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No es el puente, es el Estado de derecho

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

La publicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno español la pasada semana ha coincidido con varias declaraciones aparecidas en medios internacionales que ponen sobre la mesa cuestiones muy delicadas.

No coincido con el profesor Manuel Hidalgo cuando considera que “no es momento de ponernos demasiado críticos”. De hecho, él es bastante crítico cuando sostiene que “Este papel ha sido escrito en pocos días por diversas manos y con más versiones corregidas que ministros tiene la Iglesia. O el gobierno de España”. Precisamente por esa razón creo que hay que ser especialmente críticos, porque “este papel” se supone que es “el plan”.

Es decir, es nuestra propuesta a la Unión Europea respecto a nuestra capacidad para invertir adecuadamente esos fondos que todos los países de la Unión Europea, necesitan y esperan con angustia. Pero haré caso a Manuel Hidalgo, a quien respeto y seguiré su consejo.

Pensemos. Un plan ideal sería aquel que involucrara a muchos ministerios y que, además de centrarse en crear empleo, como objetivo prioritario, desarrollara otras áreas como salud, energía o reforzar la excelencia internacional, y que destinara cerca de 500 millones a ello. Podemos entrar en detalle respecto a las actuaciones.

Por ejemplo, en el terreno de la salud se pueden fomentar “acciones dirigidas a incrementar la competitividad y capacidad de I+D+i de empresas e instituciones que operan en los diferentes sectores afines a la sanidad (productos sanitarios, industria farmacéutica, biotecnología, servicios sociosanitarios, instrumental, dispositivos y equipamientos, alimentación saludable, etc.)”.

En energía, las actuaciones podrían estar “orientadas a garantizar el suministro energético, incrementando la contribución de las energías renovables y las tecnologías energéticas emergentes”. Y respecto a la excelencia internacional podrían desarrollarse un conjunto de actuaciones “para impulsar la creación de nuevas empresas de base tecnológica; reforzar la cooperación internacional en actuaciones sostenibles de excelencia; crear una infraestructura científica y tecnológica avanzada, abierta a la utilización por todos los agentes del sistema de ciencia y tecnología, y reforzar programas colaborativos públicos-privados en el marco del Plan Nacional de I+D+i”.

Por supuesto, ese texto no pertenece al Plan de Recuperación de Pedro Sánchez, sino al Plan E de Rodríguez Zapatero. Un plan que resulto catastrófico, no solamente porque cada empleo que creó, costó 160.000 euros al erario público. El Tribunal de Cuentas lo dejaba muy claro en su informe, cuando señalaba que el Plan E presentó pérdidas de hasta 7.800 millones de euros y que incurría en numerosas irregularidades en su aplicación.

Además, para el TC, la adjudicación de contratos seguía criterios “excesivamente genéricos e imprecisos” llevándose a cabo “sin publicidad alguna y de forma directa”. Respecto al éxito desde el punto de vista del empleo, consideraba que solo un 15% de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto, los compromisos de creación y mantenimiento de empleo no se habían cumplido y que la duración de los contratos de muchos de los trabajadores fue muy corta.

La genial comparación no es mía sino de mis amigos de Extremo Centro, quienes siempre me inspiran con sus podcast y con sus comentarios.

Así las cosas, es muy difícil fiarse de nosotros. Uno de los diarios suizos más relevantes, siguiendo la estela de lo que publicara la prestigiosa revista The Economista, publicaba el sábado pasado un artículo titulado “¿Es España un Estado fallido y cómo debe tratar la UE a ese miembro?”.

En él, el autor cuestiona la concesión de una ayuda financiera rápida y masiva, por parte de la UE para la España no está actualmente justificada. Las razones que aduce son, entre otras, que políticamente es inestable y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial harían bien en identificar mejores proyectos que financiar. Quienes viven en Alemania saben que esta es una opinión general, como cuenta Luis Ignacio Gómez.

Parece que no es solamente la economía lo que nos hace parecer como malos socios, sino el caos político. Y esto me preocupa más. Impresiona leer a Benoît Pellistrandi en Telos. El autor percibe la inquietud creciente que, a pesar de que los políticos traten de enmascarar, es un clamor ciudadano. Una inquietud que “dibuja un horizonte de crisis sistémica”.

Menciona el cachondeo de los Presupuestos, la salida del tiesto de lo que denomina “folclore” del independentismo catalán respecto a la Covid, y la lucha encarnizada por el poder. No se equivoca cuando se da cuenta de que todo esto es una pantalla de humo que esconde el intento de zafarse de la responsabilidad de la nefasta gestión de la epidemia por parte del gobierno de la nación. Termina alertando acerca de la descomposición política de España. Creo que lo merecemos.

El jueves y el viernes los españoles vivimos un hecho muy grave que atenta severamente contra la salud de nuestra democracia: el presidente decidió desoír la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y anunció el Estado de alarma en la región, poniendo las fuerzas del orden al servicio de su decisión.

En el argumento que justificaba su acción, utilizó, adrede, cifras de semanas anteriores, para poder señalar que estaba en riesgo la salud pública.
Sus voceros, los medios y estrellas de las redes sociales afines al régimen, se apresuraron a correr la voz de que los madrileños sólo queremos irnos de puente, irresponsablemente, y que Ayuso está más pendiente de la economía que de la pandemia.

No es el puente, es el Estado de derecho.

Si Donald Trump hubiese hecho lo mismo en cualquier condado estadounidense, las mismas voces que defienden a Sánchez pedirían la cabeza de Trump y asegurarían que es un destructor de la democracia. Ya no es el derroche o la falta de un plan de recuperación económica. Es el Estado de derecho lo que está en juego, el respeto a la ley. La base misma de la democracia.

El odio ideológico

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Estos días de gran encono político he recordado una amarga polémica con un amigo mío. Mi colega me acusaba de albergar odio ideológico; es decir, de sustentar sobre ese sentimiento mis ideas, y proferirlas empapadas en él. Dado que no conozco ese sentimiento, que jamás lo he vinculado a las discrepancias políticas, me costó entender cómo podía haber llegado a esa conclusión.

Mi amigo me echaba en cara que hubiera descalificado moralmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es cierto que me parece una persona inmoral, dicho sea con pleno reconocimiento a las apabullantes ventajas que ello tiene para el ejercicio de la profesión de político. Liberado de las ataduras de la moral, Pedro Sánchez no sólo puede defender con aparente contundencia cualquier posición política que responda a los intereses del momento, aunque ello le lleve a defender lo contrario de lo que ha dicho antes, sino que puede actuar con una audacia propia de los grandes hombres de Estado.

Lo acaba de demostrar en Madrid. A la vuelta del verano el presidente se lavó las manos y dijo que no impondría un confinamiento, con el estado de alarma como cobertura legal, a no ser que se lo pidieran las regiones. Y ahora se lo impone a la Comunidad de Madrid, contra el criterio de su gobierno, basándose en datos antiguos según ha reconocido el ministro Illa, y con los cuales podría haber aplicado la misma medida a Navarra. Sí, Pedro Sánchez es un hombre audaz e inmoral, valiente y deshonesto, arrojado y mendaz. Sería ya un peligro público sin ser el presidente de un Gobierno que depende de Pablo Iglesias. Nunca pensé que diría algo así, pero Pedro Sánchez me da asco. Fue lo que dije, y fue lo que dio pie a la conversación con mi amigo.

Comenzamos entonces un intercambio en el que intenté sacarle de su equívoco. Es verdad que moralmente me repugna esa actitud, y quizá debí ser más claro y precisar que es ésta, y no la persona, la que me causa rechazo. Pronto la discusión derivó a otros derroteros, los que yo mismo he creado con mi crítica a ciertas ideas que él comparte. Una crítica que, como digo, él interpretaba como odio. Mi colega no es liberal y quizás por ello no entiende por qué un liberal desconoce el odio ideológico. Y lo que para mí es evidente, a él le costó un mundo entenderlo, y no por falta de capacidad, sino porque le llevé a terrenos que no está habituado a transitar.

