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El espejismo del PIB del tercer trimestre

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“You’re gonna reap just what you sow”. Lou Reed.

Esta semana, ante la tromba propagandística del gobierno con el PIB del tercer trimestre, me decía un importante inversor norteamericano que “uno pensaría que un país lleno de inversores en el Ibex 35 entendería la diferencia entre rebotar y subir”.

Todo porque los datos reales del PIB del tercer trimestre niegan el triunfalismo ministerial. Echemos un vistazo: 

– El PIB refleja una variación interanual de -8,7% tras cinco meses de reapertura e incluyendo dos meses de crecimiento. El segundo peor dato de la serie histórica.

– El desplome interanual por sectores es aterrador: comercio, transporte y hostelería -22%. Actividades profesionales, científicas y técnicas -13%; actividades artísticas y recreativas -18,5%; construcción -11%; información y comunicaciones -7,3%; industria manufacturera -4%. Solo la administración pública, la agricultura y las actividades financieras han crecido en términos interanuales. Además, recoge el peor dato interanual de la serie histórica en servicios e industria.

– El gasto de los hogares cae un 6,8% interanual.

– La inversión cae un 12,8% interanual.

– Las exportaciones caen un 17% interanual a pesar de la fuerte recuperación del PIB global.

– Solo el gasto público sube (+3,7%) en términos interanuales, muy por encima de la media de los últimos años.

Recordemos una cifra aterradora: según la EPA del tercer trimestre, el sector privado ha perdido 805.900 empleos mientras que el sector público ha aumentado en 108.500 personas. Una situación insostenible.

Es increíble que la ministra de Economía, Nadia Calviño, confunda (o utilice) de manera triunfalista un rebote como “crecimiento” y sacar a trabajadores del ERTE como “creación de empleo”. Porque España en 2020 ni crece ni crea empleo, más bien decrece y destruye puestos de trabajo.

Esto no es “crecer”, es un rebote por efecto base que muestra que tras meses de reapertura la devastación económica es enorme y no tiene precedentes en nuestra democracia.

¿Qué es rebote por efecto base? Mi querido Marc Vidal lo explicaba perfectamente: Si partimos de 100 y bajamos un 18%: 82. Si subimos de 82 un 16,7%: 95,7. No es crecer, es rebotar ligeramente.

No solo el PIB del tercer trimestre muestra una caída interanual sin precedentes, sino que las estimaciones de las casas de análisis para el cuarto trimestre son de volver a tasas negativas .

Aquí conviene recordar que la ministra de economía anunció en rueda de prensa que empeoraba las estimaciones de caída de PIB para 2020 porque “septiembre ha sido peor de lo esperado”.

¿Y qué ha pasado? Conviene explicarle a los lectores que el cálculo del PIB del tercer trimestre se ha hecho con datos de solo dos meses. El mes de septiembre se ha calculado con indicadores estimados, no reales.

Explica el INE que “la mayoría de los indicadores estadísticos coyunturales ofrecen a día de hoy resultados hasta el segundo mes del trimestre (agosto). Ahora bien, como ya ocurriera en los dos primeros trimestres del año, el INE, en respuesta a este desafío estadístico, ha añadido a la información de base habitualmente empleada resultados adelantados de las fuentes de información normalmente utilizadas referidos al mes de septiembre, estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales”.

Es como mínimo intolerable que el Gobierno lance al triunfalismo en un país que encara el segundo confinamiento con 100.000 empresas menos que hace un año, un 16,9% de paro y 730.000 personas en ERTE. Según ATA, en septiembre se perdían 100 autónomos al día. En octubre la cifra se triplica.

Capital Economics en un informe muy serio, alertaba que el repunte del PIB del tercer trimestre en Francia, Italia, Alemania y España se verá seguramente revisado a la baja y además empeorará en el cuarto trimestre.

El PIB de la eurozona rebotaba un 12,7% sin mejora del empleo (tasa de paro al 8,3%). De hecho, el rebote del PIB de Francia (+18,2%) dejaba la economía todavía en una caída del 4,5% interanual y perspectivas de una caída del 2,5% en el cuarto trimestre.

Contrasta la prudencia del Gobierno francés o del italiano ante un rebote técnico por efecto base con el triunfalismo del Gobierno español. Mientras el Gobierno francés llamaba a la cautela y el riesgo al que se enfrenta la economía en el cuarto trimestre, y el gobierno italiano alertaba de un cuarto trimestre muy duro, el ejecutivo español se apuntaba un rebote técnico como un récord mundial.

Encima no es un récord mundial. El PIB de EEUU rebotaba en el tercer trimestre un 33% anualizado (+7,4% trimestral) dejando el PIB anual en una caída de solo 3,5% comparado con el último trimestre de 2019 y con un paro del 7,6%. España cae casi el triple con un paro del 16,9% y centenares de miles de trabajadores en ERTE ante el triunfalismo propagandístico del gobierno.

¿Por qué ha sido el rebote del PIB mejor de lo esperado? Fundamentalmente por el aumento desbocado del gasto público y la deuda. Un fracaso como recuperación.

Lo que nos muestra el PIB de la eurozona y de España es que la recuperación de los sectores productivos está aún muy lejos y que el rebote del PIB se está haciendo sin creación de empleo. Nos muestra también que el daño a los sectores productivos generado en menos de dos meses de cierre forzoso es enorme y con implicaciones en empleo e inversión de largo plazo.

Nos debe preocupar también que la Unión Europea y la Eurozona pierden poder económico global y, aún peor, poder económico productivo. China ya supera a la Unión Europea en tamaño del tejido productivo, en tamaño empresarial tecnológico y en utilización de la capacidad productiva.

España se enfrenta al cuarto trimestre y a 2021 con sus principales motores de creación de empleo e inversión dañados, con un tejido empresarial más pequeño y débil, con la tasa de paro más alta de la Unión Europea en septiembre con un número de personas en ERTE enquistado en 730.000.

No solo las perspectivas son complicadas, sino que los Presupuestos incluyen una batería de subidas de impuestos al consumo, creación de empleo e inversión que dificultarán la recuperación del sector privado y productivo.

El que se crea que España va a fortalecer la recuperación atacando a la empresa y disfrazando las cifras de empleo contratando a vigilantes de la playa y becarios para agilizar Ingreso Mínimo Vital se va a encontrar con una gran frustración.

Es momento de tomar medidas serias para preservar el tejido productivo ante un cuarto trimestre que va a ser muy complicado, y un año 2021 en el que no contaremos con el efecto base de la reapertura que ha enmascarado el daño a la economía.

En esta columna hemos repetido que hay que aprovechar el espacio fiscal para fortalecer la inversión y la creación de empleo, no inflar el gasto político.

No caigamos en el triunfalismo propagandístico del Gobierno. La economía real está sufriendo una crisis mucho mas dura de lo que esperábamos y no se va a disfrazar con deuda y gasto público. Hay que tomar medidas de oferta como las que hemos pedido en esta columna desde febrero para evitar que la economía española no salga de la crisis estancada, endeudada y sin empleo.

Impuestos para unos pocos

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

El ataque de la izquierda a Isabel Díaz Ayuso no es casual, y en él la cuestión fiscal es probablemente la más importante, porque los así llamados ‘progresistas’ necesitan colocar un discurso sobre los impuestos que choca frontalmente con el PP en Madrid. Como no pueden negar que la presión fiscal en la autonomía es relativamente inferior a las demás, arremeten con un clásico del socialismo, a saber: si hay alegría, nunca es para el pueblo.

