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Falsas identidades

Cada vez es más frecuente encontrarse entre los titulares de las noticias alguno que conjugue el verbo “reconocer”, y que haga referencia a una persona a la que la insufrible presión de la conciencia le obligue a confesar ante todos la incursión en uno de los nuevos pecados. Recordaré el caso de aquélla escritora que osó escribir sobre una comunidad negra a la que no pertenecía. Quizás no todos hayan leído 1984, de George Orwell, pero la mayoría habrá visto a John Hurt (Wiston Smith), al final de la película de Michael Radford, confesando ante los demás una ristra de crímenes contra la sociedad. En su sentida exomológesis, Smith reconoce que su comportamiento es absolutamente reprobable. El lector o espectador sabe que sólo es así si se acepta la ideología del poder, pero la mente de Smith parece haber sido absorbida, por fin, por la maquinaria de IngSoc. Lo mismo le ocurrió a Alexandra Duncan.

El caso de Jessica A. Krug es distinto. Es profesora de Historia de la Universidad de George Washington, especializada en todos los males de Occidente: imperialismo y colonialismo, y el (mal)trato a la “diáspora” africana. Krug, según acaba de confesar, ha apuntalado su carrera profesional y su vida personal gracias a la simpatía y solidaridad que ha recabado por el hecho de ser negra. Sólo que no lo es. Es una mujer blanca, judía, de los suburbios de Kansas City. La profesora conoce la historia social y racial de su país, y eso le habrá permitido asumir diferentes identidades, todas ellas negras: primero del norte, luego del sur de los Estados Unidos, y últimamente se presentaba como una negra caribeña. No ha aguantado más tiempo mintiendo sobre su pasado, y ha contado su verdadera historia.

Lo último que ha dicho de sí misma es que es de Puerto Rico. Según The Washington Post, “en un ensayo publicado en Essence sobre las protestas en Puerto Rico contra su Gobernador, en 2019, Krug dijo que ella era ‘boricua’”, es decir, nativa de Puerto Rico.

Un crimen de esa magnitud exige una pena que sea proporcional. Ella tiene ya su veredicto: “Yo debería ser cancelada”. Y sigue: “No. No escribo en voz pasiva, nunca, porque creo que debemos aludir al poder. De modo que vosotros deberíais cancelarme. Y yo me cancelo absolutamente”. Lo mejor es cuando la propia Krug se formula la pregunta obvia ante tamañas palabras: “¿Qué quiere decir ello? No lo sé”. Nosotros tampoco.

Hay que decir que su suplantación no ha ido tan lejos como el del famoso caso de Rachel Dolezal. Esta mujer llegó a liderar la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), la principal asociación negra del país, fingiendo tener una raza que no era la suya. En el caso de Dolezal no hubo reconocimiento, sino denuncia. Dolezal acabó por reconocer su pecado, que no era el de haber mentido, sino el de ser de raza blanca. No obstante, se fue diciendo: “Yo me identifico como negra”, con un argumento impecable: Ella había asumido como propia la ideología de la NAACP.

Si rigiese el puro dictado de la lógica, estos casos demostrarían que ni siquiera la raza es importante en las cuestiones raciales, y que toda política estrictamente racista, como la discriminación positiva, se asienta sobre un terreno pantanoso.

Estos casos también ponen en duda una de las ideas de la retahíla progresista: el “privilegio blanco”. Pues, ¿por qué iba a renunciar Jessica A. Krug al privilegio que le otorgaba su raza blanca? Puede que le resultase una pesada carga moral, menor al principio que la mentira con la que la ha cubierto durante años. Quizás fueran las ventajas que ofrece el sistema universitario estadounidense a según qué razas.

Lo de la carga de ser blanco no lo digo a humo de pajas. Otra intelectual, Demi Lobato, ha escrito una carta en la revista Vogue en la que dice: “Todo lo que sé es que odio compartir el color de piel de la gente a la que acusan de los horrendos crímenes contra Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd y muchas, muchas otras vidas negras”.

En el caso de Lobato, parece que tiene unas ideas muy primitivas respecto a dónde se aloja el alma humana. Tradicionalmente se ha situado en el corazón y en la cabeza, e incluso se ha escrito no poca literatura sobre el conflicto, o la alianza entre uno y otra. Pero la cantante lo sitúa en la piel. Eso, o señala al órgano externo como epítome de una diferencia más profunda, que distingue las razas por su constitución fisiológica, y ésta por su capacidad de albergar tales o cuales ideas.

Lo cierto es que la ideología identitaria está creando auténticos dramas personales. Cuando cada uno no se define por lo que es y lo que hace, sino que transige con asumir identidades ideologizadas, entra en un terreno peligroso.

Lo que Sánchez no dice de los Presupuestos

“We go round and round and round until we pick it up again”. Jon Anderson.

Es curioso que Pedro Sánchez y el PSOE, que repitieron más de doce veces que “no es no” a los Presupuestos entre 2016 y 2018, exijan ahora adhesiones incondicionales y cheques en blanco para unos presupuestos fantasma.

Nos intentan convencer de que el problema de estos presupuestos es la necesidad de un supuesto consenso, cuando el verdadero problema es de exceso de gasto y falta de credibilidad de las estimaciones.

¿Por qué son presupuestos fantasma? Porque el cuadro macroeconómico del Gobierno ya se ha quedado obsoleto, y no ha dado una actualización porque tiene que revisar a la baja sus estimaciones de caída del PIB, elevar su previsión de déficit y aumentar sus estimaciones de paro. Mientras el Gobierno mantiene sus perspectivas de ciencia ficción, el consenso publicado por Focus Economics estima una caída media de la economía española del 11,5%, un 20% de paro y un déficit del 13% del PIB.

No se engañen. El problema no es si los Presupuestos se negocian con Ciudadanos o Podemos. Es el gasto. Los anteriores presupuestos enviados por el Gobierno ya fueron rechazados por Bruselas. La carta que envió la Comisión Europea al Gobierno de España el 22 de octubre de 2019 ya especificaba claramente la evidente necesidad de ajustes en el gasto: “El borrador de plan presupuestario para 2020 muestra un aumento de gasto de 3,8% que supera el máximo aumento de gasto recomendado del 0,9%”. 

El Gobierno de España ya incumplía, con la economía creciendo casi un 2%, las exigencias de nuestros socios y el plan de estabilidad. Desde entonces, ha utilizado la excusa de la crisis del Covid-19 para aumentar gasto político, aumentar asesores y mantener gastos de época de bonanza y no hacer un solo ajuste. 

España se juega mucho. Si presentamos unos Presupuestos sin credibilidad y con aumento de gasto estructural nos enfrentamos a perder la posibilidad de recibir una importante parte de los fondos europeos. Esta semana pasada estuve en Holanda y los ministros de finanzas de Suecia, Austria, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca ya han alertado sobre la importancia de recuperar la estabilidad presupuestaria en 2021.

Imagínense cuando los socios de Sánchez empiecen a exigir, tras un déficit en 2020 de más del 13% del PIB estimado, un aumento adicional de gasto estructural de otro punto y medio porcentual mínimo. Y recordemos que el subterfugio de nuevos ingresos y aumentos de impuestos no sirve. 

Bruselas ha recordado claramente que no vale ‘colar’ Presupuestos con estimaciones de ingresos inverosímiles, que es lo que pretende hacer el Gobierno y Podemos, que ya incluyó en varias ocasiones en sus “presupuestos alternativos” estimaciones de multiplicadores fiscales e ingresos por nuevos impuestos que nadie serio se creería.

La evidencia en la Unión Europea es que ningún país de la eurozona ha conseguido la estabilidad presupuestaria aumentando gastos e impuestos desde (al menos) 2008. Ninguno.

Todavía no hemos escuchado a la ministra de Economía decir nada sobre las expectativas de ingresos para 2020 y 2021 en un país que ha consumido en julio los 21.300 millones de euros que nos van a prestar para cubrir los desajustes por ERTE y desempleo y que ya tiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea y la mayor destrucción de empresas de nuestros países socios de la eurozona.

El Gobierno guarda silencio sobre la pérdida de empresas sin precedentes, más de 100.000, entre ellas más de 80 grandes empresas, y la realidad de que los beneficios empresariales no volverán a los niveles de 2019 hasta, al menos, 2023, y con ello un agujero fiscal de más de 40.000 millones de euros que el gobierno no va a recuperar aplaudiendo ni con estimaciones de crecimiento ficticias.