Hay un principio fundamental dentro del liberalismo, y es el de que una persona puede cambiar de ideas. Casi cabría pensar que es una petición de principio. Eso quiere decir que no importa cuan odiosas puedan ser sus ideas, ni cuanta crítica crea uno que merecen, toda la crítica se queda en el espacio etéreo de las ideas, sin referirse en ningún momento a la persona.

Si el lector tiene la sensación de que este argumento está envuelto en algodón de azúcar, y que en realidad no es así como funcionan las cosas, tenga en cuenta dos cosas: la primera es que para el liberal no hay una vinculación necesaria entre la persona y sus ideas. Y aunque éstas, llevadas a la práctica, supongan una amenaza para él o ella, siempre queda la esperanza de que cambie de parecer. De modo que sí, se puede odiar al nacionalismo o al socialismo, sin por ello odiar a la persona que profiere esas ideas.

Pero la segunda es que no todo el mundo, seguramente ya lo habrá apreciado, es liberal. Ni siquiera en este sentido de aceptar que el otro piense de un modo distinto al suyo sin darle la oportunidad de cambiar de parecer… o darse a sí mismo esa misma opción. Es decir, que desde otras formas de ver al hombre en sociedad sí tiene más sentido el odio ideológico.

El colectivista tiene una idea precisa de los males que le aquejan a la sociedad, de cuál es la forma que ésta debería adoptar si todos le hiciésemos caso, y de cómo amoldarla, ahormarla a como él desea. Casi puede tocar con las yemas de los dedos esa sociedad ideal, perfectamente justa. El plan está trazado y sólo falta llevarlo a cabo. Y aún hay quien se opone. Y si se opone, cuando a la vista de todos está la injusticia de la actual sociedad, y los beneficios de lo que está por venir, será porque tiene intereses enraizados en esta sociedad. Será que no quiere que cambie porque a él, o a ella, le conviene.

Según esta forma de pensar, la relación entre las ideas y la persona es muy distinta. El reaccionario, el que quiere frenar el avance del progreso, entiende perfectamente que sus intereses están amenazados por los planes progresistas. Y desde ahí, desde sus intereses, crea un escudo ideológico. Pero es sólo eso. Como sus intereses no van a cambiar, tampoco lo harán sus ideas. Yo, como progresista, puedo despreciar sus ideas porque no son lo importante. Y, puesto que el otro antepone sus intereses espurios a los del conjunto de la sociedad, tengo el derecho, casi la obligación moral, de mostrarle como poco mi desprecio.

Es más, el reaccionario, ya se llame conservador o liberal, me tiene que odiar a mí, que al fin y al cabo estoy dispuesto a amenazar sus intereses para alcanzar un bien mayor. Lo que yo siento en aras de la justicia al oír sus opiniones, lo tendrá que sentir él o ella al escucharme a mí. Desde ese punto de vista es fácil de entender la intolerancia de los progresistas hacia las opiniones discrepantes.

Al final, mi amigo me reconoció que le parecían intolerables y censurables mis críticas a la izquierda, sentimiento que le reconocí plenamente, y me confesó que sentía odio hacia una formación política con la que, con evidente fracaso, quiso vincularme ideológicamente.

Reconozco que siempre he tenido poca paciencia con las palabras de Gregorio Marañón, que definía el liberalismo como una conducta. Dice el médico:

Ser liberal es, precisamente, estas dos cosas: primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; y segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin. El liberalismo es, pues, una conducta y, por lo tanto, es mucho más que una política. Y, como tal conducta, no requiere profesiones de fe, sino ejercerla, de un modo natural, sin exhibirla ni ostentarla.

Por supuesto que ser liberal es mucho más que tener esa actitud. Y por descontado que no es necesario serlo para adoptar esa actitud. O eso es lo que he pensado siempre. Pero quizás esté yo más equivocado que el intelectual madrileño.

El Papa Francisco y el neoliberalismo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las falacias más extendidas en filosofía política o en economía es la llamada falacia del nirvana. A saber, comparar sistemas de organización social idealizados —al margen de cómo funcionan y se despliegan en el mundo real— con otros sistemas de organización social no idealizados —esto es, tal como operan en nuestro mundo real—. En el primero de los casos, la pregunta que se busca responder es: “¿Cómo funcionaría el socialismo/el capitalismo/la socialdemocracia si los seres humanos fueran bienintencionados, internalizaran todos los efectos externos de su acción y cumplieran de buena fe con todas las normas?”.

En el segundo de los casos, la pregunta que se responde es, en cambio: “¿Cómo funcionaría el socialismo/el capitalismo/la socialdemocracia si los seres humanos no fueran bienintencionados, no internalizan todos los efectos externos de su acción y no cumplen de buena fe con todas las normas?”. No es que una visión sea preferible a la otra, pues cada una cumple con objetivos diferentes (cómo opera un sistema sin fricciones frente a cómo funciona un sistema cuando vas introduciendo fricciones), pero lo que jamás debe hacerse es comparar la versión ideal de un sistema con la visión no ideal de otro sistema, pues en ese caso estaríamos efectuando una comparación tramposa. Y esa comparación tramposa es precisamente la que ha perpetrado recientemente el Papa Francisco en su encíclica ‘Fratelli Tutti‘.

Por un lado, en el documento papal se nos describe al neoliberalismo como un sistema incapaz de resolver los problemas sociales de la pobreza, de la desigualdad y del desempleo, en la medida en que pivota sobre una globalización atomista que se desentiende de las raíces comunitarias y que está plagada de grupos de poder que imponen sus intereses privados sobre las masas de individuos fragmentados y dominados. Los mercados son egoístas, individualistas, disgregantes, fríos, espurios, uniformizadores y fallidos.

Por otro lado, en cambio, se nos presenta una aspiración idealizada de la política, entendida como “una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”; al político, a su vez, se lo considera “un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país”. La política es amor efectivo, fraternal, unificadora, tierna, caritativa, orientada al bien común, respetuosa con la diversidad, noble y sana.

Es verdad que la encíclica también habla de la posibilidad de una política cortoplacista y sometida a intereses espurios, pero semejante degeneración de la gobernanza está asociada a la era neoliberal, que es justamente la culpable de haber sometido la búsqueda del bien común a la lógica perversa e individualista de los mercados y de la economía. A su vez, y a ‘contrario sensu’, el Papa no se plantea la posibilidad de que existan mercados inclusivos, que contribuyan a solucionar los problemas de la pobreza o de la desigualdad y que sean respetuosos de la vida comunitaria y de las tradiciones locales (a pesar de la histórica reducción de la pobreza que hemos vivido durante las últimas décadas): ese ha de ser, sí o sí, un cometido que solo puede alcanzarse a través de la política. Por consiguiente, mientras que la política puede ser ennoblecedora y, por tanto, hemos de aspirar a establecer su primacía sobre el resto del orden social (llegando al extremo de instituir un gobierno mundial para todos aquellos asuntos que nos son comunes), los mercados necesariamente son corruptores y, por tanto, hemos de aspirar a someterlos al Estado. Frente a una visión absurdamente optimista de la política, el Papa contrapone una visión absurdamente pesimista de los mercados.