La profesora y periodista Milagros Pérez Oliva publicó en El País un artículo en esa línea: no decía que no era posible bajar los impuestos, sino que esa medida solo beneficiaba a unos pocos, aumentaba la desigualdad y (lo más importante políticamente para la izquierda) perjudicaba a la clase media, es decir, al grueso de la población.

Para ello nunca faltan las estadísticas sobre la desigualdad, que suelen ser cuestionables, entre otras razones porque ignoran que la desigualdad puede aumentar mientras que la pobreza disminuye.

Pero la señora Pérez Oliva no analiza la desigualdad. La da por descontada y, además, la convierte en el centro de su argumento:

Efectivamente, si Madrid hace rebajas fiscales, puede atraer dinero de toda España, pero no es nada seguro que la inmensa mayoría de los madrileños vaya a vivir mejor, porque lo que cuenta, al final, es cómo se distribuye la riqueza que se crea.

Es un argumento más que dudoso, porque la evidencia empírica sugiere que los países o regiones que atraen dinero de fuera suelen ser países o regiones ricas, y no escandalosamente desiguales. Si el gasto y la inversión de los extranjeros se dirige hacia Canadá o España más que hacia Venezuela o Argentina, es difícil sostener que esto solo beneficia a una minoría de canadienses o españoles.

El análisis de doña Milagros exhibe su flanco más débil allí donde ella pone el mayor énfasis. Dice que “lo que cuenta” es la distribución y no la creación de la riqueza, lo que es pura ideología supuestamente progresista. Todo indica que lo que cuenta para la gente es poder prosperar y crear riqueza, y no que el poder se la arrebate.

Por fin, la profesora Pérez Oliva podrá reivindicar la economía a propósito de Díaz Ayuso, recordando la idea de las consecuencias no previstas ni deseadas, si las incursiones punitivas de la izquierda contra la presidenta madrileña acaban por fortalecerla.

Economía liberal y dictadura

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El domingo, un 78% de los chilenos apoyaron el cambio constitucional en su país. La Constitución de Chile fue redactada en el año 1980, bajo la dictadura de Pinochet y aprobada por el pueblo chileno mediante plebiscito en septiembre de ese año. Fue reformada en 52 ocasiones. Pero en la mente del pueblo chileno, a la vista de los resultados, sigue siendo la Constitución de Pinochet, y han decidido sustituirla.

A eso han contribuido algunos grupos contrarios al cambio que han aireado, de manera más o menos clara, su apoyo al dictador, normalmente, por los buenos resultados económicos que vivió Chile durante dicho Gobierno.

Sin duda, había razones contundentes para el rechazar la propuesta, que pesaron menos que el miedo a una vuelta al pasado. En parte, con razón porque, en Chile, el pasado está muy cerca. Si bien el golpe militar fue requerido por el Parlamento, tras “poner orden”, los militares no regresaron a los cuarteles: prolongaron el Gobierno militar a su antojo.

También es cierto que cuando, en 1988, siguiendo las normas constitucionales, se convocó el referéndum para permitir o rechazar que el dictador continuara gobernando, y a pesar de que, gracias a la unión de 17 partidos de oposición, ganó el No, la victoria fue muy enclenque, y Pinochet obtuvo el 44% de los votos.

Un 44% es un porcentaje muy alto después de las barbaridades cometidas por la dictadura, que exceden cualquier justificación, como las que he llegado a escuchar, del tipo “Estábamos en guerra”. Las formas de tortura perpetradas, por ejemplo, en Villa Grimaldi, reconocidas, clasificadas y sabidas por todos, son un escándalo que descalifica cualquier posible simpatía (que yo nunca he sentido) por quien permitió aquel horror.

El éxito económico no es el manto bajo el cual se ocultan semejantes atrocidades.

Una consecuencia de ese éxito, precisamente, es la errada asociación entre el tipo de políticas económicas aplicadas y la dictadura. Porque las medidas económicas de entonces no eran el fruto de la mente de Pinochet, ni de ninguno de sus generales, sino de los conocidos como los Chicago boys chilenos.

En los años 50, muchos años antes del ascenso de Pinochet al poder en 1973, un grupo de universitarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile fueron aceptados por la Universidad de Chicago para realizar estudios de posgrado en economía.

Los profesores que impartían esas clases eran Milton Friedman y Arnold Harberger. Los jóvenes economistas se educaron en las enseñanzas del Nobel de Economía y, cuando regresaron, trataron de difundir sus ideas en la universidad, escribiendo lo que se conoce como El Ladrillo, un compendio de sus ideas, en el año 1969.

Durante la dictadura fueron llamados a asesorar, por su prestigio, al Gobierno de Pinochet. Y el libre mercado y la libre empresa funcionaron. En 1975, Friedman visitaría Chile para explicarle al mismísimo Pinochet cómo veía las cosas.

Una lectura del contenido de la carta enviada por Friedman al general tras esa visita, deja claro su preocupación estrictamente económica. Y, sin embargo, en el imaginario colectivo se asocian equivocadamente las enseñanzas de Friedman y su liberalismo económico con la dictadura militar.

Es tanto como pensar que Eisenhower y el Fondo Monetario Internacional eran franquistas. Porque hay que recordar que la edad dorada del crecimiento económico español durante la década de los 70 se debió al apoyo monetario estadounidense en los años previos los Pactos de Madrid, y a la dirección técnica del FMI del Plan del 59, a petición del presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. ¿Era Franco aperturista? No. ¿Era Pinochet liberal? Tampoco.

Las políticas económicas son intervencionistas o no, de mercado abierto o autárquicas, acertadas o no, oportunas o no, y sus resultados son mejores o peores independientemente del régimen político en el que operen.

Chile prosperó económicamente incluso bajo un régimen totalitario. España a día de hoy, es un fracaso económico a pesar de ser una democracia. La causa, en ambos casos, radica en lo acertado o no de las decisiones económicas de las autoridades pertinentes.

En Chile triunfó la economía de libre mercado. En España el estado de bienestar unido a la cultura de la deuda nos estaba llevando a la ruina, y la emergencia del coronavirus ha acelerado la hecatombe.

A esta enorme y generalizada confusión colabora la actitud de activistas que proclamaban hace no mucho su liberalismo y ahora dirigen centros más conservadores, desde donde critican a sus antiguos compañeros; activistas conservadores radicales que alardean de tararear el Cara al Sol en su tiempo de ocio y a la vez proclaman su liberalismo, blanqueando la dictadura liberticida de nuestro país; partidos políticos, como Vox, que bailan entre dos aguas, mostrándose aperturistas gracias a su fundación, donde han reclutado a liberales bien intencionados, pero después defienden políticas no tan liberales con una retórica bastante retrógrada.

Como decía Juan Ramón Rallo: “Un partido nacionalista para el que las libertades económicas son un elemento secundario y subordinado a la unidad de destino de la nación”. Suena a franquismo del siglo XXI.

Quienes defendemos la Constitución de 1978, que no es de Franco, sino de todos los españoles demócratas que creemos en un Estado de derecho, deberíamos aprender del ejemplo chileno, y no utilizar falsas asociaciones para meter miedo, o para captar votos. Es un frivolidad que sale muy cara.

En lugar de reformar la Constitución, el pueblo chileno ha votado por un salto al vacío que puede llevarles al abismo. Era el momento de desterrar del presente al dictador. Una ocasión perdida de la que pueden arrepentirse. Aprendamos.

