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Cómo traducir ‘xenofobia’ al catalán

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ctxt es un contexto al que le han aspirado todas las vocales y que muestra la vocación que anima a la revista que así se hace llamar. No cuenta las noticias, sino el medio en que se producen; no la espuma de las olas, sino las fuerzas que las provocan. Es, en este sentido, una revista muy parecida a Disidentia. Ctxt, eso sí, ofrece una visión muy a la izquierda. La disidencia, en este caso, no la ejercen frente al poder, el poder real; el que está en el gobierno y no sólo en el gobierno. Renueva, en cada artículo, el acervo ideológico que asumen bancos y eléctricas, organismos nacionales e internacionales. Es una revista bien hecha y que merece atención.

Bruno Bimbi es periodista. Colabora desde hace un año con Ctxt con una cadencia quincenal. Argentino afincado en Barcelona, en su último artículo en la revista contó su experiencia en la Universidad de Barcelona, bajo el título ¿Cómo se dice xenofobia en catalán?

Arranca con una conversación entre una alumna asiática y la profesora de la asignatura que acaba de comenzar:

—Disculpe, profesora, ¿este grupo no es en español? –pregunta una alumna asiática en la primera clase online, luego de entender que no va a entender.

—No, no, no. Mis clases son en catalán –responde la profesora.

Hay once grupos de los cuales ese, y otro, se anunciaban en español. “Lo lamento, pero yo no doy clases en español”. La profesora anima a los alumnos a estudiar esa lengua que, en definitiva, “es muy parecida”. Un estudiante latinoamericano (el propio autor del artículo), responde en portugués alegando que también es una lengua muy parecida. Otros hispanohablantes americanos le advierten de que no vaya por ahí, que le van a acusar de lo que él nunca ha sido. La discusión prosigue:

—Voy a dar mi clase en mi lengua. Y al que no le guste…

—¿Alguno de ustedes no habla español? –(pregunta Bimbi).

—Todos lo hablamos, pero no es eso –responde una alumna.

Y es cierto. No es eso. Bimbi se cambia de grupo a otro que también se anuncia en español. Pero se encuentra en la misma situación. Todos los grupos, incluyendo los dos que se anunciaban en español, son en catalán. El estudiante resolvió estudiar la asignatura en la biblioteca, pero aún le quedaría enfrentarse a un examen cuyas preguntas se formularían… sólo en catalán.

La historia no es nueva. Recuerdo que, en el primero de los tres interraíles en los que he recorrido más de media Europa, mi amigo Sergio y yo conocimos a dos chicas austríacas. Una de ellas había pasado tres meses estudiando en Barcelona. Pero no se enteró de nada porque las clases eran en catalán. Debía ser el año 91.

La historia de Bruno Bimbi no es noticia. Tampoco lo es que un niño llegue tarde a clase, o que una familia pida pizza para cenar un viernes. La pregunta que formula Bimbi en el título de su artículo se responde a diario. La noticia es la reacción por parte de Ctxt. Publica una suerte de editorial contra su colaborador y contra el periodismo.

El editorial no permite ni pestañear. Critica a Bimbi por caer en la tentación de contar una historia personal, como si la crónica no fuera un género periodístico. Y lamenta que en un artículo de opinión el autor caiga en hacer “consideraciones subjetivas”, como cuando dice que en Cataluña hay “un modelo de abolición del español que impera en las universidades catalanas”. Es difícil pensar que esa “consideración subjetiva” no está refrendada por datos objetivos, y con consecuencias objetivísimas. Bimbi cuenta “un caso particular, el suyo”. Pero, por un lado, no está obligado a contar el de otros. Y, por otro, contar su caso no quiere decir que sea único.

Ctxt niega la mayor, y cita un artículo, también publicado allí, que dice que en Cataluña no hay ningún problema con el castellano. Y no lo hay, mientras no se utilice en las aulas. Tampoco había problemas con el voto bajo la dictadura de Franco. Cualquier ciudadano podía adherirse a los plebiscitos o abstenerse de hacerlo.

El problema está en el título. Nos lo dice Ctxt en su editorial. No se puede hablar de xenofobia en Cataluña, por mucho que se odie a los extranjeros por el hecho de que se empeñen en hablar su idioma, que es también de los catalanes. Uno se pregunta si en la exigua redacción de Ctxt la xenofobia depende de las razas, y la catalana es genéticamente incapaz de albergarla.

El problema parece ser otro. Y, con toda franqueza, lo reconoce la revista en su editorial: El 65 por ciento de sus ingresos procede de sus más de 8.000 suscriptores, que aportan 100 euros al año. Y Cataluña es la región que más suscriptores aporta, después de Madrid. No es ya el hecho de ser un medio de izquierdas y, por tanto, comprensivo y cariñoso con el nacionalismo catalán. Es que el medio es incapaz de ejercer la independencia más esencial de un medio de comunicación, que es frente a sus propios lectores.

Disidentia, que aún no tiene la décima parte de suscriptores que Ctxt, ejerce fiera y descaradamente esa independencia. Si hubiera elegido alinearse con una ideología de poder, como Ctxt, o con las consignas de un partido, tendría un múltiplo de sus mecenas. Unos mecenas que aguantan las olas de las que hablaba antes, y que resisten las duras críticas que aquí hemos dedicado a Podemos, al PSOE, a Ciudadanos, a Partido Popular y a Vox. Impertérritos. Otros no, entran y salen con el simpaticómetro. Este medio ha creído en sí mismo, con no pocos costes.

Los libérrimos lectores de Ctxt han llamado a Bruno Bimbi “puto” (Bimbi es autor de un libro llamado El fin del armario), “lacra”, “sudaca”, y le han pedido que vuelva a “su país”, todo ello para desmentir las acusaciones de xenofobia en Cataluña. Ctxt no ha sido capaz de mantener sus ¿principios? ni en algo tan básico como la crítica a la xenofobia.

Y sí, xenofobia tiene traducción al catalán, y es ‘nacionalisme’.

El voluntarismo de Sánchez frente a su política económica confiscatoria

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Behold the power of man on its tower ready for the fall”. Adrian Smith, Bruce Dickinson.

La confianza no se afianza con propaganda. Es algo que este Gobierno debería aprender. Mientras en Francia, Alemania, Holanda, Portugal e Italia escuchamos mensajes de cautela ante un cuarto trimestre muy duro, en España el Gobierno parece solo dedicarse a lanzar mensajes voluntaristas y propagandísticos innecesarios. Para fortalecer la confianza hay que ser realistas, si no el efecto es el contrario al deseado.

Los datos de paro de noviembre han sido decepcionantes y preocupantes. La cifra de paro de noviembre es el peor dato interanual desde 2009. Hay 653.000 personas más en paro y el número de trabajadores en ERTE se dispara en noviembre a 750.000 personas.

El presidente Sánchez se vanagloria de que la “afiliación ha subido en 31.638 personas”. Es un insulto a los 3,8 millones de parados y 750.000 personas en ERTE, además de los miles de autónomos en cese de actividad, es decir, que España no recupera empleo desde el mes de reapertura.

Si el número de personas en ERTE aumenta en 150.000 personas con una afiliación que se ha desplomado por debajo de los niveles de hace un año en 400.000, la realidad es que el empleo en España está empeorando, no mejorando, seis meses después de la reapertura. 

Estos terribles datos contrastan con ejemplos en la Unión Europea donde la recuperación del empleo es lenta, pero al menos real.  En Alemania, país donde se han exonerado impuestos y bajado tasas a empresas y autónomos, el paro ha caído al 6,1% en noviembre.

En esta debacle, los autónomos han sido especialmente maltratados por el Gobierno. A los autónomos se les han subido las cuotas dos veces en 2020 y 83.000, uno de cada cinco, no ha recibido ningún apoyo al solicitar el cese de actividad. Es especialmente insultante que el Gobierno siquiera mencione a los autónomos en su propaganda presupuestaria cuando ha sido el colectivo más agredido por la política gubernamental.

Los terribles datos de paro confirman que España se despega de la recuperación de empleo global, y nuestro país ha registrado uno de los peores datos de actividad manufacturera y de servicios de Europa.

En noviembre, la actividad manufacturera en la Eurozona registraba expansión, mientras que los índices de servicios reflejaban contracción. En el caso de España, todos los índices, compuesto, servicios y manufacturero muestran una caída muy pronunciada de la actividad en noviembre a niveles mínimos de cinco y seis meses.

La economía del sector privado de la zona euro volvió a territorio de contracción por primera vez en cinco meses en noviembre, debido a una fuerte reducción de la actividad del sector servicios. Uno de los peores datos de la Eurozona lo publicó España, 41,7, el nivel más bajo en seis meses.