Y es que, en su esencia, política y economía son todo lo opuesto a lo que plantea el Papa. La política consiste en generar relaciones verticales de dominación: una persona o un grupo de personas emiten un mandato sobre otros individuos para que sea obligatoriamente cumplido; la economía, por el contrario, consiste en establecer relaciones de cooperación: dos o más personas cooperan para generar un excedente productivo que ulteriormente es distribuido entre ellas. Lo anterior no quita para que, en ocasiones, la política pueda ser usada para el bien —por ejemplo, para imponer sobre todos los ciudadanos un código normativo que sea respetuoso con los derechos y las libertades individuales—, o que la economía pudiera dar lugar a abusos sobre algunas de las partes implicadas —en presencia de problemas de coordinación, como las externalidades o los monopolios/monopsonios, pueden crearse situaciones extractivas—, pero uno no debería desentenderse de los incentivos estructurales contenidos tanto en el ámbito político como en el ámbito económico.

Si la política se basa en relaciones verticales de ordeno y mando (de uno sobre muchos, de unos pocos sobre muchos, o de muchos sobre otros muchos), entonces habrá una fuerte inclinación a abusar de ese poder para parasitar al prójimo. Y no deberíamos soslayar esa más que cierta posibilidad presuponiendo de un modo idealizado que solo llegarán, o que al menos podemos garantizar que solo lleguen, ímprobos gobernantes al poder: la dinámica de la lucha por conquistar el poder político favorece el triunfo de los peores —de los más brutos, de los más embaucadores, de los más ruines, de los más arribistas— en una especie de selección política adversa.

A su vez, si la economía se basa en relaciones horizontales de intercambio, entonces habrá una fuerte tendencia a generar interdependencias y a satisfacer recíprocamente las necesidades ajenas. Y, asimismo, tampoco deberíamos soslayar la posibilidad de que existan “fallos de mercado” que trunquen, en un mundo no ideal, la totalidad o una parte de los beneficios compartidos de esa cooperación: pero no deberíamos elevar tal excepción a la condición de categoría, sobre todo si, en el caso de la política, hemos disminuido la categoría a la condición de excepción.

Desgraciadamente, y para mayor regocijo de la extrema izquierda española, el Papa ha recurrido a una muy pobre y sesgada caracterización de la política y de la economía para defender un sometimiento de la segunda ante la primera. Sin ser consciente de ello —o quizá siéndolo—, ha planteado un modelo neomercantilista de relaciones sociales donde el escaso excedente que siga generando una economía jibarizada pase a ser apropiado y arbitrariamente distribuido por la casta política entre sus ‘stakeholders’ (políticos, burócratas y lobbies). Si algo reúne las peores características de lo que conocemos como ‘neoliberalismo‘ dentro del imaginario popular es justamente eso: el corporativismo de amigotes —en este caso, tras una pantalla de caridad y fraternidad— al que nos empuja la encíclica papal.

El ‘Show de Sánchez’: un plan que nace fracasado

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Say something, dammit! You are in Television!”. Ed Harris, The Truman Show.

Los contribuyentes de Europa deben saber que los ciudadanos españoles no despilfarramos y malgastamos los fondos europeos. Es el Gobierno el que lo quiere hacer.

El plan presentado por Pedro Sánchez es una falta de respeto al esfuerzo y dinero de los contribuyentes de nuestros socios europeos, que es lo que Sánchez e Iglesias quieren gastarse sin control.

Unos fondos que las empresas y autónomos españoles necesitan con urgencia y que se pretenden repartir de manera dirigista y política. ¿Lo rechazará la Unión Europea? No lo sabemos. La UE raramente actúa de manera preventiva… y luego pasa lo que pasa: estancamiento, deuda y despilfarro.

El plan presentado por Sánchez a bombo y platillo el miércoles es una colección de vaguedades, promesas imposibles y brindis al sol sin precedentes. Nunca en la historia de nuestro país se había organizado un espectáculo propagandístico tan lamentable. ¿Se imaginan ustedes si lo hubiera hecho Rajoy con el Plan Juncker o Zapatero con el Plan de Crecimiento y Empleo Europeo de 2009?

La promesa de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años nos recuerda a vaguedades similares del pasado, desde los 800.000 prometidos por González al “pleno empleo” vaticinado por Zapatero, que se quedaron en nada.

Lo peor, además, es que, en el afán propagandístico de dar cifras aparentemente positivas, se han olvidado de que aún tenemos 730.000 empleos en ERTE y casi 700.000 parados más que en febrero. Es decir, no solo “promete” una cifra mas que cuestionable en su credibilidad, es que encima su plan supone crear mucho menos empleo de lo que creaba España en el periodo 2012-2018, por ello mantiene en sus propias estimaciones una tasa de paro en 2021 superior al 17%.

Solo para darles una idea, el Gobierno de Zapatero anunciaba en 2009 una creación de 400.000 puestos de trabajo con un plan extraordinario de infraestructuras de 16.000 millones de euros anunciado por Fomento y financiado por el BEI.

Sánchez piensa movilizar casi 10 veces esa cifra y solo “crear” 800.000 empleos que, encima, ni se crearon entonces ni probablemente se crearán.

Sánchez nos repetía el miércoles que “jamás” se habían movilizado tantos recursos. Y, de nuevo, se olvidaba de los 185.000 millones de euros movilizados en la crisis de 2008 hasta 2011 por el gobierno de Zapatero.

Se olvida del plan de José Blanco, 250.000 millones de euros del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) ya en marcha desde 2006. Se olvida del Plan Juncker, etc. Y, sobre todo, se olvida de su altísimo impacto en deuda y bajísimo efecto positivo en empleo y crecimiento.

Otro elemento que nos sorprende es el francamente hilarante multiplicador macroeconómico que se han inventado para este plan.

Anunciaba el presidente un impacto económico que aumentaría un 2,5% el PIB anual (sí, anual) por este plan, algo así como el milagro de los panes y los peces versión Sánchez.

Hagan ustedes los cálculos. Tenemos la evidencia empírica del pasado que el efecto multiplicador del gasto público es cero o incluso negativo en economías endeudadas y abiertas. La evidencia empírica de los últimos 15 años muestra un rango que, cuando es positivo, se mueve entre 0,5 y 1 como máximo… Y en la mayoría de los países del sur de Europa han sido negativos (Giles, C. Has the IMF proved multipliers are really large? (wonkish).

Esto es lo fascinante: si usando las cifras y estimaciones -increíbles- que presenta Sánchez España seguirá con una tasa de recuperación peor que la de la Unión Europea y siendo el país con más déficit y paro de todos los estados miembros tanto en 2020, 2021, 2022 y 2023… Imaginen lo que puede ser en realidad.

Hay varios factores que hacen que el plan nazca casi fracasado:

1. Vender la piel del oso antes de cazarlo. El gobierno de España es el único de toda la Unión Europea que ha lanzado semejante campaña propagandística sin que haya un solo euro del Fondo de Recuperación en marcha. 

Todavía no se ha aprobado, ni se ha lanzado la emisión de deuda ni se ha presentado un solo proyecto… pero Moncloa ya sabe el impacto en PIB, empleo y hasta se apunta a los presupuestos unos ingresos que no han sido movilizados aún ni saben si podrán incorporar a las cuentas públicas.La peligrosa utilización de la propaganda, conceptos vagos y el intervencionismo para canalizar las ayudas nos lleva a queel riesgo de que se rechacen muchos de estos fondos en la Comisión de Economía y Finanzas sea muy alto.

2. Ningún país de la Unión europea canaliza el proceso de presentación y recepción de fondos por ministerios. El plan de Sánchez convierte a los ministros en comisarios políticos que funcionan de barrera y filtro de las ayudas. Garantía de ineficiencia y malgasto.

Es ineficiente, burocrático y garantiza que perdamos muchos de esos fondos en un país que tiene el triste récord de ser uno de los peores en ejecución de ayudas europeas.

España es el segundo país que peor maneja los fondos europeos. No solo no se empleó el 67% de los recursos disponibles, sino que el 31% de los proyectos exigidos seguían sin siquiera comprometerse a finales de 2019. 

Si el procedimiento burocrático, político e ineficiente de la maquinaria gubernamental española ha hecho imposible ejecutar 17.500 millones de euros ¿se creen ustedes que se van a movilizar de manera rápida, eficiente y rentable 140.000 millones con 22 ministerios?