¿Un estado de alarma de seis meses?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los estados de alarma son un tipo de estado de emergencia: situaciones excepcionales en las que se suspenden temporalmente algunas libertades ciudadanas para así hacer frente a una amenaza que hace peligrar en mucha mayor medida otras libertades. Como ya hemos indicado en anteriores ocasiones, una pandemia tan contagiosa como la del coronavirus podría encajar en una de estas situaciones excepcionales: si los individuos no se responsabilizan de no contagiar —y, por tanto, de no dañar— a otros individuos y la única forma de proteger a las víctimas es ampliando el distanciamiento social hasta suprimir el virus, entonces podría haber una base política para recurrir al estado de emergencia.

Pero incluso en aquellas ocasiones en que quepa justificar un estado de emergencia, desde luego no cabe justificarlo de manera incondicional: las medidas que se adopten bajo este paraguas jurídico han de ser las mínimas indispensables para alcanzar el objetivo propuesto y, por consiguiente, también deberán hallarse en vigor el tiempo estrictamente necesario —y ni un segundo más— para ello.

En este sentido, es posible que el Gobierno haya optado por medidas leves —por un distanciamiento social moderado— en el nuevo estado de alarma decretado para tratar de atajar la epidemia: frente al confinamiento duro del primer estado de alarma, se ha escogido un confinamiento mucho más blando (toque de queda a partir de las 11 de la noche y limitación de desplazamientos entre autonomías). Pero lo que resulta del todo inaceptable, no ya desde un punto de vista jurídico sino político, es que se busque extender la excepcionalidad del estado de alarma, mediante una única prórroga, a un plazo de seis meses.

Recordemos: el estado de alarma puede justificarse si a) existe una amenaza para nuestras libertades que b) requiere de (las mínimas) restricciones extraordinarias de otras de nuestras libertades para contrarrestarla. Dentro de nuestro ordenamiento, le corresponde al Congreso evaluar si ambas circunstancias subsisten y si, por tanto, cabe mantener legítimamente en vigor el estado de alarma. Pero si el Congreso aprueba inicialmente un estado de emergencia de seis meses de duración, estará abnegando de su deber de fiscalizar periódicamente tales medidas excepcionales limitativas de nuestras libertades.

Por ejemplo, imaginemos que conseguimos erradicar el virus en un periodo inferior a seis meses, ¿qué justificación habría para mantener el toque de queda o la prohibición a desplazarse entre autonomías? Ninguna y, por tanto, deberían ser eliminadas: pero esa decisión quedaría en manos del Gobierno, no del Congreso. Lo mismo cabría decir respecto a la eficacia de las medidas planteadas: imaginemos que, tras varias semanas, comprobamos que el toque de queda ejerce una influencia minúscula o irrelevante sobre la propagación de la pandemia (de hecho, ¿qué evidencia aplicable a España tenemos de que se trata de una medida eficaz?), en tal caso, también deberíamos proceder a eliminarlo. Pero, de nuevo, esa potestad quedará en manos del Ejecutivo y no será fiscalizable por el Congreso.

De ahí que no deberíamos tolerar socialmente que el Gobierno obtenga una prórroga única de medio año para el estado de alarma: poderes extraordinarios requieren de controles extraordinarios, no de la abrogación de los distintos pesos y contrapesos que intentan minimizar el riesgo de abuso de esos poderes extraordinarios. Desde antaño, los Estados han intentado instrumentar las crisis para ampliar el rango de su arbitrariedad: no en vano, durante las crisis, las sociedades suelen ser mucho más domeñables a la hora de trocar su libertad por una aparente seguridad.

El riesgo de semejantes cambalaches es que se cuelen propuestas camufladas de seguridad cuando no la proporcionan y, de hecho, lo único que buscan es limitar la libertad: por eso, la vigilancia continuada es imprescindible y, por eso, no debería resultar admisible que el Congreso extienda un cheque en blanco al Gobierno durante un plazo de seis meses. Que el pánico no nos lleve a enterrar aquellos procedimientos que buscan garantizar nuestras libertades tanto en tiempos ordinarios como en momentos extraordinarios.

El patriotismo como sumisión al Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Reconstruir nuestro pasado es una de las tareas más necesarias y difíciles de las que se ha propuesto el espíritu humano. Da sentido a nuestro mundo y responde en parte a la pregunta de quiénes somos. La mirada a la huella del hombre se hace con todo tipo de instrumentos, desde el microscópico al telescópico; es decir, desde la minuciosa mirada al detalle a la observación de las grandes tendencias seculares. A diferencia de la fría investigación de las ciencias naturales, en la historia participamos de la naturaleza del objeto de estudio, lo que hace que esta disciplina sea, además, apasionante.

Yuval Noah Harari es historiador. Después de habernos contado todo el pasado, el futuro, y de darnos lecciones sobre el presente, se ha quedado sin novedades que compartir con nosotros. De modo que ha vuelto a sacar el libro que le catapultó a la fama, pero en versión cómic. Harari ha quedado para dar conferencias, participar en foros organizados por Naciones Unidas, y dedicarse a la pesca, si es que es aficionado.

El libro Sapiens, que ha sido traducido a más de medio centenar de lenguas, es de los que miran con telescopio. Abarca desde la emergencia de nuestra especie hasta la actualidad de la que ahora nos da lecciones. Es un método que por un lado está condenado a cometer alguna injusticia, pero por otro permite alumbrar nuevas ideas generales sobre nuestro camino hasta aquí. Por otro lado, el libro destila como poco desconfianza hacia el género humano. El descubrimiento de la agricultura es “el mayor fraude de la historia”. Es verdad que dio lugar a la civilización, con todo lo que ello conlleva de negativo (guerras, pandemias, opresión desde el poder…). Pero por un lado no parece valorar lo suficiente todo lo positivo que acompaña al crecimiento de la experiencia humana, y por otro no plantea una alternativa.

Juan Carlos Sanz le ha hecho al autor una entrevista para el diario El País, en la que Harari comparte varias de sus ideas. Una de ellas nos resulta muy familiar. Con un apreciable talento político, el periodista la ha llevado al titular: “Ser patriota es sostener un buen sistema sanitario”. Dicho por un profesor como Harari, respetado a pesar de las duras críticas que también recibe su obra, este argumento parece adquirir un respeto mayor que cuando se lo oímos a otro profesor, de nombre Pablo Iglesias.

Hay infinidad de muestras de lo que para Iglesias es “la patria”. Invito a quien tenga curiosidad a leerlas en este artículo. Pondré algunos ejemplos:

Valencia, 25/1/2015: “La patria es poder llevar a tus hijos pequeños a una guardería pública. La patria es que el gobierno garantice que a los enfermos de hepatitis les da la mejor medicación”. Madrid, 18/10/2014: “(La patria es) hablar de que tiene que haber hospitales. Eso es sentirse orgulloso de tu país. Sentirse orgulloso de tener las mejores escuelas públicas, sentirse orgulloso de tener los mejores hospitales”.

24/5/2020, en Twitter: “El patriotismo no es agitar una bandera muy grande para agredir a quien piensa diferente. El verdadero patriotismo es que cada uno pague los impuestos que le corresponden para sostener los servicios públicos y los derechos de todos”.

Los ejemplos se pueden multiplicar, pero van todos en el mismo sentido. El patriotismo es el pago de impuestos. Y que esos impuestos sean suficientes para que el Estado pueda proveer unos servicios públicos con muchos medios materiales. E implícita en las palabras de Iglesias (pero no en las de Harari) está la idea de que patriotismo es que sean los servicios prestados por el Estado, y no servicios privados, los que cubran las necesidades de los ciudadanos. En ocasiones esa idea la hace explícita, como cuando dijo: “Romper España es privatizar la sanidad. Romper España es privatizar la educación”.