España mostraba uno de los peores datos en el sector servicios en noviembre, con fuerte caída de los nuevos pedidos y destrucción de empleo. Fuerte contracción (39,5 comparado con 41,4 en octubre, muy por debajo del nivel de expansión, 50) y el peor dato en siete meses.

En el sector manufacturero España también ha mostrado un noviembre desastroso, con el indicador de actividad económica en contracción. Mientras tanto, en la eurozona dicho sector se mantenía en expansión (53,8). En Países Bajos el índice está a máximos de 22 meses, en Irlanda a máximos de tres meses, en España o Grecia a mínimos de cinco meses. La producción se reduce y la falta de nuevos pedidos provoca una nueva destrucción de empleo.

España ha perdido más de 85.000 empresas en un año, según el último dato, y el Banco de España alerta que un 10% están al borde del cierre, mientras un 40% están ahogadas y con enormes riesgos financieros.

A estos malos datos de noviembre se suma una nueva reducción de estimaciones de analistas. Dice la ministra Calviño que “todos” los analistas internacionales estiman una fuerte recuperación de España en 2021 y, sin embargo, el consenso de las mayores casas de análisis publicado por Bloomberg rebajaba las estimaciones de rebote de la economía española para el primer trimestre de 2021 de 1,7% a 1,4%. Extraño concepto de “todos”.

Tras una caída del PIB esperada de 11,5% en 2020, dicho consenso mantiene una recuperación de solo el 5,7% en 2021 muy por debajo de las más que voluntaristas expectativas del gobierno.

Lo más preocupante no es el PIB, sino su calidad. Que el PIB “sorprenda” cuando se dispara el gasto público y la deuda es, como mínimo, irrelevante. Sobre todo, cuando la actividad industrial, manufacturera y de servicios ve un rebote tan pobre en unas estimaciones actualizadas a dos de diciembre y que incorporan ya el efecto positivo de las vacunas.

Nos enfrentamos a una recuperación lenta, pobre y en la que se ha dejado atrás a empresas, autónomos y contribuyentes con políticas equivocadas. El único apoyo que ha dado el Gobierno es “permitir” -oh, generosidad- a empresas y autónomos endeudarse para pagar impuestos.

Por culpa de la voracidad recaudatoria y la visión extractiva del Gobierno, además se va a recaudar mucho menos que nuestros países comparables que han bajado impuestos.

Los ingresos tributarios caen un 10,1% por la destrucción empresarial y de actividad creada por la incompetencia gubernamental, mientras la caída en países con impuestos atractivos y que los han bajado en crisis es de menos de un 7%, y solo un burócrata puede pensar que eso se soluciona subiendo impuestos. Porque solo a un burócrata se le puede ocurrir la estupidez de pensar que subiendo impuestos se va a recaudar más.

Dos subidas de cuotas a autónomos, subida de impuestos a las empresas, más subidas de impuestos a la matriculación de vehículos, al consumo, al ahorro, a los seguros. Y ahora van a subir de nuevo los impuestos al trabajo al aumentar la base mínima de cotización bajo el subterfugio del salario mínimo.

Todos los ciudadanos vamos a sufrir una subida de impuestos en nuestros bolsillos y todavía algunos se atreven a tildar estos presupuestos de ruina como “generosos”.

España no se puede permitir una política fiscal y económica extractiva y confiscatoria. Si el gobierno quiere dar confianza sobre la recuperación, lo único que tiene que hacer es dejar de poner la zancadilla a empresas y creadores de empleo.

Los huevos de oro de Madrid

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Decía Montano en su artículo del lunes que fue en la movida madrileña cuando se derrotó de verdad a Franco. Es cierto. Nos importaba un comino Franco y su caída. Vivíamos una democracia joven, con perspectivas de futuro, incierto, pero esperanzador, y la idea era caminar sin el lastre de las deudas históricas de la dictadura. Sin desmerecer tampoco a quienes habían propiciado el cambio, pero desde luego sin el sopor que producen los salvadores de la humanidad.

Eso no nos hacía más frívolos: también sufrimos el paro de los 80, nos preocupaba la corrupción política, opinamos en un sentido u otro sobre la unidad de España y todo lo demás. Pero mirando hacia delante. Y, como recuerda el artículo de Montano citando a Trapiello, en Madrid no hay extranjeros, no hay charnegos ni maquetos. Todos somos uno de los nuestros.

Sin embargo, los madrileños estamos siendo señalados como insolidarios y egoístas porque queremos tener impuestos decentes. No digo bajos, digo decentes, menos altos, más propicios para prosperar en la vida. Y nos vemos obligados a dar explicaciones y a recordar que aportamos al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales casi el 70% de nuestros recursos.

El madrileño aporta casi 3.500 a la comunidad autónoma (en tributos cedidos) y recibe del Servicio de Financiación Autonómica aproximadamente 2.600 euros. Y sin rechistar. Nos parece genial. Pero, oiga, no me pongan trabas, déjenme crecer y prosperar. No me llene los bolsillos de piedras para que vayamos todos igual de lentos, solamente porque le cae mal Ayuso y le da rabia que, a pesar de ser tan torpe en algunas cosas, le salgan bien las cuentas.

Nos hemos comido todos los insultos del mundo a cuenta del “centralismo”, de la “capitalidad”, cuando no se deriva necesariamente de ninguno de esos hechos el tener una renta más alta que otras poblaciones. Lo que ganamos, por un lado, lo pagamos por otro. Pero, en términos de ingresos públicos, no hay ventajas.

Decía Marx que la libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella. Un peligroso neoliberal, Marx. En la misma obra, Crítica al programa de Gotha, afirma que hay que pedir a cada cual según su capacidad y distribuir a cada cual, según su necesidad, solamente cuando “con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva”.

Mientras tanto, cada uno recibirá de acuerdo con la cantidad y calidad de su trabajo. La revolución proletaria va lenta y el derecho no puede ir por delante de la estructura económica y la cultura de la sociedad, según Marx.

Lo que me ha hecho acudir a Marx es el desconcierto que me produce el increíble hecho de que, aquellos que reclaman la centralización son independentistas. Pero no independentistas castellanoleoneses, o andaluces, o canarios. Se trata de Esquerra Republicana de Cataluña, que lleva tanto tiempo reclamando la gestión política y administrativa desvinculada del terrible y abusón Estado español, que “nos roba”. Marx levanta la cabeza y se hace pepero.

Como economista, no puedo evitar plantearme la subida de los impuestos como un aumento del precio del Estado. Al parecer, pagamos impuestos para que el Estado cumpla con su misión. Si sube usted el precio, lo normal es que los consumidores reduzcamos la demanda de Estado.

Lo racional es que los votantes nos planteáramos “¿y no hay manera de obtener lo que me ofrece esta gente de forma más eficiente, es decir, que el rendimiento del euro que me cuestan sea mayor?”.

Lo cierto es que este análisis no aplica porque, efectivamente, no existe esa posibilidad, se trata de un monopolio, al menos de cuestiones como la defensa o la justicia. Pero, tal vez, no debería ejercer el monopolio de absolutamente todos los bienes y servicios que necesitamos.

Sin embargo, lo que nos dicen nuestros gobernantes es: “La eficiencia de nuestro gasto es muy baja, gastamos muchísimo más de lo que ingresamos desde mucho antes de la pandemia, y los impuestos que nuestros hijos y nietos van a heredar de nuestra gestión, les va a suponer un lastre terrible, que va creciendo. Pero ¿para qué entretenernos en esas menudencias? Necesitamos más atribuciones, hacernos cargo de más cosas, ofrecer más servicios, proveer más bienes a los ciudadanos. La razón es que los gestores del Estado somos superiores moralmente. Si el sector privado se ocupa lo va a hacer a golpe de corrupción y de codicia. Nosotros, en cambio, tenemos las mejores intenciones y no nos corrompemos ni somos ambiciosos. ¿Qué puede importar la eficiencia económica?”.

Si yo fuera millonaria podría pensar: “Seamos cool, dejemos que el bienintencionado gobierno haga todo, aunque sea mal, porque tengo alternativa, no en vano soy millonaria”. Pero no lo soy. Tengo que llegar a fin de mes. Y muchas personas están peor que yo, sin trabajo, apurando cada euro, dependiendo de cómo lo hace el sector público.

Es vergonzoso que se manipule el mensaje y se pinte a la Comunidad de Madrid como egoísta por defender la inviolabilidad del bolsillo de los madrileños, de todos, pero especialmente de los menos afortunados. En los últimos 10 años, Madrid ha rebajado el IRPF un 25% a las rentas más bajas. ¿Y los ricos? A ellos un 2,3%.