Las expectativas gubernamentales de caída de PIB como la evolución de los ingresos fiscales con relación al PIB son, teniendo en cuenta la evolución de los beneficios empresariales y los malos datos de agosto, extremadamente optimistas. Ya en 2019 estimaban un aumento de ingresos del 4,6% y la evolución real fue notablemente inferior. Partir de ese cuadro ficticio de 2020 para negociar los presupuestos invalida todo el proceso.

Ante la evidencia de ingresos evaporados y gastos ya disparados, las promesas y exigencias de socios de coalición y de investidura van a encontrar muy poco hueco.

Presentar unos Presupuestos sin reducción de gastos superfluos, sin ajuste serio y sin estimaciones creíbles nos puede llevar a poner en peligro la recepción de ayudas europeas. Ya no es un subterfugio político ni un ejercicio para ver si la Comisión Europea lo acepta, España se juega su credibilidad ante sus socios europeos.

Recordemos que no es una casualidad que la mayoría de los fondos de Europa vayan a distribuirse en 2022. Está acordado de esa manera para evitar dos cosas. La primera, que países que se han negado a hacer reformas estructurales vuelvan a rechazarlas. La segunda, para poder vetar en la Comisión de Economía el envío de fondos a aquellos países que incumplan las condiciones del acuerdo, que incluyen las recomendaciones específicas para cada uno (“country specific recommmendations” entre las que se encuentra la moderación en el gasto mencionada al principio del artículo).

El verdadero reto de estos Presupuestos es que no van a ser aprobados por la Comisión Europea si no incluyen una reducción del gasto estructural de al menos 10.000 millones de euros. Como mínimo nos exigirán un ajuste del gasto equivalente a la parte en la que el gobierno de España se saltó sus propios objetivos en 2019.

Ni el Gobierno ni sus socios quieren reconocer que presentar unos Presupuestos sin credibilidad y con gastos disparados no es una cuestión de consenso, es una irresponsabilidad que nos puede dejar sin ayudas europeas.

Pero el Gobierno quiere dilatar el proceso de Presupuestos para echarle la culpa al resto de partidos y para esperar a que le permitan apuntar las ayudas europeas a dichos presupuestos como ingresos.

A ningún Gobierno serio se le ocurriría apuntar como ingresos en unos Presupuestos unas ayudas y préstamos que van a ir fundamentalmente al sector privado para proyectos de digitalización y competitividad. Lo único que buscan es disfrazar un déficit que, en 2021, incluso si nos creemos la recuperación de la economía, se mantendrá por encima de los 60.000 millones de euros.

Solo hay unos presupuestos posibles: aquellos que incluyan un ajuste de gasto estructural de al menos 10.000 millones de euros y que fortalezcan el crecimiento y el empleo a medio plazo. Los únicos presupuestos posibles no pueden incorporar subidas de impuestos que no recaudarán nada y retrasarán la recuperación de la inversión y el empleo.

Cualquier otra opción llevará a España a salir más tarde, más lento y con más paro de la crisis.

El Gobierno y sus socios sabe que sin presupuestos creíbles no vamos a recibir una gran parte de las ayudas europeas. Saben también que estamos ya en un rescate encubierto en el que dependemos de préstamos para cubrir gastos corrientes. La gran pregunta es si seguirán jugando a la estrategia del avestruz, esconder la cabeza y esperar que pase todo.

Septiembre: pequeños fuegos por todas partes

Empieza septiembre con la sensación de que nuestros gobernantes (la generalización es intencionada) no han hecho los deberes. Nunca la vuelta al cole ha sido tan desconcertante y nociva. Toda la gama de colores del pantone está representada en las opiniones de nuestros políticos, y también en las de la gente de a pie que no sabemos a qué atenernos desde hace demasiado.

Tal vez  la desazón es mayor porque padres, profesores y alumnos cerramos el curso académico en el mes de julio como quien sale a la superficie después de un larguísimo ejercicio de apnea bajo el agua. Pusimos nuestros anhelos y esperanzas en que en septiembre la situación estaría más clara, para bien o para mal, y los responsables de tomar las decisiones adecuadas habrían tenido tiempo para plantearse varios escenarios. Pero ya ha llegado septiembre y el panorama es desolador.

La incertidumbre respecto a los colegios y universidades (no la mía, sea dicho) plantea muchos desafíos para las familias españolas. En primer lugar, la formación de nuestra cantera, de quienes van a cargar con el peso de nuestra sociedad. Nuestra misión es formarlos lo mejor posible. Recordemos que la educación es una de las partidas de gasto más fuerte (en torno al 20% del presupuesto de las comunidades autónomas), lo que quiere decir que reclamamos lo que pagamos, no estamos pidiendo que graciosamente las administraciones hagan una concesión a nuestros caprichos.

Pero, además, la incertidumbre respecto a la rutina escolar afecta a los padres que no saben si van a tener que ejercer de tutores, si las empresas para las que trabajan van a permitirles conciliar el cuidado de los hijos cuando no puedan asistir a las clases; y si la familia, en general, está exponiéndose a un riesgo de contagio peligroso debido a la negligencia política. Esto es serio.

Sin embargo, no es la única amenaza que se cierne sobre nuestro futuro económico. Hay otros fuegos dispersos.

Los autónomos liderados por Lorenzo Amor no han cesado de denunciar la situación en la que se encuentran. Son la verdadera base de nuestra economía, no sólo por nuestra estructura económica, sino también por los incentivos públicos contrarios a la empresa, que penalizan el ahorro y favorecen el endeudamiento.

Paradójicamente, los autónomos son los menos atendidos por los gestores públicos. Tal vez porque no hacen huelga ni se lanzan a las calles. El daño sufrido por autónomos y pequeños empresarios debido, no sólo a la pandemia, también a la malas decisiones públicas, unido a la destrucción empresarial a la que seguimos asistiendo, dibujan un escenario preocupante: a corto plazo, porque el desempleo va a llegar a cotas muy altas y, a largo plazo, porque la “reconversión” de los parados hacia el auto-empleo va a ser muy difícil.

El recurso a los fondos europeos debería ser un balón de oxígeno en este panorama. Sin embargo, honestamente, la capacidad de nuestros gobernantes para gestionar crisis sin hacer de ello una campaña política, la falta de criterio a la hora de gastar el dinero de los españoles y la falta de transparencia, no son muy esperanzadores en este sentido.

Las elecciones estadounidenses de noviembre, aunque parece que nos pillan muy lejos, pueden salpicarnos si se recrudece el conflicto comercial con China y se deteriora, aún más, el panorama internacional.

El auge del nacionalismo sin apellidos en tanto que mentalidad que se defiende de los otros para poder reafirmarse uno, es una de las peores amenazas de nuestra sociedad, y si miramos a la historia, con nefastos resultados económicos.

Los economistas que analizamos mirando más allá del dato, y somos capaces de vislumbrar qué sucede en las aguas profundas de las ideas, no deberíamos, ni por un momento, dejar de avisar de esta tendencia que crece como la mala hierba a nuestro alrededor.

El comercio global es un ejemplo de a dónde conduce esa mentalidad. Las consecuencias de la paralización de las cadenas de valor del comercio global son la prueba, para algunos, de que dependemos del exterior y, por ello, hay que restringir el comercio para disminuir la dependencia y alcanzar autonomía económica. Es un error propio de un ideal autárquico más o menos encubierto. Para depender menos del exterior hay que participar más y ser más competitivos. Y no al revés.

En el borrador de mayo del Principia Política del economista libanés Nassim Taleb, se expresa de manera sencilla el rol que debe tener el estado. “El estado no debería ser como una madre libanesa intrusiva, más bien como un tío libanés rico para ayudar cuando sea necesario”.

Para el polémico autor, en aquellas situaciones en las que existe una alta incertidumbre en el mundo, combinada con opacidad causal y probabilística, por paradójico que parezca, el camino a seguir siempre es seguro.