Harari contrasta el patriotismo con la actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de evitar en la medida de lo posible el pago de impuestos. Iglesias, en varias declaraciones públicas, apunta al mismo argumento: “Quien tiene las cuentas bancarias en Suiza o en Andorra tiene un nombre: traidor”.

Esta idea tiene una historia particular, en el caso de Pablo Iglesias. El líder de Podemos, pero especialmente Íñigo Errejón, llegó a la conclusión de que las apelaciones a la nación, o a la patria, son un expediente político muy efectivo. Lo vieron en sus años de asesoramiento a las satrapías del socialismo del siglo XXI en la América Hispana. Iglesias llegó a mencionar, ya en España, el caso de Marine Le Pen. Reconocía que su populismo tiene en Francia un gran atractivo en parte porque hace apelaciones constantes a la patria. Nosotros, decía, tenemos que hacer lo mismo; impedir que sea la ultraderecha la que se beneficie de un instrumento político tan poderoso.

Iglesias dijo en su momento que España, tras el resultado de la guerra civil, es un concepto políticamente inasumible. De modo que tiene que hablar de “patria”, sin mencionar la suya, que es la de todos. Y tiene que encontrar un sentido a la palabra que refuerce su intención de que le entreguemos nuestro trabajo y sus frutos al Estado, y que éste nos conceda sus restos en forma de servicios públicos. Con Iglesias al frente, claro está.

Harari quiso recurrir a la ironía para contrastar el patriotismo de Donald Trump con su cicatería en el pago de impuestos. El historiador es especialista en la Edad Media, y no tiene por qué saber que una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, firmada por el juez Marshall, asentó el principio de que nadie está obligado a pagar más impuestos que los que prevé la ley, y que por tanto tiene todo el derecho a beneficiarse de todos los resortes legales para minimizar el pago de impuestos.

El caso de Iglesias es distinto. Él identifica la nación con el Estado; una idea estrictamente totalitaria. El patriotismo, en su discurso, es la plena sumisión al Estado, la entrega de los súbditos a la maquinaria de poder, y su dependencia absoluta para el cuidado de su salud, de la educación de niños y jóvenes y, en última instancia, para todo lo demás. El patriotismo impositivo no deja al ciudadano espacio para su elección, y por lo tanto para un verdadero patriotismo, o para cualquier otra cualidad moral. Los patriotas de Pablo Iglesias serán los esclavos de su nuevo Estado.

España, una destrucción de pymes sin precedentes

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Why you wanna treat me so bad?”. Prince.

¿Recuerdan la propaganda de “no vamos a dejar a nadie atrás”? A medida que avanza la crisis es más evidente que el Gobierno ha dejado atrás a contribuyentes, pequeñas empresas, autónomos y a todos los trabajadores, a los que les hunde las perspectivas y les sube los impuestos al consumo.

Según Adecco y el Banco de España, los salarios españoles podrían reducirse entre un 10% y un 15% en 2021 por la destrucción empresarial y caída de ingresos de aquellas que sobrevivan.

En un estudio reciente de McKinsey, reflejaba que de las más de 85.000 empresas que se han destruido desde febrero, el 83% son pequeños negocios con menos de cinco empleados. Una destrucción de empresas que viene de antes. España ha perdido más de 100.000 empresas en un año entre agosto de 2019 y 2020, es decir, casi el 7% del total.

Según el Banco de España, un 25% de las empresas de España están en situación de quiebra técnica y según al estudio de McKinsey antes mencionado, el 55% en economías como la española o la italiana se ven abocadas al cierre en septiembre de 2021 si las cosas siguen como hasta ahora y el 70% cerrarían si empeora.

Ni en la crisis de 2008 se había visto un destrozo de tal calibre en el tejido empresarial. En dicha crisis España perdió 117.000 empresas entre 2008 y 2013. Hoy, más de una década después, tenemos menos empresas que en 2008 e incluso menos que en 2012.

Menos empresas significa menos empleo, menos inversión, menos crecimiento y más pobreza.

El odio a las empresas permea en todas las decisiones de este Gobierno. Sánchez se apuntó en la moción de censura como iniciativas suyas los ERTE (que existen desde 1995 y se pueden aplicar hoy gracias a su flexibilizaron en la reforma laboral de 2012 en su término VI) y el beneficio por cese de actividad de los autónomos (algo que existe desde 2007 y desarrollado en Real Decreto 1541 de octubre de 2011), pero ¿qué ha hecho por las pymes desde el comienzo de la crisis?

Sánchez ha hecho dos cosas: tratar a los empresarios como culpables preventivos y permitir a las empresas endeudarse para pagar impuestos. Nada más.

La inmensa mayoría de las empresas que están colapsando en esta crisis no lo hacen por mala gestión o estrategia equivocada. Están hundiéndose precisamente aquellas que eran más prudentes, que no tenían deuda que refinanciar, que no tenían activos mobiliarios que apalancar y que vivían mes tras mes del trabajo duro y ganándose cada euro de ventas.

Las enormes cifras de liquidez que repite el Gobierno no las ha “dado” el Gobierno. Cuando hablan de liquidez simplemente es que se han habilitado préstamos para pagar impuestos en el futuro. Ni una sola exoneración de la pesadísima carga tributaria y administrativa.

¿Y esos avales que tanto repite el Gobierno? Ya sabemos por la crisis de 2008 que avalar préstamos no mitiga ni evita la destrucción de empleo. En aquella crisis el Gobierno hizo lo mismo que ahora, extender más de 140.000 millones de euros de avales que no impidieron que se destruyeran tres millones de puestos de trabajo y que terminaron más de un 80% en préstamos fallidos.

Cualquier persona puede entender que un aval para un préstamo no es un regalo, ni una ayuda. Las condiciones del préstamo siguen teniendo las mismas exigencias y la deuda la paga la empresa. Que el Estado avale solo es un colchón para el banco, no para la empresa, que entra en concurso de acreedores y quiebra igual si sus ingresos se desploman y los gastos e impuestos aumentan.

Una crisis de solvencia por cierre forzoso e inseguridad política no se resuelve con lo que llaman liquidez (deuda).

Las empresas que están desapareciendo cada mes no hicieron nada malo más que tener la mala suerte de tener un Gobierno anti-empresas en una crisis compleja.

Es alucinante que el Gobierno venda los ERTE como un favor de la Administración a las empresas.

Los ERTE son mucho más baratos para el Estado que enviar a esas personas al paro y darles subsidio de desempleo. Un empleado en ERTE le cuesta al Estado aproximadamente un tercio de lo que costaría pagarle el paro.

¿Qué deberían haber hecho?

– Exoneración de impuestos durante la crisis. Obsesionarse por recaudar cuando envías a las empresas a la quiebra es hambre para hoy y miseria para mañana. No se recauda, como hemos visto en las cifras de la Agencia Tributaria de agosto después de cinco meses de reapertura, y se destruyen las bases imponibles del futuro.

Con el cierre empresarial acumulado se han perdido más de 40.000 millones de euros anuales a medio y largo plazo de recaudación. Cuando las empresas ven sus ventas caer un 40% por las medidas gubernamentales, mantener la carga tributaria (sobre todo de los impuestos a la actividad previos al de Sociedades) es enviarlas a la muerte.

Ninguna empresa puede sobrevivir cuando sus gastos e impuestos se mantienen y sus ventas caen un 40%. Endeudarse no soluciona el problema de solvencia.