Hay que subir los impuestos, como decía Marx, para asegurar la superioridad del Estado (español o catalán) por encima de la sociedad. No tiene nada que ver con el bienestar de los ciudadanos (españoles o catalanes). Y para ello, nuestros gobernantes se han desnudado de cualquier escrúpulo moral y han emprendido una atroz campaña contra todo el que genere riqueza. Y si hay que matar a la gallina de los huevos de oro, se mata.

El gran reinicio, la refundación del capitalismo y otras hierbas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Como si no tuviésemos materia suficiente para alimentar la imaginación conspiradora, el Foro Económico Mundial, así llamado, ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner en marcha el gran reinicio (the great reset). El dramatis personae de este nuevo teatro lo forman la Unión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, los Estados Unidos con la nueva Administración estadounidense (“tendremos de nuevo un amigo en los Estados Unidos, ha dicho Ursula), la Fundación Gates y otros grandes empresarios, John Kerry como epítome de los votantes de Biden que han emergido de sus tumbas, más otros simpáticos rostros que, con serenidad y confianza, nos van a convencer de que hemos vuelto a fallar a nuestros dirigentes, pero que ellos están dispuestos una vez más a guiarnos hacia la plena felicidad que todos anhelamos.

Lo que nos ofrecen es un gran reinicio. Porque estamos sumidos en una situación desesperada, hemos perdido el sentido de las cosas y deambulamos por las calles sin orden ni concierto, cada uno haciendo lo que le da la gana. Y así no se puede. Nos lo dice Ursula: “Con tanta gente haciendo tantos sacrificios, creo que es necesario transmitir un sentido de dirección y un sentido de esperanza”. ¿Quién nos va a transmitir esos sentidos? Ellos, naturalmente. La clave está en estas palabras de Ursula: “Estamos redescubriendo el valor de la cooperación global”. No la cooperación internacional, pues ella implicaría a las naciones y, en aquéllas que fueran democráticas, a sus respectivos pueblos. No. La cooperación global, la de aquellas instituciones que, liberadas del yugo democrático, pueden marcar nuestro camino con total libertad. ¿No es la libertad el más preciado descubrimiento de la sociedad occidental? Pues estamos a punto de alcanzarla.

Necesitamos un gran reinicio porque apenas podemos elevarnos sobre las cenizas, porque nuestra desesperación hace que nuestro corazón pese como el plomo, porque nuestros ojos se han olvidado de mirar de tanto llanto acumulado. Sumidos como estamos en una sima de desesperanza, enfrentados sin fuerzas ante un monstruo que nos devora con nuestra insensata colaboración, sólo Ursula y sus amigos nos pueden sacar de este atolladero. Habla Ursula: “hay una vieja palabra, que hace mucho que ha desaparecido del diccionario, y que retrata exactamente dónde estamos”. Se trata del término inglés ‘respair’, que “significa la vuelta de la esperanza tras un período de desesperación”.

La propia Ursula reconoce que el término es muy antiguo y que su uso se ha perdido en el habla. Y yo me pregunto si eso no tendrá que ver con que todo el asunto del gran reinicio no es más que una gran mentira. Que la incidencia del COVID 19, que es lo que justifica este discurso, no se puede comparar con las guerras europeas que asolaron el continente y que daban sentido al término ‘respair’. Y también puede que el sentido de urgencia (no tenemos que esperar a la siguiente crisis, “porque no está claro que para entonces hayamos aprendido las lecciones”) no es nuestro, sino suyo por dominarnos. Y que no es cierto que estén ante “una oportunidad sin precedentes”, porque hay infinidad de precedentes en los que la clase política aprovecha para marcarnos el paso. Y que el adanismo de nuestros dirigentes se disuelve a sí mismo, porque ponen el contador de la historia a cero varias veces al año.

Es interesante que John Kerry haya dicho que en este mundo loco “todo se ha vuelto más rápido, a excepción del Gobierno”. Quizás sea cierto, y puede que la interpretación más razonable sea que todo buen gobierno lo gestiona todo mal, pero que siempre tenemos el peligro de tener malos gobiernos. Pero su punto de vista es distinto. Los gobiernos actúan maniatados por la incapacidad de los pueblos de darse cuenta de los grandes retos a que nos enfrentamos. Es necesaria una actuación decisiva y acelerada. Necesitamos un reinicio del sistema de gobierno, que permita que una propuesta de la ONU se convierta en acción del Ejecutivo sin las bellas ineficiencias del sistema democrático.

Y no sólo la democracia, es nuestra libertad económica. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y director del mismo, ha dicho que el gran reinicio pasa por abandonar lo que él llama el “neoliberalismo”. “El fundamentalismo del libre mercado”, dice Schwab, “ha erosionado los derechos de los trabajadores y la seguridad económica, ha desencadenado una carrera desreguladora hacia el fondo y una competencia fiscal ruinosa, y ha permitido el surgimiento de nuevos monopolios globales masivos”. Como un dirigente de ERC, Schwab no acepta la competencia fiscal. Una competencia fiscal que protege a los contribuyentes y que sólo es “ruinosa” para los gobiernos, insaciables de nuestra renta y riqueza. Ya sabemos, pues, de parte de quién habla Schwab.

Yo sólo quiero recordar que, cuando fue la Gran recesión con que comenzó el siglo, Nicolas Sarkozy dijo que iba a “refundar” el capitalismo, y que fue el capitalismo el que lo refundó a él: la crisis económica, que es la cura de los males causados por la intervención en el mercado, impidió que siguiese en los Campos Elíseos.

La escuela pública sí tiene ideología… y con la ley Celaá, más

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

De todas las trampas (y, como explicábamos ayer en Libre Mercado, son muchas) de la ley Celaá, la peor, sin duda, es aquella que tiene que ver con la concertada y el dinero público. Además, es una trampa relativamente exitosa: he discutido alguna vez con amigos liberales que defendían el cierre del modelo concertado con argumentos no tan diferentes a los que emplean los miembros del Gobierno.

El razonamiento viene a ser del tipo:

  • El Estado no debe promover una ideología u otra.
  • En el ámbito de la escuela, eso implica que debe ser imparcial. Las creencias particulares se enseñan en casa.
  • Y con dinero público no debemos financiar esas creencias.
  • Por una cuestión de equidad y para impulsar la igualdad de oportunidades, el Estado sí debe financiar los estudios de todos. Y para eso está la pública.
  • El que quiera algo especial o una educación que encaje con sus creencias, que se lo pague.

En plan burdo, lo podríamos resumir en el siguiente tuit del juez Joaquim Bosch (y lo traigo aquí en parte por esa condición de magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia):

Los mismos neoliberales que exigen Estado mínimo ahora se enfadan si no se subvenciona por todo lo alto la educación privada o concertada. Libertad de enseñanza es poder optar, pero el que no quiera la pública no puede reclamar el gratis total con el dinero de toda la sociedad.

Pero no lo tomen más que como un ejemplo. En el último mes hemos podido leer declaraciones similares en boca de la propia Isabel Celaá, en columnistas, editoriales de periódicos, etc…

La ‘neutralidad’ de la escuela pública

Hay que ser muy ingenuo para pensar que la escuela pública es neutral. O, incluso, para pensar que puede llegar a serlo. Cojan ustedes el plan de estudios o los libros de texto disponibles en las escuelas rusas, chinas, alemanas, francesas o españolas. A ver qué se encuentran. ¿Neutralidad? No, por supuesto: hay un componente ideológico muy claro en cada una de ellas.

De hecho, no nos tenemos que ir tan lejos. Comparen los contenidos de los manuales que estudian los estudiantes madrileños, catalanes o castellano-leoneses. ¿Iguales? Ni mucho menos. Y no hablamos de lo que tiene que ver con el nacionalismo o la lengua. Ahí las diferencias son abismales. Incluso en asignaturas en teoría neutras (matemáticas, ciencias…) podemos encontrar enfoques, ejemplos, ejercicios, materias complementarias, etc. que no tienen nada que ver entre sí y que contienen mucha carga ideológica.

Por poner un ejemplo muy sencillo, de esos que pasan casi desapercibidos: en los libros de mi hijo de 8 años, yo me he encontrado ejercicios que consistían en “Tacha las imágenes negativas para el medio ambiente”. Y, claro, el dibujo que había que tachar era el de una fábrica. Pues bien, yo creo que el 99% de las fábricas que hay en España son positivas para el medio ambiente: sí, emiten gases contaminantes; y sí, gracias al plástico que se utiliza en esas fábricas no hay que talar miles de árboles y el uso de la energía es mucho más eficiente que si cada uno produjéramos esos bienes en casa. No seamos ingenuos, ideología hay en cada cosa que hacemos, incluso sin darnos cuenta.