3. “Invertirlo bien”. No para de repetirse que el plan es una oportunidad si se hace bien. La probabilidad de que se haga mal no es alta, es casi una certeza. Tenemos el ejemplo del pobre resultado del Plan de Empleo y Crecimiento de 2009 y otros antes mencionados.

 El plan de Sánchez, tal y como está anunciado, va a ir en su mayoría a gastos sin rentabilidad económica real y el Ejecutivo no oculta su interés en convertirlo en una manguera de pagos clientelares (“promoción de administración del siglo XXI”, “ecosistemas resilientes”, “nueva economía de los ciudadanos”).

El concepto “cohesión social” se llevaría el 30% de los fondos. ¿Imaginan ustedes todo el gasto inútil que se puede disfrazar dando más de 40.000 millones con ese rimbombante título?

En cualquier caso, rentabilidad económica real cero (o negativa) ya en el 30% de los fondos e impacto en el crecimiento potencial cero. El 33% va a proyectos de digitalización. Asumamos que el 40% de ellos tienen rentabilidad económica real y que el otro 60% (y somos optimistas) son simplemente un gasto puntual. Y el 37% restante va a “inversión verde”.

Asumamos (y también somos optimistas) que el 100% tienen rentabilidad económica real. En el escenario más optimista, ni el 50% del plan de Sánchez generará recursos para pagar el enorme aumento del endeudamiento que supone (el 60% son préstamos). 

A ello debemos añadir que en “inversión verde” se pretende incluir mucho gasto corriente de administraciones públicas y decenas de proyectos que se habían rechazado en los últimos cinco años. Si no eran rentables antes, con tipos negativos y amplia liquidez, no lo van a ser ahora. En un escenario más realista y acorde con la historia de este tipo de planes gubernamentales, ni el 30% gastado generará empleo y crecimiento.

Lo mismo que en 2008

Sorprende y preocupa que en un plan que se presenta para usar fondos europeos destinados a empresas y autónomos, que está diseñado para fortalecer el sector privado, no para engordar el gasto político, el gobierno usa la palabra “empresa” como una anécdota, una especie de desliz en su presentación.

El Gobierno de Sánchez repite constantemente que en esta crisis no se va a hacer lo que se hizo en la anterior y, sin embargo, está haciendo exactamente lo que se hizo en la anterior entre 2008 y 2010: Aumentar masivamente los gastos y los desequilibrios estructurales esperando que el apoyo de la Unión Europea y el Banco Central Europeo lo solucione todo.

Ningún país de la Unión Europea usa las cifras del Fondo Europeo para intentar disfrazar sus desequilibrios presupuestarios y gastos corrientes estructurales.

España debería haber formado una oficina independiente, transparente y eficaz gestionada por profesionales de prestigio empresarial para canalizar los proyectos y generar el efecto positivo en crecimiento y empleo.

Sin embargo, todo el plan y la forma de instrumentalizarlo es una enorme batería de señales de alarma que alertan del más que probable despilfarro y pérdida de oportunidad en la movilización de unos fondos europeos que ya nos han vendido dos veces como una especie de Bienvenido Mister Marshall moderno antes de ver un solo euro, y que no solucionan los problemas estructurales que se están acumulando en la economía española.

Por eso nace ya casi fracasado. El aumento desbocado de gasto, déficit y el paro lo tendrán que solucionar otros.

La mirada económica desviada del Gobierno de España

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Dice el dicho que el tiempo es oro. Yo diría que saber manejar los tiempos es un don maravilloso. Acompaña al llamado “sentido de la oportunidad”, una especie de super poder innato que algunas personas tienen y que, en muchos casos explica la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En economía es básico saber medir el tiempo. Considerar el largo plazo en vez del corto plazo implica, por ejemplo, que todos los costes sean variables en una empresa, que pongamos encima de la mesa el cambio tecnológico y, en definitiva, que miremos la economía como un proceso dinámico sostenible en el tiempo.

Como me decía mi profesor de autoescuela: hay que mirar con un ojo cerca y con otro lejos. Uno de los méritos del economista inglés Alfred Marshall, precisamente, fue que, a pesar de que su análisis es estático, logra incluir los plazos temporales cuando se plantea que pasaría si hubiera un shock de demanda, en el famoso ejemplo del barco de pesca.

La sostenibilidad, palabra que resurgió del baúl de los recuerdos gracias a los ecologistas y a los neomalthusianos, es un viejo objetivo de los economistas. Solamente quienes miran con simpleza el aquí y el ahora no se preocupan por la perdurabilidad del crecimiento económico.

Cierto es que una vez señalado el concepto, muchos de estos ecologistas y neomalthusianos se lanzan a proponer medidas, a mi juicio, desproporcionadas. La vida en el Walden de Henry David Thoreau no es el futuro que quiero para mis nietos: quiero que puedan elegir, incluso Walden.

Por desgracia, el calendario electoral nos impone, implacable, la toma de medidas económicas cosméticas que, no solamente no solucionan el problema, sino que, a menudo, lo agravan. Los retoques paramétricos de las pensiones, por ejemplo, esconden el mal de fondo de nuestro sistema, lo que hace que sean, precisamente, insostenibles.

El principio básico de la sostenibilidad es un viejo refrán de abuela: “Quita y no pon, y se acaba el montón”. Y, al hilo de eso de poner, el lunes 5 se convocó la rueda de prensa de los negociadores del Parlamento Europeo encargados de llegar a un acuerdo, entre otras cosas, acerca de las fuentes de ingresos de la Unión Europea.

Enfrente, en esta negociación, está el Consejo de Europa. Hay discrepancias, desde hace tiempo, respecto a cómo aumentar los recursos a largo plazo, una vez que el Reino Unido abandonó la Unión Europea, y perdimos su aportación.

En febrero de este año no se llegó a un acuerdo. Y, entonces, llegó el coronavirus. Y con él, las necesidades de gasto, de ayudas, las reclamaciones por parte de todos los países. Y, por parte del Gobierno de la nación, la idea, peregrina como pocas, de que el dinero de las ayudas europeas llueve del cielo como el maná bíblico. Los más sensatos apuntan que hay dinero destinado a ayudas, pero que está condicionado al plan de reformas que se presente.

Se nos olvida que la propia Unión Europea ya estaba planteando subir las aportaciones de los miembros debido al ‘brexit’. ¿Y ahora que todos estamos empobrecidos y tenemos más necesidad de fondos? La lógica cortoplacista aconseja descansar en la idea de que la UE siempre va a poder endeudarse más sin quebrar nunca. Además “todo el mundo sabe” que Alemania y los demás se van a recuperar de manera más sólida que nosotros y “siempre” van a poder tirar del carro.

Una lógica de Carpanta que da por hecho nuestra irresponsabilidad como país: una carta de presentación muy dañina.

Es verdad que de las crisis se sale. Pero no por el atajo que está siguiendo nuestro gobierno, preparando el camino del nuevo techo de déficit y la algarada del gasto. Es imprescindible frenar la sangría empresarial.

Señalaba Daniel Lacalle que se han destruido más de 100.000 empresas en el último año, y 250 de ellas, grandes. Eso significa, no solamente que aumenta el desempleo, sino que no se recupera. Y no lo hará a menos que se creen nuevas empresas y con ellas, puestos de trabajo.

Para lo cual, es imprescindible abandonar los mantras económicos posmodernos y fomentar el ahorro y no la deuda; el trabajo y no la búsqueda de rentas; la rendición de cuentas (también económicas) y no la irresponsabilidad fiscal sin consecuencias.