– Líneas de liquidez sin recurso para cubrir el capital circulante de microempresas. Hubiera sido mucho más barato que las medidas demagógicas como el ingreso mínimo vital y los miles de millones en subvenciones para empresas grandes que ya tenían acceso a crédito barato y capital inversor.

Dar una línea de liquidez para las microempresas sin acceso a deuda ni activos mobiliarios que cubriese sus necesidades de capital circulante durante la crisis.

– Dotar de protocolos sencillos y claros y eliminar trabas burocráticas. En un país donde pagar una multa son todo comodidades digitales, que las pymes sigan sufriendo retrasos administrativos es simplemente un desastre.

Las microempresas no han tenido ni en el cierre forzoso ni en la reapertura propagandística de “salimos más fuertes” y “hemos derrotado al virus” un solo protocolo claro ni apoyos para adecuar sus negocios a los mismos.

Conozco casos de microempresas que han gastado miles de euros en adecuar sus negocios para unas medidas que se han ido cambiando e improvisando según se le ocurría al comité inexistente de expertos de Sanidad, gastos que en su inmensa mayoría no han recuperado ni recuperarán.

– No se puede hablar de ayudas a los autónomos cuando los recargos por retraso en pago de impuestos y todo el esfuerzo fiscal se ha mantenido. Y ahora lo quieren aumentar subiendo la cuota al 70% de los autónomos usando como baremo los ingresos de 2019, que ni están ni se les espera en 2020. Una insensatez.

Las empresas no piden regalos, piden que no se las hunda y expolie a impuestos en medio de una crisis creada por la mala prevención e inexistente gestión gubernamental y una mal llamada recuperación truncada por haber dedicado más dinero a aplausos o propaganda de “hemos derrotado al virus” y nada para las microempresas que suponen la mayoría del empleo en nuestro país.

Todas las medidas que se han anunciado apoyan fundamentalmente a empresas que podrían sobrevivir porque ya tenían acceso a deuda y capital. No son suficientes. O se toman medidas ya para autónomos y microempresas o vamos a tener una crisis financiera y de empleo a medio plazo, con o sin Covid-19.

La era de los malos sentimientos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Todo el mes de noviembre, más algún día de los dos meses que lo comprimen, llevó recabar los votos de las elecciones de 1800. Para entonces se había desvanecido la pretensión de que los Estados Unidos no tenían partidos políticos. George Washington había sido una figura de unión; ha sido el único presidente elegido por aclamación. Pero era un federalista, como lo fue su seguidor, John Adams. Jefferson pertenecía a otra estirpe, a la de los americanos que recelaban del poder del Gobierno federal. Tenía simpatía por la revolución francesa, mientras que el cambio no menos revolucionario, pero más evolutivo de Inglaterra atraía más a sus rivales políticos. El país creyó ser testigo de una elección que definiría el futuro del país en una encrucijada con dos caminos opuestos: el de la libertad y el de la tiranía. O, como lo veían los federalistas, entre el orden y la anarquía.

La presidencia de John Adams había soliviantado a medio país. El gobierno impuso un impuesto ad valorem del 25 por ciento sobre Whiskey, un bien que se comerciaba sobre todo en el sur y en el oeste, donde los apoyos a los republicano-demócratas como Jefferson era mayor. Hubo una rebelión contra la exacción, que fue aplastada por un ejército de 13.000 hombres a cargo nada menos que del propio Washington. El Tratado de Jay (otro político federalista) con Inglaterra se vio como una rendición ante la antigua metrópoli, después de haberla expulsado de las colonias. Una traición de Nueva Inglaterra al resto del país. Y las Alien and Sedition Acts impusieron la censura, entre otros atropellos. Sí, esas elecciones habrán de decidir el destino de la bisoña república.

Las campañas recurrieron a todo. Los partidarios de John Adams dijeron que Jefferson no era cristiano, y que legalizaría los crímenes más horrendos, como el incesto, la violación o el asesinato. Es más, Jefferson era “un tipo mezquino”, hijo de una india mestiza y de un mulato, decían. Los republicano-demócratas no se quedaban atrás a la hora de denigrar a John Adams.

Lo cierto es que ganó Thomas Jefferson y no legalizó el asesinato, ni nada parecido. Es más, violando todos los principios que había defendido, realizó la compra de Louisiana, algo que la Constitución no previó que podría hacer el presidente. Y los “virginianos” republicano-demócratas que le sucedieron ampliaron las funciones realizadas por el Gobierno federal, de modo que los temores de los federalistas de que el país acabaría en la anarquía no acabaron por cumplirse.

A ese período de la historia de los Estados Unidos se le conoce como “la era de los malos sentimientos”, en contraste con “la era de los buenos sentimientos que comienza con la guerra contra Inglaterra de 1812. Unos malos sentimientos que casi se ejemplifican en el odioso duelo entre Aaron Burr y Alexander Hamilton que acabó con la vida de este último,

Los “malos sentimientos” se produjeron sobre todo por temor. Las bases ideológicas de la naciente república, que se aferraban a la ficción de que los votantes y los representantes democráticos no estaban divididos en facciones políticas, se habían hecho añicos ya en la segunda legislatura de George Washington. Y se vió con claridad durante la malhadada presidencia de Adams, que no dudó en actuar contra la base social de su partido rival (impuesto sobre el Whisky) y censurar a los críticos en la prensa. Esos temores alentaban las tendencias secesionistas. Hamilton creía que Burr trabajaba para lograr la secesión del Estado de Nueva York. El primer movimiento secesionista en los Estados Unidos se produjo en esa época, y no vino del sur, sino de Nueva Inglaterra. Había acumulado muchos agravios, que se exacerbaron cuando vieron al Gobierno enfrentarse a Inglaterra.

Hoy, en España, estamos también en una “era de malos sentimientos”. No hay que llevar muy lejos la comparación histórica; ni esta ni ninguna otra. Pero esos sentimientos, esa animadversión civil, ese enfrentamiento político llevado al plano personal, lo vemos en la España de hoy. Desde el Gobierno se cultiva ese enfrentamiento con las negras semillas del odio político. Algunos no lo poseen, pero muchos otros sí.

Y hay ciertos paralelismos que es posible hacer. La Transición Española no se realizó sobre el presupuesto de que no hay partidos políticos, sino justo el contrario. Si pecó de algo es de haberle otorgado un papel demasiado poderoso a los partidos políticos, tras 36 años de un régimen que abominaba de ellos. Pero el presupuesto fundamental del nuevo régimen era que en él cabían todos, que todos quedan amparados por las mismas normas políticas. Otro de los presupuestos ideológicos del régimen es que el pasado sólo servía para intentar evitar los errores que condujeron a la Guerra Civil.

Es cierto que, aunque a regañadientes, la derecha aceptó la participación del Partido Comunista, pero que tanto el PSOE como el PCE-IU usaron siempre la carta de la deslegitimación del centro derecha en España. Eso es indudable. Pero nadie, ni en el PCE, puso en duda la alternancia política. Ahora eso está en entredicho. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, le dijo en sede parlamentaria al Partido Popular que no volverá a sentarse en un Consejo de Ministros. Esta sería una gravísima acusación contra el actual Gobierno, si no se diera el caso que es el mismo gabinete el que presume de dar por finiquitada la alternancia, fruto y mecánica básica de cualquier democracia.

Ha producido un gran escándalo el cambio legal que permite elegir al Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta en el Parlamento, y por tanto sin el concurso de la oposición. Es una medida congruente, si desde el propio Gobierno se señala que la oposición hace el papel de comparsa, ya que nunca retomará el poder. Es un escándalo hipócrita, porque quienes ahora ejercen la oposición participaban de esa confusión entre Gobierno y Parlamento, y habían aceptado el control político, aunque compartido, del gobierno de los jueces. Ahora el control de los jueces sólo recae en el Gobierno, y a la oposición le parece mal.