Desde el campo liberal, el origen del error está en una famosa y acertada cita de Jefferson:

Obligar a un hombre a pagar contribuciones para la propagación de opiniones en las que no cree es pecaminoso y tiránico; incluso forzar a este hombre a apoyar este o aquel maestro religioso es privarle de la confortable libertad de entregar sus contribuciones a las particulares pasiones que siente son más correctas.

Los padres fundadores norteamericanos vivían en un entorno en el que se mezclaban personas de diferentes confesiones religiosas y sabían que esos pioneros no aceptarían que sus impuestos fueran destinados al sostenimiento de una iglesia que no era la suya.

Pero aquí es donde llega el triple salto mortal dialéctico (con tirabuzón y doble pirueta) que viene a decir que la religión es parte de las creencias privadas de cada familia y tiene que quedar al margen de las aulas… pero los planes de estudio actuales son “neutrales”, “científicos”, “pedagógicos”, “imparciales” y “no están contaminados por creencias particulares”.

Sería risible si el tema no fuera tan grave y la trampa no estuviera tan extendida. Es tan burdo que llama la atención. ¡Y muchos denominados liberales se la creen! O dicen que se lo creen; yo en realidad hace tiempo que he asumido que la mayoría no se lo traga, pero que, como buena parte de lo que se enseña ahora encaja en sus creencias particulares, miran de forma hipócrita para otro lado (son los mismos que bramarían de indignación, y con razón, si a sus hijos los metieran a estudiar religión).

La ‘neutralidad’ de la Ley Celaá

Cojo los siguientes párrafos del muy completo artículo resumen que Olga R. Sanmartín escribió para El Mundo a propósito de la ley Celaá:

  • La ley quiere “reforzar la autoestima” de sus alumnos promoviendo la “diversidad”, la “empatía” hacia los “seres sintientes” y la “educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial”
  • La educación financiera se convierte en el reconocimiento del “papel social de los impuestos y de la justicia fiscal”. La seguridad vial pasará a llamarse “movilidad segura y sostenible”
  • Los alumnos recibirán educación afectivo-sexual ya desde Primaria. Tendrán que “conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”
  • Las actividades complementarias serán gratuitas y, por consiguiente, obligatorias, para blindar las charlas LGTBI ante el pin parental de Vox.
  • Los centros que separan por sexos no podrán recibir ya fondos públicos, pese a que el modelo lo avala el Tribunal Constitucional.
  • Se crea una nueva asignatura de Valores, en donde los partidos de la oposición ven una nueva Educación para la Ciudadanía. Los alumnos estudiarán contenidos de “Memoria Democrática”.
  • La Religión ya no contará para la nota ni para pedir becas.

¿Y aquí no hay ideología? ¿El que quiera ideología o creencias particulares que se las pague? ¿Los que busquen neutralidad a la pública? ¿Cerrar la concertada es lo liberal?

Aquí alguno sacará la carta PSOE: esto es culpa de la ley Celaá, lo que hay que hacer es trabajar para tener una escuela pública neutral. Y no, aunque haya leyes más sectarias que otras (como ésta, por ejemplo, que va mucho más allá de lo que habíamos visto en las últimas décadas), la escuela pública siempre tendrá ideología, como todas las demás escuelas.

Tendrá ideología porque la tendrán los maestros que allí enseñan. Uno de los puntos de la lista de arriba habla de la educación financiera. Lo usaremos como ejemplo con una cuestión de apariencia técnica. Pensemos en una clase sobre qué es el tipo de interés. Parece un tema no sujeto a conflicto. Ahora imaginen dos profesores, uno que comienza su clase diciendo “hoy os explicaré lo que es el tipo de interés para que podáis maximizar vuestros ahorros” y otro que lo hace diciendo “si manejáis bien este concepto, evitaréis que os engañen los bancos”. Las fórmulas matemáticas que escriban en la pizarra serán las mismas… la idea que se lleven sus alumnos a casa no tendrá nada que ver.

Esto no quiere decir que los maestros lleguen cada día a clase pensando: “Hoy les voy a adoctrinar con…”. Los habrá más proclives a hacerlo; otros lo serán menos y preferirán centrarse en los contenidos y en ofrecer herramientas a sus alumnos para que estos piensen por sí mismos. Pero no es el tema de este artículo.

Probablemente, la mayoría de los profesores emplea el 80-90% del tiempo en el aula de forma similar, en el colegio más progresista y en el más conservador que podamos imaginar. Intuyo que, en ambos casos, la mayor parte de las clases se usa en enseñar a sumar o a poner bien las tildes. Tampoco es eso de lo que hablamos, sino de si los padres tienen algo que decir en el ideario de los centros a los que van sus hijos y de si ese ideario puede ser neutral.

Otro tema del que los periodistas sabemos muchísimo: la selección de contenidos. La relevancia que se le da a los temas, el espacio que se le otorga, el enfoque del titular, lo que se cuenta y lo que no, las fotos que acompañan al texto… a menudo son mucho más importantes que la información tratada. Se puede no mentir (en el sentido de no dar datos falsos) y dar una imagen completamente distorsionada de la realidad.

Pues lo mismo ocurre con los planes de estudio. Esos planes los establece el Ministerio, pero la aplicación práctica en el aula la deciden colegios y profesores. No nos hagamos trampa: cada uno, si fuéramos maestros, le daríamos más relevancia a aquello que creemos que la tiene. Y sí, eso también es ideología.

El papel de la religión

Un tema capital es el papel de la religión, una de las grandes trampas de nuestros progresistas y nuestros liberal-progresistas. Es una manipulación que se ha extendido mucho y que comparte una mayoría de la población, incluso muchos creyentes, probablemente en parte como respuesta al predominio que la Iglesia tuvo en la educación durante años. Me refiero a esa idea absurda de que si no hay religión en las aulas lo que allí se enseña es neutral. Pues no, el enfoque ateo o agnóstico de la vida es tan ideológico como el que pueda defender un protestante evangélico de los que interpretan la Biblia de forma literal.

Sé que esto les chocará a muchos ateos-agnósticos liberales, que tienen un largo camino por delante para salirse de su marco mental, porque llevan años viviendo en esa ficción de que lo suyo o no son creencias ¡o son ciencia! Los niños hacen millones de preguntas sobre temas morales y metafísicos: de hecho, para explicar algunas cuestiones, es casi inevitable tomar una postura al respecto. Pero sin añagazas, no hablar a los niños de Dios desde los 6 a los 18 años es una decisión ideológica tan respetable como leerles la Biblia cada día… pero igualmente cargada de subjetividad y creencias.

Es que incluso en lo más básico, el 2+2=4, hay ideología. No en la fórmula, pero sí en todo lo que rodea a la ecuación: si el profesor es más o menos exigente con los alumnos que fallan el problema, si manda más o menos deberes para casa, si usa un método más tradicional o más innovador de enseñanza… ¿Que ahí no hay ideología? Saquen el tema en casa en las próximas Navidades y ya verán si todas estas cuestiones son objetivas o es fácil llegar a un consenso.

¿Un acuerdo de mínimos?

Si no nos queremos hacer trampas, sólo hay una solución posible: un acuerdo general entre los grandes partidos para establecer un currículo de contenidos mínimos que sean realmente muy mínimos (lengua, matemáticas, contenidos básicos de historia y ciencias naturales, lengua extranjera y poco más) y que al mismo tiempo otorgue mucha libertad de acción a los centros, tanto públicos como privados (privados puros o concertados). Una libertad que alcanzaría a los contenidos pero también a las técnicas pedagógicas y a los niveles de exigencia.

Y todo esto unido a un formato tipo cheque escolar, que permita a los padres elegir centro.

Además, hay muchas maneras de aplicar ese famoso cheque escolar: por ejemplo, se podrían buscar fórmulas para equilibrar el porcentaje de alumnos desfavorecidos en los centros si se detecta que hay determinados colectivos que no tienen acceso a los colegios que pretenden sus familias.

Voy a copiar por segunda vez en dos días la cita de Víctor Lapuente para El País, aunque sólo sea para que quede claro que ese acuerdo es perfectamente posible.

Si comparas el sistema español con los de nuestro entorno, alcanzar un acuerdo para una educación más inclusiva es fácil. Bastaría con integrar de verdad a la concertada y la pública en una red de centros que compitieran entre sí por unos (idénticos) recursos públicos en pie de igualdad, sin el doping de las aportaciones de los padres. En este pacto todo el mundo cede. El Estado paga más por cada alumno a los colegios concertados y, a cambio, estos ponen en marcha mecanismos para evitar la segregación. Eso sí sería auténtica libertad educativa —de todos los centros para introducir los métodos pedagógicos que creyeran más efectivos y de todos los padres para elegir el mejor colegio para sus hijos sin pensar en el dinero—.