Pero para ello, hay que partir de y basarse en las siguientes premisas axiomáticas: el sistema económico y político es dinámico; es multi-escala, de manera que no se puede actuar igual en todos los ámbitos; y hay que llevar el principio de precaución a gran escala, es decir, ante la duda acerca de un riesgo, mejor no tientes a la suerte. El comportamiento de nuestros representantes electos es el contra-ejemplo de las ideas de Taleb. 

Pequeños fuegos por todas partes es una de las serie que he visto este agosto. Comienza con un incendio terrible en una preciosa casa de un barrio residencial una ciudad de Estados Unidos.

El policía, en la primera escena, explica a la protagonista, interpretada por Reese Whitherspoon, que el incendio ha sido provocado porque han encontrado acelerante, pero que no hay un único foco sino que se ha debido a “pequeños fuegos por todas partes”. Ese es mi diagnóstico para septiembre: estos fuegos dispersos pueden arruinar el edificio entero. Queda perseverar, actuar responsablemente cada cual en su universo, y no perder la esperanza de que no empeore el panorama y, más pronto que tarde,

Empresas zombi: un mar de quiebras en medio de océanos de liquidez

“Take a load off Fanny, and you put the load right on me”. Robbie Robertson.

Muchos lectores me preguntan cómo puede estar aumentando de manera vertiginosa el número de empresas en quiebras o zombis -que no pueden pagar los intereses de la deuda con beneficios operativos- si los tipos son bajos y los bancos centrales inyectan océanos de liquidez.

1. Un problema de solvencia no se soluciona con liquidez. Los tipos bajos y la alta liquidez no hacen a las empresas competitivas o rentables ni a los gobiernos solventes, solo disfrazan el problema a corto plazo, en una bola que se aumenta cada vez que se lanzan nuevos mal llamados estímulos.

El Bank of International Settlements identifica la bajada de tipos y los enormes estímulos monetarios como una de las causas principales por las que las empresas zombis se han multiplicado en los últimos 10 años, y eso que solo analiza las grandes cotizadas. En la Unión Europea, esos zombis ya alcanzan el 9% de las empresas cotizadas

2. Disfrazar a corto plazo los problemas estructurales de los gobiernos no los elimina. Japón lleva años con tipos reales negativos y masivas inyecciones de liquidez y, a pesar de los bajos tipos de interés sobre la deuda, ésta se ha disparado a más del 200% del PIB y el país nipón se gasta un 22% de su presupuesto en pagos de intereses. Japón no ha tenido un presupuesto equilibrado sostenible desde 1990.

3. Los enormes planes de estímulo monetarios y fiscales benefician a estados quebrados y grandes corporaciones con acceso a activos mobiliarios y crédito, pero no evitan la desaparición de miles de pequeñas empresas.

Ningún estímulo monetario ni fiscal compensa la evidencia de una caída del 30% en las ventas mientras los costes fijos e impuestos suben. Por eso el mal llamado ‘helicóptero monetario’ siempre fracasa. Se perpetúan los desequilibrios, pero no se hace la economía más competitiva ni el consumo más sostenido.

Las cifras mareantes de centenares de miles de millones de euros de planes de estímulo siempre terminan, además, gastadas en proyectos innecesarios o sin rentabilidad económica real ante la urgencia de gastar mucho y pronto para “estimular la demanda”, dejando un reguero de deuda y más exceso de capacidad

Es importante recordar esto porque el exceso de optimismo que se genera con los planes de estímulo siempre lleva a decepciones posteriores. No tenemos que olvidar el fracaso del Plan de Empleo y Crecimiento de 2009 de la Unión Europea y el Plan Juncker.

Ambos movilizaron centenares de miles de millones y el crecimiento no mejoró. Recuerden que, con el Plan Juncker a todo gas, las estimaciones de crecimiento de la eurozona no pararon de bajar y tras el plan de empleo y crecimiento de 2009 entramos en una crisis más prolongada.

El gran problema es que los enormes planes de estímulo buscan generar una solución rápida y cubrir con gasto público problemas que son mucho más complejos y que afectan a centenares de miles de pequeñas empresas.

Al poner tanta obsesión en “sostener el PIB” a cualquier coste, se olvida la calidad y fortaleza de este. Así, no es una sorpresa que el aumento de la productividad y los salarios reales en época de crecimiento sea tan pobre y la caída en recesión tan profunda. 

Nos olvidamos, al analizar la crisis en la que nos encontramos, del nivel de fragilidad del tejido empresarial y el nivel de pobre solvencia real de Estados y empresas. Y cuanto mayores son las políticas de demanda, menor es su impacto real y mayor la montaña de deuda que dejan detrás.

No va a ser diferente con la decisión de la Reserva Federal de aumentar su “objetivo de inflación”. No solo ignora que la inflación para las capas más bajas es muy superior a la media oficial del IPC, sino que ignora el efecto negativo de inflar constantemente los activos de riesgo.

Inflación existe, y mucha, y por eso los ciudadanos se encuentran cada vez con mayores dificultades para recuperarse en periodos de crecimiento. Los salarios reales no aumentan como se espera porque la productividad no mejora y sigue concentrándose la política fiscal y monetaria en beneficiar desproporcionadamente al más ineficiente y endeudado.

Se crea una peligrosa y constante transferencia de renta de los sectores productivos a los menos productivos o improductivos.

No debería sorprendernos que Angela Merkel haya alertado de que la crisis va a ser más prolongada y complicada de lo esperado (viernes 18 de agosto) mientras se dispara la bolsa y los bonos.

Esa es una señal de la divergencia entre la realidad económica y el efecto de la represión financiera. Los bancos centrales hacen los activos supuestamente de menor riesgo -los bonos soberanos- muy caros artificialmente y con ello empujan al resto de los activos de riesgo que aparecen ópticamente baratos.

A medio plazo, la actividad de los bancos centrales buscando solo disfrazar los riesgos de estados al borde de la quiebra lleva a estancamiento y más deuda. Como intentarán rascar más impuestos de los sectores más productivos que sobrevivan, el efecto será menores salarios reales a medio plazo y menor inversión productiva. Si te regalan dinero por hacerlo mal y si te va realmente mal, te dan más dinero y más barato, ¿para qué hacerlo bien?

La única manera en la que saldremos de esta crisis fortalecidos es haciendo lo contrario, pero pocos gobiernos lo van a implementar. Es mucho más importante apoyar en esta crisis a los sectores de alta productividad que rescatar zombis porque son muy grandes buscando garantizar un empleo que ni se garantiza ni se fortalece a largo plazo.

Es mucho más importante priorizar y gestionar gasto público de manera seria en este momento para evitar que el destrozo posterior sea menor. Tenemos un enorme riesgo de que esta cadena de estímulos vuelva a generar una economía más endeudada, improductiva y, lo que es peor, que a medio plazo sea mucho más frágil.

Ahora es cuando deberían hacerse reformas estructurales, reducción de gasto superfluo, priorización en inversión con rentabilidad económica real, apoyar y fortalecer a los sectores más productivos, atracción de inversión, atracción de empleo eliminando los costes excesivos y reducción de cargas burocráticas para salir en V, no en L coja.

Nos dicen que en momentos de crisis hay que olvidar la deuda, olvidar la lógica y gastar. Es una trampa. Luego dicen que hay recortes. Ahora lo que hay que hacer es aprovechar para fortalecerse y hacer las reformas que se negaron a hacer en crecimiento.

Una crisis de solvencia no se solventa con liquidez y, como nos pasó en 2009, el optimismo con enormes manguerazos de dinero se convierte, como ocurrió en 2011, en la evidencia de que dos más dos no suman veintidós y que habrá que hacer importantes reformas estructurales.

Ahora es cuando deberíamos hacerlas, de manera seria, para salir rápido y de manera más productiva de la crisis. Hay dos maneras de salir de la crisis, más fuertes y ágiles o más obesos y torpes. Me temo que elegirán la segunda.

Lo público y lo privado, una aclaración

Esta semana he sido coprotagonista, junto con Juan Francisco Jimeno, de un intercambio de ideas, a cuento de una frase un tanto confusa. Él trataba de refutar una queja de Daniel Lacalle acerca del sector público y su voracidad con el sector privado. No tiene la más mínima importancia la frase en cuestión, pero sí el debate que se planteó acerca de la relación entre el sector público y el sector privado.