Poco a poco, el Gobierno está cambiando el cariz del régimen. Da por finiquitada la Transición Española, renuncia a legitimarse por la alternancia, y recurre a la deslegitimación absoluta de la oposición. Están en el Gobierno porque Ciudadanos, Partido Popular y Vox no pueden volver al poder.

Hemos conocido ese mecanismo en Cataluña. Aquí los enfrentamientos políticos se filtraron en las relaciones personales, y rompieron la sociedad. El Gobierno quiere que esa ruptura se extienda por el resto de España. No está claro cuánto durará la era de los malos sentimientos, pero lo previsible es que nos acompañe durante muchos años.

Una subida de impuestos prescindible

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Subir impuestos es dañino para la actividad económica por cuanto termina socavando la oferta de trabajo o de capital que contribuye a generar el PIB. De ahí que, en medio de una crisis tan devastadora como la que estamos experimentando, deberíamos evitar lastrar cualquier incipiente recuperación con la losa de nuevos tributos: al contrario, lo que necesitamos en estos momentos, además de controlar la pandemia para que podamos regresar lo antes posible a la normalidad, es incentivar la oferta de trabajo y de capital para acelerar la recuperación.

Sin embargo, es cierto que, en el contexto actual, también hay otros riesgos que debemos tener muy presentes a la hora de elaborar unos presupuestos: en particular, la evolución de los pasivos estatales —que previsiblemente superarán el 120% del PIB en 2020— debería ser objeto de profunda consideración si queremos evitar males mayores en el medio plazo. O dicho de otra manera, aunque subir impuestos sea dañino a corto plazo, elevar descontroladamente la deuda pública es dañino a largo plazo (e incluso podría serlo a corto si aumentara de manera extraordinaria), de ahí que, a falta de recortes más ambiciosos del gasto público que contribuyan a equilibrar nuestras cuentas, incrementar progresivamente la tributación para reconducir nuestro endeudamiento estatal podría ser la menos mala de las alternativas que este Gobierno hiperestatista se muestre dispuesto a considerar.

El problema es que una parte muy sustancial del alza tributaria que le ha comunicado a Bruselas el Ejecutivo de PSOE-Podemos no va dirigida a disminuir nuestro déficit público de 2021, sino a financiar nuevos —e innecesarios— aumentos del gasto. Me refiero, cómo no, a la revalorización de las pensiones y al sueldo de los empleados públicos en un 0,9% para supuestamente garantizarles a estos colectivos el mantenimiento del poder adquisitivo de sus ingresos.

Aun sin considerar su coste, no existe demasiada justificación para ninguna de estas dos medidas. En 2020, las pensiones ya se revalorizaron un 0,9% y los sueldos públicos un 2%, mientras que, en estos momentos, el IPC se mantiene en territorio negativo. De ahí que, cuando cierre el año, a buen seguro nos encontraremos con que tanto pensionistas como empleados públicos habrán visto aumentar sus ingresos reales durante esta calamitosa pandemia (cuando, en cambio, la inmensa mayoría de trabajadores y empresarios del sector privado han visto menguar sus ingresos reales). Es más, si la inflación prevista para 2021 es del 0,9% (tal como asegura el Gobierno), incluso congelando las pensiones y los salarios públicos en 2021, los pensionistas no verían mermado su poder adquisitivo y los funcionarios experimentarían una ganancia durante el período 2020-2021. Así pues, la justificación que nos ofrece el Ejecutivo para subir un 0,9% las rentas de ambos colectivos es una justificación falaz: si se tratara de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos, en 2021 deberíamos congelarlos, y no revalorizarlos.

Máxime cuando, además, el coste conjunto de ambas medidas superará los 3.000 millones de euros. Por ponerlo en perspectiva, 3.000 millones de euros es lo que el Gobierno espera recaudar como resultado del incremento de la fiscalidad indirecta (1.509 millones de euros), del aumento de la fiscalidad directa (550 millones de euros) y de la implantación de la tasa Google (968 millones de euros). ¿Tiene sentido deprimir los ingresos de los comerciantes a través de una mayor fiscalidad indirecta, o desincentivar la oferta de trabajo cualificado mediante una mayor tributación directa, o minar las posibilidades de digitalización de nuestra economía merced a un nuevo impuesto contra los servicios digitales para incrementar durante esta muy grave crisis el poder adquisitivo de pensiones y empleados públicos?

No, no tiene ningún sentido económico pero, en cambio, sí tiene un claro sentido político: en España hay 3,22 millones de empleados públicos y 9,76 millones de pensionistas. Por consiguiente, estamos hablando de casi 13 millones de votos sobre 37 millones de ciudadanos con derecho a voto, esto es, más de un tercio del censo electoral. Todo pasa, en suma, por utilizar el dinero del conjunto de los contribuyentes para intentar comprar el voto de 13 millones de personas. La reelección antes que la recuperación.

Iglesias ya tiene su PDVSA: se llama UE

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

En los últimos años, miles de venezolanos, huyendo del chavismo, se han instalado en España. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos con ellos, les preguntamos: ¿Cómo pudisteis votarles? Cómo pudo Hugo Chávez hacerse con el poder en un país de clases medias, con una historia democrática, con sus problemas pero relativamente próspero, al menos en el contexto latinoamericano.

En realidad, la pregunta pierde el foco de lo esencial. Que Chávez ganara puede explicarse de muchas formas: la corrupción de los partidos tradicionales, la crisis económica de los noventa o los engaños de una campaña en la que se presentó como un corderito socialdemócrata. Lo que debería llamarnos la atención es que repitió: y sí, había manipulación, medios de comunicación sometidos, trampas electorales… lo que nosotros queramos, pero ganaba fácil. En su primera década de existencia, el régimen disfrutó de un inequívoco apoyo popular a pesar de todas sus tropelías.

La clave fue el petróleo: a partir del año 98, el precio del crudo comenzó una década de subidas que duró hasta la crisis financiera de 2008-2010. E incluso, tras esos años, durante un tiempo se mantuvo muy por encima de sus niveles de comienzos de siglo. Destrozar un Estado y una economía no es sencillo ni barato: tienes que comprar muchas voluntades en las instituciones (Chávez, por ejemplo, tomó el Ejercito a golpe de cheque), crear una red clientelar que te asegure miles de votos, consolidar una trama de subvenciones para mantener el apoyo de aquellos a los que estás sacando de la economía productiva, etc. Porque ésa es otra: todo eso lo tienes que hacer al mismo tiempo que vas socavando la posición de las empresas, un mercado mínimamente operativo, cualquier asomo de competitividad o emprendimiento…

No es barato ni sencillo, pero el chavismo se sentaba sobre las mayores reservas de crudo del planeta y, hasta que mató a su gallina de los huevos de oro, PDVSA (la compañía petrolera estatal de Venezuela) financió la destrucción de la democracia y la consolidación del nuevo régimen.

¿La salvación?

En España no tenemos petróleo. No sólo eso. Es que estamos en quiebra. Sí, quiebra: sin el apoyo de nuestros socios europeos tendríamos complicado el acceso a los mercados y el Estado tendría que afrontar un ajuste muy duro, en gastos e ingresos. Muchos analistas con los que he hablado en los últimos años utilizaban esta posición para tranquilizarme con argumentos del tipo: “No podrán hacer nada. No tendrían dinero. Incluso si llegan al poder [me decían] tienen las manos atadas: sin cash, no hay revolución”.