Para lograr este consenso, lo primero es señalar lo obvio: ideología tenemos todos, también los que dicen que con su dinero no quieren pagar aquello en lo que no creen… pero no nos dejan a los demás decir exactamente lo mismo.

Rebajas agresivas

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Es habitual que los medios utilicen la expresión “rebajas agresivas” cuando aluden a campañas comerciales que reducen mucho los precios.

La palabra agresión remite a violencia, ofensa, provocación, ataque, lesiones. Pero nada de eso padecemos los que podemos comprar barato, algo que consideramos, con razón, una ventaja o incluso una bendición.

A veces se argumenta que sufren la agresión los competidores de quien acomete las rebajas, porque ellas los expulsan o pueden expulsarlos del mercado. Pero forzar a la gente a que compre más caro para proteger a los que no son competitivos difícilmente puede ser catalogado de plausible.

También se aduce en ocasiones que las rebajas son señuelos, en el sentido de que los compradores consumen porque sí, o incluso que los vendedores los manipulan y les crean necesidades que no son genuinas. Este argumento paternalista y afrentoso trata a la gente como si fuera imbécil.

Por fin, otra forma de retórica parecida a la de las rebajas agresivas es la de la “guerra de precios”. Cada vez que usted vea un titular en ese sentido se referirá a algo que debe de estar mal, porque “amenaza” a productores. El hecho de que siempre beneficia a los consumidores es por regla general ignorado.

El feudalismo peronista de Sánchez para Madrid

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

Armageddon is just a matter of time, tear down the voice of reason, let the arrows fly, your freedom is just a state of mind”. Gene Simmons.

Esta negociación de presupuestos muestra la aberración en que se ha convertido nuestra política. Unos presupuestos sin credibilidad, que duplican el déficit estructural y expolian a ciudadanos con más impuestos que nunca mientras se dispara el gasto político. Y, ¿qué negocian sus señorías? Aumentar más los gastos y expoliar a los ciudadanos. Ellos siempre gastan poco y usted gana mucho.

La última vileza es que un partido independentista, en vez de exigir una fiscalidad más atractiva para sus ciudadanos, exija peor fiscalidad para los demás. En este caso para los de Madrid. Separatismo centralista.

Las mentiras que se repiten sobre el inexistente “dumping fiscal” de la capital y el impuesto de sucesiones las hemos detallado en varias ocasiones (lean “No hay dumping fiscal”  y “así es el impuesto a la muerte“).

¿Armonización? Es una falacia. No van a armonizar nada. No se va a tocar -ni se debería- el concierto vasco ni el régimen de Navarra, no se va a tocar la fiscalidad especial de Canarias o de Ceuta y Melilla. El único objetivo es expoliar a los madrileños, y con ello también a los andaluces y murcianos, entre otros.

Por ahora se demuestra la visión extractiva y confiscatoria de Sánchez y sus socios de gobierno. Sus voceros repiten una y otra vez que el déficit no importa y la deuda no es un problema, y a la vez suben gastos improductivos e impuestos a todos. Identifican mayores impuestos con más recaudación y después, cuando los suben, se sorprenden de que recaudan poco y de que se dispare el déficit. Ni una sola partida de priorización, de mejora de eficiencia, de control de gasto innecesario.

El 2020 es el año donde usted y yo seremos expoliados fiscalmente hasta niveles nunca vistos mientras sufrimos una crisis sin precedentes cercanos y el gobierno multiplica asesores, gasto y desequilibrios.

A España se le ha concedido un espacio fiscal sin precedentes para crecer y crear empleo y lo están usando para poner más escollos a la creación de puestos de trabajo e inversión y aumentar sus redes clientelares.

Decía Sánchez hace unos años que quería extender el modelo de la Junta de Andalucía del PSOE a toda España, y eso es lo que está haciendo. Pedro Sánchez puso en julio de 2014 como modelo el socialismo andaluz para “cambiar España”, “exactamente igual que hicieron desde Andalucía, hace ya 40 años, otros jóvenes intrépidos socialistas”. Y lo está haciendo.

Pero no le echen la culpa a Gabriel Rufián del despropósito fiscal de la semana. Rufián solo predica a su elector, y la demagogia anti-Madrid es perfecta para esconder la realidad del desastre que han creado en Cataluña con sus veleidades separatistas, aumentos constantes de impuestos y empeoramiento de la seguridad jurídica.

Este plan de expolio y centralismo tributario que solo permite autonomía para gastar más y subir impuestos está en el programa de Sánchez desde hace años. Va en contra de un verdadero sistema autonómico, que es tener más responsabilidad sobre los gastos y mayor autonomía en política fiscal.

Sánchez no busca un modelo autonómico real y eficaz, sino un modelo semifeudal peronista de provincias donde se rinda pleitesía al gran “repartidor de favores” central, Sánchez, se multiplique el peso administrativo y solo funcionen para subir impuestos.

Lo único que hace Sánchez es, de nuevo, poner como responsable mediático de sus veleidades intervencionistas a otro, sea Iglesias, Rufián, Bildu o el PNV, y presentarse como resignado estadista de voz suave y tono melifluo que solo hace lo que le obligan. Pero su intención la dejó muy clara en octubre de 2019 cuando anunciaba “armonizar” impuestos sin pestañear.

¿Por qué ocultan que el ataque va orientado solo a Madrid? Algunas comunidades, incluidas algunas gobernadas por o gracias al PSOE, han aplicado las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, pero ni ERC ni el Gobierno las acusan de “dumping” ni dicen nada: Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha tienen la misma fiscalidad o similar a Madrid en Sucesiones.

Armonizar (para Sánchez) es subir impuestos. Y no a los ricos. Además, no financia sanidad ni educación. Supone anular la posibilidad de que las comunidades de régimen común puedan aplicar una política fiscal propia en los impuestos estatales que tienen cedidos. Convierte a las autonomías en entes que solo pueden subir impuestos.

Es un centralismo socialista fiscal obligatorio para todas las Comunidades Autónomas excepto aquellas a las que el ejecutivo de Sánchez aumenta sus excepcionalidades si se portan bien y le apoyan.

De nuevo, supone aumentar las diferencias regionales por adhesión política al avanzar y aumentar la autonomía fiscal de Cataluña, País Vasco y Navarra, mantener los sistemas excepcionales de Ceuta, Melilla o Canarias y, eso sí, expoliar a los madrileños (y con ello a muchos otros).

La falacia de que esto le afecta solo a los ricos se desmonta con los datos. La inmensa mayoría de los damnificados por el Impuesto de Sucesiones, más del 90%, son familias de clase media atacadas por brutales recargos y valoraciones catastrales falsas que convierten a personas de clase media en “grandes patrimonios” con tasaciones infladas, según la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones.

Un ejemplo. Un hijo que heredase bienes y derechos por importe de 160.000 euros (incluyendo vivienda habitual), pasaría a pagar un impuesto de 2.220 euros por un activo no líquido y probablemente invendible en muchos casos.

Los hogares madrileños pagarían 2.001 euros de impuestos más al año si vivieran bajo las normas fiscales que impone la Generalitat catalana y que ha supuesto desplazar talento, inversión y empleo a otros países cercanos, como Portugal o Italia, países con una fiscalidad más atractiva, no solo “a Madrid”.

El socialismo, en vez de defender a los ciudadanos de las comunidades autónomas que sufren el impuesto de sucesiones y patrimonio, solo busca hundir a los que no lo sufren. Esa es la verdad del socialismo.

España es un infierno fiscal para el ahorro. En la mayoría de Europa el Impuesto de Sucesiones es residual o inexistente y no se suma a los altos impuestos al ahorro. Y donde se aplica, es mucho menor. España aplica el segundo tipo más alto en Sucesiones de la Eurozona. Aquí se tributa hasta el 34% de la herencia; en la Eurozona, no llega al 12%.

El Impuesto de Patrimonio sólo existe en España. No se aplica en ningún país de la Unión Europea y somos el único país de la OCDE en el que este impuesto se añade al resto de cargas sobre el ahorro. Noruega, Suiza y Holanda son los únicos países de la OCDE que lo mantienen, pero -ojo- sustituye a otro tributo, no se suma a los altos impuestos al ahorro e inversión que ya tiene España, que es lo que pretende Sánchez.

Usar “solo” sucesiones esconde la lista de impuestos adicionales que penalizan el patrimonio. Si sumamos el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Plusvalía Municipal, encontramos que España recauda el 1,5% del PIB por este concepto (Eurostat 2017).

La media comunitaria es mucho más baja: no llega al 1% del PIB. Y en 2019, cuando se ha eliminado el impuesto de Patrimonio en Francia, España quedó como el único país de Europa que lo mantiene.

