraciones son secretas. Además de estos tres episodios históricos se pueden recoger multitud de ejemplos, en golpes de Estado o revoluciones, políticas del Gobierno para avanzar en sus planes, organizaciones terroristas… Las conspiraciones existen, y están a la orden del día.

Por eso no tiene ningún sentido criticar a alguien por el simple hecho de que exprese una teoría sobre una conspiración. Ahora bien, exponer una teoría conspirativa es pronunciarse sobre una cuestión de hecho. Y, por tanto, puede ser verdadera o falsa. Quien dijo que el Gobierno de los Estados Unidos estaba envenenando botellas de contrabando decía la verdad. Pero, por supuesto, muchas de las teorías que se formulan acaban siendo falsas. Incluso hay una mentalidad conspiranoica que enlaza hechos e intenciones sin mayor prueba. ¿Qué distingue una teoría sobre una conspiración con visos de ser cierta de una conspiranoia?

Una conspiración real tiene un conjunto de elementos necesarios. 1) Unos actores concretos. 2) Que tienen unas motivaciones específicas. Habitualmente tendrán que ver con el poder o el dinero, pero con una parcela específica de poder o con cualquier otro objetivo concreto. 3) La acción responde a una idea concreta sobre el mecanismo que les acercará a sus objetivos. Es decir, que lo que hay detrás de una conspiración real es la estructura de medios y fines, y la tecnología que acerca los primeros a los últimos, y que nos permite dar una explicación completa, o suficiente, de unos hechos concretos.

Los conspiranoicos siempre fallan en alguno de esos puntos, y habitualmente en dos de ellos; el primero y el segundo. Pondré un ejemplo. Tras el robo de las elecciones de febrero de 1936, la violencia en las calles y en el campo, la oleada de huelgas, algunas de carácter revolucionario, y el asesinato de uno de los líderes de la oposición por un grupo vinculado a uno de los ministros del Gobierno, un grupo de militares, con el apoyo de una trama civil, organizó un intento de golpe de Estado que en última instancia desembocaría en guerra civil y acabaría con la II República. De esta conspiración conocemos quiénes fueron los protagonistas, conocemos bien al menos algunos de sus objetivos, aunque varios de ellos fueran contradictorios, y sabemos cómo el general Emilio Mola ideó implantar lo que él llamó “una dictadura republicana”, y que bien sabemos en qué desembocó finalmente. Es un caso claro de una conspiración en la historia.

Vamos ahora con una conspiranoia: “La Guerra Civil representó la última expresión de los intentos de los elementos reaccionarios en la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición”. Lo que explica esa situación es que “España no experimentó una clásica revolución burguesa en la que se rompieran las estructuras del Antiguo Régimen”. (El autor de estas palabras no conoce que hubo una Constitución de 1812). A pesar de ello, España “estaba dividida en dos grupos mutuamente hostiles: los terratenientes y los industriales por un lado, y los obreros y los campesinos sin tierra por otro”. Y, así, “la Guerra Civil fue consecuencia de los esfuerzos de los líderes progresistas de la República por llevar a cabo la reforma contra los deseos de los estratos más poderosos de la sociedad”.

¿En qué vemos que el autor recurre a una paranoia conspiranoide? Amparado en su desconocimiento de la Historia de España, el escritor señala a unos actores que no son específicos, concretos, sino que son un grupo autoperpetuado con intereses comunes, y antitéticos con los de otros grupos. Son, simplemente, los de arriba contra los de abajo. El autor no identifica quiénes son, qué intereses específicos poseen, por qué son los mismos los de terratenientes e industriales (o los de campesinos y obreros). Ni explica el motivo por el que unas reformas pudieran beneficiar a todos los grupos, de modo que ese beneficio facilitase el acuerdo entre grupos diferentes. Pondré un ejemplo: durante la II República se intentó llevar a cabo una reforma agraria. Ese intento continuó durante el franquismo con el Instituto Nacional de Colonización. Pero ambos quedaron obsoletos con el éxodo del campo a la ciudad, gracias al tardío desarrollo del capitalismo en la España de Franco. El autor no concibe siquiera que algo así pudiese ocurrir.

Esta conspiranoia es muy parecida a otras, como las ideas sobre una conspiración judía. La continuidad histórica del pueblo judío tendría una manifestación en una élite con intereses comunes y autoperpetuados, de modo que la conspiración es la misma en la Rusia de comienzos del XX que en los Estados unidos de comienzos del XXI. Es siempre la misma estafa intelectual, la de Paul Preston en su libro La Guerra Civil Española, la de Los protocolos de los sabios de Sión, el Pizzagate o cualquier otra.

Es fácil desmontar una teoría conspiranoica. Sólo hay que hacer una serie de preguntas de sentido común: ¿quiénes son? ¿Qué actos específicos les vincula con los hechos? ¿Qué documentos refrendan el relato?… y si no hay respuestas concretas, ya sabemos a qué nos enfrentamos.