Ahora que la crisis de la covid-19 ha agudizado todavía más el descuadre de las cuentas públicas y nos ha hecho todavía más dependientes del exterior; y ahora que ya están en el poder y son, por lo tanto, verdaderamente peligrosos; la salvación parece estar en Europa. “El que paga manda”, me dicen, “no harán nada porque necesitan el dinero de la UE para sobrevivir y la UE no les dará ningún margen; los gobiernos alemán u holandés no se pueden permitir la imagen de España dilapidando los fondos de los diferentes programas de reconstrucción”.

En la mitad de su argumentación sí les doy la razón: en eso de que la UE tiene la sartén por el mango y que no se hará nada sin su consentimiento, implícito o explícito. Lo que me genera muchas más dudas es la otra parte: la de las restricciones, las reglas y el control.

Soy escéptico mirando al pasado y al futuro. Sin necesidad de irnos a Venezuela: los sucesivos gobiernos griegos destrozaron el país (y mintieron a troche y moche) no ya con la aquiescencia de Bruselas, sino con su colaboración directa. Quizás una colaboración involuntaria, pero necesaria. Les financiaron sus tropelías durante años. Arrasaron su economía productiva con el dinero de la UE. Sin esas transferencias, el daño habría sido menor.

Esto es importante tenerlo en cuenta, porque siempre se da por hecho que los fondos son una buena noticia. Y no tiene por qué. Depende de para qué los uses. Es como ese hijo de 25 años tarambana que te pide dinero por enésima vez: si es para pagarse un máster con el que reconducirse y empezar de nuevo, prestarle el coste de la matrícula puede ser una buena ayuda; si es para pagar las deudas de juego pasadas y seguir con la fiesta, lo peor que podrían hacer sus padres es realizar la transferencia.

De PDVSA a la UE

Leo este sábado a Luis Garicano en El Mundo: “O Pedro Sánchez cambia o me temo que terminamos intervenidos por los hombres de negro”. El eurodiputado de Ciudadanos (que, por cierto, está demostrando que se pueden hacer muchas cosas y ser influyente en Bruselas, si te lo curras, desde una posición aparentemente secundaria y en un partido en horas muy bajas) lo dice como si fuera un problema, pero yo lo leo y pienso: “Ojalá… pero no lo veo”.

Sánchez e Iglesias son dos trileros intentando jugársela al otro (y jugársela, al mismo tiempo, a Bruselas). Uno quiere ser Grecia o Italia: economía estancada, que vive del apoyo de sus socios y que posterga de forma indefinida cualquier reforma sustancial. El otro mira a Argentina: cambio de régimen, peronismo asentado en el poder durante décadas y una red clientelar eterna que empobrece al país poco a poco, pero que se sostiene con lo que saca de chupar la sangre a los exportadores de soja, maíz o carne. Y materias primas, en Argentina, siempre habrá; como España tendrá 60-70 millones de turistas, como mínimo, cuando las cosas se normalicen, sea cuál sea el Gobierno.

Por supuesto, los dos están dispuestos a darle lo que sea al nacionalismo para consolidarse en el poder. Esto último sin mucho esfuerzo, porque el objetivo final del nacionalismo y Podemos es el mismo: destrozar el actual marco institucional. No seamos ingenuos, estamos en un cambio de régimen y quieren que se lo pague Alemania.

Ahora pensemos en los líderes europeos. Esos en los que tanto confiamos para controlar a nuestro Gobierno. Por ejemplo, Mark Rutte, el primer ministro holandés. Ya lo apuntábamos con aquella batalla de los Eurobonos, que parecía que no pero al final sí: a este hombre, el mercado laboral español, el asalto del Gobierno a las empresas públicas o la competitividad de nuestra economía se la trae al pairo. Y es lógico que así sea. Su prioridad es ganar las elecciones que tiene el año que viene. ¿Querrá ir a las urnas con un mensaje de mano dura con el sur? Sí, pero ese mensaje no tiene por qué basarse en hechos reales. ¿Qué conocemos nosotros de la política holandesa? Pues tirando a poco. Y lo mismo ellos de nosotros. Escuchan algo de un pacto del partido socialista español con otro partido de izquierdas que se llama Podemos y les suena al típico acuerdo socialdemócratas-verdes del norte de Europa. No piensan en Venezuela. Eso lo sabemos aquí. ¿Que, en alguna de las próximas cumbres, Rutte o Merkel se pondrán la careta de tipos duros y exigirán alguna declaración del Gobierno español en la que prometa que reformará las pensiones o controlará el déficit? Sí, es probable. Y el Gobierno mandará un Plan Presupuestario a la Comisión con un par de promesas vagas. Y ellos volverán a su país con cara de “A mí no me la juegan estos españoles”.

Pero no seamos ingenuos. Lo que Rutte (por no hablar de Merkel) quiere son unos años tranquilos. Poder reconstruir su país tras el huracán de la covid sin tener que estar pendiente de lo que pase en la UE. Y sólo de pensar en volver a abrir la negociación sobre los fondos, el reparto del Presupuesto, las amenazas de veto (y España las tiene, como todos los socios, en temas clave)… se lo imagina y ya le da dolor de cabeza.

No tengo ni idea de quién tiene razón en el conflicto de la UE con Hungría y Polonia. Leo a gente muy sensata que me dice que sus gobiernos quieren destrozar el Estado de derecho. Y leo a otros, de los que también me fío, que me dicen que es una lucha ideológica y que la Comisión no admite que un Gobierno realmente conservador aplique su programa. Pero no quiero discutir eso ahora. Lo que me importa es la negociación: llevamos casi una década de amenazas desde Bruselas y los resultados han sido nulos. Cada tres meses, un informe de la Comisión o del Parlamento contra el Gobierno de Hungría; y cada tres meses, Orban hace lo que le da la gana.

Aceptémoslo, lo normal es que nos den el dinero (los 180.000 millones de euros que nos han prometido si sumamos todos los programas en marcha) y no hagan muchas preguntas. ¿Y eso no alimentará un problema todavía más importante de aquí a diez años? Sí, pero entonces que se lo coma el que esté en las cumbres europeas dentro de diez años (si es que quedan cumbres y UE para entonces). Los que regalaron el dinero a los gobiernos del Pasok durante toda la década de los 90 y les permitieron entrar en el euro no fueron los que tuvieron que aguantar el chantaje de Varoufakis en 2015.

Además, para eso está Calviño. Para poner buena cara, idiomas y su agenda de contactos en la Comisión. Y para traerse el dinero con el que destrozar las instituciones españolas. Iglesias ya lo sabe: él no tiene PDVSA, pero tiene a la UE. Ni tan mal: mancha menos y no tienes que reunirte con el resto de países de la OPEP, con esas fotos tan feas rodeado de tanto dictadorzuelo.

El plan presupuestario del Gobierno: un engaño a Bruselas y a España

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Lies, whispered sweetly in my ear, lies, how do I get out of here”. Mick Jagger.

En economía las previsiones son siempre difíciles, pero cuando las estimaciones de un Gobierno han sido siempre equivocadas y falsarias ya no es cuestión de problemas metodológicos, sino de ganas de engañar.

El historial de errores en estimaciones de este Gobierno es tan desastroso que solo un imprudente podría ignorarlo. Recordemos que, tras revisar las estimaciones de déficit, en época de crecimiento y creando empleo se desviaron de su propio y aumentado objetivo en 7.600 millones de euros. Sánchez disparó el déficit un 24% en 2019 disfrutando de ingresos fiscales récord, al aumentar brutalmente los gastos a golpe de decreto ley.