Es, además, confiscatorio: la rentabilidad de los activos es menor que lo que se paga por mantener el patrimonio (en Extremadura el tipo máximo es del 3,75%, muy superior a los tipos de interés actuales y la rentabilidad media de los activos).

No solo es así, sino que el sistema de valoración en España (inflando el valor catastral) lleva a pagar unos impuestos exagerados sobre una cantidad completamente desligada del valor de mercado. La diferencia entre valor catastral y precio de mercado ‘infla’ impuestos a inmuebles hasta un 30%, según la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).

En 2007 se renunciaba a 3,4 herencias de cada cien. En 2019, la cifra aumentó a diez de cada cien, según datos del Colegio de Notarios. La principal causa es la imposibilidad de pagar los impuestos. Todo un expolio a familias.

El estado carga impuestos excesivos, inflados y confiscatorios, los ciudadanos renuncian a la herencia, la Comunidad Autónoma se queda el inmueble, lo subasta y ¿quién lo compra en subasta con descuento? Los ricos. Es fabuloso el expolio. Toda una redistribución negativa.

La Comunidad de Madrid recaudó por grandes impuestos (IRPF, IVA, e IIEE) 84.431 millones de euros en 2018, pero la mayoría se queda en la caja común. Madrid sólo recibe el 22,6% de lo que recauda y más de 65.000 millones de euros se van a financiar otras administraciones.

Madrid ha sido capital de España desde 1561 y, pese a la centralidad de siglos pasados, solo en los últimos años ha liderado el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Cataluña, motor de crecimiento y riqueza durante décadas, ha sido devastada por el separatismo y las veleidades independentistas añadidas a una fiscalidad confiscatoria y sus políticos quieren culpar de su declive a los demás.

El hecho de que en la Comunidad de Madrid se encuentren las sedes de algunas grandes empresas no genera mayores ingresos a las arcas regionales porque las empresas tributan por el Impuesto sobre Sociedades (que corresponde en su totalidad al Estado), sólo se repercute por IRPF a la Comunidad de Madrid lo correspondiente a la gente que vive en la región. Iberdrola, Mercadona, Inditex y tantas grandes empresas españolas tienen sus sedes en otras regiones.

Impuestos atractivos, mayor recaudación

Un contribuyente medio madrileño con rentas de 20.000 euros al año se ha ahorrado más de 69.000 euros en impuestos, el equivalente a más de tres años de sueldo. El 85% del ahorro fiscal ha correspondido a rentas inferiores a 60.000 euros, y de esa cantidad, el 73% a rentas inferiores a 33.000 euros.

En diez años, la Comunidad de Madrid ha rebajado el IRPF un 25% a las rentas más bajas y un 2,3% a las más altas. Con impuestos más atractivos, recauda más y además es la Comunidad más solidaria. En el periodo 2009-2018 (desde que se aprobó el actual Sistema de Financiación Autonómica), la aportación de la Comunidad de Madrid ha sido de 31.672 millones de euros, casi tres veces la de Cataluña (11.169 millones).

El objetivo de Sánchez con su programa de expolio fiscal no es el crecimiento ni el empleo, si fuera así aplicaría una fiscalidad atractiva en toda España, ni mucho menos la armonización ya que pretende aumentar las diferencias de algunas regiones según su adhesión política. Su único objetivo es el expolio fiscal a familias y ahorradores para mantener un sistema clientelar y extractivo.

No financia estado de bienestar, ni educación, ni sanidad. Con un déficit de más de 94.000 millones en 2021 y una recaudación que sufre por los altos impuestos, que expulsa talento, inversión y empleo. Lo único que hace es extender un sistema fiscal confiscatorio que ataque al ahorro y la inversión para aumentar el férreo control gubernamental, aunque perjudique a los ciudadanos.

La propuesta de Sánchez con ERC es, además, inconstitucional y va contra las normas de fiscalidad. Un impuesto no se fija porque el gobierno considere que recauda poco, y no se puede permitir la sustitución de un impuesto por otro exactamente igual pero más oneroso simplemente por voracidad recaudatoria.

No se construye un estado de bienestar penalizando el ahorro y la inversión y premiando el despilfarro y el endeudamiento improductivo. Así es como se destruye.

El objetivo del socialismo nunca es el progreso, es el control, y por eso no duda en prender fuego al bosque siempre que le permita quedarse como rey de las cenizas.

La ley de Lucas Beltrán del sector público

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Hay libros que, de vez en cuando, te sacan una sonrisa, te inquietan, te producen terror o te hacen reír. El libro de Carlos Rodríguez Braun publicado por LID Editorial, Diccionario Incorrecto de la Nueva Normalidad, genera todas esas reacciones en el lector.

Se trata exactamente de eso: un diccionario, escrito en clave irónica, en el que se explica el nuevo significado de términos económicos, se esbozan semblanzas de personajes como Barbra Streisand o los Clinton y se explica la función de organismos tan importantes como la ONU o el Banco Central Europeo. No espere corrección política, no la hay.

Pero, además de una sonrisa, me ha producido una enorme nostalgia encontrarme con la Ley Lucas Beltrán, cuando he llegado a los términos “sector privado” y “sector público”. Lucas Beltrán fue un importante economista catalán, liberal, al que tuve la suerte de conocer en sus últimos años de vida.

Quienes le trataron, además de por su compromiso con sus ideas, le recuerdan por ser una buena persona. La Ley de Lucas Beltrán es la siguiente: se llama sector privado a lo que es controlado por el sector público y se llama sector público a lo que no es controlado por nadie.

Así es. Nos hemos acostumbrado a que los medios informativos nos cuenten el impacto de la subida del IVA en el cultivo de la remolacha, los problemas relacionados con las viviendas de protección oficial, el fracaso del plan de ayudas al jamón ibérico, la propuesta de rescate de Abengoa, o que como recuerda el sindicalista Pepe Álvarez, “el Gobierno no ha tenido capacidad de gestión en la crisis del coronavirus”.

¿Quién controla la eficiencia y la limpieza de la gestión pública? Existen tapaderas, comisiones, pantallas reflectantes que nos distraen, pero la verdad es que no lo contrala nadie. La Ley de Lucas Beltrán en España es implacable.

Las consecuencias son devastadoras desde muchos puntos de vista: el deterioro del estado de derecho y la pérdida económica son dos de los efectos más importantes de la ausencia de lo que los anglosajones llaman accountability y que se suele traducir por rendición de cuentas.

La Escuela de la Elección Pública ha estudiado profusamente los problemas derivados del mal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas por esta causa. Es lo que se conoce como el problema de la agencia o del principal agente. Básicamente se llama principal a la persona o institución que encarga una misión a un agente, que, a su vez, puede ser una persona o una institución. La manera de que los incentivos perversos por parte del agente sean minimizados es una de las cuestiones estudiadas por esta corriente de pensamiento económico.

Por ejemplo, los estudiosos del sector público analizan si la privatización en la provisión de determinados bienes y servicios a la ciudadanía generan incentivos peores o mejores que la provisión de éstos por la administración pública.

La transparencia, los términos del contrato, y otras cuestiones son fundamentales a la hora de evitar comportamientos indeseados. Un paso más allá en estos estudios nos lleva a considerar la aparición de organismos especializados en velar por la eficiencia del desempeño de los agentes, se trata de los fórums, un conjunto de instituciones más conocidos como reguladores. Quién no se ha planteado siguiendo esta línea argumentativa quién vigila al vigilante, a fin de cuentas.

Pero mi planteamiento no es exactamente ese. Yo sitúo a la ciudadanía, a los pagadores de impuestos que mantenemos a los gestores públicos, como el principal. Nosotros delegamos en el Gobierno, que actúa como agente, la provisión de defensa, seguridad, justicia y todo lo que prometieron en su programa electoral. Existen, además, unos “reguladores” que deberían vigilar el desempeño de los gobernantes desde diferentes puntos de vista: se aseguran de que son económicamente eficientes, dicen la verdad, cumplen la Constitución.

La Ley de Lucas Beltrán nos recuerda que esos fórums, esos vigilantes del sector público, no funcionan. Existen nominalmente y nos cuestan mucho dinero, porque tienen un organigrama abultado, y hacen como que hacen muchas cosas. Incluso instituciones como el Tribunal de Cuentas, que presenta informes alarmantes y denuncia atropellos en las cuentas públicas, ve su labor menoscabada por el poco caso que se hace de sus recomendaciones. ¿Por qué no ahorrarnos el dinero de la impostura?

Pero, como hacen los estudiosos de la elección pública, hay que responder con sinceridad a varias preguntas para poder entender el fenómeno que reflejaba magistralmente el profesor Lucas Beltrán en su ley.