¿Es posible la existencia de un mercado sin sector público? ¿Es conveniente que exista una regulación pública de las instituciones privadas? Y, sobre todo, ¿pueden sobrevivir las instituciones privadas, y entre ellas, el mercado, sin el respaldo del sector público? En medio del intercambio, el amigo y periodista John Müller comentaba que, tal vez, Platón y su República tuvieran algo que enseñarnos. Y recogí el guante.

Porque todo esto me pilla trabajando en una traducción de un libro magnífico de Sergio Ricossa, un autor desconocido en España y muy poco conocido en su Italia natal. Una lástima, porque su pensamiento es brillante, profundo y original. Cuando salga a la luz la revisión del texto en español de La fine dell’economia. Saggio sulla perfezione se lo haré saber.

Ricossa presenta su idea del perfectísimo y del imperfectismo apoyándose en una pléyade de pensadores de todos los tiempos, de manera que he pasado todo agosto revisitando un abanico de grandes obras clásicas. Por ejemplo, analiza el pensamiento platónico plasmado, entre otras obras, en La República, y estudia también las aportaciones de los seguidores y los críticos de Platón. Y entre ellos, destaca como mi favorita La sociedad abierta de Karl Popper.

Para Platón, el verdadero arte de la política era una suerte de habilidad pastoril, patriarcal, consistente en gobernar a la manada de seres humanos, a la masa. El Estado ideal es cerrado, inmutable, porque el cambio entraña corrupción y decadencia previa; y los regidores públicos no son ciudadanos normales: no tendrán propiedades, no se dedicarán más que a sus funciones, no ganarán dinero.

El mercado empieza aspirando a ser autárquico, luego comunista, y Platón termina introduciendo importaciones y exportaciones a capón: el que la ciudad esté situada a una distancia considerable del mar, para evitar el mal del comercio abierto, es notable. Tanto el mercado como lo público no se corresponden con lo que, probablemente, ninguno de los participantes del debate (el que se quejaba, el que respondía, yo, que matizaba y Müller que mentaba la res-publica) querría que sucediera en nuestro país. España, en principio, es una democracia con Estado de derecho.

Por suerte, no vivimos en la Grecia de Platón, sino en un país con una forma política mejor. Una que Popper defiende en sus escritos. Sin embargo, el autor matiza cuestiones muy importantes que deberían servir de telón de fondo de la conversación iniciada en Twitter.

En su crítica al marxismo y al desprecio de Marx por la llamada “mera libertad formal”, es decir, la democracia, Popper define nuestro sistema político como el único en el que el público, los ciudadanos, podemos juzgar y expulsar a nuestros gobernantes, de manera que estamos resguardados de potenciales tiranos: “su esencia consiste en el control de los gobernantes por parte de los gobernados”.

Recuerda el autor austriaco que, dado que el poder político puede controlar al económico, sólo la democracia devuelve el protagonismo, también en este escenario, a los individuos. Aquí tenemos el corazón del asunto. Sin un control democrático, dice Popper, “no hay razón para que un gobierno no utilice su poder político y económico con fines bien diferentes de la protección de sus ciudadanos”.

Ésta, y no otra, era la esencia de la crítica inicial de Daniel Lacalle: “El sector público no rescata al sector privado. Vive de él”. No es una blasfemia. Simplemente, es una constatación, de carácter positivo, del deterioro de las bases de nuestra democracia, que se traduce en un control defectuoso de los gobernantes.

La respuesta a este tuit no procedía de la misma galaxia, sino de la galaxia normativa: las instituciones privadas, por ejemplo, el mercado, no pueden sobrevivir sin un respaldo sancionador público. Adam Smith habría estado de acuerdo en que eso debería ser así, y que la actividad individual debería estar apoyada por la acción gubernamental, que tiene el mandato de generar un marco adecuado.

No tiene sentido plantear si antes del ámbito privado ya existía un ámbito público. Pero no me voy a arrugar y voy a explicar mi posición: ambos ámbitos tienen como base al individuo y su organización en sociedad. Me refiero al individuo que toma decisiones, desarrolla hábitos, contratos, normas y, a partir de ahí, instituciones, tanto en aquellas actividades cuyos resultados afectan a pocas personas, como en aquellas que afectan a muchas, que es como la Escuela de Public Choice diferencia ambas parcelas.

El problema aparece cuando falla el control democrático de las instituciones, cuando no hay transparencia económica, ni rendición de cuentas, cuando es lícito (e incluso está bien visto) mentir, y retorcer datos hasta que “canten” lo que conviene, y sobre todo, cuando no se puede hacer análisis económico porque todo está politizado.

Hay que denunciarlo. Los economistas, especialmente los que se dedican al análisis como Juan Francisco Jimeno, los que viven la realidad económica y analizan lo que hay, como Daniel Lacalle, incluso yo, que me dedico a la humilde rama de la Historia del Pensamiento Económico, en vías de extinción, deberíamos poder intercambiar ideas sin embarrarnos.

Aunque nos insulten en redes y nos llamen suicidas económicos, estoy completamente de acuerdo con Popper cuando afirma: “El liberal no sueña con un perfecto acuerdo en las opiniones; sólo desea la mutua fertilización de las opiniones y el consiguiente desarrollo de las ideas”.

Contra la hidra identitaria

Pablo Casado ha destituido a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Las razones de Casado son muy graves: le ha hecho saber a la diputada por Barcelona que su partido no libra batallas culturales, algo que es estrictamente falso. Como señala Federico Jiménez Losantos, “el PP siempre entra en las batallas culturales. Lo que pasa es que, para no darlas, lo hace al lado de la Izquierda”. Lo grave es que esa recriminación parta de Casado. Aún recuerdo aquél discurso de Pablo Casado en el 14 Congreso Regional del PP de Madrid. Entonces hablaba con descaro contra la izquierda, no se sometía a sus dictados. Entonces le daba la vuelta al 68 para reivindicar el 89. “No caemos en la corrección política. Llamamos a las cosas por su nombre. Y no vamos a permitir ni una lección de la izquierda”. Corrección política es lo que le ha aplicado a Cayetana Álvarez de Toledo. Y las lecciones de la izquierda ya no las acepta el Partido Popular, porque las ha asumido todas. Yo me imagino que Pablo Casado se avergonzará, si ve ese vídeo. Lo que no sé es si de él Casado de entonces, o del de ahora.

Esta decisión política ha suscitado reacciones muy interesantes. No me refiero, claro está, al torrente de elogios con los que los periodistas quieren ahogar todo lo bueno que aún haya en el Partido Popular, que eso va en el sueldo. Me refiero a la reflexión de que Cayetana debe asumir que es una pieza más del engranaje de su partido, y que debe por tanto lealtad al mismo. Creo que es honrado señalar que un diputado ha de tener la inteligencia y la voluntad de un engranaje, en un sistema político como el actual. Es lo que se exige de los diputados este pseudoparlamento: que suspendan todo pensamiento propio. Pero me parece poco ambicioso. Aferrarse a los engranajes, sí, de un sistema que lamina la inteligencia y encumbra la mediocridad da la idea de hasta qué punto muchos han tirado la toalla, o han caído en uno de los innúmeros pecados del periodismo, que es el cinismo.

No se diga que toda la operación no es congruente. Cayetana Álvarez de Toledo le habla a los españoles como si fueran adultos. Apela a la razón, y esgrime los ideales de justicia, libertad e igualdad con un meditado apasionamiento. Su voz es el dibujo de un pensamiento, y éste es el depósito de lo mejor de nuestra tradición política. No se ha sustituído por un pensamiento alternativo, sino por alguien que no pasaría el test de Turing.

Vaya, si lo ha explicado el propio Pablo Casado: “Un partido no puede pretender que una sociedad se parezca a él por mucha razón que tenga. Lo que debe hacer es parecerse lo más posible a la sociedad y caminar junto a ella para mejorar su vida y para ir conquistando espacio para nuestras ideas desde los gobiernos”. Un partido se llama así porque representa a parte de la sociedad, no a toda ella. Pero Casado no quiere mimetizarse con esa parte de la sociedad a la que representa, sino con la sociedad toda, arrastrada hacia la izquierda por una confluencia de empresarios, organismos internacionales, medios de comunicación, políticos y votantes, que se reirían de estas palabras de Casado si no le atendiesen con una minucioso y cuidado desprecio. ¡Qué brusca y desabrida rectificación la de Casado! Hace diez años, quizá hace uno, Pablo habría pensado que lo que hay que hacer es dialogar con la sociedad en nombre de media España para salvarla toda. Pero ¡quiá!