Se queja, con razón, el profesor Juanma López Zafra en su último artículo Más trabajo, menos impuestos de la carga que el gobierno de coalición Sánchez-Iglesias va a poner encima de las ya cansadas espaldas de los españoles. La idea de subir el IVA a la educación y la sanidad privadas, y las medidas fiscales restrictivas al trabajo en remoto, no parecen acompasadas con la senda de la recuperación de otros países: Portugal, Francia, Alemania e Italia, menciona López Zafra.

No creo que los responsables de la toma de decisiones económicas sean menos inteligentes que Lacalle, o López Zafra, o yo, o tantas otras personas que señalamos, día sí y día también, los atropellos económicos de nuestro Gobierno.

Creo, sencillamente, que miran con las gafas equivocadas: las del corto plazo. No buscan la sostenibilidad del crecimiento, ni del bienestar de los ciudadanos, sino los gestos que permitan creer a sus votantes que sí lo hacen. Y les funciona. Porque, en general, preferimos que nos digan que si me pongo la camiseta de la suerte apruebo el examen, o que existe una pócima que cura todos los males.

De esta forma, nos hemos acostumbrado a los placebos como la mejor receta, en lugar de exigir soluciones reales, que funcionen aunque los responsables se jueguen el pellejo electoral. Y lo peor aún no ha llegado.

Las pensiones, la deuda, nuestras cartas y una pregunta simplona

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Dos debates sobre pensiones que he tenido en los últimos días. Los más importantes. Los más filosóficos. Los aparentemente menos prácticos. Los más actuales.

El primero, se puede resumir en este vídeo del profesor Bastos (como siempre, excepcional por su claridad y la forma tan didáctica que tiene de explicarse): la Seguridad Social no es un esquema Ponzi… porque eso equivaldría a decir que es un sistema, en el que hay algo, aunque sea poco. La Seguridad Social es simplemente una partida más de los Presupuestos Generales del Estado. Pagamos unos impuestos (y a uno de ellos lo llaman “cotizaciones”) y el Estado abona unas prestaciones (y a una de ellas las llama “pensiones”). La justificación de sus normas es más política que económica.

El segundo, más convencional: sobre la contributividad o no de ese sistema. Y en qué punto deja de ser contributivo y pasa a ser un asistencial con complementos.

Yo hace años que me puse de parte del profesor Bastos en el primer debate y debo reconocer que él fue el primero al que lo escuché explicar lo que había tras la pastilla roja: no hay un sistema con activos-pasivos y derechos-obligaciones, lo que hay son impuestos y prestaciones… ¿con unas reglas especiales? Pues claro, como todos los impuestos y prestaciones.

En el segundo debate, y si entramos en la ficción del sistema, creo que es evidente que hay que dejar claro cuál es tu esquema: si te empeñas en decir que es contributivo, que lo sea de verdad y que ese impuesto llamado cotización sirva para generar un extra importante para los que más han cotizado (o, lo que es lo mismo, hay que detener el proceso de los últimos años); y si es asistencial, como en muchos países de Europa, también dejémoslo claro, para que los trabajadores puedan decidir si deben ahorrar por su cuenta (bien sea con instrumentos colectivos o individuales).

En cualquier caso, los dos debates no están tan lejos como pudiera parecer. Decir que las cotizaciones-pensiones siguen un esquema clásico de impuestos-prestaciones puede parecer un ataque a la legitimidad del sistema. Pero en realidad también le dan una solidez que no tendría ese esquema Ponzi del que tanto se habla (y eso es lo que sería la Seguridad Social si lo viéramos como un ente independiente). Tener al Estado detrás, como garante, es un elemento de respaldo muy sólido. Porque quiere decir que habrá pensiones mientras haya contribuyentes a los que el Estado pueda cobrar impuestos… se llamen como se llamen esos impuestos.

En buena parte por eso me gustó especialmente el último informe de la AIReF. Por un lado porque planteaba proyecciones más realistas. Por otro, porque unía las advertencias sobre demografía a las de déficit público, mercado de trabajo, productividad o gasto en pensiones. Habrá pensiones mientras haya solvencia del Estado. Y los recortes (los gordos, los que todos tenemos en la cabeza, del 10-15-20%) llegarán cuando éste caiga, si es que cae. Si el escenario es a la griega… los recortes serán a la griega.

Riesgos cruzados

Además, hay segunda derivada muy interesante del informe de la AIReF, sobre esos riesgos, que son muy diversos:

  • Demografía: peor evolución de lo previsto en un inicio (menos nacimientos o menos inmigrantes) o incremento de la esperanza de vida (esto sería una gran noticia, pero presionaría todavía más las finanzas públicas).
  • Mercado de trabajo disfuncional: por precariedad, por una baja tasa de actividad o por bajo incremento de la productividad.
  • Política institucional: parálisis en los ajustes normativos sobre pensiones (para los jubilados actuales o los futuros) o desequilibrio constante en el presupuesto público.

Como decimos, son riesgos diversos… pero no independientes. Esto es lo que me da más miedo. A primera vista, podríamos imaginar un futuro en el que cada uno marcha en una dirección y en el que los efectos positivos contrarresten a los negativos. Por ejemplo: un incremento de la productividad que compensa la caída de la natalidad.

Pero creo que lo normal es lo contrario. Aunque hablamos de cuestiones que, aparentemente, no están relacionadas de forma directa, tengo para mí que lo lógico es que la mayoría apunten en la misma dirección:

Si el mercado de trabajo no funciona, la productividad se resentirá… y la demografía también: vendrán menos extranjeros, tendremos menos niños, etc. Y lo normal es que las cuentas públicas, en esa coyuntura, no se encuentren en una situación especialmente boyante.

Pasa lo mismo si miramos primero al presupuesto: una situación de déficit descontrolado generará dudas en los inversores, dañará la capacidad de financiación de las empresas, hará que el potencial de crecimiento se resienta y también perjudicará a la creación de empleo. Y todo ello, acabará viéndose reflejado en la demografía.

También es verdad que podríamos cambiar los dos párrafos anteriores por completo e imaginarnos el elige tu propia aventura optimista: hacemos reformas, crecemos, atraemos inversión y empleo, saneamos las cuentas públicas, podemos dedicar un poco más del Presupuesto a pensiones porque hay menos políticas sociales (pobreza, paro, dependencia, etc.) a las que atender…

Lo que quiero decir es que no tenemos nueve balas, una para cada uno de los factores utilizados por la AIReF en sus modelos. Si fuera así, sería más fácil ser optimista. Puede que usáramos mal una de nuestras opciones, pero tendríamos otras ocho de las que tirar. En realidad, nos lo jugamos todo a una carta que podríamos resumir en una pregunta un tanto simplona pero que explica muy bien el dilema de ese Reino de España que tendrá que colocar ingentes cantidades de deuda pública, tanto para refinanciarse como para cubrir los nuevos déficits en los próximos años: “¿Lo vamos a hacer bien o mal?”

Porque, además, la respuesta tendrá algo de profecía autocumplida: si somos serios en las reformas de pensiones, eso generará confianza en los inversores; con ese equilibrio presupuestario, será más sencillo acometer otras reformas y atraer inversores-trabajadores. Entonces, con las cuentas públicas saneadas y la productividad disparada, alguien dentro de 20 años podría decir: “Pues no era tan importante esa reforma, al final el gasto/PIB en pensiones no se ha disparado tanto como decíais”.

Y, al revés, si no hacemos nada en pensiones, eso tendrá reflejo en el resto del presupuesto: tendrá que haber subidas de impuestos masivas que dañarán nuestra competitividad y nuestro mercado de trabajo; será más caro que nos financiemos; esos impuestos, unidos a las dudas sobre el sistema, empujarán a muchos de nuestros jóvenes mejor formados al extranjero, por lo que la tasa de dependencia empeorará todavía más… Y el recorte en las pensiones será todavía más importante de lo previsto.