Ahora, el Gobierno pretende engañar a Bruselas, es decir, a toda Europa y a los españoles en particular, con un Plan Presupuestario que supone una falta de respeto a nuestros socios, y supera todos los límites de voluntarismo presupuestario.

El Plan Presupuestario anunciado ni se ha presentado al Parlamento, ni se ha acordado. Pero a eso ya estamos acostumbrados y no es lo más grave.

Los ingresos anunciados son de ciencia ficción y los gastos publicados están artificialmente infraestimados.

Empecemos por los ingresos. Más falsos que un euro de cartón.

El cuadro macro es mucho más que optimista. Se sitúa en la parte más alta de las estimaciones que han hecho los analistas, incluyendo organismos como el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y estima un rebote del PIB nominal del 10,8%, algo que nadie se cree con las estimaciones más optimistas de crecimiento, deflactor y de inflación subyacente.

El Gobierno estima una recaudación récord histórica de 493.838 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento de 33.447 millones de euros. Es simplemente un insulto a cualquier estimación prudente.

Los ingresos acumulados hasta agosto se han desplomado un 10,3% según la Agencia Tributaria y, además, siguieron cayendo en agosto comparado con julio. Cuando las bases imponibles y la demanda interna se han desplomado más de un 12%, los ingresos han seguido cayendo en agosto tras meses de reapertura. Asumir un aumento de ingresos fiscales a récord histórico es simplemente mentir sin pudor.

También es una auténtica vergüenza que asuman 6.847 millones de euros de ingresos adicionales por nuevos impuestos. Estiman 2.309 millones de los impuestos a las Transacciones Financieras (que pagan los ahorradores y usuarios de servicios financieros) y a los Servicios Digitales (que pagan los consumidores de servicios) y un nuevo tributo que se ejecutará sobre plásticos de un solo uso (que pagan los consumidores).

Pues bien, las cifras estimadas de ingresos ya eran increíbles antes y encima las han inflado. Hace unos meses el Gobierno esperaba unos 1.900 millones por estos conceptos y ahora se inventa 2.309 millones en medio de una crisis que ha devastado el tejido empresarial y con la bolsa española cayendo un 35%. Ni eran creíbles entonces, como dijeron todos los analistas serios, ni lo son ahora.

A esto hay que sumar los 340 millones que se esperan de la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% (otro “impuesto a los ricos”, nótese la ironía) y otros 828 millones procedentes de supuestas medidas contra el fraude fiscal (una cifra inventada y sin ninguna credibilidad que, en ningún caso puede ser utilizada como ingresos consolidables y crecientes, sino puntuales). De nuevo, dos estimaciones hechas con una expectativa de consumo y crecimiento ridícula.

¿Se han dado cuenta de una cosa? El Gobierno que no iba “a subir los impuestos a la clase media y trabajadora”… se los sube exactamente a esa clase media y trabajadora. Todos los consumidores.

Toda la subida de impuestos anunciada va directamente a consumidores y clase media.

La realidad es que, en el mejor de los casos, los ingresos fiscales en 2021 se quedarán significativamente por debajo de los de 2019 y los gastos disparados de 2020 se mantendrán en su mayoría.

Vayamos a los gastos.

El Gobierno no ha reducido ni un solo euro de gasto superfluo, Administración duplicada y ministerios. Fía toda la mejora del gasto a que se reduzca la partida de ayudas al desempleo mientras, a su vez, en las estimaciones del propio Gobierno, la tasa de paro no baja en casi nada.

El Gobierno estima que se reducirán los gastos por desempleo en 19.000 millones de euros cuando el paro será de un 16,9% (en agosto ha sido del 16,2% excluyendo los ERTE). No se lo creen ni ellos. Ni la tasa de paro ni la reducción de gastos.

Para artificios contables, merece la pena resaltar la falacia con los ERTE y autónomos. Elimina el Gobierno de las cuentas los gastos por ERTE, que caen en más de 17.000 millones de euros (de 17.840 millones a 718 millones) y la exoneración de cuotas, que cae en casi 6.000 millones (de 6.349 millones a 435 millones en 2021) y elimina las prestaciones por cese de actividad (de 5.339 millones a 400 millones en 2021).

Para el lector es muy sencillo: o no se van a ahorrar 19.000 millones de gastos por paro ni de lejos o se van a mantener muchos gastos que ahora han eliminado como si el 1 de enero España se levantase como si nada hubiese pasado en 2020.

El Gobierno hace estimaciones de ingresos falsas escondiendo, a sabiendas, la destrucción de 100.000 empresas, los 730.000 trabajadores que quedan en ERTE, la pérdida de empleo con los malos datos de fin de año, el desplome de beneficios empresariales y la situación de bancarrota del 25% de las empresas de España, según datos del Banco de España.

Pero lo más aterrador es lo siguiente:

Incluso con las estimaciones de ciencia ficción del Gobierno, España será el país con más déficit de la Unión Europea en 2021, 2022 y 2023. El Gobierno aumenta el déficit estructural (el que se genera incluso en crecimiento) por encima de la cifra ya elevada de 2019.

Además de todo esto, el Gobierno vuelve a presentar a Bruselas un Plan Presupuestario que asume 3.477 millones de euros de ingresos de partidas que ni se han aprobado ni existen. Básicamente, su manida y desmontada cifra de “nuevas figuras tributarias”.

A ningún país serio de la Unión Europea se le ocurre presentar un Plan Presupuestario con ingresos completamente imposibles, gastos disfrazados e infraestimados y, encima, añadir ingresos por impuestos que ni se han aprobado ni existen en el BOE.

Ningún economista serio puede creerse esta batería de desatinos, falsedades y brindis al sol.

Un Presupuesto debe ser prudente y realista. Este es un Presupuesto falso, voluntarista y que ignora la realidad de la economía española.

Pero es mucho peor. El aumento de gastos y desequilibrios estructurales fía la consolidación presupuestaria a una economía que, según el Gobierno, solo puede crecer exponencialmente en aportación fiscal.

Subiendo impuestos ponen escollos a la recuperación, al consumo y al empleo y luego se presentan como la solución.

Hasta en sus estimaciones falseadas e increíbles, España seguirá a la cola de Europa con el mayor déficit de nuestros comparables.

Este Plan Presupuestario es mucho más que un insulto a la inteligencia de Bruselas, de los contribuyentes y las familias.

Es un plan que demuestra que el Gobierno percibe la economía como un enorme cajero automático al servicio del Ejecutivo. El Gobierno asume que todo el mundo tiene margen para sufrir más expolio fiscal menos ellos. Ellos, los generosos con el dinero de los demás y los redistribuidores de la nada.

Este Plan Presupuestario nace ya fallido por unas estimaciones para 2020 y 2021 en las que el Gobierno se ha equivocado constantemente. Pero, además, supone una afrenta a los contribuyentes, creadores de empleo, y a los socios de España en la Unión Europea.

Para el Gobierno español, el sufrimiento de empresarios, familias, autónomos y contribuyentes no ha existido. Exige mucho más esfuerzo fiscal a empresas y familias que están al borde de la bancarrota sin ajustar uno solo de los gastos de bonanza de 2019.

Esto no es un Plan Presupuestario social. Es antisocial, porque ahonda en las políticas que han llevado a 100.000 empresas al cierre y a miles de autónomos al cese de actividad. No hay nada más antisocial que destruir la confianza en un país.