La destitución de Cayetana Álvarez de Toledo supone aparcar, o expulsar definitivamente, un proyecto político interesante. Cayetana ha zaherido tres manifestaciones distintas de la ideología identitaria en España: El nacionalismo, el feminismo, y el populismo de derechas.

El nacionalismo no es el amor por la propia comunidad, ni es el intento de crear una comunidad política donde no la hay, como muchos piensan en España. Es una ideología que anula al individuo y lo subsume en la comunidad, sobre la que se proyectan un conjunto de valores esencialistas. A ellos se debe cada uno de los ciudadanos, y el que no los asuma se convierte en un mal alemán, catalán, vasco, y demás.

El tardofeminismo, o el totalitarismo de tercera ola, como también se le puede llamar, también anula a la persona. “Ante todo, mujer”, decía uno de los lemas cucos de la manifestación del 8M. Las personas están definidas por infinidad de características, comunes unas, propias las más de ellas, y juntas hacen de cada individuo un ser único, y por tanto radicalmente digno. El tardofeminismo disuelve a la persona, y sobre ese vacío coloca el cartel “mujer”, que no es una cualidad del individuo (hay mujeres con pene), sino una etiqueta política, que lleva aparejado un discurso identitario. Es un feminismo que degrada a la persona, y la convierte en un instrumento para la lucha política, para el ejercicio del poder.

Una de las declaraciones más chocantes de Cayetana Álvarez de Toledo es la que dice: “Vox no es un partido de derechas. Se parece más a la izquierda”. Yo así lo creo. Como el Partido Popular, Vox se ha mimetizado con la izquierda. Pero no en el punto de llegada (la sociedad perfectamente igualitaria en el pensamiento, con clones progresistas como trasuntos de ciudadanos que el PP parece buscar para España), sino en el método. Vox es la derecha identitaria que yo critiqué ya en 2018.

Tres cabezas de la hidra identitaria que hay que cortar con un discurso basado en la libertad y la igualdad ante la ley. Un discurso que hoy no tiene voz en el Congreso.

Sin empresas no hay recuperación ni sector público que valga

La mejor política social es crear empleo, y la peor política pública es ignorar a las empresas y tratarlas como cajeros automáticos. Los aristócratas del gasto público olvidan que no existe sector público sin el sector privado, y que viven de él.

Es aterrador que la destrucción de empresas no sea noticia diaria en titulares. Con datos de junio de 2020, España tiene menos empresas que antes de la crisis de 2008, 126.000 empresas menos que en junio de 2019 y en estos doce meses hemos perdido 85 grandes empresas.

El Banco de España ha alertado que una cuarta parte de las empresas españolas se encuentra hoy en quiebra técnica, con obligación de disolver la sociedad. Este porcentaje se elevaría hasta casi el 30% en el caso de que la agonía económica se alargue en el tiempo, algo que ya es más que probable.

No es solo el turismo. Según el Banco de España, están en riesgo de cierre a fin de año el 25% de las empresas en el sector manufacturero, el 23% del sector de construcción, el 30% del comercio, el 40% del sector del automóvil, y el 24% del sector del transporte. El porcentaje de empresas con patrimonio neto negativo se eleva al 15%.

¿Cuáles han sido las medidas del Gobierno ante una crisis brutal creada por el incompetente cierre forzoso más agresivo e inútil de la OCDE? “Aparentar, silenciar y extender” (Pretend, Gag and Extend), me decía un inversor norteamericano.

“Aparentar, silenciar y extender”

Primero, aparentar que hacían algo. Anunciar enormes avales para endeudarse para pagar impuestos en el futuro. Unos avales que, como puede entender cualquier persona que haya pedido una hipoteca con aval en su vida, no hacen que dejes de deber el dinero o de tener los mismos problemas. Segundo, silenciar. Todo aquel que no haya alabado las maravillas del Gobierno ha sido silenciado, ninguneado y torpedeado mientras el Gobierno se rodeaba de gente que le dijera que “sí, presidente, la economía se va a recuperar en V en mayo”. Tercero, extender. Todas las medidas son patadas hacia delante mientras aplican la política del avestruz, meten la cabeza en el agujero de oro de su ministerio y esperan que todo pase.

En esta columna ofrecimos propuestas para evitar un colapso. Salir fortalecidos de la crisis sin pedir un rescate, un pacto por la industria serio, un plan realista contra la recesión.

Extender el problema es lo peor. Prolongar hasta fin de año la agonía de las empresas al borde de la quiebra como si no pasase nada no es una medida de apoyo a empresas, sino de querer ignorar la realidad. Ofrecer como solución endeudarse para pagar impuestos seis meses después no es una medida de apoyo, sino orientada a tirar balones fuera mientras se pueda. Los ERTE, que no son una medida de este Gobierno, que existían desde 1995 y se flexibilizaron gracias a la reforma laboral de 2012, no son una panacea. Son una condición necesaria pero no suficiente porque han ignorado el problema de cierre empresarial.

El gran error del Gobierno ha sido aferrarse a su ridícula estimación de una salida de la crisis rápida e indolora y no revisar sus errores ante la evidencia de la magnitud del desastre. Desde abril se les advirtió del desastre que se avecinaba en el turismo, y la ministra de economía nos decía que la recuperación iba a ser “robusta”. Se extendieron 4.200 millones de ayudas tarde y mal, de las cuales el 93% eran préstamos, y el turismo se enfrenta a 98.000 millones de pérdidas según el sector. Lo peor ha sido que esa falta de previsión y esa combinación de arrogancia e ignorancia nos han llevado a donde estamos ahora. Solo les falta intentar prohibir las quiebras como pretendían en Argentina.

Ignorar y frivolizar la destrucción empresarial es letal. Sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay recuperación, y sin empresas y empleo no hay sector público, ni ayudas ni toda esa ristra de medidas mal llamadas “sociales” que se han inventado.

La medida propaganda estrella

La vergüenza máxima se refleja en la medida propaganda estrella, el Ingreso Mínimo Vital. En vez de fortalecer los mecanismos que ya existían -todas las Comunidades Autónomas tenían renta mínima de inserción- o lo que realmente funciona, facilitar la creación de empresas, atracción de inversión y el empleo -de eso ni hablar- montaron un dispositivo propagandístico que no reduce la pobreza y encima no lo pagan. Cuando se aprobó repetían machaconamente que beneficiaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas) y hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes de 510.000 peticiones, de las que la mitad se denegarían, según las estimaciones del propio ministro Escrivá.

Es decir, que la medida propaganda estrella iba a llegar en el mejor de los casos a 255.000 hogares, ni el 30% de la cifra que repetían a bombo y platillo y en cualquier caso ni se da ni se paga.

Nos dicen que es porque la Administración está colapsada. Culpar a los funcionarios es algo muy típico de los políticos que fingen defenderles.

Los más de 10.500 trabajadores de la Seguridad Social son competentes, capaces y eficientes como para procesar y aprobar mucho más que 3.966 solicitudes (además de las 71.000 dadas de oficio). Lo que esconde esta medida propagandística es la evidencia de la utilización de la excusa del “colapso administrativo” para tapar una realidad mucho más evidente: ni pensaban pagarla ni tienen dinero.

Sin sector privado no hay sector público. Sin empresas no hay empleo. Sin inversión, empleo y crecimiento no hay ayudas ni subterfugios “sociales”.

El Gobierno, que se ha pasado el año amenazando a empresas e inversores con enormes subidas de impuestos y ataques a la seguridad jurídica, debería darse cuenta de que está al servicio de los contribuyentes y creadores de empleo, no al revés. O empiezan ya a tomar medidas serias para evitar el cierre empresarial en cadena al que nos vemos abocados, o la excusa del colapso de la Administración no les valdrá ante el desastre de empleo al que nos enfrentamos.

Ahora nos dirán que todo esto no tiene nada que ver con ellos. Más ministerios, más asesores y comités de expertos que nadie, pero nunca -nunca- son responsables de nada. Fascinante.

Menos mal que no iba a dejar a nadie atrás. Se están llevando por delante a empresas, autónomos y sectores industriales.