“¿Lo vamos a hacer bien o mal?” Qué quieren que les diga, ahora mismo esto tiene muy mala pinta.

Macron y las paradojas de la integración

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fijó el pasado viernes su posición sobre la espinosa cuestión de la integración de la comunidad musulmana en el país. El presidente ha anunciado la propuesta de una ley que supondrá la actuación del Estado en varios ámbitos de las comunidades islámicas en Francia.

Así, de aprobarse la norma, el gobierno francés podrá controlar la actividad de las escuelas islámicas. También controlaría la actividad de otras asociaciones, como las deportivas o de otro tipo, siempre dentro de la red de instituciones vinculadas a la comunidad musulmana. Estos controles están plenamente justificados, pues la norma se refiere a aquéllas que reciban algún tipo de financiación pública; el Estado laicista francés ha estado financiando organizaciones que conspiran contra sus propias bases, y esta medida puede conducir a que se cierren algunas organizaciones por falta de medios, a que se controle su actividad por parte del Estado, o a que llegue la financiación por parte de las comunidades locales o procedente de fondos extranjeros.

Este elemento, el de la financiación exterior, es también muy importante, y de hecho está previsto que el Gobierno pueda controlar más de cerca la financiación extranjera de las mezquitas, así como el envío de imanes desde el exterior. Turquía, Marruecos y Argelia envían imanes a Francia, y convierten a las comunidades musulmanas en tentáculos de esos países en suelo europeo.

El Gobierno restringirá, asimismo, la educación en casa, al margen del sistema educativo reglado; lo que conocemos como homeschooling. La asistencia a clase será obligatoria, y el seguimiento de las clases en casa sólo se podrá realizar por motivos sanitarios. Para Macron, las escuelas son “el corazón del secularismo, (donde) los niños se convierten en ciudadanos”.

El objetivo es acabar con lo que llama “separatismo” islámico, con la creación en suelo francés de sociedades que tienen normas al margen de las del propio país; la creación de una “sociedad paralela”. En definitiva, el multiculturalismo, que es exactamente eso: tener al propio territorio como un solar en el que se pueden levantar comunidades que vivan al margen de la sociedad de acogida. Esta es la ideología que ha imperado en los Países Bajos y en Suecia, por poner dos ejemplos, pero nunca ha sido la ideología con la que Francia acoge a cinco millones de ciudadanos.

No es la ideología, pero sí la práctica de la política francesa. Lo reconoce el propio presidente francés, al decir: Nosotros mismos hemos construido nuestro propio separatismo; el de nuestros barrios. Es la guetización que permitió que se produjera en nuestra república, inicialmente con las mejores intenciones del mundo”.

Las sociedades occidentales, de raíz grecorromana y judeocristiana, han llegado a distinguir entre el ámbito del derecho, que es el que se refiere a los comportamientos lícitos e ilícitos, el de la moral, por aquéllos comportamientos lícitos que son beneficiosos o perjudiciales para la convivencia, y el ámbito de las creencias personales. Derecho, moral, religión, tres cuestiones con relaciones históricas entre sí, pero con ámbitos perfectamente distinguibles. Esto no se da en el Islam, donde la creencia no es un derecho de la persona, sino un deber irrenunciable, y está inextricablemente unido a un conjunto de normas que comprenden desde los ritos y obligaciones religiosas hasta la moral y el derecho, en un conjunto que no admite las sutiles diferencias que hemos aprendido en Occidente.

Ese acervo de normas, muchas de ellas dictadas por Dios al Profeta, no ceden espacio a la autonomía del individuo, no son de carácter dispositivo, y no se pueden reinterpretar desde el respeto a los derechos de la persona, o la conveniencia del conjunto de la sociedad, o las enseñanzas de la experiencia acumulada por la sociedad, como se ha hecho en las sociedades cristianas. Aunque algunas normas, como la ablación del clítoris, no son estrictamente propias del islamismo sino de las sociedades que han asumido esa religión, muchas de las otras normas que socavan la dignidad del individuo sí lo son.

Emmanuel Macron, como infinidad de intelectuales que buscan un mejor encaje de la comunidad musulmana en Francia, achacan el “separatismo” al islamismo radical. Pero seguir los preceptos de la sharía forma parte de los deberes de todo musulmán, por muy laxa que sea su interpretación de la religión. Esto pone a prueba varias ideas que tenemos por ciertas. “El problema es una ideología que reclama que sus propias leyes son superiores a las de la República”, dice el presidente francés. Pero no es una ideología, sino una fe religiosa, y dentro de ella no es necesario ser radical en ningún sentido para asumir ese planteamiento.

Una de ellas es la de integración, en términos republicanos o laicistas, tal como se utilizan estas palabras en Francia. Esa integración permite al creyente mantener su fe, y seguir los preceptos de la religión. Pero nunca atentar contra el Derecho del país. Es decir, que la fe del individuo no le otorga al ciudadano francés derecho a contravenir el Derecho. Pero esa misma fe conduce a muchos franceses a adoptar normas que son contrarias a la ley, o que suponen una discriminación que atenta contra los principios de igualdad en que se basa el discurso republicano.

Otra de las ideas es la de la misma concepción laica del Estado. Por un lado, Europa ha asumido como propia una idea que trabajosamente se desarrolló dentro del seno de la Iglesia, y es la separación entre ésta y el Estado. De las palabras de Jesucristo sobre lo que había que darle a Dios y al César, a la teoría de las dos espadas, al enfrentamiento entre el papado y el Imperio, se ha ido creando la idea que otros han llevado hasta sus últimas consecuencias.

Esa idea de la separación de Iglesia y Estado bascula sobre la conciencia individual, sobre la decisión del individuo de aceptar o no la fe, y sus preceptos. Un espacio que está claro en la concepción cristiana del hombre, pero que es mucho más estrecho en la visión musulmana.

Lo más interesante del planteamiento de Emmanuel Macron pasa por la creación de un Instituto de Islamología que favorezca el desarrollo de una “Ilustración islámica”. Pero, por un lado, es difícil que la umma, la comunidad de creyentes del Islam, siga los preceptos del Imán Macrón. Y, por otro, esa Ilustración se ha producido en más de una ocasión dentro de la civilización islámica, y nunca ha desembarcado en el puerto de la libertad de conciencia.

No deja de ser ilustrativo que la Revolución francesa, que se desarrolló entre otros pilares sobre el de la libertad de conciencia, desembocase en una persecución brutal de quienes se enfrentasen a ella, y que quisiera sustituir la religión católica, mayoritaria entonces en el país, por una nueva religión con la Razón en el centro. Quizás, incluso los que estamos fuera de la religión católica, debamos asumir que es la civilización donde ésta adoptó un papel central la que ha permitido una sociedad abierta y permisiva, aunque esa tolerancia y voluntad de integración nos conduzca a las actuales paradojas.

Consumo activador

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Si hay una idea económica realmente perdurable es que el consumo es una bendición macroeconómica, porque fomenta el crecimiento. Leí hace un tiempo esta declaración de Enrique Sánchez, presidente de Adecco España, en ABC: “Es necesario bajar los impuestos para estimular el consumo”. Hace poco, y a propósito de la subida del salario mínimo, nuestros sindicatos salieron en tromba a defender la medida, argumentando, cómo no, que si los salarios suben lo hará también el consumo, y, por tanto, la economía y el empleo.

Al revés de lo que se piensa, el sentido común sí es el más común de los sentidos, y no está mal que lo sea. En numerosas circunstancias de la vida, el sentido común, es decir, los conocimientos y creencias compartidos y valorados en una comunidad, es una base razonable y prudente para conducirnos en nuestros quehaceres cotidianos.

En cambio, cuando se trata de abordar cuestiones complejas, el sentido común no siempre resulta útil, y a menudo distorsiona la realidad y dificulta nuestra comprensión de la misma. Los seres humanos debieron quebrantar reiteradamente el sentido común para darse cuenta de que la Tierra no es plana, ni está quieta.