¿Por qué el principal, es decir, los ciudadanos, mostramos una especie de apatía colectiva a la hora de pedir responsabilidades a nuestro agente, es decir, las administraciones públicas? ¿Por qué manifestamos una preocupante indiferencia ante la nula efectividad de los vigilantes del agente, a pesar del sangrado presupuestario que suponen? Y, sobre todo, ¿cómo hacer para solucionar la disonancia cognitiva fruto del conflicto entre nuestro comportamiento y nuestras creencias, más allá de la justificación del vampirismo gubernamental?

Los expertos dicen que, para amortiguar la disonancia cognitiva, o bien se modifican las creencias, o bien se modifican la actitud y el comportamiento. En este caso se trata de una actitud terriblemente irresponsable. ¿Estamos los ciudadanos preparados para asumir la responsabilidad de nuestra desidia? ¿O preferimos delegar la vigilancia en partidos políticos que miran por sus propios intereses, digan lo que digan, y ondeen la bandera que ondeen? ¿Exigimos que se dote de verdadero significado a esas instituciones que velan por el buen funcionamiento de la democracia o solamente nos quejamos? ¿Le damos importancia a estas cuestiones?

La negligencia en la vigilancia de la libertad y la ausencia de mirada crítica a quien, en realidad, está a nuestro servicio, explica que seamos tan buenos justificando el abuso de poder al que somos sometidos, el expolio económico que padecemos desde hace lustros, exactamente igual que las personas dependientes justifican las relaciones vampíricas que sufren. Al sector público no lo controla nadie y por eso hace lo que hace: porque puede.

Shelby Steele contra el “pensamiento poético”

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Un año después de la creación del movimiento Black Lives Matter, Michael Brown moría tras el disparo de un policía. Es una historia como tantas otras, pero esta causó un enorme revuelo en los Estados Unidos. No era Michael Brown, ni era Darren Wilson; se trataba de todos los negros del país, víctimas de todos los policías blancos. Aquel agosto de 2014 queda para la historia social de los Estados Unidos. Las protestas por la muerte de George Floyd han llegado a tanto por el antecedente de Brown, y por la polarización política en el mandato de Donald Trump. Cualquier historia sobre la politización de las relaciones entre razas en los Estados Unidos tendrá que pasar obligatoriamente por los acontecimientos que desembocaron en la muerte de Michael Brown.

Los medios de comunicación lo hicieron en su momento. Hoy, Michael Brown es una referencia en los departamentos de documentación de los medios, un punto de partida para los analistas, una encrucijada para estudiosos de toda laya. Uno de ellos es Shelby Steele. Licenciado en Ciencia Política y en Sociología, es la encarnación de la evolución de muchos negros en los Estados Unidos. Su abuelo paterno nació esclavo en Kentucky. Su padre fue camionero, y su madre trabajadora social. Su hermano gemelo Claude tiene una brillante carrera universitaria.

El interés de Steele por el caso de Brown es fácil de entender. Es un experto en la comunidad negra en los Estados Unidos y le ha dedicado varios libros. El último se titula White guilt: how blacks and whites together destroyed the promise of the civil rights era. Su obra sobre el joven negro no es un libro, sino un documental basado en su investigación del caso, y dirigido por su hijo, Eli Steele. Busca dar respuesta la pregunta ¿qué mató a Michael Brown? Pues así se llama el documental: What killed Michael Brown?

No parece una pregunta pertinente, ya que sabemos cuál es la respuesta: el racismo institucional mató a Michael Brown. Darren Wilson sólo apretó el gatillo. ¿Cuántas veces se habrá impuesto una fábula conveniente a la ideología del momento y que nada tiene que ver con la realidad? Aquí está Disidentia para dar testimonio de multitud de ejemplos. Y este es uno más.

De hecho, para Steele, “Michael Brown representa, más incluso que Trayvon Martin, Freddie Gray y otros, la distorsión de la verdad, de la realidad”. Brown, se dijo y se dice, ha sido “ejecutado”, “asesinado”. Su caso fue, dice Steele y recoge Jason Riley en un artículo en el WSJ, “un apabullante ejemplo de la verdad poética, de las mentiras que una sociedad puede asumir en la búsqueda del poder”. En el “microcosmos” de las relaciones entre razas, dice Steele, “la verdad no tiene ninguna opción. Está sofocada por las políticas de victimización”.

Su documental revive los hechos, acude a las pruebas forenses, a los atestados policiales, a las consideraciones del jurado, y todo indica que Darren Wilson no se saltó la ley, que actuó siempre dentro de ella. Y que su comportamiento entra dentro de los protocolos de la policía, y se explica por ellos y las circunstancias del caso, sin la necesidad de añadir una animadversión racial de la que no hay pruebas.

Steele también revisita Ferguson, la ciudad que vio nacer y morir a Brown. Una ciudad anegada por la solidaridad del movimiento negro, y tocada por la varita de las políticas progresistas que iban a elevar a la comunidad negra por encima de su realidad de 2014. Pero el autor no ha encontrado nada de eso. El crimen está en alza (en un país en que el crimen desciende), las casas por tanto valen menos, y la educación produce hoy la misma desesperación que entonces.

Amazon Prime, que iba a incluir este documental en su catálogo, optó por retirarlo. Adujo que el documental no alcanzaba sus estándares de calidad, que es como se llama al, este sí, racismo institucionalizado. Lo explica el autor en una entrevista, así: “Usted se ha atrevido a tratar a los blancos en América como seres humanos, y no como verdugos. Y nosotros, como una gran empresa, hemos invertido en la corrección política de ver a los negros como víctimas. Usted les ve como algo más complejo que eso. Y eso es intolerable”. Y añade su visión de la victimización como estrategia para acceder al maná del Estado: “Esta es la idea de que los negros son las víctimas de los blancos. Y esta es nuestra avenida, como minoría, a los beneficios públicos, al poder […] Somos víctimas de la maldad de los Estados Unidos. Y esto nos confiere una autoridad moral que nos otorga un poder en bruto. Y utilizaremos ese poder para extorsionar a instituciones como Amazon, que necesitan nuestro visto bueno para que su marca pueda presentarse como inocente de racismo”.

Un documental bien hecho, a cargo de un autor reconocido, y cuyo propósito es restituir lo que ocurrió frente a lo que llama “verdad poética”. La censura no tenía sentido, y Amazon Prime ha acabado por rectificar. La polémica ha beneficiado al documental, como pasa siempre, y ha entrado como una bala en las primeras posiciones.

La moral de la cancelación ha afectado también a la Hoover Institution, think tank al que pertenece Shelby Steele, y que está vinculada a la Universidad de Stanford. Parece que la veterana institución va a capear el temporal. Sería una desgracia que un centro de pensamiento que ha alzado la voz contra la corrección política acabase cayendo en ella. En definitiva, el pensamiento poético tiene un lado brutal, que nada tiene de poético. Pero en este caso su poder no ha sido suficiente para acallar una importante voz de los Estados Unidos.

El ‘lenguaje’ del ahorro, la realidad de los costes y la trampa de las pensiones

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Estamos enredados en una trampa. No es que vayamos hacia ella y podamos hacer algo por evitarla. Es que tenemos los dos pies bien metiditos en la zona embarrada y las arenas movedizas nos van engullendo poco a poco.

Lo explicaba hace unos días, en este mismo periódico, José García Domínguez con su precisión característica y desde una perspectiva más keynesiana (creo que Pepe no sólo me permitirá el calificativo, sino que lo celebrará): “El sistema de pensiones vigente en nuestro país es completamente inviable en el tiempo, algo que todo el mundo sabe. Y alterar de modo profundo su naturaleza es absolutamente imposible, algo que no todo el mundo sabe pero que debería saber. (…) Tratar de desmantelar ahora el sistema de reparto, el mismo que todos los cálculos actuariales serios consideran abocado a la quiebra segura e inevitable en torno al año 2030, constituirá una quimera. Es empresa imposible”.

Firmo cada palabra. Quizás lo del “sistema” es lo único que me escama. No es un sistema: es, simplemente, la principal partida de gasto del Estado español (de eso trata nuestro último Economía para quedarte sin amigos). Pero vamos, yo he usado el mismo concepto cientos de veces: es lo que tienen las ficciones políticas, que acaban poseyéndonos un poco a todos.

Dice García Domínguez al final de su columna que la productividad nos podría salvar. Y es cierto, pero con matices. ¿Consigamos un país más rico y podremos pagar prestaciones igual de generosas que las actuales? Sí y no.