La única política social es preservar y fortalecer el tejido empresarial y crear empleo. Imprímanlo y pónganlo en la puerta de cada uno de los ministerios.

La educación libre es un imperativo para el futuro

Esta semana he leído un artículo publicado en Brookings a finales de abril, en el que se calcula el coste del cierre de centros de enseñanza en Estados Unidos hasta esa fecha. Es una aproximación que, como todas, tiene sus sombras, pero arroja luz sobre un tema muy relevante y de candente actualidad. Por desgracia. Porque la educación de los niños no debería estar sobre el tapete.

Sin embargo, pasado el ecuador del mes de agosto, no está claro si los colegios van a abrir o la educación va a ser online, o no va a ser de ninguna manera. Y se trata de la infancia, esa etapa donde, además de los conocimientos, aprendemos los modos, las formas, los caminos para sobrevivir a lo que nos toque, de aquí en adelante. De manera que, en estos momentos, les estamos mostrando hasta qué punto estudiar es importante, no solamente para ellos, sino para nosotros, sus mayores.

Yo estoy convencida de que, al madurar es cuando valoramos verdaderamente el tesoro de la educación. Es mi caso. Por eso, jamás dejaré de estudiar. Y no digo formación, sino educación, porque, en mi experiencia, además del análisis económico, he aprendido los porqués, los cómo, los valores que se esconden detrás de las hipótesis y las teorías. Y eso se debe a que, en mi infancia, una maestra estimulaba mi curiosidad mientras me obligaba a memorizar datos y a aprender conceptos.

Lo que les enseñamos a los niños es que no nos importan ellos sino el paisaje político. Les dejamos al albur de que sus padres puedan y sepan ser los guías de su aprendizaje. ¿Resulta chocante hablar así de los padres? No. Hasta marzo, el Estado español y el 99% de los partidos políticos consideraba que el home schooling era una aberración propia de padres frikis que podían ser peligrosos para sus hijos. Esa es una de las razones que nos cuentan quienes claman por el dirigismo educativo, la homogeneización total de los estudios, el control férreo estatal, etc. Que se lo cuenten a Laura Mascaró, que lleva quince años defendiendo la educación en casa, y dando apoyo legal y personal a padres que, contra viento y marea, eligen esta opción.

Las consecuencias de tan errado prejuicio es la rigidez extrema de nuestro sistema de enseñanza. Y, en esas condiciones, ante una pandemia, los colegios apenas tienen capacidad para amoldarse y reaccionar.

A finales de julio, tuve la suerte de compartir panel, por desgracia virtual, por lo que no pude conocerle personalmente, con Luis Garicano, en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento Andaluz. Ambos hablamos de educación, de la transformación digital en las aulas, y él puso encima de la mesa una idea muy buena: la existencia de tutores, digitales o no, que reforzaran la educación en tiempos como los que vivimos.

Imaginemos tutores que refuerzan a grupos de 10 niños. Estas tutorías más las clases online podrían suplir las deficiencias del sistema que se ha seguido desde marzo hasta final de curso, con los resultados que todos conocemos.

No hay dinero para esto. No hay maestros. No salen las convocatorias para profesorado infantil porque, como todo, se paralizó el proceso. Falta de todo. Especialmente imaginación política y libertad de elegir.

Todo este desbarajuste tiene un coste para el niño del mañana, el trabajador que va a tenerlo un poco peor por esta mala gestión. No obstante, como estamos en una sociedad en la que el individualismo no tiene mucho predicamento, me gustaría aportar algunos datos del artículo de abril, en el que hay que poner las cifras en cuarentena porque se refieren a Estados Unidos, que tiene un mercado de trabajo y un nivel de renta por habitante diferentes y un sistema educativo distinto.

Los autores, George Psacharopoulos, Harry Patrinos, Victoria Collis, y Emiliana Vegas, calculan que, cada año de escolarización adicional representa un 10% de ingresos salariales extra en el futuro. Considerando el número de alumnos de Estados Unidos y los meses que colegios y universidades han cerrado en dicho país; suponiendo un modelo de 45 años de vida laboral, con unos ingresos anuales medios de 53.490 dólares y una tasa de descuento del tres por ciento, el resultado al que llegan es que se pierden más de 1.300 dólares al año por estudiante.

Conscientes de que esa cifra no suena lo suficientemente escandalosa, los autores han presentado los resultados agregados, y estiman que la pérdida es equivalente un 12,7% del PIB de Estados Unidos.

Yo no soy muy partidaria de este tipo de cálculos, porque creo que se dejan muchas cosas atrás. Además, depende del país, de la región, de la evolución de esas variables (recordemos que la hipótesis caeteris paribus no es real), y de demasiados factores que influyen en esta cuestión.

Sin embargo, sí creo que la conclusión es acertada: el deterioro de la enseñanza afecta negativamente a la creación de riqueza del futuro, igual que la mejora de la misma, afecta positivamente.

Si los padres no tenemos en nuestra mano educar a nuestros hijos, las instituciones no son lo suficientemente flexibles, tanto por imperativo legal y como por problemas estructurales, y no hay voluntad política de solucionar el tema, como lo demuestra a dónde han ido los millones de euros que nuestro gobierno transfirió en medio de una pandemia, es muy improbable que los colegios, institutos y universidades abran sus puertas en septiembre.

Por culpa de esas maestras de mi colegio, pero sobre todo, de mi padre, que ha sido mi mayor estímulo en este sentido, no puedo evitar plantearme alternativas, como que se abran más tarde, menos días, que se facilite el acceso a la enseñanza a los opositores, de manera transitoria, como refuerzo al sistema digital.

El gasto en educación debería ser una prioridad para los gobiernos porque es una inversión en el futuro del país. Y, por esa razón, debería mirarse con microscopio el impacto y la eficiencia de ese gasto, y debería ser imperativa la diversidad institucional y la libertad de elegir.

Viaje al corazón de George Soros

George Soros ha cumplido 90 años, y lo ha celebrado concediéndose una entrevista en el diario El País. La periodista le pregunta por los enemigos internos y externos de Europa, sobre la mutualización de la deuda de los países europeos, y otros asuntos de interés. Es una buena ocasión para intentar entender a este octogenario que quiere cambiar, él solo, el curso de la historia.

Decía en otro artículo que “la izquierda ama la humanidad, pero aborrece a las personas”. No es que la izquierda aborrezca a las personas, a no ser que éstas, aferradas a lo que son, se conviertan en un obstáculo a sus planes de reforma. Sin llegar necesariamente a esto, lo que sí ha demostrado Soros desde joven es una incapacidad para tener empatía por las personas. No se siente medianamente incómodo cuando le preguntaron por su actitud durante el holocausto. Su padre, para evitar que se perdiese toda su familia, la dividió y la colocó en otras familias no judías. George acompañaba a su padre adoptivo, que trabajaba deportando judíos y requisando sus bienes. “Yo era un mero espectador”.

Lo del espectador es interesante, porque en otras abracadabrantes palabras mostraba su deseo de convertirse en un dios benévolo y que todo lo ve: “como el Dios del Antiguo Testamento (…) Ya sabe, como invisible. Yo era muy invisible. Benevolente. Era muy benevolente. Panóptico. Intento ser panóptico”. Invisible, (es decir, actuando en la trastienda de la vida pública), benevolente (en favor de causas progresistas), y panóptico (se ve en la necesidad de verlo todo, acaso para controlarlo todo).

Nuestro hombre heredó de su padre un interés por el esperanto, idioma artificial que busca ser el instrumento de un hermanamiento definitivo entre personas, independientemente de su cultura. El esperanto es un instrumento ideal para crear una sociedad sobre nuevas bases, y que con la herencia cultural borre todas las injusticias adheridas al pasado de las distintas sociedades. Así, se podrá crear una humanidad, una, sobre la que podemos volcar todos nuestros anhelos de justicia. Esta idea la reforzó de joven con la lectura de Popper y su libro sobre la sociedad abierta, que él interpretó como una sociedad sin las ataduras del pasado.