Algo parecido sucede en economía, porque a primera vista resulta evidente que si consumimos más, beneficiamos a quienes venden bienes y servicios, y de esa forma incentivamos la contratación de más empleados que produzcan dichos bienes y servicios.

Es curioso que se mantenga esta idea, cuando una y otra vez la realidad nos demuestra que es falsa. Lo que sucede es que esa realidad es tan traumática que bloquea la reflexión. Me refiero, claro está, a las crisis. Antes de la actual, en la que aún estamos inmersos, la última que padecimos, a partir de 2007, fue tan profunda que rara vez se piensa en lo que pasó justo antes del estallido. Y lo que pasó fue un dinamismo espectacular de la demanda. En España y en muchos otros países se consumía y se invertía muchísimo antes de 2007, y, sin embargo, nos hundimos en una crisis tremenda.

Si vamos más allá del sentido común, observaremos que la realidad es más complicada de lo que parece, y que el empleo no depende directa y sencillamente del consumo, sino de la inversión correcta del capital de las personas, que es algo muy diferente.

Rindamos un justo homenaje a uno de los primeros economistas que reflexionaron correctamente sobre este difícil asunto. En 1848, en sus Principios de Economía Política, John Stuart Mill presentó así su famosa cuarta proposición sobre el capital:

Lo que sostiene y emplea al trabajo productivo es el capital invertido en su contratación y ocupación, y no la demanda de quienes compran el producto terminado del trabajo. La demanda de mercancías no es demanda de trabajo.

Rejonazo fiscal contra la libertad de elección

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En un mundo ideal en el que hubiese que recurrir a la fiscalidad sobre el consumo, existiría un tipo único del IVA sin ninguna exención para ningún bien o servicio. De esa manera, todos los productos finales recibirían un idéntico trato impositivo y las distorsiones competitivas derivadas de la fiscalidad se minimizarían. Por ejemplo, en lugar de establecer cuatro tipos impositivos para las distintas clases de bienes (0%, 4%, 10% y 21%), más valdría unificarlos todos ellos en un único tipo más bajo que el general actual (por ejemplo, el 16%) y que los ciudadanos configuren su cesta de la compra sin sesgos tributarios.

En contra de semejante unificación de los tipos impositivos, suele recurrirse al argumento de que esta resultaría altamente perjudicial para las rentas bajas. Si las familias menos acomodadas consumen sobreproporcionalmente algún tipo de bienes (por ejemplo, alimentos), un mismo tipo impositivo para todas las mercancías resultaría altamente regresivo. De ahí que, a falta de poder técnicamente modificar el tipo del IVA en función del nivel de renta del consumidor, muchos países hayan optado por establecer distintos tramos de IVA en los que se incluyen diferentes clases de productos; y aquellas clases de productos que suelen adquirir en mayor medida las rentas bajas tributan a un tipo impositivo más reducido.

El problema de este enfoque es, sin embargo, doble. Por un lado, los tipos de IVA suelen depender más de la eficacia para cabildear a los legisladores que de la distribución del gasto de las rentas bajas: por ejemplo, no está muy claro por qué las flores tributan actualmente al 10% y en cambio la electricidad al 21%. Por otro, y como ha puesto recientemente de manifiesto la AIReF, mantener tipos reducidos para clases enteras de bienes termina siendo regresivo desde un punto de vista fiscal. Aunque sean las rentas bajas las que consuman proporcionalmente más esos bienes, son las rentas altas las que gastan absolutamente más en ellos, de modo que los tipos reducidos terminan convirtiéndose en un beneficio fiscal que afluye sobreproporcionalmente a las rentas altas (por ejemplo, el 30% de hogares con más renta se beneficia de más de la mitad de la rebaja impositiva vinculada al tipo reducido del IVA, mientras que el 30% de hogares con menor renta recibe menos del 15%). De ahí que, si el objetivo de los tipos reducidos fuera aliviar la situación financiera de las rentas bajas, en principio resultaría más efectivo un tipo único de IVA y redistribuir el exceso de recaudación hacia las rentas bajas.

Como digo, todo eso podría tener bastante lógica en un mundo ideal. Pero estamos muy lejos de vivir en ese mundo ideal, y en este mundo no ideal parece que el Gobierno de PSOE y Podemos quiere cargarse la exención que actualmente existe dentro del IVA en favor de la Educación y la Sanidad. Su argumento no es muy distinto al que he apuntado en las líneas anteriores: la exención favorece a las rentas altas y, dado el altísimo déficit público que soportamos ahora mismo, necesitamos de una mayor recaudación que provenga especialmente de esas rentas altas. Sin embargo, esta tesis es problemática en varios sentidos:

  1. De acuerdo con la propia AIReF, no está nada claro que esta medida vaya a suponer un incremento neto de la recaudación del Estado. Si se encarecen los servicios educativos y sanitarios privados, muchos de sus clientes —probablemente de clase media— dejarán de emplearlos y pasarán a demandar plazas en escuelas y centros sanitarios públicos, de modo que el Gobierno deberá aumentar el gasto para dotar tales plazas (o permitir que la calidad de esos servicios públicos se deteriore). En palabras de la propia AIReF: “El mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público”.
  2. La medida, por consiguiente, parece buscar simplemente reducir las plazas provistas por el sector privado para así ampliar las del público (ni siquiera para mejorar la calidad de las plazas que ya existen en el público, sino para incrementar su cantidad). Pero ¿en qué sentido contribuye ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si estos son quienes escogen voluntariamente la provisión privada frente a la pública? En ninguno: se trata simplemente de continuar alimentando el tamaño de Estado a costa del resto de la sociedad. Una obsesión ideológica del actual Gobierno sin relación alguna con el bienestar social.
  3. Por consiguiente, y dado lo anterior, en este caso tampoco parece que se vaya a incrementar la progresividad del IVA suprimiendo tales exenciones y aumentando la redistribución vía gasto: a la postre, el nuevo gasto público se destinaría a financiar sueldos de nuevos empleados públicos para proporcionar servicios desde el Estado a clases medias o clases medias-altas que antes lo recibían fuera de él. ¿En qué beneficia eso a las rentas bajas? En absolutamente nada. Repito: no estamos hablando de subir impuestos a las rentas medias y altas para redistribuirlos a las rentas bajas (algo que podría tener sentido desde una perspectiva socialdemócrata); estamos hablando de subir impuestos a las rentas medias y altas para redistribuirlos hacia esas mismas rentas medias y altas (algo que carece de sentido incluso desde una perspectiva socialdemócrata).

En definitiva, lo que en teoría podría tener sentido, en la práctica puede aplicarse —y probablemente vaya a aplicarse— de un modo desastroso. Dada la magnitud del cambio que supondría eliminar las exenciones actuales del IVA o reclasificar productos desde los tipos superreducido y reducido al tipo general, convendría que, como poco, el Gobierno calculara la recaudación neta que espera obtener con ello, que nos concretara en qué pretende gastarla y, por último, que estimara el impacto económico que con todo ello se generaría. Y si el único propósito de la medida es, como parece ser, golpear los servicios privados para inflar aún más los públicos, más valdría que nos quedáramos como estamos. Solo los políticos saldrían ganando al ver ampliado su control sobre la ciudadanía a costa de que esta posea menores opciones para elegir.

El falso “septiembre histórico”. El Gobierno destruye el potencial de recuperación

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“The vow that we made, you broke it in two”. Elvis Costello.

La euforia del Gobierno con los datos del paro de septiembre contrasta con la realidad. “El mejor septiembre de la historia” con la cifra de paro más alta en años. Una caída del paro que ni cubre el aumento de agosto y la tasa de paro más alta de Europa, 669.774 parados más que en septiembre de 2019 (+22,6%), 22% menos contratos que en septiembre de 2019, y a final de mes todavía quedan 728.909 personas en ERTE después de cinco meses de reapertura.