Hace unos días, presentábamos el informe “Las pensiones en España. Una propuesta real y sostenible” (del que he sido co-autor, junto a Francisco Coll y José Francisco López, para la Fundación Naumann, Civismo y el Instituto Juan de Mariana). Perdonen la autocita, pero incluíamos un apunte al respecto que creo que es importante:

El incremento de la productividad se perfila como una ayuda clave para el sistema de pensiones, pero no resolvería el problema fundamental que espera a los futuros pensionistas: la caída de la tasa de sustitución (relación pensión/salario).

Lo explicaremos con un ejemplo (con cifras no reales):

  • Imaginemos que el sueldo medio en un país es de 3.000 euros al mes, incluyendo el coste de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa
  • Las cotizaciones sociales para la jubilación ascienden al 25% de ese salario
  • Si en ese país hay 3 trabajadores por cada pensionista, la pensión media equivaldrá al 75% del salario. En este caso, 2.250 euros al mes
  • Supongamos que, a lo largo de un par de décadas, se dispara la productividad y el sueldo se eleva, en términos reales, un 50%, hasta los 4.500 euros al mes
  • Las cotizaciones sociales se mantienen en el 25% del salario total. Pero la tasa de dependencia ha empeorado y ahora sólo hay dos trabajadores por pensionista. Por lo tanto, la pensión media ahora asciende al 50% del salario medio: 2.250 euros al mes.
  • El incremento de la productividad sí ha sido muy positivo. Ha permitido que la pensión se mantenga en 2.250 euros al mes. Sin esa mejoría de la productividad y los salarios, la prestación media habría bajado hasta los 1.500 euros al mes (el 50% de 3.000 euros)
  • Pero no ha tenido ningún impacto en la tasa de sustitución: al final, la relación entre la pensión media y el salario medio (si no tocamos las cotizaciones o hay ingresos extra vía presupuestos) dependerá fundamentalmente de la ratio entre el número de trabajadores y el de pensionistas.

¿Un incremento de la productividad puede ayudar a mantener la tasa de sustitución? Porque esa es lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en nuestra pensión futura: cómo será mi prestación en relación a mi salario. Sí, podría, pero no es sencillo:

  • Por una parte, al tener sueldos más altos, en teoría se podrían subir las cotizaciones sin hacerles tanto daño a esos trabajadores del futuro (solución con las patas cortas; estarías dañando la misma competitividad que te ha permitido crecer)
  • Ese país más rico también recaudará más impuestos normales (IRPF, IVA, IS, especiales…). Con ese extra de recaudación podría incrementar las transferencias de desde los PGE hacia la Seguridad Social y subir la ratio Gasto en Pensiones / PIB. Si hay más pensionistas respecto al total de población, la única forma de mantener la tasa de sustitución individual de cada uno de ellos es dedicar más parte de la renta total del país a esta partida. ¿Posible? Sí, pero ni sencillo ni barato. De hecho, viendo cómo va a evolucionar la tasa de dependencia, parece casi imposible subir el porcentaje del PIB destinado a pensiones en la medida que sería necesaria para mantener la tasa de sustitución de cada pensionista.
  • Mejora demográfica: ese país más productivo atrae inmigrantes jóvenes y muy cualificados, de los que ganan sueldos altos y cotizan por el máximo. Sería el mejor escenario desde un punto de vista financiero y fiscal. Hasta ahora, España no se ha caracterizado por su capacidad para lograr que los ingenieros holandeses o los desarrolladores informáticos canadienses se vengan a vivir aquí.

En resumen, sí: la subida de la productividad es nuestra mejor baza. Pero ni es fácil, ni resolvería todos nuestros problemas ni hemos hecho nada en los últimos años que nos invite al optimismo al respecto.

El ahorro

La productividad actúa como el asidero socialdemócrata (y esto no lo digo como crítica a la columna de García Domínguez, que me parece muy realista; sino porque es la típica buena solución de la que a veces olvidamos los matices). En el bando liberal, ese papel lo cumple el ahorro. Nos encanta… y por eso no siempre recordamos sus peros.

La formulación parece sencilla: si la tasa de sustitución de las pensiones públicas va a caer (desde un 75-80% hasta un 55-60%), la única forma de que el trabajador actual pueda mantener su nivel de vida tras la jubilación es el ahorro particular. De hecho, a mí me gusta tanto esta solución que en nuestro informe hemos planteado dos propuestas para impulsarla:

  • Incentivar el ahorro a través de planes de empresa, un poco al modo británico, con planes de suscripción por defecto (te puedes salir si quieres, pero si no haces nada, el Estado te apunta). Nuestra idea consiste en realizar ajustes en las cotizaciones sociales actuales para trasladar hasta 3-4 puntos (la mitad de contingencias comunes y la otra mitad de desempleo) a una nueva bolsa de ahorro individual. Empleados y empresas aportarían otros 3-4 puntos extra.
  • Sicav para todos: abrir una cuenta de ahorro a largo plazo a todos los españoles de 18 a 65 años. Además, para los actuales menores de edad, esa cuenta de ahorro tendrá un extra: cuando cumplan 18 años, les hacemos un pequeño regalo de 1.000 euros, como empujoncito estatal para incentivar el ahorro. La regulación de estas cuentas sería similar a la de las Sicav o los fondos de inversión: mientras no se retiren, los beneficios no tributan y el propietario puede mover el dinero entre todo tipo de activos (siempre dentro de la cuenta). Por supuesto, habría incentivos fiscales para el dinero ingresado cada año en la cuenta y, si se mantiene el ahorro hasta la jubilación, se podría plantear que tanto la aportación inicial como los rendimientos apenas tributen.

He hablado con varios amigos del tema y, en general, les encantan las dos ideas. Lo de los planes de empresa (ese segundo pilar mítico de las pensiones, del que tanto se habla, pero sobre el que no se hace nada) y la cuenta de ahorro. Y celebro que les gusten: las hemos planteado porque nos parecían dos buenas formas de avanzar hacia esa “Sociedad de propietarios” que es la base de cualquier páis próspero a medio plazo (aquí, un enlace al informe con ese título que Raquel Merino, María Blanco y Juan Ramón Rallo firmaron hace ya 14 años para el Instituto Juan de Mariana: un documento excelente para el que esté interesado en estos temas).

Eso sí, también hay que hacer una advertencia desde el principio: como con la productividad, esto ni es gratis ni sencillo. Que sí, que nos encanta el lenguaje del ahorro… pero nos olvidamos a menudo, en nuestro día a día y en lo que tiene que ver con las cuentas públicas, en la micro y en la macro, de que ahorrar consiste en dejar de gastar hoy para tener más mañana.

En este caso, además, con un añadido que está muy claro en la columna de Pepe y en el que tiene toda la razón: mientras tanto, hay que seguir pagando las pensiones de los actuales jubilados.

El salario neto de un trabajador medio español es un 40% inferior a lo que paga el empresario en concepto de coste laboral total. Y no hablamos de un millonario, sino de un sueldo medio de 26.500 euros al año (aquí, todos los detalles). Hay 13.500 euros de diferencia entre los 34.500 euros que abona la empresa hasta los apenas 21.000 euros que recibe en su banco el empleado: y el 70% de esa diferencia se debe a las cotizaciones sociales (aunque es verdad que para sueldos más elevados el porcentaje de esa brecha fiscal que se debe al IRPF es mayor).

No todo lo que se paga en cotizaciones va destinado a las prestaciones de jubilación. Pero en un cálculo un poco de números gordos, podemos asumir que unos 22-25 puntos de nuestro coste laboral total va dirigido a esta cuestión.

Y aquí es donde volvemos al tema del ahorro. ¿Podemos destinar 6-8 puntos de sueldo a los planes de empresa? ¿Puede la Seguridad Social quitarse dos puntos de cotizaciones? ¿Estamos dispuestos a reducir nuestro neto en otros dos puntos? Y la “sicav para todos”, ¿cómo la vamos a llenar?

Esta misma semana hemos publicado este informe y estas propuestas. Por lo tanto, sí, pienso que podemos responder de forma afirmativa a todas estas preguntas. También creo que sería positivo a medio plazo para la inversión y el crecimiento. Pero no me engaño. Habría que tomar decisiones difíciles: recortes en otras partidas de los PGE, cambios en la fórmula de revalorización de las actuales pensiones e incremento de las tasas de ahorro de los hogares (lo que implicaría, repetimos, menos gasto salvo que haya salarios mucho más altos). ¿Estamos dispuestos a asumir esos costes? Aquí soy más pesimista: creo que como sociedad no aceptaremos nada que implique sacrificios a corto plazo hasta que nos llegue el hachazo, un poco a la griega. Suena muy bonito lo de la productividad-reformas y el ahorro-largo plazo… pero hay que aceptarlo, lo usamos más como excusa que como plan.