En realidad, tal como recoge en su último libro, Soros ve tres tipos de sociedades. Las sociedades abiertas, y sus dos némesis: las sociedades marcadas por la tradición y las guiadas por ideologías totalitarias. En realidad, no hay países que respondan por completo a ninguno de estos tres modelos, sino que son las tres claves con las que hay que interpretar, a su juicio, la sociedad. Soros contribuye a la lucha contra el elemento tradicional promoviendo una migración masiva que funcione como la segunda ley de la termodinámica, borrando las diferencias entre unos países y otros, para tener una sociedad común.

Cuando cayó el muro de Berlín, George Soros creó la Universidad Europea Central en Praga, en 1991. Dos años más tarde, la alojaría en Budapest, y desde 2018 en Viena. Es una universidad centrada en las ciencias sociales, no en las disciplinas científicas, o técnicas, que no sirven ningún propósito para las ideas de Soros. Y en ella, por ejemplo, se enseña que Europa era un crisol de culturas, que en la Edad Media había una “interseccionalidad de religiones”. Y que la esencia de Europa es esa, la amalgama de religiones, su diálogo ilustrado y, en última instancia, automutilante.

Por otro lado, es encomiable que Soros luche contra el totalitarismo; él, que ha vivido en Hungría el nazismo y el comunismo, de los que huyó para estudiar en la London School of Economics bajo Karl Popper. Pero su visión al respecto está desenfocada: ve el zarpazo del totalitarismo en el movimiento favorable al Brexit y en la persona de Donald Trump. Soros ha dicho que Trump cumpliría sus anhelos convirtiéndose en dictador de los Estados Unidos, pero que no puede alcanzarlos porque le restringe la Constitución de los Estados Unidos. Lo cierto es que hasta el momento Trump no ha asaltado la Constitución, mientras que su patrocinada Kamala Harris habla con soltura de que cuando sea presidenta legislará al margen del Congreso y de las resoluciones del Tribunal Supremo.

El pensamiento de Karl Popper le ayudó a acuñar el concepto de “reflexividad”. Soros critica la economía neoclásica; cree que su automatismo parte de una visión pobre del hombre, y le lleva a describir un mundo de ajustes perfectos que en muy poco, o nada, contribuyen a entender lo que ocurre realmente en el mercado. Soros se define a sí mismo, en cuanto tiene ocasión, como un hombre egoísta. No es esa visión estrecha del hombre como un animal que sólo busca su propio interés lo que le aleja de la economía neoclásica, sino su constatación de que nos movemos en un mundo dominado por las sombras, en el que los valores son opiniones sobre lo que la gente desea, no un reflejo exacto de esos deseos. Soros se ve moviéndose entre las sombras con confianza. Puesto que los ajustes no son perfectos ni automáticos, sino que está sujeto a vaivenes marcados por oleadas de ideas y, sobre todo, por feedback negativos, los inversores pueden beneficiarse de esos vaivenes. Los feedback negativos son los procesos en los que el avance de un elemento crea las condiciones para su propio retroceso. A todo esto George Soros lo llama “reflexividad”.

El hecho de que la teoría neoclásica no refleje la realidad del mercado quiere decir que no pasa el cedazo del contraste con la realidad. Es una teoría científica, falsable, sí, pero falsa. Y como identifica al libre mercado con la economía neoclásica, cree que el mercado no debe quedar sin regular por parte de las autoridades. Pero sólo el mercado; la moral, las migraciones, los usos sociales… todo ello debe quedar fuera del alcance de la mano muerta del Estado.

Es normal que un discípulo de Popper sea antimarxista. George Soros, ya lo hemos visto, no utiliza las clases sociales para interpretar la historia, sino esa tríada de sociedades abiertas, tradicionales o totalitarias. El método de Marx, además, no es falsable, y en consecuencia no es científico, según la concepción de la ciencia de Popper.

Soros es individualista. Aunque es un individualismo falso; me recuerda al de Ayn Rand en ese sentido. Para ambos hay súper individuos, capaces de transformar la sociedad con su genio empresarial. Para Soros la existencia de millonarios como él es necesaria, ya que éstos pueden poner su riqueza al servicio de la lucha contra el totalitarismo. Esos individuos extraordinarios entienden el mundo, se enriquecen con él, pero están tocados por un interés humanista. En ambos casos, el de Soros como el de Rand, esos súper individuos tienen el contraste de la gran masa, que rumia cabizbaja el alimento espiritual que le ofrecen los totalitarios, por un lado, o los súper individuos, por otro.

Hay otra idea que le vincula a Ayn Rand, aunque parezca fruto de una mala digestión de sus obras, lo mismo que parece haberle ocurrido con Karl Popper. Soros entiende que su egoísmo es virtuoso, porque ese egoísmo le ha conducido a ganar dinero y luchar por causas que él llama filantrópicas. Nada que ver, en realidad con Ayn Rand. La ex rusa señalaba al egoísmo como la preocupación por el propio interés, entendido éste en un sentido muy amplio. Y lo colocaba como base de la defensa de los derechos individuales, no como la justificación de su propia biografía, como hace Soros.

Esa dicotomía entre la masa y los grandes individuos es relevante. Él tiene en mente instituciones globales que recojan y transmitan esta idea de lo que él llama “sociedad abierta”. Pero no contempla las sociedades intermedias, por más que sean fruto, en gran parte voluntario y en parte también fruto de la coacción, de la interacción social. Éstas se convierten potencialmente en un obstáculo para sus planes.

Una imagen a escala galáctica de sí mismo, unos deseos de observar el mundo para cambiarlo, un capital al alcance de dos centenares de personas, y la convicción de que el dinero mueve el mundo. ¿Qué puede ir mal?

Tras el informe del Banco de España: ¿es inevitable un recorte de las pensiones?

Han sido dos palos, de los gordos, en menos de dos semanas. Primero, el Tribunal de Cuentas publicaba su “Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”. Las conclusiones eran demoledoras: gastos que se disparaban muy por encima de los ingresos, déficit crónico del sistema, “insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva” y, como consecuencia de todo ello un “problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural”. Nada que no se supiera… pero preocupante en cualquier caso.

Pero todavía más llamativas y comentadas han sido las conclusiones de otro informe, en este caso del Banco de España: “Una estimación del rendimiento financiero del Sistema de Pensiones” (firmado por María Moraga y Roberto Ramos). Según sus cálculos, el rendimiento financiero medio del sistema de pensiones se sitúa en el 3,5% (para los pensionistas que se jubilaron en 2017). Es una cifra elevada, por encima de la que pueden presentar la mayoría de los planes de pensiones privados que se comercializan en España y que también es superior al crecimiento del PIB en las últimas tres décadas. De hecho, éste ha sido el punto más polémico y destacado del informe: porque su principal conclusión es que, si suponemos una tasa de descuento para las pensiones actuales equivalente a este mismo crecimiento del PIB, “el sistema proveería de 1,74 euros de pensión por cada euro de cotización aportado”.

Sobre la tasa de descuento se puede discutir mucho, pero parece lógico usar el crecimiento del PIB (y es lo habitual en este tipo de trabajos desde hace décadas, ver aquí, por ejemplo, la excelente explicación de Juan Francisco Jimeno y Omar Licandro en un informe para la Fundación Sepi de 1999). Para empezar, porque es coherente con la retórica política que asegura que la pensión es un salario en diferido dentro de un sistema que otorga a los trabajadores actuales el derecho a cobrar en el futuro la parte de su sueldo que se les minora cada mes. En este sentido, el pensionista cobraría por lo aportado con sus cotizaciones y podría decirse que por lo generado con su trabajo: ha ahorrado en un peculiar producto financiero que podríamos llamar algo así como “bonos del mercado laboral de mi país” (si hay más trabajadores y tienen salarios más altos, el rendimiento de mi inversión será más alto; si hay menos trabajadores y salarios más bajos, le sucederá a la inversa). De esta manera, todos los trabajadores somos partícipes de ese producto como inversores forzosos y, al mismo tiempo, contribuimos a su rentabilidad.

Porque, además, a largo plazo ese crecimiento del PIB es lo que determina el límite de sostenibilidad del conjunto del sistema: los trabajadores contribuyen a que el país sea cada vez más rico y el sector público pueda recaudar más (y pagar prestaciones más altas). Pero esos pagos extra tienen un límite, el que viene marcado por el crecimiento económico: si el país crece al 1% y el montante total de las prestaciones lo hacen al 2%, el diferencial tiene que salir de algún sitio.