Hablar de dato “histórico” cuando el incremento interanual del paro es el mayor desde 2009 es engañar. Sin la flexibilización de los ERTE de la reforma laboral los 728.909 trabajadores en ERTE estarían en paro y, por lo tanto, el aumento de paro sería un 40% superior al de 2009.

Es aterrador ver la destrucción empresarial. En agosto ha continuado la destrucción de empresas tras cinco meses de reapertura. Hay casi 8.500 empresas menos y se han destruido más de 100.400 en el último año. Una cifra mayor a la de todo EEUU. Esto implica menos potencial de empleo, de inversión y de crecimiento.

Los datos publicados por la Agencia Tributaria también nos muestran el nivel de daño infringido a la economía tras el confinamiento más agresivo e incompetente de la OCDE. Mientras países que han tenido una política sanitaria preventiva, seria y sencilla no han acudido a la represión para esconder su falta de gestión, también han preservado el tejido empresarial y la economía mejor.

Según el consenso de Focus Economics, España en 2020 será la economía que más caiga en 2020, más de un 12%, con el mayor déficit de toda la Unión Europea y con la segunda mayor tasa de paro sin contar ERTE.

España superará en déficit a todos los países y la cifra será más de un 40% superior a la media de la eurozona.

El Gobierno nos repitió una y otra vez que no iba a reducir impuestos porque “hay que recaudar”, y recaudaron mucho menos que ninguno. Unos genios.

La idea de que mantener o subir la tasa impositiva a empresas y familias aumenta la recaudación solo se le puede ocurrir a alguien que jamás ha creado o gestionado un negocio.

La destrucción de empresas, empleo y con ello, bases imponibles por negarse a reducir cargas fiscales en crisis nos lleva a un agujero estructural insostenible.

Ténganlo claro: Ninguna estimación optimista de rebote en 2021 reconducirá el aumento del déficit estructural y el agujero de déficit creado en 2020.

Las estimaciones más voluntaristas reflejan un déficit en 2021 que volverá a ser de más del 7% del PIB y no bajará del 5% (nivel de rescate) hasta 2023. Eso si alguien se cree un crecimiento sostenido entre 2021 y 2024 de más del 3% anual.

En esas mismas estimaciones optimistas de rebote, España tendrá el mayor déficit de la Unión Europea en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

¿Cómo se ha creado semejante agujero fiscal? Fiando toda la recuperación a la política monetaria, aumentando gastos estructurales y subvenciones sin memoria económica ni presupuesto, y manteniendo una fiscalidad anticompetitiva que ha hundido ingresos y bases imponibles.

Esta crisis nos ha demostrado que tener una fiscalidad extractiva y no competitiva como la española es ineficaz en crecimiento y muy dañina en recesión. Cuando la economía crece el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, y cuando la economía cae, también.

Por eso la falacia de “no se pueden bajar impuestos porque hay déficit” es un engaño. En crecimiento, aumentan el déficit estructural gastando más y, en recesión, gastan todavía más. Mantienen administración de ricos en un país de economía de guerra.

No, este agujero no lo han causado “los ERTE”. Los ERTE son mucho más baratos para el Estado que el paro, un trabajador en ERTE le cuesta al Estado menos de la mitad que un parado con prestación. El agujero sin ERTE sería mucho mayor.

No, este agujero no lo han causado “los avales” ni préstamos del ICO a empresas. Los avales y préstamos no computan como gasto -porque no lo son- ni déficit. Que le concedan a una empresa un aval o un préstamo para pagar impuestos en el futuro no es un chollo ni una ayuda. Es una carga.

Este agujero es entero por mantener una administración hipertrofiada y no reducir ni un solo gasto innecesario en periodo de debacle económica y desplome de actividad.

“No hay que bajar impuestos” nos ha llevado a una debacle sin precedentes. La recaudación por IVA cae 15,6% hasta julio -ya con rebote de la economía-, el IRPF se desploma un 27,4%. Renta y patrimonio, un destrozo del 20,4% y el impuesto sobre sociedades baja un 7,1%.

Ningún país de nuestro entorno con fiscalidad más atractiva ha visto un destrozo de tal calibre.

Es aterrador que esta destrucción, alentada desde las capas más intervencionistas del Gobierno, nos lleven a que incluso si el rebote fuera del 9% en 2021 el déficit no caería de los 70.000 millones de euros.

Los ingresos fiscales y bases imponibles de 2019 no se recuperarían hasta 2024 siendo optimistas.

Los fondos de la Unión Europea no cubrirán ni una quinta parte del agujero fiscal acumulado en el periodo.

El destrozo en las cuentas refleja la equivocada decisión de dejar hundirse a empresas y familias por negarse a bajar impuestos y permitirles sobrevivir. El agujero fiscal llegaría a -160.000 millones de euros (-14,7% del PIB) comparado con estimaciones previas de -100.000 millones de euros.

El 80,2% de los apoyos de Europa para 2020-2021 ya se han consumido, y la mayoría son préstamos que tendrán que devolverse.

El préstamo del SURE no cubre ni un 5,27% de los ingresos fiscales y todas las ayudas europeas combinadas -si las recibimos, y esa es otra cuestión- ni cubren un 20% del agujero fiscal de 2020 y 2021. De hecho, los fondos netos de la Unión Europea que pueda absorber la administración ya se han consumido con creces.

Conviene recordar por enésima vez que los fondos de Europa no se van a dar para cubrir desequilibrios estructurales, gasto corriente o subvenciones. Son para proyectos de inversión específicos y con rentabilidad económica real.

Un problema de solvencia no se soluciona con prestamos y ayudas, y el Gobierno ha creado un grave problema de solvencia entre los contribuyentes.

A todas estas cifras hay que añadirles el efecto negativo de confinar Madrid, que supera los 5.000 millones de euros y casi 45.000 empleos, según la patronal de empresarios de Madrid.

El Gobierno de España está jugando un juego muy peligroso al vender las ayudas europeas como un cheque en blanco para su gasto político. Nos arriesgamos a no recibir ni una fracción de esa ayuda.

En cualquier caso, las ayudas de la Unión Europea ni solucionan el problema estructural ni el de solvencia. Los dos problemas que el gobierno ignora con su política del avestruz.

Un déficit anual que supera en un 40% el de la media de la eurozona y que supera a todos los países de nuestro entorno no se va a disfrazar con política monetaria. Lo sabe Italia, y lo sabe cualquiera que entienda que el riesgo se acumula lentamente y salta muy rápido cuando generas un problema de stock (deuda) y déficit excesivo (flujo) creciente y al unísono.

Muchos creen que todo esto da igual porque la deuda la compra el BCE y Europa levanta el techo de gasto. Es de una ingenuidad y un desconocimiento absolutos. La cadena de confianza y solvencia de la UE que permite al BCE endeudarse para aplicar políticas monetarias es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si el Gobierno de España juega a ser Grecia, el resultado será el mismo.

La conclusión es clara. Negarse a implementar una fiscalidad competitiva y atractiva ha destruido más empresas y bases imponibles que ninguna economía de nuestro entorno y generado más déficit que ninguno.

Mantener y aumentar gastos estructurales y exceso presupuestario no es defender el gasto social. Es ponerlo en peligro.

Subir impuestos a un tejido productivo al borde del colapso es ahogar a un enfermo en la UCI y hundir las posibilidades de recuperación.

Subir impuestos a un país de empresas abocadas a la quiebra y con millones de parados es como pedir dinero en la puerta de un edificio derruido.

Si el Gobierno no pone las medidas urgentes para reducir gasto innecesario, crear empresas, empleo y preservar el tejido empresarial ni se van a sostener los servicios públicos ni se va a recaudar nada.