En muchas ocasiones se dice que el sistema de Seguridad Social en España es uno de los más generosos del mundo. Aunque normalmente esa comparación se hace comparando las tasas de sustitución y reemplazo (relación entre pensión media y salario medio o entre primera pensión y último salario): también ahí los pensionistas españoles salen ganando si comparamos la media de la UE. La novedad de esta semana es que la generosidad se plantea en términos puramente contables (tanto aporto, tanto recibo). Y la cifra es llamativa: 1,74€ cobrados por cada 1€ aportado. Quizás por eso esta noticia ha generado más debate que otros informes sobre pensiones y ha provocado que muchos expertos se pregunten si es sostenible un sistema con esta base financiera. ¿Estas cifras: hacen inevitable un recorte de las prestaciones en el corto-medio plazo?

En realidad, la respuesta a esa pregunta es negativa. Porque sí se pueden pagar prestaciones más altas que las derivadas de un cálculo actuarial. De hecho, es lo que hacemos desde hace décadas. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que no haya contraprestaciones a esa decisión.

Bismarck y la esperanza

Los modernos sistemas de reparto nacen hace casi siglo y medio. La historia ha sido contada muchas veces (aquí un buen resumen en un informe de José Ignacio Conde-Ruiz para Fedea sobre los sistemas europeos y su evolución en el tiempo). Otto von Bismarck quería un sistema con el que legitimar el naciente Estado alemán, contener al socialismo y generar estabilidad social. Y lo que se le ocurrió fue un sistema de seguros para la vejez: cada mes se le cobraba al trabajador un impuesto con el que se pagaba la pensión de los jubilados; y ese trabajador generaba a su vez un derecho para cuando alcanzase la edad de jubilación.

En realidad, el sistema se basaba en la esperanza más que en un cálculo financiero muy depurado por parte de sus teóricos beneficiarios. En 1900, apenas un 25-30% de la población llegaba a los 65 años. Y la mayoría de los que lo lograban moría poco después. Por eso las piezas encajaban para el Estado: muchos contribuyentes y pocos pagos. No sólo eso, además el sistema se podía permitir ser muy generoso con los que sobrepasaban la edad fijada (que, inicialmente, fueron los 70 años).

Decimos que el sistema se basaba en la esperanza porque la mayoría de los contribuyentes no cobraban nada (o lo hacían durante muy poco tiempo). Pero el ser humano no es así: todos pensamos que llegaremos a jubilarnos (nadie piensa en sí mismo como el que morirá joven de su cohorte) y a todos nos gusta que nos digan que, si lo logramos, el Estado nos pagará una muy buena pensión. La legitimidad de la que goza la Seguridad Social, en España y en todos los países del mundo, se deriva en buena parte del hecho de que sus rendimientos han sido muy interesantes… aunque sean insostenibles a medio plazo (y aunque sean inferiores a los que se podrían haber conseguido con una inversión en cualquiera de los grandes índices bursátiles mundiales).

Para el Estado era la combinación perfecta: un esquema muy rentable financiera (de hecho, podía dedicar los excedentes a otras tareas) y políticamente.

Porque, además, la otra columna sobre la que se sostiene el sistema es mucho menos atractiva… pero de ésa no se habla. Nos referimos a la columna de los que mueren antes de los 65 o muy poco después de esa edad: en un sistema de capitalización, lo que hubieran ahorrado estos trabajadores se lo quedarían sus descendientes; en un modelo de reparto, esas cotizaciones se las lleva el viento (y las recoge el ministro de Hacienda de turno).

Ficciones

Esta reflexión sobre la historia o las bases del sistema no tiene sólo un interés teórico. En realidad, es clave para entender su situación actual y sus perspectivas a futuro. De todo lo hablado hasta ahora, se pueden sacar unas cuantas conclusiones:

  • Cada vez hay más integrantes del primer grupo (personas que viven mucho y obtienen del sistema mucho más de lo que pusieron) y menos del segundo (trabajadores que mueren antes de los 65 años y pierden todas sus cotizaciones). Y la tendencia se mantendrá en las próximas décadas.
  • Este primer punto es bueno, porque quiere decir que vivimos más, pero financieramente es un problema muy importante.
  • El sistema no está en quiebra… ni deja de estarlo. Porque no sigue un esquema financiero de activos-pasivos-neto. La Seguridad Social no recibe aportaciones de los trabajadores y las invierte con el objetivo de generar un excedente futuro. Lo que hace es gastar lo que ingresa este año en pagar pensiones este año. Y lo que no tiene, se lo pide al Estado.
  • La imagen del “salario diferido” o del “seguro para la vejez” es muy equívoca. La Seguridad Social se parece más, en sus fundamentos financieros, a una ayuda social o una subvención. Cada año, el Estado recauda unos fondos vía impuestos (y la cotización es un impuesto) y los reparte a unos beneficiarios a los que organiza con unas reglas que también cambian cada poco tiempo.
  • A los trabajadores nos gusta la tríada “cotización” – “derecho” – “pensión”, porque nos suena a “ahorro”, a premiar el esfuerzo o a cobrar el fruto de nuestro trabajo. Pero es una imagen en cierto sentido ficticia.
  • Por todo esto, también es ficticio lo del euro aportado y los 1,74€ recibidos. Lo cierto es que los jubilados actuales pagaron impuestos en los años 80 y 90; y ahora reciben una ayuda pública como jubilados. La relación entre ambas realidades es más una fábula político-social que una realidad financiera.
  • Esto no quiere decir que el informe del Banco de España (y otros similares) sea un trabajo absurdo. Ni mucho menos. Este tipo de cálculos son clave para afrontar la situación: es muy importante saber cómo evolucionan esas variables para poder diseñar esa solución mixta de la que hablamos al final del artículo.
  • Pero al final, la realidad se impone. Las pensiones eran muy altas cuando los contribuyentes eran muchos y los beneficiarios de la ayuda, pocos. Y serán menos altas cuando se dé la situación contraria.
  • Los políticos aseguran que las cotizaciones sociales son un impuesto finalista. Y esto es otra ficción: eso no existe. El dinero de los impuestos entra de forma conjunta a las arcas del Estado y sale de allí para pagar los diferentes gastos públicos.
  • Llegados a este punto, la buena noticia es que la Seguridad Social no puede entrar en quiebra. Porque siempre estará ahí el Estado para cubrir su déficit. La mala noticia es que ese Estado sí puede entrar en quiebra (y el Reino de España lleva coqueteando con ese peligro desde hace una década).

El canciller prusiano probablemente nunca se imaginó que llegaríamos a la situación actual: con el impuesto finalista no se cubren los gastos prometidos, por lo que el Estado no sólo no puede financiar otras partidas con los ingresos de ese impuesto… sino que tiene que dedicar parte de los ingresos a sostener el sistema. Ante esto, la pregunta que debemos hacernos es política, no económica: ¿cuántos gastos del sistema queremos cubrir con el resto de impuestos?

Si queremos mantener el gasto (y ahí se incluye esos 74 céntimos por euro aportado que cada pensionista cobra de más), podemos hacerlo. Sólo hay que reducir el resto de las partidas del presupuesto en una cantidad equivalente. Si llevamos esta lógica al extremo, podríamos decir que España puede pagar su Seguridad Social sin ningún problema e incluso ser todavía más generosa que ahora: sólo habría que destinar el 100% de lo recaudado en impuestos cada año para el pago de pensiones (y dejar de hacer carreteras, hospitales o escuelas).

Como esto también es políticamente poco viable, lo normal es que vayamos hacia una solución mixta:

  • Sí seguiremos (de una forma u otra) aumentando el porcentaje de gasto público que se dedica a cubrir los riesgos derivados del envejecimiento
  • También reduciremos la generosidad del sistema, sobre todo incidiendo en la tasa de sustitución, a través de reglas de acceso mucho más estrictas (años cotizados para cobrar el 100%, años que se usan para el cálculo de la base…). Si hay suerte, el poder adquisitivo de las pensiones sí podría mantenerse; pero no será tan sencillo mantener la relación pensión media / salario medio.
  • Y casi seguro que veremos un incremento de la edad de jubilación, para acercarnos lo máximo posible (no del todo, porque no puede ser… pero sí lo máximo que podamos) a una situación bismarckiana (más cotizantes y menos beneficiarios)